Es difícil exagerar la gravedad de lo que está ocurriendo con la política exterior del actual gobierno. En un contexto internacional volátil, con riesgos crecientes en materia de seguridad, comercio y derechos humanos, Uruguay parece haber optado por desdibujar su histórica línea de conducta para lanzarse, sin estrategia clara ni beneficios concretos, a los brazos de alianzas que comprometen su integridad democrática y su posicionamiento internacional. La reciente participación del presidente Yamandú Orsi en la cumbre del bloque BRICS es una muestra rotunda de esa triste deriva.

Uruguay tiene una tradición diplomática sólida, basada en la defensa del derecho internacional, el multilateralismo, la democracia liberal y los derechos humanos. En ese marco, ha sabido construir una reputación que supera su pequeño tamaño y le ha permitido sentarse en mesas relevantes. Por eso mismo resulta alarmante que hoy se busque un alineamiento con un bloque que congrega a algunos de los regímenes más autoritarios del planeta: Rusia, Irán, China, entre otros. ¿Qué comparte Uruguay con esos países en términos de valores políticos y principios democráticos?

El gobierno de Orsi ha intentado presentar su presencia en la cumbre de los BRICS como una mera instancia para mantener reuniones bilaterales. Pero nadie puede ser ingenuo. El simbolismo de sentarse junto a Vladimir Putin o a emisarios del régimen iraní no es gratuito. Envía un mensaje al mundo sobre cuáles son los nuevos socios que Uruguay está dispuesto a cortejar. Mientras tanto, la posibilidad de ingresar al banco del BRICS (el Nuevo Banco de Desarrollo), que había sido descartada por el gobierno anterior tras la invasión rusa a Ucrania, vuelve a estar sobre la mesa, con Dilma Rousseff operando como su principal promotora.

El argumento del gobierno es que se busca una mayor apertura internacional y diversificación de relaciones. Pero los hechos lo desmienten. Mientras se corre presuroso a los brazos de Lula y sus socios globales, se dilata cualquier avance en tratados con democracias consolidadas como Canadá, Japón o Chile. El ingreso al Acuerdo Transpacífico (CPTPP), por ejemplo, está paralizado. Uruguay, que debería estar mirando al Asia Pacífico como plataforma comercial, está atrapado en una agenda ideologizada que favorece intereses geopolíticos ajenos.

Y lo que es peor: el contexto internacional ya está comenzando a responder. Estados Unidos ha anunciado que aplicará aranceles adicionales del 10% a aquellos países que se alineen con el eje BRICS en posición antiestadounidense. Esta advertencia no es menor: nuestros productos podrían perder competitividad en un mercado clave, sin que tengamos garantías de compensación en otros destinos. Se compromete el acceso a mercados sin que se ganen ventajas claras.

Tampoco hay claridad sobre la naturaleza del bloque al que el gobierno parece acercarse. Los BRICS no son una alianza económica al estilo de la OCDE o el Mercosur. Son un foro geopolítico con pretensiones de disputarle poder a Occidente. Y su agenda está contaminada por regímenes autoritarios, sancionados por la comunidad internacional. ¿En qué lugar queda Uruguay si decide vincularse más estrechamente con potencias responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos?

Orsi y su canciller han intentado relativizar la participación uruguaya, diciendo que no implica membresía. Pero asistir a esa cumbre, promovida por Lula Da Silva, forma parte de una estrategia de inserción internacional completamente contraria a nuestra historia y a nuestros intereses. Es una subordinación vergonzosa a la diplomacia brasileña, que ha dejado de defender democracias para transformarse en patrocinadora de dictaduras.

A esto se suma una pérdida completa de iniciativa en otros frentes. El Mercosur ha vuelto a su parálisis habitual, con Uruguay repitiendo eslogans vacíos de “más y mejor Mercosur”. En los hechos, eso implica congelar cualquier posibilidad de apertura comercial real. Y en la OEA, el gobierno votó por un candidato oscuro solo por pedido de Brasil, renunciando a tener voz propia.

Lo que estamos viendo no es solo una torpeza diplomática. Es una renuncia deliberada a los principios que han guiado a Uruguay durante generaciones. Es optar por la conveniencia geopolítica de otros antes que por el interés nacional. Y es también una decisión riesgosa, que puede tener consecuencias comerciales, políticas y morales graves.

No estamos en contra de que Uruguay diversifique sus relaciones internacionales. Al contrario. Lo que reclamamos es que lo haga con una estrategia coherente, alineada con nuestros valores democráticos y en beneficio concreto de nuestros ciudadanos. Sentarse con Irán o con Rusia no aporta nada a la economía ni a la reputación de nuestro país.

El Partido Colorado ha manifestado su preocupación y lo ha hecho con claridad: no podemos sacrificar nuestros principios por un asiento en una mesa que no nos representa. Uruguay no necesita alinearse con potencias autoritarias para tener protagonismo internacional. Lo que necesita es coherencia, firmeza y una visión moderna y democrática del mundo.

El presidente Orsi debe rectificar el rumbo. Todavía está a tiempo de mostrar que puede tener una política exterior seria, independiente y centrada en el interés nacional. De lo contrario, estará hipotecando no solo nuestra inserción internacional, sino también nuestro prestigio histórico como nación respetada por su defensa de la libertad, el derecho y la democracia.

Por Julio María Sanguinetti

En el último partido clásico, un grupo de imbélices (no les llamo fanáticos del fútbol, porque no lo son) se dedicó a tirar bengalas adentro del Estadio. El resultado fueron dos policías heridos, uno de gravedad. Allí nos chocamos con el primer gran escollo: ¿cómo el Ministro del Interior puede decir que el operativo fue “perfecto” cuando tiene dos bajas en combate?

No conocemos personalmente al señor Ministro, pero su respuesta es de una frivolidad impropia de su cargo. Debería ya haber aclarado un poco sus dichos y reconocer las fallas que se dieron: para empezar, la introducción de los artefactos, que escapó a los controles y ni hablar de la presencia de enmascarados que desafiaron todo el partido a la autoridad, dejándola en ridículo.

Nos consta que en los últimos años todos los gobiernos han tenido intentos, de a ratos exitosos, las más de las veces fallidos. Pero el problema se agravó de modo profundo desde que se resolvió, hace veinte años, que la responssabilidad fundamental era de los dirigentes, que son los que siempre se la ligan, y que los espectáculos, pese a ser públicos y concitar multitudes, son privados y en consecuencia la autoridad no es responsable.

El episodio famoso del hincha de Peñarol tirando la garrafa desde lo alto de la Tribuna Amsterdam (también el Ministro Bonomi había dicho que el operativo estaba bien) o la persecución de un grupo de nacionalófilos yendo hasta Santa Lucía para matar a un hincha rival, fueron episodios que en su tiempo generaron conmoción. Ya entonces se había instalado la idea de que todo eran las “barrabravas” presuntamente alimentadas por las entradas que les daban los dirigentes y en consecuencia todo el mundo a lavarse las manos. Se habló y habló y ahí quedó.

Seré algo crudo: la bengala cayó en el sector de periodismo. Como los heridos son policías, apenas se ha hablado. El diario “El Observador” ha sido el único medio que se tomó la cuestión en serio. Si hubiera sido un colega periodista, estaríamos paralizando todos los medios de comuncación. Y tendríamos razón.

Allí está el gran tema: intervenir en la tribuna es muy riesgoso para la policía y cuando haya el menor machucón a un revoltoso, nacerá la monserga de la represión excesiva, el viejo reflejo anti-policía propio del sindicalismo revolucionario o la vieja mentalidad tupamara.

¿Tenemos que seguir resignándonos? ¿Seguirá callada, vergonzosamenste, la Asociación Uruguaya de Fútbol, oganizadora del torneo? ¿Tienen los clubes que seguir perdiendo millones de dólares por sanciones internacionales? ¿Tienen los espectadores que retraerse o cuidarse como si fueran a un barrio peligroso?

No es pensable que no se pueda controlar a doscientos o trescientos presuntos hinchas, a los que hay que proscribir de las canchas.

El Ministerio del Interior tiene que asumir toda la responsabilidad. El espectáculo es , comercialmente, un negocio privado, pero socialmente una congregación masiva que, por naturaleza, compromete el orden público. Hay que plantearse una accion en serio, a partir de una “inteligencia” bien organizada.

Quien le sigue en responsabilidad es la Asociación Uruguaya de Fútbol, escondida detrás de un biombo. Da pena.

Por supuesto, vienen luego los vilipendiados dirigentes de los clubes, a los que en su tiempo se les pedía que identificaran a los barrabravas y por supuesto nadie estaba dispuesto a protegerlos de previsibles represalias.

El tema requiere una gran acción oficial colectiva, del Estado, la Asociación, los clubes y la prensa para apoyar lo que sea necesario y terminar con esta historia, como ocurrió en Inglaterra, donde los “hooligans” se siguen creyendo sobrevivientes porque se emborrrachan en los pubs, pero no están más adentro de esos estadios en que no vemos “pulmones”, ni zonas prohibidas sino un público ordenado, incluso bien cercano a la cancha.

Existen sistemas de control. Mediante la identificación fácial es posible que las famosas “listas negras” de los clubes se hagan realidad y no entren más a los espectáculos públicos los revoltosos, los agresivos, los que descargan sus frustraciones haciendo daño. Por supuesto, las cámaras están pero ellas deben ser parte de un real sistema.

Estamos ante una cadena de elusiones, que empieza en el Ministerio y termina en la pobre policía, que naturalmente bien pocas ganas tiene de actuar cuando sabe que la acción en las tribunas es riesgosa y que los presuntos custodios de los derechos humanos están siempre prontos para apostrofarla al menor machucón.

No es buena política esperar un muerto. Se consagraría quien no solo lo evitara sino pusiera punto final a esta historia. No puede ser imposible.

El ex Presidente Julio María Sanguinetti viajó este jueves a la ciudad de Rivera para participar, junto a otras autoridades, en el acto de asunción del Cr. Richard Sander como Intendente Departamental de Rivera. La actividad se desarrolló a las 20 horas, en el Teatro Municipal de Rivera “15 de Febrero” en la calle Treinta y Tres Orientales 970.

A veces el cinismo institucional supera cualquier expectativa. El ministro del Interior, Carlos Negro, tuvo el tupé de calificar como “muy bueno” y “cumplido a la perfección” al operativo policial del clásico entre Nacional y Peñarol, pese a que un efectivo terminó gravemente herido tras recibir el impacto de una bengala disparada desde una tribuna.

El jerarca frentista celebró el despliegue como exitoso mientras un policía debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia y permanece internado en CTI tras perder un testículo. La agresión fue provocada por una bengala marítima, un arma peligrosa que jamás debió haber ingresado al Estadio Centenario.

Lejos de asumir responsabilidades, el ministro se excusó en explicaciones inverosímiles. Supuso que el artefacto pudo haber ingresado “en el correr de la semana” anterior al partido, en medio del habitual flujo de personas y mercadería. Y remató su intervención recordando que la seguridad corresponde a los organizadores, como si el Estado no desplegara cientos de efectivos en cada evento futbolístico de riesgo.

Lo más alarmante no es el atentado en sí, que ya es gravísimo, sino la respuesta institucional. Si esto es lo que entienden por un operativo exitoso, cuesta imaginar cuál sería el resultado de uno fallido. En lugar de hacer una autocrítica y anunciar medidas contundentes para mejorar los protocolos de seguridad, el jerarca elige relativizar y disfrazar el desastre con retórica autocelebratoria.

El episodio desnuda, una vez más, la desidia de un ministerio que lleva meses improvisando y que prefiere minimizar los hechos en lugar de enfrentar sus consecuencias. En un país donde se exige rendición de cuentas por cada centímetro de error, que el máximo responsable de la seguridad celebre una actuación que terminó con un funcionario mutilado es tan ofensivo como revelador.

La ciudadanía merece un ministro que entienda que cuando un policía sale herido de gravedad en un evento masivo, no hay nada que celebrar. Solo trabajar —con seriedad— para que no vuelva a ocurrir.

La Intendencia de Montevideo cerró el 2024 con un déficit de más de 82 millones de dólares. Es un número tan abultado que no solo multiplica por ocho el rojo del año anterior, sino que corona, con estrépito, la peor administración que haya tenido la capital en los últimos 30 años de frentismo. Ni la narrativa de “adversidades económicas” ni los cuentos de inclusión social pueden esconder lo obvio: se gastó mal, se gastó mucho, y se gastó para la tribuna.

La gestión encabezada por Carolina Cosse —y continuada por Mauricio Zunino— no solo incrementó el gasto hasta niveles sin precedentes, sino que lo hizo sin ningún tipo de eficiencia ni visión. La excusa de que se recaudó menos por la eliminación de la Tasa de Inflamables o por menores transferencias del gobierno nacional apenas disimula el despilfarro sistemático al que se dedicaron.

Porque esto no es una cuestión contable, es un modelo de gestión. Se dilapidaron millones en eventos costosos, en espectáculos con artistas internacionales como Lali Espósito, en derechos televisivos de dudosa utilidad para una comuna, en semanarios impresos que nadie lee, y en promociones personales camufladas como políticas públicas. Los casinos municipales, mientras tanto, siguen acumulando pérdidas millonarias sin que nadie se sonroje.

A esto se suma la contratación discrecional de militantes y amigos, la multiplicación de cargos de confianza, el pago de horas extra que nunca se trabajaron, y una estructura inflada que se sostiene sobre el bolsillo del contribuyente. Todo bajo el relato progresista de la “inclusión social”, mientras los barrios están cada vez más sucios, el transporte se deteriora, la recolección de residuos es errática y la movilidad urbana sigue siendo un caos.

La intendencia asegura que “priorizó a los más vulnerables”. Lo curioso es que esos mismos vulnerables viajan peor que nunca, pagan más por servicios de peor calidad, y ahora cargan además con una deuda creciente que compromete el futuro financiero de la ciudad. Porque el déficit acumulado supera ya los 497 millones de dólares. Medio millar de millones dilapidados en caprichos.

Montevideo se ha convertido en el espejo de lo que ocurre cuando la ideología pesa más que la responsabilidad, cuando la propaganda importa más que los resultados y cuando la gestión se reduce a marketing político. Lo único que “se adelantó” fue el deterioro fiscal.

En definitiva, lo de Cosse y su sucesor no es solo un fracaso: es un monumento al desgobierno. Un déficit de esta magnitud no cae del cielo. Se construye, día a día, con soberbia, con ineficiencia, y con total desprecio por la rendición de cuentas.

Alguna vez gritaron “¡fuera el imperialismo yanqui!”. Hoy, lo invitan con café, medialunas y un decreto redactado a medida.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, anunció con desparpajo que el gobierno modificará la ley de derribo “vía decreto”, tras una amable conversación con el Jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Sí, leyó bien: no tras un debate nacional, ni una consulta parlamentaria, sino como gesto de buena voluntad hacia Washington. Todo un símbolo…

La ley en cuestión, aprobada bajo la LUC, otorga a Uruguay una herramienta clave para la defensa de su soberanía aérea y el combate al narcotráfico: la posibilidad de interceptar y neutralizar vuelos ilegales. Una medida que no se sacó de la galera, sino que se alinea con las prácticas de seguridad vigentes en varios países de la región. Ahora, con la excusa de que no cumple “estándares internacionales” (léase: requisitos para que Estados Unidos venda armamento), se apuran en derogarla.

¿Y los principios? Bien, gracias.

Aquellos que durante años pintaron murales con consignas antiyanquis, que juraban no ceder jamás ante el “imperio”, hoy sonríen y firman compromisos con el mismísimo Comando Sur. ¿Será que cambiaron de opinión, o simplemente de lugar en la mesa?

Lo tragicómico es que el argumento no pasa por debatir la eficacia de la norma ni su adecuación al derecho internacional. No. Todo se reduce a una transacción: cambiar la ley para habilitar compras de armamento. Y en ese camino, lo que se negocia no es solo una norma técnica, sino la dignidad institucional del país.

El senador Javier García lo dijo con ironía justa: pasaron de gritar “¡Yankees go home!” a preguntarles en qué artículo de la ley desean cambios. Y no se equivoca: la señal que el gobierno está dando es de una docilidad vergonzosa.

Claro, en nombre de la diplomacia se puede justificar casi todo. Pero cuando la diplomacia se transforma en servilismo, lo que se pierde no es un párrafo en el reglamento aéreo, sino la capacidad de decidir por nosotros mismos. Y eso, ni el discurso más progresista puede ocultarlo.

Hay decisiones que, por su nivel de desconexión con la realidad, solo pueden describirse como un insulto a la inteligencia ciudadana. Que el gobierno, en plena emergencia social, con personas muriendo de frío como nunca en la historia, hospitales saturados y servicios públicos colapsados, considere “muy interesante” invertir hasta 200 millones de dólares en derechos de televisación del fútbol es, sencillamente, una obscenidad.

Sí, leyó bien: mientras los refugios no dan abasto, mientras ASSE no puede sesionar por falta de directorio, mientras miles de uruguayos en situación de calle claman por una respuesta que no llega, desde la Torre Ejecutiva estudian meter a Antel —otra vez— en una aventura populista digna del peor manual del kirchnerismo: “fútbol para todos”, versión uruguaya.

Es cierto, el fútbol es parte de nuestra identidad. Nadie discute su valor cultural ni su arraigo popular. Pero una cosa es apoyar el deporte y otra muy distinta es comprometer centenas de millones de dólares del Estado —dinero de todos— para que una empresa pública se embarque en un negocio de alto riesgo y escasa justificación social en el momento más crítico del invierno.

¿Desde cuándo la prioridad nacional es asegurar partidos gratis en los celulares, mientras hay gente durmiendo en la calle envuelta en cartones? ¿Dónde quedó la supuesta sensibilidad social del progresismo? ¿O acaso creen que los uruguayos no sabemos que ese tipo de maniobras tienen un solo objetivo: maquillar una gestión sin resultados y comprar simpatía con la billetera estatal?

La gestión Cosse en la Intendencia de Montevideo dejó un déficit histórico. Antel, bajo ese mismo estilo, fue usada como plataforma de marketing político disfrazado de modernización tecnológica. Hoy vuelven por más, con la Vicepresidente a la cabeza, queriendo transformar a la empresa estatal en el nuevo canal deportivo de la izquierda.

No es momento de distraer recursos ni energías en aventuras millonarias. Es momento de hacerse cargo del frío, del crimen y del caos en la salud. Porque mientras el gobierno sueña con goles televisados, las calles no aguantan otro “alargue”.

Cada nuevo dato que arroja la investigación sobre el Fondo Social de Viviendas de Obreros de la Construcción (Fosvoc) confirma que no estábamos ante simples irregularidades administrativas, sino frente a una verdadera trama de corrupción sindical estructurada, reiterada y profundamente inmoral. El caso tiene todas las aristas de una novela negra: desvío de fondos públicos, uso personal del dinero de los trabajadores, violencia sindical y sospechas de financiamiento político.

La última perlita la protagoniza el sindicalista Jhon Alexis Fernández, quien según los datos del Banco Central, publicados por El Observador recibió al menos cinco transferencias de parte del ya condenado Bruno Bertolio. Con ese dinero, Fernández remodeló su cocina, compró herramientas y electrodomésticos, arregló su auto (con repuestos por triplicado) y hasta adquirió comida para perros. Todo pagado con fondos que debieron destinarse a mejorar las condiciones de vivienda de los obreros de la construcción.

Como si no alcanzara con la obscenidad del gasto, las cifras son reveladoras: $ 110.000 en compras personales, incluyendo $ 30.000 en muebles y un horno empotrable, más accesorios para celulares y ropa de trabajo. En otras palabras, usaron el fondo de solidaridad de los trabajadores para pagarse la comodidad de una vida que nada tiene que ver con la austeridad que predican.

Y no se trata de casos aislados. La funcionaria Stella Rey también está indagada por utilizar el dinero del Fosvoc para compras de tecnología y alimentos para mascotas. Y la lista sigue creciendo. Es una estructura donde las transferencias se triangulaban entre compañeros, se tomaban comisiones, y se disfrazaban de ayuda social lo que en realidad eran desfalcos organizados.

A todo esto se suma el silencio de quienes debieron actuar hace rato. ¿Dónde están el Ministerio de Trabajo, el PIT-CNT, el Frente Amplio, ante esta cadena de delitos que involucra a uno de sus sindicatos más emblemáticos? ¿Quién protege a estos personajes, por qué siguen sin asumir responsabilidad política los sectores que promovieron y defendieron a estos dirigentes?

Peor aún: los propios involucrados mencionan que parte del dinero pudo haber terminado en las arcas del Partido Comunista o del Sunca. ¿Se investigará también eso, o se seguirá mirando para otro lado? ¿Se animará la Fiscalía a llegar a la cúpula, o solo caerán los operadores menores?

Mientras tanto, miles de obreros ven cómo el fondo que se creó en su nombre fue saqueado sin pudor por quienes se llenaban la boca hablando de solidaridad. Hoy sabemos que en realidad se trataba de cocina nueva, amoladoras inalámbricas y repuestos de auto. La causa Fosvoc no solo desnuda una estructura podrida: interpela al sistema político y sindical entero. Y cada día que pasa sin consecuencias serias, la complicidad se agrava.

Por Elena Grauert

El Parlamento finalmente aprobó el proyecto de salvataje para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). El trámite legislativo exigió de todas las partes enormes capacidades de negociación, ya que no había acuerdo —en principio ni siquiera dentro de cada partido— y mucho menos en la Coalición Republicana.

Hubo que apelar a las buenas artes de nuestros legisladores, que en Diputados habían sido firmes en no votar aumentos de impuestos, para lograr un acuerdo mínimo y transitorio con el fin de llevar paz a los profesionales.

Es preciso destacar la diferencia de actitud de la Coalición Republicana con respecto al Frente Amplio, ya que estos, siendo oposición, el año pasado se negaron a discutir un proyecto de salvataje y a llegar a un acuerdo, agravando aún más la situación. Además, durante todos sus años de gobierno fueron advertidos del déficit de la CJPPU por el Tribunal de Cuentas, entre otros, pero lo ignoraron y mantuvieron las condiciones sin ningún cambio de rumbo a sabiendas de los resultados.

El único gremio que actuó diligentemente, con apego a su responsabilidad política y gremial, fue la Caja Notarial, que en 2018 propuso la reforma para darle sostenibilidad a la Caja aumentando la edad de retiro; sin embargo, ni en ese momento el gobierno de la época lo tomó como una oportunidad para asumir el desafío y reformar la Caja Profesional.

Hoy la Caja sobrevive, pero apenas. ¿Estamos a tiempo de reencauzarla o simplemente prolongamos su agonía?

Los números no mienten. En 2024, más de 109 000 profesionales declararon estar en “no ejercicio”. Entre ellos miles de contadores, psicólogos, abogados, ingenieros y médicos, ese universo “invisible” representa hoy más del 65 % de los afiliados activos de la CJPPU.

La ley de salvataje aprobada por casi todo el sistema político establece un esquema de financiamiento mixto: aumento progresivo de aportes (hasta 22,5 % en 2028), contribuciones de los pasivos en tramos de hasta 5 % y asistencia estatal de unos US$ 80 millones anuales.

Claramente, si hoy el 65 % ha declarado “no ejercicio” y se aumenta la contribución, por más que existen mecanismos para mantenerse en la misma categoría sin incrementar aportes, termina siendo un incentivo para declarar “no ejercicio” o jubilarse. Todos sabemos que, a la larga, los profesionales activos, con su realidad económica, toman decisiones de acuerdo con su situación actual, lo que conlleva una alta vulnerabilidad del sistema.

Por tal motivo, una reforma sustantiva debe hacerse de inmediato, alineada con el sistema general de seguridad social, tomando en cuenta las diferencias en la capacidad contributiva y los tipos de trabajo, y permitiendo un sistema de ahorro individual que incentive el aporte.

La actual ley, además de generar inequidades entre los activos —pues los profesionales nacidos en 1970 podrán jubilarse a los 61 años, mientras que en el sistema general esa edad recién se aplica a los nacidos en 1974—, también genera inequidades entre los jubilados, quienes además de pagar el IAS deben abonar el tributo de salvataje a la Caja (que no puede descontarse de dicho impuesto), lo cual implica una doble imposición o una reducción de la pensión.

Max Weber, en su célebre conferencia “La política como vocación”, decía que hay dos formas de ética: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera actúa desde una intransigencia principista y dogmática, sin importar las consecuencias. La segunda, en cambio, pondera las consecuencias de los actos, “incluso cuando implican concesiones duras, decisiones impopulares o asumir las culpas de errores ajenos”.

Está claro que la actual oposición señaló con razón que aumentar aportes sin tener en cuenta la capacidad contributiva, u obligar a los jubilados a financiar el sistema sin considerar el esfuerzo fiscal que ya realizan mediante el IASS, tampoco es justo. Pero también sería inmoral dejar caer la Caja por completo, encarecer aún más el salvataje y permitir que el Estado se haga cargo sin buscar una solución, todo ello en contra del artículo 67 de la Constitución.

Generar caos y no asumir la seguridad jurídica es un acto de irresponsabilidad, aunque para algunos pueda parecer conveniente o políticamente expedito aplicar una especie de “ley del talión”, porque el daño al final lo pagamos todos.

La política requiere asumir responsabilidades incluso en contra de convicciones o dogmas —como decía Weber—: “el que busca la salvación de su alma no debe dedicarse a la política, sino a otra cosa, más pura”. El Partido Colorado asumió con valentía esa responsabilidad, y a pesar de ser solo oposición y de que el actual gobierno, cuando le toca estar en la vereda de enfrente, jamás cede y prefiere la destrucción o el incumplimiento.

La Coalición Republicana, en mayoría, optó por defender la institucionalidad sabiendo que de nuestras decisiones dependerán el retiro y la dignidad de miles de profesionales. Demostrar que existe otra forma correcta de hacer política —que no consiste en romper el diálogo apostando a la crisis, sino en la madurez de la buena política, en alzar las banderas del futuro y en actuar conforme a las convicciones— es la manera en que Uruguay se presenta ante el mundo. Es nuestro capital político y lo que debemos seguir defendiendo.

Por Tomás Laguna

Una sensata política de inserción internacional implica ser muy cuidadosos, no solo en los vínculos y definiciones comerciales, sino también —y por encima de todo— en el cuidado al establecer nuestros posicionamientos estratégicos en materia de definiciones e intereses geopolíticos. Confundir o superponer ambos extremos, lo comercial y lo político, puede resultar catastrófico. Esto último es lo que ha hecho nuestro gobierno, colocando a nuestro país en la peligrosa condición de “observador” en la cumbre de los BRICS.

Tal vez sea reiterativo mencionar la obsesión por una adecuada inserción internacional como condición necesaria, nunca suficiente, para lograr acceder a los mercados más demandantes, exigentes y dispuestos a pagar por nuestros productos del agronegocio de exportación. Ocurre que, o bien exportamos bienes y servicios, o exportamos gente. Ya sabido y muy contundente concepto. Una sensata política de inserción internacional implica ser muy cuidadosos, no solo en los vínculos y definiciones comerciales, sino también —y por encima de todo— en el cuidado al establecer nuestros posicionamientos estratégicos en materia de definiciones e intereses geopolíticos. Confundir o superponer ambos extremos, lo comercial y lo político, puede resultar catastrófico.

Esto último es lo que ha ocurrido con la reciente y torpe concurrencia de nuestro país a la cumbre de los BRICS, acrónimo creado en 2001 por el ec. Jim O’Neill de Goldman Sachs para identificar al grupo de naciones con condiciones para ser determinantes en la economía mundial hacia 2050. Finalmente, la idea cuajó en 2010 y así Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se coaligaron bajo un mismo interés político-estratégico a nivel global. Posteriormente adhirieron, ya sin cumplir la máxima de ser potencias económicas determinantes, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. El año pasado, alineándose tras el objetivo de confrontar al actual sistema económico imperante a nivel mundial, se sumaron Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.

Semejante aquelarre de naciones, de naturaleza y condiciones tan dispares, lo menos que representan es un bloque comercial. En su lugar, asistimos a un agrupamiento de países y regímenes dispares cuyo único motivo de integración lo constituye un interés político en común, contestatario del sistema económico que domina hoy el mundo. Como objetivo, reivindican un mayor peso geopolítico de lo que han dado en denominar el Sur Global. Se trata de una definición política, económica y social antes que geográfica, condición con la que no cumplen por cierto. Se reclama que aquellas naciones más postergadas, las que caerían bajo esta denominación, logren un peso geopolítico mayor al actual. Entre otras cosas, exigen la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, dándole ingreso a Brasil, India y África; del Fondo Monetario Internacional; del Banco Mundial; y de la Organización Mundial del Comercio, reivindicando el multilateralismo (razón con la que no podemos discrepar). El enemigo común es el imperialismo norteamericano, desmerecido en la credibilidad mundial luego de la muy torpe estrategia de su actual presidente, imponiendo unilateralismo y afectando así el comercio mundial.

Todos estos postulados de los BRICS son dulce música para los oídos de la caterva de tercermundistas, contestatarios antisistema y devenidos antiyanquis en su visceral odio, con el que se atosigan cada vez que mencionan al “imperialismo”. Enfermedad intelectual que cruza toda Latinoamérica y que fue tan bien definida en el Manual del perfecto idiota latinoamericano (Plinio A. Mendoza, Carlos A. Montaner, Álvaro Vargas Llosa, 1996). Es recomendable su lectura; el manual mantiene plena vigencia.

Así las cosas, en la conformación del BRICS confluye una corte de países de los cuales buena parte carecen de credenciales democráticas, mucho menos liberales, y son en extremo cuestionables en materia de derechos humanos. Esta aglomeración variopinta es la que procura revertir el sistema económico mundial, utilizando para tal fin una máquina de propaganda muy bien aceitada para el consumo de tantos incautos tercermundistas. En los hechos, ese Sur Global que pregonan no existe como convergencia real de propósito y grupo de poder.

Pues bien, en ese hervidero de despropósitos fuimos a meter la cabeza como “observadores”. Tanto es así que, en la agenda, se cuestionó el bombardeo a los apostaderos atómicos de la principal nación promotora del terrorismo islámico; se condenó una vez más a Israel por sus acciones de guerra en la Franja de Gaza y ocupación de los territorios palestinos; pero nada se dijo sobre la execrable y criminal invasión rusa a Ucrania. Faltaba más… La hemiplejia es significativa.

Es necesario recordar que nuestro canciller, el periodista Mario Lubetkin, realizó su ascendente carrera en la FAO cuando en la misma era su director general el Ing. Agr. José Graziano Da Silva (2011–2019), hombre del PT y exministro extraordinario para la Seguridad Alimentaria en Brasil durante el primer gobierno de Lula. En su euforia, el canciller confunde sus breves conversaciones bilaterales en el marco de la cumbre de los BRICS con apertura de mercados. Si así fuera, tal vez le sea más redituable la próxima Asamblea General de Naciones Unidas… Hasta poco original fue en su léxico cuando mencionó que nuestro país “volvió al mundo”, repitiendo así lo dicho por Lula tras el gobierno de Bolsonaro… A propósito, durante la dirección de Da Silva al frente de la FAO se responsabilizó a la ganadería como contribuyente del 20 % de los gases de efecto invernadero.

El gobierno de la República ingresa en un terreno peligroso si va a colocar a nuestro país entre el grupo de naciones contestatarias al orden mundial. Nada tenemos para ganar y sí mucho para perder en lo que debe ser un cuidadoso equilibrio entre los intereses en pugna en una humanidad como nunca resquebrajada desde la Segunda Guerra Mundial. Resulta extremadamente peligroso que los consabidos tercermundistas que pululan en nuestra sociedad sean quienes marquen el rumbo de nuestra política exterior. Ante tales extremos, todo está por perder para el agronegocio de exportación y, por extensión, para la economía de nuestro país.

Por Laura Méndez

La necesidad de una instancia formal de diálogo entre los partidos de la Coalición Republicana fue planteada desde el inicio del gobierno de Luis Lacalle Pou. La propuesta de marzo de 2020, a iniciativa del expresidente Julio María Sanguinetti -en aquel momento senador de la República- tuvo respaldo conceptual, pero por distintas circunstancias, como la pandemia y las dinámicas propias de cada partido, terminó relegada a una expectativa incumplida. Fue uno de los primeros en impulsarla, y varios referentes continúan reiterando el reclamo.

Durante el quinquenio pasado, la Coalición demostró capacidad de gobernabilidad, pero no de construcción política conjunta. Las diferencias entre los partidos terminaron opacando las coincidencias estratégicas. Los cambios en el gabinete, los debates presupuestales, las discusiones sobre la reforma de la seguridad social, entre otros, fueron capítulos de una misma novela: una coalición que coexistió, pero que no convivió del todo.

La ciudadanía no fue indiferente a lo que se transmitió una y otra vez desde la Coalición Republicana. Muchos votantes de los partidos tradicionales esperaban una alianza más firme, más coordinada, con una hoja de ruta común. El electorado tolera la diversidad, pero no la dispersión. No es la diferencia lo que incomoda, sino la ausencia de una síntesis que dé sentido al conjunto.

Hoy, en un gobierno frenteamplista, con una nueva integración parlamentaria, sin mayoría en el Senado y con votos variables en Diputados, la interrogante es si en nuestro país aún es viable llevar adelante una Coalición Republicana que funcione como proyecto de largo plazo y no solo como un acuerdo electoral circunstancial.

Se siguen escuchando voces desde el ámbito parlamentario que plantean la necesidad de no seguir improvisando y de poder alcanzar una coordinación política que brinde transparencia a la hora de tomar decisiones en unidad.

De los partidos políticos que integraron la Coalición en el 2020 -el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente- en la actualidad coexisten con fuerza tres: los tres citados en primer lugar. El Partido de la Gente no tiene representación parlamentaria y, con los diputados de Cabildo Abierto, la tensión es palpable en el recinto del Legislativo. Esa incomodidad se evidencia cuando votan en forma independiente y adoptan posiciones más cercanas al Frente Amplio que a la de la Coalición. Y aquí bien vale recordar el anuncio del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien desde el inicio del gobierno de Yamandú Orsi afirmó claramente en entrevistas de prensa: “Cabildo Abierto no forma parte de ninguna coalición”.

Esta reticencia a coordinar acciones parlamentarias profundiza ese aislamiento que ellos mismos han asumido. Si Cabildo ya no forma parte de los acuerdos, ¿sigue existiendo como socio?

A menos de cinco años para que finalice esta administración, esta disyuntiva nos obliga a preguntarnos si los cabildantes están realmente dispuestos a integrar una Coalición Republicana fuerte, para coordinar y construir instancias reales de diálogo político que permitan avanzar. Por el momento, no se visualiza una etapa de coordinación como oposición al gobierno que sea activa.

Cada oportunidad perdida para dialogar deja huellas. La necesidad operativa de una mesa no puede seguir siendo una deuda pendiente.

Si la Coalición Republicana tiene intención de proyectarse más allá de la coyuntura electoral, necesita algo más que acuerdos. Necesita institucionalidad, vocación común y una mesa donde las diferencias se procesen antes de que se transformen en fracturas públicas, como ha venido sucediendo con varios representantes nacionales de los coalicionistas.

Por el momento, se camina sin mapa. Y el tiempo pasa, y pasa muy rápido.

Por Alfonsina Dominguez

Grandes mujeres han sido parte de nuestro Partido Colorado contribuyendo en su historia y trayectoria. Y si a figuras femeninas ejemplares nos referiremos, nos vemos en la obligación de mencionar a la Dra. Adela Reta, quien además de haber sido pionera en la conquista de espacios de toma de decisión a los que las mujeres uruguayas no habrían logrado acceder hasta entonces, también supo ser una fiel defensora de los valores batllistas que hacen a nuestra colectividad política para trascender a nuestra sociedad y permanecer vigentes en tiempos actuales.

Adela Reta nació un 9 de julio de 1921, hace 104 años, en la ciudad de Montevideo. Se formó en Derecho y se especializó en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, para tiempo más tarde convertirse en la primera mujer en acceder, por concurso, a la Cátedra de Derecho Penal. Posición que mantuvo durante años, hasta quedar suspendida en 1978 por la dictadura cívico-militar. Años más tarde, retorna, junto con la vuelta de la democracia en 1985 y obtiene uno de sus más grandes logros: la promulgación de la ley N.º 15.738, el reconocimiento al Pacto de San José de Costa Rica, que incluye en el ordenamiento jurídico uruguayo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969. Acción que denota su dedicada docencia, y que, junto a su afán por investigar e incluso publicar unmerosos escritos, entre otras cosas, sobre la situación de niños, niñas y adolescentes infractores, realzan su historial académico y profesional.

Fue la primera mujer en ocupar el cargo de Ministra de la Corte Electoral, y años más tarde presidió el entonces Consejo del Niño (hoy Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) donde su sentir profundamente batllista se vio plasmado, porque su preocupación supo siempre estar allí donde los más vulnerables.

En las filas coloradas presidió la Comisión de Derechos Humanos donde apoyó la transición democrática y trabajó incansablemente en defensa de los presos políticos. Durante el primer gobierno del Presidente Dr. Julio María Sanguinetti (1985-1990) fue Ministra del Ministerio de Educación y Cultura, y en 1996 se le designó Profesora Emérita de la Facultad de Derecho.

Recibió premios como el “Premio Morosoli de Oro” por su destacada contribución a la cultura uruguaya, la Orden Honorífica de la República Francesa y la Orden Nacional al Mérito, para culminar su impecable trayectoria presidiendo el Consejo Directivo del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (SODRE). Actualmente, la edificación principal de esta institución se denomina Auditorio Nacional “Dra. Adela Reta” en su honor, de igual modo que el Centro de Estudios Electorales de la Corte Electoral lleva su nombre.

Adela ha marcado el rumbo, y es un ejemplo de que ha habido mujeres poderosas, capaces de derribar techos de cristal en el Partido Colorado. Y que para que eso suceda, es importante una estructura que habilite y acompañe estos procesos. ¡Vaya si eso, 104 años después de su nacimiento sigue siendo necesario! Por eso quienes nos inspiramos en su figura, elegimos recordarla como lo que fue: una gran mujer, incansable. De esas que incluso en los tiempos más difíciles de nuestra historia más reciente, se han mantenido firmes defendiendo sus principios y valores. De esas que mantienen viva la llama del poder de las ideas, de esas que incluso habiendo tenido que partir, jamás se olvidan.

Por Susana Toricez

Temperatura 4 grados. Sensación térmica 1 grado bajo cero. Desde mi ventana veo la vereda y varias personas cubiertas con una especie de carpa hecha de cartones. Una enorme tristeza me invade, ¿Qué pasó? ¿Cuándo y por qué se llegó a esto?

Nuestras generaciones nunca tuvieron que convivir con estos ejemplos de pobreza. ¡Y vaya si la había! ¡Cuánto han variado los valores y conceptos sobre la vida! Sí, eso ha cambiado y mucho.

Entiendo que la llegada de las adicciones incide, sí.
Pero tengo el convencimiento de que la droga mayor ha sido durante más de una década la decadencia en la educación.

Con la educación con la que nos formamos, jamás se le hubiera ocurrido a alguien hacer sus necesidades en cualquier lugar.

Se enseñaba respeto por el semejante. Se aprendía el valor de la palabra dignidad. Se promovía la solidaridad.

Me pregunto ¿por qué razón ya no hay centros barriales gratuitos como plazas de deportes, clubes de barrio, donde se jugaba básquetbol y fútbol, o se realizaban reuniones de niños para divertirse? ¿Qué pasó con las Plazas de Deportes? ¿Funcionan?

Estos centros barriales daban clases de vida, alejaban a los jóvenes de los vicios.

Integraban, socializaban, contenían.

Hoy quedan muy pocos que cumplen esa importante misión tan útil al barrio.

No debemos olvidar que tuvimos ausencia de enseñanza de valores durante 15 largos años.

Durante ese tiempo se le dio importancia superlativa, por ejemplo, al lenguaje inclusivo, postergando la enseñanza de herramientas para construir una sociedad educada y formada en valores. La misma que añoramos hoy.

Y está a la vista el resultado, es decir que el deterioro que observamos ha sido la falta de educación, ya que no se enseñó ni se advirtió con vehemencia, entre otras cosas precisamente, que la droga destruye, deteriora y mata.

Todo lo contrario, se legalizó su uso y tampoco se enseñaron las tantas razones por las que se puede perder la dignidad.

Si la educación recibida durante esos 15 años hubiera sido realmente sólida hoy no se verían tantos indigentes exponiendo su humanidad.

Estoy llegando a la conclusión de que cuando se decía por parte del gobierno de la época: ¡Educación, Educación, Educación!, era sencillamente que se clamaba a viva voz por algo inexistente.

Por Daniel Torena

El 11 de junio de 1580, Juan de Garay, teniente de Gobernador y Capitán General, declaró: “estando en este puerto de Santa María de los Buenos Aires, hago y fundo una ciudad. La iglesia de la cual pongo su advocación de la Santísima Trinidad… y dicha ciudad institúyase Ciudad de la Trinidad”.

Posteriormente otorgó posición al Cabildo, en nombre de su majestad católica, el rey don Felipe II de España, Indias y otros reinos.

Con el tiempo, el nombre sería Ciudad de la Santísima Trinidad de los Buenos Aires, de acuerdo con documentos del Archivo General de la Nación Argentina, sección Colonia.

Buenos Aires será la sede de la Gobernación del Río de la Plata y, desde 1777, del Virreinato del Río de la Plata.

La primera fundación de Buenos Aires había sido el 2 de febrero de 1536 por el hidalgo don Pedro de Mendoza, la cual tuvo que ser abandonada debido a los ataques de los indígenas.

La definitiva fundación de Buenos Aires fue fundamental, como informó al rey Felipe II, para contener el avance portugués en el río de la Plata e impulsar la colonización en la región.

Garay, con un sentido estratégico-militar, tenía razón acerca de su importancia, la cual con el tiempo fue trascendente para los intereses geopolíticos de España en el río de la Plata.

No olvidemos que fue el gobernador de Buenos Aires y del río de la Plata, mariscal de campo Bruno Mauricio de Zavala, quien fundó la Plaza Fuerte y puerto de San Felipe y Santiago de Montevideo en 1726, proceso iniciado en 1723 y culminado con el primer cabildo en 1730, durante el reinado del primer soberano de la dinastía de los Borbones, Felipe V.

Junto con Zavala y su ejército vino el abuelo de nuestro futuro prócer, el general don José Artigas: el ilustre soldado y luego capitán Juan Antonio Artigas, y su abuela paterna, quien pertenecía al patriciado criollo de Buenos Aires.

A propósito, compartimos una excelente nota del periodista cubano Yunior García para el portal 14yMedio.

La desaparición del comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán es uno de los mayores misterios del castrismo. Cada cierto tiempo se desempolva el mito y aparecen personas vivas afirmando ser el guerrillero del sombrero alón, o circulan “evidencias” sobre un hallazgo de sus restos. El último rumor viralizado es una serie de videos en TikTok, publicados por el perfil Boraxus Productions afirmando poseer “la conclusión definitiva” sobre el asunto.

Según el material, un presunto examen de ADN demostraría que un esqueleto encontrado en la Ciénaga de Zapata dio positivo en una prueba de hermandad con muestras de Osmany Cienfuegos –el hermano de Camilo–, quien falleció en La Habana el pasado 17 de mayo.

Varios influencers se hicieron eco del rumor, alcanzando cientos de miles de visualizaciones. En los comentarios, algunos lo tomaron con un hecho irrefutable sin exigir más pruebas. Otros lo asumieron como noticia falsa o como una simple broma con el único propósito de ampliar el número de seguidores. El propio perfil en TikTok llevaba algunas semanas publicando imágenes generadas con inteligencia artificial donde Camilo aparecía narrando diferentes versiones de su propia muerte. Boraxus también compartió en el pasado testimonios de algunos ancianos vivos en Miami que afirmaban –con o sin sombrero– ser el comandante desaparecido.

Independientemente del nivel de seriedad de estos videos, lo indudable es que, en el imaginario popular, la figura del guerrillero de sonrisa amplia y carácter jaranero sigue despertando un enorme interés tras casi 67 años de su desaparición.

Su avioneta –un Cessna 310, matrícula FAR-53– despegó a las 6:01 pm del aeropuerto de Camagüey con rumbo a La Habana el 28 de octubre de 1959. Viajaba acompañado del piloto Luciano Fariñas y del soldado Féliz Rodríguez, su escolta. El Gobierno esperó 36 horas para anunciar su desaparición a través de un comunicado oficial. Entonces comenzaría una aparatosa búsqueda, así como una sospechosa serie de muertes.

El oficialismo asegura que 70 aeronaves participaron en el rastreo. Se dividió la zona en 25 cuadrículas y se registraron 100.000 millas de terreno. El propio Fidel Castro participó en la operación a bordo del avión ejecutivo Sierra Maestra. Según su piloto Lázaro Policarpo, Castro había ordenado tener en cuenta cualquier información, incluso de “brujeros”.

El día 5 de noviembre, el periódico La Calle publicaba: “El comandante Camilo Cienfuegos se encuentra sano y salvo y anoche mismo fue llevado en helicóptero hasta el campamento de los Lanos, en la Ciénaga de Zapata”. También afirmaba que ya se había producido su encuentro con el líder barbudo.

Raúl Castro, nombrado meses antes ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se encargó de llamar a todos los mandos para desmentir la noticia. Cerca de 3.000 personas se congregaron frente al Palacio de la Revolución, negándose a aceptar el desmentido. El periódico Juventud Rebelde así lo relata: “La reacción fue violenta. Aquella multitud se sintió engañada y, tratando de volcarlo, se abalanzó sobre el camión con el altoparlante que aclaraba la situación”.

Una semana después, el 12 de noviembre, Fidel Castro dio por concluida la búsqueda y le dedicó al muerto pomposos obituarios. El Consejo de Ministros decretó siete días de duelo y el sacerdote y comandante rebelde Guillermo Sardiñas ofició una misa en la catedral de La Habana, vistiendo la misma sotana verde olivo que le había regalado el desaparecido.

El equipo militar de Camilo fue desarticulado, sus oficinas desmanteladas y sus soldados distribuidos en otras unidades. Se rumoraba que, durante sus últimas horas en Camagüey, agentes del G-2 vigilaron de cerca cada uno de sus pasos. El contexto lo explicaba todo. La última misión de Camilo había sido detener al comandante Huber Matos, acusado de traición por Castro. La renuncia de Matos era la amenaza interna más potente en una Revolución que apenas llevaba nueve meses en el poder.

La lista de agujeros negros en la versión oficial es larga. Cuatro minutos tras el despegue, un caza Sea Fury partió con cañones desenfundados. Un mecánico comentó que uno regresó “vacío”. Un pescador dijo ver un combate aéreo cerca de Matanzas. El piloto del caza se esfumó del mapa y el mecánico murió atropellado aquel mismo día. En cuanto al pescador, dicen que fue llevado a La Habana… y nunca más se supo de él.

Cristino Naranjo, jefe del batallón de seguridad del Estado Mayor, quien había estado presente en la detención de Huber Matos, decidió iniciar una investigación independiente. El 12 de noviembre –justo el día en que los Castro daban por concluida la búsqueda– Naranjo fue reducido a tiros junto a su chofer en una de las entradas del cuartel de Columbia. El crimen se atribuyó a Manuel Beatón, quien dijo haber disparado porque “no se identificaron”. A Naranjo lo ascendieron a comandante de manera póstuma y a Beatón lo fusilaron siete meses más tarde.

Contrario a la creencia popular, la desaparición no fue inmediata tras el arresto de Matos. Camilo lo detuvo el 21 de octubre, volvió a La Habana el 25, asistió a un acto el 26 en el Palacio Presidencial, con su discurso final recitando versos de Bonifacio Birne, y el 28 regresó a Camagüey para concluir el asunto. Voló junto a Senén Casas, quien después del aterrizaje continuó viaje hacia Santiago de Cuba en el mismo avión. El Cessna regresó a Camagüey a las 4:40 pm para recoger a Camilo y devolverlo a la capital. Llenaron los tanques de combustible para tres horas de vuelo.

Las versiones sobre lo que pasó realmente son muchas. Matos, tras cumplir 20 años de cárcel y partir al exilio, aseguró haber recibido dos mensajes secretos de Camilo instándolo a fugarse y evitar el juicio. El testimonio más potente de todos es quizás el del comandante Jaime Costa, asaltante del Moncada y expedicionario del Granma. En su libro El clarín toca al amanecer relató cómo fue testigo del asesinato de Cienfuegos.

Según Costa, acompañó a Juan Almeida Bosque hasta una finca en la Ciénaga de Zapata. Allí estaba el Cessna perdido y también Camilo. Luego de una acalorada discusión en la que participaron Fidel, Raúl, Osvaldo Dorticós, Ramiro Valdés y otros mandos, se escuchó la voz de Cienfuegos diciendo: “Pancho, tírame a los cojones”, seguido de una ráfaga de disparos.

No todos en el exilio toman al pie de la letra estos testimonios. Tampoco la leyenda del “Camilo bueno” es asumida con unanimidad. Pero su desaparición no fue solo la pérdida de un hombre: fue el inicio de una época donde las preguntas comenzaron a ser peligrosas. Y donde, más de 60 años después, aún no hay respuestas convincentes.

Un rearme vertiginoso puede hacer que la Unión Europea no avance, sino que retroceda, argumenta el académico Anton Jäger en una columna de opinión para el Times que recomendamos.

La fábrica de Audi es una de las primeras cosas que ves cuando sales de Bruselas en tren. Formada por edificios grises y rectangulares, fue durante mucho tiempo uno de los mayores lugares de producción de automóviles de Bélgica. Elegante y productiva, era un símbolo apropiado para la capital de Europa. Sin embargo, a principios de este año sucumbió a la crisis industrial que azota el continente y cerró de forma abrupta. Ya se ven algunos grafitis en sus paredes, antaño inmaculadas.

En los últimos meses, la historia de la fábrica de Audi se ha convertido en la historia de Europa. Ambas están pasando por una mala racha, y corren peligro de que se las lleve la nueva marea geoeconómica del siglo. En Bruselas, la respuesta al dilema también ha estado acorde con los tiempos: como parte de una renovación militar más amplia, según los ministros, la antigua fábrica de automóviles debería convertirse en una productora de armas. Este relanzamiento, dicen sus defensores, ayudaría a la autonomía estratégica de Europa y crearía 3000 nuevos puestos de trabajo.

En toda Europa, los legisladores convergen en la misma estrategia, con la esperanza de matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, el aumento del gasto militar pondría a Europa a salvo de Rusia y la independizaría de Estados Unidos, con lo que aseguraría por fin su estatus de superpotencia. Por otro, reactivaría el debilitado sector industrial europeo, que ha estado bajo presión por los competidores chinos y el aumento de los costos de la energía. Según este argumento, invertir dinero en el ejército es la forma de luchar contra la doble crisis de la vulnerabilidad geopolítica y el malestar económico.

Estas esperanzas posiblemente resulten ilusorias. Es improbable que el impulso de militarización de Europa, que sufre problemas tanto de escala como de eficacia, funcione bajo sus términos. Pero conlleva un peligro más grande que el fracaso. Al centrarse en la defensa a expensas de todo lo demás, corre el riesgo de que la Unión Europea no avance, sino que retroceda. En lugar de un gran progreso, un rearme vertiginoso podría equivaler a un error histórico.

El nuevo enfoque de Europa suele recibir un nombre más antiguo: keynesianismo militar. Originalmente, el concepto se refería a la tendencia de los gobiernos de mediados de siglo a contrarrestar las recesiones económicas mediante aumentos del gasto militar, una combinación de la que supuestamente fueron pioneros los nazis en la década de 1930 y que luego globalizaron los estadounidenses en la década de 1940. Más recientemente, el término se ha aplicado a la economía de guerra del presidente Vladimir Putin en Rusia.

Sin embargo, no está nada claro si los esfuerzos actuales de Europa merecen tal descripción. Por un lado, el continente simplemente está experimentando un retorno a los niveles de gasto militar previos a 1989. En su punto álgido de la década de 1960, por ejemplo, el gasto militar alemán alcanzó algo menos del 5 por ciento del producto interno bruto; el objetivo del canciller Friedrich Merz, anunciado la semana pasada, es del 3,5 por ciento. Semejante restauración difícilmente puede calificarse de gran salto hacia delante, y desde luego no se ajusta al concepto de Zeitenwende, o “punto de inflexión”, que se ha utilizado para describir el cambio de enfoque.

Los beneficios públicos de la estrategia —la parte del keynesianismo— siguen siendo, de la misma manera, poco claros. Aunque Alemania ha mitigado ligeramente sus normas de endeudamiento, los legisladores europeos siguen reacios a aumentar los déficits presupuestarios. Más dinero para el ejército tensará unos presupuestos ya de por sí ajustados, y le restará a los programas sociales, al desarrollo de infraestructuras y a los servicios públicos. En lugar del keynesianismo militar, una mejor comparación para la bonanza de la defensa en Europa es el reaganismo de la década de 1980, en el que el aumento del gasto militar y el recorte social iban de la mano.

Al fin y al cabo, esta es la lógica de los funcionarios belgas que son partidarios de convertir la fábrica de Audi en una proveedora de armas. El principal defensor del plan, el ministro de Defensa Theo Francken, ha afirmado que un Estado que pretende reducir su déficit y aumentar los presupuestos militares al mismo tiempo debe reducir el gasto en bienestar social. “El Seguro Social es demasiado elevado”, ha dicho. “Quitar unos cuantos miles de millones de un presupuesto de 200.000 millones no es inhumano, ¿verdad?”. Si tomamos en cuenta cómo el descontento social generalizado ha alimentado el auge de la extrema derecha y amenazado la cohesión europea, esta visión es, en el mejor de los casos, miope.

Hay más problemas con el impulso de la remilitarización. Por un lado, muchos antiguos sectores industriales adquirirán un interés personal en hacer la guerra en el extranjero, una fuente de ganancias difícilmente tan fiable como los consumidores que compran coches. Y más dinero para el ejército tampoco significa necesariamente mejores resultados. Como señala el economista Adam Tooze, los europeos derrochan colectivamente grandes sumas en sus “ejércitos zombis” y reciben sorprendentemente poco a cambio, tanto en términos de mano de obra como de material. Ninguna empresa europea, por ejemplo, figura entre las 10 primeras empresas de defensa por volumen de ventas.

Además, está el problema europeo por excelencia de la coordinación. Dado que los tanques y el material ya son caros, los costos del rearme continental se verán multiplicados por la descentralización de la toma de decisiones de la Unión, en la que las naciones compiten por separado por los contratos. Los estancamientos de los esfuerzos para la producción de proyectiles para la guerra de Ucrania son una muestra de esta ineficacia. Para colmo, es probable que los primeros pagos del derroche europeo vayan a parar a los productores estadounidenses mientras las fábricas europeas se ponen en marcha. Es una ironía reveladora que los beneficiarios iniciales del festín no serán europeos, sino estadounidenses.

Estas limitaciones logísticas deben sopesarse junto con los límites culturales para la remilitarización en Europa. En la década de 1990, el periodista británico Anatol Lieven afirmó que quien pensara que Europa vería pronto el retorno del poderío militar prusiano “nunca había estado en una discoteca alemana”. Estas actitudes pacifistas solo han aumentado en las décadas posteriores. Muchos países europeos abolieron el servicio militar obligatorio en la década de 2000 y siguen teniendo grandes dificultades para vender la perspectiva del servicio militar a sus electorados. En respuesta a los llamamientos a una nueva movilización, por ejemplo, un conductor de pódcast alemán habló en nombre de muchos: “Prefiero estar vivo que muerto”.

Aun así, los legisladores europeos están decididos a vender el rearme como condición para la entrada del continente en el siglo XXI. La cumbre de la OTAN de la semana pasada, en la que casi todos los miembros se comprometieron a aumentar el gasto militar en la próxima década hasta el 5 por ciento del PIB —aunque el 1,5 por ciento se destinara a infraestructuras e investigación relacionadas con la defensa—, produjo un desfile de opiniones de este tipo. El número de guerras en todo el mundo, que incluye una nueva amenaza reciente en Irán, supuestamente subraya la necesidad de que Europa vuelva a ser un continente combatiente. Esta estrategia, afirman los funcionarios, combina la independencia militar con la reactivación comercial.

Ninguno de estos resultados es probable. En su curso actual, Europa no se encamina ni hacia el keynesianismo militar con dividendo social ni hacia una estrategia de defensa adecuada para una aspirante a superpotencia. Más bien, corre el riesgo de obtener lo peor de ambos mundos: una magra recuperación económica sin perspectivas de crecimiento a largo plazo y suntuosas remuneraciones a un sector de defensa que no permitiría a Europa igualar a sus pares. Un viaje rápido a Bruselas, donde la fábrica de Audi sigue vacía, debería bastar para convencer a los visitantes de esta verdad.

En la Rusia actual, el Estado está nacionalizando al individuo (y también sus propiedades), pero el proceso no se ha completado, asegura el analista ruso Andrei Kolesnikov en una columna de opinión para Letras Libres que aquí reproducimos.

En la era del putinismo tardío, la violencia directa y el control de la sociedad, junto con una nueva moral basada en los llamados “valores tradicionales”, son un instrumento esencial de control social. Utilizar el sistema educativo y las instituciones culturales para adoctrinar a la población –sobre todo a los jóvenes– es de hecho una forma de violencia, solo que intelectual y espiritual en lugar de física.

En algunos aspectos, la represión política es mayor ahora que a finales del periodo soviético. Lo absurdo de las acusaciones e incluso el número de condenas basadas en cargos políticos recuerda cada vez más a la época de Stalin. El 27 de febrero de 2024, por ejemplo, el activista de derechos humanos Oleg Orlov fue encarcelado por actividades que promueven “odio a los valores tradicionales”. Estamos viendo cómo la ideología adquiere un significado práctico en la aplicación de la represión política.

La función de la ideología y de los organismos ideológicos –desde el Ministerio de Educación y el organismo de control de las comunicaciones Roskomnadzor hasta la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia, el Comité de Investigación y el Servicio Federal de Seguridad (FSB)– es presentar una única visión posible del mundo y castigar todo lo que la refute o contradiga. Todos estos organismos se están convirtiendo en mecanismos de control de la ideología y la cultura.

Los jóvenes son una de las “corporaciones” más importantes para el régimen de Putin. Las autoridades consideran necesario trabajar en ellos porque el apoyo a Putin y sus iniciativas es menor en este grupo de edad, pero también porque el sistema de Putin –como cualquier régimen autoritario o totalitario– ve en los jóvenes una fuente clave de recursos humanos obedientes. Por eso el Estado se implica tanto en todos los niveles de la enseñanza: primaria, secundaria, superior y complementaria. La educación “patriótica” es cada vez más intrusiva, simplista y tópica.

Pequeños incendios en todas partes

Recientemente, el régimen ha comenzado a trabajar activamente con los estudiantes universitarios y de secundaria. Muchos ideólogos ultraconservadores y militaristas piensan incluso que el curso que se introdujo en las universidades en otoño de 2023, “Fundamentos de la estatalidad rusa”, así como los libros de texto de historia unificados publicados para los cursos superiores de secundaria para el año escolar 2023-2024 son medios insuficientes para convertir a los estudiantes a una única fe ideológica. En palabras de Aleksandr Dugin, jefe ultraconservador de la Escuela Superior de Política Iván Ilyín de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, “la inmensa mayoría de las instituciones educativas de Rusia reflejan en realidad el orden liberal de los años ochenta y noventa. Por lo tanto, lo que es necesario es la militarización de la educación, una ruptura brusca del vector –sobre todo en las humanidades– que se ha establecido en las últimas décadas bajo el control directo y a las órdenes de Occidente, con el que hoy estamos en guerra.”

Recientemente, se han dado varios ejemplos de una aplicación práctica de esta ideología. El 3 de abril de 2024, Andréi Ilnitski, asesor del ministro de Defensa, visitó la principal universidad rusa de física y matemáticas, el Instituto de Física y Tecnología de Moscú (MIPT), e impartió una conferencia conspirativa como parte de un curso sobre “procesos en la comunidad mundial”. Según los asistentes, dijo a los estudiantes que “al otro lado de las fronteras rusas se están tramando planes para sembrar el caos, socavar la soberanía y poner en peligro la historia, las tradiciones, los valores, las convicciones y la ideología de Rusia”. No hubo protestas en el MIPT, pero los alumnos vieron en la conferencia un intento de imponer una visión oscurantista del mundo en una institución cuyos graduados suelen emigrar de Rusia porque no ven un lugar para ellos en un Estado y una sociedad militarizados. Los antiguos alumnos, profesores y estudiantes de esta universidad se habían manifestado en contra de la llamada “operación militar especial” nada más comenzar. A principios de marzo de 2022, casi 3.000 personas firmaron una petición contra ella: una cifra significativa para una institución verdaderamente de élite.

Mientras tanto, en abril de 2024, más de 5.000 personas firmaron inmediatamente una petición estudiantil contra la creación de la Escuela Superior de Política Iván Ilyín, dirigida por Aleksandr Dugin, en la Universidad Estatal Rusa de Humanidades. Cuando empezó a difundirse la noticia de la petición, el número de firmas alcanzó más de 25.000 en cuestión de días, ya que empezaron a firmarla personas ajenas al alumnado de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades y otras que no tenían relación con la universidad. La respuesta del rector y del propio Dugin fue previsible y acorde con las costumbres políticas actuales en Rusia: sugirieron, irritados, que la petición había sido orquestada por fuerzas proucranianas, “agentes extranjeros” y partidarios de “países hostiles”, todos ellos representantes de una opinión minoritaria.

Este es un aspecto clave. Para el Estado es importante mantener la sensación de que existe una mayoría: el régimen y sus unidades de propaganda se esfuerzan por hacer ver que la sociedad rusa –con la excepción de ciudadanos inconscientes y la quinta columna– está unida en su apoyo a Putin y su guerra. En particular, se supone que este apoyo se expresa en el 87%de votos a favor del eterno líder en las “elecciones” presidenciales. En una situación así, la opinión minoritaria solo la tienen los marginados, y la única estrategia sensata que les queda es unirse a la mayoría (aunque sea de forma poco sincera, como los conformistas pasivos que en realidad constituyen la mayoría sociológica de la población).

Sin embargo, la sociedad civil sigue viva, a pesar de la atmósfera de miedo, la represión directa y las purgas profesionales en el sector educativo (sobre todo en la enseñanza superior, y en particular en la Escuela Superior de Economía, que hasta hace poco era la universidad más liberal de Rusia). La sociedad civil no está luchando por el poder, está oponiendo una resistencia moral, como hizo en las últimas décadas de la Unión Soviética. Las acciones de los estudiantes son manifestaciones de esta resistencia moral al sistema.

Otra polémica en el sector de la enseñanza superior estuvo relacionada con la corporativización. De nuevo en abril de 2024, la administración de la Escuela Superior de Economía disolvió el consejo estudiantil de la universidad porque se negó a admitir como miembro a un representante de una organización juvenil pro-Kremlin, Movimiento de los Pioneros, que fue creada específicamente basándose en principios corporativistas. Por ahora, el Estado no exige a todos los estudiantes –o al menos a todos los miembros de los consejos estudiantiles– que se afilien a movimientos pro-Kremlin, y esto distingue al totalitarismo clásico del neototalitarismo de Putin (o totalitarismo híbrido).

Incubadoras del hombre nuevo

A medida que madura, a todo régimen totalitario se le ocurre la idea de construir un hombre nuevo. Este hombre nuevo se convierte en el modelo para el mercado laboral y las bien remuneradas profesiones de funcionario de los servicios de seguridad (los llamados silovik) o trabajador del complejo militar-industrial. La “operación militar especial” es la mejor escalera profesional y forja para los putinistas. También encaja bien en esta estructura corporativista utilizar un lenguaje patriótico y ejercer “violencia intelectual” –por ejemplo, acusar pomposamente a los enemigos extranjeros y nacionales utilizando clichés, e insertar la letra latina Z en las palabras rusas como símbolo de apoyo a la guerra (suelo llamar a este fenómeno “dialecto social Z”)–. Así es como se construyeron todos los regímenes totalitarios: desde el régimen de Stalin, que cooptó a toda la población en organizaciones juveniles, partidistas y sindicales, hasta los regímenes de Benito Mussolini en Italia y Antonio Salazar en Portugal.

En todos los regímenes de este tipo, la ideología se basa en una teoría en la que el país debe tomar un camino especial que conduce a un desenlace glorioso. Un Estado totalitario se ve a sí mismo como un régimen “de todo el pueblo” o simplemente “del pueblo” y reclama el derecho a movilizar a la nación. A su vez, la nación se define a sí misma como una unidad especial, como la “nueva comunalidad histórica” en la URSS, Deutschtum (“germanidad”) en Alemania y los conceptos correspondientes de italianità en Italia e hispanidad en España. Si el Estado está implicado en una guerra, se rinde culto a los caídos y a la muerte heroica. Por ejemplo, ese es el tema y la letra de la canción “Let’s Rise!”, del popular cantante nacional-patriótico ruso Shaman:

Levantémonos, mientras Dios y la verdad estén de nuestro lado,
Demos gracias por concedernos la victoria.
Por los que encontraron su cielo y ya no están con nosotros,
Levantémonos y cantemos una canción.

No es muy diferente de las canciones de marcha estalinistas, el himno nacional alemán de la época nazi “Horst-Wessel-Lied”, la marcha de la legión española “El novio de la muerte” y el himno oficial del partido fascista italiano, “Giovinezza”. La unidad del pueblo y del líder es uno de los componentes fundamentales de la ideología de los regímenes totalitarios. Y la fuerza de una nación se mide por su capacidad para funcionar en aislamiento político y autarquía económica.

Las células corporativas son la base organizativa de tales sistemas. Idealmente, una red de estas células cubre la totalidad del espacio público. Las organizaciones de la Unión Soviética –los Pequeños Octubristas, los Pioneros, Komsomol y los diversos sindicatos– seguían el modelo de las de sus propios enemigos: los regímenes fascistas y de ultraderecha del siglo XX. Los Pequeños Octubristas y los Pioneros tenían mucho en común con la organización juvenil italiana Balilla, sobre todo los ejemplos didácticos de los niños héroes.

Sin embargo, las prácticas rusas actuales no son totalmente totalitarias, aunque se esfuerzan por serlo: los jóvenes sonrientes y uniformados de los carteles son víctimas de prácticas semitotalitarias, ya que no representan a todos los jóvenes. Por ahora, el régimen no ha sido capaz de incorporar a todos los jóvenes a sus movimientos juveniles modernos, que incluyen, entre otros, el Movimiento de los Pioneros, el Ejército Joven y los clubes estudiantiles Estoy Orgulloso.

Para un régimen semitotalitario (o neototalitario), el patriotismo significa ante todo la militarización de la conciencia. El Ejército Joven se creó dos años después de la anexión de Crimea, cuando el régimen ya había empezado a transformarse de un régimen puramente autoritario en uno semitotalitario.

Naturalmente, una organización militarizada debe representar la lucha entre todo lo que es bueno y todo lo que es malo; de lo contrario, ¿para qué necesitaría una sociedad moderna juegos de guerra para niños? Por eso la misión de la organización, como se indica en su sitio web, es “cultivar en los miembros del Ejército Joven la bondad, la compasión, la conciencia, la lealtad, la dignidad y el amor a la Patria. Ejército Joven se dedica a fomentar el respeto por la institución de la familia, por la memoria de los antepasados y por los mayores”. Los “ejemplos de casos” de su proceso educativo proceden casi en su totalidad del legado soviético.

El inicio de la “operación militar especial” aceleró bruscamente la formación de la ideología del Estado y su manifestación organizativa, incluso en lo que se refiere a los jóvenes. El Movimiento de los Pioneros se creó en 2022, y está basado en los Pioneros soviéticos, aunque el rango de edad de la nueva organización es mucho más amplio: de seis a veinticinco años, en comparación con el rango de edad de los Pioneros, de nueve a catorce.

Los buenos chicos y chicas que “siguen las tradiciones de nuestros antepasados” son un elemento natural del pathos del movimiento, que ve un brillante futuro en un oscuro pasado. Los detalles de las características clave del movimiento apelan a una historia gloriosa construida sobre una identidad negativa; insinúan un enemigo que socava la autopercepción de una trayectoria histórica única: “Los miembros del Movimiento estudian, conocen y protegen [cursiva del autor] la historia de Rusia, se oponen a cualquier intento de distorsionarla y denigrarla. Preservan la memoria de los defensores de la Patria.”

Los valores familiares son parte exclusiva de su tradición –es decir, supuestamente no son inherentes a otros países y pueblos–, y son un aspecto crucial de esta autoidentificación: “Los miembros del Movimiento comparten valores familiares tradicionales. Están orgullosos de la cultura rusa de la paternidad y la maternidad. Honran a las familias numerosas. Ayudan a los niños más pequeños, cuidan de los abuelos de la familia”.

Ceremonias y rituales

El adoctrinamiento a nivel escolar es fácil de implantar, porque el Estado es libre de hacer lo que quiera: desde imponer libros de texto de historia unificados hasta celebrar “Conversaciones sobre cosas importantes” como primera clase de los lunes. El sitio web del programa “Conversaciones” contiene material temático y metodológico, frecuentemente vinculado a fechas concretas. Cada tema es desarrollado por un ponente especializado en la materia, a menudo con textos extraños y farragosos. Por ejemplo, la lección sobre “Crimea y Sebastopol: diez años en su puerto natal” (una frase que se ha convertido en un cliché propagandístico) es impartida por el obispo ortodoxo Tikhon Mollard, a menudo llamado “el confesor de Putin”. Su libro Muerte de un imperio (descrito como una obra “sobre los mecanismos de los cataclismos en Rusia”) se ha convertido en otra arma ideológica del régimen.

En el marco de la simbiosis de la escuela y el Movimiento de los Pioneros se desarrolla una “lengua de madera”, un dialecto social que habla de “valores”. Esto también ha sido siempre típico de los regímenes totalitarios. Además, el adoctrinamiento se afianza mediante ceremonias (en particular, el izado de la bandera en las escuelas) y rituales. Como parte de la iniciativa “Carta a un soldado”, por ejemplo, diseñada para crear la impresión de continuidad entre la Segunda Guerra Mundial y la “operación militar especial”, se supone que los estudiantes deben felicitar a los participantes del conflicto actual en la festividad del 9 de mayo, Día de la Victoria. A nadie parece importarle que el pueblo de Ucrania tiene el mismo derecho a celebrar la victoria sobre la Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial.

También hay una campaña obligatoria (o al menos fuertemente alentada) en todo tipo de centros educativos de todo el país para fabricar suministros para la guerra. Estos esfuerzos se han elevado a la categoría de importante causa común. En la primavera de 2024, por ejemplo, el ministro de Educación y Ciencia de Daguestán, Yahya Buchaev, dio instrucciones a las escuelas para que enseñaran a los alumnos a tejer redes de camuflaje y a fabricar velas de trinchera como parte de sus programas extraescolares.

Páginas que desaparecen

El proceso general de censura y autocensura en editoriales y librerías se ha extendido al plan de estudios de literatura en las escuelas, incluidas las listas de lecturas complementarias. Sin embargo, esto es solo una parte del panorama general de lo que está ocurriendo en el mercado general del libro, sobre todo porque las listas de lectura (y las listas de libros cuya lectura no se recomienda) incluyen muchos libros no infantiles.

En el mercado general del libro se ha creado un “centro de expertos” para evaluar si las ediciones impresas y electrónicas cumplen las leyes, sobre todo las que prohíben la “propaganda LGBTQ”. Ahora existe una verdadera agencia de censura que complementa las denuncias y los esfuerzos de las fuerzas del orden. No se trata de una censura que impida la publicación, sino de inspecciones y prohibiciones retroactivas de libros ya publicados, a veces como consecuencia de advertencias de la fiscalía.

También existe otro enfoque de la censura: la traducción rusa de Pasolini. Morir por las ideas, la biografía de Roberto Carnero sobre el cineasta italiano gay Pier Paolo Pasolini, que llegó a las librerías y tiendas online en mayo de 2024, está censurada explícitamente; los fragmentos relacionados con la sexualidad de Pasolini están tachados.

Otro ejemplo importante y revelador fue la iniciativa de los diputados de la Duma estatal de enmendar una ley sobre servicios bibliotecarios para prohibir el préstamo de libros de “agentes extranjeros”, “terroristas” y “extremistas”. Por supuesto, muchas bibliotecas y librerías ya han dejado de prestar y vender libros de “agentes extranjeros”, aplicando un conformismo preventivo. Algunas editoriales también han dejado de firmar contratos con autores que han sido declarados “agentes extranjeros”, ya que temen represalias y son conscientes de la dificultad de vender libros de esos autores.

Aprender en casa y en la escuela

Nunca es fácil alcanzar la totalidad, ni siquiera en la regulación de la literatura infantil. Es más fácil vender cuadernos y otros materiales escolares con imágenes “patrióticas” –como los cuadernos lanzados en abril de 2024 con retratos de una tripulación de tanques alabada por sus hazañas en Ucrania– que controlar todo lo que leen los alumnos.

También hay cambios en los programas escolares. Algunos libros que habían sido fundamentales para la formación de la identidad del individuo soviético, como La joven guardia de Aleksandr Fadéyev y Así se templó el acero de Nikolái Ostrovski, se han recuperado del pasado soviético, que ahora parece arcaico, y se han incluido en el plan de estudios de undécimo curso. La ya mencionada Muerte de un imperio, del obispo ortodoxo Tikhon, también ha entrado en la lista de literatura recomendada: impulsada por la propaganda y por las librerías, se ha convertido en un éxito de ventas. Algunos libros antisoviéticos (y principalmente anti-Stalin) siguen en la lista de lecturas, como El archipiélago Gulag de Aleksandr Solzhenitsyn y Un día en la vida de Iván Denísovich. Otros han sido eliminados de la lista, por ejemplo El fiel Ruslan, de Gueorgui Vladímov, Relatos de Kolimá, de Varlam Shalámov, y La casa del malecón, de Yuri Trifonov.

La literatura se está convirtiendo en una asignatura tan ideológica como la historia, un instrumento de adoctrinamiento en la escuela. En virtud de un decreto del Ministerio de Educación de abril de 2024, el número de horas lectivas asignadas a la enseñanza de la historia está aumentando considerablemente. En otras circunstancias esto podría ser positivo, pero no en una época de libros de texto “unificados” y de politización y mitificación de la historia. Naturalmente, todavía depende mucho de cada profesor, como ocurría en la Unión Soviética. Sin embargo, el propio sistema está presionando a los profesores, incluso a los mejores, que se ven obligados, igual que los alumnos, a adaptarse a las circunstancias.

El mismo decreto del Ministerio de Educación redujo drásticamente el número de horas lectivas para estudios sociales: en los cursos sexto a octavo, la asignatura fue simplemente eliminada. Tal vez esto se deba a que la realidad entra en una contradicción catastrófica con los fundamentos democráticos y constitucionales de la estatalidad rusa y los derechos y libertades del pueblo y los ciudadanos protegidos por la Constitución. Yana Lantratova, diputada de la Duma estatal, explicó los cambios en el programa de estudios sociales de la siguiente manera: “Si nos fijamos en los conceptos que se estudian en este periodo de tiempo, se trata principalmente de conceptos occidentales, que dicen que una sociedad que respeta la religión, las familias numerosas y los valores tradicionales es una sociedad atrasada, y que el único modelo ideal es el modelo estadounidense.”

Operación especial antropológica

La violencia intelectual y la opresión espiritual se están convirtiendo en algo rutinario en la vida de los rusos. También se están volviendo cada vez más intrusivas e intentan abarcarlo todo. Todavía es posible resistirse a esta opresión ignorándola o fingiendo ajustarse a sus normas. Sin embargo, el Estado satura cada vez más la vida cotidiana de propaganda e ideología: por ejemplo, el gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov, ha prometido cambiar masivamente el nombre de las escuelas de la ciudad por el de participantes en la “operación militar especial”.

El régimen de Putin parece ser eterno, y por eso muchos rusos que están alcanzando la mayoría de edad encuentran natural hacer uso de los ascensores profesionales que ofrece el Estado. Los requisitos para utilizar estos ascensores incluyen la lealtad política, una mentalidad mitificada y una conciencia orientada a la defensa.

En la Rusia actual, el Estado está nacionalizando al individuo (y también sus propiedades), pero el proceso no se ha completado. En esta “operación antropológica especial” la violencia intelectual tiene una enorme importancia práctica. La sociedad civil aún no ha perdido la batalla antropológica por los corazones y las mentes de los rusos, en particular de los jóvenes rusos. El Estado no dará marcha atrás, pero la ciudadanía seguirá luchando para conservar su dignidad humana. Será una prolongada guerra interna de desgaste, y el resultado es impredecible.

La BBC visitó el monasterio de Kirti en Aba, que durante mucho tiempo ha sido el corazón de la resistencia tibetana contra Pekín. A continuación, compartimos una interesante crónica -  del mencionado medio.

Envuelto en túnicas carmesí, con el rosario budista moviéndose rítmicamente entre sus dedos, el monje camina hacia nosotros.

Es una decisión arriesgada.

Nos siguen ocho hombres no identificados. Incluso si nos dice unas pocas palabras en público eso podría meterlo en problemas.

Pero parece dispuesto a correr el riesgo. "Las cosas aquí no van bien para nosotros", dice en voz baja.

Este monasterio, situado en la provincia de Sichuan, al suroeste de China, ha sido el centro de la resistencia tibetana durante décadas.

El mundo conoció su nombre a finales de la década de 2000, cuando los tibetanos se inmolaron allí en señal de desafío al dominio chino. Casi dos décadas después, hay indicios de que el monasterio de Kirti sigue preocupando a Pekín.

Se ha construido una comisaría de policía dentro de la entrada principal. Se encuentra junto a una pequeña habitación oscura llena de ruedas de plegaria que resuenan al girar. Unas cámaras de vigilancia colocadas en gruesos postes de acero rodean el recinto, escaneando cada rincón.

"No tienen buen corazón; todo el mundo puede verlo", añade el monje. Luego viene una advertencia. "Ten cuidado, la gente te está observando".

Mientras los hombres que nos siguen vienen corriendo, el monje se aleja.

"Los hombres" son del Partido Comunista de China, que lleva casi 75 años gobernando a más de seis millones de tibetanos, desde que anexionó la región en 1950.

China ha realizado importantes inversiones en la región, construyendo nuevas carreteras y vías férreas para impulsar el turismo e integrarla con el resto del país. Los tibetanos que han huido afirman que el desarrollo económico también trajo consigo más tropas y funcionarios, lo que ha mermado su fe y sus libertades.

Pekín considera el Tíbet como parte integrante de China. Ha tildado al líder espiritual exiliado del Tíbet, el Dalai Lama, de separatista, y quienes muestran su imagen u ofrecen apoyo público a este pueden acabar entre rejas.

Aun así, algunos habitantes de Aba, o Ngaba en tibetano, donde se encuentra el monasterio de Kirti, han tomado medidas extremas para desafiar estas restricciones.

La ciudad se encuentra fuera de lo que China denomina la Región Autónoma del Tíbet (TAR), creada en 1965 y que comprende aproximadamente la mitad de la meseta tibetana. Sin embargo, millones de tibetanos viven fuera de la TAR y consideran el resto como parte de su patria.

Aba ha desempeñado durante mucho tiempo un papel crucial. Las protestas estallaron aquí durante el levantamiento de 2008 en todo el Tíbet después de que, según algunas versiones, un monje mostrara una foto del Dalai Lama dentro del monasterio de Kirti. La situación acabó derivando en disturbios y las tropas chinas abrieron fuego. Al menos 18 tibetanos murieron en esta pequeña ciudad.

Cuando el Tíbet se levantó en protesta, se produjeron enfrentamientos violentos con las fuerzas paramilitares chinas. Pekín afirma que murieron 22 personas, mientras que los grupos tibetanos en el exilio sitúan la cifra en torno a las 200.

En los años siguientes se produjeron más de 150 autoinmolaciones para pedir el regreso del Dalai Lama, la mayoría de ellas en Aba o sus alrededores. Esto le valió a la calle principal un sombrío apodo: la calle de los mártires.

Desde entonces, China ha endurecido su represión, lo que hace casi imposible determinar lo que está sucediendo en el Tíbet o en las zonas tibetanas. La información que sale al exterior proviene de quienes han huido al extranjero o del gobierno en el exilio en India.

Para averiguar un poco más, volvimos al monasterio al día siguiente antes del amanecer. Nos escabullimos entre nuestros vigilantes y regresamos a Aba para las oraciones matutinas.

Los monjes se reunieron con sus sombreros amarillos, símbolo de la escuela budista Gelug. Un canto grave y sonoro resonaba en la sala mientras el humo ritual permanecía en el aire húmedo y tranquilo. Alrededor de 30 hombres y mujeres locales, la mayoría con chaquetas tradicionales tibetanas de manga larga, se sentaron con las piernas cruzadas hasta que una pequeña campana sonó para dar por terminada la oración.

"El gobierno chino ha envenenado el aire en el Tíbet. No es un buen gobierno", nos dijo un monje.

"A los tibetanos se nos niegan los derechos humanos básicos. El gobierno chino sigue oprimiéndonos y persiguiéndonos. No es un gobierno que sirva al pueblo".

No dio más detalles y nuestras conversaciones fueron breves para evitar ser descubiertos. Aun así, es raro escuchar estas voces.

La cuestión del futuro del Tíbet ha cobrado urgencia con el cumpleaños 90 del Dalai Lama esta semana. Cientos de seguidores se han reunido en la ciudad india de Dharamshala para honrarlo. El miércoles anunció el tan esperado plan de sucesión, reafirmando lo que ya había dicho anteriormente: el próximo Dalai Lama sería elegido tras su muerte.

Los tibetanos de todo el mundo han reaccionado con alivio, duda o ansiedad, pero no los de la patria del Dalai Lama, donde incluso está prohibido susurrar su nombre.

Pekín ha hablado alto y claro: la próxima reencarnación del Dalai Lama será en China y será aprobada por el Partido Comunista Chino. El Tíbet, sin embargo, ha guardado silencio.

"Así son las cosas", nos dijo el monje. "Esa es la realidad".

Dos mundos bajo un mismo cielo

La carretera a Aba serpentea lentamente durante casi 500 km (300 millas) desde Chengdu, la capital de Sichuan.

Atraviesa los picos nevados de la montaña Siguniang antes de llegar a las onduladas praderas al borde de la meseta del Himalaya.
Los tejados dorados e inclinados de los templos budistas brillan cada pocos kilómetros al reflejar la luz del sol especialmente intensa. Este es el techo del mundo, donde el tráfico cede el paso a los pastores de yaks a caballo que silban a su ganado terco y gruñón, mientras las águilas sobrevuelan en círculos.

Bajo este cielo del Himalaya conviven dos mundos, donde el patrimonio y la fe chocan con la exigencia de unidad y control del Partido.

China ha sostenido durante mucho tiempo que los tibetanos son libres de practicar su fe. Pero esa fe es también la fuente de una identidad centenaria que, según los grupos de derechos humanos, Pekín está erosionando lentamente.

Afirman que innumerables tibetanos han sido detenidos por organizar protestas pacíficas, promover la lengua tibetana o incluso por poseer un retrato del Dalai Lama.

Muchos tibetanos, incluidos algunos con los que hablamos en el monasterio de Kirti, están preocupados por las nuevas leyes que regulan la educación de los niños tibetanos.

Ahora, todos los menores de 18 años deben asistir a escuelas públicas chinas y aprender mandarín. No pueden estudiar las escrituras budistas en las clases del monasterio hasta que cumplen los 18 años, y deben "amar al país y la religión y cumplir las leyes y normativas nacionales".

Se trata de un cambio enorme para una comunidad en la que los monjes solían ser reclutados cuando eran niños y los monasterios hacían al mismo tiempo de escuelas para la mayoría de los niños.

"Hace unos meses, el gobierno derribó una de las instituciones budistas cercanas", nos contó un monje de unos 60 años en Aba, bajo un paraguas, mientras caminaba bajo la lluvia para acudir a rezar.

"Era una escuela de predicación", añadió conmovido.

Las nuevas normas siguen una orden de 2021 por la que todas las escuelas de las zonas tibetanas, incluidas las guarderías, deben impartir clases en chino. Pekín afirma que esto ofrece a los niños tibetanos más oportunidades de encontrar trabajo en un país donde el idioma principal es el mandarín.

Sin embargo, según el renombrado académico Robert Barnett, estas normas podrían tener un "profundo efecto" en el futuro del budismo tibetano.

"Nos estamos moviendo hacia un escenario en el que el líder chino Xi Jinping tiene el control total, hacia una era en la que poca información llega al Tíbet y se comparte poco el idioma tibetano", afirma Barnett.

"La educación se centrará casi por completo en las fiestas chinas, las virtudes chinas y la cultura tradicional china avanzada. Estamos ante un control total de la información intelectual".

La carretera a Aba muestra el dinero que Pekín ha invertido en este remoto rincón del mundo. Una nueva línea de tren de alta velocidad bordea las colinas que unen Sichuan con otras provincias de la meseta.

En Aba, a las habituales tiendas de la calle principal que venden túnicas de monjes y paquetes de incienso se suman nuevos hoteles, cafeterías y restaurantes para atraer a los turistas.

"¿Qué hacen en todo el día?", se pregunta en voz alta un turista. Otros giran con entusiasmo las ruedas de oración y preguntan por los ricos y coloridos murales que representan escenas de la vida de Buda.

Un eslogan del partido escrito en la carretera presume que "los pueblos de todos los grupos étnicos están tan unidos como las semillas de una granada".

Pero es difícil pasar por alto la omnipresente vigilancia.

Para registrarse en un hotel es necesario someterse a un reconocimiento facial. Incluso para comprar gasolina hay que mostrar varios documentos de identidad ante cámaras de alta definición. China lleva mucho tiempo controlando la información a la que tienen acceso sus ciudadanos, pero en las zonas tibetanas el control es aún más estricto.

Según Barnett, los tibetanos están "aislados del mundo exterior".

El sucesor "adecuado"

Es difícil saber cuántos de ellos están al tanto del anuncio que hizo el Dalai Lama el miércoles, transmitido a todo el mundo, pero censurado en China.

El decimocuarto Dalai Lama, que vive exiliado en la India desde 1959, ha abogado por una mayor autonomía, en lugar de la independencia total, para su patria. Pekín cree que "no tiene derecho a representar al pueblo tibetano".

En 2011, cedió la autoridad política a un gobierno en el exilio elegido democráticamente por 130.000 tibetanos de todo el mundo, y ese gobierno ha mantenido este año conversaciones secretas con China sobre el plan de sucesión, pero no está claro si han avanzado.

El Dalai Lama ha sugerido anteriormente que su sucesor sería de "el mundo libre", es decir, fuera de China. El miércoles, afirmó que "nadie más tiene autoridad para interferir".

Esto prepara el escenario para un enfrentamiento con Pekín, que ha declarado que el proceso debe "seguir los rituales religiosos y las costumbres históricas, y gestionarse de acuerdo con las leyes y normativas nacionales".

Pekín ya está sentando las bases para convencer a los tibetanos, afirma Barnett.

"Ya existe un enorme aparato propagandístico. El Partido ha estado enviando equipos a oficinas, escuelas y pueblos para informar a la gente sobre las 'nuevas normas» para elegir al Dalái Lama'".

Cuando el Panchen Lama, la segunda autoridad más importante del budismo tibetano, falleció en 1989, el Dalai Lama designó a un sucesor para ese cargo en el Tíbet. Pero el niño desapareció. Se acusó a Pekín de secuestrarlo, aunque este insiste en que el niño, ahora adulto, se encuentra a salvo. A continuación, aprobó a otro Panchen Lama, que los tibetanos fuera de China no reconocen.

Si hay dos Dalai Lamas, esto podría convertirse en una prueba del poder de persuasión de China. ¿A cuál reconocerá el mundo? Y lo que es más importante, ¿sabrán la mayoría de los tibetanos de China de la existencia del otro Dalai Lama?

China quiere un sucesor creíble, pero quizá no demasiado creíble.

Porque, según Barnett, Pekín "quiere convertir al león de la cultura tibetana en un perrito faldero".

"Quiere eliminar lo que considera arriesgado y sustituirlo por lo que cree que los tibetanos deberían pensar: patriotismo, lealtad, fidelidad. Les gusta el canto y el baile, la versión Disney de la cultura tibetana".

"No sabemos cuánto sobrevivirá", concluye Barnett.

Mientras salimos del monasterio, una fila de mujeres que llevan pesadas cestas llenas de herramientas para la construcción o la agricultura atraviesan la sala de las ruedas de oración, haciéndolas girar en el sentido de las agujas del reloj.

Cantan en tibetano y sonríen al pasar, con su cabello canoso y rizado solo visible bajo sus sombreros para el sol.

Los tibetanos se han aferrado a su identidad durante 75 años, luchando por ella y muriendo por ella.

El reto ahora será protegerla, incluso cuando el hombre que encarna sus creencias -y su resistencia- ya no esté.