Tras una derrota contundente en las urnas, el oficialismo y su entramado sindical ensayan un atajo para reescribir lo que la ciudadanía rechazó: bajo el pretexto de “mejorar” el sistema, avanzan sobre la libertad de elección, debilitan la seguridad jurídica y relativizan el valor del voto popular como límite efectivo del poder. Nada de eso sale gratis.

Hay una constante en la conducta política del Frente Amplio, del PIT-CNT y, de manera particularmente nítida, del Partido Comunista del Uruguay (PCU): la democracia directa es válida solo cuando el resultado les es favorable. Cuando no lo es, se convierte en un obstáculo a sortear, un trámite incómodo que debe ser corregido por otros medios.

No es nuevo. Ocurrió con la Ley de Caducidad, donde dos pronunciamientos populares fueron sistemáticamente relativizados hasta vaciarlos de contenido. Viene ocurriendo con el voto en el exterior y con la LUC. Y vuelve a ocurrir, de forma categórica, con la reforma de la seguridad social de 2023: el plebiscito de 2024 fue inequívoco, 38,77% contra 61,23%. Una derrota clara, sin matices ni zonas grises.

Sin embargo, lejos de aceptar el veredicto, el oficialismo y su constelación sindical y partidaria optan por lo de siempre: “ganar en la liga lo que perdieron en la cancha”.

El senador Eduardo Brenta ensayó una justificación elegante: “los plebiscitos no dejan leyes grabadas en piedra”. Es cierto, en abstracto. Las normas pueden revisarse cuando cambian las circunstancias. Pero aquí no cambiaron. No han pasado ni dos años. La reforma ni siquiera ha desplegado sus efectos más sustantivos. No hay evidencia empírica que la deslegitime ni hechos nuevos que ameriten revisarla.

Lo que hay es otra cosa: la persistencia de un reflejo ideológico. Un reflejo que revela que, para sectores relevantes de la izquierda, la democracia liberal sigue siendo un instrumento táctico, no una convicción profunda. Se la utiliza cuando sirve; se la bordea cuando estorba.

En ese contexto se inscribe la ofensiva contra las AFAP. Disfrazada de tecnicismo —“mejorar la eficiencia”, “ordenar la relación con los afiliados”— lo que se propone es despojar al trabajador del vínculo directo con la administración de su ahorro individual.

Se pretende instalar la ficción de que se trata de un asunto meramente “comercial”. Es exactamente lo contrario.

Ese vínculo es lo que permite cierto control: comparar comisiones, evaluar rentabilidad, cambiar de administradora. Introduce competencia, y con ella, disciplina. Romper esa relación y sustituirla por una agencia estatal es trasladar esa decisión —y ese poder— a un ente sin incentivos competitivos.

Las preguntas se acumulan y nadie las responde con seriedad:

• ¿Será esa agencia la que decida qué AFAP “conviene” a cada trabajador?
• ¿Quién asume la responsabilidad si esa decisión es equivocada?
• ¿Desaparecen los costos o simplemente se ocultan, trasladados a Rentas Generales?
• ¿Qué incentivo tendrá esa agencia para ser eficiente si no compite con nadie?

Cuando le conocimos, ya éramos sus admiradores. Más allá de la magia transformadora de los personajes, su humanidad aparecía por todos los rincones. Así fue la vida de Luis Brandoni, “Beto”, un actor que tocó la infinidad de teclas emotivas que ofrecen el teatro y el cine. Humor o tragedia, juventud o vejez, no importó en su vida actoral, que seguía intacta a los 85 años. Llevó su arte hasta la mayor altura.



No es del caso reseñar esa filmografía sobresaliente ni registrar su paso por las tablas. Lo han hecho estos días los críticos. Naturalmente, cada vez que lo nombran lo vemos espontáneamente en Su obra maestra o al lado de Robert de Niro en Nada. Nos deja su amistad, que hoy es la que nos aflige. Esa fidelidad que me acompañaba en cada ocasión en que aparecíamos en Buenos Aires. No olvido su aplauso en el MALBA cuando dimos nuestra conferencia sobre Barradas ni su presencia en nuestra casa, junto a Fernando Iglesias, otro viejo amigo porteño.



Brandoni era un actor, pero también un demócrata. Un ciudadano. En la época de la Triple A sufrió amenazas. Se fue a México y al tiempo volvió. Militó en el Radicalismo y fue un puntal en la campaña refundacional de Raúl Alfonsín, que abrió este lapso histórico de democracia. Siguió apoyando a Juntos por el Cambio y por eso estuvo cerca de Mauricio Macri.



Más allá de avatares, nunca desfalleció en esa adhesión republicana. Más de una vez se lo cobraron, pero siguió firme su camino.

Deja el que ha vivido, como dijo el poeta.

J.M.S.

Por Julio María Sanguinetti

Sanguinetti presenta “90”, un libro que recorre su vida a través de imágenes y memoria personal, entrelazando historia íntima y trayectoria pública en un testimonio visual que abarca más de medio siglo —desde sus inicios en el periodismo y la política en 1953— y dialoga con la evolución reciente del país.

Cuando el lector benevolente se asome a esta nota, habrá pasado ya la presentación de nuestro libro “90”. Ese es su título de portada, en una imagen basada en Inteligencia Artificial que surgió de un diálogo con Gemini de Julio Testoni y Aldo Giovanetti. Fuimos a ese recurso para mostrar el enorme paso del tiempo de este mundo actual con nuestro primer recuerdo registrado: el hundimiento del Graf Spee, el acorazado alemán que en diciembre de 1939, yo a punto de cumplir cuatro años, entró a la bahía de Montevideo a reponerse de los daños sufridos en un enfrentamiento con tres cruceros ingleses y que, obligado a salir por orden del gobierno, fue hundido por su capitán.



El libro tiene un subtítulo: “90 años de imágenes, vida y memoria”. Esa es la genérica descripción de su inusual contenido. Es una memoria pero basada en imágenes. No hay página sin fotografía y en algunos casos página doble. Lo gráfico documenta. Y a ese documento le añadimos una descripción, unas referencias a la significación de esa imagen.

90 años en una república con 200 de vida independiente es casi la mitad. El testimonio tiene, por lo mismo, un valor histórico.



Nuestro archivo es copioso. Tenemos más de 500 álbumes, que guardan unas 35 mil fotos. Abordamos el tema, entonces, desde la temática. No había otro modo. Nuestros padres, nuestra juventud y desde el principio nuestros inicios periodísticos y políticos. A partir de allí, todo se fue complicando para compaginar una visión lo más fiel posible de un caleidoscopio vital. Mis andanzas en el arte, que ya merecieron un libro, aquí aparecen en solo cuatro o cinco fotos, testimoniales de esa actividad en la que he estado y sigo estando cerca. Mis años presidiendo la Comisión de Bellas Artes, entre 1967 y 1973, fueron de los más felices de mi vida pública. Como los que viví en el Centro del Fomento del Libro de la Unesco, que mucho me gratificaron y hasta me hicieron ganar un premio de los editores madrileños.

El deporte es otro capítulo. Haber protagonizado la transferencia de Fernando Morena al Rayo Vallecano de Madrid y luego el increíble retorno, financiado por una gigantesca colecta popular, es algo tan inédito como singular. No imagino que se pueda repetir algo parecido. Fueron años cercanos a un dirigente como Washington Cataldi, entrañable amigo que además me acompañó en el Ministerio de Industrias como subsecretario y luego en el Parlamento.



El periodismo ha sido mi vida tanto como la política. Celebré en Canelones mis 70 años, recordando que en 1953 arrancamos la publicación del Semanario “Canelones”, bajo la dirección de Manuel Flores Mora. Entre muchos otros, estábamos con Zelmar Michelini, Teófilo Collazo, Tabaré Hackembruch, Fernando Torres Ponce y más jóvenes como Luis Barrios Tassano, Elías Bluth o mi primo Norberto. Esa actividad me llevó tempranamente a la Unión Soviética de Brézhnev como a la Cuba de 1959, cuando arrancaba Fidel su gobierno revolucionario. También me significó conatos de duelos caballerescos, que me aportaron la afición por ese hermoso deporte que es la esgrima. Y también un duelo con un amigo, todo lo que hoy suena a inverosímil por lo que era nuestro cuidadoso celo del “honor”. Bastaba un adjetivo para desatar una tormenta. Hoy las redes han barrido con ese valor tradicional y cualquiera dice cualquier cosa de quien se le antoje.



Naturalmente, el libro recoge la vida partidaria, los clubes y por supuesto el gobierno. Llegué tempranamente como ministro y eso fue importante cuando me tocó asumir la Presidencia después de la dictadura. Ya había vivido la experiencia del Estado, así como el periodismo me había acercado a la actividad política. Tenía clara conciencia de la relatividad del poder, así como de su capacidad transformadora.



Mirando en perspectiva, no creo que haya en nuestra vida política nada más importante que “el cambio en paz”, o sea el primer gobierno luego de la dictadura que recuperó la plena vida institucional. Si nos ubicamos en la óptica económica aparecen realizaciones tan relevantes como el plan forestal o las zonas francas, que han cambiado la matriz productiva del país, al tiempo que retornamos a inflaciones de un solo dígito, que marcaron un tiempo que se proyecta hasta hoy. Lo social nos convoca particularmente: la reforma educativa, la reforma de la seguridad social con el ahorro individual, los Centros CAIF… Todo eso aparece en el libro como en “flashes”, fotos instantáneas. Hay una narrativa que las acompaña, dándole contexto a cada una. Son pequeñas ventanas a la historia.

Quizás algún día aborde unas memorias más explícitas. Guardo apuntes sobre los años en el gobierno. A cuenta de todo ello, este libro pretende asomar a 90 años del país desde una vida personal y una evolución familiar sostenida. Confiamos en que interesen y se guarden como un documento. No hay como las fotos para testimoniar.



Haber llegado hasta aquí con salud suficiente para mantener la actividad no deja de ser un privilegio. Como el de cumplir ya 66 años de un matrimonio en que se basa una gratísima familia que pasa por dos hijos, cuatro nietos, varios sobrinos, sobrinos nietos y ahora nada menos que un bisnieto. La familia ha sido el pilar. Y la devoción republicana el aliento permanente para seguir escribiendo, hablando y discutiendo.

Al registrar estos “90”, siento por encima de todo un sentimiento de gratitud. Que va desde lo cercano hasta la generalidad de un país por el que vale la pena seguir trabajando y, cuando es necesario, también luchando. Desde el sentimiento tanto como desde la razón.

El gobierno intenta clausurar cualquier expectativa de reforma tributaria para preservar la estabilidad, pero dentro del propio oficialismo —con economistas del Frente Amplio y el propio Gabriel Oddone marcando matices— la discusión sigue viva: lo que el Ejecutivo niega en la práctica, su base técnica insiste en instalar como inevitable.

Mientras el gobierno procura fijar una línea de prudencia en materia fiscal, la interna del oficialismo exhibe una tensión cada vez más visible. Las señales públicas del Poder Ejecutivo apuntan a descartar cambios tributarios en el corto plazo, pero los equipos técnicos del Frente Amplio insisten en mantener vivo el debate. Es más: el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, de alguna forma lo legitima.

Las declaraciones del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, habían sido claras: no hay reformas impositivas previstas “en principio”. El mensaje buscó ordenar expectativas y transmitir una señal de estabilidad en un contexto de crecimiento moderado y restricciones fiscales. Sin embargo, esa posición convive con matices dentro del propio gobierno.

Oddone, lejos de clausurar la discusión, introdujo un equilibrio más complejo. Por un lado, fue categórico al afirmar que “la agenda del gobierno está cumplida” en materia tributaria y que “no estamos en condiciones de avanzar” en la mayoría de los cambios que se proponen desde el FA. Es decir, alineó su discurso con la prudencia del Ejecutivo.

Pero, al mismo tiempo, validó el debate impulsado por la estructura política y técnica de la coalición: sostuvo que ve “con muy buenos ojos” que estas propuestas sean promovidas tanto en ámbitos técnicos como políticos. La frase no es menor. Implica reconocer legitimidad a una agenda que el propio gobierno decide, por ahora, no ejecutar.

Ese doble registro —descartar cambios inmediatos pero legitimar la discusión— deja al descubierto la tensión de fondo. Porque los economistas del Frente Amplio no están planteando un ejercicio teórico aislado, sino una revisión concreta de impuestos como el IRPF, IRAE o incluso esquemas como el IVA personalizado. Y lo hacen sobre la base de diagnósticos que advierten sobre lo que entienden son limitaciones estructurales del actual esquema fiscal.

En los hechos, la posición de Oddone funciona como un puente inestable: contiene las expectativas en el corto plazo, pero no clausura —ni parece pretender clausurar— la “agenda de reformas”. De hecho, el propio ministro ha señalado en otras oportunidades que Uruguay no está en condiciones de aumentar la presión tributaria en el contexto actual, aunque eso no excluye revisar cómo están distribuidos los impuestos o las exoneraciones existentes.

Así, el gobierno intenta marcar distancia operativa de las propuestas tributarias que circulan en su propia fuerza política, pero sin deslegitimarlas. La estrategia parece clara: diferir el conflicto, no resolverlo.

El problema es que esa convivencia puede volverse cada vez más difícil de sostener. A medida que las restricciones fiscales se profundicen y el crecimiento no alcance para generar espacio presupuestal, la presión interna por avanzar en cambios tributarios tenderá a intensificarse. Y entonces, la ambigüedad —hoy funcional— puede transformarse en un costo político.

Por ahora, el Ejecutivo ordena: no hay cambios. Pero dentro del propio oficialismo, incluidos sus principales referentes económicos, la discusión sigue abierta. Y, a juzgar por las señales, no parece un debate que vaya a cerrarse pronto.

Otro capítulo en la interna oficialista: se va la Directora de Salud del MSP

La renuncia de Fernanda Nozar, directora general de Salud, trasciende el ámbito sanitario y se inscribe en una secuencia más amplia de tensiones y salidas dentro del gobierno de Yamandú Orsi, que vuelve a exhibir dificultades para ordenar su interna y sostener equipos en áreas clave.

La renuncia de Fernanda Nozar no puede leerse como un episodio aislado ni circunscripto al Ministerio de Salud Pública. Es, más bien, una pieza más dentro de una dinámica que atraviesa al gobierno en su conjunto: tensiones internas, diferencias de conducción y salidas que se procesan con explicaciones formales que rara vez agotan la historia real. Un nuevo capítulo en un culebrón político que el oficialismo no logra cerrar.

Quién es Fernanda Nozar

Fernanda Nozar es médica, formada en la Universidad de la República, especialista en Ginecología y Obstetricia, con una trayectoria que combina asistencia, academia y gestión. Desarrolló subespecializaciones en áreas quirúrgicas y oncológicas, y construyó un perfil técnico sólido que la llevó a ocupar la Dirección General de Salud, uno de los cargos más relevantes del sistema sanitario.

Desde esa posición, tenía bajo su órbita la definición de políticas, la regulación de prestaciones y la coordinación de aspectos centrales del funcionamiento del sistema. No era un rol accesorio: era uno de los nodos de poder técnico dentro del ministerio.

Por qué renuncia

La explicación oficial señala que Nozar dejará el cargo para retomar su carrera académica y concursar por un grado superior en la Universidad de la República. Es una salida prolija, institucionalmente aceptable y difícil de objetar en términos personales.

Pero esa versión convive con otra lectura que distintos actores del sistema dan por descontada: su salida expone diferencias en la conducción y tensiones en la interna jerárquica. La secuencia —licencia previa, bajo perfil y renuncia diferida— encaja con un patrón conocido en la política uruguaya: descomprimir sin explicitar.

No es tanto lo que se dice, sino el contexto en que ocurre.

Un gobierno que acumula episodios

El punto central no está en Nozar, sino en el marco en el que se produce su salida. El gobierno de Yamandú Orsi ha ido acumulando conflictos, desalineamientos y episodios de fricción en distintas áreas de gestión.

Cambian los nombres, los ministerios y los argumentos formales, pero la lógica se repite:

• diferencias que escalan,

• dificultades para ordenar la interna,

• y resoluciones que llegan bajo la forma de renuncias “personales”.

En ese contexto, la salida de la directora general de Salud no es una excepción, sino una confirmación de tendencia.

El patrón detrás del caso

Lo que el episodio vuelve a poner sobre la mesa es un problema de conducción política más amplio. Cuando las discrepancias no se procesan dentro de los ámbitos de decisión y terminan en desvinculaciones, el costo no es solo individual: es institucional.

El caso Nozar expone tres elementos que empiezan a repetirse:
- una conducción fragmentada,
- una convivencia tensa entre perfiles técnicos y decisiones políticas,
- y una creciente dificultad para sostener equipos en posiciones clave.

Un culebrón que sigue sumando capítulos

La renuncia no clausura nada. Por el contrario, se suma a una cadena de episodios que van configurando una narrativa de inestabilidad. Cada salida intenta presentarse como excepcional; en conjunto, empiezan a delinear un patrón.

En política, los hechos aislados existen. Pero cuando se acumulan, dejan de serlo.

La salida de Fernanda Nozar, en ese sentido, no es solo la historia de una jerarca que vuelve a la academia. Es un nuevo síntoma de un gobierno que todavía no logra ordenar su interna y que, mientras tanto, sigue escribiendo capítulos de un culebrón que parece lejos de resolverse.

El reconocimiento oficial de que las políticas de empleo fracasaron abre una pregunta incómoda: si las herramientas son esencialmente las mismas, ¿qué garantiza que esta vez el resultado sea distinto?

Una nota publicada por la diaria volvió a poner sobre la mesa un problema persistente de las políticas laborales en Uruguay: la escasa efectividad de los instrumentos legales para generar empleo sostenible.

Según esa información, el director nacional de Empleo, Federico Araya, compareció ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado para defender el proyecto de ley de empleo integral impulsado por el gobierno. En ese ámbito, expuso los lineamientos centrales de la iniciativa, orientada a facilitar la contratación mediante incentivos, simplificación de procesos y mecanismos de promoción del empleo formal.

Pero el punto más relevante —y más problemático— no fue lo nuevo, sino lo que el propio jerarca reconoció sobre lo viejo. Araya admitió que las leyes de empleo anteriores “no tuvieron el impacto esperado”, una evaluación que ya había adelantado en otras intervenciones públicas y que se apoya en resultados modestos en términos de inserción laboral efectiva.

Ese diagnóstico no es menor. Implica que los instrumentos utilizados hasta ahora —incluyendo subsidios a la contratación y programas de capacitación— no lograron alterar de forma significativa las tasas de empleo ni la calidad de la inserción laboral. En particular, el esquema vigente apenas alcanzó a algunos miles de beneficiarios por año, con un efecto marginal sobre el mercado de trabajo.

En ese marco, el proyecto actual vuelve a apoyarse, en buena medida, en herramientas conocidas: incentivos a la contratación y articulación con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), organismo que ya cumple un rol central en la capacitación laboral. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que estos programas pueden mejorar la empleabilidad o acortar períodos de desempleo, pero no necesariamente generan empleos estables ni cambian la dinámica estructural del mercado laboral.

Aquí aparece la principal interrogante —y el núcleo crítico del debate—: ¿cómo hará la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) para garantizar mayor estabilidad en la inserción laboral si las herramientas que propone son, esencialmente, las mismas que ya demostraron ser insuficientes?
El problema no parece ser de diseño marginal ni de ajustes administrativos. Si las leyes anteriores fracasaron —como reconoce el propio Araya—, insistir en instrumentos similares sin un cambio de enfoque más profundo corre el riesgo de reproducir los mismos resultados.

La cuestión, entonces, puede estar en otro lado. En la estructura del mercado de trabajo, en los incentivos reales a la contratación, en la productividad de las empresas o incluso en el marco de relaciones laborales. También en la desconexión entre formación y demanda efectiva de empleo, un déficit que ninguna ley por sí sola parece capaz de resolver.

En definitiva, el proyecto en discusión ofrece una respuesta que, al menos hasta ahora, no logra despejar la duda central: si lo anterior no funcionó, ¿por qué ahora sí? Sin una explicación convincente, la promesa de una inserción laboral más estable permanece, por ahora, en el terreno de la incertidumbre.

El pórtland de ANCAP dejó de ser un instrumento de desarrollo para convertirse en un lastre estructural: pérdidas sostenidas, reformas bloqueadas y recursos públicos atrapados en una actividad inviable que el Estado ya no puede —ni debe— seguir sosteniendo.

La discusión sobre el futuro de la división pórtland de ANCAP ya no admite más rodeos ni consignas épicas. El problema dejó de ser ideológico hace tiempo: es económico, operativo y, sobre todo, institucional. Persistir en su formato actual implica sostener una anomalía que erosiona recursos públicos y distorsiona el sentido mismo de una empresa estatal.

Desde su creación en 1931, ANCAP fue concebida como una herramienta estratégica para asegurar combustibles y sostener ciertos equilibrios productivos en el país. En ese marco histórico, la producción de cemento podía justificarse como parte de una lógica de desarrollo e infraestructura. Pero el país que dio origen a esa ecuación ya no existe, y la industria del cemento tampoco funciona bajo los mismos parámetros.

Hoy, el negocio del pórtland opera en un mercado competitivo, con actores privados más eficientes y con estructuras tecnológicas que ANCAP no logró replicar. El resultado es conocido: una división crónicamente deficitaria, incapaz de sostenerse por sí misma y dependiente de transferencias cruzadas o respaldo estatal.

El punto crítico no es solo el rojo contable. Es la imposibilidad de corregirlo.

Cada intento de reestructura, modernización o reconversión termina chocando con un muro: la resistencia sindical. La Federación ANCAP, con una larga tradición de organización y peso político dentro del PIT-CNT, ha defendido históricamente la continuidad de la división bajo argumentos que mezclan soberanía productiva, empleo y desarrollo. Sin embargo, esos argumentos han ido perdiendo sustento frente a la evidencia de una actividad que no logra ser viable.

El problema es más profundo que una negociación laboral dura. Se trata de un esquema donde las decisiones empresariales quedan subordinadas a una lógica corporativa que bloquea cualquier cambio de fondo. No se discute cómo hacer eficiente la división: se discute cómo evitar que cambie.

En ese contexto, el pórtland se convierte en un enclave inmóvil dentro de una empresa que, en otras áreas, ha mostrado capacidad de adaptación. ANCAP compite, invierte, se transforma en el negocio energético; pero arrastra una actividad industrial que funciona con otra lógica, otro tiempo y otra racionalidad.

El costo no es neutro. Cada año que pasa sin resolver el problema implica recursos que no se destinan a inversión productiva, innovación o mejora del servicio. En términos estrictos, es capital público inmovilizado en una actividad sin retorno.

Sostener esta situación en nombre de la defensa del empleo tampoco resulta convincente. La experiencia comparada —y la propia historia de la empresa— muestra que los procesos de reconversión pueden diseñarse con instrumentos de protección laboral. Lo que no es sostenible es preservar puestos de trabajo atados a una estructura inviable, porque eso termina poniendo en riesgo a la organización entera.

La pregunta de fondo es si el Estado debe seguir produciendo cemento en estas condiciones. Y la respuesta, cada vez más evidente, es negativa.

No se trata de “privatizar” en términos simplistas ni de desmantelar sin criterio. Se trata de asumir que hay actividades que ya no cumplen un rol estratégico y que, por tanto, requieren otro tipo de solución: asociación, cierre ordenado o salida del negocio.

Lo que no parece una opción razonable es continuar como hasta ahora.

Porque sostener la división pórtland de ANCAP no solo no da para más. Es, directamente, una decisión que contradice cualquier criterio de gestión responsable.

Por Luis Hierro López

La orientación del gobierno en materia de política exterior y las actitudes tanto del presidente como de la Cancillería van en sentido contrario a la responsabilidad y el pragmatismo que un país como Uruguay debe demostrar.

Mi reciente experiencia en Perú, durante más de cuatro años, me permitió conocer muy de cerca los códigos de Torre Tagle (uno de los primeros presidentes peruanos, José Bernardo de Tagle, construyó la casa que hoy ocupa el Ministerio de Relaciones Exteriores), que es una de las Cancillerías más prestigiosas y eficaces de América Latina, muy cercana y apenas por detrás de Itamaratí y de México. Torre Tagle ha ganado un lugar quizás más influyente que el que corresponde al Perú. Es decir, la Cancillería brilla y vale por sí misma.

A esa fortaleza, Perú agrega el funcionamiento de un exitoso Ministerio de Comercio, alejado de los vaivenes políticos y con logros envidiables, al punto que sus negociadores han consagrado ya 22 tratados de libre comercio, incluyendo uno con Estados Unidos y otro con China. Ahora están preparando un acuerdo de esa índole con India. Las exportaciones peruanas llegan a los 90 mil millones de dólares.

Esa inserción se ha elaborado desde hace décadas con una política exterior pragmática, cautelosa a veces, agresiva en otras, pero distante de los pronunciamientos ideológicos contundentes. Perú le concedió un puerto de aguas profundas —20 metros de calado natural— a una empresa china, pero a la vez negocia con la NASA la instalación de una base espacial en los Andes. Se alinea con Estados Unidos en las cuestiones principales, pero no comete los excesos de un Javier Milei ni admite que se le limiten sus negociaciones con China.

Pragmatismo, independencia de criterio, bajo perfil, búsqueda permanente de mercados y el preferencial cuidado de los intereses peruanos más que de las afinidades ideológicas han sido las bases de esa política exterior exitosa.

Perú hace lo que hay que hacer y Uruguay ha tomado el camino contrario. Desde que en 2006 el entonces canciller Gargano trabó un acuerdo con Estados Unidos, desautorizando incluso al propio presidente Tabaré Vázquez, la política exterior ha estado dominada por la impregnación ideológica de izquierda, profundizando los lazos con los líderes mundiales de ese signo y poniendo distancia —deliberadamente o no— con los jefes de Estado y las cancillerías de otra orientación. Es como pegarse un tiro en el pie, porque un país como el nuestro no puede distanciarse de Estados Unidos. Eso no quiere decir que Uruguay se convierta en un país súbdito, como no lo es Perú.

En ese marco es que se inscribe la participación del presidente Yamandú Orsi en la reciente Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, a la que asistieron el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum, entre otros. Orsi declinó asistir a una reunión paralela de claro sentido militante, pero igual no quedó claro cuál ha sido la utilidad, en términos del interés nacional, de esta cumbre claramente política. Uruguay no ha logrado nada concreto en ese encuentro, pero la foto ha quedado registrada: Orsi otra vez con Lula, con Pedro Sánchez y con Sheinbaum; los amigos y socios se juntan y celebran su identidad. España, Brasil y México son gigantes y tienen un gran margen de maniobra, pero Uruguay no está en condiciones de hacer jugarretas.

Es necesario que el gobierno reformule su posicionamiento para retomar la ecuanimidad tradicional en materia internacional que nos ha caracterizado en el pasado. El gobierno debe dedicarse solo a cuidar los intereses del país, abandonando las cuestiones de comité.

Por Santiago Torres

Una alianza entre empresarios y sindicatos promete reindustrializar el país, pero elude el núcleo del problema: sin un salto drástico en productividad y sin reglas laborales razonables, el “País Industrial” es un ejercicio de retórica bienintencionada.

El lanzamiento de la iniciativa “País Industrial”, impulsada por el PIT-CNT a través del Instituto Cuesta Duarte y la Cámara de Industrias del Uruguay, ha sido presentado como un hito de diálogo social y una señal de “madurez” en la relación entre trabajadores y empresarios. No es un dato menor: en un país que arrastra años de desindustrialización relativa y pérdida de competitividad, cualquier intento de construir una agenda común merece atención.

Sin embargo, el problema central no es la escenografía del acuerdo, sino su contenido —y, sobre todo, lo que deliberadamente evita discutir.

Una coincidencia diagnóstica… con límites

El punto de partida del proyecto es atendible: la industria uruguaya ha perdido peso, enfrenta costos elevados, dificultades para insertarse en cadenas globales y una matriz productiva que no logra dar el salto de escala. A esto se suma un mercado laboral rígido, tensiones sindicales recurrentes y una productividad estancada.

En ese marco, la iniciativa propone líneas de trabajo vinculadas a innovación, capacitación, sostenibilidad y articulación público-privada. Todo eso es correcto, pero también es —en gran medida— evidente. La apelación a la “economía del conocimiento”, la formación continua o la adaptación tecnológica forma parte del repertorio estándar de cualquier documento contemporáneo sobre desarrollo productivo.

El riesgo es quedarse en ese plano declarativo.

El elefante en la sala: productividad

La industria no se recupera con consignas ni con mesas de diálogo: se recupera con un aumento sostenido y significativo de la productividad. Ese es el factor que determina salarios reales, competitividad externa e inversión.

Uruguay arrastra, desde hace años, un problema estructural en este punto. Produce caro en relación a su escala, con costos laborales que no siempre están alineados con la productividad efectiva y con una organización del trabajo que muchas veces responde más a lógicas de negociación que a criterios de eficiencia.

Sin abordar ese núcleo, “País Industrial” corre el riesgo de convertirse en otro documento bienintencionado que no altera la trayectoria.

Relaciones laborales: la condición necesaria

El segundo punto crítico —otro elefante— es el marco de relaciones laborales. La industria necesita previsibilidad, reglas claras y mecanismos de resolución de conflictos que no paralicen la producción como herramienta recurrente.

Durante años, el sistema ha oscilado entre avances institucionales y prácticas que erosionan la confianza: ocupaciones, conflictos prolongados, rigideces en la organización del trabajo y una cultura de confrontación que muchas veces se impone sobre la lógica de cooperación.

Un “país industrial” no puede sostenerse sobre relaciones laborales disfuncionales. No se trata de debilitar derechos, sino de construir un equilibrio razonable entre protección y competitividad.

La contradicción política

Aquí aparece la tensión más evidente. El PIT-CNT ensaya un acercamiento con el sector empresarial, sectores hegemónicos dentro del movimiento sindical —en particular el Partido Comunista del Uruguay— han mostrado históricamente resistencia a discutir estos temas en términos de productividad y flexibilidad.

La contradicción es difícil de disimular: no se puede promover una agenda industrial moderna y, al mismo tiempo, sostener esquemas de organización laboral que responden a otra época. Tampoco se puede exigir inversión y competitividad mientras se mantienen incentivos que desalientan ambas cosas.

El problema no es ideológico en abstracto; es práctico. Si no hay disposición a revisar estos puntos, el acuerdo queda encapsulado en el terreno de lo simbólico.

Gobierno y oportunidad

El gobierno, encabezado por Yamandú Orsi, ha acompañado el lanzamiento con señales de apoyo. Tiene, en ese sentido, una oportunidad: convertir esta iniciativa en algo más que un ejercicio de consenso discursivo.

Para eso, deberá empujar donde el acuerdo se vuelve incómodo: productividad, costos, regulación laboral y eficiencia del Estado en su vínculo con el sector productivo.

Más allá del titular

“País Industrial” puede ser un punto de inflexión o un episodio más en la larga lista de intentos de coordinación fallidos. La diferencia no estará en los documentos ni en los eventos de lanzamiento, sino en la capacidad de asumir los conflictos reales que el desarrollo industrial implica.

Porque, en definitiva, sin un salto drástico en productividad y sin un marco laboral razonable, todo lo demás —capacitación, innovación, sostenibilidad— corre el riesgo de convertirse en una colección de perogrulladas bien redactadas.

El desafío no es acordar lo obvio. Es animarse a discutir lo incómodo. Y ahí es donde, por ahora, el proyecto muestra sus límites.

Por Tomás Laguna

Cuando la zafra de la cosecha de miel ya está prácticamente finalizada y apenas restan algunos apiarios en montes de eucaliptus en el norte, la apicultura se enfrenta como nunca a la desconsideración y al ninguneo desde el Poder Ejecutivo.

Aún retumban las graves consecuencias por las pérdidas de colmenas ocurridas en la primavera pasada como consecuencia de la displicencia y el mal uso de agroquímicos por parte de algunos agricultores. Fueron más de 11.000 colmenas perdidas en una amplia región comprendida por los departamentos de Canelones y San José al norte, generalizada en Colonia, Soriano y Florida, y también en parte de Flores y casos aislados en Río Negro y Paysandú. Nunca hubo reacción ni respuesta desde las autoridades del MGAP. Apenas algunos balbuceos desconsiderados pretendiendo endosar responsabilidad a los apicultores. Al respecto nos referimos en la edición del Correo de los Viernes del 5 de diciembre del pasado año.

Transcurrido el verano, un acentuado déficit hídrico hizo que más tarde que nunca el gobierno declarara las zonas de emergencia por sequía, con las medidas que esto implica para la producción en todos sus rubros. No así para la apicultura, excluida del beneficio del diferimiento por 180 días de los pagos de los créditos otorgados por el BROU para el caso de productores en zona de emergencia. El ninguneo en su máxima expresión.

La producción de miel, como la mayoría de los rubros del agronegocio, es dependiente en más del 90% de los mercados externos. No obstante , la buena calidad del producto exportado, las denuncias por trazas de agroquímicos en los mercados de destino, en particular glifosato, determinan que no se pueda alcanzar los precios de lo que puede considerarse miel orgánica, sino, antes bien, contentarse con valores un 40% inferiores. La producción ya ha planteado a nivel del Parlamento la posibilidad de ser resarcida como respuesta a la necesaria convivencia con la agricultura comercial. Pero el planteo debe ser analizado por el Poder Ejecutivo, donde se los ignora al borde del desprecio.

Desde abril del año pasado, un año ya, las gremiales apícolas vienen solicitando ser recibidas por el ministro Fratti. Nunca en todo ese tiempo han logrado respuesta. Inaceptable actitud de un Secretario de Estado al frente del ministerio de la producción.

Peor aún, la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, donde confluyen las gremiales de productores (Soc. Apícola del Uruguay y Comisión Nacional de Fomento Rural) junto a la Asociación de Exportadores de Miel, la gremial de exportadores de miel, nunca fue formalmente integrada. Lo que imposibilita a estas gremiales participar y llevar sus planteos. Es verdad que existe una persona que oficia de presidente, informalmente nombrada, que actúa como si las prerrogativas del cargo se lo permitieran. Por cierto , en la comodidad de no atender ni acordar con productores y exportadores. El Sr. Gustavo Fripp, productor del litoral, si no nos equivocamos, supo ser muy mediático, discursivo y combativo durante la anterior administración de gobierno. En todo este tiempo que corre se ha llamado a silencio y ya no responde siquiera al periodismo del sector.

No hay situación que indigne más que el ninguneo y la indiferencia. Decíamos en diciembre pasado que la apicultura se enfrenta a la economía del empate —al decir de apicultores referentes—, dados los altos costos de producción (a nivel de los europeos, con la diferencia de que estos reciben subsidios) y un valor deprimido del producto en el mercado externo.

Resulta difícil estimar la verdadera dimensión del valor social, económico y ambiental de este rubro, seguramente multiplicado varias veces respecto del valor de su producción. Insólitamente, sus esforzados productores deben cargar hoy con el desprecio de un gobierno que, por sus definiciones ideológicas, debería, precisamente, priorizar aquellos valores antes mencionados.

Por Juan Carlos Nogueira

El nuevo “turismo social” reabre una discusión incómoda: el uso de recursos públicos para financiar beneficios discrecionales. Bajo una estética moderna y un discurso inclusivo, el programa plantea interrogantes sobre prioridades, costos y el riesgo de convertir políticas sociales en herramientas de captación política.

Los gobiernos de izquierda se especializan en usar fondos públicos para financiar políticas demagógicas. La última versión local se presenta como “turismo social” y viene envuelta en una interfaz digital prolija.

La propuesta es simple: subsidios escalonados para viajar del 20%, 40% o 100%, según ingresos. Incluye dos noches, traslado y comida. Pero hay una pregunta que no aparece: ¿quién lo paga?

Lo paga quien ya paga todo: el contribuyente. No se le pregunta si prefiere destinar esos recursos a hospitales, escuelas o seguridad. Tampoco si cree que subsidiar viajes es prioritario. Simplemente se le cobran impuestos. Es que su rol es más modesto: aportar en silencio mientras otros administran el derroche.

Se dirá que no es gasto, sino inversión. Que reactiva el turismo, sobre todo fuera de temporada. Puede ser. Pero entonces conviene poner los números arriba de la mesa: cuánto cuesta, a cuántos beneficia y qué otras cosas se dejan de financiar.

Esos datos rara vez se publican con claridad. Y cuando aparecen, quedan enterrados en informes técnicos.

Mientras tanto, quedan en segundo plano discusiones más difíciles: cuánto gasta el Estado, en qué y con qué resultados. Reducir costos propios nunca tiene el glamour de inaugurar o de viajar.

Un ejemplo ayuda a ilustrar este punto. Se ha publicado que el presidente uruguayo está entre los mejor remunerados del continente, superado solo por Trump.

Más allá de la discusión metodológica, lo relevante no es el monto en sí, sino el peso relativo comparado con el PBI de cada país.

El resultado es desproporcionado: el sueldo de Orsi afecta 150 veces más a nuestro PBI que lo que afecta el sueldo de Trump al PBI de Estados Unidos.

Ajustar privilegios internos no corta cintas ni rinde aplausos. Es más fácil repartir que recortar, sobre todo cuando el costo está socializado y el beneficio es político.

Nadie discute que hay gente que necesita ayuda. La duda es si este programa es la mejor forma de usar los recursos públicos.

Pero ni siquiera es el costo lo más preocupante. Es un gasto menor comparado con lo que cuestan los sueldos de gobernantes o lo que costaron ciertos fracasos frenteamplistas: ANCAP, la regasificadora, el puerto de aguas profundas, la estancia María Dolores, entre otros.

En mi opinión, hay algo menos visible, pero mucho más grave y perverso. Estas políticas refuerzan la idea de que acceder a ciertos placeres depende menos del esfuerzo propio que de recurrir a la ventanilla correcta. En ese proceso, el gobierno transforma derechos en favores, y a los ciudadanos en clientes con voto cautivo.

Cuando el gobierno se vuelve generoso con el dinero público, la solidaridad deja de ser virtud y se transforma en demagogia.

Al final, el “turismo social” no es otra cosa que la representación fiel de la filosofía del gobierno: "No se esfuerce, el gobierno provee y la cuenta (y nuestro salario) la paga otro. Eso sí, no se olvide de votarnos".

Por Alicia Quagliata

La persistente falta de respuesta operativa ante los eventos climáticos deja a la capital en un estado de abandono que no se explica por la naturaleza, sino por la parálisis en la gestión del mobiliario básico.

La ciudad no se rompe por la fuerza de la naturaleza; se quiebra por la anemia operativa de una gestión que mira el radar meteorológico, pero ignora la calle. Los temporales que han azotado a la capital en los últimos meses no fueron catástrofes imprevisibles, sino el examen que la administración departamental vuelve a perder por falta de reflejos. Hoy, Montevideo no es una capital en reconstrucción; es una ciudad que sobrevive con su mobiliario urbano en estado de abandono y sus calles bajo agua.

Molesta que, tras el paso de los vientos, la respuesta oficial sea el paisaje del vacío. Recorrer los barrios es encontrarse con esquinas donde el contenedor fue destrozado y donde, hasta hoy, nadie apareció para reponerlo. Técnicamente, esto es un quiebre de logística básica, pero sus consecuencias son hídricas: el contenedor que falta obliga al vecino a dejar la bolsa en el cordón, y esa basura termina directamente obstruyendo los sumideros. El resultado es el de siempre: Montevideo se inunda no porque el cielo sea cruel, sino porque el sistema de drenaje está bloqueado por la desidia administrativa.

La Intendencia ha sustituido la acción por la narrativa de escritorio. Una gestión eficiente se mide en la capacidad de reponer equipamiento en 24 horas para evitar, precisamente, que el sistema pluvial colapse. Esta lentitud reactiva es el síntoma de una administración que se acostumbró a la inercia. Mientras la burocracia espera, el agua sube, entra en los comercios y arruina hogares, demostrando que no hay un cuidado integral de la ciudad, sino un parche constante que nunca llega a tiempo.

Indigna que se insista con el discurso de la modernidad cuando no existe capacidad de coordinar un camión con equipamiento de repuesto. La observación técnica es obscena: el sistema de recolección colapsó y, con él, el drenaje de la ciudad. Donde falta un contenedor, se genera un basural; y donde hay basura suelta, hay una boca de tormenta condenada a taparse. Mientras se anuncian próximos eventos climáticos con una resignación que asusta, la capital sigue desarmada, esperando la próxima lluvia para volver a quedar anegada.

Montevideo funciona a media máquina por pura incapacidad de ejecución. No cabe adjudicar al clima lo que es, estrictamente, un fallo en la cadena de mando. Cuando el cielo se oscurece, lo que prevalece no es el reporte técnico, sino la angustia de un vecino que ve el agua acercarse a su puerta y se descubre solo. Una ciudad que no se gestiona de forma integral es una ciudad que desprotege su activo más valioso. ¿De qué gestión nos hablan si no pueden garantizar un contenedor en pie ni una calle seca? Si la inacción persiste, el colapso es total. Hoy, Montevideo está, lisa y llanamente, fuera de servicio.

El triunfo de Rumen Radev no es solo un cambio de gobierno. Es una señal más profunda: el desplazamiento del equilibrio político en el este europeo en un momento en que la guerra en Ucrania redefine lealtades, márgenes de autonomía y límites del europeísmo.

Ex comandante de la Fuerza Aérea, Radev no proviene del circuito habitual de la política europea. No es un producto de la tecnocracia comunitaria ni de los partidos tradicionales, sino una figura que combina autoridad institucional con un discurso de corrección del rumbo.

Su perfil se apoya en tres ejes claros: una mirada euroescéptica moderada, una actitud más abierta al diálogo con Rusia y una narrativa antiestablishment que capitaliza el desgaste del sistema político búlgaro. No plantea una ruptura con la Unión Europea, pero sí cuestiona su orientación dominante, especialmente en materia de sanciones a Rusia y política exterior.

Esa ambigüedad —crítica sin ser abiertamente rupturista— explica buena parte de su éxito.

El voto como reacción al desgaste

La elección no puede entenderse solo como un giro ideológico. Es, también, la expresión de un agotamiento acumulado.

Bulgaria arrastra años de inestabilidad institucional, gobiernos frágiles y elecciones repetidas sin resultados concluyentes. A eso se suma una percepción persistente de corrupción y falta de eficacia estatal.

En ese contexto, el dato más relevante no es únicamente que Radev haya ganado, sino que haya logrado estructurar una mayoría. En un sistema crónicamente fragmentado, esa capacidad de ordenar el poder es, en sí misma, una novedad política.

De actor pasivo a actor incómodo

Hasta ahora, Bulgaria había ocupado un lugar previsible dentro de la Unión Europea: acompañaba consensos, sin intentar moldearlos. Su importancia era más geográfica que política, vinculada a su posición estratégica en el flanco oriental.

Eso es lo que empieza a cambiar.

La victoria de Radev abre la posibilidad de una Bulgaria más activa, pero también más incómoda. No necesariamente en términos de ruptura, sino de fricción.

A diferencia de Viktor Orbán, Bulgaria no tiene el peso político ni la tradición reciente de confrontación dentro de la UE. Pero puede convertirse en un nuevo foco de disenso en temas sensibles, especialmente en lo relativo a Rusia y a la guerra en Ucrania.

Rusia: una oportunidad limitada

El factor ruso es central, pero conviene no sobredimensionarlo.

Hasta ahora, el principal canal de influencia de Moscú dentro de la UE había sido Hungría. Bajo Orbán, ese vínculo se tradujo en capacidad real de bloqueo y condicionamiento de decisiones europeas.

Ese esquema está hoy en revisión. Y en ese vacío relativo aparece Bulgaria.

Sin embargo, la comparación tiene límites claros. Como señalaban los análisis previos, Hungría ofrecía influencia efectiva; Bulgaria apenas puede ofrecer influencia potencial.

Radev puede introducir un discurso más favorable al diálogo con Moscú y cuestionar ciertas políticas europeas, pero difícilmente logre replicar el poder de veto que caracterizó a Budapest. Su margen de acción está condicionado por la dependencia económica de la Unión Europea y por el menor peso institucional del país.

Una estrategia de ambigüedad

Más que un giro abrupto, lo que se perfila es una estrategia de ambigüedad.

Radev probablemente combine:

• Retórica soberanista hacia el electorado interno
• Moderación pragmática en el plano europeo
• Tensiones puntuales, pero sin ruptura

El triunfo de Péter Magyar marca el fin de la larga hegemonía de Viktor Orbán y abre una etapa de reencuentro con Europa, expectativas económicas renovadas y un cuestionamiento profundo al modeo autoritario que dominó Hungría durante más de una década y media.

El triunfo de Péter Magyar no es simplemente una alternancia de poder. Es, en términos políticos y simbólicos, el desmontaje de un experimento iliberal que durante más de una década convirtió a Hungría en una anomalía dentro de la Unión Europea. Y, como toda ruptura de ciclo, sus repercusiones ya se sienten —en Bruselas, en los mercados y en el propio mapa ideológico europeo.

El fin de una excepción incómoda

Durante 16 años, Viktor Orbán construyó un régimen que él mismo definía como “democracia iliberal”: control de medios, captura de instituciones y un discurso identitario que tensionó al máximo la relación con la UE. No era solo una deriva conservadora: era un modelo deliberadamente confrontativo con los estándares europeos.

La derrota de Orbán, con una mayoría aplastante de dos tercios para Magyar, tiene por eso un significado que excede lo doméstico: es la caída de uno de los principales referentes de la derecha nacional-populista en Europa.

El mensaje es claro: incluso sistemas que parecen blindados por el control institucional pueden ser desmontados cuando convergen desgaste económico, fatiga social y una alternativa política creíble.

El factor Magyar: «insider», ruptura y legitimidad

Magyar no es un outsider clásico. Es, más bien, un “arrepentido del sistema”: alguien que conocía desde dentro la maquinaria del poder orbanista y supo capitalizar el descontento acumulado.

Ese perfil explica parte de su éxito. No promete una revolución abstracta, sino una reconstrucción concreta: restaurar el Estado de Derecho, desarmar redes de corrupción y devolver independencia a los medios y a la justicia.

Su discurso —duro con el pasado pero pragmático hacia el futuro— le ha permitido construir algo que la oposición húngara no había logrado en años: una mayoría social transversal.

Bruselas respira (y abre la billetera)

Una de las consecuencias más inmediatas del triunfo de Magyar es el cambio de clima con la Unión Europea. Hungría tenía congelados miles de millones de euros por violaciones al Estado de Derecho durante el gobierno de Orbán.

El nuevo liderazgo ya inició negociaciones para desbloquear esos fondos, en lo que podría convertirse en un salvavidas económico clave.

No es un detalle menor: la política europea vuelve a operar bajo incentivos. Donde Orbán veía confrontación ideológica, Magyar ve oportunidad financiera y reposicionamiento internacional.

Incluso líderes como Emmanuel Macron han hablado de una “nueva era” en la relación con Hungría.

Un giro geopolítico: menos Moscú, más Europa

Orbán fue, durante años, uno de los aliados más funcionales a Moscú dentro de la UE. Su derrota tiene, por tanto, implicancias geopolíticas: es leída como una pérdida de influencia para Vladimir Putin en Europa.

Magyar ya dio señales de un cambio de rumbo: mayor alineamiento con la UE, disposición a levantar vetos y una relación menos ambigua con Ucrania.

No se trata de un giro idealista, sino estratégico: Hungría vuelve a jugar dentro del bloque, no contra él.

El “efecto demostración” en Europa

Quizás la repercusión más interesante no esté en Budapest sino en el resto del continente.

La caída de Orbán golpea a toda una constelación de derechas “iliberales” —autoritarias, para decirlo con rigor— que lo tenían como referencia. Su modelo —control institucional + narrativa soberanista— parecía exportable. Hoy aparece vulnerable.

El mensaje político es incómodo para ese espacio: no alcanza con ganar elecciones; hay que sostener legitimidad económica e institucional en el tiempo.

Los desafíos: expectativas altas, margen corto

Ahora bien, el capital político de Magyar viene con una condición exigente: resultados rápidos.

Tiene poder —una supermayoría parlamentaria— pero también presión. Se le exige desmantelar redes de corrupción, reformar instituciones y reactivar la economía en tiempo récord.

El riesgo es clásico: cuanto más contundente es la victoria, más altas son las expectativas. Y más corto el plazo de tolerancia social.

Hungría como advertencia (y oportunidad)

La Hungría post-Orbán abre una doble lectura.

Por un lado, es una advertencia sobre los límites de los proyectos autoritarios dentro de democracias formales: pueden durar, pero no son invulnerables.

Por otro, es una oportunidad: la de demostrar que la reversión institucional es posible sin trauma, mediante el voto y dentro del marco democrático.

Magyar, con su mezcla de pragmatismo europeo y voluntad reformista, encarna esa promesa. Orbán, en cambio, queda como el recordatorio de hasta dónde puede tensarse un sistema antes de que la sociedad decida volver a equilibrarlo.

El experimento iliberal húngaro no terminó en una implosión, sino en una corrección democrática. Y eso, en la Europa de hoy, no es un dato menor.

El respaldo explícito de Felipe González a María Corina Machado y el desplante de esta a Pedro Sánchez reactivan una grieta política en España, donde la crisis venezolana se convierte en un nuevo frente de disputa interna y redefine alianzas dentro y fuera del socialismo.

La reciente gira europea de María Corina Machado no solo volvió a colocar la crisis venezolana en el centro del debate internacional: también reactivó, con una intensidad poco habitual, una fractura política en España que tiene nombres propios —Pedro Sánchez y Felipe González— y que expone tensiones más profundas sobre la política exterior, la democracia y los alineamientos ideológicos.

Un desaire calculado

El episodio más visible fue la negativa de Machado a reunirse con Sánchez durante su visita a Madrid. La decisión no fue diplomáticamente neutra: fue explícitamente política. La dirigente venezolana argumentó que el contexto —marcado por la cumbre de líderes progresistas impulsada por el gobierno español— hacía “no conveniente” ese encuentro.

El gesto rompe con la tradición de cautela que suele caracterizar a los líderes opositores en busca de apoyos internacionales. Machado eligió, en cambio, una estrategia de confrontación indirecta: rechazó al Ejecutivo y, simultáneamente, cultivó vínculos con la oposición española, desde el Partido Popular hasta Vox.

No fue un vacío casual, sino un posicionamiento. En términos políticos, implicó deslegitimar la interlocución del gobierno español en la cuestión venezolana.

El respaldo de González: un factor disruptivo

Si el desplante a Sánchez fue el detonante, el apoyo de Felipe González fue el verdadero multiplicador del conflicto.

El expresidente socialista no solo avaló a Machado, sino que lo hizo con un lenguaje de fuerte carga simbólica: reivindicó su “liderazgo” y subrayó que la lucha por la libertad “no es patrimonio de ninguna ideología”.

Ese gesto tiene varias capas:

• Rompe la disciplina histórica del PSOE en política exterior.
• Otorga legitimidad transversal a Machado, al provenir de una figura clave de la socialdemocracia europea.
• Descoloca al gobierno actual, que queda implícitamente cuestionado desde su propia tradición política.

1. La política exterior española hacia América Latina: entre el pragmatismo diplomático del gobierno y una postura más confrontativa frente a regímenes autoritarios.
2. La crisis de coherencia interna del socialismo español, donde referentes históricos se distancian del liderazgo actual.
3. La internacionalización de la polarización política, donde actores externos —como Machado— intervienen de hecho en debates internos europeos.

Por Osvaldo Bazán

Imperdible artículo de Osvaldo Bazán acerca de la hipocresía de la «izquierda caviar» de la cual Zohran Mamdani, como surge en forma evidente de la columna, es cumplido ejemplo. El original fue publicado en la revista «Seúl» (18.04.2026).

Rapero frustrado, niño rico con tristeza, hijo al mismo tiempo de Hollywood y de la Universidad de Columbia, Zohran Mamdani es el alcalde más inesperado de Nueva York. ¿Parte de un plan histórico del islamismo para tomar la ciudad más importante del mundo o el primer millennial con un trabajo serio para el que no parece estar calificado?

Este es Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York desde enero de 2026. Nació en Uganda, con su familia se mudó a Sudáfrica y a sus siete años llegó a Estados Unidos. Su padre, Mahmood Mamdani, fue contratado como profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, lo que de entrada permitió que la familia viviera en un muy coqueto departamento en Riverside Drive, uno de esos edificios exclusivos para faculty donde los profesores pagan alquileres muy por debajo del mercado y gozan de exenciones fiscales millonarias. Su madre, Mira Nair, se hizo un nombre y una fortuna en Hollywood, adonde llegó con su ópera prima en ficción Salaam Bombay!, nominada al Oscar. Tan bien le fue que hoy su fortuna se cuenta en decenas de millones de dólares, dicen los conocedores de ese mundo.

Cuando Zohran se independizó, no se fue a alquilar un departamento cualquiera, fue a uno de rent-stabilized. ¿Qué es eso? Una ordenanza neoyorquina de los ’70, con la ciudad en bancarrota. Los alquileres estaban tan caros que decidieron o bien congelar los alquileres o bien controlar su precio, sin dejar que los propietarios pudieran subir al precio del mercado ni echar a los inquilinos. Por eso lo que pagan es, en muchos casos, ridículo. El muchacho Zohran, pese a los millones de la familia, se metió en uno por el que pagaba 2.300 dólares cuando en realidad costaba 3.100, ahorrándose así unos 10.000 dólares anuales. El beneficio, claro, había sido originalmente pensado para gente con algunos problemas económicos, no para el hijo acaudalado de la elite intelectual neoyorquina.

Pero Zohran es así, un loco.

Como muchacho rico sin tristeza, se largó al rap como Young Cardamom, aunque al tiempo, considerando el peso de los años, pasó a llamarse Mr. Cardamom.

Mediocre pero con dinero, grabó con su amigo ugandés HAB un EP al que llamó Sidda Mukyaalo. La canción “Spice” entró en la banda de sonido de la película Queen of Katwe, que dirigió… su mamá. Porque nepo-babies^(*) hay en todas las ramas del conocimiento humano. Eso sí, parece no haber conseguido el favor del público como rapero: en todo 2025, por derechos en Spotify, recaudó sólo 1.675 dólares.

Sirvió mucho para su campaña a alcalde el video “Nani” de 2019, en donde aparece sin remera en un food truck, como si su vida fuera la de un simple trabajador emigrante. Claro que nunca lo fue, pero si te vas a fijar en detalles... Hoy vive en la Gracie Mansion, la residencia oficial valorada en decenas de millones.

En las tres casas en las que vivió, jamás pagó el valor de mercado.

Ahora, en su rol de alcalde, hizo un posteo en X diciendo que en su campaña había prometido subir los impuestos a los ricos y “hoy gravamos a los ricos”.

Nada es casual: actuó en el video casi como si el cantante de rap se hubiera puesto saco y corbata, frente a la casa del supermillonario Ken Griffin, a quien nombró expresamente como ejemplo de los impuestos que elevará, subiéndolo a la categoría de villano de Marvel, casi. No es casual la elección de Ken Griffin (que sí, es impresionantemente rico y también filántropo), ya que si bien nunca se enfrentaron directamente en el pasado, la animosidad es evidente. ¿El motivo? Griffin es considerado “aliado de los judíos” por su ataque permanente al antisemitismo y Mamdani es justamente el ícono de una juventud free Palestine que anida en las universidades norteamericanas.

El multimillonario fue uno de los principales donantes a la Universidad de Harvard (más de 500 millones de dólares), pero en enero de 2024, ante las manifestaciones anti-Israel en el campus de la universidad, anunció que dejaría de donar y que su fondo de inversión Citadel no contrataría a ningún graduado de Harvard que hubiera firmado la carta abierta de grupos estudiantiles que culpaban exclusivamente a Israel por los ataques del 7 de octubre. Sin vueltas, llamó a los estudiantes de élite whiny snowflakes (llorones sensibles) por su obsesión con la retórica de “opresor-oprimido” y sostuvo que Harvard perdió su misión de educar a los líderes. Hasta hoy, no ha vuelto a donar un dólar a la universidad. El blanco perfecto para que Mamdani se haga el bueno.

La idea es aumentar los impuestos a aquellos que tengan residencias de más de cinco millones de dólares en la ciudad pero que no pasen su tiempo en ellas.

Claro que hay un dato que Mamdani no contó.

Si Uganda aplicase esa ley, él debería pagar.

Porque la única propiedad que Mamdani tiene a su nombre, no la tiene en Nueva York sino en una zona privilegiadísima de Uganda, junto a la fuente del río Nilo y con vistas al lago Victoria.

Un paraíso tropical africano.

Un lugar turístico, extraordinario y con alto potencial de valorización.

Muy cerca de allá hay otra propiedad de lujo de la familia, en Buziga Hill, uno de los barrios más exclusivos de Kampala. Cinco habitaciones, cuatro baños, pileta, hectáreas de jardines tropicales con monos, obras de arte, personal de servicio (jardineros, ama de llaves, masajista, seguridad armada). Ahí fue que se casó Zohran, cuidado por guardias armados y bloqueadores de celulares, en 2025 con la “polémica” Rama Duwaji, quien no tardó nada después de la masacre del 7 de octubre de 2023 en likear posts de Instagram que decían que la matanza y las torturas habían sido “un acto de resistencia” y otro que calificaba las innumerables violaciones de Hamás a sus víctimas como mass rape hoax (engaño de violaciones masivas). En su juventud también había escrito tuits racistas y homofóbicos por los que, ahora, se disculpó. Por de los antisemitas, no.

Volviendo a la mansión de la familia en Uganda, hay que decir que está socializada.

O más o menos.

Si alguien quiere ir a pasar la noche ahí, puede hacerlo. Claro, previo pago de cerca de 400 dólares a Airbnb. Porque la casa está en Airbnb. El mismo Airbnb demonizado por Mamdani, que apoyó la Local law 1823, que no permite alquileres por menos de 30 días en Nueva York. Ahora, por el mundial de fútbol, le pidieron que flexibilizara las exigencias, pero se negó en rotundo.

Para él, Airbnb es el culpable de todos los males.

Pero no en Uganda.

No permite que otros hagan lo que él y su familia hacen.

Debe ser el famoso socialismo del siglo XXI.

Como los altos precios de la canasta familiar están siendo un problema grave, anunció todo por lo alto la creación de cinco supermercados municipales para solucionar el problema de casi nueve millones de personas. Imagino lo que serán las colas, reíte del Coto en día de descuento.

Pero para que la cosa salga bien, para que los precios bajen, hay que hacer el supermercado desde el inicio. Por eso la construcción del primero costará 30 millones de dólares en el East Harlem, que recién se va a inaugurar el año que viene. Los otros se terminarán más o menos para 2029. La ciudad va a invertir 70 millones de dólares. Por supuesto, estos supermercados no pagarán impuestos ni alquileres. Serán una verdadera amenaza de muerte para los negocios locales.

Mamdani lo llama “un gran experimento” porque el mercado falló y tiene que venir el Estado.

La verdad que experimento, lo que se dice experimento, no es. Ahí está la experiencia cubana, la venezolana y por qué no los maravillosos “precios cuidados” peronistas y los militantes midiendo las góndolas para que le espoileen el final del chiste.

Pero bueno, Zohran es como esos bebés que deben poner los dedos en el enchufe para saber que eso no se hace.

Igual, nosotros seguiremos mirando con la ñata contra el vidrio diciendo “yo te avisé”, porque Argentina es ese país en donde las cosas malas ya pasaron, pero como nadie nos tiene en cuenta, no sirven de precedente.

Una pena.

^(*) Un nepo baby (abreviatura de nepotism baby o bebé del nepotismo) es una persona, usualmente en la industria del entretenimiento, moda o política, que alcanza el éxito o consigue oportunidades gracias a las conexiones, riqueza o fama de sus padres.