El fallo de la JUTEP no solo exonera a un jerarca: deja en entredicho la autoridad moral del organismo llamado a controlar la integridad del Estado.

La resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) sobre el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, constituye un hecho de gravedad institucional inusitada.El organismo decidió —por mayoría frenteamplista— que no existe incompatibilidad entre el ejercicio del cargo de Danza y su vínculo laboral con prestadores privados de salud. La resolución, sin embargo, no se sustentó en el informe técnico del propio organismo, sino en una lectura claramente condicionada por la solidaridad político-partidaria.

El dato no es menor: el informe técnico de la JUTEP, en el que debería haberse basado toda resolución seria y fundada, concluía expresamente que Danza incurre en una situación de incompatibilidad. El documento advertía que el cargo de presidente de ASSE es jurídicamente incompatible con mantener vínculos laborales con instituciones privadas del sistema de salud, por la sencilla razón de que ASSE contrata —y debe fiscalizar— servicios con esos mismos prestadores. El principio ético y jurídico que regula la función pública es claro: quien contrata o supervisa no puede, al mismo tiempo, ser parte de la contraparte contratada.

Lo ocurrido en los últimos días confirma la pertinencia de aquella observación técnica. Tal como reveló El País, bajo la gestión de Danza ASSE celebró contratos con mutualistas en las que el jerarca mantiene vínculos laborales. El hecho no solo ratifica la existencia de una incompatibilidad objetiva, sino que plantea además un dilema ético evidente. La función pública requiere una distancia nítida entre el interés personal y el interés general, y esa línea ha sido vulnerada.

La resolución de la JUTEP no solo desconoce el rigor de su propio cuerpo técnico, al que cita pero desconoce, sino que al decidir en base a afinidades políticas pone en entredicho la razón misma de su existencia. Un órgano de control que actúa con sesgo partidario se despoja de la autoridad moral que le da sentido. El daño no se limita a un caso puntual: erosiona la credibilidad institucional de la JUTEP y, con ello, afecta la confianza ciudadana en los mecanismos de control ético del Estado.

El episodio debería preocupar más allá de las fronteras partidarias. En un país que se precia de su institucionalidad, el respeto a la independencia técnica de los órganos de contralor es esencial. Cuando las resoluciones se dictan en clave política y no jurídica, el resultado no es solo una mala decisión administrativa: es un golpe al corazón de la ética pública.

Por Julio María Sanguinetti

A treinta años de su fundación, el Círculo de Montevideo retoma el debate sobre la libertad, el desarrollo y el sentido de la democracia liberal.

Hace casi treinta años que fundamos el Círculo de Montevideo como un espacio de debate y reflexión que sentíamos necesario en medio de un tiempo histórico que se nos cambiaba. La primera convocatoria, en 1996, la titulamos Los Nuevos Caminos de América Latina y era sobre el desafío de la globalización que se nos había venido encima luego de que se cayó el Muro de Berlín y se puso punto final a la rivalidad de sistemas de la Guerra Fría.

Luego de tanto tiempo, volvimos esta semana a reunirnos en Montevideo, donde en general no habíamos transitado para evitar que las reuniones se contaminaran con mi militancia partidaria. Hoy, lejos de toda candidatura, aunque siga en el debate nacional, los 90 años de vida que vengo transitando me ponen lejos de cualquier expectativa, y eso deja la discusión en el plano que debe estar.

De los presidentes de entonces quedamos en el escenario Felipe González, José Sarney y Eduardo Frei. Desgraciadamente, Sarney no pudo venir, pese a la ilusión que tenía de hacerlo, para celebrar juntos los 40 años de aquel marzo de 1985 en que ambos asumimos la presidencia de nuestros países, luego de largos períodos dictatoriales: el brasileño, comenzado en 1964, y el uruguayo en 1973. Un traspié de salud le impidió viajar. Tanto Fernando Henrique Cardoso como Ricardo Lagos, que fueron grandes animadores del Círculo, están retirados, y nuestro querido amigo Belisario Betancur falleció.

Algunos vienen del socialismo, otros de la socialdemocracia o del liberalismo, pero la matriz común es la filosofía democrática liberal, la que inspiró las grandes revoluciones del siglo XIX en Francia, Estados Unidos y Holanda. En aquel momento no se veía alternativa para la democracia liberal y la economía de mercado. Fue lo que Fukuyama llamó "el fin de la historia" , en el sentido hegeliano de que ya no había una dialéctica de opuestos porque nadie controvertía. Alguna gente lo cuestionó sin entender lo que estaba diciendo y que era simplemente que no había otra alternativa de sistema.

Sin embargo, las cosas no fueron sencillas. La economía de mercado tuvo más éxito que la democracia, porque hasta China comenzó a vivir una etapa particular de capitalismo, pero siguió siendo comunista. El sistema político, en cambio, seguía siendo negado, no ya por el marxismo, sino por las viejas satrapías musulmanas del mundo árabe y la mayoría de los países africanos.

La globalización incorporaba un mundo digital a los modos de comunicación humana y a los sistemas de producción. Había una nueva riqueza, vinculada a ese nuevo mundo. No olvidemos que en 1985, cuando nosotros asumimos, no había Internet ni Wikipedia ni teléfonos celulares, que recién aparecían en el mundo. Hoy parece de otro tiempo histórico, pero es tan cercano como eso.

De todo eso hablamos en el Círculo esta semana y también de lo que esperamos, cuando estamos viviendo el colapso del concepto fundamental del respeto a las soberanías nacionales (pensemos en la invasión de Rusia a Ucrania) y el cumplimiento de los tratados internacionales (cuando Trump dispone aranceles de importación a diestra y siniestra, desconociendo incluso los propios acuerdos que él había realizado en su anterior presidencia). El mundo de libertad comercial por el que estamos luchando desde la reunión del GATT en Montevideo en 1986, que generaría luego la creación de la Organización Mundial de Comercio, está hoy eclipsado.

Vivimos la paradoja de que China, aun comunista en lo político, defiende la libertad comercial, y los EE. UU., otrora su paladín, hoy resucitan el proteccionismo.

En ese contexto, América Latina muestra la caída democrática en Venezuela y Nicaragua, la tragedia de la empobrecida Cuba y un sistema democrático generalizado, pero plagado de dificultades. Ellas han nacido fundamentalmente de presidentes populistas, basados en la explotación de emociones, de prejuicios, de elementos poco racionales y de una actitud mesiánica. Pese a ello, a los juicios políticos, a las renuncias presidenciales, el sistema se mantiene. Aun en Perú, donde siete presidentes en ocho años ejemplifican su inestabilidad política, mientras la economía preserva su ritmo habitual, manejada por un Banco Central independiente.

Hay quienes no dan importancia al debate político de ideas. O bien, como es habitual, lo hacen transitar por el camino de las denuncias y las recriminaciones, los pequeños escándalos que terminan en la justicia. Mientras tanto, el nuevo tiempo nos trae las incertidumbres de la nueva riqueza, los nuevos poderes, la marginación de quienes no logran acceder a una formación acorde con los tiempos. Estas no son abstracciones, son realidades, y ellas solo podrán atenderse si hay un diagnóstico acertado al que le añadimos luego una ejecución sensata, realista, inteligente, manejando con prudencia los siempre insuficientes recursos del Estado y las necesidades de inversión.

Pensar es necesario. Es lo que ha hecho y sigue haciendo el Círculo de Montevideo. No se trata tanto de imponer una idea como de abrir la curiosidad para seguir buscando caminos.

Según informó El Observador, la fiscal de Delitos Económicos denunció ante la JUTEP maniobras administrativas que interferirían en el caso Carrera, lo que podría configurar una intromisión del Ejecutivo en competencias judiciales.

Según informó ayer El Observador, la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) una denuncia en la que advierte la existencia de una "investigación paralela" al proceso penal por el caso del exsenador frenteamplista Charles Carrera.

En su presentación, la fiscal sostiene que desde la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) se habrían realizado interrogatorios administrativos a testigos y denunciantes que ya estaban comprendidos en la causa penal, sin conocimiento ni autorización del Ministerio Público.

El informe de El Observador precisa que Fleitas considera este proceder de "una gravedad institucional significativa" , por cuanto implica que un órgano estatal esté recopilando evidencias o declaraciones que pertenecen al ámbito exclusivo de una investigación judicial en curso. En sus términos, tal accionar constituye una "investigación paralela disfrazada de administrativa" , que vulnera la independencia funcional de la Fiscalía y compromete garantías básicas del proceso penal.

La fiscal subraya en su denuncia que este tipo de prácticas "afectan la democracia y el Estado de Derecho" , ya que erosionan la separación de funciones entre los poderes del Estado y abren la puerta a eventuales presiones o manipulaciones sobre testigos y funcionarios. Detrás del planteo se proyecta un problema mayor: la posible conformación de un esquema donde organismos dependientes del Poder Ejecutivo interfieran en investigaciones penales activas, particularmente aquellas con relevancia política o institucional.

El caso Carrera —que ya ha generado fuertes tensiones entre el Ministerio Público y sectores del oficialismo— adquiere así una nueva dimensión. La advertencia de Fleitas apunta a preservar la integridad del sistema acusatorio y el principio de que solo la Fiscalía General de la Nación puede conducir las investigaciones penales en el país. Si la denuncia prospera, podría abrir una investigación sobre eventuales responsabilidades administrativas o incluso penales dentro de la ONSC.

Más allá de los nombres y los expedientes, lo que se discute aquí es la solidez del entramado institucional uruguayo. Que una fiscal del Ministerio Público deba recurrir a la JUTEP para advertir sobre actos de otro órgano del Estado revela tensiones internas y desconfianzas que, si no se encauzan con transparencia, pueden dañar el equilibrio de poderes que distingue a Uruguay en la región.

La denuncia de Sandra Fleitas no solo interpela al Poder Ejecutivo: constituye un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar los límites entre las potestades administrativas y las competencias de los actores judiciales. La democraciano se erosiona de golpe, sino en los pliegues de pequeñas interferencias institucionales que, de ser toleradas, pueden volverse sistémicas.

La cooperación electoral entre los partidos de la Coalición Republicana, pero ello en absoluto implica una estructura única ?un partido nuevo? que diluya sus identidades históricas.

En una rueda de prensa ofrecida en el marco de la la primera sesión de la XXX Reunón Plenaria del Círculo de Montevideo, El exmandatario Julio María Sanguinetti afirmó claramente que la Coalición Republicana no debe convertirse en un solo partido, aunque sí admitió que los partidos que la integran podrían concurrir a las elecciones bajo un mismo lema.

Claramente, los partidos tradicionales que conforman ese bloque cuentan con una identidad propia, una historia distinta y una autonomía que debe preservarse.

Como subrayó Sanguinetti, “no es lo mismo ser blanco o colorado, no es lo mismo ser batllista que herrerista". Esas diferencias históricas y culturales deben mantenerse. Y en ese sentido, convertir todos esos partidos en uno sólo implicaría un abandono de esas raíces que esenciales.

La posibilidad de comparecer bajo un mismo lema en las próximas elecciones es un asunto meramente técnico-electoral, donde los partidos pueden compartir lema conjunto para sumar votos, sin que ello signifique fusionarse en un solo partido ni sacrificar su autonomía.

El acuerdo electoral puede ser útil para mejorar las posibilidades de competencia frente al Frente Amplio, pero que dicha utilidad no debe desplegarse a costa de la identidad partidaria.

En su evaluación, este planteamiento responde a experiencias anteriores en las que los partidos tradicionales, al intentar unificar su estructura, perdieron algo más que votos: perdieron claridad en su perfil y distinción en la mirada pública. Y en el fondo advierte que sacrificar identidad por unidad puede abusar de lo pragmático y vaciar de contenido lo esencial de la democracia partidaria.

En resumen: por un lado, la cohesión electoral de la Coalición Republicana desde la suma estratégica de partidos bajo un lema común; por otro, la preservación de cada partido como actor autónomo, con su propia historia y propuesta.

Este equilibrio es la única vía viable para que la coalición funcione sin diluir las raíces que han definido el accionar político de los partidos que la componen.

Del fondo obrero al fondo de los favores: la trama de corrupción que vincula al SUNCA y al Partido Comunista.

El Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (FOSVOC), creado con el propósito de facilitar el acceso a la vivienda para los trabajadores del sector, atraviesa el mayor escándalo de su historia. Lo que comenzó como una auditoría rutinaria derivó en una investigación penal que hoy revela una compleja red de desvío de fondos, manejos irregulares y una trama de vínculos políticos que alcanza al SUNCA y a figuras del Partido Comunista del Uruguay.

Como una de las piezas claves del caso se encuentra Stella Rey, exfuncionaria del fondo que ocupaba la jefatura del área de pagos. Desde esa posición tenía acceso a la cuenta del FOSVOC en el Banco República, con la autorización para ejecutar transferencias vinculadas al pago de salarios. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, Rey utilizó esa facultad para realizar casi doscientas transferencias irregulares hacia cuentas particulares y entidades ajenas al cometido del fondo. Entre 2023 y 2024 movió más de treinta y cinco millones de pesos uruguayos y alrededor de diecisiete mil quinientos dólares, parte de los cuales fueron retirados en efectivo o transferidos a intermediarios financieros que ayudaron a disimular el rastro del dinero.

Las auditorías y los registros bancarios exhiben gastos que poco tienen que ver con la función social del fondo: desde la compra de celulares y electrodomésticos hasta artículos personales, alimentos para mascotas y un estimulador sexual. Pero más allá de los detalles pintorescos, los fiscales sostienen que buena parte del dinero tuvo un destino más estructurado y grave: el financiamiento de actividades sindicales y políticas vinculadas al SUNCA y al Partido Comunista del Uruguay (PCU). Rey admitió haber actuado, en algunos casos, por indicación de Bruno Bertolio, expresidente del fondo y exdirigente del sindicato, ya condenado por estas maniobras junto a otros dos exdirigentes del SUNCA y militantes del PCU.

La Fiscalía prepara ahora la imputación formal de Rey por delitos de estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir y lavado de activos. Según el fiscal Gilberto Rodríguez, las pruebas demuestran que el FOSVOC fue utilizado como una caja paralela que servía tanto a fines personales como para financiar estructuras partidarias. Su colega, la fiscal adjunta Gabriela Gómez, subrayó que las transferencias carecían de cualquier respaldo administrativo y que la funcionaria había sobrepasado de manera flagrante sus competencias.

El caso, sin embargo, excede el accionar individual. Las declaraciones de los ya condenados apuntan a un esquema de desvío y encubrimiento sostenido por años, del cual tenían conocimiento sectores de la dirigencia sindical y del PCU. Nombres como Óscar Andrade y Daniel Diverio aparecen mencionados en testimonios y cruces documentales, aunque ambos niegan haber participado ninguno de los desvíos. La Fiscalía no descarta nuevas citaciones ni eventuales imputaciones.

Más allá de las responsabilidades penales que se determinen, el episodio expone con crudeza la fragilidad de los mecanismos de control dentro de algunas organizaciones sindicales y la opacidad de ciertas estructuras donde el poder gremial y la política partidaria se entrelazan con total desparpajo.

El FOSVOC, que nació para asegurar vivienda digna a los trabajadores, se convirtió en un instrumento de corrupción y clientelismo. El daño es doble: económico y moral. Porque lo que se dilapidó no fue solo dinero de los trabajadores, sino la confianza de miles de obreros que creyeron estar aportando a un fondo solidario y no a una maquinaria que terminó sirviendo a fines personales y partidarios.

El uso del "Código 9" en favor de una jerarca del Frente Amplio reaviva el debate sobre los privilegios y la transparencia en la gestión departamental.

La diputada y exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, fue protagonista de un episodio que reavivó la discusión sobre el uso discrecional de las potestades administrativas dentro de la Intendencia de Montevideo. Su vehículo había sido retirado por una grúa municipal a causa de una infracción de tránsito, pero lo recuperó sin pagar la multa correspondiente gracias a la aplicación del denominado "Código 9".

El hecho salió a la luz a partir de un pedido de informes cursado por el edil nacionalista Diego Rodríguez, quien solicitó detalles sobre el procedimiento que permitió a la jerarca del Frente Amplio exonerarse del pago. En la respuesta oficial, las autoridades de la comuna reconocieron expresamente que el "Código 9" fue utilizado para el caso de Cairo, admitiendo que este mecanismo permite levantar infracciones o liberar vehículos "por razones de servicio o situaciones excepcionales" , aunque sin detallar los criterios específicos que habilitan su uso.

Según la documentación divulgada, el beneficio fue gestionado internamente y sin registro público de la resolución. Incluso trascendió que Justo Onandi, hombre clave del MPP en la Intendencia capitalina y entonces secretario del director de Movilidad, acompañó a Cairo al momento de recuperar el vehículo, lo que refuerza la sospecha de un tratamiento preferencial.

El reconocimiento de la Intendencia, que admitió haber aplicado el "Código 9", generó críticas por parte de la oposición, que advirtió sobre la falta de transparencia y la desigualdad ante la ley. Rodríguez señaló que este tipo de prácticas "deslegitiman la gestión pública y abren la puerta a un uso político de las normas administrativas" .

Aunque la comuna argumentó que la diputada actuó en el marco de sus funciones y que la medida respondía a una "situación particular" , el episodio deja planteado un problema más profundo: la ausencia de controles y criterios claros sobre los mecanismos internos que permiten excepcionar el cumplimiento de sanciones. En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, la aplicación discrecional del "Código 9" se convierte en un símbolo de cómo los márgenes burocráticos pueden distorsionar la igualdad ciudadana frente al poder público.

El proceso que investiga una década de sobornos en la obra pública pone a prueba la solidez del sistema judicial argentino y el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner.

La causa de los cuadernos cobró un nuevo impulso ayer 6 de noviembre cuando en Buenos Aires se dio inicio al mayor juicio por corrupción de la historia argentina, que involucra a 87 imputados entre los que figura la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que comenzó en 2018 con los cuadernos del exchofer Óscar Centeno —en los que se registraban viajes con bolsos de dinero, presuntamente coimas de contratistas de obra pública para funcionarios del Estado— desemboca ahora en un proceso oral de enorme escala.

El expediente central, radicado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 (TOCF 7), incluye cargos por asociación ilícita, cohecho y lavado de activos, que la Fiscalía considera operados entre 2003 y 2015. En el arranque del juicio, fue leída la "elevación a juicio" con centenas de páginas, mientras las audiencias —vía Zoom— parecen destinadas a prolongarse por años. Los acusados incluyen exministros, empresarios de la construcción, ejecutivos y funcionarios públicos, lo que pone en escena una trama donde lo político, lo económico y lo judicial se entrecruzan.

El desarrollo del juicio es solo una pieza de un escenario mayor. En primer lugar, el componente penal: de prosperar las acusaciones contra Cristina Kirchner y sus coimputados, podrían venir condenas de entre varios años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y confiscación de bienes. Algunos informes estiman que los montos involucrados en el esquema de sobornos pueden superar los 70 millones de dólares.

Más allá de lo individual, el juicio abre la puerta a revisar la impunidad estructural del financiamiento ilegal de la política argentina y acostumbrar al sistema de justicia a procesos de gran escala, lo que podría generar precedentes sobre responsabilidad civil-administrativa y control del poder económico.

Por otra parte, está la dimensión política. Cristina Kirchner ya cumple una condena firme de seis años y está con arresto domiciliario. Este nuevo juicio constituye un riesgo no sólo para su futuro personal, sino para el peronismo que lleva su nombre tanto como para el sistema político argentino en general. Una condena o incluso un veredicto adverso podrían desarticular redes de poder, reforzar estructuras de rendición de cuentas y alterar alianzas electorales. Del otro lado, un fallo salomónico o una absolución parcial también podrían reforzar la percepción de tolerancia hacia la corrupción, lo que debilitaría la confianza ciudadana en las instituciones.

La combinación de factores judiciales, mediáticos y de opinión pública determina que este juicio será observado no solo por Argentina, sino por la región. Si el Estado logra sentar a figuras de alto nivel y demostrar que la ley se aplica sin privilegios, sería un triunfo institucional. Si la justicia queda atrapada en tecnicismos, demoras o gestos simbólicos sin condenas sustantivas, el impacto podría ser opuesto: afianzamiento de la lógica de que "la política es intocable".

En definitiva, la causa de los cuadernos no solo es un proceso penal: es un test de para el sistema democrático argentino sobre cuán creíble es la igualdad ante la ley, la transparencia del poder y el límite real de la impunidad.

El éxito del joven musulmán socialista abre una nueva etapa en la política urbana estadounidense, cargada de interrogantes sobre su capacidad de gestión y, tal vez más importante, su capacidad de liderar sin agrandar “la grieta”.

Zohran Kwame Mamdani ha pasado de representar el distrito 36 del Estado de Nueva York en la legislatura estadual a convertirse, con su reciente elección, en una figura que podría marcar una nueva etapa para la izquierda urbana estadounidense. Nacido en Kampala (Uganda), criado en Sudáfrica y luego en Nueva York, Mamdani proviene de una familia indo-ugandesa y es musulmán chií de la rama duodecimana. La referencia no es en absoluto baladí: la duodecimana es la principal rama del islam chií, o sea, la religión oficial de Irán.

Políticamente, Mamdani se ubica a sí mismo como “socialista democrático”. De hecho fue respaldado por organizaciones como Democratic Socialists of America (DSA) y se hizo conocido por impulsar leyes sobre vivienda asequible, transporte público gratuito y mayor intervención estatal en los servicios básicos. Su campaña para la alcaldía de Nueva York llevó esas propuestas a la primera línea: congelamiento de alquileres, guarderías gratuitas, supermercados municipales, impuestos a los ricos, transporte gratuito. Ese programa, por ejemplo, en Uruguay lo ubicaría en los sectores más radicales del Frente Amplio.

Pero el impacto de su triunfo electoral trasciende lo meramente ideológico. Primero, supone una derrota simbólica para el aparato tradicional del Partido Demócrata (lo que representaba el perdidoso Andrew Cuomo) en una de sus plazas históricas, mostrando que una agenda explícitamente redistributiva y de intervención pública puede ganar en un país crecientemente polarizado. Segundo, abre una puerta para que los musulmanes en EE.UU., una comunidad hasta ahora poco visible en las máximas instancias de gobierno municipal, puedan verse representados con mayor fuerza. Un triunfo de Mamdani no es solo suyo, sino de una generación que se forma en la intersección entre identidad religiosa, diversidad y progresismo urbano.

Sin embargo, su ascenso también se ha visto acompañado de tensiones profundas. Entre éstas, destacan las relaciones con la colectividad judía de Nueva York —la mayor de la diáspora en el mundo— que ha reaccionado con cautela, sospecha e incluso alarma ante algunas de sus declaraciones y de su pasado activismo pro-palestino. Organizaciones judías como la Anti-Defamation League (ADL) o la United Jewish Appeal-Federation of New York publicaron pronunciamientos donde expresaron que su elección “requiere una vigilancia rigurosa” pues, según sus análisis, sus posiciones públicas sobre Israel y los movimientos de boicot (BDS) podrían generar mayor vulnerabilidad para la comunidad judía en la ciudad.

Este cruce de identidades —musulmán progresista que recibe respaldo de comunidades de base pero genera inquietudes en la colectividad judía— convierte el triunfo de Mamdani en un fenómeno político de múltiples capas: de un lado, la representación ampliada; de otro, el desafío de gobernar en una urbe marcada por diversidad religiosa y tensiones geopolíticas.

Para que su victoria tenga sentido más allá del simbolismo, Mamdani deberá demostrar que puede gobernar con eficacia: gestionar un presupuesto municipal complejo, negociar con sindicatos sin sucumbir a la tentación demagógica, atraer inversión, mantener la seguridad pública, estabilizar el mercado de la vivienda, y a la vez construir puentes con todos los sectores de la ciudad, incluidas comunidades que lo han recibido con recelo. Su fe y su identidad agregan complejidad, pero también le ofrecen una plataforma de legitimidad si logra conectar con la ciudadanía más amplia.

En definitiva, Zohran Mamdani es más que un nombre nuevo en la política municipal estadounidense; representa la convergencia entre identidad religiosa, activismo progresista y renovación urbana. Su triunfo, si es exitoso en las realizaciones, podría redefinir lo que es políticamente posible en gobiernos municipales; si fracasa, mostrará los límites de la retórica transformadora frente a la gobernabilidad real.

La anulación de su condena y su liberación marcan un punto de inflexión en la política boliviana, donde justicia y poder vuelven a cruzarse en un tablero institucional en plena reconfiguración.

La expresidenta interina Jeanine Áñez fue detenida en marzo de 2021 tras la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales. Se la acusó de asumir la Presidencia de forma irregular, dictar resoluciones contrarias a la Constitución y permitir que las fuerzas de seguridad actuaran con impunidad durante las protestas que dejaron decenas de muertos.

En junio de 2022 fue condenada a 10 años de prisión por "resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes" y por incumplimiento de deberes, en el proceso conocido como "Golpe de Estado II".

El 5 de noviembre de 2025 el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) anuló esa sentencia e impuso que Áñez sea juzgada mediante un "juicio de responsabilidades", procedimiento especial para exmandatarios, ordenando su inmediata liberación.

Su liberación llega en un momento de cambio político en Bolivia: el reciente triunfo electoral del centroderechista Rodrigo Paz Pereira puso fin a casi veinte años de gobierno del partido Movimiento al Socialismo (MAS), lo que abre el escenario para nuevas alianzas y redefine la relación entre poder político, justicia y rendición de cuentas.

La repercusión de este hecho es múltiple: por un lado, refuerza entre sus sectores de apoyo la idea de que su arresto era persecución política; por otro, genera alarma entre víctimas de la represión de 2019, que reclamaban que se mantuviera la sentencia. Además, plantea un reto serio para la credibilidad del sistema judicial boliviano, al cuestionarse si la justicia fue utilizada con fines políticos o si realmente existieron garantías de proceso.

Para el nuevo gobierno, la liberación de Áñez puede convertirse tanto en una oportunidad como en un riesgo: una oportunidad para cerrar una página de polarización, y un riesgo si no logra implementar reformas que fortalezcan la institucionalidad democrática y eviten repetir dinámicas de crisis y judicialización política.

Este episodio vuelve a poner en el centro la tensión entre legitimidad democrática, Estado de Derecho y la necesidad de reconciliación nacional.

La democracia colombiana aún busca respuestas bajo las ruinas del Palacio, símbolo de un Estado sitiado por sus fantasmas.

El 6 de noviembre de 1985, el centro de Bogotá se convirtió en un escenario de horror cuando un comando del Movimiento 19 de Abril (M-19) irrumpió en el Palacio de Justicia, tomó rehenes entre magistrados de la Corte Suprema y reclamó un "juicio político" contra el presidente Belisario Betancur por haber roto los avances de paz.

Durante las 27 horas que duró la operación, el Ejército respondió con tanques y fuego, el edificio fue calcinado, quedaron cientos de muertos y desaparecidos, miles de expedientes fueron destruidos, y la sombra del narcotráfico quedó vinculada al ataque.

En una entrevista inédita de 2010, documentada recientemente por el portal Infobae, Betancur reflexionó sobre lo ocurrido: "Me equivoqué en el sentido de que debí haber hecho más pedagogía con los militares al iniciarse el Gobierno. Sí, en eso me equivoqué. Tenía que haber profundizado, charlas, conferencias, y no en una imposición de la arrogancia del poder" .

Asimismo admitió que "mi balance en este momento es que las fuerzas militares obraron de acuerdo con sus propios esquemas. Ahora, no estoy en capacidad de decir cómo fue que dentro los rehenes murieron. No estoy en capacidad de decirlo, porque son muchos los testimonios que obran en ese sentido" .

Y al referirse al papel del actual presidente Gustavo Petro en ese episodio, indicó que "hemos sabido después por documentos que yo no conocía, unas declaraciones del doctor Petro, en las cuales es muy explícito sobre el propósito que llevaban. El propósito que llevaban era tomarse el poder y era suscitar una rebelión" .

El vínculo del M-19 con el narcotráfico se tornó central en el análisis histórico de la toma. Investigaciones posteriores sugieren que el comando recibió apoyo logístico o financiero del cartel de Medellín, con el fin de frenar procesos de extradición que pesaban sobre sus líderes. Documentos judiciales revelan que entre los expedientes guardados en el Palacio había causas sobre estructuras de poder del narcotráfico y la política. Esto refuerza la idea de que la toma no sólo fue simbólica, sino estratégica: destruir pruebas, generar caos y desafiar al Estado.

El testimonio de víctimas y magistrados también dejó huellas imborrables. Cuando el presidente de la Corte suprema, Alfonso Reyes Echandía, logró comunicarse por radio, clamó: "¡Por favor, detengan el fuego! ¡Aquí hay civiles, hay magistrados, hay mujeres! ¡Es de vida o muerte!" . La solicitud permaneció sin respuesta mientras los blindados y el humo avanzaban inexorablemente. Las escenas de cadáveres calcinados, archivos desaparecidos, rehenes masacrados y la sensación de que la institucionalidad había colapsado se impregnaron en la memoria colectiva colombiana.

El impacto político fue inmediato y duradero. La política de paz impulsada por Betancur quedó eclipsada por la tragedia. Él mismo admitió que su apuesta por el diálogo y la reconciliación se vio desbordada por la fuerza militar y la guerrilla. La opinión pública, conmocionada, comenzó a respaldar medidas de seguridad más duras, se fortalecieron los grupos paramilitares y la línea dura frente a la guerra interna se consolidó. Cuando Petro, ex miembro del M-19, llegó a la presidencia, la fecha de la toma reapareció como una herida abierta: su insistencia en una versión que minimiza la responsabilidad de la guerrilla despertó críticas intensas.

Porque a cuarenta años, el episodio sigue marcando una fractura en Colombia: la del Estado que no pudo o no quiso evitar la tragedia, la de la guerrilla que la provocó, y la de la sociedad que reclama verdad. Betancur lo expresó con crudeza: "Me equivoqué en la arrogancia del poder" . La reflexión de un presidente que quiso hacer la paz, pero se topó con balas, humo y silencio, nos recuerda que la democracia se construye también en reconocer los errores.

Hoy, cuando las conmemoraciones vuelven a poner el foco en esa masacre, la memoria permanece incompleta. Quedan por resolver preguntas sobre quién dio la orden de ingresar con tanques al Palacio, quién fabricó el vacío de seguridad previo al asalto, por qué no se protegió a los magistrados y cómo fue que los expedientes se perdieron. Como lo señala la Comisión de la Verdad, el símbolo no es sólo el edificio destruido: es un sistema que permitió que la justicia ardiera, mientras la memoria se quemaba junto con los archivos.

La toma del Palacio de Justicia no fue únicamente un acto militar o guerrillero sino una redefinición del Estado colombiano. Un país que aspiraba a reconciliarse, que soñaba con la paz, se enfrentó a su contrario: la destrucción institucional, la impunidad, y la idea de que la violencia política puede sacudir incluso los pilares de la democracia. La verdad que sigue pendiente es si esas lecciones fueron aprendidas.

Por Tomás Laguna

El pasado 4 de noviembre, por elecciones secretas entre los 32 países miembros, se eligió por amplio margen al director general del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) al candidato de origen caribeño, postergando así las aspiraciones del candidato uruguayo.

En abril de este año (Edición N° 1030) reflexionábamos desde estas páginassobre qué tan relevante era acceder a la dirección general del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. Motivaba la nota el hecho de que, por primera vez en 83 años, un uruguayo competía por el cargo a través de un proceso electivo en el que 32 países concurrían mediante el voto secreto.

Para ilustrar al lector sobre este instituto de amplia difusión continental pero relativa relevancia nacional, basta con referir que el mismo se origina en una iniciativa de los Estados Unidos (año 1940) para crear una institución encargada, a nivel continental, de las ciencias y el desarrollo agrícola. En su primera etapa fue financiado por la Unión Panamericana, antecesora de la Organización de Estados Americanos. Hoy depende de los aportes que realiza cada país miembro. Desde hace un buen tiempo, a sus objetivos originales se le agrega el bienestar rural, incorporando un marcado condicionamiento social.

Hacíamos mención en aquella oportunidad a las dificultades que el instituto enfrenta para su financiamiento, considerando el atraso en los aportes de varios países miembros. Al 2024 (desconocemos la situación actual), solo 21 de los 34 países estaban al día en sus aportes. De hecho, en las elecciones fueron 32 de los 34 países los habilitados a votar. Recordábamos entonces que El Salvador y Venezuela estaban en cesación de pagos. Esta realidad económico-financiera condiciona la capacidad de intervención del instituto en todo el continente. En particular en nuestro país, donde siempre está la pregunta respecto a cuál ha sido el diferencial aportado por el IICA en los últimos años. Adicionalmente, surge la interrogante sobre cuáles deberían ser las áreas de contribución más relevantes del IICA al Uruguay de hoy, y se cuestiona si los programas existentes son una justificación para su existencia.

Terminamos aquella nota de abril expresando cuán necesario era reconocer que la silla de director general en la sede de Costa Rica no era para reclinarse cómodamente; antes bien, este sillón implica una enorme responsabilidad para encauzar esta institución de alcance continental pero de presencia diferencial en el territorio.

Así las cosas, llegamos al acto electoral del martes pasado. La República Cooperativa de Guyana presentó la candidatura del Dr. Muhammad Ibrahim, ingeniero agrónomo con más de 35 años de experiencia en instituciones internacionales como el CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) y el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura). Según sus referencias, es profesor, investigador y autor de una prolífica literatura sobre agricultura, agroecología, sistemas silvopastoriles, seguridad alimentaria y pagos por servicios ecosistémicos en América Latina y el Caribe. Nuestro país, por su parte, impulsó la candidatura del Ing. Agr. Fernando Mattos, cuya trayectoria refiere a su condición de productor agropecuario, vinculado al desarrollo ganadero, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, presidente del Instituto Nacional de Carnes y Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Claramente, dos perfiles diferentes a partir de una misma preocupación: el desarrollo socioproductivo y económico de la producción agropecuaria del continente. Por un lado, un académico y consultor vinculado a las instituciones que justifican su existencia por los servicios de consultoría; por otro, un profesional de la agronomía vinculado, por arraigo familiar y vocación personal, directamente a la producción agropecuaria. Pero además con amplia experiencia en el gremialismo rural y en la institucionalidad sectorial más importante del país, tanto aquella vinculada al desarrollo y acceso a mercados externos como la del Secretario de Estado responsable de la totalidad de los rubros del agro en su más amplia acepción. Estas elecciones eran la oportunidad para marcar un quiebre en el sillón de Costa Rica, ubicando en el mismo a profesionales de la producción antes que a consultores académicos internacionales, integrantes de tan selecto y distinguido grupo.

Finalmente, solo ocho países de 32 dieron su voto al candidato uruguayo.

Estamos inclinados a suponer que la geopolítica también metió la cola en las elecciones del IICA. Todo el CARICOM (Comunidad del Caribe), apoyado explícitamente por Estados Unidos, votó por el candidato guyanés. A nadie escapa la escalada de tensión en aguas del Caribe, sumada al conflicto limítrofe entre Guyana y la infame dictadura venezolana. En litigios de esta dimensión, la elección en un instituto de alcance continental no tiene relevancia; no obstante, no deja de sufrir la discrecionalidad al momento de configurar apoyos.

Es necesario mencionar, y de acuerdo a lo que nos han informado, que el status quo interno del IICA hizo también lo suyo, reivindicando la candidatura vencedora.

Siendo la votación secreta, resulta difícil identificar cómo se expresaron las distintas voluntades. Debemos creer que los países del MERCOSUR fueron parte de esos ocho votos, incluidos Chile y Bolivia. Salvo Paraguay, malherido con nuestro país luego de que Uruguay, apenas asumido el actual gobierno y ante la inminente elección para un nuevo Secretario General de la OEA, firmara una declaración junto a Brasil, Bolivia, Chile y Colombia proclamando su voto por el candidato de Surinam y, por lo tanto, negando su apoyo al canciller paraguayo presentado por su propio país. Acto penoso e innecesario de nuestro gobierno, torpemente enancado sobre sus compadres ideológicos, hecho que no es motivo de esta nota. De todos modos, no hubiera significado la diferencia. Lo cierto es que el Caribe mantiene hoy fuerte predominancia sobre tres importantes instituciones panamericanas: OEA, SELA y ahora el IICA. Lo del título: se perdió una oportunidad para que el IICA sea, por una vez, dirigido por un profesional del agro externo al sistema y su status quo…

Por Jonás Bergstein

Cuando el silencio sucede al grito, lo que queda expuesto no es la causa, sino la impostura.

El capítulo de Génesis titulado La vida de Sara comienza precisamente relatando su muerte. En la sabiduría judía se interpreta esa paradojal circunstancia —a saber: que un texto dedicado a la vida de una persona comience nada menos que narrando su muerte— en el sentido de que es sólo con la muerte, y sólo en esa fracción de segundo, que recién podemos aquilatar en toda su misión la vida de cada uno de nosotros. Recién en el instante en que se produce el tránsito de la vida a la muerte es que adquirimos esa visión póstuma (que todo lo aclara) de la vida de la persona.

Algo de esto nos pasó a nosotros cuando el 9 de octubre el presidente Trump anunció el acuerdo de cese de fuego en Gaza, refrendado algunos días más tarde en Sharm el-Sheij. En un abrir y cerrar de ojos todo se hizo más claro. Fue como si en un instante hubiéramos visto la luz, como si en ese instante hubiéramos visto desfilar en nuestra retina la larga sucesión de imágenes de los últimos dos años: el ataque del 7 de octubre; los festejos (sic) del 8 de octubre; la efervescencia en los campus universitarios en Estados Unidos (y en tantos otros); el papelón de las rectoras en el Congreso de ese último país; la cancelación de Spektorowsky (by the way: ¿qué pasó al final con el curso que de todas maneras se iba a hacer?); el monstruo diabólico del 8M y el inaudito archivo del expediente penal por la fiscal Puppo; los amigos que se hicieron a un lado (también los otros, que sí se dieron cita justamente en ese momento); y, muy especialmente, las marchas por 18 de Julio, salpicadas de banderas palestinas por doquier, clamando a los cuatro vientos por el genocidio israelí, con todos sus consabidos condimentos: "Israel, Estado genocida", "colonialista", "imperialista", "sionista", "fascista", "supremacista" , y cuantos otros "istas" pudieran andar por la vuelta.

Después de tanto alboroto, uno hubiera esperado que, producido el cese de fuego —por frágil que fuera—, esos mismos que tanto fustigaron a Israel hubieran salido a festejar, con ímpetu no menor, el fin de la guerra o, al menos, el fin de las hostilidades que, según ellos, tanto dolor y sufrimiento les causaban.

Sin embargo, nada de eso sucedió: el apagón fue total y generalizado. ¿Será que no se enteraron de los acuerdos alcanzados? Difícil. ¿Será que no quieren enterarse? Muy probable. El siguiente episodio ilustrará el punto. El 9 de octubre fue un jueves. Por uno de esos azares del destino, terminé participando en la marcha del 9 de octubre, la marcha de protesta contra el (pretendido) genocidio en Gaza (no resisto la tentación de transcribir los cánticos alusivos que se escuchaban: "¡Orsi, sionista, sos el terrorista!" ; o este otro: "¡A romper, a romper, relación con Israel!" ). Cuando me acerqué a una joven que portaba un cartel para preguntarle si sabía que ese mismo día se había anunciado la paz, su respuesta fue simple: "Ni idea" . Y, preguntada por el sentido de la ideología sionista-fascista que propone Israel —tal como ella misma la había definido, me respondió con toda espontaneidad: "Ah, eso tenés que preguntárselo a mi compañera de al lado" .

Quiere decir que se había abierto un rayo de luz y de esperanza, pero los compañeros no querían saber de nada: lo importante en ese momento —y, agregamos nosotros, en todo momento— no era la paz, sino que lo importante era marchar, protestar, manifestar. ¿Contra quién? No importa. Contra todo y contra todos: contra el Estado, contra el establishment, contra la sociedad organizada, contra los de arriba, contra el opresor, contra los que se la llevan de arriba, contra los judíos, contra los opresores. En fin, contra un largo "los", que nunca supe muy bien quiénes eran. (Hoy, sin embargo, creo empezar a intuir quiénes son: los "los" —si se nos permite el giro— lisa y llanamente no existen. Son una creación de la mente humana, un mito que un sector de la sociedad necesitó construir para depositar en él la fuente de todos los males, la fuente de todo). A fin de cuentas, es mucho más fácil trasladar al otro y al Estado la responsabilidad de nuestra vida que asumirla nosotros mismos y así erigirnos en los forjadores y protagonistas de nuestro propio destino.

Pero volvamos a lo nuestro. Para esos mismos manifestantes de marras —siempre tan bien dispuestos cuando de condenar a Israel se trata—, ¿no será que ahora tendría más sentido que salieran a las calles a celebrar la paz? ¿No tendría sentido que salieran a celebrar la supervivencia del pueblo palestino ante la inminencia de su apocalíptico genocidio? ¿O, aunque más no sea, para bregar por la consolidación de los débiles puntales que hoy sustentan el endeble statu quo? ¿O será que acaso el fin de las hostilidades dejó a unos cuantos sin asunto?

Desde nuestro punto de vista, las conclusiones saltan a la vista: mucho más importante que la paz, mucho más importante que la salud y el bienestar del pueblo palestino —en suma, mucho más importante que las personas, que los hombres de carne y hueso— es el rechazo a Israel y a los judíos; es la necesidad de descargar la ira contra aquel Estado; es el imperativo casi impostergable de dar rienda suelta a lo peor que hay dentro de nosotros.

Señor lector: es muy triste y dice mucho de nuestra condición humana. Pero, desgraciadamente, me temo que es cierto.

Por Susana Toricez

En la inmensidad del campo, una escuela rural recordó que el amor por la patria también flamea en silencio, entre niños, maestras y banderas nuevas.

Solía acompañar a mi padre cuando, por trabajo, concurría a diferentes establecimientos de nuestra campaña profunda.

Allí, en esos lugares donde los pocos habitantes están alejados de cualquier centro poblado, pude apreciar de cerca mucho esfuerzo, voluntad, respeto y amor por el trabajo. Pero, sobre todo, vi en aquellos compatriotas algo cada vez más escaso: vi amor por su tierra.

Cierta vez, al pasar por una escuela rural, casi en medio de la nada, mi padre y yo bajamos a saludar.

Dos maestras y una docena de alumnos eran toda la población escolar que concurría a diario.

Para llegar allí cruzaban cañadas, montes, puentes y, seguramente, varias porteras.

Nos contaron que allí ordeñaban para desayunar y recogían hortalizas y huevos para sus almuerzos.

En el local escolar todo lucía modesto, pero impecable. El lugar tenía una especie de amorosa pulcritud. Solo los símbolos patrios se veían opacos y desgastados, pero aun así flameaban dignamente en el techo y sobre la entrada principal de la escuela. Sin embargo, era evidente que esas banderas necesitaban un recambio.

Mi padre se ofreció para hacer las gestiones necesarias para que la escuela tuviera los tres pabellones nuevos: la Bandera Nacional, la Bandera de Artigas y la Bandera de los Treinta y Tres.

Él logró su objetivo y fue también el encargado de hacerles llegar la adquisición. Cada una de las banderas venía en un elegante estuche. Luego me contó lo felices que habían quedado en la escuela al recibirlas.

Cierto tiempo después volví a recorrer aquella zona. Era un 19 de junio.

Con gran alegría pude divisar desde lejos las impecables y fuertes banderas flameando al viento. Como estaban en pleno campo, se veían mucho antes de que se pudiera distinguir con claridad a qué lugar pertenecían.

Al llegar, la escuela mostraba un movimiento inusual. Padres, familiares, alumnos y maestras, vestidos con sus mejores galas, se disponían a cantar el Himno Nacional en honor a nuestro prócer.

Como el techo del local escolar era bajo, siempre recordaré aquella imagen de los relucientes pabellones casi rozando las caras de los niños. Eran el digno marco para escuchar las estrofas del Himno Nacional y recibir la mirada orgullosa de todos los presentes.

Ese día asistí a un auténtico homenaje a José Artigas en el Día de su Natalicio. Allí se respiraba respeto y sano orgullo de ser uruguayo.

Recuerdo aún las palabras alegres de un niño que se acercó y me dijo: "¡Las banderas son grandes como la escuela!".

¡Fue la expresión de amor más genuina!

Por Juan Carlos Nogueira

Cuando la autoridad se diluye, el poder busca a quien lo ejerza.

La caída de la dinastía merovingia (751 d. C.) no fue un hecho súbito, sino el resultado de un largo proceso de decadencia política, fragmentación territorial y ascenso del poder nobiliario, especialmente de los maior domus (mayordomos del palacio).

Estos funcionarios se convirtieron en los verdaderos administradores del Estado, ocupando el vacío de poder que caracterizó a los últimos merovingios. Aquellos rois fainéants "reyes holgazanes" quedaron reducidos a meras figuras decorativas.

La defensa del reino dependía más del prestigio militar de líderes como Carlos Martel que de la autoridad del monarca. Tras la batalla de Poitiers (732), la figura heroica de Martel eclipsó por completo al rey merovingio.

Su hijo Pipino, "el Breve" por su estatura y padre de Carlomagno, depuso al último merovingio, Childerico III, y se coronó rey de los francos en 751.

Toda esta introducción histórica ilustra un principio político atemporal: los gobiernos en los que la conducción efectiva se debilita o se dispersa tienden a generar vacíos de poder que otros actores no tardan en ocupar. En palabras del papa Zacarías, al justificar la entronización de Pipino: "Es mejor que reine quien tiene el poder, no quien solo ostenta el título" .

Estas palabras cobran especial vigencia hoy, cuando la figura del presidente parece opacada por la de su secretario y prosecretario.

A diferencia de la lenta decadencia merovingia, que se extendió por más de un siglo y medio, la administración actual ha enfrentado un rápido desgaste político y comunicacional. Según la encuestadora Factum, un 33 % de los uruguayos desaprueba la gestión del presidente Orsi (relevamiento realizado entre el 23 de septiembre y el 12 de octubre de 2025), cifra que podría haberse modificado tras la conferencia de prensa del 22 de octubre, en la que se anunció la rescisión del contrato con el astillero Cardama para la construcción de dos OPV, acto en el que el protagonismo recayó principalmente en sus secretarios.

La historia enseña que, cuando la autoridad formal se debilita, otros actores dentro del propio poder tienden a ocupar el espacio vacío. Así como los mayordomos del palacio fueron ganando ascendencia en tiempos de los merovingios, también hoy ciertos funcionarios parecen asumir un rol político cada vez más visible.

No se trata de pronosticar destinos ni de repetir la historia, pero las analogías son inevitables: toda época tiene sus Childericos y sus Pipinos, y el desenlace dependerá de quién ejerza realmente el poder y quién se limite a representarlo.

Resulta, por lo tanto, relevante reflexionar sobre la importancia de preservar el equilibrio institucional y la autoridad del presidente como depositario del mandato popular.