Uruguay enfrenta señales claras de alarma y necesita decisiones estratégicas urgentes para evitar que su modelo se desgaste irreversiblemente, porque aunque avance, lo hace dentro de un corredor cada vez más estrecho, que reduce cada vez más su abanico de opciones.

De esta nota que publicamos hoy, emerge un marco conceptual convergente: Uruguay enfrenta un estancamiento que no es coyuntural sino estructural. Las advertencias abarcan desde un crecimiento proyectado considerado exagerado hasta un marco normativo que sofoca la inversión, un gasto público inercial, un sistema educativo insuficiente y un aparato de seguridad que no logra contener al crimen organizado. El mundo avanza rápido y Uruguay corre el riesgo de rezagarse si no redefine su estrategia.

De allí se desprenden los caminos posibles.

Primero: revisar y podar el entramado regulatorio que mantiene innecesariamente altos los costos operativos y reglas que distorsionan la competencia y la productividad.

Segundo: replantear el gasto público desde su estructura y no solo desde su variación marginal.

Tercero: alinear educación, empleo y productividad mediante reformas profundas que integren la formación dual y la participación del sector privado.

Cuarto: reforzar la seguridad con un abordaje integral que evite pérdidas económicas del 0,5% del PIB anual, tal como estima el FMI.

Quinto: aprovechar las oportunidades externas —OCDE, CPTPP, UE— que ofrecen asistencia técnica rigurosa, acceso a mercados y exigencias que empujan a mejorar estándares internos.

La posibilidad de que, por no cambiar el rumbo, Uruguay vea deteriorarse lo construido no es una idea alarmista. Las advertencias de De Haedo, Schandy, Munyo y Rosselli no describen un colapso inmediato, sino algo más sutil y peligroso: un país que se acostumbra a su mediocridad y pierde competitividad mientras el mundo avanza. O sea, el país podría seguir administrando la inercia, pero sin crecimiento sostenido y sin reformas estructurales, esa inercia termina convirtiéndose en retroceso.

La pregunta, por tanto, ya no es si Uruguay puede seguir igual, sino cuánto tiempo más puede permitírselo

Por Julio María Sanguinetti

La ofensiva para crear la Universidad de la Educación se convierte en un nuevo capítulo de la disputa ideológica que vuelve a frenar las transformaciones que el país necesita.

Desde nuestros lejanos tiempos de ministro de Educación y Cultura, en 1972, estamos envueltos en el debate sobre el sistema educativo. Desgraciadamente, ha sufrido, y sigue sufriendo, el penoso retroceso posterior a cada momento de progreso y superación que se ha emprendido. Ir y venir, subir y bajar…

En aquel año propusimos, y se sancionó, un proyecto de ley que, en lo estructural, establecía la autoridad común del sistema, el órgano que hoy se llama Codicen. Se nos dijo de todo por subsumir las viejas autonomías de Primaria y Secundaria en la autonomía general del ente ANEP, conducido por esa autoridad. Era imprescindible, porque la total descoordinación entre la educación primaria, secundaria y técnica imponía un órgano superior coordinador. Bien se sabe que la educación es un proceso único y que esos cortes abruptos resultaban cada día más disfuncionales, especialmente cuando la democratización de la enseñanza pública había llevado a que ya Secundaria era terminal y no mero tránsito vestibular hacia la Universidad.

Desde entonces, a nadie se le ha ocurrido retornar a las viejas autonomías sino, al revés, fortalecer la conducción del Codicen.

Vino luego la interrupción dictatorial, con todas sus consecuencias, y el retorno democrático en 1985. Le pedimos entonces un esfuerzo a dos figuras fundamentales de la cultura uruguaya, Don Juan Pivel Devoto y Aldo Solari, para que condujeran el difícil proceso de reinserción de funcionarios destituidos o postergados en su carrera, mientras se actualizaban los programas que habían sido muy influidos por la mentalidad disciplinaria del período de facto.

Normalizada la situación, en nuestra segunda presidencia intentamos una reforma importante que en lo institucional y social fue la mayor en los últimos sesenta años. Se crearon los Centros de Formación Docente en el Interior (CERP), se reestructuró la enseñanza media, se crearon escuelas de tiempo completo, hasta se creó un sistema de alimentación por bandejas que increíblemente fue rechazado con violencia por las gremiales. Era un programa amplio y coherente, que venía precedido de estudios que en su momento le habíamos pedido a CEPAL y en los que había trabajado como técnico Germán Rama. Le pedimos que presidiera el nuevo Codicen y, con un acompañamiento de gran nivel, se arrancó ese proceso de reforma, que incluyó un notable progreso en las infraestructuras edilicias. Más allá de las oposiciones, se avanzó.

Llegó el Frente Amplio y con él, nuevamente, la hegemonía de un gremialismo obsoleto, reivindicativo, intoxicado de ideologismo marxistoide. Se borró el proceso de cambio en la educación media y si bien sobrevivieron los CERP, ya no fueron parte de una nueva pedagogía sino expresión del retorno al viejo sistema. Ya no hablamos más de áreas de conocimiento sino de asignaturas, en el viejo estilo.

La enseñanza se había masificado. Realmente eran imprescindibles los cambios. La educación secundaria básica, como decimos, es educación terminal, requerida como mínimo por todas las oportunidades de empleo. Vino el Frente, nada se pensó y marcha atrás en todo lo que se pudo. No en todo, pero ya los CERP dejaron de ser parte de un sistema integral de educación por áreas de conocimiento para retornar a la vieja rutina.

Con el triunfo de la Coalición Republicana, ahora bajo la conducción de Robert Silva, se intentó nuevamente un cambio, mediante una educación por competencias, que tomara en cuenta los procesos de aprendizaje, acompañada por un sistema de evaluación permanente. También flexibilizar la matrícula, darle opciones al educando para generarle más interés, diversificar sus posibilidades, acentuar lo tecnológico.

Estamos ahora, nuevamente, en un proceso de retroceso. De nuevo la rutina, la nebulosa de la izquierda antigua, cuando la revolución científica nos lleva por delante, la riqueza cambia de naturaleza y el empleo se aleja de la formación que se brinda.

En ese contexto reaparece el gran proyecto de la Universidad de la Educación, donde se concentraría toda la formación docente. Lo que hoy es el Consejo de Formación en Educación saldría de la órbita del Codicen para autonomizarse en una nueva universidad. Allí, por arte de magia, todo mejoraría.

Crear esa nueva universidad es retornar, en una peor versión, a la incoherencia y contradicción del sistema. Esa universidad autónoma formaría a los maestros y profesores según su criterio, que puede o no coincidir con la orientación del Codicen, también autónomo y a cargo del sistema educativo nacional. Así como en los viejos tiempos Primaria, Secundaria y UTU andaban cada uno por su lado, sin coordinarse nunca, ahora las contradicciones se harán más evidentes. Por ejemplo: ¿formamos profesores por áreas de conocimiento o por asignaturas? Para ser más claros: ¿historia y geografía juntos o separados? ¿Y matemática y física? ¿Qué valor le dan y con qué orientación a las disciplinas vinculadas a la tecnología y al mundo digital? Seguramente la Universidad de la Educación y el Codicen piensen distinto.

Estamos ya hoy en pleno retroceso. Con esto, lo institucionalizamos alegremente, simplemente entonando el himno del valor universitario de la formación, que ya está previsto por las leyes vigentes.

Otra frustración organizada sobre la vida de las nuevas generaciones. Marcos Galperin, el empresario joven más exitoso de la región, preguntado sobre qué le aconsejaría aprender a un joven hoy, dijo días pasados: “matemáticas… y ajedrez”. En una palabra, pensamiento abstracto, capacidad de razonar desde la nada, método para abordar cualquier situación, entender opciones estratégicas… Como para que Fenapes entienda...

El expresidente encabezará esta noche la conferencia central de los festejos por 30 años del reconocimiento de la UNESCO al Barrio Histórico de Colonia del Sacramento como Patrimonio Mundial.

En el marco de los festejos por los 30 años de la Declaración del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, la ciudad vive esta semana una serie de actividades que culminan hoy, viernes 5, con la ceremonia oficial y una conferencia central a cargo del expresidente Julio María Sanguinetti.

Los actos comenzaron el lunes 1°, con la presentación del sello conmemorativo de los 30 años de la Declaración, formalmente la agenda conmemorativa. El programa continuó el jueves 4 en el Bastión del Carmen, donde se inauguró la muestra colectiva “30 años de Colonia del Sacramento, Patrimonio vivo”, integrada por artistas plásticos y fotógrafos convocados especialmente para esta fecha.

Pero es hoy viernes 5, a las 20 horas en el Bastión del Carmen, cuando se desarrollará el acto central de las celebraciones. La ceremonia será abierta por el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y por el director de la Oficina Regional de la UNESCO, Ernesto Fernández Polcuch, quienes marcarán el encuadre institucional de la jornada y su relevancia para la identidad cultural del departamento y del país.

A continuación, el expresidente Julio María Sanguinetti —quien encabezaba el Poder Ejecutivo cuando en 1995 la UNESCO otorgó el reconocimiento al Barrio Histórico— brindará una conferencia titulada “Los Imperios y las Repúblicas”, una reflexión que dialoga con la historia de la ciudad y su posición única en el proceso de disputas coloniales en la región. Tanto Sanguinetti como el entonces intendente de Colonia, Carlos Moreira Reisch, recibirán un reconocimiento por su papel institucional en aquellos años, según surge de la comunicación oficial de la Intendencia.

El programa de esta noche incluye también una presentación de la Orquesta Juvenil del Sodre, un brindis en los jardines del Bastión del Carmen y —a confirmar— la exhibición de un video de la UNESCO que recorre las tres décadas de trabajo, protección y valorización del sitio patrimonial.

Treinta años después de la Declaración del Barrio Histórico como Patrimonio Mundial, Colonia del Sacramento vuelve a situarse en el centro de la escena cultural del país, recordando una decisión que trascendió gobiernos y que consolidó uno de los hitos patrimoniales más importantes del Uruguay.

 Martes 16 de diciembre
 19:00 horas
 Casa del Partido Colorado 

Las críticas del exdirector Leonardo Pérez Figueroa revelan una concepción partidizada incompatible con el carácter institucional del canal.

La nueva gestión encabezada por Mario Bergara en la Intendencia de Montevideo anunció una reestructura profunda para TV Ciudad de cara a 2026. Según un comunicado oficial, algunos programas serán levantados porque “han cumplido su ciclo televisivo”, mientras otros continuarán, y se abrirá espacio a nuevos contenidos bajo una “visión de nueva programación y nuevo funcionamiento”. Entre los ciclos que se mantendrán figuran Ciudad Viva, Mirá Montevideo, Lado B, Ideas Cruzadas, SobreCiencia y Corre Cámara. En cambio, no seguirán Sin Fronteras, La Letra Chica y De Ida y Vuelta. Además, la señal de streaming se suspenderá durante el verano y se planea una reorganización del área de prensa.

Esta readecuación también implica un recorte en personal: el sindicato estima que podrían perder sus contratos unas 30 personas. Desde la Intendencia se ha negado que estas decisiones respondan a un plan de ajuste financiero, y se aduce que obedecen exclusivamente a un cambio de rumbo en la programación del canal.

Quien se expresó con mayor dureza frente a estos cambios fue Leonardo Pérez Figueroa, exdirector de contenidos y programación de TV Ciudad. Según su declaración recogida por El Observador, “no puedo quedarme en silencio ante lo que viene aconteciendo en el canal, lamentando profundamente la pérdida de fuentes laborales y la pérdida también de espacios, donde la comunicación e información alternativa a los medios hegemónicos y dominantes, encontraba en TV Ciudad un lugar destinado a la gente y su deseo de «la otra información»”. Añadió que la decisión genera “confusión y desapego a una visión de nuestra realidad en la cual siempre creímos”.

Este reproche público de Pérez Figueroa confirma lo que muchos denunciamos: que TV Ciudad había devenido un instrumento político-ideológico de la izquierda. Asumiendo esa lógica, su cierre o reconfiguración no representan simplemente una reorganización de grilla, sino un replanteo de su identidad editorial. Al menos eso esperamos.

En cuanto al amargo lamento de Pérez Figueroa, se imponen algunas reflexiones. Primero, la idea de que un canal público debe ser una “alternativa a los medios hegemónicos y dominantes” presupone una visión del sistema mediático nacional como homogéneo o monocorde —lo que no refleja la diversidad de contenidos y de voces existentes en Uruguay. Segundo, la realidad objetiva del consumo televisivo desmiente ese propósito de búsqueda de “la otra información”por parte de “la gente” a que el exdirector se refiere: los índices de audiencia de los programas de TV Ciudad han sido consistentemente bajos. En otras palabras, esa aspiración de “la gente”, en realidad es del casco militante del Frente Amplio, del que forma parte el exdirector. En suma, Pérez Figueroa implícitamente reconoce que TV Ciudad era una suerte de comité de base mediático.

Por tanto, la decisión de la nueva administración parecería orientada no solo a renovar programación o optimizar recursos, sino a un repliegue del uso ideológico de la televisión pública. En ese giro, la demanda principal no debería ser diseñar “alternativas” mediáticas según afinidades políticas, sino garantizar que los canales públicos cumplan una función de servicio —informativa, cultural, comunitaria—, con profesionalismo, pluralidad y eficiencia, sin identificarse con corrientes políticas particulares.

Por respeto a los montevideanos, esperamos que así sea.

En la Casa del Partido Colorado, la presentación del libro reafirmó el compromiso con una democracia uruguaya que, a 40 años de su restablecimiento, sigue siendo referencia en la región.

El pasado jueves 27, en la Casa del Partido Colorado, se llevó a cabo la presentación del volumen 40 años de democracia en Uruguay: una inspiración para América Latina, en un acto que reunió voces de la tradición liberal?colorada, del ámbito internacional y protagonistas del pasado y presente político del país.

En la apertura, el Secretario General del Partido Colorado, Andrés Ojeda, junto al director para la región de la Fundación Friedrich Naumann —vinculada al Partido Liberal de Alemania—, HansDieter Holzmann suscribieron la actualización del convenio de cooperación que liga a ambas instituciones: un gesto simbólico y práctico, que renueva la alianza internacional en la difusión de valores de libertad, institucionalidad y derechos.

Seguidamente, la Casa del Partido se desarrolló un conversatorio con la participación del expresidente Julio María Sanguinetti y de la abogada argentina María Eugenia Talerico —exvicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina y fundadora del partido bonaerense PotenciaBA—, moderado por el ex vicecanciller Nicolás Albertoni. El intercambio resaltó con énfasis la vigencia de la institucionalidad democrática en Uruguay, la fuerza de su sistema de partidos y la capacidad de convivencia republicana como legado y reto a preservar.

El libro presentado recoge reflexiones, análisis y testimonios sobre las cuatro décadas de democracia ininterrumpida, desde 1985 hasta hoy —una etapa inédita en la historia nacional—, y reivindica los valores de pluralismo, alternancia pacífica de gobiernos y respeto a las libertades como pilares del Uruguay contemporáneo. Tal como recordó Ojeda, en su discurso inaugural, la obra busca ser no solo memoria de lo vivido, sino también guía para futuros desafíos del país.

La firma del convenio con la Fundación Friedrich Naumann no es un mero acto ceremonial: representa un compromiso renovado con una comunidad internacional que promueve la libertad individual, la integración global y la gobernanza liberal. En tiempos convulsos para democracias en la región, el gesto adquiere una lectura simbólica: reafirma que el Partido Colorado —y sus socios internacionales— apuestan por fortalecer los cimientos institucionales de Uruguay.

El conversatorio, por su parte, invitó a reflexionar sobre el valor —a veces subestimado en el mundo— de una democracia establecida, con reglas claras, alternancia pacífica y respeto de derechos, frente a los embates de populismos, polarización y revanchismos. Para Sanguinetti y Talerico, la democracia uruguaya no es un dato estático, sino un patrimonio vivo que exige compromiso cívico, participación ciudadana y defensa permanente de las libertades.

El evento constituyó, en conjunto, un ejercicio de memoria histórica, reconocimiento institucional y reafirmación ideológica: un llamado a valorar lo construido, a dialogar con respeto, y a mirar el futuro con la convicción de que la libertad, la democracia y el respeto mutuo siguen siendo la mejor brújula del país.

La aceptación formal para iniciar la adhesión marca un punto de inflexión en la inserción internacional de Uruguay, que ahora enfrenta la etapa más técnica y exigente del proceso.

El CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) es un acuerdo de comercio regional profundamente ambicioso que agrupa hoy a más de una decena de países del Pacífico —entre ellos Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, México, Chile, Perú, Singapur, Vietnam y Malasia— y que regula no solo aranceles sino también normas modernas sobre servicios, inversión, propiedad intelectual, compras públicas, estándares laborales y ambientales. Es, en suma, un tratado de “nueva generación” que busca facilitar el comercio entre miembros mediante disciplinas que van más allá de la mera reducción arancelaria.

A fines de noviembre de 2025 los países que integran el CPTPP dieron a Uruguay lo que se conoce en la práctica como el “visto bueno” o la aceptación formal para iniciar las negociaciones de adhesión: no hubo objeciones a su solicitud y se acordó habilitar el proceso técnico-político para definir los términos concretos de su incorporación. Esa decisión significa que Uruguay entra ahora en una etapa de negociaciones con los actuales socios del acuerdo para acordar accesos de mercado, cronogramas arancelarios y la adaptación normativa necesaria.

¿Qué implica concretamente esa “fase de negociación”? Primero: negociaciones bilaterales y multilaterales para acordar los calendarios arancelarios (qué productos y en qué plazos bajarán aranceles), reglas de origen (qué proporción de insumos debe ser regional para gozar de preferencias), y compromisos sobre servicios, inversión, compras públicas, y regulación técnica. En paralelo habrá que revisar y, en muchos casos, modificar legislación nacional —desde normas de propiedad intelectual hasta sanitarias y fitosanitarias— para cumplir con las disciplinas del tratado. Finalmente, cualquier acuerdo alcanzado deberá ser ratificado según los procedimientos internos de cada país.

Para Uruguay, la apertura del proceso ofrece ventajas claras, pero también tareas y desafíos: entre los beneficios esperables figuran mayor acceso a mercados del Asia-Pacífico (especialmente para productos con peso en la canasta de exportación uruguaya: carne vacuna, lácteos, celulosa y productos agroindustriales), posibles inversiones vinculadas a cadenas de valor y la inserción en disciplinas comerciales modernas que favorecen la competitividad de empresas exportadoras. Al mismo tiempo, la negociación exigirá ajustes regulatorios, evaluación de sectores sensibles (agropecuarios y algunos servicios), y la definición de salvaguardias o mecanismos de protección temporal para industrias que puedan resultar afectadas. El gobierno ha señalado que se abre una “etapa compleja” de trabajo técnico y político.

En la práctica política doméstica, la adhesión al CPTPP obligará a conjugar dos frentes: uno técnico —donde equipos ministeriales negocian términos y tasas— y otro político, porque los compromisos que se firmen y ratifiquen pueden exigir reformas internas (leyes, reglamentos, control sanitario, registros, etc.) que generan debates económicos y sociales. Además, el calendario de la adhesión no es inmediato: la aceptación para negociar es solo el inicio; la duración del proceso dependerá de la velocidad de las conversaciones, de las concesiones mutuas y de la ratificación final por los distintos parlamentos.

En suma, si Uruguay logra traducir esta apertura en acuerdos equilibrados y en reformas internas bien diseñadas, el ingreso al CPTPP puede convertirse en una verdadera palanca de desarrollo: una oportunidad para diversificar mercados, fortalecer la competitividad y proyectar al país hacia una inserción internacional más moderna y dinámica.

El desafío es grande, pero la posibilidad está abierta, y por primera vez en mucho tiempo Uruguay tiene ante sí un camino que depende más de su capacidad de negociación y visión estratégica que de las circunstancias externas.

Uruguay corre el riesgo de que su prestigio institucional oculte un estancamiento cada vez más profundo.

La última semana ofreció tres intervenciones económicas de alto voltaje que, con estilos distintos, convergieron en una misma advertencia: Uruguay enfrenta un límite estructural que no se resolverá sin decisiones profundas y simultáneas. Las exposiciones de Javier de Haedo y Tamara Schandy (ADM) y de Ignacio Munyo (Ceres), sumadas al diagnóstico de Pablo Rosselli publicado por La Diaria, delinean un cuadro homogéneo: el país está atrapado en una inercia peligrosa, sostenido en una autocomplacencia que amenaza con transformar la estabilidad en estancamiento.

Proyecciones oficiales, dudas y advertencias

El martes 25, en Montevideo, ADM organizó la conferencia “Hablemos en Confianza”, con intervenciones de los economistas Javier de Haedo y Tamara Schandy. Ambos se refirieron al marco macroeconómico presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el próximo quinquenio.

De Haedo comenzó cuestionando la credibilidad del escenario oficial. Fue directo: “Son promesas. Un crecimiento del 2,4% en cinco años es el doble de los 10 años anteriores. Me luce exagerado”. En paralelo, calificó de “tontería” el nuevo requisito del Banco Central para abrir cuentas en dólares. Su crítica al proceso de desdolarización fue que carece de base técnica y desconoce la fragilidad actual de la política monetaria: “La política monetaria no tiene potencia suficiente; este proceso debe ser voluntario y pedagógico”.

El economista también alertó sobre la independencia del BCU, al considerar impropio el adelanto público del ministro de Economía sobre la próxima decisión del Copom: “Es insólito que el ministro invada la independencia del BCU imprudentemente”.

Por su lado, Teresa Schandy, desde una perspectiva más analítica, coincidió en las dudas estructurales. Subrayó que las expectativas de los empresarios —un crecimiento proyectado del 1,7%— evidencian “una posición recostada del lado pesimista”, y colocó el foco en el Presupuesto: “Cómo está diseñada la programación fiscal genera dudas”. Advirtió, además, sobre un riesgo concreto: “Podríamos cerrar el período con un déficit del 4% del PIB”.

Ambos coincidieron en que la negociación colectiva se alinea con el objetivo antiinflacionario del BCU, pero alertaron sobre los proyectos de regulación de cierres empresariales y los incentivos políticos detrás de algunas decisiones recientes. De Haedo incluso sugirió que ciertas posturas del Ministerio de Trabajo podrían responder a “haber quedado mal parado en la interna de su partido”.

El laberinto y las sogas

Tres días después, Ceres presentó su tradicional informe económico bajo la conducción de Ignacio Munyo, quien propuso una metáfora contundente: un helicóptero del que cuelga una cuerda. “Uruguay tiene que aceptar las sogas de la OCDE y del Acuerdo Transpacífico para escapar del laberinto de inercia y autocomplacencia”, sintentizó.

Munyo describió un país que acumula diagnósticos desde hace años pero falla en la implementación de soluciones, arrastrando rezagos estructurales. Reafirmó una proyección de crecimiento en torno al 2% para este año y anticipó un 2026 más exigente, por agotamiento del arrastre estadístico: el país necesitará crecimiento genuino, apoyado en inversiones de magnitud —data centers, hidrógeno verde, infraestructura energética— hoy todavía insuficientes.

El economista lamentó la incorporación de nuevos impuestos en el Presupuesto, señalando que constituyen “un cambio de reglas que afecta la imagen del país” y que el proyectado Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) puede convertirse en un desincentivo para la instalación de multinacionales.

La crítica regulatoria fue otro pilar: “El 58% de las normas innecesarias son «por las dudas» y un 28% son lobby”. Este ecosistema mantiene altos costos, baja productividad y frena la innovación. Munyo advirtió además sobre un sector político que, según datos de Ceres, muestra escasa disposición a limitar el tamaño del Estado: “El 78% de los legisladores cree que el Estado debe mantenerse o aumentar… es tremendo”.

La advertencia se extendió al sistema educativo —una “escalera rota”, donde apenas el 15% culmina la educación terciaria— y a la seguridad pública, al sostener que Uruguay está “asediado por el crimen organizado” y que el sistema carcelario “es parte del problema”.

Rosselli: demografía, lentitud y falta de liderazgo

El aporte de Pablo Rosselli, entrevistado por La Diaria, completa el cuadro. Su diagnóstico es explícito: “Uruguay necesita una agenda amplia de reformas, pero es un país muy lento para reaccionar”.

Rosselli advierte que el envejecimiento poblacional será un “rol limitante del crecimiento” en un horizonte de diez años, pero subraya que el desafío fundamental no es demográfico sino productivo: “La productividad total de los factores prácticamente no ha crecido en diez años”.

Rosselli critica la falta de audacia reformista: “Faltan líderes políticos con vocación de persuadir a sus electores sobre la necesidad de encarar más cambios a la vez”, enfatizando
que las reformas no pueden ser secuenciales: “Uruguay no tiene una madre de todas las reformas; necesita muchas a la vez: apertura, competencia, dinamismo laboral y un mejor sistema educativo”.

Rosselli también alerta sobre el funcionamiento del mercado laboral, la baja participación femenina, el desempleo juvenil y la necesidad de una política migratoria activa. Su advertencia es directa: cualquier política para enfrentar las tendencias demográficas debe actuar con urgencia, porque los cambios demográficos son lentos, pero también lo son sus soluciones.

Un diagnóstico convergente

Javier De Haedo, Tamara Schandy y Pablo Rosselli coinciden en lo fundamental: Uruguay está ante un punto de inflexión, donde administrar la inercia ya no es una opción. Las proyecciones oficiales parecen optimistas frente a un país con productividad estancada, regulaciones excesivas, educación en retroceso, un aparato estatal rígido y un clima de inversión que se erosiona.

Por Luis Hierro López

La central obrera y algunos sectores del Frente Amplio reiteran la discusión ya mantenida contra Tabaré Vázquez en el sentido de gravar a los más ricos, propósito de muy difícil concreción como lo demuestran los hechos.

En este caso, la iniciativa del PIT-CNT apunta a la creación de una sobretasa del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) que alcanzaría a unas 25 mil personas con patrimonios de entre U$S 1 millón y U$S 1.000 millones.

Con esa sobretasa, se intentarían recaudar unos U$S 700 millones anuales que se volcarían a un fondo estatal para atacar la pobreza infantil.

Por ahora es una discusión que se produce en el seno del gobierno, con el MPP, el grupo predominante, apoyando la posición del presidente Orsi y del ministro Oddone, contrarios a la propuesta. Y con el Partido Comunista, los socialistas dispersos y el intendente de Montevideo a favor.

Un escenario similar se produjo en 2015, al asumir por segunda vez la presidencia Tabaré Vázquez. La central obrera y varios dirigentes políticos, entre ellos el más notorio el señor Olesker, promovieron un impuesto a las empresas y Vázquez les salió al cruce, argumentando que no se podía asfixiar a las empresas, que son las que generan trabajo y salario, y que se corría el riesgo de una fuga de inversiones con efectos muy negativos en los sectores laborales.

Prácticamente lo mismo ha dicho en estos días el ministro de Economía, por lo que vale interrogarse si el nuevo empuje de los grupos radicales se debe realmente a una cuestión ideológica o si estamos otra vez ante un nuevo capítulo de la puja por el poder entre las alas del Frente Amplio.

Los argumentos en torno a la concentración de la propiedad de la tierra y a la internacionalización de las empresas ya se manejaban en 2015, por lo que la situación no ha cambiado drásticamente. Y, más allá de la justicia que los reclamos de esa índole puedan tener, la evidencia de que gravar a los millonarios en dólares es muy difícil o casi imposible se mantiene vigente.

La explicación anterior de Tabaré Vázquez y la actual reiteración de Oddone, que son las que han dado en el pasado dirigentes colorados y blancos, son correctas. No olvidemos que el Frente Amplio manejó la misma biblioteca para legislar sobre el impuesto a la renta personal —que paguen más los que tienen más— que terminó siendo, lamentablemente, un impuesto al trabajo y a los ingresos, sin que ello cambiara la situación del 1% de personas más ricas.

Si el país necesita imprescindiblemente inversiones para crecer, como cualquier ciudadano sensato lo admite, sería como pegarnos un tiro en el pie recurrir a una política de esa índole.

Da la impresión de que el contexto político puede estar en el fondo de este proceso. Desde la propia coalición oficialista han surgido voces descontentas con la falta de acción del Poder Ejecutivo, con la ausencia de propuestas de izquierda y con el reconocimiento de que el programa no se puede aplicar por falta de recursos, como explicó descarnadamente el viceministro de Economía, Martín Vallcorba, quien agregó que ese veredicto se conocía al elaborar las propuestas electorales. Las imposibilidades, sentenció Vallcorba, no estaban provocadas por la “herencia maldita” dejada por el gobierno de Lacalle Pou, sino por las propias exageraciones incumplibles del programa.

Es increíble que, luego de esa poderosa advertencia, haya frentistas que insistan en redoblar la apuesta, manejando una iniciativa que complica la gestión de un presidente, Orsi, que se comprometió a no subir los impuestos.

Además, está en discusión el tema de fondo: ¿cómo sacar a las familias de la pobreza extrema? Tras veinte años de existencia y con un presupuesto anual de U$S 630 millones, que desde el año próximo subirán a U$S 754 millones, el creado Ministerio de Desarrollo Social no ha resuelto el problema, porque ya no alcanza con las transferencias monetarias, sino que hay que insistir con políticas educativas, trasmisión de valores y fortalecimiento de la familia, para alcanzar mejores comportamientos.

Así como estamos, los U$S 700 millones que, en el mejor de los casos, se recaudarían con la sobretasa impositiva irán a engrosar la red burocrática y clientelar ya existente, con poca o nula influencia en la recuperación de los sectores más golpeados.

Uruguay tiene un problema con el núcleo duro de la pobreza y debe atenderlo, pero con políticas de larga duración, alejadas de los vaivenes partidarios, y superando el viejo concepto del Frente Amplio de que los problemas de las familias pobres se resuelven con más impuestos vengativos contra los ricos.

Se empiezan a resolver con más educación, educación, educación, esa consigna que el Frente Amplio repite pero que siempre traiciona.

Por Elena Grauert

Una advertencia sobre los costos de confundir regulación con desarrollo.

En los últimos días, con bombos y platillos, al Ministerio de Trabajo se le ocurrió la gran solución para evitar que se vayan las empresas: imponer un preaviso de 30 o 40 días que deben dar antes de cerrar e irse.

La verdad y la realidad es que, si una empresa cierra porque se funde o porque se quiere ir, se va. No hay preaviso que valga, no hay solución para negociar el futuro. ¿Y saben cuál es la razón? Que eso la empresa ya lo hizo. Siempre que una empresa cierra, hay negociaciones y movimientos que advierten a todos —trabajadores y Estado— sobre el cierre.

En el 90% de los casos, las empresas comienzan a decir y advertir que no pueden seguir así, que no son rentables, que no pueden aguantar más la presión sindical o el costo tributario, o simplemente la casa matriz dice: “No quiero invertir más en Uruguay”, punto final.

Lo que es claro es que, si queremos inversión, la libertad de empresa no se puede limitar, y eso es un hecho irrefutable. Si una empresa quiere venir a Uruguay a invertir y mañana la multan por cerrar, limitando su libertad de acción, simplemente no viene. Es parte del perverso juego de la oferta y la demanda —y más aún en un mundo globalizado lleno de países que llaman a invertir sin límites—.

Otra cosa son los convenios internacionales 158 y 160 de la OIT, no ratificados por Uruguay, que exigen causal para el despido y hablan de “causa válida”, ya sea por conducta del trabajador, aptitud o capacidad, o necesidad de la empresa por causas económicas, tecnológicas u organizativas. Y prohíben el despido sin causa.

Lo que hay que comprender es que las relaciones laborales, cada vez más, están basadas en la colaboración y el respeto mutuo. Debe existir siempre para que funcione un buen relacionamiento. Por eso, el despido causado muchas veces es difícil de probar; la falta de empatía o de buena relación es un sentimiento humano y tan válido como cualquier otro.

Por lo tanto, las normas que imponen el reintegro del trabajador, en la mayoría de los casos, no se aplican, y la solución termina siendo una indemnización mayor. Porque la relación laboral es inviable: no hay voluntad de mantenerla.

La razón es humana: nadie puede trabajar en una empresa donde no hay una buena relación, un ambiente sano y de confianza. Y cuanto más chica es la empresa, más necesario es que la relación laboral sea amena y proactiva de todas las partes.

Además, hay que tener presente que, al fin y al cabo, los contratos de trabajo son contratos, y para ello debe existir voluntad de ambas partes. Por su naturaleza, se desarrollan en el tiempo, las circunstancias cambian y es sano prever que el contrato pueda variar o incluso rescindirse, con indemnizaciones y garantías necesarias. Prever la culminación del vínculo, por cualquier causa, es parte de la sanidad que debe existir en cualquier relación humana. Como en el divorcio por sola voluntad, siempre deben existir válvulas de escape que permitan un buen fin, porque las personas y las circunstancias cambian: es parte de la condición humana.

Uruguay, desde hace muchos años, castiga fuertemente el despido por embarazo, enfermedad o accidente de trabajo; castiga el despido por discriminación y prohíbe el despido sindical, pudiéndose en ese caso pedir el reintegro.
Pero el mismo convenio 158 prevé que, si el despido no tiene causa válida, se debe asegurar: “reinstalación, o indemnización suficiente y proporcional, u otra reparación eficaz o indemnización adecuada”. Nuestra legislación ampara esto.

Es justo decir que el fin de la relación laboral está resuelto hace muchísimos años en nuestro país, con la indemnización obligatoria por despido. Es absolutamente excepcional admitir el despido por mala conducta; es más, hay casos de trabajadores que han hurtado y aun así la Justicia entendió que se debía pagar indemnización. Es un extremo de una mala aplicación de la norma, pero ha sucedido.

Por tanto, el MTSS no puede prohibir cierres de empresas: viola la libertad de comercio, es inconstitucional y además es claramente inconveniente.

Si se quiere discutir el despido y las formas de indemnización, podemos acompañar la propuesta; quizás haya que cambiar el sistema actual, valorizando de forma distinta los años de trabajo. No es lo mismo trabajar 10 años y ser despedido a los 35, que trabajar 30 o 12 y ser despedido luego de los 55 años.

Puede pensarse en una regulación más protectora de los trabajadores —lo cual acompañamos plenamente—. Incluso, para proteger a los trabajadores más grandes, podría pensarse en un aporte menor cuando pasan cierta edad, a efectos de mantenerse en el empleo, sin perjuicio de que, en caso de despido, puedan percibir una indemnización mayor. Porque luego de los 50 años, conseguir empleo es mucho más difícil.

Pero, claramente, defender a los trabajadores es defender el empleo. Y cualquier limitación a la inversión es una desprotección, porque genera de inmediato el efecto contrario.
Por último, debemos advertir que Uruguay, dentro de Latinoamérica, es uno de los países con más alta calidad de vida, pero también uno de los más caros para vivir e invertir. Estamos en los niveles más altos de presión fiscal (27,4%), cifra que no contabiliza el atraso cambiario ni las medidas parafiscales, lo que nos ubica entre los más altos del continente. Estados Unidos está por debajo nuestro.

Con esto quiero decir que, si queremos defender el trabajo, debemos defender la industria. Reitero: las zonas francas son un ejemplo de desarrollo y atracción de inversión. Si uno mira “Zonamérica”, es otro mundo.

Quizás sea hora de que quienes tienen el deber de defender el trabajo dejen de pensar en la URSS de los años 50–70 y comprendan que el mundo es globalizado, que se compite por la inversión y que defender a la gente es generar riqueza, no atacarla creyendo que con leyes se cambia la realidad.

Por Tomás Laguna

Todos los casos de mortandad de colmenas en la apicultura ocurridos muy puntualmente y con anterioridad han sido dramáticos; solo que en este caso es escandalosamente extendido en la magnitud del daño y las regiones afectadas. Mientras la angustia está instalada entre los apicultores, el ministro Fratti no da respuesta a los pedidos de audiencia de sus gremiales, en tanto desde su cartera solo se atina a emitir comunicados de voluntarismo inconducente.

Llama la atención la magnitud del perjuicio ocurrido en detrimento de la apicultura nacional, sea por la dimensión (más de 11.000 colmenas perdidas) como por la extensión del insuceso (Canelones y San José al norte; generalizado en los departamentos de Colonia, Soriano y Florida; Flores en el oeste y centro; Río Negro y Paysandú, casos aislados). No se trata de un problema sanitario a nivel de colmenas, que puede ocurrir, sino que es claramente por la aplicación negligente de agroquímicos prohibidos o bien mal utilizados en la agricultura comercial. El factor común asociado es el inicio de la cosecha de las brásicas (colza, canola y carinata), práctica en la cual se utilizan desecantes. Se sospecha que asociados a los mismos se hayan utilizado insecticidas. Pero hasta ahora no hay respuesta de las autoridades con responsabilidad en el tema identificando la razón por la cual este año ha ocurrido semejante desastre. Es que estos cultivos se cosechan año tras año en estas fechas y, hasta ahora, no se conoce que esta actividad haya sido en perjuicio de la producción apícola.

Una breve referencia a la relevancia de la producción apícola y a la imperiosa necesidad de preservar este rubro productivo, no solo por su importancia socioeconómica sino también por su complementariedad indispensable con la producción vegetal.

La apicultura es una de las actividades del agro en las cuales la mayor parte de sus cultores no son propietarios de la tierra, más de las tres cuartas partes de condición familiar. Debe ser la única actividad productiva que puede llegar a cobrar por instalarse en determinados emprendimientos, como los semilleros. Esto último se explica porque la producción vegetal, en todos sus rubros de polinización entomófila, requiere de los servicios de polinización prestados por las abejas. Por lo anterior, el valor económico de la apicultura excede al valor de mercado del producto miel: su contribución real debe incluir su aporte para que otras actividades de la producción vegetal sean posibles. A la vez, al considerar la sustentabilidad de los sistemas productivos, la abeja se constituye en el mejor centinela para el control ambiental. Resulta difícil estimar la verdadera dimensión de su valor económico y ambiental, seguramente multiplicado varias veces respecto del valor de la miel y subproductos generados.

La producción nacional fluctúa entre las 9 y las 14 mil toneladas, atendiendo el efecto año; de ellas se exporta en el entorno del 80% de lo cosechado, principalmente a los Estados Unidos, en tanto Israel es quien mejor paga nuestro producto. El valor de las exportaciones oscila entre los 20 y los 30 millones de dólares dependiendo del volumen y los valores en el mercado externo. Sin duda, la apicultura merece ser considerada un rubro más en el agronegocio de exportación.

No obstante lo anterior, la producción nacional se ha visto condicionada desde hace un buen tiempo por precios internacionales deprimidos y por los muy altos costos de producción de nuestra economía, perdiendo pie frente a competidores mucho más competitivos como Argentina, México e incluso Brasil. Como consecuencia, cifras del año pasado y luego de 15 años transcurridos indican que los productores se redujeron un 30% (de 3.244 en 2010 a 2.264 el año pasado, DIEA/MGAP), en tanto que la cantidad de colmenas por productor se incrementó en más de un 60% (155 colmenas en promedio en 2010 a 255 el año pasado, DIEA/MGAP). En buen criollo: los más chicos han ido desapareciendo, siendo otra actividad que responde a la escala para sobrevivir. En la actualidad, ya en la cosecha 2025, el rubro se enfrenta a la economía del empate —al decir de apicultores referentes—, dados los altos costos de producción y un valor deprimido del producto en el mercado externo.

Este es el escenario, de por sí preocupante, sobre el cual se abate este cataclismo productivo de pérdidas de colmenas y de producción. Porque no solo se trata de mortandad de colmenas, sino también de la afectación de otras que quedan dañadas para la recomposición de abejas a partir de la necesaria reposición de reinas. No solo de pérdida de colmenas se trata, sino también de un fuerte perjuicio productivo en las que logran sobrevivir en las zonas afectadas. La apicultura requiere que desde el Poder Ejecutivo se haga una declaración inmediata de estado de emergencia atendiendo la situación de este sufrido rubro de la producción. En realidad, debió haberse hecho hace rato, pero andan sin atinar qué hacer desde el MGAP.

El actual director general de Servicios Agrícolas del MGAP (DGSA) —cargo de confianza política del gobierno en ejercicio—, en declaraciones a la prensa, se excusa en que los apicultores no denuncian los casos y, por otro lado, argumenta que esta situación no puede enmarcarse en un enfrentamiento entre sectores productivos que deberían complementarse. Que alguien le explique que para el apicultor es muy difícil denunciar a los dueños de los campos de los cuales depende para instalar sus colmenas, por lo que la DGSA debe actuar de oficio en todos los casos. En cuanto al enfrentamiento entre sistemas productivos, se ve que no conoce el estratégico concepto de “convivencia”. Desde que tenemos conocimiento del tema, la Sociedad Apícola del Uruguay (SAU), con sensatez y pragmatismo, ha defendido la máxima de la convivencia productiva. Esto es: respetémonos a partir de las buenas prácticas agrícolas evitando el conflicto y la afectación productiva. Implica que el agricultor realice las aplicaciones de determinados productos durante la noche, evitando las horas de actividad de las abejas; utilizando productos permitidos y sin efecto residual. Por parte del apicultor, la constancia de proteger la colmena ante el aviso de determinadas aplicaciones, incluso retirándolas del predio de ser necesario.

La SAU es gremial socia de la Asociación Rural del Uruguay desde 1935, al año siguiente de su fundación. Esta última ha sido impulsora del rubro desde sus inicios, cobijando la primera escuela apícola del país. Es de esperar que desde su sitial privilegiado como gremial agropecuaria de referencia en la historia del desarrollo rural, la ARU se haga cargo también de la defensa del rubro apícola. Nos consta que así lo ha hecho en el pasado.

¿Qué tan evitable pudo ser este desastre al que está enfrentado el campo uruguayo? Durante la anterior administración de gobierno se hizo un esfuerzo importante con cursos de capacitación para la aplicación de agroquímicos, registro e identificación satelital de los “mosquitos” y otros implementos de aplicación, registro y habilitación de aplicadores y de ingenieros agrónomos responsables, entre otras medidas. No se puede decir que los instrumentos para la supervisión y control no existen. Pero un acto de irresponsable displicencia por parte de los agricultores y de las autoridades competentes permitió que ocurriera esta calamidad. Los agricultores irresponsables no solo generaron un grave perjuicio a la producción apícola, sino que atentaron contra la imagen de la misma agricultura comercial frente a la sociedad toda —aspecto no menor en todo este drama—. Por su parte, las autoridades pecan de negligentes e incapaces. Necedad total por parte del nuevo presidente de la actual Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, que dicho sea de paso nunca fue formalmente constituida durante el actual gobierno, demostrando la falta de relevancia que le otorgan al rubro. Pero también del ministro Fratti, quien no sabe qué responder a los apicultores y, en consecuencia, no los recibe tras varios meses de pedido de audiencia.

Por Susana Toricez

Cuando hasta una escuela pública debe detener sus clases por un espectáculo, el país confirma que aún no ha resuelto qué lugar ocupan realmente sus niños.

El Estadio Centenario, además de grandes eventos deportivos, ha recibido innumerables artistas nacionales e internacionales, batiendo récords en cantidad de espectadores. Paul McCartney, Julio Iglesias, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Luis Miguel, Rod Stewart, Alfredo Zitarrosa, Los Olimareños, No Te Va Gustar, Maná, Joaquín Sabina, etcétera.

Cada espectáculo implica días de instalación de equipos de audio, jornadas de ensayos y un gran movimiento de personal en múltiples tareas. Incluso, cualquier vecino que viva a varias cuadras a la redonda del Estadio suele escuchar perfectamente los ensayos.

Cuando todos aplaudimos esos espectáculos, ¿alguno de nosotros dedica unos minutos a pensar que dentro del mismísimo Estadio Centenario, debajo de la Tribuna Olímpica, durante los días de semana funciona la Escuela Pública Nº 100? Ese centro educativo muchas veces ve alterada su actividad por esos eventos. Los niños reciben sus aprendizajes, a veces con sonidos absolutamente molestos.

Por ejemplo, muchos fanáticos esperaron ansiosamente el show que dio la colombiana Shakira los primeros días de diciembre. Por consiguiente, los días 3 y 4 pasados la Escuela Nº 100 cerró sus puertas y dictó clases virtuales.

Esos días, las viandas para el almuerzo debieron retirarse en la Escuela Nº 120, ubicada a unos cuatro kilómetros del Estadio Centenario.

¿Y los niños cuyos padres trabajan en el horario escolar? ¿Qué hacen? ¿No van a trabajar? ¿Dónde quedan esos niños?

Nuevamente, los niños no son prioridad. Ni siquiera para los responsables de la enseñanza.

¿Cómo va a avanzar Uruguay si lo más importante —los niños— no se cuida como el tesoro que son?

Se debería pensar también qué va a pasar con esa escuela cuando comience la remodelación del Estadio.

Por Juan Carlos Nogueira

Una institucionalidad que pide más de abajo que de arriba.

En Uruguay, el ingreso como funcionario de la Administración Pública requiere un determinado nivel de educación. Un llamado reciente del Poder Legislativo para el cargo de Administrativo II requería Bachillerato completo; la Corte Electoral, para Administrativo IV, exige Ciclo Básico aprobado; y OSE, para Asistente Administrativo I, también demanda Bachillerato o su equivalente.

El requisito de educación mínima se sustenta en la obvia necesidad de poder desempeñar adecuadamente el cargo. En algunos casos, incluso se deben superar pruebas de oposición.

Sin embargo, esta lógica se invierte —o directamente desaparece— cuando se trata de los cargos más altos del Estado. Presidente, legisladores, ministros, directores de entes y cargos de confianza no necesitan acreditar ningún nivel educativo, ni pasar por exámenes, evaluaciones o certificaciones de idoneidad. La paradoja es evidente: para archivar documentos se exigen estudios; para gobernar el país, no.

La idea de que cualquier ciudadano puede acceder a los cargos más altos suele celebrarse como un principio esencial de la democracia liberal. Pero numerosos pensadores —desde la Antigüedad hasta la política contemporánea— han advertido que llevar esta premisa al extremo puede convertirse en una vulnerabilidad institucional.

Ya Platón, en La República, defendía que quienes gobiernan deben atravesar rigurosas etapas de formación filosófica y práctica, convencido de que “el Estado sólo será feliz cuando los filósofos sean reyes”. Aunque su modelo no es aplicable a las democracias actuales, su intuición persiste: gobernar requiere competencia y preparación.

Aristóteles, más moderado, valoró la figura del phronimos, la persona formada en la prudencia, cuya capacidad de deliberar se cultiva mediante educación y experiencia cívica.

En la modernidad, Rousseau sostuvo que las instituciones debían “elevar” al gobernante por encima de sus opiniones privadas; y Montesquieu insistió en que quienes administran el Estado deben conocer las leyes y la naturaleza del poder.

En el siglo XIX, John Stuart Mill fue aún más explícito: para evitar que la manipulación electoral o el azar promovieran la incompetencia, propuso que los legisladores estuvieran sujetos a exámenes básicos de calificación. “Una asamblea de ignorantes no es menos peligrosa que un déspota ignorante”, advertía en Consideraciones sobre el gobierno representativo.

Max Weber analizó la profesionalización del Estado moderno y sostuvo que su eficacia depende de cuadros competentes y formados técnicamente. Aunque distinguió entre la “política como vocación” y la “administración como profesión”, reconoció que la conducción política sin conocimientos mínimos puede desembocar en arbitrariedad, ineficiencia o dependencia excesiva de técnicos no electos.

En la teoría contemporánea, autores como Pierre Rosanvallon, Daniel Bell o Jason Brennan cuestionan la premisa de que todos los ciudadanos están igualmente calificados para gobernar. Brennan, en Against Democracy, habla incluso del riesgo del rule of the ignorant.

Sin embargo, la realidad uruguaya nos muestra datos que interpelan.

Según un informe de El País (febrero de 2025), la formación de los legisladores muestra importantes disparidades:

Senado: 22 senadores tienen educación terciaria completa; 7 sólo secundaria. Diputados: 62 cuentan con estudios terciarios, 27 con secundaria, 8 con ciclo básico y 1 con primaria.

En síntesis: 7 senadores y 36 diputados no cumplirían los requisitos mínimos para desempeñar un cargo administrativo junior en el propio Estado.

Otro dato relevante: en nuestro Parlamento, cuya función principal es legislar, sólo 8 de 30 senadores y 15 de 99 diputados son abogados, pese a que su trabajo cotidiano gira en torno a la elaboración de normas.

El gabinete ministerial, donde se impondría formación superior acorde al área específica de cada cartera, tampoco presenta un panorama alentador.

Según El Observador, más de la mitad de los ministros no completó una carrera universitaria. Además, varios perfiles profesionales parecen poco vinculados al área que les toca dirigir: un canciller periodista, una ministra de Defensa cantante de tango, una ministra de Obras Públicas asistente social, un ministro de Trabajo tornero y una ministra de Vivienda cuya formación se limita a haber “cursado estudios de sociología”, sin precisar titulación.

Con un Parlamento y un Gabinete así conformados, ¿qué podría salir mal?

Si el Estado fuera una empresa y usted su dueño, ¿contrataría gerentes sin formación mínima para conducir áreas estratégicas? ¿Dejaría la planificación, la política exterior o la seguridad pública en manos de personas sin preparación específica?

La democracia uruguaya, sólida en muchos aspectos, arrastra una debilidad estructural: permite que cargos de altísima responsabilidad carezcan de requisitos básicos de idoneidad profesional. La igualdad de oportunidades no debería ser incompatible con la exigencia de un estándar mínimo para quienes toman decisiones que afectan a toda la sociedad.

Va siendo hora de discutir y legislar estándares educativos y profesionales para el acceso a los cargos de gobierno. No se trata de restringir la democracia, sino de fortalecerla.

Por Eduardo Zalovich

Un país atrapado entre la oportunidad histórica y el abismo político.

En estos días se ha tensado el ambiente entre Hezbolá e Israel, lo cual podría conducir a la ruptura de la tregua. Los analistas en general piensan que no ocurrirá, por presión de Donald Trump y la debilidad del grupo chií. Pero nada es seguro en Oriente Medio. El motivo principal es la eliminación del comandante Tabatabai, jefe de su Estado Mayor, en un ataque israelí a su base en Beirut. Con esta acción, se privó al grupo terrorista de su principal autoridad, que venía impulsando la reorganización y que se oponía a toda sumisión al gobierno central.

La acción generó una fuerte condena por parte de Teherán y Beirut. Israel ha declarado que sus ataques “continuarán hasta garantizar que 60.000 evacuados de las comunidades del norte puedan regresar de modo seguro a sus hogares”. Los objetivos incluyen infraestructuras, depósitos de armas y combatientes. La situación es altamente volátil, con advertencias cruzadas y preocupación por una escalada mayor. Esta semana se concedió a periodistas extranjeros el acceso a un túnel chií cerca de la frontera con Israel, como parte de una gira de prensa organizada por el Ejército libanés para subrayar los esfuerzos para eliminar la presencia militar de Hezbolá en el sur. El túnel, ubicado en un antiguo bastión militar, contenía una sala médica, una cocina, un sistema de ventilación, tanques de agua, cableado eléctrico y alimentos enlatados.

El general Nicolas Thabet, que comanda el sector al sur del río Litani, acompañó la visita y enfatizó lo que está en juego. “No renunciaremos a nuestros objetivos, sean cuales sean las dificultades”, afirmó. “El Ejército está haciendo grandes sacrificios en una de las zonas más peligrosas de Oriente Medio”. La visita se produjo tras la muerte de Tabatabai. Oficiales libaneses afirmaron que el túnel es una de las “muchas antiguas posiciones que ahora están bajo control del Ejército”.

“El país de los cedros”

Líbano es un país fascinante y trágico a la vez. Descrito históricamente como “la Suiza de Oriente” por su solidez bancaria, las montañas nevadas y sus playas, hoy es una nación que lucha por su independencia real. Para entender su situación debemos conocer su ideología política básica: el confesionalismo. Es una nación heterogénea, un mosaico de 18 sectas religiosas reconocidas. El sistema político está diseñado para que ninguna tenga el poder absoluto, repartiendo los cargos por religión. De ese modo, el presidente debe ser un cristiano maronita; el primer ministro, un musulmán suní, y el presidente del Parlamento, un musulmán chií. Posee una extensión territorial de 10.450 km², similar al departamento de Rocha.

El símbolo del país es el cedro, un árbol cuyos bosques cubrían todo el Líbano en la Antigüedad. Posee grandes mezquitas e iglesias. Es el país árabe con mayor proporción de cristianos, aproximadamente el 45%. Su capital y mayor ciudad es Beirut. Un oficial israelí, destinado al departamento libanés, afirmó que “hoy el Líbano tiene un camino que se bifurca en dos senderos: uno conduce a la ruina y el otro al esplendor. No hay punto medio. O el flamante presidente centraliza el poder y crea un Estado moderno, o sigue sumergido en un feudalismo trágico”.

En los años 50 y principios de los 70, fue un próspero centro financiero y turístico. La edad de oro terminó cuando su importancia se derrumbó con la guerra civil de 1975-90, que destruyó el equilibrio político y sumió al país en continuos enfrentamientos. Un problema clave fue el ingreso en 1971 de los terroristas de Yaser Arafat, tras su sangrienta expulsión de Jordania; la intervención siria; los ataques de la OLP a Israel –hasta su expulsión en 1982– y, luego, la toma del sur libanés por parte de Hezbolá, organización yihadista satélite de Irán. Esta milicia continuó los ataques contra el Estado judío, ignorando sus terribles consecuencias para el Líbano.

Entre 1985 y 2000 se organizó en el sur del país la Fuerza del Sur, integrada por cristianos maronitas que se enfrentaron a los musulmanes. En mayo de 2000, Israel retiró por decisión unilateral todas sus tropas del país, confiando en que la Fuerza Interina de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) evitaría futuros ataques contra su territorio. En la práctica, esta fuerza de la ONU no sirvió absolutamente para nada.

Comunidades y esperanza

El panorama religioso nacional está integrado de este modo:

• Cristianos (maronitas y ortodoxos): Antiguamente fueron mayoría, hoy su demografía ha bajado. Se identifican en particular con Francia.
• Suníes: tradicionalmente la clase comerciante urbana, con fuertes lazos con Arabia Saudí y el resto del mundo árabe suní.
• Chiíes: históricamente la clase más pobre y rural –en el sur–, hoy dominados militar y políticamente por el grupo Hezbolá, satélite de Irán.
• Drusos: una minoría pequeña pero muy cohesionada y feroz en las montañas, liderada por familias tradicionales, como los Joumblatt.

Por Alvaro Valverde Urrutia

El Acuerdo Mercosur–Unión Europea vive en una paradoja permanente: nadie lo descarta, pero tampoco avanza. Su existencia parece apoyarse en un compromiso tácito entre ambas regiones: mantener la idea latente aunque no existan condiciones reales para firmarlo. Esta situación, más política que técnica, explica por qué el proyecto se estira indefinidamente sin concretarse.

La brecha estructural entre los modelos productivos sigue siendo el nudo gordiano. Mientras la UE sostiene un entramado regulatorio denso, orientado a estándares ambientales, sanitarios y laborales muy estrictos, el Mercosur opera con reglas más heterogéneas y necesidades económicas diversas. Esta distancia condiciona la forma en que ambos bloques imaginan el comercio internacional y, sobre todo, sus temores. Europa teme por su agricultura; el Mercosur, por su industria. Ese choque fundacional impide que el acuerdo sea percibido como equilibrado en ambos sentidos.

El factor ambiental se ha convertido en una frontera política más que técnica. La UE ha situado su agenda climática como un eje de identidad, no negociable. El Mercosur, en cambio, interpreta varias de estas exigencias como barreras veladas que limitan su competitividad agroexportadora. No es solo una tensión normativa: es una colisión de prioridades. Para Europa, el clima es política interna; para el Mercosur, la competitividad del agro también lo es. Mientras esas visiones funcionen como definiciones de identidad, cada uno defenderá su postura como si fuera irrenunciable.

En medio de esta rigidez, la firma en diciembre de 2024 de un pilar comercial entre la Comisión Europea y el Mercosur fue presentada como una señal de avance, pero en realidad funciona más como un gesto diplomático que como un cambio sustantivo. Ese texto preliminar depende aún de la ratificación del Parlamento Europeo y de un clima político que hoy es desfavorable.

Su existencia confirma que la negociación no está muerta, pero también exhibe la falta de convicción dentro de la UE, donde pesan las resistencias agrícolas y ambientales que han frenado repetidamente cualquier paso definitivo. Más que un impulso real, el pilar comercial revela hasta qué punto la UE necesita mostrar disposición al diálogo sin asumir compromisos que puedan generar costos internos.

Las divisiones internas de ambos bloques impiden cualquier movimiento decisivo. En la UE, países como Francia, Irlanda o Austria frenan la ratificación; otros presionan por un acercamiento para asegurar acceso a materias primas y un socio confiable fuera de la competencia entre grandes potencias. En el Mercosur, las tensiones entre una visión más aperturista y otra más proteccionista vuelven imposible fijar una estrategia estable. Los acuerdos birregionales requieren cohesión, y ninguno de los dos bloques la posee.

El contexto geopolítico actual juega en contra de cualquier mega-acuerdo comercial. La ola de proteccionismo estratégico, la reindustrialización europea y la incertidumbre global reducen el interés por esquemas amplios de liberalización. El acuerdo, pensado en una era más optimista del comercio internacional, hoy compite con urgencias que no existían cuando fue concebido. Esa desincronización histórica entre el momento del diseño y el del intento de aprobación ayuda a explicar su fragilidad política.

Los incentivos para cerrar el acuerdo no son lo suficientemente fuertes. Aunque existe interés en ambos lados, ninguno está dispuesto a pagar el costo político de los ajustes que aún exige el texto para su firma. Esto genera un escenario que podría describirse como un empate negativo: nadie rompe la negociación, pero nadie la impulsa con decisión. Se mantiene viva por inercia y porque abandonarla abiertamente sería admitir un fracaso diplomático de gran escala.

Mi evaluación es que el acuerdo de asociación, tal como está diseñado, difícilmente se concrete. La probabilidad de que se ratifique sin una reformulación profunda es baja, no por falta de voluntad técnica, sino porque los factores que lo traban son estructurales, con identidades propias y geopolíticas. Lo más plausible es que el futuro depare entendimientos parciales, actualizaciones puntuales y cooperación sectorial, antes que la entrada en vigor del acuerdo político anunciado hace años.

El Mercosur–UE se ha convertido en un símbolo más que en un instrumento. Representa la aspiración de dos regiones a modernizar su relación, pero también la dificultad de hacerlo en un mundo que privilegia la seguridad y la autonomía sobre la apertura. Mientras esa contradicción persista, el acuerdo seguirá ahí: presente en el discurso, ausente en la realidad.

La carta de “El Pollo” Carvajal a Trump expone una estructura de poder que mezcla inteligencia, crimen organizado y geopolítica en el corazón del chavismo y amplifica el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos.

Hugo Armando “El Pollo” Carvajal fue durante años una figura central del aparato de inteligencia del chavismo. Militar formado en la estructura que acompañó a Hugo Chávez desde los años noventa, dirigió la inteligencia militar y manejó información sensible sobre las operaciones políticas, militares y criminales del régimen.

Ya en tiempos de Nicolás Maduro, su peso se mantuvo intacto hasta que, en 2019, rompió abruptamente con el gobierno y se alineó con la oposición, apoyando a Guaidó, un quiebre que selló su suerte: terminó detenido en España, recapturado tras fugarse, y finalmente extraditado a Estados Unidos en 2023 para enfrentar cargos por narcotráfico y narcoterrorismo. En 2025, ante un tribunal federal en Nueva York, admitió su culpabilidad y comenzó a colaborar con la justicia norteamericana.

En este contexto escribió la carta dirigida a Donald Trump el miércoles 4 de diciembre, un documento que revela el funcionamiento interno del régimen venezolano con una crudeza que difícilmente pueda ignorarse. Allí sostiene que el chavismo, bajo Maduro, operó como una “organización criminal y narcoterrorista”, articulada —según él— con las FARC, el ELN, agentes de inteligencia cubanos e incluso células de Hezbolá. Afirma que el régimen canalizó rutas de cocaína hacia Estados Unidos, utilizó el narcotráfico para financiar campañas políticas extranjeras, desplegó redes de espionaje y llegó a manipular sistemas de votación electrónica. Ofrece aportar documentos, nombres y pruebas, asegurando que puede “ayudar a reconstruir la verdad sobre un sistema criminal que ha operado durante décadas”.

La carta también describe el papel del Tren de Aragua como un brazo delincuencial promovido por el Estado, y apunta a que buena parte del sostén del régimen se asentó sobre una alianza integral entre cúpula militar, servicios de inteligencia venezolanos y asesores cubanos. Este último punto resulta especialmente delicado: Cuba —socios estratégico del chavismo desde sus orígenes— queda expuesta como parte de una red que habría participado en operaciones de narcotráfico, espionaje y control territorial. Para La Habana, que ha cultivado durante décadas la narrativa de resistencia antiimperialista, semejantes acusaciones pueden implicar un golpe diplomático significativo, en especial si la justicia estadounidense logra corroborarlas.

Las implicancias para Venezuela son múltiples. Las revelaciones de Carvajal llegan en un momento de tensión máxima con Estados Unidos, con Trump endureciendo amenazas, sanciones y advertencias militares. En Washington, su testimonio ofrece una justificación potente para profundizar medidas contra el chavismo: ya no se trataría solo de presiones políticas, sino de acciones dirigidas contra lo que el exjefe de inteligencia describe como una red transnacional de narcoterrorismo. Para Caracas, en cambio, la carta es una amenaza existencial: compromete a Maduro y a toda la estructura que lo sostiene.

Carvajal no es un opositor cualquiera: manejó información privilegiada durante dos décadas. Que ahora ofrezca colaboración a Estados Unidos supone un riesgo real para muchos cuadros del chavismo, cuyos nombres podrían aparecer en expedientes judiciales. A esto se suma la posibilidad de que sectores del propio aparato —militares incluidos— teman quedar expuestos, lo que podría generar tensiones y movimientos subterráneos de reacomodo.

Lo que emerge de la carta es la radiografía descarnada de un sistema que, si las acusaciones se confirman, trascendió hace tiempo la corrupción política para convertirse en una estructura organizada de crimen estatal. Las consecuencias pueden ir desde nuevas imputaciones en Estados Unidos hasta un deterioro acelerado del bloque político que sostiene a Maduro. Y también impactan sobre Cuba, cuyo rol —según Carvajal— ha sido el de el cerebro de la maquinaria que describe.

Con su carta, Carvajal se convierte en un actor inesperado en medio de la crisis vigente entre Venezuela y Estados Unidos.

Aunque conserva capacidad de maniobra, el presidente del gobierno español depende ahora de factores que se mueven fuera de su control y que pueden definir abruptamente su destino.

La combinación de saltos judiciales, desgaste político y movilización social ha colocado al presidente Pedro Sánchez en una encrucijada que ya no es solo táctica sino existencial. A diferencia de crisis anteriores, cuando maniobras políticas y revulsivos electorales le permitieron recomponer su espacio, la sucesión de hechos —investigaciones a altos cuadros del PSOE, detenciones preventivas, salidas al aire libre de la oposición y una presión mediática sostenida— dibuja hoy un escenario de riesgo acumulado para su continuidad en La Moncloa.

La primera lectura es numérica: la capacidad del PSOE para mantener mayorías parlamentarias y acuerdos de gobernabilidad depende ahora de un equilibrio más frágil. La prisión preventiva y las imputaciones de figuras cercanas —casos que la oposición interpreta como indicios de una trama de corrupción— erosionan la autoridad política del presidente; al mismo tiempo, la crisis impulsa a sus rivales internos y externos (del propio PSOE y de la derecha) a cuestionar la viabilidad de su liderazgo. Esa vulnerabilidad organizativa se traduce en menor margen para maniobrar políticamente y en creciente exposición a iniciativas centradas en la exigencia de responsabilidades y, eventualmente, en convocatorias electorales anticipadas.

Un segundo eje es la respuesta pública y ciudadana: las manifestaciones multitudinarias convocadas por el Partido Popular y las críticas frontales de sus líderes muestran que existe un clima social y político de desafección que puede volverse persistente. El efecto de estas movilizaciones no es automático, pero alteran la agenda política —forzando debates, acelerando la pérdida de iniciativa gubernamental y tensando la coalición—; además, legitiman la narrativa opositora que pide limpieza y elecciones. En ese marco, la capacidad de Sánchez para recuperar la iniciativa dependerá en gran medida de su habilidad para transformar el desgaste en respuesta política creíble (medidas anticorrupción eficaces, transparencia, recambio de cuadros), algo que hasta ahora ha sido percibido como insuficiente o tardío por amplios sectores.

El tercer factor es la cuestión judicial: no es lo mismo que altos colaboradores sean investigados o procesados a que el propio presidente sea formalmente implicado. Hasta ahora, Sánchez no figura como investigado; sin embargo, la proximidad de imputados y condenas en su entorno cercano aumenta la presión política y abre la puerta a escenarios imprevisibles. La acción de los tribunales —y las decisiones que adopten sobre medidas cautelares, imputaciones o procesamientos— puede acelerar un desenlace político. En democracias con sistemas judiciales activos, la política reacciona a la justicia y no siempre al revés; ello significa que, si nuevas piezas del rompecabezas judicial apuntan hacia el núcleo del poder, la reacción política puede ser rápida e irreversible.

Hay, sin embargo, factores que apuntalan a Sánchez y que dificultan un colapso inmediato: el gobierno aún controla herramientas de gestión pública con impactos claros (programas sociales, gasto público, capacidad normativa), la economía muestra indicadores favorables en ciertos trimestres y existen acuerdos parlamentarios que no se rompen de la noche a la mañana. Además, la oposición enfrenta dilemas estratégicos: hay segmentos que piden elecciones ya, pero la fragmentación del tablero político obliga a calibrar riesgos (por ejemplo, un adelanto electoral también puede reconfigurar los equilibrios en sentidos imprevisibles). En ese sentido, la caída del presidente no es automática ni inevitable; es, más bien, una hipótesis condicionada por variables judiciales, de cohesión interna del PSOE y por la evolución de la respuesta ciudadana.

Mirando hacia adelante, pueden distinguirse tres escenarios plausibles. El primero, más favorable para Sánchez, implica que la maquinaria gubernamental y la reacción institucional (renuncias puntuales, recambios de cuadros, promesas y medidas anticorrupción de carácter serio) logren amortiguar el ruido político hasta las elecciones regulares; aquí, la capacidad de gestión económica y social serviría como palanca para restaurar parte de la confianza perdida. El segundo escenario es el intermedio: desgaste prolongado, polarización creciente, mayor erosión electoral del PSOE hacia 2026 y necesidad de ajustes de alianza o incluso un adelantamiento electoral calculado por el propio Sánchez para intentar regenerar legitimidad —una jugada que ya ha practicado en el pasado con resultados mediados. El tercer escenario, más extremo, sería la aceleración judicial-política que termine forzando la salida del presidente —por presión política, pérdida de apoyos parlamentarios o por una implicación judicial directa—, lo que abriría un proceso de reconfiguración partidaria y gubernamental.

Finalmente, la variable internacional y económica no es neutra: el contexto europeo, la coyuntura económica y la atención de los mercados también condicionan los tiempos. Un gobierno que mantenga estabilidad macroeconómica y políticas claras frente a shocks internacionales tendrá más argumentos para apelar a la prudencia; pero la acumulación de escándalos y la percepción de impunidad reducen la capacidad de esos argumentos para detener la erosión política. En suma, el futuro de Pedro Sánchez depende de una mezcla de factores judiciales (que pueden acelerar o frenar el proceso), de recuperación política interna (capacidad de recomponer su base y la coalición) y de la respuesta social (si la protesta opositora se transforma en presión sostenida). La probabilidad de que la crisis derive en un relevo forzado es real, pero no rigurosamente determinista: habrá que ver si las respuestas de gobierno son percibidas como creíbles y suficientes.

El futuro del poder en Moscú vuelve a quedar envuelto en mensajes calculados y silencios significativos.

La sucesión de Vladimir Putin es, desde hace tiempo, una cuestión que circula por los pasillos del poder y las salas de redacción, y que el propio presidente admite tener “siempre en la cabeza”. En público ha sugerido que quiere que haya candidatos para que “el pueblo ruso tenga una elección”, pero también ha subrayado que —en última instancia— la decisión la deben tomar los rusos. Esa mezcla de retórica y control personal resume el núcleo del problema: la transición sólo será posible si el aparato político que él ha articulado lo permite.

La lista informal de posibles sucesores incluye perfiles diversos: tecnócratas de la administración fiscal, figuras del entorno de seguridad y militares, dirigentes regionales con trayectoria pragmática, e incluso nombres emergentes de la nueva generación política que se han ido visibilizando en los últimos años. Medios que han sistematizado esos nombres coinciden en que no existe una figura obvia y unánime; hay candidaturas posibles —Mikhail Mishustin, Sergei Shoigu en distintos momentos, gobernadores relevantes, e incluso figuras inesperadas del mundo empresarial o de los servicios— pero todas comparten la condición de depender del margen que el propio sistema “putinista” conceda.

Varios factores estructurales hacen que la sucesión rusa sea singularmente compleja. Primero, el diseño institucional: la Constitución prevé que, en caso de incapacidad del presidente, el primer ministro asuma interinamente, pero no resuelve quién emerge como candidato con respaldo efectivo de los aparatos de poder. Segundo, la personalización del régimen: durante dos décadas Putin ha concentrado capacidades de nombramiento, recursos y redes clientelares que erosionan la autonomía de cualquier rival potencial. Tercero, el contexto de guerra y sanciones: la guerra en Ucrania refuerza la lógica de seguridad y el peso de los servicios y militares en cualquier alternativa. Estos condicionantes hacen que la sucesión no sea sólo un problema de legitimidad electoral, sino una operación de ingeniería política entre élites políticas, FFAA y oligarquías.

El abanico de escenarios posibles puede sintetizarse en tres grandes caminos. El primero es la sucesión planificada y controlada: Putin designa o impulsa un relevo acomodaticio (un “putinista moderado”) que garantice continuidad en las líneas estratégicas y protección a las redes creadas. Ese escenario minimiza riesgos inmediatos de fractura pero puede profundizar la falta de legitimidad popular del nuevo líder. El segundo escenario es la sucesión por emergencia institucional: una caída brusca por salud o shock político que convoca al gobierno y al Consejo de Seguridad a imponer una solución técnica —por ejemplo, el primer ministro como presidente interino—, que podría disparar luchas internas entre clanes. El tercero es la competencia restringida: un relevo que pase por una campaña “controlada”, con candidaturas supervisadas y una votación gestionada desde arriba, destinada a conferir una pátina de legitimidad formal mientras se preservan los equilibrios de poder. Los riesgos de este último son la erosión de la confianza y la persistencia de tensiones no resueltas en la élite.

Resulta es útil diferenciar perfiles. Los tecnócratas (por ejemplo, figuras como el primer ministro o ministros con gestión visible) atraen por su reputación administrativa y porque pueden ofrecer cierta normalidad económica; los militares o ministros de Defensa proyectan fortaleza en un país en guerra, lo que les facilita apoyos en las redes de seguridad; los gobernadores robustos disponen de bases territoriales y experiencia ejecutiva; y los “outsiders” (empresarios o figuras del sector tecnológico) podrían ser considerados para encubrir una modernización económica bajo tutela política. Sin embargo, ninguno de esos perfiles reúne al mismo tiempo legitimidad popular, control del aparato coercitivo y aceptación entre las élites, lo que explica la persistente ausencia de un candidato único.

El factor externo también incide. La competencia entre grandes potencias —y la instrumentalización de lazos comerciales, energéticos y militares— convierte la sucesión en una cuestión de geopolítica: socios estratégicos (China, la Unión Europea en sus matices, y actores regionales) observarán con atención; cualquier desplazamiento brusco puede alterar compromisos y sanciones, con efectos directos sobre la economía y sobre el margen de maniobra del futuro liderazgo. Aquí la lección es clara: la sucesión en Moscú no es sólo un asunto interno, sino un evento de alto riesgo sistémico.

¿Qué peso tienen las señales públicas de Putin? Su insistencia en la necesidad de candidatos y en “dejar la elección al pueblo” puede leerse como un gesto instrumental: abrir la puerta a una sucesión con apariencia competitiva, sin renunciar al control de las reglas del juego. Pero la repetida afirmación de que la sucesión “siempre está en su mente” también funciona como recordatorio para las élites: la transición será supervisada y, en última instancia, condicionada por la centralidad de Putin como árbitro último. Ese doble juego —aparente apertura y control efectivo— es la matriz que ha guiado todas las tomas de decisiones relevantes en la era pos-Yeltsin.

Para la oposición, los analistas y los actores internacionales, las implicancias prácticas son claras: cualquier sucesor con el sello del Kremlin garantizará continuidad en las líneas estratégicas exteriores, pero mantendrá la fragilidad política interna. Si la sucesión se produce por desgarro elite-elite, el riesgo es la inestabilidad y la volatilidad en la conducción de la guerra y la economía. Si, por el contrario, se gestiona con éxito una transición ordenada, el precio será probablemente la preservación de los privilegios y redes políticas existentes, con cambios limitados en la gobernanza real.

En conclusión, la sucesión de Putin es un rompecabezas de piezas desiguales: una Constitución con lagunas, un aparato de poder personalista, un país en guerra y una economía bajo presión internacional. Los nombres circulan, los escenarios se debaten, pero la variable decisiva seguirá siendo una: hasta qué punto la élite acepta una elección que no garantice la preservación de sus intereses. Mientras esa respuesta no esté resuelta, la “sucesión” será menos un proceso político transparente que una operación de equilibrio entre fuerzas y favores concentrados en el Kremlin.

La crisis desatada por los archivos Calarcá revela un país donde la frontera entre el poder y la ilegalidad vuelve a desdibujarse.

Las revelaciones contenidas en los conocidos como “archivos Calarcá” han sacudido la estructura del Estado colombiano y plantean dudas graves sobre la integridad institucional del país. Según la investigación periodística difundida por varios medios, los dispositivos incautados a alias Calarcá —uno de los jefes de las disidencias de FARC— contienen comunicaciones, correos, chats, fotografías y documentos que sugieren vínculos directos entre esa organización armada ilegal y altos mandos del Ejército Nacional y de los servicios de inteligencia.

Entre los nombres señalados aparecen el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según los documentos, estos funcionarios habrían facilitado información estratégica, rutas de movilidad, protección logística e incluso la creación de una empresa de seguridad “fachada” para favorecer a la disidencia, además de coordinar supuestamente pactos de no agresión con grupos armados ilegales.

El impacto del escándalo ha sido inmediato. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal formal, y la Procuraduría declaró la suspensión provisional del general Huertas y de Mejía a la espera de que se acredite o descarte su eventual responsabilidad. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que se ha conformado un equipo especializado para avanzar con la línea de investigación financiera, al encontrar una “gran cantidad de información de carácter financiero” asociada al grupo ilegal que permitiría rastrear flujos de dinero vinculados al financiamiento de operaciones de la disidencia.

El gobierno, por su parte, vive una crisis de credibilidad. En un primer momento, algunos sectores intentaron minimizar la magnitud del escándalo. Pero la presión institucional y mediática forzó al presidente Gustavo Petro a ordenar exámenes forenses a los chats y archivos incautados, reconociendo públicamente “serias dudas” sobre su autenticidad y solicitando una verificación rigurosa.

Para muchos analistas y exautoridades —como el expresidente César Gaviria— lo ocurrido representa un “grave riesgo institucional” que puede socavar las bases mismas de la legalidad y la seguridad estatal. Al mismo tiempo, se alzan voces que denuncian que no es un hecho aislado, sino un episodio más de una historia de infiltración y corrupción que ha cruzado gobiernos y periodos, reforzando la impunidad y el debilitamiento del Estado.

Para Colombia, el escándalo no solo compromete la credibilidad del gobierno en su gestión de la seguridad pública, sino que amenaza su repuesta institucional ante el crimen organizado. Si se comprobara que altos mandos del Ejército y de inteligencia facilitaron operaciones de disidencias armadas, estaríamos ante un quiebre institucional que debilita la legitimidad del Estado, compromete la confianza ciudadana y pone en jaque la estabilidad democrática.

El futuro inmediato dependerá de la transparencia de la investigación, del rigor judicial y de la voluntad política para perseguir los responsables sin sesgos. También será clave afrontar con decisión las reformas estructurales que impidan que este tipo de infiltraciones se repitan: controles efectivos, depuración de instituciones, fortalecimiento de órganos de inteligencia independientes, y supervisión internacional.

El affaire Calarcá es una prueba de fuego para Colombia y institucionalidad.

Un conflicto que expone el choque entre la agenda migratoria y el Estado de Derecho.

La reactivación de una investigación por desacato por parte del juez federal James Boasberg ha trasladado a primer plano una controversia que mezcla derecho procesal, política migratoria y la tensión entre poderes. En marzo pasado, dos aviones que transportaban a decenas de hombres identificados por la administración como miembros de una banda venezolana —y removidos bajo la invocación de la vetusta Alien Enemies Act— continuaron su viaje a El Salvador pese a un mandato judicial verbal ordenando su retorno. La decisión de no “hacerlos girar” es el hecho fáctico que hoy impulsa la pesquisa.

El proceso de Boasberg no es un mero trámite: el juez ya determinó en primavera que existía “probable causa” para investigar un posible desacato criminal por la supuesta desobediencia de órdenes judiciales, y tras idas y vueltas en las apelaciones ha resuelto reabrir la instrucción y solicitar declaraciones juradas de altos funcionarios involucrados. Entre los nombres citados en las indagaciones figuran la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y asesores jurídicos del Departamento de Justicia; también han sido mencionados funcionarios que asesoraron la operación. El objetivo del tribunal ahora es establecer si hubo una decisión deliberada de ignorar una orden judicial y quién tomó esa decisión.

Desde el ángulo jurídico, conseguir una condena por desacato criminal contra funcionarios de la administración enfrenta obstáculos prácticos y doctrinales. Para imputar desacato debe probarse que existió una orden judicial clara, que el acusado tenía conocimiento de ella y que actuó con voluntad de desobedecer. El gobierno sostiene que la orden verbal carecía de la precisión necesaria para aplicar sanciones criminales, y que los vuelos ya estaban fuera de la jurisdicción estadounidense cuando el mandato se dictó, por lo que no eran susceptibles de retorno. Además, autoridades del Ejecutivo han presentado memorandos de asesoría legal que, en su lectura, justificaban seguir adelante con las remociones. Estas son las líneas de defensa formales que complican la senda penal.

Sin embargo, la investigación tiene otras aristas que van más allá de tecnicismos procesales. Boasberg y otros jueces han subrayado la gravedad institucional de que decisiones ejecutivas eludan órdenes judiciales en materia de derechos y de debido proceso, especialmente en contextos donde las personas removidas pudieron haber quedado sin oportunidad de impugnar su designación como miembros de bandas. La Fiscalía y la propia Comisión del tribunal examinan además pistas financieras y la cadena de mando que permitieron la operación, con atención en si hubo ocultamiento de información o instrucciones contradictorias entre niveles del Ejecutivo. El contraste entre la argumentación de la Casa Blanca y la preocupación judicial por la protección de derechos es central en esta controversia.

¿Cuáles son las probabilidades reales de que prospere un juicio penal por desacato? Históricamente, las acciones criminales contra altos funcionarios por desacato son raras en EE. UU.; las sanciones penales efectivas contra miembros del Ejecutivo implican un umbral probatorio elevado y suelen topar con defensas basadas en inmunidad o en decisiones de política pública. No obstante, el propio Boasberg ya señaló que había indicios suficientes para investigar, y el hecho de que un panel de apelaciones autorizara reavivar el examen indica que la vía de la investigación judicial seguirá abierta. Incluso si no existe sentencia penal, la instrucción puede producir otros efectos: sanciones administrativas, erosión política, informes que alimenten comisiones del Congreso o cambios en la práctica administrativa.

Las consecuencias políticas son inmediatas. Para la administración actual, un proceso de desacato alimenta la narrativa de choque institucional y puede erosionar apoyo público, aun cuando las sanciones penales sean improbables. Para la oposición y grupos de derechos, el avance de la investigación funciona como prueba de que nadie está por encima de la ley. Asimismo, la exhibición pública de memorandos jurídicos, órdenes y comunicaciones internas puede convertir la causa en campo de batalla sobre la legalidad de las deportaciones masivas y la interpretación ejecutiva de leyes excepcionales (como la Alien Enemies Act). En suma: más que una cuestión técnica, el caso se ha vuelto una disputa sobre límites del poder y obligaciones constitucionales.

Un resultado probable a medio plazo es una decisión judicial que, si no deriva en una acusación penal firme, sí quede registrada como advertencia: el Poder Judicial marcaría el terreno sobre hasta dónde puede extenderse la flexibilidad ejecutiva en materia migratoria sin atropellar garantías procesales. Alternativamente, si la investigación identifica responsables claros y pruebas contundentes de conducta deliberada, podría prosperar una acusación —aunque la viabilidad de condenas penales seguiría siendo incierta por los factores antes señalados. En cualquier caso, el impacto reputacional y la presión política sobre la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional ya están en marcha.

Finalmente, el caso recalca un problema más amplio: el uso de herramientas extraordinarias de política migratoria en una era de polarización y de creciente litigio sobre derechos. Incluso sin una sentencia, la investigación por desacato en curso probablemente obligará a revisar protocolos operativos, responsabilidades legales y mecanismos de supervisión interna para evitar que futuras decisiones operativas de alto impacto se ejecuten sin controles efectivos. Y, al margen de la suerte jurídica inmediata, lo que se está dirimiendo es el principio de que la eficacia de la política pública no puede reemplazar el cumplimiento de las órdenes judiciales ni la protección del debido proceso.