El Frente Amplio cumplió sus primeros cien días en el poder con una serie de anuncios tan vacíos como los resultados de su gestión. Presentaron una campaña en redes para anunciar logros tan poco creíbles como el “plan de salud mental” aún sin contenido, la “estrategia de drogas” que nadie conoce, un supuesto relanzamiento del Sistema Nacional de Cuidados que no existe, y una pausa en el proyecto Arazatí justificada por capricho ideológico. A esto se suma la fijación de una nueva regla para los combustibles, que castiga a los consumidores al antojo de decisiones arbitrarias.

Hablan de reactivar el diálogo social, pero solo lo usan como excusa para preparar ajustes disfrazados en la seguridad social. Hablan de luchar contra el crimen organizado, pero lo hacen creando comisiones y no generando resultados. Anuncian acuerdos comerciales con China como si fueran una novedad, cuando se trata de procesos heredados. Dicen haber asistido a las ollas populares, pero ¿no era que con ellos las ollas se terminaban?

No hay plan. No hay rumbo. No hay seriedad.

Tampoco hay mayorías parlamentarias. El frentismo no ha logrado imponer sus proyectos clave, como la creación de nuevos municipios ni la reforma de la Caja de Profesionales. La falta de habilidad para negociar evidencia la debilidad de su liderazgo. Y si fuera solo eso, podría tolerarse. Pero es mucho más.

El desfile de escándalos que atraviesa al nuevo gobierno es una muestra cabal de su doble vara. En estos 100 días, el Frente Amplio ha normalizado la falta de transparencia, ha relativizado la responsabilidad ética, y ha blindado a jerarcas cuestionados como si el poder otorgara impunidad. A nuestro editorial ya publicado que repasaba los casos de Cairo, Arim, Viera, Pereira, Koch y compañía, podríamos agregar la reciente designación de Rosario Portell como embajadora en Rusia. Una figura cuestionada por todos los gobiernos anteriores, incluso por Tabaré Vázquez, que la cesó dos veces por razones de “buena administración” y “contención del gasto”.

Mientras el gobierno intesta aplicar controles tardíos para corregir desprolijidades en la ANP, guarda silencio ante las irregularidades de Colonización. La compra exprés de una estancia por parte de ese organismo, justo durante el velorio de Mujica, revela no solo mal gusto, sino también improvisación y opacidad. No hubo estudio previo. No hubo informe técnico. Se compró, y después se vio si servía.

Los problemas no son solo de forma. Son de fondo. El escándalo de la vice de Colonización, que usó a su marido como testaferro para evadir la prohibición constitucional de ser colona, es una afrenta al orden jurídico, como sostuvo recientemente el Senador Robert Silva.

En el ámbito económico, los cruces entre el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y las bases sindicales del Frente Amplio han dejado en evidencia que no hay unidad interna. Oddone habla de moderación salarial, de desindexación, de equilibrio fiscal. Las bases, mientras tanto, lo acusan de neoliberal. Es el mismo drama de siempre: un gobierno dividido entre la razón tecnocrática y la pulsón asamblearia.

En política exterior, el manotazo de ahogado fue proponer la llegada de jóvenes palestinos para trabajar en el campo, en medio del escándalo por la declaración del Frente Amplio sobre Gaza. Una idea lanzada sin plan, sin garantías, sin transparencia. El diputado Felipe Schipani preguntó con razón: ¿Cómo se los va a elegir? ¿Quién financia el proyecto? ¿Se consultó a la colectividad judía?

También se ha revelado el fracaso en la protección de los más vulnerables. Dos personas en situación de calle murieron por hipotermia. Un niño falleció en custodia del INAU. Un paciente con problemas psiquiátricos murió tras una situación crítica en el Hospital de Clínicas. El Estado no llegó. El Estado falló. Y pensar que hace unos años hablaban de “muertes evitables” y “Estado ausente” para criticar la gestión de la pandemia.

Finalmente, en materia legislativa, el Frente Amplio ha demostrado una alarmante falta de visión estratégica. Su incapacidad para impulsar proyectos clave ha generado un parálisis institucional que contrasta con el entusiasmo reformista prometido en campaña. No solo no ejecutan, sino que estorban el debate. Ni una ley importante, ni una reforma sólida, ni una iniciativa convocante. Solo improvisación, declaraciones altisonantes y gestos simbólicos.

Los cien días de gobierno de Orsi son el retrato de una administración que llegó al poder sin plan. Lo que hay es marketing, blindaje político, lealtades partidarias y gestión a prueba y error. En tan poco tiempo, han producido más retrocesos que avances. Y, lo peor, sin asumir culpa alguna.

El frentismo había prometido transparencia. Ofreció eficiencia. Juró que venía a reparar injusticias. Lo que hay, en cambio, es un gobierno desprolijo, enfrentado consigo mismo, incapaz de liderar, y envuelto en una sucesión de escándalos que no hacen más que confirmar que, para muchos de sus integrantes, la ética es solo un discurso para los micrófonos.

Cien días. Y ya estamos agotados.

Por Julio María Sanguinetti

Se oye hablar a los políticos frentistas de la “herencia” del gobierno anterior como algo pesado de lo que no tenían noticia. Por supuesto se olvidan que si hoy el gobierno se las ve negras con la Caja de Profesionales es por su exclusiva responsabilidad al negarse en su tiempo a votar la ley que propuso el gobierno anterior. Lo surrealista viene cuando oímos hablar al Ministro de Economía y al Presidente del Banco Central, que nos hablan de un país estable a cuidar, de un rumbo a mantener, de un saneado prestigio crediticio que es fundamental...

El Ministro incluso propone ahora “desindexar” los salarios y esto ya suena a herejía a los oídos de un partido que, replicando a nuestro atrasado mundo sindical, hizo del reclamo salarial una protesta gimnástica que era como un modo de vida. Nunca terminaron de entender que si se procura una mejora “real”, el nivel general de precios vale tanto como el salario a la hora del poder de compra. Para mejorar el salario real, cuando hay una política consistente, desindexar los salarios puede ser lo mejor, porque ayuda a bajar la inflación y de ese modo indirectamente fortalecer el ingreso “nominal” del trabajador que pasa a ser mejor en “lo real”. En los viejos años inflacionarios, el país vivió esa carrera entre precios y salarios y bien sabemos que a la cortita gana el salario pero a la larga siempre pierde. Y también sabemos que indexar salarios de algún modo le fija un piso a la inflación, que se hace muy difícil, sino imposible, de bajar.

El Presidente del Banco Central, por otra parte, celebra que la inflación ha logrado mantenerse dentro del rango meta fijado durante dos años consecutivos y que “es un mojón sin precedentes en la construcción de la credibilidad de la institución que ha cambiado para siempre y sobre bases firmes”. No podemos estar más de acuerdo y eso sí que es una herencia virtuosa, que bien valoramos los que tuvimos que lidiar, en los años 80, con la locura inflacionaria de Argentina y Brasil, que transitaba por arriba de los 1000%. Naturalmente, en aquellos años que nosotros anduviéramos en un promedio de 70% sonaba a ejemplar, pero no podíamos ir a ningún ajuste cuando la prioridad era la transición institucional, que estaba por encima de todo y necesitaba paz social. Felizmente, en el gobierno de Lacalle Herrera se logró bajar la inflación a 44% y nosotros la entregamos cinco años después a 5%. A partir de allí, ya no se volvió más a los dos dígitos y eso habilitó una mejoría general de quienes más necesitan.

Ahí está el gran punto. Lo interesante, si se quiere curioso, es que el Ec. Tolosa señala que a los propios empresarios, también hijos de la tradición inflacionaria, les cuesta asumir cabalmente el éxito de la política llevada adelante por el Banco Central, desconfiando todavía de posibles rebrotes. Y en general a la ciudadanía, que sigue ahorrando en dólares pese a su debilidad.

El hecho incuestionable es que el Uruguay muestra solidez institucional, firmeza política y estabilidad económica. Lo reconoce todo el mundo, pese a la pandemia que a todos nos golpeó y de la que salimos bastante menos mal que el promedio. Lo otro incuestionable es que si queremos mantener nuestro sistema de seguridad social, precisamos desperadamente crecer y que para esto no hay otra alternativa que más inversión. Como ocurrió con la forestación, las zonas francas, los puertos y la construcción, que han recogido fundamentalmente capitales extranjeros y alguna parte del ahorro local. Esto es incompatible con los discursos que se le escuchan a políticos frentistas, ajenos a la realidad, ventrílocuos que siguen repitiendo los viejos eslóganes. Hasta se ha propuesto que el Estado salga a competir en el mercado de alquileres construyendo edificios para alquilar a pura pérdida. O se sigue apoyando a sindicatos, como el de la pesca por ejemplo, que ha sido un freno consistente a una actividad que por nuestra ubicación geográfica debería ser una actividad prioritaria. Bien sabemos que la mentalidad es lo más lento y difícil de cambiar y que si los 15 años de gobierno frentista, le enseñaron que no pagando la deuda externa o nacionalizando la banca se va al precipicio, aun les falta mucho para entender el mundo tal cual es. Ni la penosa agonía cubana, ejemplo cumbre del fracaso marxista, termina de convencer a más de cuatro de los habituales declarantes.

En fin, celebramos que el rumbo económico no ponga en riesgo lo alcanzado. Está claro que el Presidente Orsi tendrá un fuerte desafío para defender a su equipo económico y contener las ansias de una izquierda antigua, a la que le cuesta entender los caminos del crecimiento y que adolece de una irrefrenable tendencia al gasto.

El Presupuesto va a ser una prueba de fuego, pero el día a día de la administración tiene un enorme valor, cuando cada paso que se da puede responder a razonables criterios de eficiencia o al voluntarismo que nos llevó a aventuras como Gas Sayago, que todavía estamos pagando.

En fin, una herencia que no son pagarés a levantar sino un capital a cuidar.

El pasado lunes 9 de junio, en el Teatro San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se celebró la segunda edición de los Premios Ana Frank, donde se reconoció el compromiso con la democracia de tres destacadas figuras uruguayas: el presidente en ejercicio Yamandú Orsi y los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou. La ovación unánime del público no solo honró a los premiados, sino que también reafirmó el valor de la convivencia republicana y el respeto institucional en tiempos de creciente polarización regional.

Los Premios Ana Frank, organizados por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), distinguen a personalidades de la cultura, los derechos humanos, la justicia, el ámbito empresarial, medios de comunicación y representantes de gobiernos por su labor en favor de la convivencia en la diversidad, la cultura de paz, la inclusión y la conciencia contra toda forma de violencia y discriminación.

Este año, la ceremonia, conducida por los periodistas Rolando Graña y Mariana Contartesi, se realizó en el marco de un nuevo aniversario del nacimiento de Ana Frank, símbolo universal de la resistencia frente al odio. Su natalicio, el 12 de junio, ha sido consagrado en Argentina como el Día de los adolescentes y jóvenes por la inclusión social y la convivencia contra la violencia.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, fye recientemente acusado nada menos que de obstaculizar investigaciones vinculadas a narcotráfico, corrupción y lavado de activos cuando era fiscal de Corte. Sí, leyó bien: crímenes gravísimos que, según el fiscal Ricardo Perciballe, fueron apartados de su órbita por decisión directa de Díaz, en un movimiento que tuvo consecuencias devastadoras para su salud, su carrera y su familia. ¿Y cuál fue la respuesta del oficialismo frentista ante semejante denuncia? Rechazar su convocatoria al Parlamento. Silencio y protección. Nada nuevo bajo el sol.

La secuencia es de manual. Un fiscal —al que difícilmente se pueda acusar de “operador de la derecha”— denuncia que fue desplazado de su cargo en Crimen Organizado en momentos en que tenía investigaciones sensibles en curso. Denuncia que fue relegado a materias para las que no estaba preparado y, más tarde, rebajado jerárquicamente al área aduanera. Denuncia que todo fue parte de una maniobra para alejarlo de causas que molestaban. Lo dice con dolor, con precisión, con responsabilidad. Y lo dice, además, después de años de silencio, cuando el daño ya está hecho. ¿Qué hace el Frente? Calla. Como siempre.

Porque hay algo peor que una falta: la falta tapada. Lo grave no es solo lo que denuncia Perciballe, sino la reacción automática del Frente Amplio para evitar que se investigue. ¿Qué temen? ¿Qué podría decir el fiscal si se lo escuchara en comisión? ¿A quién podría implicar? ¿Por qué tanta desesperación por silenciar una voz que habla desde adentro del sistema? No se trata aquí de fuegos artificiales ni de una operación de prensa. Se trata de un fiscal que dice, con todas las letras, que fue apartado de investigaciones penales relevantes por motivos que conoce, pero que “es difícil decir”.

Y si es difícil para él, debería ser imposible para el Frente Amplio seguir fingiendo que no pasa nada. Porque los traslados de fiscales no son un trámite menor (como lo ha manifestado el propio frentismo que ya anunció que llamará a la actual Fiscal de Corte para que explique su manejo de fiscales). Son decisiones que inciden directamente en el curso de las investigaciones. Son herramientas de poder institucional. Y si se usaron para desactivar causas delicadas —como dice Perciballe—, estamos ante una bomba.

Lo dijeron bien claro los senadores Ojeda y García: si lo que afirma Perciballe es cierto, estamos ante uno de los casos más graves de la historia reciente. Porque no estamos hablando de una irregularidad administrativa. Estamos hablando de la posible manipulación del sistema para favorecer a terceros. De la eventual utilización del cargo de fiscal de Corte para proteger intereses espurios. Y si eso se confirma, no hay blindaje político que alcance para encubrirlo.

La gravedad institucional de este caso exige respuestas. Y exige, sobre todo, que se escuche al denunciante. Que se lo reciba en comisión, que se le pregunte, que se lo tome en serio. Porque, si lo que dice es falso, tendrá que demostrarlo. Pero si es verdad, hay funcionarios del Estado que deben rendir cuentas. Y esconderse detrás de mayorías circunstanciales no hace más que agravar la sospecha. El mensaje que transmite el Frente Amplio es claro: “de los nuestros, no se habla”.

El blindaje es un síntoma. Uno más. Y el Frente Amplio, lejos de hacer honor a sus promesas de cambio y transparencia, parece cómodo con esa vieja costumbre de proteger a los suyos, cueste lo que cueste...

Otra vez el Frente Amplio ensaya el viejo truco del “escándalo por encargo”, aunque esta vez con una torpeza digna de enmarcar. ¿El motivo? La compra de 5.300 cámaras de videovigilancia realizada por el Ministerio del Interior en el tramo final del gobierno anterior. ¿El argumento? Que fue una compra “directa” de US$ 33 millones, supuestamente precipitada y con dudas sobre la transparencia. Hasta ahí, la típica narrativa frentista: denuncismo oportuno, tono acusatorio, y una batería de pedidos de informes para agitar la sospecha.

El problema —para ellos— es que el propio ministro del Interior del actual gobierno, Carlos Negro, salió a decir que esas cámaras “sí se necesitaban” y que la compra estaba alineada con el programa de seguridad del Frente Amplio. Textual. ¿Entonces? ¿El escándalo era escándalo o era solo humo? Porque si las cámaras eran necesarias, y si el FA también pensaba adquirirlas, ¿cuál es el delito? ¿La fecha en que se firmó el contrato? ¿La modalidad de compra?

Negro intentó después matizar sus dichos en redes sociales, aclarando que “nunca respaldó la compra” y que tiene “dudas sobre la forma”. Pero el daño ya estaba hecho: al Frente Amplio se le cayó la opereta. No solo no logró instalar un caso, sino que su propio ministro les pisó el poncho en conferencia de prensa. Lo dijo sin eufemismos: “Sí las íbamos a adquirir nosotros”. Fin del relato.

Mientras algunos dirigentes del MPP, como Julieta Sierra o Daniel Caggiani, buscan generar ruido con una denuncia que se desarma sola, la coalición de izquierda debería concentrarse en ordenar su propia interna. Porque no se puede andar tirando acusaciones de corrupción cuando ni siquiera hay acuerdo dentro del gabinete sobre qué es lo que está mal. O todos alineados, o que dejen de ensuciar a los demás.

Si hay algo que el país necesita es coherencia y seriedad. No se puede gobernar con una mano y agitar el barro con la otra. Mucho menos, cuando lo que se cuestiona es una inversión clave en seguridad, uno de los temas más sensibles para la ciudadanía. La hipocresía, esta vez, les jugó en contra. Y quedó a la vista de todos.

Aprovechando las discusiones en torno a la designación de dos ex jerarcas de la Coalición como embajadoras, el Frente Amplio acaba de consumar una nueva afrenta a la carrera diplomática: Rosario Portell fue nombrada embajadora de Uruguay en Rusia. Sí, otra vez. Y sí, hablamos de la misma Portell que ya fue cesada en varias oportunidades por distintos gobiernos (del propio frentismo), por razones que van desde el escándalo administrativo hasta la ineptitud funcional. Pero, como bien lo sintetizó Leonardo Haberkorn en un reciente editorial para Telemundo, hay personas que parecen tener una llave maestra para volver siempre. Aunque hayan dejado todas las puertas hechas trizas.

Portell no es una figura técnica ni diplomática. Su carrera en la Cancillería comenzó en 2005 por decisión política de Reinaldo Gargano, que la ubicó con rango de ministro desconfiando de los funcionarios de carrera. Desde entonces, su paso por el servicio exterior ha sido errático y lleno de controversias. Ya en 2008, fue cesada por el gobierno de Tabaré Vázquez “por razones de buena administración y contención del gasto” tras su escandalosa actuación en la Expo Zaragoza. Allí, trabajadores se quejaron de condiciones laborales infrahumanas, problemas de visado y un manejo completamente desprolijo.

Pese a ello, Portell resurgió como figura cercana al MPP, con vínculos directos con Lucía Topolansky. En 2010 fue premiada por Mujica con una embajada clave: China. ¿Y cómo le fue? Opiniones divididas, aunque uno de sus propios segundos en la embajada, el comunista Leonardo Traversoni, la calificó como “la embajadora más incompetente, arbitraria y corrupta” que había conocido. “Era el hazmerreír porque creía que hablaba inglés y decía cualquier cosa”, escribió. Había incluso exigencias de volar en primera clase y otras frivolidades impensables en alguien con tan escasa formación.

No importa: sobrevivió. Cuando Tabaré volvió al poder, quiso alejarla de nuevo. Pero Topolansky —ya vicepresidenta— intercedió personalmente. Y ahí la tuvimos otra vez: embajadora en Vietnam. Con un nivel de inglés bochornoso, al punto de viralizarse un video con su discurso ridículo. La defensa vino, previsiblemente, por dos flancos: Mujica dijo de ella que “puede ser que no tenga mucha capacidad, pero puede ser una hormiga trabajadora” (¡literal!) y la bancada femenina del FA denunció que las críticas eran por ser mujer. Así se hace carrera en la izquierda: por afinidad política, no por mérito.

Pero hay más. En 2021, ya fuera del servicio, Rosario Portell tenía una deuda millonaria con la Intendencia de Montevideo por un fallido proyecto inmobiliario en un terreno de 300 metros en la calle Tabaré, donde había una subestación de UTE, que compró en una licitación abreviada. ¿Qué hizo la IM? Le perdonó más de un millón de pesos. La doctora Morales, del departamento jurídico, dejó claro que no existía justificación legal para semejante regalo. Pero Carolina Cosse igual lo concedió. Porque, otra vez, el mérito no importa. Importa la cercanía política. La lealtad. La pertenencia tribal.

Ahora, Portell vuelve. Nombrada para representar al país en Moscú, en un momento geopolíticamente delicado, en una embajada que exige templanza, formación y claridad conceptual. Nada de lo que ella ha demostrado tener. Mientras se polemiza por las designaciones de Beatriz Argimón y Carolina Ache, el Frente Amplio desliza por debajo de la mesa a una figura de su peor repertorio. Nadie dice nada. Nadie se sonroja.

El país no se merece este tipo de representación. Ni en Rusia, ni en China, ni en ningún lugar. El servicio exterior debe estar al servicio del Estado, no de los favores políticos ni de las militancias eternas. Pero mientras la vara del Frente Amplio sea la obediencia y no la capacidad, seguiremos viendo estos despropósitos. Portell es el símbolo de esa lógica perversa: siempre vuelve, aunque no haya hecho nada bien. Y lo peor es que seguirá volviendo, mientras nadie se anime a decir basta.

En Uruguay nadie discute el valor de la solidaridad. Pero una cosa es tender la mano con responsabilidad, y otra muy distinta es lanzarse a experimentos geopolíticos sin planificación ni sentido de Estado. El reciente anuncio del canciller Mario Lubetkin —que el gobierno pretende traer jóvenes palestinos de Cisjordania a capacitarse en agricultura sostenible— parece otro capítulo del estilo Mujica de hacer política internacional a las apuradas, con más épica que logística, más gestos que garantías.

Nadie cuestiona la buena intención. Uruguay tiene una tradición solidaria y ha recibido personas en situación vulnerable en múltiples ocasiones. Pero como bien advirtió el diputado Felipe Schipani, lo importante no es solo a quién se ayuda, sino cómo se organiza la ayuda, con qué recursos, con qué protocolos y —en este caso— con qué filtros. Porque no estamos hablando de una pasantía en una granja modelo. Estamos hablando de traer personas desde una región convulsionada por el terrorismo, la guerra y la infiltración sistemática de organizaciones radicales como Hamás, que no solo controla Gaza, sino que tiene creciente presencia en Cisjordania.

¿Quién va a seleccionar a estos jóvenes? ¿Con qué criterios? ¿Con qué respaldo institucional? ¿Hay algún tipo de coordinación con servicios de inteligencia, nacionales o internacionales, para evitar que en nombre de la “capacitación agrícola” se cuele alguien con conexiones peligrosas? ¿Se ha consultado a la colectividad judía, que legítimamente puede estar preocupada por este tipo de decisiones unilaterales, sobre todo en un contexto de altísima tensión regional? Hasta ahora, todo parece anunciarse con entusiasmo… pero sin respuestas.

El gobierno habla de integrarse a un programa que lidera Dinamarca y ejecuta la FAO, pero no da detalles operativos, financieros ni legales. ¿Quién paga el viaje? ¿Quién financia la estadía, los cursos, la seguridad? ¿Qué garantías hay de que estos visitantes regresarán a sus países cuando terminen la “capacitación”? Porque si algo nos enseñó el antecedente de los sirios traídos por Mujica es que no alcanza con la foto solidaria: hay que pensar en el día después. En aquel caso, el Estado terminó improvisando, los costos se dispararon, y las tensiones con los propios refugiados crecieron por la falta de infraestructura y atención. ¿Vamos a repetir el mismo error?

Si este proyecto tiene algún valor, el primer paso debería ser convocar a todas las fuerzas políticas, explicar con transparencia sus alcances, escuchar las inquietudes de la colectividad judía y diseñar mecanismos estrictos de selección y control. Porque si no hay planificación, ni criterios, ni garantías mínimas, el gesto “solidario” puede terminar siendo otra bomba de tiempo diplomática. Y esta vez, sin margen para la ingenuidad.

Con este estado de situación las proyecciones de crecimiento a nivel mundial se reducen con cada estimación, lo que no hace más que complicar a los fiscos, asegura el Economista Isaac Alfie en una columna para El País que reproducimos a continuación.

La coyuntura sigue deparando novedades a un ritmo bastante más frenético que en otros momentos. El mundo está sumamente convulsionado, no sólo por el —en general— rutinario acontecer económico, sino preponderantemente debido a los vaivenes políticos. Se “siente” en el mundo occidental, al que pertenecemos, la falta de liderazgos que encaminen el rumbo, como aconteció al finalizar la segunda guerra mundial, hace ya 80 años y en la mayor parte del tiempo desde ese momento hasta unos 15 años atrás. Basta con pensar queel presidente de Estados Unidos haya definido como ¡la liberación! El retorno a un país de base industrial, ignorando la notable mejora en el estándar de vida acontecido en los últimos 45 años, desde la apertura liderada por Thatcher y Reagan, que puso fin al estancamiento desde la segunda mitad de los ´60, combinado con inflación en los ´70, donde la prosperidad provino del impulso a la competencia de sectores claves, su poderosa capacidad de innovación y atracción de talento, para advertir el tamaño de los errores que se comenten.

Sin darnos cuenta, vivimos una época absolutamente revolucionaria en la historia de la humanidad, donde los avances se multiplicaron. En ese mismo período, se produjo la mayor reducción de la pobreza de la historia. Claro que para ello fuese posible, países muy sub desarrollados y, como consecuencia, pobres, debieron avanzar. La mejora, en sus primeras etapas siempre se da en sectores agrícolas y manufactureros, dejando al resto avances en tecnología y servicios. Nada nuevo.

Más allá de la ideología que se tenga, cualquier economista, y en Estados Unidos sobran, sabe que el déficit comercial y en general, el de cuenta corriente de la balanza de pagos, obedece a un exceso de gasto interno frente a su ahorro, el que, básicamente en plazos medios, equivale al déficit fiscal (déficits gemelos). Siendo así, y con déficits fiscales enormes, imponer aranceles principalmente afecta la tasa de crecimiento de la economía vía la distorsión en la asignación de recursos, sin solucionar el problema de fondo. Ni que hablar del daño de la incertidumbre de las marchas y contramarchas en las medidas.

Un problema mayor que afecta a occidente es el sesgo que tomó el gasto público, retrayendo la infraestructura, piedra angular de su desarrollo. Basta con observar el deterioro de carreteras y los metros de las ciudades, para advertir la poderosa razón que dificulta el crecimiento. A su vez, el aumento del gasto público, financiado básicamente con deuda y sesgado a aparatos regulatorios y asistencialistas, contribuye en el mismo erróneo sentido contrario a la senda de la prosperidad.

A lo anterior, en los últimos años se sumó, bajo el 100% compartible propósito de evitar el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, una parafernalia de regulación, de costo exorbitante y resultados más que modestos. Finalmente, lo que se quiere frenar, no se frena, —ejemplos sobran en todos lados—, pero todos pagamos el costo en una actividad que consume recursos —humanos y materiales— sin generar valor alguno. Otro factor que agrega piedras a la mochila, frenando el crecimiento.

A partir del conjunto de las políticas reseñadas y, seguramente algunas otras, los fiscos se vuelven altamente deficitarios, porque gastan mucho y mal, pero también porque sus ingresos no aumentan como en el pasado, ya que se crece poco. Entonces, se piensa en la “solución” y nace el neocolonialismo impositivo, esta vez mediante organismos internacionales. Impuestos globales a las empresas de sus países, que castiga a países como el nuestro en la atracción de inversiones. En respuesta a esto, se desatan “guerras” y, por ejemplo, Estados Unidos anuncia que a las empresas de países donde se aplique el impuesto a empresas estadounidenses, les cobrará un impuesto adicional por sus operaciones en su mercado. Todos tiros en los pies.

Mientras esto pasa en Occidente, en Oriente hacen básicamente lo contrario, con sesgo de su gasto público hacia la inversión en infraestructura, mucho más fácil y ágil manejo de las finanzas y sistemas impositivos más adecuados. Aunque aún vengan atrás, en “cada vuelta al circuito” —un año—, la distancia se achica. No es poniendo barreras defensivas (aranceles, regulaciones, restricciones, impuestos) que ganamos, sino todo lo contrario. Como en el fútbol, si jugamos meramente a defendernos el mejor resultado es un empate; para ganar hay que hacer goles en el arco contrario. Traducido, hay que crecer y para ello debemos volver a hacer las cosas que nos permitieron llegar hasta acá. Momentos mejores y peores, auge y crisis siempre habrá, pero la solución no es la adoptada en los últimos ya casi 15 años, reflejada en la caída de la tasa de crecimiento.

Con este estado de situación las proyecciones de crecimiento a nivel mundial se reducen con cada estimación, lo que no hace más que complicar a los fiscos. Hace unos días, Moody´s rebajó la nota de la deuda de Estados Unidos, que ya no tiene la más alta. El activo financiero que se consideraba libre de riesgo va perdiendo esa calidad.

Como todas las cosas, pese a lo malo, siempre hay un lado “bueno”. La contrapartida de la floja actividad es que las presiones inflacionarias han disminuido mucho y muy rápido en los últimos 4 meses, tanto en Estados Unidos como en Europa y, con ello, la presión sobre las tasas de interés. Éstas, a pesar de la baja en la calificación y, ciertamente nada promisorias finanzas públicas de los Estados Unidos, no han subido en términos nominales, aunque sí en valores reales (baja inflación con mismo valor nominal). Para países endeudados, como toda nuestra región, que debemos acudir a los mercados de crédito todos los años a aumentar el crédito debido a los desequilibrios fiscales, o a renovar los vencimientos, finalmente el costo del crédito no se encarece, al menos por el momento.

Por Jonás Bergstein

Queridos amigos,

Me temo que ésta vez no podremos ser portadores de buenas noticias: Uds. padecen una enfermedad, una enfermedad que se viene arrastrando hace ya más de 2.000 años, y que por eso mismo es de difícil cura. Ella se llama antisemitismo. Es una enfermedad que envenena el alma, corroe vuestra salud mental, corrompe a la sociedad toda, y al final, junto con ésta, nos hundimos todos: porque atenta contra uno de los pilares de cualquier sociedad, al desplazar hacia el otro -llámese judío, llámese Israel, llámese el sistema- la responsabilidad por nuestros propios actos; y porque de una manera u otra, impide la sana convivencia y erosiona el tejido social, desde el momento en que el otro es visto como eso -como otro- y no como un ciudadano copartícipe en la construcción de una sociedad. Desde la Alemania nazi hasta la Rusia stalinista, ninguna sociedad dominada por el antisemitismo ha logrado prosperar; la base del antisemitismo es el odio, y a fin de cuentas el odio sólo destruye, tal como dijera nuestro Presidente y Premio Jerusalem José Mujica.

Empecemos por el principio: la resolución que ahora nos convoca es un acto de antisemitismo. No porque lo digamos nosotros, sino porque así se desprende de las reglas de convivencia social de nuestro país llamadas Derecho. Nuestro Derecho ha adoptado una definición de antisemitismo y ha ejemplificado una serie de conductas que lo tipifican. Entre ellas se lee: “aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático”. El ejemplo tiene su razón de ser, y la referencia a Israel en modo alguno es arbitraria: hoy el Estado de Israel constituye el principal común denominador de los judíos en el mundo; por eso si bien la crítica a Israel es tan legítima como lo es hacia cualquier otro país, deja de serlo cuando deviene una obsesión -quizás el mejor ejemplo sea el de la ONU o el de tantas organizaciones de derechos humanos-, o cuando para todos los efectos prácticos significa lisa y llanamente negar a Israel su derecho a existir (en la medida en que se le priva de su derecho a defenderse o se le acota en términos tales que, de observarse esos parámetros, Israel no podría subsistir un solo día). Esa fijación obsesiva, ese doble-standard que Uds. aplican en todo lo que tiene que ver con el Estado de Israel, es la forma de antisemitismo que pone de relieve la Resolución del 3 de Junio que motivo estas reflexiones. A continuación intentaremos fundar esa conclusión, es decir, poner al descubierto en qué consiste ese doble rasero.

Tras los ataques terroristas del 7 de Octubre (2023) perpetrados por Hamás contra civiles en Israel -el ataque que desencadenó la guerra-, el mismo 7 de Octubre el FA rechazó y condenó “los ataques perpetrados desde Gaza contra Israel”. Sin embargo, aludió a una “información preliminar” de 40 muertos, cuando el saldo total fue de 1.250 muertos. Omitió también identificar a los perpetradores -la organización terrorista Hamás-, y omitió llamar a las cosas por su nombre: no habló de terroristas ni de terrorismo. Y sobre todo, diluyó su condena en los lugares comunes de siempre: “el progresivo deterioro de las condiciones de convivencia y seguridad”; la solidaridad “con la población afectada” -no dijo cuál (la israelí)-; la “inconducente escalada de violencia”; y el “llamado a las partes (…) involucradas en el conflicto a suspender las acciones”. Todo ello tal como si se tratara de un escenario de hostilidades recíprocas, cuando en verdad en ese momento la realidad era bastante más clara y más simple, con un solo bando (Hamás) que había atacado al otro (Israel), que en aquel momento ni siquiera tenía la menor idea dónde estaba parado.

¿Qué hizo Israel entonces? Lo mismo que habría hecho cualquier nación: lanzó un ataque masivo contra Hamás, destinado a destruir para siempre a ésta última, y en su caso rescatar a los más de 200 rehenes aprehendidos por Hamás, entre vivos y no vivos. (En verdad cualquier otra nación hubiera ido mucho más lejos y habría hecho lo que Israel no quiso hacer y no hizo: matar a todos).

¿Cómo reaccionó el FA ante la ofensiva israelí? Fue mucho más allá de la simple condena a los ataques perpetrados “desde Israel contra Gaza”; tampoco intentó enmarcar la ofensiva israelí en los lugares comunes de arriba: paradojalmente, acá no hubo edulcoramiento alguno. Esta vez la Resolución fue al grano y sin atenuantes: (i) calificó las acciones de Israel como “crímenes de lesa humanidad y genocidio”; (ii) hizo un llamado al pueblo a promover y convocar acciones en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino; y (iii) efectuó una convocatoria a la movilización articulada para respaldar las acciones del gobierno que aboguen, entre otros, por el “fin de la masacre”, y “el ingreso de ayuda humanitaria sin restricciones”.

Queridos amigos: hasta aquí todo fenómeno, sino fuera porque la asimetría es palmaria:

1. Sin mayor trámite la Resolución categorizó las acciones de Israel como actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Fantástico. ¿Y los actos perpetrados por Hamás y sus acólitos el 7 de Octubre qué fueron? ¿Un juego de niños? He aquí el doble rasero.

2. Bienvenida sea la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. ¿Y qué hay de los derechos humanos de las mujeres israelíes violadas, o de los bebés secuestrados, o de las familias quemadas vivas? Sres. antisemitas del FA: ¿alguna vez levantaron Uds. un dedo por ellas? No, por favor, esos no son derechos humanos…, sino que son derechos de israelíes, como tales carentes de toda tutela legal, ¿verdad? ¿Y qué hay de las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino que perpetra Hamás cuando utiliza a civiles como escudos humanos en mezquitas, escuelas y hospitales? He aquí el doble rasero.

Por las dudas, les anticipo mi pedido: en cuanto tomen la iniciativa de llamar al pueblo a tomar iniciativas en defensa del pueblo palestino en contra de su opresor -el terrorismo de Hamás- no dejen de llamarnos. Ahí queremos estar; descartamos que Uds. también.

3. La masacre llevada a cabo por Israel. Bienvenida sea su condena. Ahora, ¿qué hay de la masacre llevada a cabo por Hamás el 7 de Octubre, y de la cual aún hoy, a más de un año y medio de los hechos, Israel sigue manejando el tema con decoro y discreción? (Volveremos sobre esto más abajo en el No. 5). He aquí el doble rasero.

4. La píldora de la ayuda humanitaria parece que el mundo se la sigue tragando (No hay peor ciego que el que no quiere ver). Bienvenido sea el levantamiento de cualesquiera restricciones a su respecto. Hay un solo detalle: son precisamente esas restricciones que impone Israel las que permiten que la ayuda humanitaria efectivamente llegue a quien tiene que llegar -los gazatíes civiles-, en lugar de que sea confiscada y revendida por Hamás en el mercado negro. ¿De qué manera se protegen mejor los derechos humanos de los palestinos: promoviendo el levantamiento de las restricciones que impone Israel, o más bien apuntalando estas últimas? (By the way: durante años el mundo ha canalizado a Gaza billones de dólares en ayuda humanitaria. Lamentablemente esos billones no se tradujeron en salud, ni en mejor alimentación ni educación en ni en nada que pudiera mejorar el nivel de vida de sus habitantes, sino más bien en túneles, cohetes y corrupción. Sobre esto último, los invito a dejar de mirar para el costado).

5. Queridos amigos del FA. Lo del 7 de Octubre fue mucho más allá de lo que las palabras pudieran describir. Allí se abrieron vientres femeninos vivos para extraer fetos (sic), se violaron mujeres una y otra vez (vivas y muertas – sic), se secuestraron y mataron bebés (sic), se incineraron familias enteras (sic), se amputaron senos para luego pasarlos de unos a otros tal como si fuera un objeto más (sic). Todo ello bajo la filmación atenta de los civiles gazatíes que perpetraron la barbarie y la circularon al mundo, para vanagloria propia y de sus orgullosos familiares. Ni los nazis llegaron a esos extremos.

¿Qué dice vuestra Resolución de esas atrocidades? Nada, absolutamente nada. (¿Será que el que calla otorga?). He aquí vuestro doble rasero.

6. ¿Cómo reaccionaron Uds. cuando en Siria y en Líbano miles de palestinos fueron masacrados por sus pares árabes? ¿O es que sólo se interesan por la suerte de los palestinos únicamente cuando del otro lado están los israelíes? He aquí vuestro doble rasero.

7. Amigos del FA: Uds. se escandalizan con las presuntas hambrunas en Gaza, pero guardan silencio, cómplice y cobarde, cuando Hamas roba la ayuda humanitaria mientras sus dirigentes amasan fortunas billonarias. He aquí vuestro doble rasero.

Queridos antisemitas. Tengo el mayor desprecio por vuestro doble standard, por el daño que nos hacen a todos (empezando por Uds. mismos) y por ese antisemitismo asqueroso y repugnante que Uds. rezuman. Sin embargo, no guardo rencor alguno hacia vuestras personas, por quienes tengo el mayor respeto. Si en algún momento desearen intercambiar ideas sobre estos temas, con gusto encontrarán en este servidor un atento interlocutor.

Les saluda respetuosamente,

Jonás Bergstein
 

Por Susana Toricez

Últimamente y con creciente frecuencia, escucho diferentes comentarios respecto a los partidos políticos tradicionales de nuestro país y a su desempeño como oposición.

Algunos sin esperanza, aluden a la falta de energía de sus partidarios para luchar por sus principios, pero —por suerte— son muchos más los comentarios alentadores.

Me siento en la obligación en este momento de apelar a todos los recursos para rescatar a aquellos que van perdiendo la paciencia, a quienes piensan que todo está perdido.

Lo he dicho en otras oportunidades: todos debemos ponernos a trabajar con firmeza y convicción defendiendo nuestras ideas hasta lograr el país que queremos.

Y aplicado a lo que estoy escribiendo, recurro al fragmento de un texto que circula en la web, que conservo desde hace tiempo y al que me acerco cada vez que siento que necesito un momento de reflexión.

Se refiere al bambú japonés y a ese milagro de fortaleza que es:

“No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: ¡Crece, maldita seas! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un período de sólo seis semanas, la planta de bambú crece... ¡más de 30 metros!

¿Tardó sólo seis semanas en crecer? No, la verdad es que se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse.

Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años.

Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento de cada uno y que requiere tiempo.

Quizás por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados en corto plazo, abandonan súbitamente, justo cuando estaban a punto de conquistar sus objetivos.

Quienes no se dan por vencidos, van creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando se materialice.

El triunfo de las ideas no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación.

Es un proceso que exige aprender nuevos hábitos de militancia para descartar otros.

¡Un proceso que exige cambios, voluntad, acción y perseverancia!

Por lo que expuse al comienzo, si alguien cree que el proceso de fortalecimiento de nuestros partidos históricos ya no era posible, ¡a no desesperar y a seguir para adelante!
 

Por Daniel Torena

En la actual República Argentina —entonces llamada Confederación Argentina— se firmó el Acuerdo Nacional de Nicolás Arroyos el 31 de mayo de 1852.

Tras la finalización de la Guerra Grande, la Batalla de Monte Caseros, librada el 3 de febrero de 1852, puso fin al dominio de Juan Manuel de Rosas. El Ejército aliado del Brigadier General Justo José de Urquiza —compuesto por fuerzas argentinas, brasileñas y orientales— obtuvo la victoria sobre las tropas de Rosas.

Previamente, los orientales habían suscrito la “Paz del 8 de octubre de 1851” bajo el principio de “ni vencidos, ni vencedores”, acuerdo entre el Gobierno de la Defensa, presidido por Joaquín Suárez, y el Gobierno del Cerrito, encabezado por el Brigadier General Manuel Oribe.

Ante la urgencia de dotar a la Confederación de una norma superior que garantizara la concordia nacional y los principios del Estado federal, se convocó un Congreso Constituyente. El destacado jurista Dr. Juan Bautista Alberdi redactó el texto de la futura Constitución Nacional, sancionada el 11 de mayo de 1853, promulgada el 25 de mayo y jurada solemnemente el 9 de julio de ese mismo año.

Esta “Carta Magna” se fundamentó en los ideales del federalismo y del liberalismo vigentes en la época. Como afirmaba Alberdi:

“La Constitución es un título que os llama al goce de una opulencia de mañana.
El que no sabe ser pobre a su tiempo, no sabe ser libre, porque no sabe ser rico.”

A propósito compartimos una excelente crónica de Mitra Taj para el Times

Jorge Tejada se encontraba examinando los restos carbonizados de un autobús en un estacionamiento cercano a su negocio de reciclaje en Lima. Le habían prendido fuego durante la noche, en lo que, según los vecinos, fue una represalia de una banda que extorsiona a empresas de autobuses locales.

Tejada, de 50 años, ha perdido la cuenta de cuántos ataques como este han sacudido su barrio en el último año. Explosivos en bodegas. Restaurantes tiroteados. Su propio patio de reciclaje fue incendiado y dañado luego de que ignorara la exigencia de una banda de pagarle 530 dólares al mes.

Podría haber sido peor. Un farmacéutico fue asesinado a balazos detrás del mostrador de su tienda, y varios propietarios de tiendas se han escondido, dijo.

“Anteriormente todo esto era una zona tranquila”, dijo Tejada, describiendo cómo el antiguo asentamiento irregular se convirtió en un distrito oficial de la capital tras décadas de trabajo duro y organización comunitaria. “Ahora todos vivimos con miedo acá”.

Cada vez más peruanos se sienten así. La nación sudamericana está lidiando con una extraordinaria ola de delincuencia, avivada por el incremento de las extorsiones que ha ocurrido como consecuencia del control cada vez mayor que las bandas ejercen sobre las zonas urbanas.

Las denuncias de extorsión en todo el país se han disparado desde 2017, pasando de unos cuantos cientos al año a más de 2.000 al mes este año, de acuerdo con la policía nacional. Y las estadísticas muestran que la cantidad de asesinatos cometidos por sicarios a sueldo también ha aumentado significativamente en los últimos años.

Las víctimas reciben las exigencias de pago por protección a través de mensajes de WhatsApp, notas escritas a mano o visitas en persona. Las represalias contra aquellos que no pagan se llevan a cabo mediante ataques con dinamita o incendios provocados, o con hombres armados que llegan en motocicletas y matan a sus víctimas en la calle.

La epidemia de delincuencia ha rebasado a las autoridades y amenaza con transformar un país latinoamericano relativamente tranquilo en una fuente de inestabilidad regional. El banco central ha advertido que una epidemia de extorsión está asfixiando la actividad económica y, según los expertos, contribuye al aumento de la migración.

“Perú parece estar ascendiendo rápidamente a las filas de los países más peligrosos de Latinoamérica”, dijo Eduardo Moncada, politólogo de la Universidad de Columbia, quien se enfoca en la delincuencia en Latinoamérica. “Y es una posición difícil porque es muy complicado volver a bajar”.

En lo que va de este año, dos periodistas fueron asesinados a tiros por hombres armados en público. En enero, detonaron dinamita en una fiscalía regional, hiriendo a dos personas.

Y en marzo, dos hombres armados atacaron a tiros el autobús de un popular grupo de cumbia, matando a su cantante, Paul Flores. Después, otros músicos, como Christian Yaipén, vocalista de otro grupo de cumbia, relataron sus propios enfrentamientos con extorsionadores.

“Es todo el país sufriendo esto”, dijo Yaipén a los periodistas. “Todos los peruanos que salimos a trabajar no sabemos si vamos a regresar a nuestra casa vivos”.

En uno de los peores episodios de violencia, en mayo se descubrieron los cadáveres de 13 mineros de oro en un yacimiento explotado por la mayor empresa minera de Perú, una matanza que, según las autoridades, fue orquestada por el jefe de una banda.

Los esfuerzos de la presidenta Dina Boluarte por hacer frente a la violencia mediante la imposición de estados de emergencia parecen haber servido de poco para controlar la delincuencia desenfrenada. Boluarte, quien lleva tres años en el poder, ha sugerido que el aumento de los niveles de delincuencia se debe en parte al gran número de migrantes venezolanos que han llegado al país en los últimos años, aunque no hay pruebas de que ellos cometan delitos en mayor proporción que los peruanos.

Boluarte ha prometido desplegar una campaña más dura contra los grupos delictivos. “En este gobierno el crimen no tiene lugar y esa es nuestra lucha día a día”, declaró a los periodistas en abril.

La extorsión atrae a las bandas porque proporciona un flujo constante de dinero en efectivo al tiempo que ayuda a consolidar el control sobre un territorio, explicó Moncada. “Te permite reclutar a lugareños para que se conviertan en una especie de ojos y oídos tuyos”, dijo.

La extorsión también requiere el uso frecuente de la violencia para infundir miedo y garantizar la obediencia. Algunos barrios de Lima han sido tan sacudidos por la delincuencia que las escuelas han comenzado a dar las clases por internet.

Los más afectados por las extorsiones no son los ricos, que viven en enclaves seguros y pueden pagar seguridad privada, sino los trabajadores pobres y los dueños de pequeñas empresas, que dependen de una policía con insuficiente personal y lastrada por la corrupción.

En el último año se ha detenido a decenas de policías acusados de colaborar con bandas o de traficar con armas y municiones, según la prensa local.

“La estrategia de la delincuencia el día de hoy es atacar a las zonas más vulnerables. ¿Y por qué ataca a las zonas más vulnerables? Porque ahí hay impunidad”, dijo Jesús Maldonado, alcalde del distrito más grande de Lima, San Juan de Lurigancho, que con más de 1,2 millones de habitantes cuenta solo con 600 agentes de policía.

Prácticamente cualquier operación que requiera interacción con el público y se haga con dinero en efectivo puede ser presa de los extorsionadores. Ferreterías, clubes nocturnos e incluso comedores sociales y refugios para perros han sido blanco de extorsionadores.

Un conductor de mototaxi de Lima comentó que gana entre 11 y 19 dólares al día, pero que reserva 1,30 dólares para los extorsionadores. Conoce al menos a cinco compañeros conductores que han sido asesinados a balazos por resistirse a sus exigencias.

Erika Solis, investigadora del crimen de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dijo que la violencia realmente empezó a aumentar al inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando los confinamientos dejaron las calles vacías y llevaron a los delincuentes a pasar del robo a la extorsión vía WhatsApp.

Los miembros de bandas venezolanos que llegaron como parte de una oleada migratoria se han sumado al problema de la delincuencia, dijeron los expertos. Casi una década de agitación política, luchas internas en el gobierno y casos de corrupción de alto nivel han mella­do la capacidad del Estado para prestar servicios, incluida una actuación policial eficaz. En los últimos cinco años, Perú ha tenido cinco presidentes.

Los críticos afirman que Boluarte y los legisladores han contribuido a la crisis al impulsar leyes que dificultan la prisión preventiva y acortan las penas para quienes delinquen por primera vez.

“Se salió de control”, dijo Marita Felipe, cuyo padre, Luis Felipe, de 62 años y ex policía, fue asesinado a tiros en octubre mientras se dirigía a casa.

Carlos Saenz, un fabricante textil de Lima, cerró su taller en diciembre de 2023 luego de que una banda que le exigía más de 5.000 dólares comenzara a enviarle fotos que dejaban claro que lo vigilaban. Ahora opera sin letrero visible y compró una pistola.

“¿Qué pasa si me buscan de nuevo?”, dijo. “¿Quién me va a proteger?”.

¿La Iglesia contra Milei? Algunos lo dijeron, muchos lo pensaron tras la homilía del 25 de mayo en la Catedral. En realidad, el arzobispo evitó los tonos de barricada de su más ilustre predecesor: “El mensaje que compartiré quiere ser un aporte para la reflexión de todos”. Recatado en el tono, sin embargo, fue duro en el fondo. La intención política era clara, asegura el historiador Zanatta en su siempre lucido análisis de la realidad política argentina. Compartimos su más recientemente columna en La Nación.

Monseñor García Cuerva expuso el típico relato escatológico de la Iglesia. En los orígenes de la patria, dijo, el pueblo fue fiel a “nuestras raíces” y a los próceres que la “hicieron grande”. Forjada por la evangelización, la Argentina estaba impregnada de cristiandad. Pero pronto el pueblo puro cayó víctima de élites corruptas. La peor, la élite política: cuántos “años de promesas incumplidas y estafas electorales”. El diagnóstico es apocalíptico: “Nuestro país sangra”; fraternidad, tolerancia, respeto están “muriendo”; exclusión, narcotráfico, drogas, campan a sus anchas por doquier. Los golpes al Gobierno han sido fuertes y claros: “los jubilados merecen una vida digna”, “el terrorismo de las redes” crea un clima de “agresión constante” al “que piensa distinto”. No va: el apocalipsis exige redención, “Argentina, levántate”.

Santas palabras, nada que objetar. Algo, sin embargo, no cuadra. La Iglesia las dirigió similares a todos los gobiernos desde el retorno de la democracia. Cambian protagonistas y circunstancias, el relato no: semper idem. Contra Alfonsín por laicista, Menem por neoliberal, De la Rúa por inconducente, Kirchner por autoritario, Macri por insensible, Fernández por abortista. ¿Ahora le toca a Milei? Cómplice del estado catatónico de la oposición, ¿la Iglesia vuelve a ocupar su lugar?

Algunos dirán: cierto, la Iglesia tiene razón. De gustibus. Pero no es la cuestión si tiene razón o no. La cuestión consiste en si ese es su rol en el orden democrático de un Estado laico. El pueblo de Dios cuya inocencia invoca, en democracia es el pueblo constitucional que elige a la clase política que lo representa o gobierna. Al erigirse en portavoz contra los políticos y los gobiernos, la Iglesia gana popularidad, pero alimenta la cultura antipolítica que erosiona las instituciones republicanas.

Nada lo explica mejor que el ritual del 25 de mayo, el mayor ejemplo de la nociva relación entre política y religión en la Argentina. Aunque ampliado a las confesiones minoritarias, el Te Deum celebra el mito nacional católico, la unión de Dios y patria. Ahí el arzobispo juzga y sentencia desde el púlpito, las autoridades civiles son expuestas a la picota: un ritual humillante para los representantes del pueblo. Pero, ¿qué hacer con eso? Es una tradición. Una tradición cuestionable, que, como toda tradición, cambia de significado según el contexto. El clero patriota de la Revolución de Mayo luchó contra el absolutismo. Un siglo después, el clero nacionalista reivindicó el absolutismo católico frente al “laicismo”. ¿Qué tiene en común la Argentina de 2025 con la de 1810? ¿Qué queda de la fusión de nación y religión, ciudadano y feligrés? Ni siquiera la Iglesia es lo que era: la separación del Estado, anatema entonces, es ahora doctrina. ¿Por qué, entonces, preservar una tradición tan anacrónica?

Porque la Argentina, dice la Iglesia, repite la vulgata, es culturalmente católica. En su momento, el cardenal Bergoglio fue perentorio: la patria “tuvo madre” desde 1630, cuando en Luján “se detuvo” una imagen de la Virgen María. La Argentina era católica antes de nacer. ¿La independencia? Parto, no ruptura: el mantra de los viejos nacionalistas católicos. Liberales, masones, deístas, ilustrados: expulsados de la historia, demolidos por el revisionismo histórico. Funciona así: puesto que el pueblo es católico por cultura, católicas deben ser sus leyes y costumbres. ¿Cómo no deducir la primacía de la Iglesia sobre la República? ¿Del pueblo de Dios, de nuevo, sobre el pueblo constitucional? Vox Dei y vox populi, la Iglesia se erige así en columna vertebral del orden civil, además del religioso.

Nadie es tan tonto como para negar la profunda huella católica en la cultura argentina. Pero, ¿qué significa en concreto? ¿Hay una sola forma, la forma unívoca de un pueblo homogéneo de expresarla? ¿Cuál? ¿Quién la decide? ¿El Estado? ¿La Iglesia? ¿El Estado de la Iglesia? ¿La Iglesia del Estado? En democracia, el pueblo soberano. Pueblo del que la Iglesia inciensa la cultura pero censura las opciones políticas, como si aquella fuera ajena a estas y estas a aquella.

No es mi intención hacer anticlericalismo barato: la Iglesia es libre de expresarse como quiera sobre lo que quiera, obvio. A mi vez, soy libre de considerar perjudicial el ritual confesional del 25 de mayo. Perjudicial para la fe porque, degradada a identidad cultural, se presta a ser arma ideológica: ¡cuántas veces pasó! Y perjudicial para la democracia porque, invocando su primacía histórica, la Iglesia le disputa al pueblo, cavándole el suelo bajo los pies. No es casualidad que la democracia prospere allí donde la esfera política es autónoma de la espiritual y muera allí donde esta última engulle a la primera.

No es todo, falta la última y crucial pieza. El legado nacionalcatólico sería inofensivo si todos no lo montaran. Obtusa o temerosa, cínica u oportunista, la clase política ama delegar sus responsabilidades en la Iglesia, utilizarla como ariete contra el gobierno de turno. Sólo para padecer, una vez en el poder, el mismo trato. Un drama: ¿cómo conservar su legitimidad ante quien predica sin gobernar, critica sin proponer, condena sin ser expuesta al voto?

No dudo de la sinceridad democrática de la Iglesia. Aprecio la apelación episcopal a la “responsabilidad”. Pero creo que subestima las consecuencias del mito nacionalcatólico. El papel que le confiere la convierte en un factor de poder. Nacido religioso, el relato escatológico se convierte en político. Y como relato político, es el típico relato populista: pueblo puro, élites corruptas, apocalipsis, redención, tierra prometida. El relato que domina la política argentina.

Hay un sector consciente de la gigantesca devastación institucional que ha perpetrado el régimen. Está invertebrado, desorientado, desanimado, pero existe. ¿Cómo denominarlo? Una frase del gran poeta español Juan Ramón Jiménez lo define: “la inmensa minoría”. El destino democrático de México está en sus manos. Y solo en ellas, argumenta Enrique Krauze en una sentida columna para Letras Libres que aquí compartimos.

“Los pueblos –escribió el historiador griego Polibio (200 a. C.–118 a. C.)– aprenden la necesidad de reformarse por dos caminos: uno, a partir de los infortunios propios; otro, de los ajenos. El primero se presta más al error; el segundo es el menos doloroso. Nadie debería elegir voluntariamente el primero, porque implica grandes dificultades y peligros; más bien debería escoger siempre el segundo porque así, sin daño autoinfligido, puede entrever el mejor curso de acción”.

Alemania es ejemplo de lo primero. Han pasado 80 años desde la caída de Hitler, y no parece posible que un nuevo demagogo precipite a esa nación a su propia hoguera y a la de decenas de millones de personas. Los alemanes aprendieron por la vía dolorosa.

Inglaterra es ejemplo de lo segundo. A fines del siglo XVIII, sus dirigentes estudiaron la decadencia del Imperio romano. Por eso, en torno a varios temas álgidos (el improductivo monopolio de la East India Company, la insostenible dominación de las colonias americanas, la corrupta hegemonía de seis decenios del partido whig, el poder excesivo del monarca), el gran estadista Edmund Burke introdujo reformas democráticas que no solo evitaron el estallido de la Revolución francesa en tierra británica, sino que consolidarían el poderío inglés hasta la Primera Guerra Mundial. Los ingleses optaron por la vía virtuosa.

Polibio aplica también a México.

El PRI fue indiferente a las lecciones de la historia universal y por eso comenzó a pagar por sus propios errores. Pero tuvo al menos el realismo de introducir reformas paulatinas. El ideólogo de esa alternativa fue un lector de Burke: el historiador y político Jesús Reyes Heroles (1921-1985). Para evitar más desgracias como las que ya pesaban sobre aquel régimen (el 68, la Guerra Sucia), Reyes Heroles concibió la reforma política de 1977, que abrió el Congreso a las corrientes de izquierda. Las veleidades imperiales de López Portillo (similares a las de su homónimo del siglo XIX; un juego de niños frente a las de su homónimo en el XXI) lo orillaron a renunciar a la Secretaría de Gobernación. Y, previsiblemente, con la quiebra de 1982, continuaron los desastres. Por eso, don Jesús sostuvo hasta el final la necesidad de limitar el poder del presidente y el del partido. La renuencia de De la Madrid y Salinas de Gortari a instrumentar ese cambio político precipitó la crisis de 1988 y luego, aún más seria por el magnicidio de Colosio, la de 1994. El país parecía condenado a aprender por la vía dolorosa. Por fortuna, la transición propuesta en 1995 por Zedillo (avalada por todos los partidos) restauró la república y recondujo a México por la vía virtuosa.

Hoy oprime a México un régimen que muchos equiparan erróneamente con el PRI. Con toda su malignidad, el PRI era una institución política; Morena es un movimiento caudillista. El PRI no tenía dueño, ni siquiera el presidente en turno; Morena sí lo tiene, y no es la presidenta en turno. El PRI tenía una ideología camaleónica, con un trasfondo liberal. Morena tiene vocación totalitaria. Y, punto clave, el PRI despertó (al cuarto para las doce) a la necesidad de cambiar. Nada indica que Morena intentará reformarse. Por el contrario: tiene todo el poder y lo querrá para siempre.

Las lecciones que deberían prevenirnos están a la vista: son Cuba y Venezuela. Se dirá que, dada la vecindad con Estados Unidos, nuestro país nunca adoptará el sistema económico comunista ni nadie decretará, como Hugo Chávez, “Exprópiese”. Puede ser, pero en términos de control político y disolución del Estado de derecho, solo los ingenuos dudan de que México navega hacia ese “mar de la felicidad”, como llamó Chávez al infierno de Cuba y Venezuela.

¿Qué hacer? Es inútil esperar que el cambio venga desde dentro del régimen. Es inadmisible esperar que venga desde afuera. Y no creo que la mayoría del pueblo mexicano despierte pronto del engaño en que el régimen lo ha envuelto.

Por eso el futuro depende de la inmensa minoría. Si supera el pasmo y pasa a la acción cívica, México podrá eludir la vía en la que estamos, que amenaza con ser larga, humillante, caótica y dolorosa.

Con el cierre de USAID, surge un vacío que genera la oportunidad para que proyectos europeos tomen protagonismo en la región, asegura el académico Mario Carvajal en un artículo publicado por Diálogo Político que deseamos compartir.

Aunque existe una preocupación por la ausencia de la Unión Europea en asumir el vacío dejado por USAID en América Latina, esto no significa que no existan ventanas de oportunidades de cooperación para fortalecer los lazos entre ambas regiones. En julio del 2023, por ejemplo, la Comisión Europea anunció una inversión de 45.000 millones de euros para profundizar y fortalecer las relaciones. Según la CAF, entre los temas de la agenda de cooperación, se mencionaron proyectos que “van desde la producción de hidrógeno limpio, materias primas críticas o la ampliación de la red de cableado de datos de alto rendimiento, hasta la producción de vacunas más avanzadas”.

La agenda de la UE en América Latina y el Caribe tiene como principales objetivos la lucha contra el cambio climático y el incentivo a las energías renovables, el fortalecimiento de los servicios digitales, la electromovilidad y asignación de un nuevo papel a los recursos naturales, mediante la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de la industria agrícola. No obstante, existen algunos obstáculos para que esta cooperación se profundice de manera adecuada.

Comercio existente

América Latina y el Caribe y la UE tienen una relación estrecha. Según datos de la CAF, la UE es el tercer socio comercial más importante para la región, detrás de Estados Unidos y China. Además, el viejo continente es la principal fuente de inversión extranjera directa, con un stock acumulado estimado en 800.000 millones de euros para el 2023. Para este entonces, las empresas europeas habían invertido más en América Latina y el Caribe que sus pares en China, Japón, Rusia e India juntos. Esto demuestra que las relaciones, actualmente, no solo están en un buen estado, sino que tiene un potencial de crecimiento importante.

Según datos de la misma institución, en 2022 el comercio total de mercancías entre la UE y Latinoamérica fue de 293.090 millones de euros. Esto es equivalente al 4.8% de las importaciones de afuera de la UE y al 5.8% del total de las exportaciones fuera de la UE. Además, entre 2013 y 2022, hubo un aumento del 59% de importaciones y 37% de las exportaciones entre estas dos regiones. Esto evidencia un rápido incremento en las relaciones comerciales.

El proceso también fue acompañado por una relación relativamente equilibrada, pues el superávit de la UE es solo de 5.000 millones de euros. Ese valor es mucho menor si se compara con Estados Unidos; en 2023 tuvo un superávit comercial con la región de 27.150 millones de dólares. Para China, el valor para el mismo año fue de 33.000 millones de dólares. Por esto, la UE tiene una legitimidad importante con la región al ofrecer una relación comercial y económica más equilibrada que sus pares. Entonces, es importante analizar dónde están enfocados los proyectos de inversión y cooperación en América Latina.

América Latina en las inversiones de la UE

Estas son solo algunas de las iniciativas de inversión por parte de la UE en América Latina y el Caribe anunciadas en el 2023.

En América del Sur, en Argentina hay proyectos vinculados a la transmisión energética, programas de desarrollo rural, movilidad sostenible, transición energética –en especial en hidrógeno verde– al igual que en materias primas críticas, mejor manejo de residuos y apoyo a pequeñas y medianas empresas para la economía verde. El enfoque en Brasil está en proyectos de energía renovable, modernización de sistemas de saneamiento y agua, iniciativas a proteger bosques tropicales y apoyo a pequeñas y medianas empresas en tecnologías verdes. Por su parte, en Uruguay la inversión estará dirigida a agua y saneamiento, impulso a la movilidad urbana eléctrica y producción de hidrógeno. Y en Chile, la UE se enfocará en producción de hidrógeno, transporte y producción de combustible neutro en carbono.

Hacia el centro del continente, en Colombia el enfoque está en economía sostenible, e-movilidad y en el esfuerzo para llegar en 2026 a un 85% de conectividad digital para la población. Para Costa Rica las prioridades son proyectos de salud, e-movilidad y bonos verdes. Y en Panamá, la UE se enfocará en proyectos de energía en transición, la descarbonización del Canal, la transformación digital, el sector biofarmacéutico y vacunas.

Dificultades

De todos modos, existe una falta de alineación de las necesidades y las soluciones entre las partes. Esto no solo dificulta los proyectos mencionados anteriormente, sino también aquellos dirigidos a apoyar la creación de empresas de innovación en América Latina y el Caribe. Según un informe de la EU-Lac Foundation, existe una desconexión importante entre los objetivos claros por parte de los actores del ecosistema de innovación y la compresión de lo que los empresarios pretender conseguir. Igualmente, el acceso limitado a las reuniones internacionales ha dificultado la creación de relaciones sostenibles y oportunidades de establecer contacto. Además, la desconexión entre las preocupaciones y necesidades de las contrapartes potenciales deriva en soluciones menos significativas y eficaces, incapaces de abordar estas cuestiones con eficacia.

En segundo lugar, en América Latina y el Caribe existe una brecha de talento en temas como la sostenibilidad, la internacionalización de industrias y la industria digital que limitan el accionar y capacidad de innovación de la región. Las barreras lingüísticas también han afectado la generación de asociaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe que puedan transferir este conocimiento.

En tercer lugar, la diferencia entre los marcos normativos de la UE, con un enfoque más preventivo y estructurado, y América Latina y el Caribe, mucho más flexibles para promover temas de innovación, y menos fijos a largo plazo, hacen que las inversiones, tanto en dinero y tiempo, puedan a veces ser exhaustivas.

Aprovechar la oportunidad

La Unión Europea y América Latina y el Caribe tiene aún mucho potencial de crecimiento. No solo en temas económico y comerciales, sino también en temas de cooperación internacional. Adicionalmente, existe una clara intención por parte del viejo continente de aumentar sus niveles de cooperación, aun cuando no logre asumir el vacío de USAID.

No obstante, es importante tener en cuenta que existen una serie de riesgos operativos que afectan la eficacia y el nivel de cooperación e inversión entre las partes. De esta manera, si América Latina y el Caribe quiere aprovechar la inversión de la UE deberá trabajar para disminuir estas dificultades. De lo contrario, la UE podría perder su interés en la región y América Latina y el Caribe perdería una oportunidad dorada para diversificar sus fuentes de cooperación internacional.