En una reciente y contundente presentación, el Partido Colorado, en la persona de su fórmula presidencial, reafirmó por qué tiene la mejor propuesta y el mejor equipo de seguridad. En tiempos donde la criminalidad continúa siendo uno de los temas que más preocupa a los uruguayos, nuestra histórica colectividad ha decidido poner sobre la mesa un plan integral, detallado y, lo más importante, ejecutable. El novedoso enfoque, que combina prevención y represión del delito, contrasta drásticamente con la ausencia de propuestas del Frente Amplio, atrapado en el letargo de su propio fracaso.

El Dr. Ojeda ha logrado lo que hasta ahora ningún otro candidato: presentar un equipo de expertos de primer nivel, con experiencia probada y visiones distintas pero complementarias. Figuras como Gustavo Zubía, Diego Sanjurjo, Jorge Barrera, Sara Durán y Gabriela Fossati conforman un grupo que, más allá de sus matices, está listo para implementar un verdadero cambio en la seguridad del país. Mientras nuestro Partido apuesta por un “shock de políticas sociales” para atacar las causas del delito, mejorar el sistema penitenciario y blindar las fronteras con apoyo militar, Orsi parece estar, a 15 días de las elecciones, en busca de respuestas. Y lo peor de todo: tiene escondido a su equipo, uno que él mismo sabe es tan impresentable como indefendible.

¿Qué propone el Frente Amplio? Nada. O, mejor dicho, propone volver al pasado. Orsi no ha dudado en fotografiarse (“trabajando” en sus propuestas) con personajes como Gustavo Leal y Charles Carrera, dos de los responsables del peor período en la historia de la seguridad pública del Uruguay ¿Cómo puede Orsi pretender liderar un cambio cuando se rodea de quienes llevaron al país a niveles alarmantes de homicidios, rapiñas y hurtos? ¿Qué confianza puede inspirar un candidato que se niega a hablar de seguridad y esconde a sus asesores por temor a las críticas? El silencio del Frente Amplio no es casual: saben que la gente recuerda cómo, durante sus 15 años de gobierno, la delincuencia se disparó mientras ellos hablaban de una supuesta “sensación térmica”.

Los números no mienten: bajo el ciclo de tres gobiernos ininterrumpidos del frentismo, las rapiñas aumentaron un 328%, los hurtos un 47%, y los homicidios se duplicaron, alcanzando niveles históricos, con más de 420 en un solo año. Este es el legado que dejaron y que el gobierno de Coalición ha comenzado a revertir, logrando una disminución significativa de los principales indicadores de criminalidad.

En este contexto, el Partido Colorado ofrece soluciones modernas y realistas para los cambios restan hacerse. Desde la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que asegure una gestión eficiente del sistema penitenciario, hasta la implementación de allanamientos nocturnos para combatir el narcotráfico, el programa de nuestro Partido es el más completo y audaz. Solo basta con echarle un ojo - https://programapartidocolorado.uy/ -. Y, sin embargo, también es el más equilibrado, porque no se limita a la represión: plantea un enfoque integral que incluye la prevención del delito desde la educación, el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento de la Policía Comunitaria.

Entre los ejes del programa se destacan la prevención integral, que abarca desde políticas de saturación social para niños y adolescentes hasta la articulación con el sistema educativo para garantizar un entorno seguro y protector; la represión del delito, enfocada en respaldar al funcionario policial, fortalecer las comisarías, ampliar el sistema de videovigilancia y combatir el ciberdelito; la lucha contra el crimen organizado, con medidas como el blindaje de fronteras con apoyo militar y la prevención del lavado de activos; la profesionalización policial, que incluye aumentos salariales, mejoras en la formación y en la salud mental de los efectivos; una profunda reforma del sistema penitenciario, que busca descentralizarlo y convertirlo en un espacio de rehabilitación; y la mejora de la coordinación del sistema judicial.

Por fuera de lo estrictamente ideológico y programático, el equipo de seguridad del Partido Colorado está compuesto por especialistas que entienden la realidad del país y tienen experiencia en la implementación de políticas públicas efectivas. Diego Sanjurjo, con su enfoque académico pero práctico, ha sido fundamental para diseñar políticas de prevención a largo plazo. Gustavo Zubía, conocido por su “mano firme” y su enfoque en la represión del delito, con amplia experiencia como Fiscal, aporta una perspectiva más que necesaria para combatir el crimen organizado. Gabriela Fossati, Jorge Barrera y Sara Durán, también suman sus conocimientos de la órbita penal en áreas clave como la investigación criminal y la lucha contra el narcotráfico, lo cual garantiza un abordaje integral y efectivo de la seguridad.

En la vereda de enfrente, el Frente Amplio intenta evadir el debate. Orsi se limita a señalar problemas sin ofrecer soluciones, mientras esconde a los responsables del desastre que el actual gobierno de Coalición se ha enfocado en revertir. Su programa está lleno de ideas que ya fracasaron en el pasado y de propuestas ridículas que prometen desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley mientras dejan a los delincuentes actuando sin control. Plantean, además, liberar presos como solución al problema carcelario. Nada nuevo. Siguen estando más enfocados en garantizar derechos a quienes violan la ley que en proteger a los ciudadanos honestos.

La diferencia es clara: mientras nuestra fórmula y su equipo están listos para actuar desde el primer día, Orsi y el Frente Amplio siguen sin rumbo, atrapados en el pasado y sin el coraje necesario para enfrentar los desafíos de hoy. La seguridad de los uruguayos no puede esperar, y el Partido Colorado está listo para liderar el cambio –en la continuidad– que el país necesita. No hay duda, tenemos un gran equipo y las mejores propuestas.

Por Julio María Sanguinetti

Según las encuestas, la mayor preocupación de los uruguayos es la seguridad y allá por cuarto o quinto lugar se encuentra la educación. Esto quiere decir que no se “siente” con un problema grave, porque la prestación del servicio luce razonable y en términos generales la nueva generación va alcanzando algunos escalones más que sus padres.

La cuestión es que en el medio se produjo un cambio civilizatorio y la formación curricular debe adecuar fines y procedimientos. No es fácil, en ningún sentido. Pero impostergable, cuando sabemos que el mercado laboral ha cambiado al punto de que la mitad de los empleos que hoy existen están en riesgo en las dos próximas décadas. Hace rato que se viene generando este cambio, simbolizado en la desaparición de los viejos cajeros y cobradores, otrora personajes fundamentales de la vida civil. Paralelamente, la educación alcanzó durante el gobierno del Frente una debacle de rendimiento y de deserción. De lo peor de América Latina, para vergüenza de quienes fuimos pioneros y vanguardia.

En ese contexto, nuestro país inició en este gobierno un proceso de Transformación, identificado genéricamente en el paradigma de la educación por contenidos. Naturalmente, es un comienzo. Frente a esto, nos encontramos con una oposición realmente desaforada que ha oscilado en descalificar el proceso por apenas “cosmético” o ser la encarnación maligna de una “ofensiva conservadora y neoliberal”, como han dicho las Asambleas Técnico Docentes. Consideran que vivimos una “crisis estructural y orgánica del capitalismo” cuando lo que ya se murió es el sistema colectivista y hasta China es hoy capitalista. De esa fantasía, arrancan para sostener que nuestro proceso lo único que pretende es formar “mano de obra barata”, afirmación temeraria, que se combina con la idea de que se quiere impedir una “opción de vida crítica y emancipadora”. Todo es una mezcolanza utópica, sostenida en una especie de espíritu de resistencia a una presunta opresión del sistema del que tendríamos que emanciparnos. O sea críticos y no integrados. Vivir para el enojo, el puño crispado, en una palabra lejos del empleo, hundidos en el resentimiento.

En ese espíritu no puede sorprender este paro de 48 horas, de un martes y un miércoles, lanzado a diez días de la elección, con una movilización a todo trapo, de proclama y contenido rabiosamente opositor. Los alumnos no importan. Son los rehenes, como antes fueron la carne de cañón. Con total desprecio de su imperiosa necesidad de formación, se vive de paro, de conflicto en conflicto en medio de una indisciplina que les va invalidando sus capacidades.

El paro no fue un éxito. Lindó el fracaso. Pero, si faltan la mitad de los profesores, aunque los dos tercios de los alumnos vayan, la actividad se distorsiona. Parar dos días en el medio de la semana es liquidar toda continuidad de la misma. La manifestación posterior fue otro fracaso de Fenapes, porque la cara la salvó una vez más el SUNCA con su capacidad de movilización. Bastó mirar desde la acera para advertirlo.

En otro terreno, también tuvimos ayer un paro magisterial en Montevideo, por la agresión de una madre de alumno a una maestra. Más allá del caso específico, es una norma sindical ya adoptada, que basta una agresión, cualquiera sea, para detener todo. Los niños quedan rehenes de cualquier madre o padre exaltados, como suele pasar ¿Puede la autoridad prevenirlo, armando un sistema universal y asfixiante de vigilancia, que seguramente va a generar más rechazo que apoyo? ¿Siempre vamos a seguir de ese modo? ¿No es posible generar conciencia por otros procedimientos que no sean tan negativos?

La Fenapes es hoy uno de los mayores problemas del desarrollo nacional. La visión flechada de la mayoría de sus activistas en la historia reciente, exculpando a los violentos, más su rechazo a todo proceso modernizador, le transforman en uno de los más pesados factores de retroceso. “Hay que reventarlos”, dijo un día nuestro colega Mujica, cansado de las arbitrarias paralizaciones. Aún sin tanta drasticidad, es evidente que la sociedad toda tiene que superar ese factor de parálisis que al primero que congela es al Frente Amplio, al que ni le deja empezar a razonar.

El próximo gobierno tendrá que acelerar la marcha en el cambio. Seguramente los tendrá en contra, pero hay que animarse a decir, desde ya, que los cambios no se pueden detener. A la inversa, hay que profundizarlos.

El documento de la Mesa Política del Frente Amplio, publicado recientemente por un senador nacionalista, nos trae a la memoria el eterno “érase una vez” del frentismo: una historia que se repite, llena de miedos inventados, mentiras y difamaciones. Es la misma película que ya vimos en la campaña electoral del 2019, en el referéndum contra la LUC y ahora nuevamente. Cuando faltan las propuestas, la estrategia siempre es la misma: sembrar terror. Nada nuevo.

El documento al que hacemos referencia es un ejemplo de esto. Repite un sinfín de afirmaciones que no se sostienen. Hablan de un “95% de los hogares que perdieron poder de compra”, de “aumento de la pobreza infantil”, de “falta de medicamentos en ASSE”, de “un país en la deriva del narcotráfico”. Pero no hay datos, no hay cifras que respalden estas afirmaciones. Se basan en relatos catastróficos, en la difamación y en la mentira, para intentar vendernos la idea de que todo está mal y que la solución es volver a ellos. Pero, ¿cuándo estarán dispuestos a debatir con propuestas reales, con argumentos y con cifras?

Ya en 2019, cuando advirtieron que podían perder las elecciones, el tono cambió. Empezaron los ataques feroces y la manipulación. Los ministros frentistas lanzaban afirmaciones alarmistas sobre lo que sucedería si ganaba “el partido rosado”: se “perdería todo”; las “recetas fondomonetaristas” volverían. Todo ello en un intento desesperado por mantener el poder a costa del miedo de la gente. Aún recordamos cuando el propio Daniel Martínez se negó a aceptar la derrota tras los primeros resultados irreversibles.

No conformes con eso, llegó la pandemia, y el Frente Amplio optó por una opción radical: caceroleos, apagones, marchas, y hasta un “paseo a cielo abierto” organizado desde la Intendencia de Montevideo. En medio de una crisis sanitaria sin precedentes, en lugar de arrimar el hombro, optaron por criticarlo todo y generar incertidumbre. Y luego, con la LUC, la misma historia: mentiras sobre la privatización de la educación, la precarización de los alquileres, el desmantelamiento de ANTEL. Todo fue inventado para alimentar la campaña del miedo y hay que recordarlo.

La historia se repite hoy. Con un programa de gobierno que no quieren mostrar, con una falta de propuestas claras y concretas, vuelven a su herramienta favorita: el miedo. No tienen empacho en decir cualquier cosa para confundir a la gente. Se nos habla de “hechos opacos”, de un “gobierno al servicio de los más poderosos”. Nada más lejos de la realidad.

La Coalición, pese a todos los desafíos, ha mostrado responsabilidad y compromiso con la realidad del país. Frente al alarmismo de la izquierda, respondemos con acción y con resultados concretos. Mientras ellos apuestan a la división y el caos, el gobierno de Coalición ha trabajado para recuperar la economía, mejorar la seguridad, y enfrentar los problemas reales de los uruguayos.

El Frente Amplio necesita mirarse al espejo. Necesitan dejar de lado el autobombo y la difamación y apostar por propuestas serias. Mientras sigan con el mismo libreto de siempre, mientras opten por infundir miedo en lugar de ofrecer esperanza, seguirán quedándose sin argumentos y sin respuestas reales para los problemas de los uruguayos. Porque ya los conocemos, y ya sabemos que de ellos, siempre, la historia es la misma: sembrar miedo cuando no hay propuestas.

Mañana, sábado 19 de octubre, a las 17:30 hs, te esperamos en Montevideo Music Box (Larrañaga 3195) para el gran acto central del Partido Colorado. Vení y formá parte del cierre de campaña de nuestra fórmula. ¡No podés faltar! ¡Contamos contigo para hacer historia!

El reciente episodio del stand de la Lista 609 en la feria de Piedras Blancas, llamando a apoyar el plebiscito contra la reforma de la seguridad social, es una clara muestra del doble discurso que caracteriza a la izquierda. En su Plenario Nacional, el MPP aseguró que no acompañaría el plebiscito por considerarlo inapropiado. Mujica dijo hace poco que sería un “caos”. Ahora, por unos votos, el asunto cambia…

El stand de la 609 con el cartel “¡Jubilate a los 60, votá sí!” revela que, mientras el discurso oficial busca mostrarse moderado y racional, el ala más radical del Frente Amplio sigue empujando por las mismas recetas populistas que llevaron al sistema de seguridad social al borde del colapso. Y es esta falta de coherencia, esta incapacidad de liderar con claridad, la que pone en duda la capacidad de Yamandú Orsi para gobernar el país.

“Ser pusilánime logra estas cosas”, dijo el senador nacionalista Da Silva, y tiene razón. Orsi no puede controlar ni siquiera a sus aliados más cercanos. Dice una cosa en una conferencia y luego, en las ferias, sus seguidores promueven otra. Laura Raffo también lo destacó: “¿No es un caos, como dijo Mujica? ¿No es llamar a la crisis del 2002, como dijo Oddone?”. La falta de dirección es evidente.

El MPP pretende jugar a dos puntas. Por un lado, trata de mostrarse como una fuerza responsable, que busca consensos y rechaza el plebiscito. Por otro, en el terreno, sigue alineado con la estrategia populista del PIT-CNT y el Partido Comunista, que insisten en derogar una reforma absolutamente necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social. La misma reforma que el gobierno de Coalición impulsó con valentía, enfrentando las presiones de aquellos que prefieren seguir prometiendo lo imposible, aún a costa de poner en riesgo el futuro de las próximas generaciones.

La seguridad social es un tema demasiado serio para ser tratado con el oportunismo y la irresponsabilidad que están demostrando el MPP y el Frente Amplio. Mientras sigan con este juego de decir una cosa y hacer otra, seguirán demostrando que no están listos para gobernar. Porque gobernar es comprometerse, es tener una visión clara y no traicionarla por conveniencia. Y en eso, hoy por hoy, la Coalición es la única opción responsable para el futuro del Uruguay.

El monumento “El abrazo de los pueblos” amaneció, recientemente, vandalizado. En una ciudad como Montevideo, que solía ser un espacio de encuentro y respeto, resulta doloroso y preocupante ver la obra profanada con pintadas que claman “Israel genocida” y “Palestina libre”. Y, mientras unos supuestos “Anarquistas contra el genocidio” se ufanan de su obra, la comunidad judía y quienes valoran la convivencia en paz asisten atónitos a un nuevo episodio de judeofobia en nuestro país.

Este acto de vandalismo no puede considerarse un evento aislado ni como la expresión de un grupo radical desconectado de la realidad política. Muy por el contrario, esto es el producto directo de un discurso de odio que se ha venido fomentando sistemáticamente desde ciertos sectores políticos y sociales. “De aquellos polvos, estos lodos”, vuelve a ser –lamentablemente– uno de nuestros títulos. No se puede negar que la demonización constante del Estado de Israel, amparada y reproducida por sectores de la izquierda uruguaya, es lo que ha alimentado la marea de antisemitismo que estamos viendo.

Es necesario ser claros: las reiteradas condenas contra Israel emitidas por el Frente Amplio –siempre tendenciosas, siempre ambiguas– han contribuido a generar el ambiente en el que florecen estos actos. Hace un año, cuando el Frente Amplio evitó con meticulosa prisa condenar al terrorismo de Hamás, cuando en lugar de señalar a los victimarios apuntó contra la víctima, emitió señales equivocadas. La propia colectividad judía de nuestro país ha dicho que la actitud del Frente Amplio ante el conflicto en Gaza ha sido “lamentable”. Ha evitado llamar a las cosas por su nombre y ha preferido arrojar sombras sobre Israel, aunque eso implique minimizar o justificar el terrorismo al que el pueblo judío ha sido sometido.

Lo que vimos en Montevideo esta semana no es una coincidencia, es la culminación de un proceso que comenzó con discursos políticos irresponsables, que luego se tradujo en pintadas de odio en las paredes de la ciudad y que finalmente llevó a la profanación de un monumento erigido en homenaje a la inmigración judía en Uruguay. Los perpetradores se escudan tras el “antisionismo” y, como hemos señalado aquí en varias oportunidades, el antisionismo moderno no es más que la continuación del viejo antisemitismo, disfrazado de solidaridad con Palestina. Es el mismo odio, pero con un nuevo ropaje que resulta aceptable para ciertos sectores que pretenden autodenominarse progresistas.

Resulta irónico que quienes se llenan la boca hablando de justicia y derechos humanos, se alineen con quienes niegan el derecho del pueblo judío a existir como nación y tener su propio Estado. Aquellos que celebran la “diversidad” parecen olvidar que la tolerancia y el respeto no son selectivos, y que cuando se fomenta el odio hacia una comunidad, se están abriendo las puertas a la violencia.

Uruguay ha sido siempre un país de acogida, un lugar donde las diferencias culturales y religiosas han encontrado un espacio común para convivir. Pero ese espacio se está viendo amenazado por la irresponsabilidad de quienes han optado por el doble estándar y la demonización. Y aquí los resultados. No se puede sembrar odio y esperar cosechar paz. El Frente Amplio, y particularmente los sectores que han sido más vocales en sus críticas a Israel, no pueden llamarse a sorpresa.

Condenar la profanación del monumento no es suficiente si no se condena con la misma firmeza a quienes alimentan el discurso del odio, ya sea desde la política, las organizaciones sociales o desde la comodidad de una tribuna. Es hora de asumir responsabilidades.

Basta con mirar las bases programáticas del Frente Amplio para comprender la fragilidad de sus discursos. La LUC, esa ley que fue atacada con saña y virulencia, que motivó marchas y propaganda sin fin, ni siquiera merece una referencia directa en el programa de gobierno frentista.

No hay menciones, no hay propuestas de derogación, no hay nada. Los grandes defensores del derecho a la protesta han optado por ignorar completamente los artículos sobre la ocupación de lugares de trabajo, los piquetes y la legítima defensa policial que tanto criticaron ¿Qué ha pasado con esos “principios irrenunciables”? Parece que la coherencia también quedó fuera del programa.

Durante el debate de la LUC, el entonces senador Charles Carrera no ahorró palabras para advertirnos que la ley atentaba contra el derecho de reunión, la libertad de expresión y que criminalizaba la protesta social. Sin embargo, hoy, los mismos que agitaban esas banderas prefieren no hablar del asunto. En sus programas y documentos no hay una sola línea que proponga revertir las medidas que ampliaron las atribuciones policiales o limitaron los piquetes que impiden la libre circulación ¿Por qué? Porque saben que la LUC funciona. Los “perjuicios” nunca existieron más que en sus discursos de miedo.

El caso del régimen de alquileres sin garantía es igual de elocuente. Como el atento lector recordará, el Frente Amplio intentó sembrar el pánico con la figura del “desalojo exprés”, asegurando que la LUC dejaba a las familias en la calle sin miramientos. Hoy, sin embargo, ese tema tampoco es mencionado en sus bases programáticas. Aquel supuesto despojo masivo de viviendas simplemente no ocurrió ¿No sería más honesto reconocer que la medida ha permitido a miles de uruguayos acceder a un hogar sin las trabas que impiden alquilar? Pero, claro, reconocerlo implicaría admitir que el “desalojo exprés” era otra mentira.

La hipocresía no termina allí. Recordemos el debate sobre la regla fiscal. El Frente Amplio la calificó de innecesaria, la combatió con vehemencia e incluso intentó derogarla. Pero resulta que ahora, según sus “prioridades para gobernar”, la regla fiscal debe “consolidarse” y “fortalecerse”. La misma regla que supuestamente iba a ser la ruina de la economía y el desmantelamiento del Estado ahora es defendida como un buen instrumento de gobierno. No solo es hipocresía, es la muestra más clara de que el Frente Amplio no tiene una visión clara ni coherente sobre el país que quiere gobernar. Primero, la demonizan; después, la abrazan.

¿Y qué decir de la educación? Tras tanto alboroto por la “pérdida de autonomía” y la “militarización” del sistema educativo, las propuestas del Frente Amplio también son vaguedades. Hablan de cogobierno, de participación, pero no presentan soluciones concretas para un sistema educativo que ellos mismos dejaron en ruinas. Critican la eliminación de los consejos desconcentrados, pero no proponen cómo mejorar una gestión que en sus manos solo significó paros, conflictos y deterioro.

En definitiva, las bases programáticas del Frente Amplio no son más que un testimonio del fracaso de sus discursos apocalípticos. Los “cucos” de la LUC no solo no se materializaron, sino que demostraron ser inventos de una oposición desesperada por frenar los avances de un buen gobierno. Y ahora, en lugar de proponer un camino diferente, el Frente Amplio simplemente calla y, cuando habla, copia. Pretenden hacernos creer que son la alternativa, pero lo único que demuestran es que ni siquiera se creen sus propias promesas.

La memoria parece ser frágil en filas frentistas. No hay otra forma de explicar las declaraciones recientes de Gabriel Oddone y Pablo Ferreri sobre el supuesto rezago en infraestructura que enfrenta Montevideo. Oddone, quien suena como posible ministro de Economía en un gobierno de Yamandú Orsi, afirmó que la capital tiene un rezago importante en materia de obras. Ferreri, por su parte, habló de “pompitas de jabón” al criticar al gobierno nacional por no financiar la infraestructura de la capital. Todo esto, como si no hiciesen ya 35 años que el frentismo gobierna Montevideo y como si no hubieran tenido 15 años para gestionar todo, con mayorías y viento de cola, a nivel nacional ¿Dónde estaban esas preocupaciones cuando tenían las riendas del país y de la ciudad?

Oddone sostiene que Montevideo “no parece ser la capital de un país con un ingreso de 20.000 dólares per cápita” y menciona que es momento de llevar adelante proyectos que vertebren la ciudad. Parecería que se olvidó de que el Frente Amplio ha administrado la intendencia desde 1989, manejando recursos significativos que, al parecer, no se han traducido en la infraestructura moderna que se espera de una capital como Montevideo ¿Qué hicieron con el dinero de los contribuyentes? ¿En qué se invirtieron los más de dos millones de dólares diarios que recauda la Intendencia?

Por su parte, Ferreri critica al gobierno nacional por no apoyar con un “fondo de capitalidad” para Montevideo, como si el Frente Amplio no hubiese estado en el poder durante tres periodos consecutivos. En todo ese tiempo, ¿dónde estaba el supuesto compromiso con la infraestructura de la capital? Es curioso que ahora, cuando el Frente Amplio está en la oposición, Ferreri salga a pedir lo que no hicieron en 15 años de gobierno nacional, ocupando él cargos de relevancia en esas administraciones.

Es indignante escuchar a estos dirigentes criticar el estado de la infraestructura, como si el rezago fuera culpa de otros, cuando el Frente Amplio ha tenido todas las oportunidades para mejorarla. Los problemas de Montevideo no son nuevos, y su falta de infraestructura adecuada tampoco lo es. Han tenido el control durante más de tres décadas, manejando una recaudación diaria multimillonaria y con acceso a fondos nacionales. Sin embargo, la ciudad sigue mostrando deficiencias graves en vialidad, saneamiento y transporte público.

Ahora que están en campaña, pretenden hablar de “rezagos” y “necesidades” como si el Frente Amplio no tuviera ninguna responsabilidad. Señores, ustedes fueron los responsables. Tuvieron los recursos, tuvieron el poder y tuvieron el tiempo. Si Montevideo no está a la altura de ser la capital de un país con 20.000 dólares de ingreso per cápita, la culpa no la tiene el gobierno de Coalición, que tiene apenas cuatro años desactivando las múltiples bombas que le legaron. La tiene un Frente Amplio que ha gestionado con ineficiencia y que ahora pretende esquivar el bulto.

Es muy sencillo: la infraestructura de Montevideo no es deficiente por falta de apoyo del gobierno nacional, sino por falta de gestión del Frente Amplio.

No tenemos la intención de aburrir a los lectores ni de ser repetitivos, pero cuando se trata de la limpieza en Montevideo, es imposible no insistir. Este problema parece no tener fin, y es un reflejo de la desidia que, como es bien sabido, caracteriza a la administración del Frente Amplio en la capital desde hace más de tres décadas.

A pesar de las reiteradas promesas y discursos llenos de buenas intenciones, la realidad montevideana es la que cualquiera que haya caminado recientemente por Montevideo puede advertir: una ciudad con basurales a cielo abierto y barrios llenos de residuos acumulados. El reciente reclamo del diputado Martín Lema es solo una muestra más de un problema que lleva décadas sin resolverse.

Recientemente, Lema compartió imágenes de varios puntos de la capital donde los residuos se amontonan desde enero sin ninguna acción efectiva por parte de la Intendencia. Según los datos oficiales que manejó el legislador, al 30 de septiembre de 2024, la Intendencia tenía 25.259 problemas abiertos y sin resolver en el área de limpieza. Basurales que se reportaron a principios de año siguen igual o peor, y la administración frenteamplista sigue apelando a la paciencia de los montevideanos mientras la basura se acumula.

Lo que resulta más indignante es que el problema de la basura en Montevideo no es nuevo. Cada nuevo intendente frentista parece llegar con promesas de solución definitiva, pero al final del mandato la situación sigue igual o peor. En sus redes sociales, Lema señaló con precisión lo que muchos montevideanos sienten: “Pasan los intendentes y los montevideanos, entre promesas incumplidas y plata tirada, no tienen solución al tema de la basura”. Esta es la triste realidad de una ciudad que alguna vez fue referencia de orden y limpieza, pero que hoy se encuentra sumergida en la desidia.

La respuesta de la Intendencia siempre es la misma: culpar a los vecinos o prometer nuevas inversiones. En los últimos meses, la Intendencia ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para mantener la limpieza. Pero la realidad es que la limpieza de una ciudad no puede depender exclusivamente del civismo de sus habitantes; debe haber una gestión eficiente, un plan concreto y la voluntad política para hacer las cosas bien. Y esa voluntad parece estar ausente en la actual administración, como estuvo en las anteriores.

La limpieza de Montevideo no debería ser un lujo, debería ser un derecho básico de todos sus habitantes. Y mientras el Frente Amplio siga al frente de la Intendencia, parece que ese derecho seguirá pendiente.

Por Elena Grauert

La "piqueta fatal del progreso" implica que el mundo no puede detenerse, y la inteligencia artificial (IA) ha convivido entre nosotros durante mucho tiempo. Lo que debemos hacer es aprender a usarla, no pelear con ella. No es ciencia ficción, es una herramienta.

Uruguay, durante la década de 1920, experimentó la modernización, y muchos sectores de Montevideo sufrieron durante la construcción de la Rambla Sur. Ejemplo de esto fueron los “inquilinos del conventillo Medio Mundo” y el “complejo habitacional Ansina”. De ahí nace el tango al que hacemos referencia, un reflejo de la memoria de los hechos que se dieron. Hoy, la Rambla es uno de los paseos más populares y turísticos del país, pero en su momento significó la pérdida de muchos lugares para la gente.

Hoy hablamos de la inteligencia artificial generativa, capaz de emitir documentos, hacer música o diseñar planos que, a ojos humanos, son indistinguibles de los creados por personas. ¿Por qué menciono lo sucedido en los años 20? Porque, al igual que entonces, hay que humanizar la IA generativa. Esta tecnología nos ayuda a tener más tiempo para acceder al conocimiento. Es un Google más sofisticado que quizás nos lleve a reducir la jornada laboral sin bajar la eficiencia o productividad, permitiéndonos dedicar el tiempo a otras actividades, lo que se traduciría en un ahorro de tiempo y una mejor calidad de los servicios.

Debo confesar que este artículo lo escribí utilizando "ChatGPT". Le pedí que redactara un texto sobre inteligencia artificial como si fuera yo, y en cuestión de segundos lo hizo. Sin embargo, para evitar el plagio, utilicé algunas partes del resultado, combinándolas con mis propias ideas.

Para abordar el impacto de la IA en el empleo y la ética, utilizaré partes generadas por ChatGPT, que marcaré entre comillas. Esto me ahorra tiempo en la búsqueda de información.

"Las tecnologías basadas en IA, como los sistemas de aprendizaje automático y los robots, están cada vez más presentes en sectores que hasta hace poco eran impensables. Desde el comercio y la manufactura hasta los servicios financieros y la atención médica, las máquinas están comenzando a realizar tareas que solían ser exclusivas de los seres humanos."

La pregunta es, ¿cómo enfrentamos este problema? ¿Prohibimos la IA, imponemos impuestos a las empresas que automatizan? ¿Qué papel jugarán el Estado, la sociedad civil y las corporaciones?

Está claro que, como la piqueta fatal del progreso, algunas cosas desaparecerán o se modificarán. Con la IA, se puede sustituir gran parte de la información que ofrecen las personas con una velocidad de respuesta mucho mayor. Por ejemplo, en los centros de atención telefónica, se pueden crear más puntos de atención a un menor costo. Quizás desaparezcan las largas esperas que ocurren cuando llamamos a un servicio y escuchamos: "usted está en el lugar número diecinueve".

Sin embargo, las personas que pierden sus trabajos debido a la IA deben capacitarse para resolver problemas más sofisticados que aún requieren atención humana. Hoy en día, una de las habilidades más buscadas en el ámbito laboral es el desarrollo de habilidades blandas, algo crucial en las empresas de ventas.

Existen servicios que requieren el análisis de grandes cantidades de datos, lo que lleva mucho tiempo. Con la inteligencia artificial, este proceso se puede acelerar, y en ocasiones, esto puede salvar vidas, como ocurre en temas médicos. Sin embargo, siempre debe haber una persona capacitada para evaluar esos datos y verificar su corrección.

El tema central es la renovación laboral. Se crearán nuevos empleos, y para ello la reconversión laboral será fundamental. Estar en constante capacitación será el desafío tanto para las personas como para las empresas, que deben actualizar a su personal de manera continua. Hoy en día, incluso en la maquinaria de la construcción, se necesita personal que entienda el lenguaje digital.

"Las instituciones educativas, los gobiernos y las empresas juegan un papel clave en esta transición. Es imperativo que se inviertan recursos en la formación de las nuevas generaciones en habilidades digitales, así como en la reeducación de los trabajadores actuales. Programas de reciclaje profesional, cursos en línea y nuevas carreras adaptadas a las demandas del futuro laboral son fundamentales."

Además, los desafíos legales y éticos sobre la propiedad intelectual del algoritmo frente a la tarea humana son aspectos que deben regularse a nivel internacional. Los ciudadanos debemos saber si estamos interactuando con una máquina o con una persona, y cuál es la fuente de información. Es importante diferenciar qué parte de este artículo fue escrita por mí y cuál por ChatGPT.

Este tipo de regulaciones son necesarias en la industria tecnológica, donde la transparencia sobre la autenticidad del origen debe ser primordial.

"La clave estará en cómo nos adaptemos y cómo construyamos un marco regulatorio y ético que nos permita aprovechar las oportunidades que la IA nos brinda, sin perder de vista la necesidad de proteger a los trabajadores."

La sociedad debe entender que concebir el trabajo como lo hemos hecho desde el siglo pasado, con fábricas mecánicas y comunicación analógica, no permitirá que Uruguay avance. Para proteger a los más vulnerables, debemos construir una estructura productiva tecnológica que permita a las personas acceder a bienes y servicios más rápidamente, de manera más barata y con mayor protección. Esto incluye acceso a la educación y a la formación necesaria para salir de la pobreza.

Como decía Ricardo Pascale: "La economía debería pasar de la forma más perentoria a una economía que se base en mayor proporción en la incorporación de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación destinadas a la producción de sus bienes y servicios, de un valor único y mayor valor agregado." Esta es una oportunidad para transformar nuestro país en etapas, pero con un rumbo claro y un futuro esperanzador para el bienestar de la sociedad.

Hoy es inconcebible que se produzcan paros políticos en la educación pública en defensa de antiguos esquemas anquilosados que no han contribuido a mejorar los niveles educativos, sino todo lo contrario.

El futuro está en la educación y en las personas. "Lo más importante es que, como sociedad, sepamos gestionar este cambio de manera equitativa y responsable." El futuro del trabajo no está escrito, y dependerá de nosotros encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la justicia social.

Por Fátima Barrutta

Esta es una de las campañas más tristes de las que recuerdo haber participado.

Y no me refiero a las posibilidades electorales del Partido Colorado, que están mejor que en muchos comicios previos y muestran un crecimiento evidente.

Lo que me apena es otra cosa: ver la manera como se ha degradado el debate político, en una lógica que privilegia la capacidad de viralización en las redes sociales por sobre el verdadero intercambio de ideas y propuestas.

No estoy de acuerdo con la estrategia de Yamandú Orsi de no conceder entrevistas ni compartir instancias de diálogo con los demás candidatos, pero tampoco concuerdo con el programa de televisión que le hizo burla usando inteligencia artificial.

Discrepo con los comentarios machistas de Álvaro Delgado hacia su compañera de fórmula (felizmente se rectificó y pidió las disculpas correspondientes), pero al mismo tiempo me indigna y repugna la campaña de fake news lanzada contra Andrés Ojeda por un asesor directo de Yamandú Orsi. En este caso bochornoso, al tiempo de escribir esta nota, no habían llegado ni siquiera disculpas del Frente Amplio.

Rechazo la penosa trampa que se hace a la ley de cuotas en la confección de las listas de los distintos partidos, colocando a congéneres que son funcionarias públicas, para que renuncien y dejen lugar a sus suplentes varones.

Me repugna que en nuestro país existan minorías movilizadas que expresen su antisemitismo totalitario, vandalizando un monumento por la paz.

Y lo último que nos hemos enterado: operadores del FA escrachando al periodista español Javier Negre por haber hecho preguntas incisivas a Orsi: lo calumnian y amenazan en redes y llegan al extremo de publicar fotos del edificio donde habita.

No estábamos acostumbrados a esto.

No vale todo.

Realmente llegó la hora de patear el tablero, enderezar el barco y combatir con la mayor firmeza y unidad nacional los grandes dramas nacionales.

El primero de todos: la peste del narcotráfico que nos envenena, tanto por la violencia que genera como por el lavado de activos que envilece nuestra economía.

Otro más: la demagogia populista.

La persuasión fácil y engañosa de que los recursos públicos crecen de los árboles y que sería fácil aumentar el gasto previsional, sin una inevitable suba de impuestos, aportes laborales e inflación.

Basta de mirar para el costado.

Necesitamos recomponernos como sociedad, con un cambio cultural y social que nos interpele y haga surgir lo mejor de nosotros mismos.

No puede ser que sigamos dándonos manija dentro de nuestras propias cámaras de eco, vituperando al adversario -sea quien sea- y transgrediendo los valores éticos para convertirlo en enemigo.

La lógica perversa de las redes sociales nos empuja todo el tiempo a la polarización, al desprecio.

Pero está en nosotros torcerle el brazo y recomponer una comunicación basada en la disidencia respetuosa y tolerante.

No es una utopía: es la reconstrucción del Uruguay batllista, que a la inversa de promover la lucha de clases, forjó una sociedad integrada, que premia el trabajo y el esfuerzo, y un Estado presente en la protección de los más débiles.

La verdad es que me apena mucho ver que esos valores se trastocan en una campaña en la que se hace y dice cualquier cosa con tal de ganar.

Y no hay mejor manera de oponerse a ello, que seguir en el trillo de la militancia honesta y apasionada, por un Uruguay que nos vuelva a enorgullecer en este mundo convulsionado.

Por Alvaro Valverde Urrutia

El acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) sigue siendo un desafío diplomático, político y comercial clave para el primero. La próxima reunión entre los mandatarios Milei y Lula en el G20, marcará un momento determinante para su futuro. A pesar de las tensiones políticas, ambos líderes parecen reconocer la importancia de avanzar en la firma del acuerdo para impulsar las economías de sus países y del Mercosur.

La relación entre Argentina y Brasil ha atravesado momentos difíciles en los últimos meses, marcada por las diferencias políticas entre sus líderes, el presidente argentino Javier Milei y el brasileño Lula da Silva. Las tensiones entre ambos han sido evidentes, y la próxima reunión del G20 en Río de Janeiro marcará la primera ocasión en la que se encuentren cara a cara desde que Milei asumió la presidencia, lo que añade un componente de expectativa al encuentro.

A pesar de estas fricciones, ambos países se ven obligados a coordinar esfuerzos en temas de interés mutuo, como las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE). Este contexto adquiere especial relevancia en el marco del G20, donde Milei y Lula abordarán el acuerdo con los europeos. Una negociación que ha atravesado tanto fases de expectativas como de estancamiento.

Argentina y Brasil han sido actores fundamentales en el proceso de negociación del acuerdo Mercosur-UE, a pesar de sus diferencias ideológicas. La llegada de Milei al gobierno generó expectativas sobre un giro en la política exterior argentina, más orientada hacia la liberalización comercial.

Milei, que ha sido crítico del Mercosur, mostró una disposición a firmar el acuerdo con la UE. Su postura es más favorable que la de su predecesor, Alberto Fernández, quien, junto con Lula, presentó obstáculos a ciertas condiciones del acuerdo. Esto refleja un cambio significativo en la política de Argentina hacia el Mercosur y su relación con Brasil.

Lula, por su parte, ha enfatizado la importancia de cerrar el acuerdo con la UE como una oportunidad para consolidar la presencia de Brasil en el comercio internacional, a pesar de las críticas al Pacto Verde europeo, que anteriormente frenaban su apoyo. Las recientes flexibilizaciones a dicho Pacto han generado un nuevo impulso a las negociaciones, lo que convierte a Brasil en un actor clave para avanzar en la firma del acuerdo.

En el contexto diplomático y comercial, aunque las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil atraviesan una etapa de tensiones políticas, con desacuerdos entre ambos mandatarios, el comercio bilateral sigue mostrando signos de crecimiento. Según la Cámara Argentina de Comercio, el intercambio alcanzó los US$ 2,726 millones en setiembre, lo que representa un aumento del 27,1% en comparación con el mismo período de 2023.

Esta discrepancia entre el deterioro de las relaciones políticas y el crecimiento económico resalta la complejidad de la relación entre ambos países y presenta una oportunidad para que Milei y Lula limen fricciones y alineen sus posiciones en el marco de las negociaciones con la UE

En cuanto al Mercosur, que experimenta un período de estancamiento, debido en parte a las tensiones políticas entre sus miembros y las dificultades para alcanzar un consenso sobre cuestiones clave como la apertura comercial y la relación con terceros mercados.

La posibilidad de que el acuerdo Mercosur-UE se firme antes de fin de año, durante la Cumbre de Jefes de Estado en Montevideo en diciembre, podría revitalizar al Mercosur y mejorar su proyección y reconocimiento internacional. El tema de la flexibilidad del consenso será uno de los asuntos más determinantes que el próximo gobierno uruguayo deberá abordar.

Esta cumbre tendría una relevancia significativa, dado que Uruguay ha sido uno de los países más insistentes en cerrar el acuerdo. Sin embargo, persisten dudas sobre si la UE está preparada para finalizar el proceso, ya que aún quedan definiciones pendientes por parte de Europa.

Uruguay ha jugado un papel fundamental en mantener vivas las negociaciones del acuerdo Mercosur-UE. El presidente Lacalle Pou ha reiterado la importancia de la libertad comercial para evitar el aislamiento económico y ha señalado que el proteccionismo genera un círculo vicioso que limita las oportunidades comerciales. La firma del acuerdo sería un éxito tanto para Uruguay como para el Mercosur, ya que abriría nuevos mercados y consolidaría las relaciones económicas con una de las áreas de integración más importantes del mundo.

En este sentido, la reunión de Milei y Lula en el G20 será decisiva para definir el futuro del acuerdo. Ambos líderes, a pesar de sus diferencias, parecen estar alineados en la necesidad de avanzar en la firma, conscientes de que el Mercosur no ha logrado concretar un acuerdo comercial importante en más de 30 años. Además, el contexto internacional, marcado por la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, agrega un nivel de urgencia a la necesidad de diversificar los mercados y fortalecer los lazos comerciales con la UE.

De conformidad con lo expresado, el acuerdo también tendría implicaciones para el futuro del Mercosur. De concretarse, podría reavivar el interés de los países miembros en fortalecer la integración regional y avanzar en otros frentes comerciales. Sin embargo, si el acuerdo no se materializa, podría aumentar el escepticismo sobre la capacidad del Mercosur para adaptarse a las demandas del comercio global, lo que podría llevar a una mayor fragmentación dentro del mismo.

Por Jorge Ciasullo

El pasado miércoles, el PIT-CNT realizó una marcha, seguida de una oratoria, en apoyo a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), que llevó a cabo un paro de 48 horas.

Por supuesto, durante la oratoria se respaldó también el paro de los trabajadores de la empresa Copsa y se solidarizó con los empleados del sector lácteo, especialmente con los de Calcar y Parmalat.

Estos dirigentes, que parecen eternos, con salarios y licencias igualmente eternas, son plenamente conscientes de que el paro de Fenapes perjudica, en particular, a los sectores de la población de quintiles medio y medio bajo. Las familias de estos estudiantes organizan su vida diaria en función del horario en que los alumnos estarán en su respectivo centro de estudio, pero esto parece no importarles ni ser considerado.

Mientras tanto, aquellos adolescentes que asisten, a veces con gran sacrificio económico de sus familias, a centros educativos privados, reciben el programa de estudios sin alteraciones.

Por todo esto, si realmente lo que preocupa es la educación, el paro debería ser el último recurso y no el primero, ni realizarse sin antes intentar negociar o acercar a las partes.

El objetivo parece ser causar daño, pero este daño termina siendo un boomerang o un tiro en el pie. Es hora de que los dirigentes bien intencionados —porque los hay— tomen la palabra y la acción.

En cuanto al “fin del mundo” anunciado, su sola proclamación no debería merecer ningún comentario. Sin embargo, hay límites que no deben cruzarse, en particular cuando se miente de forma descarada sobre la situación del país y del empleo.

Por el momento, los inversionistas siguen confiando en la seguridad jurídica y económica de Uruguay, pero todo tiene su límite.

Por Daniel Torena

La estrategia de Nelson en la Batalla de Trafalgar, según los historiadores británicos, recuerda a la del General Epaminondas, de la ciudad de Tebas, en la Grecia Clásica. En aquella batalla, el ala derecha tebana amenazaba la izquierda espartana y su centro, manteniendo fijos a los enemigos mientras la izquierda destruía el ala derecha espartana.

En Trafalgar, Nelson contuvo el centro y la vanguardia de la flota franco-española, no amenazándolos directamente, sino atacándolos. Aunque se trataba de una táctica muy antigua que Nelson conocía por sus estudios de la Historia Grecorromana, la cual también era bien conocida por el Rey de Prusia, Federico el Grande, esto no disminuye de modo alguno el mérito de Federico en la Batalla de Leuthen o de Nelson en Trafalgar. En la guerra, las ideas fundamentales suelen transmitirse de una generación a otra.

Nelson escribió a Lady Hamilton sobre la conferencia que mantuvo con sus capitanes: "Cuando empecé a explicarles el 'Sistema Nelson', parecieron recibir una descarga eléctrica. Algunos derramaban lágrimas, todos lo aprobaron exclamando: 'Es nuevo, es singular; es tan sencillo'. Desde los almirantes hasta los subordinados repetían: 'Con solo que nos acerquemos a ellos, lograremos el triunfo. Señor, estáis rodeado de amigos a los que animáis con vuestra confianza'."

El 9 y 10 de octubre, el "memorándum secreto" fue difundido a los comandantes y jefes de la flota inglesa. De acuerdo con el documento del "Memorándum", preservado en los archivos del "Admiralty Committee Report", el 21 de octubre de 1805, en las aguas próximas al cabo de Trafalgar, se produjo la batalla naval más importante de las Guerras Napoleónicas. Esta le costó la vida al brillante Almirante Lord Nelson, pero resultó en una gran victoria sobre la flota franco-española.

A partir de esta victoria, la "Royal Navy" consolidó su poder naval, estableciéndose como la máxima potencia naval del mundo, con una gran proyección estratégica y geopolítica global. Este dominio de los mares perduró hasta la Primera Guerra Mundial, y el Imperio Británico se convertiría en el más grande de la Historia Universal, fundamentalmente basado en su control de los mares. La Batalla de Trafalgar fue la consolidación de una política estratégica crucial del Reino de Gran Bretaña, especialmente en el siglo XVIII.

El Almirante Lord Horacio Nelson es indudablemente no solo el máximo exponente o héroe naval de Inglaterra, sino uno de los grandes maestros de la historia militar y naval moderna. Fue un hombre de gran patriotismo hacia su nación y su rey, profundamente religioso y, al mismo tiempo, un caballero en todos los aspectos de su vida.

En Londres, con justicia se recuerda su legado con "Trafalgar Square", en homenaje a la histórica Batalla de Trafalgar.

La palabra que más se repite en las charlas del exilio no es apagón, ni hambre, ni miseria, sino una todavía más sombría, expresa el actor cubano Yunior García Aguilera en una compartible columna para el portal 14ymedio que recomendamos leer a continuación.

Cada cierto tiempo me reúno con cubanos que acaban de salir de la Isla o están de paso por Madrid. La palabra que más se repite en nuestras charlas no es apagón, ni hambre, ni miseria, sino una todavía más sombría: desesperanza. Un amigo que fue recientemente a Cienfuegos me mostraba las imágenes que hizo durante su visita. Las calles estaban prácticamente desiertas y las pocas personas que transitaban tenían la mirada perdida, pero no como quien aguarda un milagro, sino con la resignación del que ya no espera nada.

Las redes sociales, por otro lado, tampoco muestran un panorama muy alentador. Es cierto que las avenidas de Facebook parecen más concurridas que las calles reales de La Habana, pero allí coincidimos todos, los que nos fuimos y los que se quedaron. Y navegar por internet no es un paseo en velero, es remar en aguas turbulentas, donde las corrientes de opinión nos lanzan de un lado a otro, contra las rocas. Son más frecuentes las peleas entre opositores que las acciones concretas contra el régimen. Son más abundantes las descalificaciones, los insultos y el “fuego amigo”, que los consensos y las agendas estratégicas.

No hay nada nuevo bajo el sol, diría Salomón. Repasando nuestra historia, esa desesperanza aparece más de una vez. Todos recordamos al primer héroe, Hatuey, el cacique quisqueyano que vino a alertarnos sobre la ambición de los conquistadores y que lideró la primera rebelión. Nuestros libros de texto han hecho hincapié en sus últimas palabras en la hoguera, rechazando el boleto al paraíso y convirtiéndose en un paradigma de intransigencia. Pero de lo que nunca nos hablaron fue de su estado de ánimo en aquel momento. Y es que no solo se trataba de un ser humano condenado a morir de una forma espantosa, sino de un líder decepcionado. Uno de sus propios hombres fue quien lo traicionó, delatando su posición y facilitando su captura. Probablemente, Hatuey no tenía el menor deseo de reunirse en el cielo ni con los españoles, ni con su propia gente.

El otro gran héroe en taparrabos fue Guamá, quien resistió a los conquistadores durante una década, en lo que algunos llaman “nuestra primera guerra de los diez años”. Y después de todo ese tiempo, el gran cacique no murió en manos de sus enemigos, sino por alguien que compartía su misma sangre. Cuentan que fue un asunto de faldas, o más bien de naguas. Guamá había raptado a la esposa de su hermano, y este fue poseído por Caín. Mientras Guamá dormía en su hamaca, su propio natiao (hermano, en lengua taína) le clavó un hacha en la frente. Después de eso fue relativamente fácil para los españoles pacificar el territorio.

Todos conocemos la épica anécdota que convirtió a Céspedes en el Padre de la Patria. El bayamés fue capaz de preferir la muerte de su hijo antes que renunciar a su lucha. Pero, tal vez, ese sería su último pensamiento en San Lorenzo. A Céspedes lo persiguió la envidia de otros caudillos desde el mismísimo grito de independencia. Y cinco años después de iniciada la contienda, sería traicionado por la propia Cámara de Representantes de la República en Armas. No les bastó con destituirlo, también necesitaron humillarlo. Lo obligaron a marchar en la retaguardia de la tropa durante un mes y le retiraron su escolta. Violaron sistemáticamente su correspondencia, le negaron el permiso para reunirse con su esposa y con sus hijos gemelos en Nueva York y lo abandonaron en un recóndito paraje. Quizás nunca sabremos a ciencia cierta si fue delatado por sus antiguos compañeros o si su último disparo fue una bala suicida. Esto que voy a escribir podría resultar políticamente incorrectísimo, pero, con Céspedes, esa ilusión abstracta que llamamos Patria cometió parricidio.

Ni hablar de los últimos días de Martí y su innecesaria muerte en combate. Nuestra historia, leída sin histeria patriotera, está llena de desesperanza. Pero el objetivo de este artículo no es desilusionarte, querido lector, sino sacudirte.

Hace poco conversaba con una diplomática, cuyo nombre y nacionalidad me reservo, y me comentaba algo alarmante. Según su visión sobre Cuba, la degradación es tan acelerada, que existe la posibilidad de que el daño sea irreparable. Tal vez, ni siquiera cayendo la dictadura, seamos capaces de reconstruir en un tiempo prudente el cuerpo y el alma del país. En resumen, si el régimen sobrevive un quinquenio más, nos dejarían un Estado permanentemente fallido, donde resultaría imposible alcanzar la democracia y el progreso que tanto soñamos. Y esta fatalidad empeora si analizamos el contexto internacional, porque el mundo de hoy no está en condiciones de brindarnos la ayuda que necesitaríamos para reparar todo el daño acumulado.

Dicho esto, a apretarse el cinturón, a secarse las lágrimas y a recuperar la esperanza. No vamos a legarles a nuestros hijos esta lucha. Nos toca a nosotros… y tiene que ser ya.

Los oficiales de Kenia han logrado expulsar a las bandas de ciertas zonas de Puerto Príncipe que todavía lucen desoladas por el miedo a los ataques armados. A propósito, compartimos una completa crónica del NY Times.

Por si los autos quemados, las escuelas acribilladas a balazos, los edificios demolidos y las calles desoladas del centro de Puerto Príncipe no eran evidencia suficiente de las cosas terribles que han sucedido aquí, alguien dejó una pista aún más siniestra: cráneos en medio de la calle.

Una cabeza humana sobre un palo y otra en el suelo a su lado frente a una oficina gubernamental al parecer buscaba ser un mensaje amenazador de miembros de una pandilla hacia los oficiales de policía kenianos y haitianos que intentan restablecer el orden en Haití: tengan cuidado, nosotros mandamos en estas calles.

Un policía keniano que vestía un chaleco antibalas y un casco, y que patrullaba en un transporte blindado de personal estadounidense, tomó una fotografía con su teléfono celular, mientras otro maniobraba el vehículo alrededor de los cráneos.

Junto con una fotógrafa del New York Times, patrullé por Puerto Príncipe, la capital de Haití, con una misión de seguridad multinacional liderada por Kenia desplegada en el país. Durante el recorrido de seis horas, la gente en la calle ignoró en su mayoría a los kenianos y en ocasiones los abuchearon; en una ocasión, dispararon hacia el vehículo.

El patrullaje permitió echar un vistazo a los enormes desafíos que enfrenta la fuerza keniana al tratar de arrebatarle el control de Puerto Príncipe a los grupos armados que han perturbado la vida en el país, matando de forma indiscriminada, violando mujeres, incendiando vecindarios y dejando a cientos de miles de personas hambrientas y en refugios improvisados.

La ruta seguida por los oficiales reveló muchos edificios que la policía ha demolido para tratar de eliminar los escondites de los grupos armados.

Los policías también viajaron al puerto marítimo de Puerto Príncipe —la principal vía que tienen los alimentos, medicinas y otros bienes hacia Haití— , siempre alertas ante la posible presencia de francotiradores escondidos en los tejados.

En el puerto, los trabajadores estaban cargando un ferri para una nueva ruta marítima que traslada artículos hacia las provincias por agua, y así evitar los bastiones de las pandillas en tierra.

Los policías, a cuyos supervisores no se les permitió dar entrevistas, afirmaron que recientemente habían intensificado sus operaciones en un esfuerzo por “estrangular” a las pandillas desde varios frentes.

Un día después, un trabajador del puerto recibió un disparo y resultó herido.

Ese mismo día, los kenianos se enfrentaron en un tiroteo con miembros de grupos armados en motocicletas y encontraron bloqueadas las rutas hacia el puerto.

“Lo que más me sorprendió cuando llegué aquí fue que las bandas se atrevieran a atacar a plena luz del día”, afirmó en una entrevista Godfrey Otunge, comandante de la fuerza policial multinacional keniana. “¿Cómo puede ser posible?”

Las autoridades afirman que se han realizado avances importantes desde la llegada de los primeros policías kenianos en junio, y que la vida en algunos barrios está volviendo lentamente a la normalidad.

El aeropuerto de Puerto Príncipe reinició sus actividades después de que las bandas criminales fueran dispersadas de su perímetro. Muchos vendedores ambulantes han vuelto a trabajar y las pandillas también han sido expulsadas del principal hospital público de la capital.

Pero los policías kenianos están ampliamente superados en número y las bandas fuertemente armadas siguen firmemente atrincheradas en muchas partes de Puerto Príncipe. Grandes franjas siguen siendo zonas prohibidas, como el centro de la ciudad y la zona que rodea la embajada de Estados Unidos. Las bandas ya no controlan el hospital público, pero está en ruinas y no ha vuelto a abrir sus puertas.

Las bandas criminales también han ampliado su control fuera de la capital, tomando posesión de tres carreteras clave que unen a Puerto Príncipe con otras partes del país y sitiando pueblos y ciudades más pequeñas a los que la fuerza internacional no tiene recursos para llegar.

La semana pasada, un grupo armado en el valle del Artibonito, en la parte central del país, atacó un pueblo, lo que dejó un saldo de 88 personas muertas, incluidos 10 pandilleros.

Más de 700.000 personas que huyeron de sus hogares durante una ola de violencia en el último año y medio aún no han podido regresar. A la mitad de la población del país —aproximadamente 5,4 millones de habitantes— le cuesta alimentarse todos los días, y al menos 6000 personas que viven en campamentos precarios corren el riesgo de morir de hambre, según un análisis publicado recientemente por un grupo de expertos mundiales.

Haití ha lidiado con niveles impactantes de violencia de pandillas durante más de tres años, desde el asesinato del último presidente electo del país, Jovenel Moïse.

Muchas personas que huyeron de la violencia se asentaron en escuelas públicas y edificios gubernamentales. Casi 3700 personas han sido asesinadas este año, según Naciones Unidas.

Las rutas bloqueadas hacia Puerto Príncipe y desde ahí hacen que sea “casi imposible” que la policía intervenga a tiempo cuando las pandillas atacan nuevos lugares fuera de la zona metropolitana, afirmó el primer ministro de Haití, Garry Conille, en una reunión en Nueva York el mes pasado.

Además, la fuerza liderada por Kenia es lamentablemente pequeña.

Prevista inicialmente para 2500 agentes policiales, cuenta actualmente con poco más de 400. Por otro lado, los expertos estiman que hasta 15.000 personas son miembros de 200 pandillas haitianas.

La misión, de 600 millones de dólares, fue aprobada por Naciones Unidas, pero fue en gran medida financiada y organizada por Estados Unidos. Depende de contribuciones voluntarias y hasta ahora ha recibido 369 millones de dólares de Estados Unidos y 85 millones de otros países.

El gobierno de Biden anunció recientemente una asignación de ayuda aparte —160 millones de dólares— para la Policía Nacional de Haití.

El ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Musalia W. Mudavadi, afirmó en la reunión del mes pasado en Nueva York que 400 policías solo podían lograr un cierto número de objetivos, y dejó claro que las capacidades de la fuerza eran “actualmente insuficientes”.

El gobierno de Biden está intentando convertir el despliegue en una misión oficial de pacificación de la ONU, lo que exigiría que los Estados miembros contribuyan con dinero y personal.

El presidente de Kenia, William Ruto, tiene previsto enviar 300 agentes policiales adicionales este mes y otros 300 para finales de noviembre. Jamaica y Belice también han enviado un pequeño número de agentes.

Los refuerzos permitirían a los kenianos instalar una decena de bases de operaciones avanzadas en toda el área metropolitana y en el cercano valle del Artibonito para poder mantener asegurada una zona recuperada de las pandillas, explicó Otunge.

Cuando los kenianos respondieron a finales de julio a un ataque de pandillas en Ganthier, a unos 32 kilómetros al este de Puerto Príncipe, la operación duró una semana debido a la falta de apoyo aéreo y los agentes tuvieron que dormir en sus vehículos, dijo Otunge. No había comida para los policías kenianos, así que la policía haitiana compartió la suya, añadió.

Aun así, “expulsamos a las pandillas”, añadió con orgullo.

Modificar el estatus del despliegue de Kenia a una misión de pacificación podría ser la única manera de liberar a Haití del control de las bandas armadas y permitir la organización de elecciones para elegir un nuevo presidente, afirmaron los expertos.

El gobierno de Biden cree que sería la forma más eficaz de garantizar que una misión internacional continúe durante el tiempo que sea necesario, afirmó un alto funcionario del gobierno de Biden en una reunión informativa en la que se dijo a los periodistas que el funcionario no podía ser identificado porque estaba discutiendo asuntos diplomáticos.

“Tenemos una oportunidad de construir sobre esta base de seguridad, sobre este progreso, sobre un renovado sentido de esperanza”, declaró el secretario de Estado Antony Blinken durante la reunión de septiembre con funcionarios haitianos y kenianos.

Las operaciones de pacificación de la ONU tienen un largo y complicado historial en Haití, plagado de abusos sexuales y malas condiciones sanitarias que trajeron el cólera al país y causaron miles de muertes.

Pero a pesar de los problemas pasados, un exdirector del Consejo Presidencial de Transición de Haití, encargado de organizar las elecciones, ha instado a las Naciones Unidas a regresar.

“Estoy convencido de que este cambio de estatus, si bien reconociendo que los errores del pasado no pueden repetirse, garantizaría el éxito total de la misión”, afirmó el entonces presidente interino de Haití, Edgard Leblanc Fils, ante la Asamblea General de la ONU el mes pasado.

Carlos Hercule, ministro de Justicia de Haití, dijo que se sentía “impaciente” porque muchos agentes de policía haitianos habían abandonado el país, y añadió que Haití necesitaba un despliegue más robusto pronto.

Otunge, exdirector de operaciones de seguridad de la policía de Kenia que ha participado en misiones de paz en Sudán del Sur y Somalia, hizo un llamado a la paciencia.

Afirmó que no se detendrá hasta que Haití “recupere su gloria”.

“No puedo fallarle al pueblo haitiano”, afirmó Otunge. “Nunca he fallado y no estoy dispuesto a fallar en Haití”.

A la hora de comunicar, las similitudes entre ambos mandatarios latinoamericanos son mucho más profundas que sus evidentes diferencias, se argumenta en una interesante columna de opinión publicada en Infobae que deseamos compartir aquí.

Quien esto escribe es un comunicador argentino que trabaja en Colombia hace un año y divide su tiempo y sus contactos entre ambos lugares. Esta situación y mi deformación profesional me han llevado durante este tiempo a comparar las formas de comunicar y de posicionarse ante los públicos de dos personas que, a primera impresión, parecen totalmente antagónicas (incluso hemos presenciado enfrentamientos mediáticos entre ellos) como son Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, y su par argentino, Javier Milei.

Ahora bien, a la hora de comunicar y de marcar la agenda de todos los días (es importante destacar que son ellos dos quiénes imponen los temas en la arena pública de sus países, ya que hasta el momento la oposición no ha logrado descifrarlos -en ambos casos- y siempre se encuentra en una postura defensiva o reactiva) las similitudes entre ambos mandatarios son mucho más profundas que las diferencias.

Quienes trabajan en el ámbito de la comunicación o de la política saben que, desde hace algunos años, ya no existe diferencia entre el momento de la campaña y el de la gestión. Los gobiernos siguen en constante proselitismo para tomar decisiones e imponer sus proyectos de país. Es una realidad que se aplica en muchísimos lugares del mundo, pero que es aún mucho más palpable en la Argentina y Colombia con mandatarios que por la forma y el momento histórico en el que llegaron al poder, carecen de bagaje institucional y volumen político. ¿Qué tienen ambos a favor entonces? Son dos figuras particulares desde su concepción, muy histriónicas, que cuentan con un amplio respaldo en redes sociales para generar una multiplicación exponencial de sus mensajes que contornean un discurso estructurado en pocos ejes y con “enemigos claros”.

A partir de allí el modus operandi es casi idéntico. Mientras Milei identifica sus enemigos en “la casta” y en “los degenerados fiscales”, Petro lo hace en “la oligarquía” y “los anti-Colombia”. En el momento que Milei dice “que lo quieren voltear”, Petro acusa a la oposición de hacer “un golpe blando”. Diferentes posturas ideológicas, pero con un mismo patrón de comunicación: lo que une “a los nuestros” y lo que tenemos en común es el desprecio y, en muchas ocasiones, el odio por “los otros”, que no tienen ni una sola virtud.

Su comunicación y todo el aparato de “repetidores virtuales” no se basan en la construcción de algo nuevo o de un proyecto de país a futuro, sino en destruir “lo otro” (“la casta” o “la oligarquía” que son los causantes de todos nuestros males). Un discurso que, aunque peligroso, no deja de ser certero y de fácil consumo para sociedades (como la colombiana y la argentina) que están agobiadas de años de espera por una solución para sus problemas, que nunca llega.

En este contexto y ante este paradigma de comunicación también ocurre algo que, si bien acontecía en el pasado, no era tan claro como se presenta en este momento. La verdad y la coherencia de los datos pasan a un segundísimo segundo plano y parecen no importarle a nadie (ni al periodismo). Es decir que, lo que anteriormente era la base cualquier mensaje: la verdad, hoy es algo con un valor casi anecdótico. Lo públicos no buscan verdades, buscan frases y discursos que los reafirmen en sus pensamientos. Allí se sumergen sin mucha reflexión, ni cuestionamientos. Es mucho más una cuestión de fe (casi dogmática) que de argumentos.

Milei puede decir un día ante el Congreso de la Nación “que las provincias deben ahorrar USD 60.000 millones” para que sus ministros en menos 8 horas lo desmientan y digan “que la cifra es mucho menor” y que lo que dijo fue “algo relativo”. Por su parte, Petro, en medio de la huelga de transportadores más importante de Colombia de los últimos años, hace una alocución sobre el “software de espionaje Pegasus”, para que pocas horas después la fiscal general de la nación, el ministro de defensa y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia lo desmientan y digan “que no hay evidencia sobre ese caso”. Y en ambas situaciones a nadie le importa, ni le genera interrogantes.

Este es un fenómeno que no ocurre sólo en la región y es una constante en la política internacional. Hace pocos días hemos escuchado decir a Donald Trump, en el debate presidencial y sin ninguna prueba, que “en Springfield los inmigrantes comen perros y gatos” y también es famosa la temeraria frase de Vladimir Putin: “Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, enviarlos con él es cosa mía”.

Evidentemente, todo lo anterior nos deja algunas reflexiones y varias preguntas sobre la comunicación actual. En primer lugar, podemos aventurarnos a decir que en una sociedad “bombardeada” por miles de mensajes cada día, sin la capacidad de absorber todo lo que se le comunica y totalmente divida, el contenido está dejando de ser “el rey” y que “el impacto” está tomando un lugar mucho más central. Parece que cada día importa menos qué decimos y lo que gana lugar es cómo lo decimos y para quiénes hablamos. Impactar, replicar y potenciar le ganan el pulso a la verdad y la coherencia.

Para los comunicadores y periodistas esto representa un nuevo desafío (uno más en muy pocos años) y muchas preguntas. Si la verdad y la coherencia pierden lugar y lo ganan el impacto y el fanatismo ¿dónde queda nuestro lugar? ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Cómo las empresas y las personas se insertan en esta realidad? ¿Cómo se juega la ética y la moral de quien trabaja para informar /dar un punto de vista? Muchas preguntas para las que hoy, seguramente, no tenemos respuesta.

La confusión en cuanto al significado de dos conceptos clave en la ciencia política lleva a perder de vista que México enfrenta una regresión democrática, asegura el politólogo mexicano Alejandro García Magos en una nota para Letras Libres. La compartimos a continuación.

En estos días se habla mucho del fin del “régimen de la transición”, sin reparar en el simple hecho de que este concepto es un oxímoron; es decir, una combinación de términos opuestos. Un régimen político, por definición, es un conjunto de reglas aceptadas y acatadas por todos los actores políticos. Estas reglas establecen cómo se accede al poder y cómo quienes lo ejercen deben tratar a la oposición. En cambio, en una transición, las reglas son negociadas y modificadas por los actores políticos, quienes en un momento pueden preferir unas y en otro rechazar otras. Este oxímoron, “régimen de la transición”, sería meramente anecdótico si no fuera porque ha impedido –y sigue impidiendo– entender claramente la regresión democrática que atraviesa el país.

En gran medida, este problema es conceptual: tanto académicos como legos en la materia utilizan la palabra “régimen” para referirse a un grupo de individuos en el poder. De este modo, se habla con desdén de un “régimen salinista” o un “régimen foxista”. Este es un error que proviene de la ignorancia o del uso abusivo del lenguaje político. Lo correcto sería hablar del gobierno de Salinas o el gobierno de Fox; esto, por supuesto, no tiene la misma resonancia periodística que “régimen”, término que en el imaginario colectivo lleva connotaciones negativas, al menos en comparación con el más neutro “gobierno”.

En el México moderno podemos identificar dos regímenes claramente demarcados. El primero fue el régimen autoritario del PRI durante buena parte del siglo XX. Es importante aclarar que “autoritario” no es sinónimo de “arbitrario”, aunque a menudo se califica de “autoritarios” a los políticos que violan las reglas del juego. Un régimen autoritario, en realidad, es lo contrario. Un régimen, por definición, es un conjunto de reglas para acceder al poder que han sido aceptadas tanto por el gobierno como por la oposición, aunque sea de mala gana. Un régimen autoritario, entonces, es un sistema de reglas para acceder al poder que no contempla elecciones libres. En el caso del PRI, se trataba de un régimen autoritario basado en un sistema de partido hegemónico, donde las reglas eran muy claras: para acceder al poder era necesario ser miembro del partido, y el poder no estaba en juego en las elecciones. Vale la pena citar la definición del gran politólogo florentino Giovanni Sartori sobre la naturaleza de estos sistemas de partido: “Se permite la existencia de otros partidos, pero como partidos de segunda clase, tolerados, ya que no se les permite competir con el partido hegemónico en términos antagónicos y en igualdad de condiciones. No solo no ocurre una alternancia en la práctica, sino que no puede ocurrir, ya que ni siquiera se contempla la posibilidad de una rotación en el poder. La implicación es que el partido hegemónico se mantendrá en el poder, sea o no del agrado de la gente.”

Las reglas para acceder al poder en un régimen autoritario pueden ser formales o informales. Por ejemplo, una regla informal clave en el régimen autoritario del PRI era el llamado “dedazo”: el derecho inalienable del presidente saliente de nombrar a su sucesor en el cargo. Este derecho no estaba escrito en ningún estatuto del PRI, pero todos los priistas lo reconocían y acataban sin cuestionarlo. Lo mismo ocurría con las candidaturas a las gubernaturas: quien quisiera ocupar una silla de gobernador debía estar en buenos términos con el presidente, no con la población local, lo que convertía nuestro federalismo en letra muerta.

Pero sobre todo, el régimen del PRI impedía, tanto por la vía legal como por los hechos, que la oposición le disputara el poder en elecciones libres. Así pues, repito: el autoritarismo no es sinónimo de arbitrariedad. Todo lo contrario: las reglas electorales del autoritarismo priista aseguraban que el PRI ganara siempre, al poner la organización de las elecciones en manos de la Secretaría de Gobernación y la declaratoria de validez en el Congreso, este último compuesto en su abrumadora mayoría por integrantes del PRI. Es decir, declaraban válidas sus propias elecciones, actuando como juez y parte.

Eso era, pues, un régimen político con reglas claras y aceptadas sobre cómo llegar al poder y cómo tratar a la oposición. Básicamente, se accedía al poder haciendo carrera dentro del PRI, y se enfrentaba a la oposición haciéndole el vacío. Así funcionaba ese régimen, hasta que comenzó la transición democrática.

Una transición es exactamente lo opuesto a un régimen. Se trata de un momento político en el que las reglas se están negociando y los actores no están de acuerdo sobre ellas. En buen español, podemos decir que una transición es un paréntesis entre dos regímenes, es decir, entre dos conjuntos de reglas. En México, aunque algunos lo duden de manera interesada, hubo una transición democrática: un paréntesis entre el régimen autoritario del PRI y un régimen democrático que podemos llamar de entre siglos, en el que el poder se disputa (¿se disputaba?) en elecciones libres. Otro gran politólogo, el argentino Guillermo O’Donnell, escribe que “La señal típica de que una transición ha comenzado se presenta cuando los gobernantes autoritarios, por la razón que sea, empiezan a modificar sus propias reglas en dirección a brindar garantías más seguras para los derechos de individuos y grupos”.

¿En qué momento sucedió eso en México? Fue en 1977, cuando se aprobó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), que otorgó garantías a los partidos de oposición y permitió la entrada de sus diputados al Congreso a través de la representación proporcional. No es que el PRI deliberadamente iniciara la transición. Al contrario: volvamos a O’Donnell, quien señala que los gobernantes autoritarios, “por la razón que sea”, pueden modificar sus propias reglas en favor de otros grupos. Ahí está el quid del asunto. ¿Cuál fue la razón del PRI para aprobar la LOPPE, que en apariencia le era desventajosa? La respuesta es que buscaba dotarse de una hoja de parra democrática para ocultar su desnudez autoritaria. ¿Por qué lo hizo? Porque los tiempos habían cambiado: la tercera ola democratizadora comenzó en abril de 1974 con la Revolución de los Claveles en Portugal y cobró fuerza con la muerte de Franco en 1975. México no es una isla, a pesar de lo que muchos creen, y el PRI tuvo que adaptarse a los tiempos que exigían un autoritarismo más moderado.

En este punto, recurro de nuevo a O’Donnell, quien señala que el inicio de una transición no garantiza en modo alguno que culmine en un régimen democrático, es decir en un nuevo conjunto de reglas para acceder al poder a través de elecciones libres. La transición democrática en México es un claro ejemplo de esto, pues nunca fue un esfuerzo deliberado ni tuvo un hilo conductor. Se trató más bien de una serie de reformas electorales que avanzaron a trompicones, pero siempre con el objetivo de dotar de autonomía a las autoridades electorales en relación con el poder ejecutivo. Estas reformas carecieron de un enfoque coherente y no se implementaron de manera ordenada. Más bien, fueron reacciones a circunstancias específicas que obligaron al PRI y a la oposición a negociar. Aunque estaban orientadas hacia la democratización, avanzaron sin un plan claro; más bien, fueron concesiones políticas dentro de la dinámica parlamentaria, un punto más en la agenda del día. Las reformas de 1986, 1989-1990, 1993 y 1994 se enmarcan en este patrón. Cada una surgió como respuesta a una crisis del sistema: la de 1986 frente a la severa crisis económica de los años ochenta; la de 1989-1990 tras la “caída del sistema” en las polémicas elecciones de 1988; la de 1993 debido a la necesidad del gobierno de Carlos Salinas de ganar legitimidad política; y la de 1994 en respuesta al levantamiento zapatista.

En 1996, se alcanzó plenamente el gran objetivo de las reformas emprendidas en los ochenta y principios de los noventa: la creación de organismos electorales autónomos del poder ejecutivo. Esta reforma electoral tuvo lugar en un contexto de crisis, marcado por el “error de diciembre” y la devaluación del peso. Así, sin grandes celebraciones, nació la democracia en México con la autonomía conferida al Instituto Federal Electoral (IFE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Con esto culminó un extenso proceso iniciado en 1977 con una reforma política que, aunque buscaba consolidar la hegemonía del PRI, también impulsó accidentalmente una transición hacia la democracia.

¿Por qué digo que la transición terminó ahí? O’Donnell afirma que “la transición ha terminado cuando la ‘anormalidad’ deja de ser la característica central de la vida política, es decir, cuando los actores han acordado y obedecen un conjunto más o menos explícito de reglas que definen los canales que pueden utilizar para acceder a roles de gobierno, los medios que pueden emplear legítimamente en sus conflictos, los procedimientos que deben aplicar al tomar decisiones y los criterios que pueden usar para excluir a otros del juego. En otras palabras, la normalidad se convierte en una característica principal de la vida política cuando aquellos que participan activamente en ella esperan que los demás jueguen según las reglas –y el conjunto de estas reglas es lo que entendemos por un [régimen democrático].” En el caso de México, la anormalidad era que el PRI-gobierno fuera el encargado de organizar las elecciones.

Pero ese no es el fin de la historia. Las reglas, como estamos viendo estos días, pueden cambiarse en sentido opuesto: avanzar hacia un nuevo régimen autoritario. Para ello, en línea con las ideas de O’Donnell, algo muy significativo debe ocurrir: que los actores políticos dejen de reconocer las reglas del juego. Eso fue justamente lo que sucedió en 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador decidió no reconocer su derrota frente a Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de ese año. Las reglas eran claras: las elecciones las organiza el INE y las declara válidas el TEPJF. AMLO se rebeló ante estas autoridades y las mandó “al diablo”, rompiendo con ello el consenso político del régimen democrático de entre siglos. Esto lo sugiere claramente otro gran politólogo, el polaco-estadounidense Adam Przeworski, quien señala que la prueba del ácido de una democracia es que los perdedores acepten sus derrotas. En México, esto ha sucedido tres veces en veintitantos años de democracia: en 2000 con Labastida, en 2018 con Anaya, y en 2024 con Gálvez. En 2006 y 2012, el perdedor, que fue AMLO, se negó a reconocer su derrota. Vale aclarar lo siguiente, aunque resulta obvio: estas cinco elecciones se llevaron a cabo bajo las mismas reglas del régimen democrático de entre siglos que nos dimos los mexicanos.

Ahora bien, en los últimos años, bajo la presidencia de López Obrador, pasamos de las palabras a los hechos. En efecto, una cosa es que un candidato opositor actúe como un pésimo perdedor y mande al diablo a las autoridades, y otra muy distinta es que, ya desde el poder ejecutivo, este mismo individuo vuelva por sus fueros e intente recapturar a las autoridades electorales, poniéndolas bajo su órbita de influencia con nocturnidad y alevosía, y a punta de mentiras. La reforma electoral planteada justamente hace eso: pretende engañar a la gente al hacerla pensar que, si los consejeros del INE son electos por voto popular, seremos un país más democrático. Todo lo contrario. Esos consejeros serán propuestos por el poder ejecutivo (esto es, Morena), el legislativo (Morena otra vez) y el judicial (cuya independencia pende de un hilo).

Así, pues, es muy claro que estamos parados en una regresión democrática. Venimos de un régimen democrático que se consolidó en 1996, cuando las autoridades electorales obtuvieron su autonomía respecto al poder ejecutivo. Ese régimen fue, como no podía ser de otra forma, resultado de una transición democrática, que comenzó en 1977; antes de ella hubo un régimen autoritario, el del PRI, con sus reglas muy particulares, por todos conocidas y aceptadas.

Entonces, ¿por qué se habla de un “régimen de transición”, si la transición fue solo un paréntesis entre el régimen autoritario del PRI y el régimen democrático de entre siglos? Sencillo: porque la gente no sabe hablar.

Por LA LIBRERIA

Editorial Dahbar, 2023, 370 páginas. Ronna Rísquez.

“El Tren de Aragua…” es una obra imprescindible para quienes buscan comprender cómo una organización criminal surgida en el interior de una cárcel venezolana ha transformado el panorama del crimen en América Latina. Ronna Rísquez, periodista de investigación y experta en seguridad y crimen organizado, nos ofrece una mirada detallada y penetrante sobre los mecanismos, la expansión y el impacto de esta megabanda. El libro es fruto de tres años de investigación rigurosa, y Rísquez nos guía a través de los oscuros pasillos de Tocorón, la cárcel donde nació y desde donde aún opera esta organización, para contarnos historias que parecen sacadas de una distopía, pero que son profundamente reales.

Desde el inicio, el lector queda atrapado por la audacia y el rigor periodístico con los que Rísquez aborda el fenómeno. A lo largo de sus ocho capítulos, la autora detalla el surgimiento de la banda, su estructura organizativa, sus vínculos con otras mafias y su expansión internacional, que hoy incluye países como Colombia, Perú, Chile y Brasil, entre otros. Uno de los puntos más fuertes del libro es cómo logra entrelazar estas historias individuales y de alto impacto con una crítica profunda al colapso del Estado venezolano. Rísquez nos muestra cómo El Tren de Aragua ha sabido llenar los vacíos dejados por la institucionalidad en decadencia, ejerciendo control sobre territorios, ofreciendo “justicia” fuera del sistema judicial, e incluso gestionando servicios básicos como agua y electricidad en las áreas bajo su influencia.

Una de las principales virtudes del libro es la claridad con la que Rísquez desmenuza el funcionamiento interno de esta organización. Describe en detalle cómo El Tren de Aragua, liderado desde la cárcel por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, ha evolucionado de una simple pandilla carcelaria a una sofisticada red criminal internacional, con negocios que van desde el narcotráfico hasta la trata de personas.

El relato de Rísquez se ve enriquecido con testimonios de primera mano, entrevistas con expertos y un análisis profundo sobre el contexto político, social y económico que ha permitido la expansión de El Tren de Aragua. Uno de los capítulos más impactantes es aquel donde la autora narra cómo esta banda ha aprovechado la migración masiva de venezolanos hacia otros países de América Latina para establecer nuevos enclaves criminales. La organización sigue a los migrantes, ofreciéndoles supuestos “servicios de protección” que en realidad se convierten en redes de extorsión y explotación.

A lo largo del libro, Rísquez no solo se limita a narrar los hechos; también expone las consecuencias devastadoras que El Tren de Aragua ha tenido sobre las comunidades en Venezuela y otros países de la región. La expansión de esta megabanda ha generado niveles de alarma de violencia, secuestros, extorsiones y asesinatos, y la autora no evita las crudas descripciones de estos eventos. Además, destaca la incapacidad de los Estados, tanto en Venezuela como en los países vecinos, para hacer frente a esta amenaza, poniendo de aliviar la fragilidad institucional de las democracias latinoamericanas.

En resumen, el libro de Ronna Rísquez es una lectura obligatoria para quienes desean entender no solo el fenómeno de El Tren de Aragua, sino también las implicaciones más amplias de cómo el crimen organizado ha evolucionado en el siglo XXI. Con un estilo narrativo envolvente y un análisis minucioso, Rísquez consigue combinar el rigor periodístico con una narración que mantendrá al lector en vilo hasta la última página.