Y dale Juana con la palangana
Viernes 12 de junio de 2026. Lectura: 4'
Mientras la Confederación de Sindicatos Industriales vuelve a advertir sobre los riesgos del CPTPP y reclama más protección para la industria nacional, persiste una pregunta incómoda: si las recetas aplicadas durante décadas no lograron evitar el estancamiento del sector, ¿por qué habrían de funcionar ahora?
Las declaraciones del presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Danilo Dárdano, durante una reunión con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reavivaron una discusión recurrente en Uruguay: cómo compatibilizar la protección del empleo industrial con la necesidad de una mayor inserción internacional. Según informó El País el pasado 9 de junio, Dárdano advirtió que el eventual ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) podría ser “un desastre” para parte de la industria manufacturera y provocar pérdidas de puestos de trabajo, particularmente en sectores como el textil. También alertó sobre un eventual “dumping social” derivado de la competencia con economías de menores costos laborales.
La preocupación por el empleo industrial no es nueva ni puede ser desestimada. Uruguay ha experimentado durante años cierres de plantas, dificultades de competitividad y problemas de reinserción laboral para trabajadores desplazados. En ese sentido, el planteo sindical apunta a una realidad concreta: cuando una empresa cierra, la recuperación del empleo suele ser lenta y compleja. Sin embargo, la discusión adquiere otra dimensión cuando las soluciones propuestas consisten en postergar aperturas comerciales, mantener barreras de protección o limitar la competencia internacional.
Precisamente sobre este punto nos pronunciamos en estas páginas el pasado 22 de mayo. Entonces sostuvimos que detrás de las objeciones de la CSI al CPTPP persiste una visión económica cerrada, defensiva y anacrónica, basada en la idea de que el Estado debe proteger indefinidamente sectores que han perdido competitividad. Señalamos que propuestas como prolongar períodos de desgravación arancelaria, reservar mercados para empresas estatales o establecer cuotas obligatorias en las compras públicas terminan consolidando estructuras poco eficientes y reduciendo los incentivos para innovar, invertir y modernizarse.
El contraste resulta particularmente interesante porque el propio Dárdano suele citar ejemplos internacionales que parecen conducir a conclusiones distintas de las que extrae. En declaraciones anteriores, el dirigente sindical destacó a Singapur como un caso exitoso de desarrollo industrial basado en innovación tecnológica, formación profesional y altos salarios. También ha mencionado a Alemania y Francia como ejemplos de economías avanzadas que compiten por productividad y valor agregado, no por salarios deprimidos.
La cuestión es que ninguno de esos países construyó su prosperidad mediante el aislamiento comercial. Por el contrario, se caracterizan por una fuerte inserción en los mercados internacionales, una intensa participación en cadenas globales de valor y una permanente exposición a la competencia. Su experiencia parece sugerir que la clave no reside en cerrar mercados para proteger industrias existentes, sino en crear condiciones para que las empresas puedan competir mejor.
Como expresamos entonces, Uruguay no está perdiendo empleo industrial por comerciar demasiado con el mundo. Más bien ocurre lo contrario: buena parte de sus dificultades provienen de la escasa inserción en los mercados más dinámicos, de las trabas que enfrenta para exportar y de los sobrecostos que pesan sobre la producción nacional. Las economías pequeñas que lograron expandir su base industrial y generar empleo de calidad lo hicieron abriendo mercados, atrayendo inversiones y aumentando sus exportaciones, no levantando muros comerciales.
El debate tampoco puede reducirse a una falsa elección entre trabajadores y apertura económica. La verdadera discusión pasa por determinar qué instrumentos permiten proteger mejor el empleo en el largo plazo. Si la competitividad se construye mediante innovación, capacitación, infraestructura, reducción de costos logísticos y acceso a nuevos mercados, entonces la apertura comercial deja de ser una amenaza en sí misma y pasa a convertirse en una herramienta de desarrollo.
Paradójicamente, varios de los objetivos planteados por Dárdano —agregar valor a la producción nacional, fortalecer proveedores locales, mejorar la formación profesional y promover industrias más sofisticadas— podrían encontrar mayores oportunidades de realización en una economía más integrada al mundo que en una economía más protegida. La diferencia radica en que esos objetivos requieren políticas activas de reconversión y competitividad, no barreras comerciales permanentes.
Hay además un aspecto político que merece atención. Según relató Dárdano tras la reunión con Alejandro Sánchez, “todavía no hay nada definido y eso nos tranquiliza”. La frase sugiere que los dirigentes sindicales salieron del encuentro con la impresión de que el gobierno mantiene abiertas todas las opciones respecto al CPTPP. Cabe esperar que el secretario de Presidencia no haya contribuido a generar expectativas equivocadas en ese sentido. El programa de gobierno del Frente Amplio fue explícito al respaldar una mayor inserción internacional del país, y Uruguay difícilmente pueda permitirse seguir postergando decisiones estratégicas que llevan años de atraso.
Sería una mala noticia que, por intentar evitar conflictos coyunturales con algunos sectores sindicales, el gobierno terminara alimentando la ilusión de que el ingreso al CPTPP puede quedar indefinidamente congelado. Porque si algo ha demostrado la experiencia de las últimas décadas es que el inmovilismo tiene costos. Y suelen pagarlos, precisamente, los trabajadores que se pretende proteger.
La preocupación por el empleo es legítima. Lo que no parece razonable es insistir, una vez más, en las mismas recetas que han fracasado una y otra vez. De ahí el título de esta historia: y dale Juana con la palangana.
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