A casi cuatro décadas del establecimiento de relaciones, el viaje presidencial ratificó la centralidad de China, pero también recordó que Uruguay no gana nada sobreactuando alineamientos ni persiguiendo acuerdos improbables.

El viaje del presidente Yamandú Orsi a China no representó un giro abrupto ni una redefinición de la política exterior uruguaya, sino más bien la confirmación de una línea de continuidad que atraviesa gobiernos de distinto signo político. La relación con Beijing, lejos de ser una novedad o una apuesta coyuntural, forma parte desde hace décadas del núcleo duro de la política internacional del país y ha logrado consolidarse, con matices y ajustes, como una auténtica política de Estado.

Conviene recordar que los vínculos diplomáticos con China fueron inaugurados —no sin controversia— por el primer gobierno democrático tras la dictadura, encabezado por Julio María Sanguinetti, el 3 de febrero de 1988. Aquella decisión, resistida en su momento por sectores que miraban con recelo el vínculo con la China comunista, terminó revelándose estratégica. Uruguay supo anticipar el desplazamiento del eje económico global y construir, con el paso del tiempo, una relación pragmática, estable y funcional a sus intereses, sostenida luego por administraciones de distinto color político.

En ese marco, el viaje del presidente Orsi debe leerse más como un gesto de reafirmación que como un intento de relanzamiento. Hubo encuentros de alto nivel, declaraciones de voluntad política y la firma de cartas de entendimiento en áreas diversas, desde el comercio y la cooperación agrícola hasta la infraestructura, la tecnología y el financiamiento. Todo ello es relevante como señal diplomática, pero conviene no exagerar su alcance. Las cartas de entendimiento ordenan agendas y mantienen abiertos los canales, pero no sustituyen a los acuerdos concretos ni garantizan resultados económicos automáticos. El verdadero desafío comienza ahora: transformar la afinidad política en inversiones, acceso a mercados y proyectos verificables.

En términos sustantivos, el viaje dejó algunos avances puntuales y varias puertas entreabiertas. Se reafirmó el interés chino en los alimentos uruguayos, especialmente aquellos con mayor valor agregado, se mantuvo la cooperación en infraestructura y logística, y se volvió a colocar sobre la mesa el capítulo tecnológico, incluido el sensible tema del 5G. Son señales positivas, pero aún insuficientes para hablar de un salto cualitativo en la relación. Sin acuerdos específicos, plazos definidos y compromisos claros, el riesgo es que la visita quede más en el plano simbólico que en el impacto real.

Durante años, el TLC bilateral con China funcionó como un horizonte aspiracional. Hoy, ese objetivo aparece cada vez más lejano. No solo porque a China no le resulta prioritario cerrar un TLC bilateral con un socio pequeño —prefiere acuerdos regionales o esquemas que refuercen su peso sistémico—, sino porque Brasil lo vetaría sin dudar, como ya lo insinuó en el período pasado, invocando las reglas del Mercosur. No es casual que tanto el propio Orsi como el canciller Mario Lubetkin hayan relativizado ese punto, restándole dramatismo y evitando convertirlo en el eje de la relación. El mensaje implícito fue claro: el TLC no define el vínculo y no puede transformarse en un fetiche que distraiga de lo posible por insistir en lo improbable.

En ese sentido, resulta más realista insistir en la exploración de un eventual acuerdo Mercosur–China, aun sabiendo que se trata de un proceso largo, complejo y políticamente accidentado. Es el único camino compatible con la estructura regional en la que Uruguay está inserto y con las restricciones que esa pertenencia impone.

No todo, sin embargo, fue acierto. Hubo concesiones innecesarias, como la referencia a Taiwán, que no aporta beneficios económicos concretos y sí introdujo ruido geopolítico evitable. En diplomacia, no todo lo que se puede decir conviene decirlo, y menos aún cuando se trata de asuntos extremadamente sensibles potencialmente irritantes para varios actores globales. Ese tipo de gestos no fortalecen la posición uruguaya ni mejoran su capacidad de negociación; por el contrario, erosionan una de sus principales fortalezas: la neutralidad estratégica.

Uruguay no gana nada sobreactuando alineamientos ni convirtiéndose en actor ideológico de la disputa entre grandes potencias. Su tradición más exitosa ha sido la de la moderación, la previsibilidad y el diálogo con todos. Incordiar innecesariamente a Estados Unidos —socio financiero, político y estratégico central— sería un error tan serio como apostar a un alineamiento automático con ese país. La neutralidad estratégica no es ambigüedad ni indefinición; es interés nacional bien entendido.

El balance del viaje, en definitiva, es sobrio. Fue correcto, previsible y coherente con una política exterior que lleva casi cuatro décadas de continuidad. No fue revolucionario ni pretendió serlo. Cumplió su función básica: sostener un vínculo clave y reafirmar una línea histórica. Pero el examen verdadero empieza ahora. Las cartas de entendimiento deberán traducirse en acuerdos reales, las oportunidades en resultados concretos y la prudencia diplomática en una regla permanente. China es un socio central, pero no el único. Y Uruguay, para seguir siendo confiable para todos, no debería olvidar la lección que lo acompaña desde 1988: en política exterior, el equilibrio también es una forma de soberanía.

Por Julio María Sanguinetti

El pasado 25 de enero, el El País publicó la columna mensual habitual el expresidente Sanguinetti, que transcribimos a continuación.

Hace algunos años nuestro gran amigo el presidente de Chile, Ricardo Lagos, dijo que “si América Latina no quiere que Estados Unidos intervenga en Venezuela, ¿qué está haciendo ella para restablecer la democracia y los derechos humanos en ese país?”. Joaquín Morales Solá lo recordó estos días y esa sabia premonición nos pone delante de un espejo en que las imágenes del derecho, la política y la moral se entrecruzan y tanto coinciden como chocan.

“La cuestión”, dijera Shakespeare, es que el régimen venezolano era y sigue siendo una cruel dictadura que no solo se permite violar todas las libertades públicas, sino que hasta organizó una farsa electoral para intentar una imaginaria legitimación.

En una hipótesis de esa naturaleza, ¿qué hacer para reconquistar la libertad perdida?

En el terreno jurídico, en el que creemos los demócratas, poco o nada. El régimen denunció la Convención Interamericana de DD. HH. en 2012; en 2017 repudió la Carta de la OEA y en 2019 la jurisdicción de la Corte Interamericana de DD. HH. En una palabra, se instaló en una situación de facto, alejada de toda norma. En ese caso, ¿puede invocar la protección de los derechos que no reconoce?

Se ha sostenido que esta situación, invocada usualmente en el derecho privado, no lo es en el derecho internacional público. El tema es que, infortunadamente, estamos ante un derecho imperfecto, como se ha dicho desde siempre de la normativa internacional, dadas sus limitaciones coercitivas. Lo estamos viendo de modo descarnado en Europa: Rusia violó abiertamente la soberanía de un Estado libre y democrático, lo invadió y lo está golpeando día a día. El presidente de los Estados Unidos, que aparentemente no tiene mayor idea de la historia rusa, imaginó que alcanzaba con una relación simpática con Putin. No advirtió que, desde Pedro el Grande, Rusia invoca que su seguridad requiere “la protección de sus vecinos”. Lo sostuvieron Catalina, Alejandro I a la caída de Napoleón en 1815 y Stalin en 1945. Ahora es Putin, que procura recomponer lo perdido al disolverse la Unión Soviética, a su juicio la mayor tragedia del siglo XX. Putin jugó con Trump. Y sigue jugando. Y ahí nos chocamos de nuevo con la desgraciada limitación del derecho internacional, porque, teniendo Rusia la posibilidad del veto en el Consejo de Seguridad, no hay nada para hacer en ese terreno. Todo se libra en el político y militar, donde una Europa débil militarmente hace lo poco que puede y Trump actúa con peligrosas oscilaciones que le han permitido al nuevo zar atacar despiadadamente la propia capital ucraniana.

En nuestro ámbito, recordemos que en 1983, cuando se vivió una extrema inestabilidad en América Central, con la amenaza cierta de una invasión estadounidense a Nicaragua, se formó el Grupo de Contadora. Dos años después, a los fundacionales México, Colombia, Panamá y Venezuela, nos sumamos Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, configurando el llamado Grupo de Apoyo. Al principio EE. UU. rechazó toda intervención nuestra, pero luego la aceptó y, dialogando una y otra vez, ganando tiempo, se pudo evitar un conflicto militar generalizado. Algo así ni se les ocurrió ahora a los gobiernos de la envejecida izquierda latinoamericana, tan frágiles en su convicción democrática, que prefirieron ser abiertos sostenes o cómplices de la dictadura venezolana. Salvo la honrosa excepción de Boric, todos navegaron en la complacencia, como nuestro Frente Amplio.

Todavía hoy Latinoamérica podría jugar un rol si con inteligencia se formara un grupo equilibrado en posiciones, capaz de contribuir a una posible transición democrática.

Volviendo al tema jurídico, para descalificar la intervención estadounidense se invoca el principio de no intervención, que Uruguay ha sostenido tradicionalmente, pero también con una larga polémica sobre sus excepciones. No olvidemos que durante la dictadura sosteníamos al unísono que la protección de los derechos humanos prevalecía y configuraba una excepción tan válida como la legítima defensa. No podemos ignorar que todos los tiranos se han abrazado a ese principio como una coraza. Fue nuestro debate con el herrerismo sobre la España franquista y el Paraguay de la larga dictadura de Stroessner. EE. UU. invoca en este caso la agresión de un Estado asociado notoriamente al narcotráfico que opera en su país. Es un argumento de valor jurídico y político. Lo debilita, sin embargo, cuando al mismo tiempo le da a la apropiación del petróleo por las compañías estadounidenses una preferencia que contamina el debate con una cruda expresión de intereses económicos.

Recuerdo que durante la cumbre Iberoamericana de Oporto, en 1998, llega la noticia de que el general Pinochet había sido detenido en Londres por un juez ordinario de la capital. Expectantes por lo que dijera Fidel, notorio colega del chileno aunque en el otro extremo ideológico, su razonamiento fue: “esto es moralmente plausible, jurídicamente discutible y políticamente un error, que mete a Chile en todo un problema”.

Podemos hoy coincidir en que, aunque jurídicamente sea discutible detener a Maduro, es moralmente plausible. El derecho entró en eclipse y tenemos que resignarnos a mirar la intervención estadounidense desde el terreno de las consecuencias políticas. Ella ha tenido el incuestionable mérito de desnudar ante el mundo el oprobio de una dictadura pura y dura, provocar la caída del dictador y la liberación de presos políticos que, aunque a regañadientes, va procesando el régimen. No es despreciable tampoco que las fuerzas militares venezolanas, cuya cúpula es parte del narco-Estado, sientan que son muy poca cosa frente al poderío norteamericano y que, así como le bombardearon su fortaleza de Tiuna, les pueden barrer del mapa su infraestructura.

Todo depende, entonces, de cómo se sigue. Esta intervención puede ser liberadora si culmina abriendo el espacio a una real autodeterminación del pueblo venezolano. Puede también degradarse como un mero acto abusivo de defensa de los intereses estadounidenses si se termina solo con una cirugía cosmética del régimen a cambio de la explotación petrolera. El modo como Trump ha manoseado la presencia de la heroica Premio Nobel María Corina Machado ha sido lamentable. Podía pensar que políticamente no era su momento, pero no tenía por qué obligarla a hincarse ante él para que la recibiera, con el premio de la medalla del Nobel.

Pese a todos los pesares, la esperanza sigue abierta. Cayó el tirano, no el régimen. Sin embargo, sufre una dura derrota y el peso de una intervención poderosa luego de años de inmovilismo interno y parálisis externa.

El derecho está en pausa. La política se ejerce ahora en términos de poder y la moral es una moneda tirada al aire que no sabemos de qué lado caerá.

Las críticas al convenio entre el INISA y Defensa no abren una discusión seria sobre reinserción juvenil: repiten un prejuicio ideológico que confunde disciplina con autoritarismo y formación con militarización.

El rechazo al acuerdo entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para incluir instancias de capacitación con apoyo de las Fuerzas Armadas volvió a exponer un viejo reflejo de parte de la izquierda uruguaya: el antimilitarismo como reacción instintiva, antes que como posición pensada a la luz de evidencia, experiencias comparadas o necesidades concretas de política pública

Las objeciones ya no provienen solo del sector Casa Grande del Frente Amplio y de la senadora Constanza Moreira. Se han sumado el PIT-CNT, sindicatos docentes de formación en educación, organizaciones de derechos humanos como Serpaj y diversas voces académicas y militantes que describen el convenio como “un parche”, una forma de “militarizar la educación” o un mecanismo que “naturaliza el control y la disciplina como herramientas educativas”.

El problema no es que haya críticas: el debate sobre cómo reinsertar a adolescentes privados de libertad debe ser profundo, exigente y plural. El problema es la pobreza conceptual de buena parte de los argumentos.

La palabra “militar” como atajo retórico

Buena parte de los cuestionamientos giran en torno a una idea repetida casi como consigna: que la presencia de militares en instancias formativas “estigmatiza” a los jóvenes y “naturaliza el control”. Sin embargo, casi nunca se explica por qué un curso de oficios, hábitos laborales, organización del tiempo o trabajo en equipo —aunque esté dictado con apoyo logístico o docente de personal militar— equivaldría automáticamente a vulnerar derechos.

Aquí aparece el núcleo del problema: para estos sectores, lo militar no es una institución pública más, sino una categoría moral negativa. La palabra funciona como atajo. No hace falta discutir contenidos, metodologías, límites del convenio ni supervisión civil. Basta decir “militares” y el veredicto ya está dado.

Eso no es análisis de política pública: es reacción ideológica condicionada.

El historial que no es casual

En el caso de Casa Grande y de Constanza Moreira, esta posición no es coyuntural. Forma parte de una trayectoria coherente de deslegitimación sistemática de las Fuerzas Armadas como institución democrática, incluso en funciones no represivas: defensa, apoyo logístico, tareas sociales, emergencias, formación técnica.

Ese mismo sector que hoy denuncia “estigmatización” hacia jóvenes en conflicto con la ley ha sostenido durante años una narrativa que presenta a las FFAA casi como un cuerpo ajeno a la República, prescindible o sospechoso por definición. El problema es que esa lógica binaria —militar = autoritarismo— no admite zonas grises, controles civiles ni usos institucionales diversos.

Lo que vemos ahora es la consecuencia: incapacidad para evaluar un programa concreto sin activar el reflejo automático.

Disciplina no es sinónimo de militarismo

Otro eje repetido es que “la disciplina no puede ser herramienta educativa”. Esta afirmación, llevada al extremo, es insostenible. Todo sistema educativo —escuela, UTU, universidad, talleres de formación profesional— se basa en reglas, horarios, responsabilidades, evaluación de desempeño y cumplimiento de tareas.

La diferencia entre disciplina y autoritarismo no está en la existencia de normas, sino en cómo se ejercen, bajo qué marco de derechos y con qué fines.

Muchos programas de reinserción juvenil en distintos países han incorporado entornos estructurados, rutinas exigentes y formación en oficios con fuerte componente organizativo, justamente porque los adolescentes que pasaron por trayectorias de exclusión profunda suelen carecer de hábitos básicos de inserción laboral. Negar esto en nombre de una idea abstracta de “educación sin control” es desconocer la realidad social que se dice defender.

Riesgos reales… y exageraciones ideológicas

¿Existen riesgos? Por supuesto. Cualquier participación de actores armados en ámbitos socioeducativos exige:

• límites claros de rol,
• supervisión civil estricta,
• centralidad pedagógica del INISA,
• y enfoque de derechos como marco rector.

• disciplina con represión,
• formación estructurada con militarización,
• participación institucional con autoritarismo.

La reconocida periodista catalana Pilar Rahola realizó una entrevista al expresidente para su programa “Punto Rojo”, difundido por el canal de noticias DNews (DirecTV News). Por estimarlo de interés publicamos el enlace a la misma.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo confirmó el corazón de la política portuaria, corrigió un exceso reglamentario y dejó un mensaje claro: inversión y competencia pueden convivir dentro del Estado de Derecho.

El reciente fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) sobre los decretos que regularon la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo deja una conclusión de fondo que trasciende la disputa política: Uruguay logró preservar la seguridad jurídica de una inversión estratégica, sin convalidar límites a la competencia que no tuvieran respaldo legal.

Lejos de los relatos maximalistas de uno y otro lado, la sentencia dibuja un escenario de equilibrio institucional. Ratifica el núcleo de las decisiones adoptadas en el anterior gobierno en torno a Terminal Cuenca del Plata (TCP), vinculada al grupo belga Katoen Natie, y al mismo tiempo anula una cláusula específica del decreto 114/021 por entender que excedía el marco legal en materia de libre competencia.

Lo que quedó firme: concesión, prórroga y prioridad operativa

El TCA confirmó la legalidad de los decretos que extendieron la concesión de la terminal especializada hasta 2081 y del reglamento de atraque. Esto implica validar:

• la prórroga de la concesión a TCP,

• el modelo de terminal especializada como pieza central de la operativa portuaria,

• y la prioridad de atraque para buques portacontenedores en esa terminal.

El tribunal fue claro en un punto clave: TCP no tiene exclusividad, sino prioridad en virtud de su concesión, que supone la ocupación de un espacio territorial específico dentro del recinto portuario. Esa distinción es central. Desarma la idea de un monopolio absoluto y encuadra la situación dentro de un esquema de organización operativa legítimo para una terminal concesionada.

También dejó firme que otros operadores, como Montecon, pueden actuar en muelles generales en casos previstos y con autorización. Es decir, el sistema no se cierra, pero reconoce la lógica de una terminal especializada que concentra la operativa principal de contenedores.

La cláusula anulada: un límite que requería ley

Donde el TCA sí marcó un límite fue en la anulación de la cláusula 3.4.5 del decreto 114/021. ¿La razón? Consideró que esa disposición, al impedir nuevas concesiones para terminales especializadas durante la vigencia de la concesión de TCP, “aseguraba un monopolio” y resultaba ilegítima por afectar la libre competencia sin respaldo en una ley fundada en razones de interés general.

Este punto no invalida el modelo de concesión ni la terminal especializada. Lo que hace es reencuadrar el sistema dentro de la legalidad formal, dejando abierta la posibilidad de que el legislador —si lo estima conveniente— establezca por ley un régimen más restrictivo.

Un resultado que ordena el tablero

Lejos de ser un triunfo absoluto de una parte y una derrota de la otra, el fallo termina produciendo algo más valioso para el país:

1. Ratifica el rumbo general de la política portuaria anterior, incluyendo la concesión, la inversión proyectada y la estructura de terminal especializada.

2. Descarta la tesis de ilegalidad global que durante años se esgrimió en el debate político.

3. Corrige un exceso reglamentario que afectaba la libre competencia sin respaldo legal suficiente.

Así, todas las partes obtienen algo:

• TCP mantiene la concesión, la prórroga y la prioridad operativa, es decir, el núcleo de su marco de negocios.

• Los operadores y el sistema en general recuperan un escenario donde no hay un blindaje reglamentario absoluto contra nuevas concesiones.

• El Estado reafirma que las reglas deben asentarse en la ley cuando se trata de restringir mercados.

Seguridad jurídica sin cheque en blanco

El mensaje institucional es potente. Uruguay sigue siendo un país donde las grandes inversiones se sostienen en el tiempo —no se derriban por vaivenes políticos—, pero también donde el control de legalidad funciona y puede ajustar decisiones cuando el Poder Ejecutivo se extralimita.

En definitiva, el fallo no desarma la arquitectura portuaria construida, pero la ajusta a derecho. Y en un sector estratégico, donde conviven infraestructura, comercio exterior e inversiones de largo plazo, ese equilibrio entre estabilidad y legalidad es, probablemente, el mejor resultado posible para el país.

El interrogatorio policial a un periodista, luego reconocido como mala praxis por el Minstro del Interior, encendió una señal de alerta sobre los límites del accionar estatal frente a la libertad de prensa.

Los hechos que rodearon el interrogatorio policial al periodista Sebastián Cabrera, de El País, tras una denuncia por presunta difamación, expusieron una práctica institucional de extrema gravedad para la democracia y la libertad de prensa en Uruguay. publicada por El Observador, medio que dio cuenta de una actuación policial que la propia autoridad política terminó calificando como “mala praxis”.

Cabrera relató haber pasado una tarde entera en una comisaría, donde fue interrogado por funcionarios policiales sin que la Fiscalía hubiera sido notificada previamente, a raíz de una denuncia presentada por un particular. El procedimiento se llevó adelante pese a tratarse de un conflicto típicamente amparado por estándares reforzados de protección a la labor periodística y al derecho de la sociedad a informarse.

La gravedad institucional del episodio quedó luego confirmada por la Fiscalía de quinto turno de Maldonado, que archivó la denuncia al entender que no existían elementos de delito de difamación ni “real malicia”, y que se trataba de un hecho de “escasa entidad que no ataca gravemente el orden público”, remitiendo cualquier reclamo a la vía civil.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Un precedente peligroso para la libertad de prensa

Que un periodista sea citado, interrogado durante horas y sometido a presión policial por una denuncia de difamación no es un hecho menor ni meramente procedimental. Constituye un mensaje disuasivo que puede inducir a la autocensura y erosionar uno de los pilares de la democracia: el ejercicio libre del periodismo sin intimidaciones estatales.

No se trata de reconocer fueros especiales, sino de comprender que la función periodística está directamente vinculada a derechos fundamentales. Precisamente por ello, la Institución Nacional de Derechos Humanos tomó el caso de oficio, al advertir el riesgo sistémico que supone naturalizar este tipo de prácticas.

La diferencia política: Ministro Negro reconoce el error

En ese contexto, resulta relevante la actitud asumida por el ministro del Interior, Carlos Negro, quien —casi veinte días después de publicada la crónica original— reconoció ante El Observador que existió una “mala praxis” por parte de la Policía.

Negro no solo asumió el error, sino que anunció que su cartera trabaja en la elaboración de un protocolo específico para orientar el accionar policial en casos de denuncias por difamación, con el objetivo explícito de evitar abusos como el perpetrado contra Cabrera. Además, recordó su posición histórica como fiscal, siempre contraria a citar periodistas por este tipo de denuncias salvo en situaciones excepcionales de real malicia manifiesta.

Ese reconocimiento político no es un gesto menor: marca una línea de responsabilidad institucional y envía una señal correctiva imprescindible.

El contraste: la defensa corporativa del accionar policial

Muy distinta fue la postura pública del director nacional de la Policía, José Manuel Azambuya, quien en declaraciones a radio Sarandí defendió el accionar de sus fuerzas y llegó incluso a sugerir que al periodista se le había hecho un “favor” al permitirle ser interrogado en Montevideo y no en Piriápolis, donde se había radicado la denuncia.

Esa interpretación —minimizada como un trámite administrativo— contrasta de forma directa con los hechos reconstruidos por El Observador, con el archivo fiscal posterior y con la admisión expresa de mala praxis realizada por el propio ministro. Defender sin matices un procedimiento que fue jurídicamente improcedente y políticamente riesgoso no solo desatiende la dimensión democrática del problema, sino que revela una preocupante incomprensión del rol de la prensa en una sociedad abierta por parte de la máxima autoridad policial.

Una advertencia que no debería ignorarse

El episodio deja una lección clara: cuando las fuerzas del orden actúan sin protocolos claros y sin comprensión de los límites que impone la libertad de expresión, el daño no se agota en un caso individual. Afecta la confianza institucional, erosiona garantías básicas y sienta precedentes que ninguna democracia saludable puede permitirse.

Que el Ministerio del Interior haya reconocido el error y esté trabajando en un protocolo correctivo es un paso en la dirección correcta. Pero el contraste entre la autocrítica política y la defensa corporativa policial deja en evidencia que el desafío no es solo normativo, sino cultural e institucional.

La democracia no se erosiona solo con grandes rupturas. A veces, comienza con una citación indebida, una tarde en una comisaría y el mensaje implícito de que informar puede tener consecuencias.

El diagnóstico del ministro Oddone es consistente, pero la desaceleración persistente plantea interrogantes sobre los tiempos de la reactivación.

Las recientes intervenciones públicas del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, delinean con claridad una hoja de ruta conceptual para el crecimiento del país. En foros empresariales, encuentros sectoriales y comunicaciones oficiales, el jerarca ha insistido en dos ideas centrales: el rol estratégico del agro como motor de la economía y la necesidad de avanzar en reformas microeconómicas que mejoren la competitividad y la eficiencia del aparato productivo.

El mensaje es consistente y coherente. Uruguay —ha señalado Oddone— no puede aspirar a crecer solo por la vía de la macroeconomía ni por la ilusión de convertirse en un país “barato”. La apuesta pasa por mejorar costos, corregir distorsiones regulatorias, ganar productividad y aprovechar las ventajas comparativas de sectores que ya demostraron capacidad de adaptación e innovación, como el agropecuario.

Sin embargo, junto a ese discurso ordenado y técnicamente sólido, persiste una inquietud que atraviesa al sector privado y a buena parte del sistema económico: la desaceleración continúa y aún no aparecen señales claras de recuperación generalizada.

No hay dudas de que el sector agropecuario sigue siendo uno de los principales amortiguadores del ciclo económico. Oddone lo ha destacado con razón: la transformación tecnológica del agro, su inserción internacional y su capacidad exportadora explican buena parte de la resiliencia del país en los últimos años. En un contexto regional e internacional volátil, el agro sigue aportando divisas, empleo indirecto y estabilidad relativa.

El problema es que ese impulso no logra derramarse con suficiente fuerza sobre el resto de la economía. Sectores vinculados al mercado interno, a los servicios, a la industria y a la inversión privada continúan mostrando señales de cautela. El consumo no despega con claridad, la inversión espera definiciones y la competitividad sigue erosionada por factores conocidos: costos altos, tipo de cambio débil y rigideces estructurales.

El propio ministro ha reconocido, con franqueza poco habitual en la política, que Uruguay “no es un país para hacer negocios rápidos”. La frase, más que una advertencia, funciona como diagnóstico: el crecimiento será lento, trabajoso y dependerá de reformas graduales más que de shocks expansivos.

La agenda de reformas microeconómicas anunciada por Oddone apunta en la dirección correcta. Energía, logística, regulación, innovación y funcionamiento de mercados aparecen como ejes para reducir costos sistémicos y mejorar la competitividad. Es una estrategia que privilegia la consistencia y la sostenibilidad antes que soluciones coyunturales.

No obstante, también es una agenda de efectos diferidos. Las reformas microeconómicas, por definición, requieren tiempo, negociación política y adaptación del sector privado. Sus resultados no suelen ser inmediatos ni visibles en el corto plazo, lo que alimenta la sensación de estancamiento mientras la economía transita una meseta prolongada.

Ahí surge la preocupación central: ¿cómo evitar que la desaceleración se transforme en una normalidad aceptada? ¿Cómo sostener expectativas de inversión y empleo mientras las reformas maduran y el contexto internacional sigue siendo incierto?

Oddone ha mostrado sensibilidad frente a estos dilemas. Ha escuchado los reclamos por competitividad, ha reconocido las limitaciones estructurales y ha evitado promesas grandilocuentes. Esa prudencia es un activo político y técnico. Pero también implica un costo: en ausencia de señales claras de recuperación, la economía corre el riesgo de entrar en una fase de resignación, donde la estabilidad sustituye al crecimiento como objetivo implícito.

El desafío del equipo económico no es menor. Deberá convertir un diagnóstico correcto en resultados perceptibles, aun sabiendo que el margen de maniobra es acotado. Mientras tanto, la preocupación persiste: el país parece estar haciendo lo correcto en términos de diseño, pero aún no logra cambiar el ritmo de una economía que se desacelera sin encontrar el punto de inflexión.

El rumbo planteado por el ministro Oddone es serio, consistente y técnicamente defendible. El problema no es la dirección, sino el tiempo. Y en economía, el tiempo también cuenta. Si la desaceleración se prolonga sin señales visibles de recuperación, la presión social y empresarial irá en aumento, incluso frente a un discurso responsable y honesto.

La pregunta que queda abierta no es si las reformas son necesarias —lo son—, sino cómo atravesar el período intermedio sin que la economía pierda dinamismo, expectativas y confianza. Ahí se juega buena parte del desafío económico del próximo tiempo.

“Hay un impacto muy importante y negativo en la transformación curricular”, advirtió Silva en declaraciones a El País, al fundamentar la citación del ministro de Educación.

La educación se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación política en el inicio de 2026. El senador colorado Robert Silva ha vuelto a poner el acento sobre lo que califica como “retrocesos significativos” impulsados por la actual administración frenteamplista, y encaminó una iniciativa para que las autoridades competentes respondan ante el Parlamento.

Silva promovió la citación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y del presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que se realizará el próximo 18 de febrero ante la Comisión Permanente del Parlamento. El objetivo, explicó el legislador, es obtener explicaciones claras sobre una serie de decisiones de política educativa que, a su juicio, han revertido avances recientes.

Las críticas más duras de Silva, según señaló en declaraciones a El País, se concentran en lo que él considera cambios negativos en la transformación curricular y en la pérdida de elementos fundamentales del enfoque educativo que se venía desarrollando. “Hay un impacto muy importante y negativo en todo lo que tiene que ver con la transformación curricular…”, sostuvo el senador, en referencia a la eliminación de talleres optativos y la reducción de horas dedicadas a ciertas materias.

Una de las preocupaciones centrales que Silva plantea es el carácter de la enseñanza y la articulación entre los distintos subsistemas educativos. El senador señaló que, según su lectura de los cambios recientes, la integración que se había construido entre la formación docente, la educación general y la capacitación técnica, se ha “desarticulado”, con consecuencias que definiría como “lo más grave” de la actual orientación del gobierno en materia educativa.

Además, el senador colorado se refirió a la propuesta de crear una Universidad de la Educación, señalando que el oficialismo vuelve a caer en el error de “creer que los cambios estructurales automáticamente traerán calidad educativa”. Según Silva, hay riesgos de que esa iniciativa derive en mayor burocracia y en una desconexión con las necesidades reales de la enseñanza.

La postura de Silva es consistente con otras críticas que ha expresado en diferentes ámbitos, donde advierte que las decisiones tomadas por el gobierno podrían debilitar líneas de trabajo y afectar la calidad del sistema educativo nacional. Esta lectura crítica contrasta con la narrativa oficial, que sostiene que los cambios introducidos forman parte de la llamada transformación educativa.

La convocatoria de Mahía al Parlamento no solo pone a prueba la capacidad de la oposición para marcar la agenda educativa, sino que también genera un debate más amplio sobre el rumbo político del sector, sus prioridades y la manera en que deben implementarse las reformas. En ese marco, la intervención de Silva refuerza una posición frontalmente crítica del oficialismo y exige respuestas públicas que traten de dirimir diferencias sustantivas sobre educación y políticas de Estado.

Por Luis Hierro López

Desde la caída estrepitosa del Muro de Berlín, los demócratas del mundo seguimos esperando que los marxistas de todo tipo se declaren rendidos, vencidos por la vergüenza.

Hay muchas personas, en Uruguay y en el mundo, que no tienen conciencia directa de lo que significaron las dictaduras soviéticas en la historia de la humanidad: millones de muertos y perseguidos. Si de contar se trata, esos regímenes dictatoriales asesinaron a más personas que cualquier otro gobierno. Pese a ello, hubo (y hay) entre nosotros muchas personas que justificaron y apoyaron esas dictaduras sangrientas y liberticidas.

Ni hablar de Cuba. Sesenta y siete años de dictadura y acá hay cientos de miles de compatriotas que siguen defendiendo lo imposible.

Luego vino el chavismo con sus petrodólares: el día que se conozcan los archivos de esos sobornos —verdaderos ataques a la tan invocada “soberanía” de los pueblos—darán para morirnos de vergüenza. Pero no, los “compañeros” siguen. Entre las filas de los compañeros hay notorios dirigentes que fueron espías al servicio del sovietismo. Y hay una enorme gama de personas serviles, como el adulador dirigente sindical que besaba a Maduro “en nombre del pueblo uruguayo”. O aquellas autoridades municipales que entregaron, conmovidas, las llaves de Montevideo al dictador de Nicaragua, violador demostrado de su hijastra menor. Si hiciéramos una colección de biografías de estos apátridas inmorales, tendríamos una enorme colección.

Pero, además de estos dirigentes traidores a la moral y a la decencia, hay millones de personas que se dejan seducir por sus engaños. Los millones de cubanos engañados y sometidos al hambre, a la miseria y a la prostitución, ¿podrán reaccionar y valorar la democracia y la libertad perdidas hace décadas?

Sí, podrán. De eso se trata la evolución de las civilizaciones y los hombres, aunque haya que atravesar décadas de atentados a la libertad.

Por Santiago Torres

La conducta del director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, revela no solo desprecio por la legalidad y la responsabilidad institucional sino una falta de ética superlativa.

La reciente polémica en torno a la aprobación de una partida de $131.520 destinada a directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), cargo que por ley debe ser honorario, no puede leerse solo como un desliz técnico o una mala lectura jurídica. Detrás de la decisión que derivó en renuncias y contradicciones públicas, hay una trama de presiones, desinformación y falta de ética que señala directamente al director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico y deja en entredicho la conducta del Ministro Castillo.

La saga comenzó cuando el directorio de la Caja aprobó —en votación dividida— una compensación mensual para sus integrantes, contraria a lo que establece la ley de reforma de la seguridad social, que exige el carácter honorario de esos cargos. Los dos representantes del Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez, votaron a favor de esa partida y, ante la inmediata reacción política y mediática, presentaron sus renuncias, que fueron aceptadas por el gobierno.

Lo singular del episodio no es solo la ilegalidad evidente de la medida, sino que los propios delegados renunciantes atribuían su voto no a una iniciativa personal, sino a un mandato recibido desde el MTSS, con una referencia que apunta a Di Doménico como quien trasladó la directiva para votar favorablemente. Concretamente, en su carta de renuncia, Ma. Noel Sanguinetti expresó que su actuación en el directorio de la Caja “se realizó en cumplimiento de un mandato recibido bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de las competencias y orientaciones impartidas por esa secretaría de Estado”. Y ello fue ratificado en la nota que al respecto publicara ayer “El País”, titulada “Caja de Profesionales: director del MTSS fue el que dio la directiva a delegados para votar partida ilegal”.

Ante la comisión parlamentaria convocada para explicar lo sucedido, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, contradijo esa versión, asegurando que desde su cartera no surgió ni un monto ni directivas para aprobar la partida, lo que obliga a una de dos lecturas igualmente graves: o bien Di Doménico mintió deliberadamente al ministro y lo indujo a error en su comparecencia ante los legisladores, o Castillo también falta a la verdad.

Si lo primero, Castillo debió pedirle a explicaciones y luego la renuncia inmediata a Di Doménico. Evidentemente no lo hizo...

Más allá de la anécdota administrativa, el caso revela una falta de ética preocupante en la alta administración pública. Un director nacional de Seguridad Social, cuya función principal debería ser velar por la legalidad y la coherencia institucional, actuó de forma tal que obligó a directores a votar una partida contraria a la ley, los expuso a un escándalo público y luego eludió responsabilidades cuando el asunto estalló. No se trata solo de un error técnico: es un fallo de carácter, responsabilidad y transparencia que impacta en la confianza pública.

En democracia, la responsabilidad política y administrativa debe ejercerse con rigor. Un funcionario de alta jerarquía que impulsa decisiones que contravienen la normativa vigente, que genera renuncias forzadas a funcionarios que no hicieron otra cosa que segur sus propias directivas y que luego tiene el desparpajo de negar públicamente lo que ordenó, responsabilizando a los funcionarios renunciantes, no puede quedar impune.

Por Tomás Laguna

Transcurrido poco más de un mes desde el inicio de la siesta veraniega, para el campo nunca hubo respiro en sucesos e insucesos. Más allá de los contratiempos del clima y las frustraciones a partir de una nueva postergación en el acuerdo MERCOSUR-UE, el ambiente se ha vuelto particularmente fastidioso a partir de las actitudes, declaraciones y displicencia viajera de las autoridades del MGAP.

El 2024 finalizó en medio de una angustiante situación de déficit hídrico en una amplia zona del país, frente a la cual el ministro Fratti no tuvo mejor argumento que reclamar la insolvencia del Fondo Agropecuario de Emergencia, intentando torpemente endosar el problema al anterior gobierno. Crudo como siempre en su tosco estilo, incurrió en la necedad de ignorar la dramática sequía del 2023, de las peores de la historia, la cual debió ser atendida por este fondo, que fue reforzado en varias oportunidades por el anterior gobierno, pero que luego no pudo ser reconstituido ante la negativa del gobierno actual de asignarle fondos a través de la ley de presupuesto. En esa oportunidad, el diputado colorado Carlos Rydström propuso un articulado para atender esta necesidad, que fue rechazado por los parlamentarios del conglomerado de izquierdas.

Más allá de este grotesco episodio, fastidia también la displicente pereza para atender estos casos de aguda emergencia, convocando a comisiones y eternos ámbitos discursivos para el diagnóstico y análisis de medidas a implementar, cuando la mayor parte de las medidas no requieren financiamiento adicional, sino decisiones inmediatas desde el Poder Ejecutivo: postergación de vencimientos para las empresas agropecuarias, acceso a créditos específicos a través del BROU, facilitar el acceso a forrajes, pastoreos en fajas de rutas y caminos, y un largo etcétera.

Más allá de lo actuado y resuelto, el 13 de enero se postergó la declaración de emergencia agropecuaria ante la ocurrencia de algunas lluvias. ¡¡Necios!! La situación de emergencia hídrica no termina con la primera tormenta o lluvia. Como bien se dice en campaña, no llueve pasto...

Entre tanto se sobrevivía a la sequía, todos abrigábamos la esperanza de que la larga letanía para la concreción del acuerdo UE-MERCOSUR finalmente llegara a su fin con su firma en Asunción del Paraguay, tal cual se concretó el pasado 17 de enero. Pero, en una ya absurda tomada de pelo del más grueso calibre, pocos días después el Parlamento Europeo, postergando una vez más la entrada en vigencia del tratado, enviaba a la Justicia de la Unión Europea su texto para una nueva consulta referida a si el mismo era compatible con los tratados de esta última. Diga que en el mundo de la diplomacia el callo a los desplantes es muy grueso y finalmente todo se disuelve en el tiempo que llevan los acuerdos. Aún así, es inadmisible que Europa siga condicionando su inserción geopolítica internacional por la presión de sus productores rurales, malacostumbrados desde el fondo de la historia a las ayudas domésticas, subsidios y proteccionismos de todo tipo. Malcriados y caprichosos, con capacidad de subyugar a sus mezquinos intereses a todo un continente. Vale recordar que la Ronda Uruguay del GATT, de la cual este año se cumplen 40 años de su instalación y a partir de la cual se creó la OMC, procuró en materia agrícola compromisos para eliminar restricciones en los accesos a mercados, las ayudas internas y las subvenciones a las exportaciones, instrumentos muy propios de la Unión Europea para proteger a sus rurales. No obstante los avances en acuerdos logrados en la materia en estos 40 años, los productores europeos —suerte de jardineros de lujo de las economías industrializadas del “viejo continente”— no ceden en sus pretensiones proteccionistas. Hoy, con argumentos falaces, pero que le tuercen el brazo al resto de Europa. Triste realidad, cuando en las actuales disputas de poder en las que se debate hoy la humanidad debería ser la Unión Europea, por afinidad cultural genética, nuestro principal nodo de referencia geopolítico. Todos perdemos...

Merece mención el fuerte desencuentro del Ministro Fratti con las gremiales lecheras a partir de la deuda que mantiene Venezuela por la exportación de leche en polvo promovida durante la segunda administración Vázquez.

En este repaso de insucesos, necesario es tener presente el enojo y preocupación de los sectores exportadores, fundamento de nuestra economía, ante la creciente pérdida de competitividad por la persistente caída del dólar. Situación momentáneamente respondida con amplias y detalladas declaraciones, anunciando medidas por el ministro Oddone. Tema para otra nota...

Enero finalizó con la procesión en masa de todo el gobierno, parlamentarios, instituciones satélites y privados invitados a China. Una suerte de peregrinación genuflexa para postrarse ante el gigante asiático, cuando la realidad internacional obliga a la máxima sensatez y cuidado en cada actitud y resolución que se tome. No parece necesario tanto aspaviento para progresar en acuerdos con este importante mercado para muchos de nuestros productos. Están condicionando de forma peligrosa la postura internacional de nuestro país frente a la enconada guerra geopolítica que afecta hoy a la humanidad. Mientras tanto, el ministro Fratti disfruta de una nueva oportunidad turística: ya fotografió la Capilla Sixtina, ahora tiene la oportunidad de retratarse en la Muralla China, además de la Ciudad Prohibida...

Por Laura Méndez

El convenio firmado entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y el Ministerio de Defensa Nacional para desarrollar instancias de formación dirigidas a adolescentes privados de libertad merece ser abordado con serenidad, sin prejuicios, pero también con claridad institucional.

El texto del acuerdo es, en términos jurídicos, un convenio marco. No establece programas concretos, no define talleres específicos ni detalla modalidades operativas. Su lenguaje es socioeducativo, deliberadamente amplio, y deja para acuerdos posteriores cualquier implementación práctica. Desde el punto de vista formal, por tanto, no estamos ante una política cerrada, sino ante una habilitación institucional.

El problema que se intenta atender es real y grave. Los adolescentes privados de libertad, en su mayoría, están allí por delitos violentos y con trayectorias educativas quebradas. La reincidencia es alta y las herramientas tradicionales no han logrado revertir esa tendencia. Es legítimo, entonces, que principalmente el Estado, busque nuevas formas de intervención.

Pero una cosa es la necesidad de actuar y otra muy distinta es la forma en que decide hacerlo.

Si en una primera instancia el objetivo es que los jóvenes terminen sus estudios, aprendan oficios y construyan un proyecto de vida fuera del delito, la respuesta natural del Estado debería estar en el sistema educativo. El Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y la UTU son los organismos especializados, con docentes, programas, certificaciones y experiencia en formación técnica. Son, además, instituciones concebidas para la inclusión social y la movilidad a través del conocimiento. Luego, ya finalizada esta etapa, habrá que seguir pensando en cómo hacer —instando muy probablemente a otras instituciones públicas y privadas— para que estos jóvenes puedan acceder, por ejemplo, a un trabajo formal, a una vivienda digna, en un país donde para esta franja etaria el trabajo y la vivienda no son fáciles de alcanzar (así lo registran varios indicadores).

Ahora bien, volvamos al tema que hoy estamos analizando, el convenio que es impulsado por el Ministerio de Defensa en un gobierno del Frente Amplio, una fuerza política que históricamente ha tenido una relación crítica con el rol y la dimensión de las Fuerzas Armadas. Durante años, desde ese espacio se cuestionó su tamaño, su presupuesto e incluso su necesidad en el Uruguay contemporáneo.

El Ministerio de Defensa no es un organismo educativo. No certifica oficios civiles ni forma parte del sistema nacional de enseñanza. Sus centros de formación responden a una lógica propia, vinculada a la función militar.

En conferencia de prensa, el día del anuncio de esta iniciativa, se habló de una primera experiencia con treinta jóvenes seleccionados. Sin embargo, el convenio no establece criterios de selección, ni condiciones, ni plan de trabajo, ni metas concretas. No se sabe quién los elegirá, con qué parámetros, ni qué ocurrirá con el resto de los adolescentes que integran el sistema. Sin criterios transparentes y sin un diseño operativo claro, se corre el riesgo de generar desigualdades internas y expectativas que luego quizás no podrán sostenerse.

Por eso, más que discutir si el convenio es bueno o malo en abstracto, la pregunta de fondo debería ser otra: ¿estamos utilizando las instituciones adecuadas para resolver el problema correcto? ¿El gobierno del Frente Amplio por qué propone una idea que, hace no mucho tiempo, habría cuestionado con dureza si la impulsaba un gobierno de otro signo? Por ejemplo, si esta misma iniciativa hubiera surgido de un gobierno colorado, probablemente el país estaría discutiendo otra cosa. No los detalles del convenio. No sus cláusulas. No su alcance real. Estaría discutiendo el simbolismo. Se hablaría de militarización de la política social, de retrocesos en derechos humanos, de lógicas autoritarias, de señales peligrosas para la democracia.

Se estaría haciendo uso de las conferencias de prensa, comunicados, advertencias de organismos sociales, marchas y debates encendidos en todos los ámbitos.

Pero la iniciativa no surgió de un gobierno colorado. Surgió del Frente Amplio. Y entonces el lenguaje cambió. Ahora hay matices, hay explicaciones y hay pragmatismo.

El Frente Amplio, hoy en el gobierno, tiene un problema, que es la paradoja política que lo deja al descubierto.

Nadie discute que los adolescentes privados de libertad necesitan herramientas reales de reinserción, pero no a través de esa Secretaría de Estado. No en este gobierno.

En el mundo al revés, el discurso de este gobierno se torna bastante hipócrita y devaluado.

Entonces, si el desafío para estos jóvenes es educativo y social, la respuesta debería ser educativa y social. Y si el objetivo es reconstruir trayectorias de vida, el camino más sólido sigue siendo el de la escuela, el oficio y la formación civil.

El batllismo construyó un país donde la educación, el trabajo y la protección social eran las herramientas centrales de integración, de inclusión. Ese legado no es solo una tradición partidaria; es una forma de concebir la vida pública.

Por Juan Carlos Nogueira

El mundo ya no se organiza alrededor de un consenso global, sino en torno a bloques de poder en competencia abierta.

Estados Unidos y el Occidente ampliado —con sus democracias liberales, su arquitectura financiera y su hegemonía normativa— enfrentan a una China que no busca aliados ideológicos, sino dependencias funcionales, y a una Rusia cada vez más encapsulada en el poder militar y energético, crecientemente subordinada a Beijing.

Entre ambos polos se mueven potencias medias oportunistas, foros como los BRICS y un equilibrio inestable de intereses que cambia según el tema, el momento y el precio.

En ese tablero, Uruguay no es una potencia ni pretende serlo. Carece de músculo militar, no controla cuellos de botella estratégicos, no define reglas ni altera equilibrios regionales. Pero tampoco es irrelevante: es una jurisdicción predecible, una plaza logística y financiera pequeña pero confiable, un país institucionalmente sólido en una región volátil. Ese es su activo central. Y, paradójicamente, también su mayor fragilidad.

Uruguay está anclado estructuralmente en Occidente no solo por geografía, sino por su sistema político, su Estado de Derecho y su cultura institucional. Sin embargo, su principal socio comercial es China, que absorbe cerca de una cuarta parte de sus exportaciones. A eso se suma la camisa de fuerza del Mercosur, que ha limitado su margen de maniobra comercial sin ofrecer una compensación estratégica equivalente. El resultado es una incomodidad creciente: dependencia económica de una potencia que no protege, y pertenencia geopolítica a un bloque antagónico del primero y, que exige definiciones.

La tentación, en ese contexto, es “elegir un lado”. Y ahí es donde conviene escuchar a Sun Tzu y a Maquiavelo, no como citas eruditas, sino como manuales crudos de supervivencia para actores pequeños en sistemas dominados por gigantes.

Según Sun Tzu, “cuando los intereses no son comunes, no se pueden hacer planes”. No habla de valores ni de afinidades culturales, sino de intereses durables. Todo lo demás es retórica. Una alianza fundada solo en la oposición a un tercero no crea coordinación estratégica, apenas coincidencias transitorias. Para Sun Tzu, eso es una derrota anticipada porque se pierde el control del campo de juego y el eje de decisión se desplaza hacia el socio.

Maquiavelo, por su parte, es todavía más brutal. En El Príncipe insiste en que quien se apoya en fuerzas ajenas se arruina, y que las alianzas nacidas del temor o del despecho conducen a la servidumbre. El error fatal es creer que una alianza fundada en la negación puede sostenerse en el tiempo. El socio fuerte nunca olvida que fue elegido por necesidad, no por convicción. Y la necesidad es el punto exacto donde empieza la dependencia.

Aplicado al dilema uruguayo, el mensaje es incómodo pero claro. Alinearse explícitamente con China puede ofrecer beneficios económicos inmediatos: mercado, inversión rápida, financiamiento e infraestructura. Pero el costo estratégico es alto y duradero: pérdida de confianza occidental, encasillamiento primario, dependencia comercial asimétrica y, sobre todo, ausencia de protección y camino de difícil retorno. China compra y financia, pero no ofrece —al menos hasta ahora— redes de contención sistémica comparables al FMI, la Reserva Federal o la arquitectura financiera occidental.

Cabe recordar la crisis del 2002. En 2002, Uruguay quedó atrapado en la onda expansiva del colapso argentino. Hubo corrida bancaria, retiro masivo de depósitos (especialmente de no residentes), caída brutal de reservas y cierre del sistema financiero. Técnicamente, el país estaba a un paso del default soberano. No fue una crisis fiscal clásica —Uruguay no había gastado descontroladamente— sino una crisis de liquidez y confianza. El problema no era insolvencia estructural, sino que el Estado se estaba quedando sin dólares ya.

En agosto, el presidente Jorge Batlle logró que el presidente Bush interviniera políticamente para destrabar un paquete de asistencia excepcional. El resultado fue un préstamo puente de aproximadamente USD 1.500 millones, canalizado a través del FMI. Ese dinero permitió reabrir los bancos, frenar la corrida, cumplir pagos inmediatos, evitar el default que estaba pidiendo el Frente Amplio. Uruguay tenía una reputación seria: no había roto contratos, no había confiscado depósitos, no había confrontado con organismos internacionales, mantuvo una narrativa de responsabilidad institucional y se mostró cooperativo, predecible y alineado con el orden financiero occidental. Para USA, rescatar a Uruguay reforzaba el mensaje de que el sistema protege a quienes juegan dentro de las reglas. Occidente protege a quienes considera parte del sistema. China no protegía entonces y no protege hoy en crisis de liquidez soberana.

Alinearse sin matices con USA y Occidente, tampoco es la panacea. Ofrece estabilidad sistémica, reputación, acceso a financiamiento, inserción tecnológica y cobertura diplomática. Pero también implica costos: dolor económico de corto plazo, riesgo de represalias comerciales chinas y una pérdida de autonomía relativa. Uruguay pasaría de “bisagra” a periferia alineada. Estabilidad a cambio de flexibilidad.

El punto central es que ninguna de las dos alineaciones resuelve el dilema de fondo. Solo desplazan dependencias. Sun Tzu y Maquiavelo coinciden en una advertencia esencial: las alianzas reactivas no equilibran, subordinan. A modo de ejemplo, el Mercosur no solo ha restringido acuerdos, también encierra a Uruguay en la lógica política de sus vecinos, donde la agenda comercial suele subordinarse a la interna.

Cambiar de eje por oposición no es ganar autonomía, es redefinir quién manda.

Para Uruguay, la estrategia más racional no es la épica del alineamiento, sino la disciplina de la neutralidad activa. No una neutralidad declamativa ni ingenua, sino una neutralidad estratégica consistente en:

• Evitar pronunciamientos geopolíticos innecesarios (como la referencia a Taiwán, por ejemplo).
• Preservar vínculos comerciales con todos.
• Evitar convertirse en plataforma de nadie.
• Explotar nuestro verdadero valor diferencial: consolidarse como intermediario limpio, jurisdicción confiable, nodo de servicios, logística, datos, alimentos premium y conocimiento en el Cono Sur.

En un mundo fragmentado, los países pequeños no sobreviven eligiendo bandos, sino conservando margen de maniobra. Sun Tzu diría que la victoria está en no entrar a batallas ajenas. Maquiavelo agregaría que conservar la libertad de maniobra es preferible a una alianza humillante. Uruguay no necesita ser protagonista del conflicto global. Necesita ser imprescindible para todos y prescindible para ninguno.

Por Jonás Bergstein

Una reflexión sobre el mal llamado Impuesto a los Ricos.

A Rosa Germandoff

Vaya por delante nuestro agradecimiento a los llamados ricos: porque sin ellos, ni nosotros estaríamos escribiendo estas líneas, ni Ud., Sr. lector, nos estaría leyendo.

Quizás por deformación profesional, uno no puede dejar de comenzar por dos referencias técnicas. La primera, técnico-tributaria: los clásicos del Derecho Tributario ni siquiera mencionan una categoría o instituto jurídico con ese nombre. No conocemos —en la literatura tributaria clásica— una cosa tal denominada impuesto a los ricos; lisa y llanamente lo que hay son impuestos. La segunda: la sola referencia a un impuesto a los ricos es —desde nuestro punto de vista— una falacia. Porque parece hacer alusión a una categoría cierta y válida, cuando en verdad es todo lo contrario: es engañosa e induce a confusión.

Nos explicamos. La referencia a un impuesto a los ricos, presupone la existencia de una categoría opuesta, un impuesto a los pobres. Excepto que, en las sociedades democráticas y desde la Revolución Francesa para acá, los impuestos a los pobres hace tiempo desaparecieron: no existen ni tampoco podrían legítimamente existir, por ser violatorios de la Constitución —tal como implícitamente lo ha aceptado nuestra Suprema Corte de Justicia— y del contrato social que sustenta toda sociedad democrática.

Todos sabemos que la Revolución Francesa sentó varias de las bases de la sociedad occidental moderna: la supremacía de la ley sobre el poder público, la separación de poderes, el principio de legalidad como pilar del Derecho Tributario (no hay tributo sin ley que lo preestablezca), el principio de legalidad como pilar del Derecho Penal (no hay delito sin ley que lo preestablezca), y tantos otros. Precisamente, el Antiguo Régimen que la Revolución Francesa desterró, estaba dominado por el absurdo y el caos. En él coexistían, entre otros, múltiples sistemas legales pero también múltiples sistemas impositivos. Estos eran no solo dispares, sino también insensatos: mientras la nobleza —titular de la riqueza de la época (la tierra)— estaba exenta de contribuir a las arcas públicas, era la plebe —sumida en la pobreza— la única que contribuía a estas últimas. Vale decir que el sistema era no solamente injusto, sino también, y muy especialmente, inconducente; y por eso (también) a la larga colapsó. He aquí uno de los principales aportes del esfuerzo racionalizador de la Revolución Francesa: no puede haber impuestos allí donde no haya una expresión de capacidad contributiva, o, para expresarlo en términos menos técnicos pero quizás más comprensibles, allí donde no haya riqueza (o una manifestación de ella).

Es por eso que hablar de un impuesto a los ricos es tanto como no decir nada: porque en mayor o menor medida, todos los impuestos gravan a los ricos, en distintos niveles y en distintas escalas; lisa y llanamente porque todos los impuestos que conocemos sólo pueden gravar a quienes exhiben algún tipo de riqueza pasible de contribuir a sufragar los gastos del Estado.*

Mucho más técnico —y seguramente más elegante— son las expresiones que se han utilizado en la legislación y en la literatura comparada, tales como el impuesto a las grandes fortunas, o imposición a la riqueza, al patrimonio o a los activos. Se podrá decir que el nombre no hace a la cosa; pero tal como veremos de inmediato, quizás sea ésta la excepción que confirme la regla.

A primera vista, estas consideraciones pudieran parecer algo menores, puramente semánticas. A nuestro juicio, ellas son todo o casi todo.

Porque aún no conocemos —en Uruguay al menos— un articulado que dé forma escrita al tributo a crearse; tan sólo hemos visto —a través de la prensa escrita— referencias más bien genéricas a la creación de un impuesto de estas características. De manera que desconocemos si estamos hablando de un impuesto directo, o indirecto, o de una imposición a la renta, al capital o al consumo, de alcance territorial o mundial, por decir algo. Esta apreciación importa a dos puntas: de un lado, porque significa que nuestras consideraciones sobre la materia sólo pueden moverse en el campo de las generalidades; y de otro, porque ratifica que, más allá de generalidades, no es mucho más lo que cabe discutir: el tema es mucho más ideológico, político y filosófico (si es la palabra), que estrictamente jurídico o técnico.

En ese mismo tren de generalidades, la iniciativa del impuesto a los ricos se inserta —a nuestro criterio— en el marco de un fenómeno tan general como nocivo, que en los últimos tiempos ha comenzado a calar en la sociedad occidental (y que seguramente es el que mueve a escribir estas líneas, para quebrar una lanza por quienes son también motores insustituibles del progreso y del bienestar de todos): la denostación de la riqueza. Esto es: mirar la riqueza (y mirar a los ricos) con recelo, a veces con desprecio. Como si algo malo hubiere en ellos o como si algo malo hubieran hecho, o como si acaso los hombres pudiéramos llevar a cabo emprendimientos o iniciativas sin riqueza, sin recursos (si alguna duda cupiera, echemos un vistazo a la última Ley de Presupuesto).

Pero como dijera Jack, vayamos por partes.

Ante todo, la referencia a un impuesto a los ricos, presupone no sólo una división entre dos categorías de impuestos —impuesto a los ricos e impuesto a los pobres—, sino también, y ante todo, una división entre dos categorías de personas: los ricos y los pobres. En momentos en que ya hay tantas fisuras en la sociedad, ¿qué necesidad de seguir echando leña al fuego? Mucho se habla de la polarización, que ciertamente es real. Pero mucho menos se habla —y no es menos real— que la polarización la hacen hombres y mujeres de carne y hueso: como tantas otras cosas, las sociedades no se polarizan solas, sino que son las personas las que la polarizan, con sus dichos y sus hechos. Hablar de un impuesto a los ricos milita decisivamente en esa dirección tan indeseada: no zurce el tejido social, no integra, sino que divide y polariza. Es parte de esa larga serie de expresiones que tan poco tienen que ver con el amor al prójimo —y que tanto han contribuido ya a desintegrar la sociedad moderna, sembrando y desparramando odio por doquier—: los ricos, los poderosos, los que se la llevan toda, y ese largo e indefinible los, que a la larga deposita en los demás la responsabilidad de forjar nuestro propio destino. A nuestro juicio, ese discurso genera poco amor y bastante resentimiento, y, sobre todo, muchos votos (a fin de cuentas, ¿qué cosa más fácil que sacarle el dinero a los ricos y dárselo a los pobres, no?). Sucede que es un discurso que a la larga genera odio. Y como dijera el Presidente Mujica, el odio nada crea, sólo destruye.

Segundo. La referencia a un impuesto a los ricos a secas, contiene un mensaje (no escrito) a nuestro juicio poco constructivo: hay que desestimular la riqueza. Pensamos que un mensaje de esas características sería poco deseable: si queremos hacer cosas, si queremos disminuir la pobreza infantil, la mortandad infantil y las tantas otras cosas en las cuales aspiramos a mejorar, ellas sólo podrán hacerse mediante riqueza (y por ende: mediante los ricos, nos guste o no).

Sr. lector: el problema de nuestra sociedad (y uno diría: de la mayoría de las sociedades del mundo) nunca ha sido el exceso o la abundancia de ricos —¡ojalá tuviéramos muchos más!— sino al revés, el exceso de pobres. Ninguna sociedad, ningún país, ha caído porque hubiera muchos ricos, sino en todo caso por la cantidad masiva de pobres. Y si no, preguntemos a los países más ricos del mundo y ahí tendremos la respuesta: preguntemos a Suiza, a Liechtenstein, a Luxemburgo, a Mónaco. La sola mención del punto despeja la duda: los ricos no son la fuente del problema sino parte de su solución. Ninguna sociedad ha crecido multiplicando la pobreza o su número de pobres; han crecido justamente multiplicando la riqueza. Y por ende multiplicando el número de ricos, como quiera que ellos se definan. Nuestro desafío no debe ser sacar a los ricos de la riqueza, sino a los pobres de la pobreza.

Claro que tiene que haber mecanismos de redistribución de la riqueza y de solidaridad social, que nos permitan a todos ser parte de ella y recibir nuestra cuota parte de la torta. Excepto que hasta ahora, poco de ello hemos visto en las discusiones difundidas por la prensa.

Tercero. Todo orden legal se presume coherente. Desde 2012 para acá, Uruguay cuenta con leyes que han estimulado la radicación de no residentes de alto poder adquisitivo —en la jerga se les llama: high net worth individuals— a través de la desgravación de sus rentas financieras del exterior. La última ley de presupuesto no sólo mantuvo el régimen —y respetó los plazos de quienes a la fecha se encontraban usufructuando la desgravación—, sino que incluso contempló ciertas variantes para ofrecer nuevos incentivos luego de expirado el plazo de la franquicia fiscal. Si nosotros leemos correctamente esas normas, hay en ellas un ánimo de estimular la riqueza. A esos señores de alto poder adquisitivo, les estamos diciendo: “Vengan al país, consuman aquí, compren nuestras propiedades, pues con vuestro dinero nos vamos a beneficiar, todos. En el mundo hay actualmente varios países que ofrecen sistemas similares, y nosotros queremos ser parte de ellos y competir con esos países para ofrecerles un sistema impositivo que les seduzca”. Si esta lectura es correcta —y nosotros creemos que lo es—, no queda claro cómo armonizarla con el discurso que subyace al impuesto a los ricos: a esos mismos individuos que confían en el país y vienen a radicarse o a invertir en el país, ¿qué explicación les damos a la hora de fundar el impuesto a los ricos? La que sea, con seguridad sólo podrá ser contradictoria. Quizás porque nada más contradictorio que el propio ser humano.

* Otro tanto podría decirse del destino del pretendido impuesto, que, según se dice, tendría por destino los esfuerzos tendientes a reducir la pobreza infantil. Porque por definición ?art. 10 del Código Tributario? todo tributo tiene por objetivo la obtención de recursos para que el Estado pueda cumplir sus fines (pobreza infantil incluida). Si una norma creara un tributo cuyo destino fuera ampliar o extender la pobreza infantil, sería forzosamente inconstitucional.

Por Eduardo Zalovich

Ideología, armas y economía: el triángulo que convierte a la Guardia Revolucionaria en Estado dentro del Estado.

La Guardia Revolucionaria Islámica (GR) nació durante la revolución de 1979, con la misión de proteger el nuevo orden teocrático instaurado tras la caída del sha Reza Pahlavi. Desde su creación, el ayatolá Jomeini quiso un cuerpo militar paralelo al ejército, leal solo a la jerarquía clerical, para prevenir un golpe de Estado como el que en 1953 derrocó al premier Mosadeq. Fue concebida como guardiana de los “valores revolucionarios” y la “seguridad islámica”, con independencia del ejército nacional.

Su modelo fueron las SS nazis, un cuerpo fanático, altamente ideologizado y sin el menor escrúpulo para ejecutar todo tipo de misiones.

Desde sus primeros años, la GR se involucró en la guerra con Irak (1980-1988), que la destacó como fuerza militar y política. Evolucionó de un grupo revolucionario a un aparato con armada, fuerza aérea y comando de misiles, separado estructuralmente de las fuerzas armadas convencionales y respondiendo directamente al Guía Supremo —dictador— de Irán, hoy Alí Jamenei. Su ideología es fundamentalista chií: combina la doctrina política de la República con el islam radical. Promueve la exportación del régimen chií, la defensa de dictaduras afines y la oposición a estados democráticos. Oficialmente, el régimen la presenta como defensora de la soberanía y combatiente del “terrorismo”. Fuentes opositoras desmienten esta imagen y señalan que es un mecanismo interno de control ideológico e intimidación.

Un elemento clave es su brazo internacional, la Fuerza Al Quds, especializada en operaciones en el extranjero. Esta unidad ha forjado alianzas con grupos como Hezbolá, Hamás en Gaza, las milicias chiíes en Irak y Siria, y los rebeldes hutíes en Yemen, extendiendo la influencia de Teherán a través de entrenamiento, armas y financiamiento. Muchos analistas la describen como una red de proxies cuyo objetivo es interferir en la política regional y debilitar adversarios de Irán. Por estas actividades, EE. UU. definió a la GR como organización terrorista extranjera en su totalidad, en 2019 —un hecho sin precedentes contra una parte formal de un Estado— y muchas naciones democráticas sancionaron tanto al cuerpo como a sus afiliados por financiar y realizar asesinatos.

Occidente acusa a la GR de promover el terrorismo estatal. La Fuerza Al Quds ha sido señalada por crímenes, atentados y conspiraciones en Europa, América, África y Medio Oriente. Casos clásicos incluyeron la utilización de Hezbolá en ataques contra objetivos en Argentina (AMIA y embajada de Israel), el apoyo a la violencia contra opositores en Gaza y cooperación con grupos extremistas en Afganistán y Siria. Opositores iraníes en Londres han documentado múltiples intentos de secuestro y asesinato de periodistas, activistas y disidentes iraníes en suelo europeo por parte de células vinculadas a la GR y su red de inteligencia.

En Washington, fiscales han acusado a altos oficiales de planear asesinatos de activistas iraníes residentes en EE. UU. y de conspirar para intimidar a opositores de Teherán. La propia designación estadounidense se basó en este tipo de actividades encubiertas y en la provisión continua de armas y formación a grupos hostiles a la democracia.

Dentro de Irán, la GR es una de las instituciones más poderosas del Estado, con enorme influencia en política y economía. Muchos veteranos del cuerpo ocupan cargos gubernamentales y dirigen sectores estratégicos de infraestructura, energía e incluso telecomunicaciones y redes comerciales ilícitas para evadir sanciones. Su brazo paramilitar, el Basij, recluta a millones de “voluntarios” y actúa como fuerza de choque.

Durante las recientes protestas masivas se calculan 30.000 asesinados, detenciones y torturas. Son un instrumento central de represión interna, encargado de sostener al régimen —hoy tambaleante— contra movimientos democráticos. Estas acciones han consolidado un profundo odio en la sociedad civil iraní y entre opositores en la diáspora. Exiliados en Londres y EE. UU. han denunciado amenazas y presión directa por parte del régimen. Históricamente, figuras como Qasem Soleimani, comandante del Al Quds hasta su muerte en un ataque estadounidense en 2020, simbolizaron el alcance de la GR fuera de Irán. No es solo un ejército dentro de Irán, sino una estructura que combina poder militar, económico e ideológico, bajo la autoridad del clero chií. Representa un actor central en la represión interna y la exportación de violencia. Los golpes contra sus líderes, las sanciones y la definición como organización terrorista reflejan el rechazo mundial a sus métodos. Su futuro dependerá de la permanencia o derrumbe de la tiranía iraní.

Por Alicia Quagliata

Entre la tradición institucional y las nuevas herramientas financieras, la vivienda vuelve a plantearse como política de desarrollo y no de emergencia.

Detrás de cada estadística de déficit habitacional hay una familia uruguaya cuyo proyecto de vida se posterga entre la inercia administrativa y la ausencia de opciones reales. En mi entrega anterior, exploramos el “dolor social” y las fallas estructurales en la función del suelo; hoy, entiendo que ese diagnóstico solo cobra sentido si se convierte en la llave que abre puertas tangibles, como el acceso a viviendas mediante la modalidad de alquiler con opción a compra. En un país que aspira a la equidad, el acceso al hogar no puede ser un laberinto de exclusión, sino un camino diáfano que recupere la escala y la audacia ejecutiva que una vez nos definieron como nación.

Un legado de certezas y estabilidad

La política habitacional en Uruguay no es producto de la improvisación, sino de una arquitectura institucional de largo aliento donde el Partido Colorado ha sido el principal proyectista. No concebimos la construcción de paredes sin el marco legal que faculte al ciudadano a ser dueño de su destino. Este camino de vanguardia, iniciado en 1912 con la creación del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) bajo el impulso batllista, transformó el crédito en la gran palanca de ascenso social para el trabajador.

Esta visión de Estado alcanzó su mayor contundencia operativa durante la segunda presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti. En dicho período se concretaron 55.000 soluciones habitacionales, logrando un hito histórico: el 67% de la población alcanzó la tenencia de vivienda propia. No fue una casualidad estadística, sino el resultado de priorizar el arraigo mediante leyes fundamentales como la de Propiedad Horizontal (1946) y la Ley Nacional de Vivienda (1968). Incluso en la historia reciente, esta trayectoria se consolidó con la creación del Plan CAIF (1988), el PIAI (hoy PMB, 1999) y, fundamentalmente, la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) en el pasado gobierno, hito que contó con el respaldo técnico y político de nuestra colectividad para jerarquizar la respuesta a la precariedad urbana.

La visión desde el territorio y el análisis técnico

Mi perspectiva se nutre de la observación directa y el análisis de la ejecución en el territorio. Mi labor profesional como arquitecta en programas como el Plan de Mejoramiento del Hábitat, el Plan de Mitigación (Mides) y el sistema de Autoconstrucción (MVOTMA), sumada a la gestión reciente como Gerente Técnico General del PMB (MVOT), me ha permitido identificar los cuellos de botella que hoy impiden que las soluciones escalen. El hábitat integral trasciende la unidad física; involucra infraestructura, saneamiento y una seguridad jurídica que hoy parece fragmentada por la falta de una convergencia institucional real.

Para revertir las carencias estructurales, resulta imperativa una sinergia que conecte la operatividad técnica con la labor de los parlamentarios, generando instrumentos normativos que no queden en el papel, sino que se traduzcan en obras sostenibles y de calidad para el ciudadano.

El pendiente estructural: superar la “casuística”

Si mi entrega anterior se centraba en la emergencia, esta busca destacar una omisión crítica hacia la clase media trabajadora. La política vigente, reflejada en los lineamientos del presupuesto actual, parece replegarse hacia la “gestión de la casuística”, priorizando intervenciones puntuales de alto impacto comunicacional en detrimento de un sistema de acceso masivo. Mientras el foco se agota en la regularización paliativa, se descuida el desarrollo de stock habitacional para el sector formal.

Hoy, el trabajador que reside en áreas consolidadas de la capital o del interior del país destina un porcentaje desproporcionado de sus ingresos a alquileres que no capitalizan su patrimonio. De no mediar cambios profundos en la aplicación de la ley, la Vivienda Promovida seguirá funcionando principalmente como un beneficio impositivo para el inversor, en lugar de ser un derecho efectivo que amplíe las opciones de acceso a través de la modalidad de alquiler con opción a compra. Necesitamos herramientas que aseguren que cada hogar, desde la urgencia del asentamiento hasta el joven profesional y los trabajadores que alquilan por no tener otra opción ni capacidad de ahorro, encuentre una ruta clara hacia su propiedad.

Propuestas para una reforma integral

Basada en el análisis de los procedimientos y la realidad administrativa, entiendo prioritario impulsar cuatro ejes de acción:

1. Fideicomisos de Alquiler Social (FAS): Estructurar vehículos financieros liderados por el Estado para edificar en predios públicos, permitiendo que el canon mensual se acredite parcialmente como ahorro. Al finalizar un período de cumplimiento, este capital facilitará la escritura definitiva sin requerir un ahorro previo inalcanzable.
2. Seguro de Garantía de Ahorro Estatal: El Estado debe actuar como garante soberano del ahorro inicial ante la banca. Esto permitiría el ingreso inmediato al inmueble mediante préstamos de cuota blanda destinados al depósito de garantía, eliminando la principal barrera de entrada para familias solventes pero sin capacidad de acumulación previa.
3. Reforma de la Vivienda Promovida: Vincular las exoneraciones fiscales a la obligatoriedad de destinar un porcentaje de unidades a modalidades de alquiler con opción a compra gestionadas por la ANV. Para los sorteos proyectados en el próximo quinquenio, es imperativo que esta modalidad sea el eje motor del sistema.
4. Función social del suelo: Activar efectivamente las herramientas de captación de plusvalías y los impuestos a inmuebles ociosos, combatiendo la especulación que encarece la tierra y expulsa a las familias de los centros urbanos consolidados.

Por Alvaro Valverde Urrutia

La reapertura de canales diplomáticos entre Venezuela y Estados Unidos marca el inicio de un proceso que busca estabilizar el país, recuperar su economía y sentar las bases para una eventual transición política. La llegada de Laura Dogu y la ejecución de un plan de tres fases reflejan un escenario donde las decisiones ya no se toman solo en Caracas, sino en un contexto internacional complejo que involucra a China, Rusia y a los principales países de la región.

La dinámica política venezolana atraviesa una etapa inédita tras la reapertura de canales diplomáticos con Estados Unidos y la presentación formal de un plan de tres fases por parte de la administración de Donald Trump. La llegada a Caracas de Laura Dogu, como encargada de negocios, y sus reuniones con las principales autoridades del Poder Ejecutivo marcaron el inicio de una fase de interlocución directa que había estado suspendida durante años. Más allá del gesto diplomático, el mensaje fue claro: existe una hoja de ruta definida y en ejecución.

En este nuevo escenario, el poder efectivo en Venezuela se ejerce desde una estructura institucional que mantiene continuidad administrativa, encabezada por Delcy Rodríguez, pero condicionada por factores internos y externos.

La presidencia de facto conserva el control del aparato estatal y la capacidad de gestión cotidiana, aunque sus márgenes de decisión están estrechamente vinculados a la evolución del diálogo con Estados Unidos y a la respuesta de los núcleos de poder que sobreviven dentro del sistema político. Figuras como Diosdado Cabello y sectores asociados al área de seguridad y defensa siguen siendo actores relevantes, no necesariamente visibles en la negociación externa, pero con capacidad de influir en la viabilidad de cualquier proceso de apertura sostenida.

El plan estadounidense se articula en tres etapas secuenciales: estabilización, recuperación económica y transición política. Su lógica responde a un enfoque gradual, que prioriza reducir la incertidumbre antes de avanzar hacia cambios estructurales. En esa línea se inscriben la liberación paulatina de presos políticos, la flexibilización de ciertas restricciones económicas y la reconstrucción de vínculos diplomáticos. Estas medidas cumplen una doble función: enviar señales de distensión al plano internacional y, al mismo tiempo, administrar tensiones internas sin alterar de forma abrupta el equilibrio de poder existente.

El papel de Estados Unidos no se presenta como el de un mediador neutral, sino como el de un actor con intereses definidos que busca ordenar el proceso y condicionar sus tiempos. La figura de Laura Dogu refleja ese enfoque: una diplomacia directa, con objetivos explícitos y escaso margen para ambigüedades. La reapertura de la misión diplomática no implica un reconocimiento pleno ni automático del gobierno de facto, sino la instalación de un canal permanente de supervisión política y negociación.

En el plano internacional, el plan de tres fases impulsado por Estados Unidos es seguido con atención tanto por actores internacionales como por los principales países de la región. China observa el proceso desde una lógica de resguardo de intereses económicos y estabilidad, evitando una confrontación directa y evaluando cómo la fase de recuperación podría afectar su presencia en sectores estratégicos. Rusia, con una capacidad de incidencia más limitada, utiliza el caso venezolano como referencia en el debate sobre soberanía y equilibrio internacional, priorizando el plano diplomático.

En América Latina, las posiciones son diversas y responden a intereses concretos: Colombia ocupa un lugar central por su condición de país vecino, directamente impactado por los flujos migratorios, la seguridad fronteriza y el narcotráfico, lo que la lleva a privilegiar una estabilización funcional de Venezuela y a coordinar acciones diplomáticas y de cooperación con otros actores. Argentina acompaña una salida que reduzca la incertidumbre regional y facilite la normalización económica, mientras que Brasil mantiene una postura cautelosa, interesada en la estabilidad venezolana, pero atenta a preservar márgenes de autonomía regional y un enfoque no excluyente. En conjunto, ninguno de estos países define por sí solo el rumbo del proceso, pero todos influyen en sus tiempos, alcances y límites.

El entendimiento entre Estados Unidos y Colombia, reforzado por el diálogo directo entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, encaja en este marco más amplio. La cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico apunta a reducir factores de inestabilidad que trascienden a Venezuela y afectan al conjunto de la región. Sin embargo, este alineamiento no implica una delegación automática de decisiones políticas, sino una convergencia pragmática en áreas donde los intereses coinciden.

El principal desafío del proceso se concentra en su fase final. La transición política requiere redefinir reglas institucionales, clarificar legitimidades y establecer mecanismos de gobernabilidad para los actores que mantienen influencia significativa. Si la estabilización y la recuperación económica no generan incentivos claros para una apertura política sostenida, el proceso podría quedar estancado en la gestión prolongada de la crisis, sin una resolución institucional profunda.

Lejos de una transición lineal, el contexto venezolano se caracteriza por la interacción entre dinámicas internas y la influencia de actores externos. Los planes internacionales, que suelen priorizar primero la estabilidad y luego la recuperación económica antes de abordar cambios políticos, no garantizan una solución definitiva a la crisis, pero sí establecen un marco de prioridades que condiciona las decisiones de los distintos actores.

El desenlace dependerá de la capacidad de los actores internos y regionales para coordinar acciones que respondan a las necesidades del país, respetando los principios de gobernabilidad y legitimidad institucional. Cada decisión tendrá implicaciones sobre los márgenes de autonomía y la estabilidad política, y la efectividad del proceso estará vinculada tanto a factores internos como al contexto internacional en el que se desarrollen estas interacciones.

Ante la rivalidad entre grandes potencias y el uso de la economía como arma, el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, propuso en el Foro de Davos un realismo basado en valores: menos retórica, más autonomía estratégica y cooperación efectiva entre países intermedios. Considerarlo de extremo interés para Uruguay en esta coyuntura, lo publicamos íntegramente.

Es un placer —y un deber— estar con ustedes en este punto de inflexión para Canadá y para el mundo.

Hoy hablaré de la ruptura del orden mundial, del fin de la grata ficción y del amanecer de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias no tiene freno.

Pero sostengo, aun así, que otros países —en particular las potencias medias como Canadá— no están indefensos. Tienen el poder de construir un nuevo orden que integre nuestros valores, como el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

El poder de los menos poderosos comienza con la honestidad.

Cada día se nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias. Que el orden basado en normas se está desvaneciendo. Que los fuertes hacen lo que pueden, y los débiles sufren lo que deben.

Este aforismo de Tucídides se presenta como inevitable: la lógica natural de las relaciones internacionales reimponiéndose. Y, ante esa lógica, existe una fuerte tendencia de los países a adaptarse para encajar. A acomodarse. A evitar problemas. A esperar que el acatamiento compre seguridad.

No lo hará.

Entonces, ¿Cuáles son nuestras opciones?

En 1978, el disidente checo Václav Havel escribió un ensayo titulado El poder de los sin poder. En él planteó una pregunta sencilla: ¿cómo se sostenía el sistema comunista?

Su respuesta empezaba con un verdulero. Cada mañana, este tendero coloca un letrero en su escaparate: “¡Proletarios de todos los países, uníos!”. No lo cree. Nadie lo cree. Pero lo coloca de todos modos: para evitar problemas, para señalar conformidad, para llevarse bien. Y como cada tendero en cada calle hace lo mismo, el sistema persiste.

No solo mediante la violencia, sino mediante la participación de la gente común en rituales que, en privado, sabe que son falsos.

Havel llamó a esto “vivir dentro de una mentira”. El poder del sistema no proviene de su verdad, sino de la disposición de todos a actuar como si fuera cierto. Y su fragilidad proviene de la misma fuente: cuando incluso una sola persona deja de actuar —cuando el verdulero quita su letrero— la ilusión empieza a resquebrajarse.

Ha llegado el momento de que las empresas y los países retiren sus letreros. Durante décadas, países como Canadá prosperaron bajo lo que llamamos el orden internacional basado en normas. Nos unimos a sus instituciones, alabamos sus principios y nos beneficiamos de su previsibilidad. Podíamos impulsar políticas exteriores basadas en valores bajo su protección.
Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa. Que los más fuertes se eximirían cuando les conviniera. Que las reglas comerciales se aplicaban de manera asimétrica. Y que el derecho internacional se aplicaba con rigor variable según la identidad del acusado o de la víctima.

Esta ficción era útil, y la hegemonía estadounidense, en particular, ayudó a proveer bienes públicos: rutas marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a marcos para resolver disputas.

Así que pusimos el letrero en la ventana. Participamos en los rituales. Y, en gran medida, evitamos señalar las brechas entre la retórica y la realidad. Ese pacto ya no funciona. Permítanme ser directo: estamos en medio de una ruptura, no de una transición. En las dos últimas décadas, una serie de crisis —financiera, sanitaria, energética y geopolítica— dejó al descubierto los riesgos de una integración global extrema.

Más recientemente, las grandes potencias empezaron a usar la integración económica como arma. Aranceles como palanca. Infraestructura financiera como coerción. Cadenas de suministro como vulnerabilidades a explotar. No se puede “vivir dentro de la mentira” del beneficio mutuo mediante la integración cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación. Las instituciones multilaterales en las que se apoyaban las potencias medias —la OMC, la ONU, las COP—, la arquitectura de la resolución colectiva de problemas, están muy debilitadas.

Como resultado, muchos países están llegando a las mismas conclusiones. Deben desarrollar mayor autonomía estratégica: en energía, alimentos, minerales críticos, finanzas y cadenas de suministro. Este impulso es comprensible. Un país que no puede alimentarse, abastecerse de energía o defenderse tiene pocas opciones. Cuando las normas ya no te protegen, debes protegerte tú. Pero seamos lúcidos sobre adónde conduce esto. Un mundo de fortalezas será más pobre, más frágil y menos sostenible.

Y hay otra verdad: si las grandes potencias abandonan incluso la pretensión de normas y valores para perseguir sin trabas su poder e intereses, los beneficios del “transaccionalismo” se vuelven más difíciles de replicar. Los hegemones no pueden monetizar continuamente sus relaciones. Los aliados diversificarán para cubrirse ante la incertidumbre. Comprarán seguros. Aumentarán opciones. Esto reconstruye la soberanía —una soberanía que antes estaba anclada en normas—, pero que estará cada vez más anclada en la capacidad de resistir la presión.

Esta gestión clásica del riesgo tiene un coste. Pero ese coste de la autonomía estratégica, de la soberanía, también puede compartirse. Las inversiones colectivas en resiliencia son más baratas que cada uno construya su propia fortaleza. Los estándares compartidos reducen la fragmentación. Las complementariedades son de suma positiva.

La pregunta para las potencias medias, como Canadá, no es si debemos adaptarnos a esta nueva realidad. Debemos hacerlo. La pregunta es si nos adaptamos simplemente construyendo muros más altos —o si podemos hacer algo más ambicioso.

Canadá fue de los primeros en escuchar la llamada de atención, lo que nos llevó a cambiar de forma fundamental nuestra postura estratégica. Los canadienses saben que nuestra vieja y cómoda suposición de que nuestra geografía y nuestras membresías en alianzas conferían automáticamente prosperidad y seguridad ya no es válida.

Nuestro nuevo enfoque se basa en lo que Alexander Stubb ha denominado “realismo basado en valores” —o, dicho de otro modo, aspiramos a ser principistas y pragmáticos. Principistas en nuestro compromiso con valores fundamentales: la soberanía y la integridad territorial, la prohibición del uso de la fuerza salvo cuando sea coherente con la Carta de la ONU, el respeto de los derechos humanos. Pragmáticos al reconocer que el progreso suele ser incremental, que los intereses divergen, que no todos los socios comparten nuestros valores.

Nos estamos comprometiendo ampliamente, de forma estratégica, con los ojos abiertos. Afrontamos activamente el mundo tal como es, no esperamos al mundo tal como quisiéramos que fuera. Canadá está calibrando sus relaciones para que su profundidad refleje nuestros valores. Estamos priorizando un compromiso amplio para maximizar nuestra influencia, dada la fluidez del mundo, los riesgos que esto plantea y lo que está en juego de cara a lo que viene. Ya no dependemos solo de la fuerza de nuestros valores, sino también del valor de nuestra fuerza.

Estamos construyendo esa fuerza en casa. Desde que mi gobierno asumió el cargo, hemos recortado impuestos sobre ingresos, ganancias de capital e inversión empresarial; hemos eliminado todas las barreras federales al comercio interprovincial; y estamos acelerando un billón de dólares de inversión en energía, IA, minerales críticos, nuevos corredores comerciales y más allá. Estamos duplicando nuestro gasto en defensa para 2030, y lo hacemos de maneras que fortalezcan nuestras industrias nacionales.

Nos estamos diversificando rápidamente en el exterior. Hemos acordado una asociación estratégica integral con la Unión Europea, incluyendo la adhesión a SAFE, los mecanismos europeos de compra de defensa. Hemos firmado otros doce acuerdos comerciales y de seguridad en cuatro continentes en los últimos seis meses. En los últimos días, hemos concluido nuevas asociaciones estratégicas con China y Catar. Estamos negociando pactos de libre comercio con India, la ASEAN, Tailandia, Filipinas y Mercosur.

Para ayudar a resolver problemas globales, estamos impulsando una geometría variable: diferentes coaliciones para diferentes asuntos, basadas en valores e intereses. En Ucrania, somos miembro central de la Coalición de los Dispuestos y uno de los mayores contribuyentes per cápita a su defensa y seguridad. En soberanía ártica, nos mantenemos firmemente junto a Groenlandia y Dinamarca y apoyamos plenamente su derecho único a determinar el futuro de Groenlandia.

Nuestro compromiso con el Artículo 5 es inquebrantable. Trabajamos con nuestros aliados de la OTAN (incluyendo el Nordic Baltic 8) para asegurar aún más los flancos norte y oeste de la alianza, incluyendo inversiones sin precedentes en radar de alcance más allá del horizonte, submarinos, aeronaves y presencia terrestre.

En el comercio plurilateral, estamos impulsando esfuerzos para tender un puente entre el Acuerdo Transpacífico y la Unión Europea, creando un nuevo bloque comercial de 1.500 millones de personas. En minerales críticos, estamos formando clubes de compradores anclados en el G7 para que el mundo pueda diversificarse y alejarse de un suministro concentrado. En IA, cooperamos con democracias afines para garantizar que, en última instancia, no nos veamos obligados a elegir entre hegemones e hiperescaladores.

Esto no es multilateralismo ingenuo. Tampoco es depender de instituciones debilitadas. Es construir coaliciones que funcionen, asunto por asunto, con socios que comparten suficiente terreno común como para actuar juntos. En algunos casos, será la gran mayoría de las naciones. Y es crear una densa red de conexiones a través del comercio, la inversión y la cultura, de la que podamos valernos para desafíos y oportunidades futuras. Las potencias medias deben actuar juntas porque, si no estás en la mesa, estás en el menú. Las grandes potencias pueden permitirse ir solas. Tienen el tamaño de mercado, la capacidad militar, la palanca para dictar condiciones. Las potencias medias no.

Pero cuando solo negociamos bilateralmente con un hegemón, negociamos desde la debilidad. Aceptamos lo que se nos ofrece. Competimos entre nosotros por ser los más complacientes. Esto no es soberanía. Es la representación de la soberanía mientras se acepta la subordinación.

En un mundo de rivalidad entre grandes potencias, los países intermedios tienen una elección: competir entre sí por el favor o unirse para crear un tercer camino con impacto. No debemos permitir que el auge del poder duro nos ciegue ante el hecho de que el poder de la legitimidad, la integridad y las normas seguirá siendo fuerte —si elegimos ejercerlo juntos.

Lo cual me devuelve a Havel. ¿Qué significaría para las potencias medias “vivir en la verdad”?

Significa nombrar la realidad. Dejar de invocar el “orden internacional basado en normas” como si siguiera funcionando tal como se anuncia. Llamar al sistema por lo que es: un período en el que los más poderosos persiguen sus intereses usando la integración económica como un arma de coerción.

Significa actuar con coherencia. Aplicar los mismos estándares a aliados y rivales. Cuando las potencias medias critican la intimidación económica que viene de una dirección pero guardan silencio cuando viene de otra, estamos manteniendo el letrero en la ventana.

Significa construir aquello en lo que decimos creer. En lugar de esperar a que el hegemón restaure un orden que está desmantelando, crear instituciones y acuerdos que funcionen como se describen. Y significa reducir la palanca que permite la coerción.

Construir una economía doméstica fuerte debería ser siempre la prioridad de todo gobierno. Diversificar internacionalmente no es solo prudencia económica; es la base material para una política exterior honesta. Los países se ganan el derecho a posturas basadas en principios reduciendo su vulnerabilidad a represalias.

Canadá tiene lo que el mundo quiere. Somos una superpotencia energética. Poseemos vastas reservas de minerales críticos. Tenemos la población más educada del mundo. Nuestros fondos de pensiones están entre los mayores y más sofisticados inversores del planeta. Tenemos capital, talento y un gobierno con una enorme capacidad fiscal para actuar con decisión. Y tenemos los valores a los que muchos otros aspiran.

Canadá es una sociedad pluralista que funciona. Nuestro espacio público es ruidoso, diverso y libre. Los canadienses siguen comprometidos con la sostenibilidad. Somos un socio estable y fiable —en un mundo que no lo es—, un socio que construye y valora relaciones a largo plazo.

Canadá tiene algo más: el reconocimiento de lo que está ocurriendo y la determinación de actuar en consecuencia. Entendemos que esta ruptura exige más que adaptación. Exige honestidad sobre el mundo tal como es.

Estamos quitando el letrero de la ventana. El viejo orden no va a volver. No deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia. Pero, a partir de la fractura, podemos construir algo mejor, más fuerte y más justo. Esta es la tarea de las potencias medias, que son las que más tienen que perder en un mundo de fortalezas y las que más tienen que ganar en un mundo de cooperación genuina.

Los poderosos tienen su poder. Pero nosotros también tenemos algo: la capacidad de dejar de fingir, de nombrar la realidad, de construir nuestra fuerza en casa y de actuar juntos. Ese es el camino de Canadá. Lo elegimos abierta y confiadamente. Y es un camino ampliamente abierto a cualquier país dispuesto a recorrerlo con nosotros.

La caída de Nicolás Maduro abre una nueva etapa en Venezuela: celebrada como victoria por su desenlace, pero marcada por una transición ambigua que parece privilegiar acuerdos geopolíticos y energéticos por encima de una democratización real.

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026 marcó un hito en la historia reciente de Venezuela. El líder chavista que gobernó por más de una década fue detenido y trasladado a Estados Unidos, bajo acusaciones vinculadas al narcotráfico y otros cargos internacionales. La operación —pese a sus cuestionables implicancias jurídicas y soberanas— fue recibida con alivio por muchos venezolanos hastiados por años de crisis económica, represión y corrupción. Sin embargo, celebrar únicamente la caída de Maduro sin analizar con rigor lo que viene después sería poco más que ingenuo.

A apenas un mes de aquel episodio, el panorama político venezolano está lejos de una transición democrática plena. La interina Delcy Rodríguez, antiguamente vicepresidenta, ejerce ahora como jefa de Estado con el respaldo tácito de Washington y de buena parte del aparato militar y político que sostuvo al chavismo durante años. Su gobierno ha consolidado un gabinete que incluye figuras estrechamente vinculadas al antiguo régimen —entre ellas Daniella Cabello, hija del poderoso Diosdado Cabello, ahora ministra de Turismo— y el nombramiento de Félix Plasencia como representante diplomático en Washington, con el objetivo de reanudar relaciones bilaterales y gestionar una agenda común con Estados Unidos.

Esta aparente normalización diplomática y apertura política tiene varias aristas que merecen atención crítica. Por un lado, la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas y el diálogo formal con la administración Trump se inscriben en el marco de una estrategia pragmática de estabilización y reapertura económica, que incluye, entre otros aspectos, permitir exportaciones petroleras a Estados Unidos y aprobar reformas legales al sector hídrico con participación privada.

No por casualidad, el petróleo —el eje estructural de la economía venezolana— ha vuelto a ser moneda de cambio. La venta y exportación de crudo, debilitado durante años por la mala gestión y las sanciones, ahora registra incrementos significativos con el nuevo control operativo por parte de actores más alineados con las políticas estadounidenses. La apertura a inversiones privadas y a operadores internacionales no solo desmantela parcialmente el viejo modelo estatista, sino que también coloca al país nuevamente en la mira de las grandes petroleras y de intereses geoestratégicos que trascienden la narrativa democrática.

Si bien hay señales positivas —como algunos beneficios económicos iniciales y gestos de amnistía a presos políticos—, estos no garantizan una democratización institucional. Organizaciones de derechos humanos y actores opositores han advertido que estas medidas responden, más bien, a concesiones tácticas en un contexto donde Washington busca asegurar estabilidad y acceso a recursos estratégicos, antes que presionar por reformas profundas en el sistema político venezolano.

La oposición tradicional y liderazgos democráticos observan con escepticismo. Según reportes periodísticos internacionales, muchos venezolanos sienten que la transición “no ha iniciado” realmente: la hegemonía del aparato chavista permanece, simplemente reconfigurada bajo nuevos nombres y con mayor interlocución con Estados Unidos, pero sin cambios sustanciales en las reglas de juego político que permitan un ejercicio libre de la democracia.

Esta ambigüedad se refleja asimismo en la retórica oficial de Washington. Donald Trump y su administración han insistido públicamente en que la intervención tuvo por objetivo evitar un desastre humanitario y restablecer el orden, mientras que al mismo tiempo presionan por acuerdos económicos y energéticos que favorezcan los intereses estadounidenses. Algunos legisladores han señalado que la estrategia podría estar priorizando un “chavismo funcional” —una versión suavizada del régimen capaz de cooperar con Washington— en lugar de una completa transición a sistemas democráticos institucionalizados.

En síntesis, la caída de Maduro debe celebrarse por lo que representa para millones de venezolanos que sufrieron bajo su gobierno: una apertura real a la posibilidad de cambio. Aun así, esta victoria está lejos de consumarse como un triunfo democrático pleno. La transición política en Venezuela está siendo forjada en un terreno donde confluyen intereses estratégicos, energéticos y geopolíticos, que no necesariamente coinciden con los valores democráticos que sectores significativos de la sociedad anhelan. El desafío, pues, no está solo en desalojar a un tirano del poder, sino en construir instituciones que garanticen derechos, competencias políticas libres y un Estado de derecho independiente.

La comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, tiene en sus manos la responsabilidad de asegurar que la Venezuela que surge no sea solamente un aliado pragmático para sus objetivos, sino una sociedad verdaderamente libre y soberana.

Crisis, apagones y negociaciones inéditas: la dictadura de Cuba —hoy debilitada y con el apoyo energético de Venezuela desaparecido— busca con urgencia acuerdos y diálogos con Estados Unidos para asegurar su permanencia en el poder, evitando el destino de colapso que vivió la vecina nación petrolera.

La dictadura cubana está dando señales claras de que su prioridad inmediata es garantizar su supervivencia política y económica, aun si eso implica abrir espacios de negociación que parecen contradecir décadas de retórica revolucionaria. En medio de una crisis interna cada vez más profunda, el presidente Miguel Díaz-Canel apareció este jueves en una comparecencia televisada transmitida por radio, televisión e internet para defender la necesidad de abrir canales de diálogo con Estados Unidos y rechazar presiones externas. Su discurso subraya lo que muchos analistas interpretan como un intento de evitar que Cuba corra la misma suerte de Venezuela, cuyo modelo económico y político colapsó tras la crisis de su aliado regional.

La aparición pública de Díaz-Canel, la primera de ese tipo tras semanas de tensiones con Washington, fue en gran medida una respuesta a la creciente presión internacional. El presidente calificó la situación de la isla como “grave” y manifestó que Cuba está “dispuesta a entablar un diálogo con Estados Unidos”, siempre que se lleve a cabo “sin presiones ni precondicionamientos, en igualdad de condiciones y respetando nuestra soberanía”. Además, ubicó su postura en continuidad con la tradición de Fidel y Raúl Castro.

Ese gesto mediático no es casualidad. Cuba enfrenta una severa crisis energética, marcada por cortes de energía prolongados, escasez de combustibles y una economía interna que se paraliza a períodos. La incapacidad de acceder a suministros energéticos confiables —agudizada luego de que Venezuela, su principal socio energético, quedara sin capacidad de entregar petróleo debido a su propia crisis— ha obligado a la dictadura a replantear sus opciones de supervivencia.

En ese contexto, la información publicada por el diario ABC de España apunta a que la cúpula cubana, a través de dirigentes como Alejandro Castro Espín, sobrino de Fidel Castro, ha sostenido negociaciones discretas en Ciudad de México con emisarios estadounidenses para explorar fórmulas que aseguren la permanencia del régimen, incluso a costa de concesiones económicas y apertura limitada de sectores estratégicos como energía, turismo, banca y telecomunicaciones.

Si estas negociaciones prosperan más allá de filtraciones periodísticas, lo que está en juego es mucho más que acuerdos puntuales: sería un reconocimiento tácito de que el modelo cubano no puede sostenerse indefinidamente bajo las actuales condiciones internas y externas. La dictadura parecería estar dispuesta a abrir su economía y flexibilizar ciertos sectores a cambio de asegurar su continuidad política, conscientes de que, sin un diálogo con Washington y sin nuevas fuentes de ingreso, el colapso podría ser tan profundo como el vivido por Venezuela en los últimos años.

Esta preocupación no es infundada. El colapso venezolano —una nación que pasó de ser uno de los países petroleros más prósperos de América Latina a un estado con una economía colapsada, hiperinflación y emigración masiva— se presenta hoy en los análisis estratégicos de la dirigencia cubana como un riesgo a evitar a toda costa. El fin del apoyo energético venezolano y las sanciones ampliadas de Estados Unidos han puesto a Cuba ante una encrucijada: seguir con un modelo agotado o negociar su supervivencia con el gran poder hegemónico del hemisferio occidental.

En su discurso televisado, Díaz-Canel también hizo un llamado de unidad nacional y destacó la necesidad de “enfrentar juntos los desafíos” sin conceder lo que describió como injerencia directa en los asuntos internos. Sin embargo, detrás del discurso público hay una realidad innegable: la dictadura cubana está modificando su estrategia de aislamiento absoluto hacia un enfoque más pragmático que busca mantener el poder sin perderlo frente a la presión internacional.

La combinación de una crisis económica profunda, la falta de respaldo energético estable, el desgaste de décadas de rigideces y la necesidad de interlocución con potencias externas han colocado a Cuba ante una encrucijada histórica. Ya no parece suficiente sostenerse solo en consignas ideológicas o alianzas tradicionales. La dictadura cubana, en su intento por sobrevivir, está tratando de evitar un final parecido al de Venezuela, negociando con el principal antagonista del pasado, en un giro táctico que podría redefinir la isla en las próximas décadas.

Mientras los videos desmienten la versión oficial sobre la muerte de Alex Pretti en Minneapolis, la agencia migratoria enfrenta una crisis interna con el relevo de altos mandos. La brutalidad en la calle y el desorden en la cúpula exponen que el Immigration and Customs Enforcement (ICE) está fuera de control.

Pretti fue asesinado en el contexto de una manifestación en el centro de Minneapolis. Según la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Pretti se acercó a agentes de la Patrulla Fronteriza con un arma de fuego, aseguraron los agentes, lo que habría provocado que reaccionaran abriendo fuego “en defensa propia”.

Sin embargo, múltiples videos grabados por testigos y difundidos en redes sociales y medios de comunicación contradicen esa narrativa. En las imágenes revisadas por BBC, The Guardian, Reuters y otros medios, Pretti aparece con un teléfono móvil en la mano, no con un arma, mientras intenta ayudar a una mujer empujada por un agente y se mantiene cerca de otros manifestantes. Las secuencias muestran cómo varios agentes rodean a Pretti, lo tiran al suelo y, tras dominarlo, se escuchan entre ocho y diez disparos mientras el hombre yace inmovilizado o en posición vulnerable. En algunos fragmentos parece verse a un agente extrayendo un arma del cinturón del enfermero antes de que se produzcan las detonaciones, reforzando la percepción de que no hubo amenaza clara que justificara el uso letal de la fuerza.

Testigos presentes declararon haber visto a Pretti filmando a los agentes sin gestos agresivos ni acercamientos con un arma de fuego. Otra observadora, una pediatra que presenció los hechos desde un balcón, describió la escena como desproporcionada y sin justificación aparente. Incluso un médico que llegó tras los disparos señaló que los agentes, en lugar de atender al herido, parecían concentrarse más en contabilizar los impactos que en administrar primeros auxilios.

Reacciones oficiales y tensiones internas

Mientras el gobierno federal ha defendido inicialmente a los agentes implicados y habló de “revisión” del caso, las autoridades locales de Minneapolis, su gobernador y numerosos funcionarios han rechazado la versión oficial como “insostenible”, pidiendo investigaciones independientes y urgentes. Las protestas se multiplicaron en la ciudad y en otras partes del país, con consignas que exigen el fin de la presencia de agentes del ICE y mayor rendición de cuentas estadual y federal.

El caso de Pretti no fue aislado. Apenas semanas antes, otro tiroteo fatal en Minneapolis —también protagonizado por agentes federales— había generado controversia y malestar en amplios sectores de la comunidad. Ambos incidentes han intensificado la percepción entre residentes, activistas y partidos políticos de que las actuaciones de los agentes federales se ejercen con brutalidad e impunidad, y sin mecanismos efectivos de control externo.

Las consecuencias del caso trascendieron lo local y llegaron al corazón del ICE. Gregory Bovino, jefe regional de la Patrulla Fronteriza de Minneapolis y una figura con larga trayectoria en fuerzas de seguridad, fue relevado de su cargo en medio de la creciente crisis. El relevo de Bovino, reportado por medios como USA Today y Swissinfo, refleja la presión interna y política tras la muerte de dos civiles bajo custodia de agentes del ICE en menos de un mes.

Bovino, que había servido en cargos de alta responsabilidad desde la era Trump y acumulaba influencia dentro de la agencia, fue desplazado de Minneapolis como parte de una reconfiguración en la gestión de operaciones de seguridad fronteriza e interior. Fuentes citadas por medios señalan que su salida responde tanto a la indignación pública como a las tensiones internas en la administración por la respuesta de la agencia a los incidentes recientes.

La intervención del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con Minneapolis, y las señales de tensiones dentro de su equipo —que incluyen al “zar de la frontera” Tom Homan [https://www.correodelosviernes.com.uy/Trump-intenta-blindar-a-su-zar-fronterizo-2025-10-03.asp]— ponen de manifiesto un cuadro de divisiones y falta de liderazgo claro en las políticas de control migratorio y orden público. Estas tensiones representan una de las fracturas más visibles dentro del aparato de seguridad federal desde que el debate sobre inmigración y seguridad interior se intensificó en la agenda política del país.

El debate sobre la fuerza letal y la responsabilidad institucional

El hecho de que Pretti fuera un enfermero sin antecedentes penales y legalmente autorizado a portar un arma, que no habría empuñado ni utilizado, plantea preguntas fundamentales sobre el uso de la fuerza en operaciones de seguridad interior. La versión oficial que intenta justificar los disparos apelando a una amenaza no verificada en los videos y testimonios disponibles, abre un profundo debate sobre la cultura de uso de armas en agencias federales como el ICE y la falta de mecanismos efectivos de supervisión y transparencia.

La evidencia disponible no solo sugiere un uso extremadamente violento e injustificado de la fuerza, sino que, en ausencia de respuestas claras, agrava la percepción de impunidad con la que operan instituciones como el ICE. La salida forzada de un alto funcionario como Bovino y las fracturas internas que han salido a la luz muestran que este episodio ha impactado no solo a las familias y comunidades afectadas, sino también a las estructuras mismas del poder y la gestión de la seguridad federal.

Lo que está en juego va más allá del caso de una víctima individual: es una prueba de fuego para la legitimidad institucional en un país marcado por debates feroces sobre inmigración, seguridad y autoridad pública.

Las iniciativas del gobierno de Sánchez sobre redes sociales y migración activaron resistencias que trascienden la política española y escalan al plano europeo e internacional.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha convertido en una figura central de debate político no solo dentro de España, sino en Europa y en sectores del sector privado gracias a sus políticas recientes sobre regulación de redes sociales, migración y soberanía digital. Lo que en otros momentos hubiera sido un impulso normativo más, ha desencadenado un efecto dominó de críticas, preocupaciones y enfrentamientos tanto dentro como fuera de su país.

1. Regulación de las redes sociales

Una de las causas más visibles de la tormenta mediática y política es la postura firme de Sánchez frente a las grandes plataformas digitales y sus líderes. El gobierno español anunció en febrero de 2026 una serie de medidas que buscan:

• Prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.

• Hacer responsables penalmente a los directivos de esas plataformas por contenidos de odio e ilegales.

• Implementar sistemas de verificación de edad y controles más estrictos sobre algoritmos y datos.

Desde la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Sánchez defendió estas iniciativas argumentando que las redes actuales se han convertido en un “estado fallido” que tolera delitos y desinformación, especialmente entre los más jóvenes, lo que requiere una intervención decidida del Estado.

Pero la respuesta no se hizo esperar: figuras prominentes del sector tecnológico, como Elon Musk (propietario de X) y Pável Dúrov (fundador de Telegram), han criticado estas medidas, calificándolas de amenaza a las libertades digitales. Musk llegó a acusar a Sánchez de ser “un tirano y un traidor al pueblo de España” y de promover regulaciones que socavan la libertad de expresión en internet.

Durov, por su parte, ha enviado mensajes masivos a usuarios señalando que las propuestas podrían derivar en censura, pérdida de anonimato y vigilancia estatal masiva, instando a la población española a “mantenerse vigilante”.

Estas confrontaciones no son solo retóricas. Tras los ataques de estos líderes tecnológicos, el propio Sánchez respondió ironizando que “deja que los tecnoligarcas ladren, señal de que cabalgamos”, en alusión a su determinación de avanzar con la regulación pese a las críticas.

Este choque simboliza la creciente tensión entre gobiernos que buscan soberanía digital y protección social y gigantes globales de la tecnología que operan con normas propias y capacidad de influir en la opinión pública a gran escala.

2. Migración: medida que genera controversia internacional

Otra política que ha colocado a Sánchez bajo el foco internacional es su plan de regularización masiva de inmigrantes en situación irregular. El gobierno español anunció que permitirá la regularización de aproximadamente 500 000 migrantes indocumentados, con el argumento de que forman parte del tejido social y contribuyen a la economía y comunidad.

La iniciativa fue respaldada por miles de ciudadanos, organizaciones sociales e incluso sectores de la Iglesia Católica, y se presentó como un acto de dignidad, justicia y pragmatismo social. Sin embargo, críticos —tanto políticos como del sector privado— han etiquetado esta medida como una forma de “ingeniería electoral” y han cuestionado sus efectos a medio y largo plazo.

El propio Elon Musk reaccionó a este plan con un escueto “Wow” en su red social, insinuando incredulidad o crítica pasiva, a lo que Sánchez respondió con la frase “Marte puede esperar, la humanidad no”, enfatizando sus prioridades centradas en la justicia social.

Estas intervenciones han amplificado el debate sobre la gestión migratoria en Europa, donde muchos países han endurecido sus políticas frente a la inmigración, lo que hace que la postura de España resuene tanto dentro como fuera del continente.

3. Percepción internacional y tensiones europeas

Las políticas de Sánchez han recibido eco en medios y opinadores internacionales más allá del ámbito político tradicional. Por ejemplo, medios como The Telegraph han insinuado que España podría estar transitando hacia un modelo menos favorable a ciertas libertades, incluso sugiriendo que es un país donde la sombra del fascismo aún acecha, en un tono provocador pero significativo del impacto del debate.

La presencia de Sánchez como uno de los líderes más vocales en Europa contra los gigantes tecnológicos y a favor de políticas migratorias abiertas lo ha posicionado como un referente de la izquierda tradicional y al mismo tiempo ha generado rechazo entre sectores conservadores y del sector privado tecnológico.

4. Factores de contexto que agravan la crisis de imagen

Este fenómeno no ocurre en un vacío político. La figura de Sánchez lleva años marcada por decisiones polémicas, tensiones internas y demandas de alianzas difíciles con partidos menores para sostener su gobierno. Esto crea una percepción de fragilidad política que potencia cada disputa pública como si fuera representativa de un conflicto más amplio.

Además, el debate sobre redes sociales y migración se inscribe en un contexto global donde varios gobiernos confrontan el poder de las plataformas tecnológicas y la movilidad global de personas, lo que hace que las decisiones de Madrid tengan repercusiones y comparaciones con otros países europeos y extraeuropeos.

En suma...

Pedro Sánchez se ha convertido en una figura polémica en el escenario europeo y global porque ha adoptado políticas que desafían tanto a los gigantes tecnológicos como a las narrativas políticamente dominantes sobre migración y libertad digital. Su enfoque ha generado apoyo en amplios sectores de izquierda, pero también ha desencadenado críticas virulentas de líderes del sector privado, políticos conservadores, y aun centristas, así como en medios internacionales.

La crisis actual de imagen no es simplemente una reacción interna española, sino un reflejo de tensiones más amplias sobre qué papel deben jugar los gobiernos frente a poderes económicos globales, cómo proteger derechos en la era digital y cómo gestionar flujos migratorios en una Europa fragmentada. El choque entre estos mundos —política estatal, intereses privados globales y debates internacionales— es parte de una disputa más amplia sobre el rumbo de la democracia en el siglo XXI.