Falta poco para el 11 de mayo y en Montevideo, pese a lo que repite como un mantra la dirigencia frentista, no hay nada asegurado. La carrera por la Intendencia está abierta, viva, y cada día que pasa se le escapa un poco más al Frente Amplio la posibilidad de transformarla en un simple trámite. No lo decimos nosotros: lo dice la realidad, lo confirman los números y lo siente la ciudadanía en cada pozo, en cada vereda rota, en cada esquina con un contenedor desbordado.

Un reciente estudio de Opción Consultores deja las cosas claras: la gestión departamental recibe hoy, por primera vez desde que el Frente gobierna Montevideo, un saldo evaluativo negativo. Sí, leyó bien: los que aprueban son menos que los que desaprueban. Un 38% califica como mala o muy mala la gestión frenteamplista, mientras que apenas un 29% la considera buena o muy buena. Un desplome que tiene una causa clara: limpieza, limpieza y limpieza. O, mejor dicho, su ausencia.

Es allí donde la Coalición Republicana tiene la llave. Porque el descontento existe y crece, pero necesita canalizarse en una alternativa creíble, visible y convincente. Y esa alternativa tiene nombre y apellido: la Coalición con Virginia Cáceres. O, como muchos la conocemos en el Partido Colorado, simplemente Vicky. Una mujer joven, con formación técnica, experiencia administrativa sólida, y una historia política forjada en la militancia y no en los despachos. Conoce los barrios, caminó las calles, vivió las carencias de una ciudad gobernada por el mismo partido hace más de tres décadas.

Que nadie se confunda: esta elección no es un trámite para el Frente Amplio. Otra encuesta reciente de la consultora antes citada muestra que la Coalición Republicana ya se encuentra a solo cinco puntos del Frente (46% contra 41%), y que ha crecido siete puntos en los últimos dos meses. Mientras tanto, la izquierda solo subió tres puntos. Los indecisos se reducen y ese caudal fluyó, en su mayoría, hacia la oposición. El desgaste frentista se siente. La hegemonía ideológica que supieron construir en la capital comienza a agrietarse.

Y es allí donde Vicky puede marcar la diferencia. ¿Cuál es el talón de Aquiles? El desconocimiento: el 58% de los montevideanos aún no la identifica. Pero eso también es una oportunidad: hay margen para crecer, para aparecer, para convencer. Bergara y Lema empatan en conocimiento y voto. Pero el diferencial de Cáceres está por construirse. Esa es la batalla que hay que dar: mostrar a la candidata, explicar sus ideas, subrayar su estilo, demostrar que hay otra manera de gobernar Montevideo. Que no todo es ciclovías pintadas a apuro, esculturas mal ubicadas y basura que decora esquinas emblemáticas.

Mientras tanto, el frentismo se enreda en sus contradicciones. Por un lado, y como analizamos en nota aparte, lanza candidaturas “refundacionales” como si acabaran de llegar al poder, olvidando —o pretendiendo que el votante olvide— que llevan 35 años al mando de la Intendencia. Por el otro, apela a la campaña del miedo, sugiriendo que una victoria de la oposición sería una catástrofe para la ciudad. ¿No será que temen perder un bastión que han convertido en ministerio partidario?

La evaluación de gestión es elocuente: un 57% de los montevideanos pide, como prioridad, que se mejore la limpieza. ¿Qué ha hecho el Frente Amplio en los últimos cinco años al respecto? Nada sustancial. Los contenedores siguen saturados, las veredas siguen rotas, los barrios siguen olvidados. Y la gente, simplemente, está harta. Porque es muy fácil hacer conferencias sobre “ciudades más igualitarias” mientras la basura se acumula al costado de las escuelas.

El Frente Amplio parece no entender que el “relato progresista” ya no alcanza para tapar la realidad. Los votantes están empezando a hacer una distinción cada vez más clara entre lo que se dice y lo que se hace. Y mientras el Frente sigue recitando eslóganes, Vicky Cáceres puede y debe hablar de soluciones. Con propuestas concretas, sin estridencias, pero con firmeza. No se trata de prometer revoluciones, sino de poner en orden lo que está desordenado, de limpiar lo que está sucio, de iluminar lo que está oscuro.

La Coalición Republicana tiene una oportunidad histórica. Y el Partido Colorado tiene en Vicky a una candidata que representa lo mejor del batllismo moderno: gestión, compromiso, sensibilidad social y sentido común. El frentismo, en cambio, tiene una gestión desgastada, una candidata que reniega de su propio legado y una ciudad que ya no les cree. Si seguimos avanzando, si Cáceres se vuelve conocida, si logramos movilizar ese voto crítico, la sorpresa del 11 de mayo será una posibilidad real.

La Intendencia no está ganada. Y mucho menos por una izquierda que, por primera vez en décadas, enfrenta una ciudadanía que ha dejado de aplaudir y comienza a preguntar: ¿para esto querían gobernar? ¿Para esto pidieron cinco años más?

La esperanza tiene nombre: se llama Virginia Cáceres. Y todavía estamos a tiempo.

Por Julio María Sanguinetti

El episodio de la Ministra de Vivienda Cecilia Cairo culminó con su renuncia, pero sigue provocando comentarios y necesarias reflexiones. Ella había insistido una y otra vez que no renunciaría porque no creía haber cometido ningún delito, pero finalmente lo hizo luego de una conversación con el Presidente, cuando ya no pudo ignorar la tormenta que había desatado.

Más allá de la persona, que, como ya hemos dicho, nos resulta simpática hasta por su vida novelesca, lo increíble son las tesis sostenidas por ella misma y el MPP, que va volviendo de a poco a sus antiguos reflejos tupamaros.

¿Alguien imagina que una persona que está “colgada” a la red eléctrica puede aceptar ser Presidente de UTE y cuando un periodista la denuncia, decir que ahora regularizará y seguirá en el cargo?

Esto fue lo que ocurrió. Una Ministra de Vivienda que no asumía ninguna obligación como propietaria de varias viviendas. Que hacía como que no debía contribución inmobiliaria y el sagrado impuesto de primaria y seguía construyendo en un predio al margen de todo.

No se trata de que tenía una deuda a regularizar. Es algo muchísimo más grave: nunca asumió, nunca reconoció la obligación legal. No se sentía obligada, porque según ella era “pobre”, pese a recibir los sueldos de su condición de parlamentaria y jerarca administrativa durante años.

El dilema es claro: o lo ignoraba y entonces no podía ser Ministra de Vivienda ni de nada, o bien lo sabía -como es notorio- y simplemente resolvió no pagar instalándose en una situación de ilegalidad absoluta, agravada por tratarse justamente de un tema de vivienda. Y ahí viene el tema. El gran tema.

Tanto ella como el MPP parecen volver a los tiempos en que se negaba la democracia por “burguesa”, en que bastaba invocar la pobreza y la injusticia para llevarse todo por delante, en que andar “con los pies en el barro” hace a alguien más ciudadano que otro.

Todo lo que en los últimos años ha hecho Mujica por aceptar la institucionalidad y amoldarse a los cánones de la democracia liberal, parece desvanecerse. Estamos retornando al origen y no nos queda muy claro si lo advierten. No convocan a las armas, pero sí a la ilegalidad.

El comunicado oficial del MPP es impresionante: “Porque los cargos son circunstanciales y esta organización se integra de trabajadores que militan donde la organización lo decida. Porque no creemos en la clase política y somos parte del pueblo representando al pueblo”.

¿Qué es esto de que no son “clase política”, de que son una organización con sus propias reglas? ¿Empezamos de nuevo con el desprecio a la política tradicional, tal cual es en las democracias? Por cierto, la dirigencia política no es una “clase” en el sentido sociológico de la expresión, pero cuando se la repudia al barrer es porque se está repudiando a la política, porque se está descreyendo en la organización propia de la vida democrática ¿Los demás partidos políticos no son también “parte del pueblo representando al pueblo”? ¿Los demás uruguayos no somos trabajadores y la diputada Cairo sí?

La ex Ministra de Vivienda llegó a decir que nunca pagó porque tenía “otras prioridades”. O sea que pagamos según nos parezca… Nosotros fijamos nuestras prioridades ignorando las leyes y las normas de convivencia propias de una organización democrática. Cualquier ciudadano que lo dijera llamaría la atención. En la boca de la propia Ministra de Vivienda es algo que llega a lo increíble.

No han faltado quienes han hablado de la “transparencia” de la ex Ministra simplemente porque reconoció sin ambages la enorme situación de ilegalidad en que se encontraba. Podría probablemente hablar de transparencia si hubiera reconocido el tema antes de asumir, pero nunca cuando ejerciendo el cargo simplemente se vio enfrentada a una denuncia periodística.

El debate no es sobre una deuda, que puede tener cualquiera, aun en mora por atrasos circunstanciales. Se trata de alguien que nunca aceptó la obligación, que se arrogó el derecho de no pagar por sí y ante sí durante años los gravámenes que sobre sus viviendas históricamente pagamos todos. Y que asumió la materia de vivienda violando las normas más elementales que pesan, justamente, sobre las viviendas, desde que el tiempo es tiempo.

Volvemos a la tesis de que se puede vivir al margen de la ley.

El tema excede con lejos a la ex Ministra. Es de todo el MPP. Es de todo el Frente Amplio, que hoy gobierna. Y seguirá dando que hablar, porque hay en juego principios cardinales de la democracia.

Desde el día de ayer, el expresidente Julio María Sanguinetti se encuentra realizando una gira por los departamentos de Salto y Río Negro, donde participa de diversas actividades políticas, institucionales y partidarias.

En la tarde de ayer, tras su arribo a Salto, Sanguinetti fue recibido por el Dr. Gabriel Cartagena y el candidato a la Intendencia Marcelo Malaquina, quienes lo acompañaron a la inauguración del nuevo local de la lista 1333, que lleva el nombre “Julio María Sanguinetti”. En la oportunidad, se realizó el descubrimiento de una placa recordatoria, en homenaje a su figura y legado.

Posteriormente, Sanguinetti participó de un acto político en la sede central del candidato Malaquina, ubicada en calle Brasil 1851, donde se dirigió a la militancia salteña.

La gira continua hoy en la ciudad de Fray Bentos. Luego de su llegada, el expresidente asistirá a una reunión conjunta del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Departamental del Partido Colorado, que tendrá lugar en la histórica Casa del Partido.

En la tarde, será entrevistado en el programa “Orilla y media”, donde abordará temas vinculados a los 40 años de democracia uruguaya y a la relación bilateral con Argentina.

La jornada culminará con un diálogo en la Casa del Partido Colorado bajo el lema “40 años de Democracia”, donde Sanguinetti compartirá sus reflexiones junto al Comité Ejecutivo Nacional, rindiendo homenaje al Dr. Mario Carminatti.

Hay silencios que gritan. Uno muy sonoro, que pasó brutalmente desapercibido, se produjo tras la primera reunión del gabinete de Yamandú Orsi como presidente de la República. El mandatario anunció con entusiasmo una batería de decretos, algunos más importantes que otros, todos con el sello de “nuevo comienzo” que intenta imprimirle a su gestión. Pero, curiosamente, entre los documentos destacados y celebrados, hubo uno que el presidente —qué distraído, él— olvidó mencionar: el Decreto 85/025, que extiende las exoneraciones fiscales a los barrios privados.

Sí, leyó bien. El mismo Frente Amplio que en su último programa único (el que todo el partido presentó oficialmente en la Corte Electoral) despotricó contra “los enclaves cerrados”, “los barrios burbuja”, “los modelos de exclusión urbana”, ese mismo Frente Amplio que prometió “evitar la construcción de barrios privados o cualquier eufemismo”, acaba de ratificar —por decreto y sin mucha bulla— las medidas que permiten que estos proyectos accedan a beneficios tributarios. ¿Se le pasó anunciarlo? ¿Se olvidó? ¿O será que tragarse sapos da acidez y conviene evitar que el público los vea masticar?

Porque no estamos ante una medida menor ni un tecnicismo burocrático. Estamos ante la renovación de un decreto que prolonga los beneficios fiscales a los desarrollos urbanísticos cerrados, exactamente aquellos que el Frente Amplio describía en sus documentos como la antítesis del proyecto de ciudad democrática e igualitaria que decían defender.

Lo más gracioso —sí, hay que decirlo con ironía, porque ya no queda otra— es que la medida en sí no está mal. No somos enemigos de los barrios privados ni del desarrollo inmobiliario bien regulado. Si estos proyectos generan inversión, empleo y ordenamiento territorial, bienvenidos sean. Lo que sí nos causa hilaridad es el doble juego. Ese juego en el que, cuando lo hace la coalición, es “privatización de la ciudad”, “fomento del clasismo” y “urbanismo neoliberal”; pero cuando lo hace Orsi, es una “herramienta válida para estimular la inversión”.

¿Dónde quedaron las consignas? ¿Dónde están los apóstoles del urbanismo popular que, durante años, convirtieron a los barrios privados en símbolo del “apartheid urbano”? ¿No los invitaron a firmar el decreto?

Basta con repasar el documento programático del Frente Amplio, ese mismo que Orsi juró seguir. En su sección sobre hábitat y ciudad, dice textual: “Se deberá evitar la construcción de barrios o enclaves cerrados”. No regular, no integrar, no monitorear. Evitar. Sin matices ¿Es el Decreto 85/025 una reinterpretación creativa de la palabra “evitar”? ¿O directamente decidieron que lo que hay que evitar es decir la verdad?

Desde el Partido Colorado, lo decimos sin vueltas: la medida, en el fondo, no nos molesta. Nos parece razonable, incluso necesaria, en un contexto donde hay que fomentar inversión y desarrollo urbano. Lo que nos provoca risa —y también una cuota de indignación— es la hipocresía con la que se implementa. Porque si hay algo que distingue a un partido maduro es la capacidad de reconocer que el otro, muchas veces, tiene razón. El Frente Amplio, en lugar de hacer autocrítica, prefiere seguir actuando como si gobernara por primera vez, como si cada contradicción pudiera ser escondida.

Los ciudadanos no son tontos. Y aunque muchos quizás no se enteren del contenido del Decreto 85/025, lo que sí sienten es que detrás de la pose refundacional y de los discursos sobre justicia territorial, sigue habiendo basura en las esquinas, calles rotas y prioridades mal elegidas. Ahora sabemos, además, que mientras se hablaba de transformar el espacio público, se firmaban beneficios para los barrios cerrados...

El Frente Amplio nos ha acostumbrado, a lo largo de los años, a una combinación bastante peculiar: tono mesiánico, verdades a medias y gestiones ruinosas. Pero si hubiese que elegir una síntesis perfecta de esa receta, sin duda la encontraríamos en el negocio del portland de Ancap. Si hay un símbolo de la improvisación frentista, es el célebre —y ahora subastado— horno de Sendic.

Los números no mienten. Una reciente nota publicada en El Observador detalla que el negocio del portland a cargo de Ancap acumula más de US$ 800 millones en pérdidas acumuladas en un cuarto de siglo. Sí, leyó bien. Ochocientos millones de dólares que los uruguayos pusimos de nuestros bolsillos para mantener un negocio deficitario, ineficiente y sin competitividad. Un negocio que, en cualquier país serio, habría sido intervenido, reestructurado o cerrado hace décadas. Acá se blindó bajo discursos ideológicos, se negó la realidad con cinismo y se siguió gastando como si nada. Porque claro, lo importante no era que el portland funcionara, sino que sirviera de bastión simbólico contra el “neoliberalismo”.

Cuando la Coalición —con toda lógica— planteó alternativas: buscar socios privados, racionalizar costos, analizar el cierre ordenado del sector o simplemente frenar el drenaje de millones, ¿qué hizo la izquierda política y sindical? Gritó. Chilló. Acusó al gobierno de querer “desmantelar la industria nacional”, “vender la patria” o “entregar los recursos al capital”. Esas eran las ridículas frases de cabecera. “La soberanía no se negocia”, decían. Aunque cueste 25 millones de dólares al año (¡que son necesarios para tantas cosas!).

Ahora que el frentismo volvió al gobierno, el tono del discurso cambió. Ya no hay conferencias encendidas. Ya no hay marchas sindicales por el portland. Ahora lo que hay es silencio. Diagnósticos. Estudios. Declaraciones tibias sobre “ser muy quirúrgicos en las decisiones” y “trabajar en conjunto”. Unos meses más y pedirán paciencia, porque “no se pueden tomar decisiones apresuradas”. ¿Se les olvidó que prometieron lo contrario?

Es que cuando el Frente Amplio gobierna, la realidad se impone. Y entonces, donde antes había epopeyas obreras, ahora hay que reconocer que no hay forma de competir con empresas que producen cemento a mitad de precio. Que las instalaciones están obsoletas. Que el horno de Sendic —ese monumento al despilfarro— jamás se instaló, y que venderlo como chatarra es el mejor destino para no seguir perdiendo plata.

Recordemos: el horno costó más de US$ 50 millones. Nunca se usó. Nunca se montó. Sus piezas siguen almacenadas como un museo de la incompetencia. Y para instalarlo hoy, habría que gastar entre 80 y 130 millones más. ¿Qué dice el Frente Amplio sobre esto? ¿Dónde están los que exigían “soberanía industrial”? ¿Van a seguir jugando a la épica mientras el país tira dinero por la ventana?

La ministra Cardona dice que se está haciendo un diagnóstico. ¿Después de 25 años de pérdidas, todavía necesitan tiempo para entender qué pasa? Es como ir al médico con un cuchillo en la espalda y esperar que te hagan una resonancia antes de sacarlo. La respuesta está servida hace rato: esto no da más.

Lo que molesta —y mucho— no es solo la mala gestión, sino la hipocresía. Porque cuando la Coalición propuso soluciones, el Frente gritó “privatización”. Pero ahora que gobiernan, resulta que “hay que ver la realidad del mercado” y “considerar la competitividad”. Cuando el gobierno de Lacalle Pou intentó licitar una asociación con privados —una salida razonable ante el fracaso estatal—, el Frente puso el grito en el cielo. Pero la licitación quedó desierta. Nadie quiso agarrar ese clavo ardiente. Ni gratis. Y eso también es ilustrativo.

¿Qué dice el sindicato mientras tanto? Que hay que “apostar seriamente” al portland estatal. ¿Cómo? Con un “shock de inversión”, dicen. ¿Con qué plata? Con la de todos nosotros, claro. ¿Y cuál es el plan? Más inversión en un horno que nadie quiere, más empleados, más intervención estatal y, por supuesto, obligar por ley a que el Estado solo compre cemento de Ancap, aunque sea más caro. Así cualquiera “sostiene” un negocio.

El problema no es el cemento. El problema es el dogma. Ese que llevó a fundir una unidad productiva por negarse a ver lo evidente. Ese que convirtió a Ancap en un barril sin fondo durante los años de bonanza, y que hoy —sin viento de cola— sigue arrastrando a los contribuyentes a pagar la fiesta.

Por eso lo decimos con claridad: el horno no está para bollos. El portland estatal es un fracaso que el Frente Amplio niega cuando está en la oposición y disimula cuando está en el gobierno. El horno de Sendic es su símbolo. Y por más que quieran cambiar la narrativa, la realidad ya no se puede tapar. O asumen la responsabilidad de corregir el rumbo, o terminarán siendo los enterradores del último clavo caliente de Ancap. Esta vez, sin poder echarle la culpa a otro.

Cerraron los balances de las empresas públicas más grandes del país, y los resultados no podrían ser más elocuentes. Antel y UTE terminaron el 2024 con ganancias millonarias, con aportes significativos a Rentas Generales y con niveles de eficiencia y modernización que dejan sin palabras —aunque nunca sin excusas— a los profetas del apocalipsis estatal, que durante cinco años vaticinaron un “desmantelamiento” de las empresas públicas bajo el gobierno de la Coalición.

Recordemos: desde el primer día, desde el mismo instante en que Luis Lacalle Pou asumió la presidencia, el Frente Amplio montó una narrativa de alarma: venía la “privatización encubierta”, la “entrega al capital”, el “vaciamiento” de los entes. Las proclamas sindicales y partidarias anunciaban poco menos que la muerte del Estado. Pero llegó 2024 y, con los balances en la mano, la verdad se impuso, otro vez…

Antel cerró el año con ganancias netas por más de 219 millones de dólares. Nada mal para una empresa que, según los relatos del Frente, iba rumbo al despeñadero por haber apostado a la portabilidad numérica, liberalizar servicios y abrirse a la competencia. ¿Se acuerdan de cuando decían que “la portabilidad va a fundir a Antel”? Hoy no solo conserva el liderazgo del mercado con el 49% de las líneas móviles, sino que logró hacerlo con menos funcionarios que en 2023, mayor facturación y crecimiento sostenido en servicios de datos.

¿El resultado? 171 millones de dólares volcaron a Rentas Generales, mientras que se mantuvo un ritmo de inversiones sólido, incluyendo la eliminación casi total del obsoleto sistema de cobre y la expansión de la red 5G. ¿Y qué hizo el nuevo presidente frentista de Antel al asumir? Reconocer, sin rodeos, que hay una “acumulación positiva de transformaciones”. Silencio en la barra, por favor.

Por su parte, UTE fue una estrella aún más brillante en este cierre de ciclo: 315 millones de dólares de ganancia, con exportaciones de energía por 134 millones —sextuplicando el monto del año anterior—, y una reducción histórica en pérdidas técnicas, que bajaron del 18,3% en 2020 al 13,9% en 2024. Esos puntos recuperados equivalen a decenas de millones en ingresos adicionales. ¿Y cómo se logró eso? Con inteligencia artificial, con planificación y con un enfoque riguroso en la eficiencia.

Pero también con justicia social, porque el famoso “bono social” de UTE, que otorga hasta un 90% de descuento en la tarifa eléctrica para casi 190.000 hogares vulnerables, fue fortalecido y amplificado por esta administración, con más de 80 millones de dólares asignados en 2024. Es decir: eficiencia con rostro humano. ¿No era que la Coalición no tenía sensibilidad social?

A esto hay que agregarle un dato no menor: los aportes combinados de Antel y UTE a Rentas Generales alcanzaron los 341 millones de dólares, una cifra que ayuda a financiar programas sociales, infraestructura y servicios básicos en todo el país.

¿Y qué pasó con los agoreros del desastre? Callaron. Hoy gobiernan de nuevo, y aunque ya empezaron a desandar algunos caminos, se encontraron con empresas saneadas, eficientes y competitivas. Heredaron entes públicos rentables. No hay más excusas.

En fin, de momento, los profetas del caos tendrán que guardar sus carteles, porque la realidad les pasó por arriba. Y no con discursos, sino con resultados…

El lunes 28 de abril, el expresidente Julio María Sanguinetti viajará a la ciudad de Buenos Aires, donde participará de la tradicional reunión anual de la Fundación Internacional para la Libertad, en este caso dedicada a homenajear a Mario Vargas Llosa.

La actividad se desarrollará en el salón Ombú del Goldencenter, ubicado en Parque Norte, y reunirá como en otros años a destacadas figuras del ámbito político, intelectual y diplomático de la región. En esta oportunidad, Sanguinetti disertará junto al expresidente argentino Mauricio Macri y al escritor y ensayista Álvaro Vargas Llosa.

Si hay una palabra que debería estar vedada para el Frente Amplio en Montevideo, esa es refundacional. Sin embargo, Verónica Piñeiro, candidata a la Intendencia y jerarca de la administración Cosse, la pronuncia con absoluta liviandad, como si el FA acabara de llegar a la capital, como si su partido no llevara 35 años consecutivos al frente del gobierno departamental. No 3, ni 5, ni 15. Treinta y cinco. Una generación entera. Y aun así, luego de más de tres décadas de administración frenteamplista, resulta que ahora —recién ahora— hay que refundar la gestión en movilidad y limpieza. Lo dice alguien que estuvo adentro, que ocupó un cargo de responsabilidad y que participó del diseño y ejecución de las políticas que hoy se confiesa incapaz de defender. Y lo hace sin el más mínimo sonrojo.

Esta es la lógica que enerva al montevideano común, que está harto de vivir en una ciudad mal iluminada, con veredas rotas, basura desbordando los contenedores y embotellamientos en avenidas que parecen escenario de pruebas de paciencia y no de tránsito fluido. Lo que molesta no es solo la ineficiencia: es la impunidad discursiva, esa capacidad para hablar como si nunca hubieran sido responsables de nada. La candidata Piñeiro no es una outsider, ni una crítica interna, ni una activista independiente que señala lo que otros no ven. No. Es parte del núcleo duro que gobernó la Intendencia. Y ahora propone refundar lo que ella misma ayudó a construir.

¿Dónde estuvo todo este tiempo la pulsión refundacional? ¿No defendió a capa y espada los gastos millonarios en espectáculos culturales mientras se acumulaban los residuos en los barrios periféricos? ¿No fue parte de la administración que lanzó con bombos y platillos un plan de limpieza que, a juzgar por los resultados y sus propias palabras, fracasó rotundamente?

Hay que tener coraje —pero también cierta cuota de cinismo— para pedir el voto ciudadano con el argumento de que ahora sí va a cambiar todo, que ahora sí viene la transformación verdadera. ¿Y antes? ¿Qué fue todo lo anterior? ¿Un ensayo? ¿Un simulacro de gestión?

Piñeiro dice que quiere que los montevideanos “se bajen del auto” y “elijan el transporte público”. Pero ¿qué transporte público? ¿El mismo sistema que, por décadas, el Frente Amplio ha sido incapaz de renovar, de hacer eficiente, de convertir en una alternativa real para el trabajador que cruza media ciudad cada día? En la narrativa de esta candidata, el problema nunca fue la ineficiencia de los gobiernos frenteamplistas sino la falta de voluntad del ciudadano que, obstinadamente, se resiste a subirse a un ómnibus que no cumple con las condiciones mínimas de puntualidad, limpieza y seguridad.

¿Y qué decir de las ideas para crear un sistema de transporte público municipal? Otra “gran transformación refundacional” que, como tantas otras, no supera la categoría de eslogan de campaña. Porque si después de 35 años de gobierno no fueron capaces de gestionar con eficacia ni el barrido de calles, ¿quién puede creer que estarán en condiciones de operar un sistema de transporte público propio sin convertirlo en otra caja negra de clientelismo, déficit y sindicalismo paralizante?

La candidata, por supuesto, no se hace cargo de nada. Habla como si recién hubiera desembarcado en la administración pública desde una ONG nórdica, con ideas frescas, manos limpias y una mirada técnica e innovadora. Pero cada afirmación que hace, cada promesa que lanza, es una confesión tácita de los fracasos acumulados. Porque si hoy, después de 35 años, hay que refundar Montevideo, entonces el Frente Amplio es responsable de haberla destruido o, al menos, de haberla condenado a la parálisis.

Lo más preocupante es que este discurso, lejos de ser una excepción, es parte de una narrativa que se ha instalado en el oficialismo departamental: la de que todo está por hacerse, que hay que “transformar”, “reconfigurar”, “dar batallas culturales”. Y mientras tanto, el contribuyente ve cómo los impuestos suben, cómo la tasa de recolección de residuos se encarece, cómo los barrios se llenan de basurales incontrolados y cómo los árboles enfermos se desploman sobre autos y veredas sin que nadie asuma responsabilidades.

Montevideo no necesita refundarse. Necesita que quienes la gobernaron durante 35 años se retiren, pidan disculpas y dejen lugar a quienes sí tienen ideas claras, compromiso de gestión y, sobre todo, respeto por el ciudadano. Porque si algo ha quedado claro es que la única refundación que Montevideo necesita, es la del sentido común. Y para eso, el primer paso es decir basta a quienes, después de décadas de poder, todavía tienen el tupé de hablar como si recién empezaran.

Con estas palabras, el ex Presidente Sanguinetti tituló su habitual columna en el diario El País del domingo. La reproducimos para nuestros lectores.

El presidente Trump ha insistido estos días en que está esperando que China proponga algo, como si todo este desbarajuste no hubiera partido de su propia iniciativa. Personalmente seguimos sin entender que para competir con China (de eso se trataba, ¿no?) había que declarar la guerra comercial al mundo entero, dividir Occidente, violar los tratados con sus vecinos, ignorar todo el Derecho Internacional, defender a la Rusia agresora y dejar establecido que la palabra de los EE.UU. no vale. Tanto o más que cualquier arancel nos preocupa ese declive moral de un liderazgo que hizo grande a Occidente con su compromiso por la libertad y el derecho.

La muerte de Mario Vargas Llosa ha reencontrado a nuestra América Latina con lo mejor de sí misma, su arte, su literatura y esa alma fantasiosa que inspira aun a los europeizados del Sur. También nos ha puesto delante del espejo de un continente que se abrió en el siglo XIX a las ideas liberales pero con una carga de romanticismo épico que las ha transfigurado en la adoración a caudillos autoritarios. La metamorfosis de la revolución cubana de sueño en amarga pesadilla puso a prueba la honestidad de nuestros intelectuales hasta entonces llamados de izquierda. Mario y Octavio Paz fueron los héroes mayores de esa batalla que aún se libra. Tuvieron que pagar caro cuestionar el despotismo. Lo vivimos muy de cerca. Como disfrutamos largas charlas y periplos por las librerías montevideanas que Mario idealizaba. Sus novelas están más allá de la peripecia histórica de nuestra generación. Han traspasado la prueba del tiempo. Ya son clásicas.

También perdimos a otro amigo, creador de mundos: Wifredo Díaz Valdez. Modesto carpintero rural, nacido en la campaña de Treinta y Tres, haciendo cajas y cajitas, articulando maderas, se fue erigiendo en un artista de asombrosa originalidad. Desarmó guitarras, postes, postigos, violines, palotes de amasar y los rearmó sin clavos, dándoles movimientos. Lo que los cubistas habían hecho en el plano de un lienzo con la representación de los objetos, de las cosas, Wifredo lo hizo con ellas mismas en su materialidad. Vivió 93 años. Alcanzó el reconocimiento en su exposición del Museo Nacional, aún abierta, y la permanente en el MACA de Pablo Atchugarry, que -escultor al fin- entendió desde el primer día lo que eran estos objetos reconfigurados.

Un nuevo capítulo del interminable divorcio de la Argentina con el dólar se ha escrito estos días. Salió del “cepo” … No del todo, pero se pueden comprar dólares sin ir preso. Y el mercado parece responder con una calma inédita. La devaluación (o como quiera llamársela) no ha sido grande. El FMI no solo ha bendecido un programa, sino que ha recompuesto las reservas y eso abre una expectativa optimista. Todos queremos creer que la revolución de la “normalidad” sea posible. Eso sí: la confianza no es solo el dólar. Es un clima nacional. Insultar a los periodistas, agraviar a economistas serios, descalificar a la vicepresidenta o maltratar a sus socios políticos, instala una fuerte duda sobre la real condición liberal (y democrática) del presidente de la República.

En Ecuador volvió a perder el populismo autoritario de Correa. Es una gran noticia para la democracia latinoamericana. Las encuestas, una vez más, erraron. Ganó Noboa y ganó bien, por distancia. Es joven, impetuoso, rico, inteligente, aunque a veces algo atropellado. Le deseamos la mejor suerte. La necesitamos.

No hay como estar en el gobierno para que estallen bombas inesperadas. Le pasó a nuestro presidente con su ministra de Vivienda. No la conocemos personalmente, pero nos resulta simpática, por su vida algo novelesca. Pero su situación personal era insostenible. La cuestión no fue tanto que debiera 50 mil o 100 mil pesos, aunque sea importante. Mucho más lo es que un ministro de Vivienda no asuma que en este país, desde inmemorables tiempos, se paga la Contribución Inmobiliaria o -aún peor- el sagrado impuesto de Primaria, que ha sobrevivido a todas las reformas tributarias como homenaje a nuestra escuela pública. Es demasiado. Vivió en Francia y fue allí hasta pequeña empresaria. Sabe cómo es la vida de trabajo en nuestro mundo. Es un imperativo categórico de calificación, dijera el maestro Kant, que un ministro de Vivienda sepa y reconozca qué impuestos pagan las viviendas. A regañadientes dio el paso al costado y le resolvió el problema al presidente. Deja como saldo una increíble soberbia del MPP diciendo que no “creemos en la clase política y somos parte del pueblo representando al pueblo”. Descreyendo de la “clase política” así fue que hace sesenta años nos metieron en la violencia y terminamos con un nefasto golpe de Estado.

Poco se oyó esta semana de la campaña por las Intendencias. Salvo una encuesta que dice que Montevideo no estaría perdido para la Coalición Republicana. Si es así, depende de que nuestra candidata colorada Virginia Cáceres, abogada, joven, aunque ya con años en la vida política, sea más conocida por el electorado. Reconozcamos que los colorados no estamos haciendo todo el esfuerzo necesario y que los blancos no tienen claro que solo con Lema no alcanza.

Antes se decía que en la Semana de Turismo no pasaba nada en ningún lado y que el año uruguayo empezaba cuando entraba el ultimo ciclista a Montevideo. Esta vez, no ha sido así y de ahí estas apostillas con tantas puntas a la vez.

Por Luis Hierro López

El mundo seguirá hablando de las notables novelas de Vargas Llosa. Los liberales seguiremos agradeciéndole su incansable lucha por la libertad.

Poco antes de morir Vargas Llosa, se publicó el libro de Pedro Cateriano sobre el pensamiento del premio Nobel, que fue, como se sabe, cambiante y evolutivo. De una adhesión juvenil a las ideas en boga en los años ´60, es decir al marxismo y sus parientes cercanos, Vargas Llosa se convirtió a un liberalismo auténtico, no lleno de fe, sino de racionalidad. Su reconversión no fue la de un fanático ateo que se vuelve católico o a la inversa, sino la de un intelectual con la cabeza abierta que mira el mundo y sabe lo que ocurre.

Vargas Llosa fue un liberal completo, de esos que quedan pocos, y las constancias que resumiremos acá, tomadas del libro de Cateriano y de su propia obra “El llamado de la tribu”, así lo demuestran,

1) Vargas Llosa fue uno de los primeros escritores e intelectuales latinoamericanos en oponerse férreamente a la dictadura de Fidel Castro cuando en 1971 cayó preso el poeta opositor Heberto Padilla. Como el peso de la “Revolución” era muy fuerte, la mayoría de los escritores e intelectuales justificaron la represión o miraron para el costado. Vargas Llosa cortó con Fidel y con la “revolución”, sometiéndose a las diatribas e insultos que la maquinaria izquierdista ponía (pone aún) en juego, especialmente en el mundo cultural de las editoriales.

2) Mientras Cuba perseguía y castigaba a los homosexuales y a otras minorías étnicas o sociales, Vargas Llosa empezó en forma casi solitaria a defender los derechos de esos grupos duramente discriminados, a comienzos de los años 60. Esa actitud le llevaría posteriormente a defender el aborto, el casamiento igualitario, la muerte asistida y el suicidio, mucho antes de que esas políticas fueran aceptadas en la mayoría de los países occidentales. También apoyaba la política de liberalización de las drogas.

3) Los fanáticos del libre mercado proclaman casi que el derrumbe del Estado. Vargas Llosa dice lo contrario: se necesita “un Estado fuerte y eficaz, lo que no significa un Estado grande”

4) Los liberales de mercado creen que con liberar las fuerzas económicas alcanzará para que las sociedades logren su plenitud. No es así. Vargas Llosa criticó mucho a algunos liberales que intentaban justificar la dictadura de Pinochet ante el éxito de sus reformas económicas. Se requiere estado de Derecho, justicia independiente, vigencia plena de todas las libertades, individuos responsables y sociedad abierta. Es decir, el libre mercado sin democracia es la mitad de la historia y la democracia sin libre mercado es la otra mitad de la historia.

5) La libertad es completa. No es libertad para las acciones económicas, pero no para pensar; ni libertad para pensar en un Estado que controla todas las acciones económicas.

6) Siguiendo a Ortega y Gasset, Vargas Llosa nos recuerda que “la historia no está escrita, no la ha trazado de antemano una divinidad todopoderosa. Es obra sólo humana y por eso todo es posible en la historia, lo mismo el progreso triunfal e indefinido que la periódica regresión”.

7) Los nacionalismos son enfermedades de las naciones. Le hacen daño a la civilización.

8) En “El llamado de la tribu”, Vargas Llosa explica en términos claros y definitivos, las diferencias que todavía sacuden a Occidente. En “La riqueza de las naciones”, Adam Smith hace un estudio histórico sobre la creación de los mercados, el dinero y la prosperidad. En los escritos de Marx se hace una propuesta dogmática e inventada sobre el destino del hombre.

9) Los autores que más influyeron en su formación liberal son Hayek y Popper, cuyos textos pasaron a ser “mis libros de cabecera”. Pero yo creo que hubo algo mucho más fecundo e histórico en esa mentalidad formidable que acaba de fenecer. Vargas Llosa es la expresión poderosa de un pensamiento y de una cultura: la más profunda e independiente reflexión intelectual, ejercida con valentía y probidad, sumada al encanto interminable de las palabras, los cuentos y las imagenerías. No habrá otro igual.

Por Tomás Laguna

Argentina tiene condiciones naturalmente excepcionales para la producción agrícola. Ha logrado desarrollar una clase empresarial agropecuaria de excepción. No obstante el campo argentino padece una y otra vez los distintos gobiernos que se suceden en la vecina república, no importa si son peronistas o “libertarios”. Las actuales circunstancias así lo acreditan.

En la región las cosechas están en pleno proceso. De uno y otro lado del río se mantienen razonables expectativas por lograr buenos rendimientos primero, luego precios “interesantes” más allá de la reciente y puntual baja en la referencia de Chicago. En ambas márgenes del río, la guerra de aranceles desatada por el presidente de los Estados Unidos se procesa como un condimento adicional a las incertidumbres propias del agro negocio de exportación. Se podría decir que la región tiene una cultura agrícola compartida, con las naturales diferencias en productividad y seguramente en costos.

De hecho, debemos agradecer a los tantos productores y empresas argentinas que se instalaron en nuestro país en la era Kirchner, lo que sin duda fue un salto cualitativo para nuestra organización empresarial agrícola. Migración que se explica a partir de las nefastas políticas para con el campo, iniciadas allá por el otoño de 2008 cuando el por entonces ministro de economía Martín Lousteau instaló el sistema de retenciones móviles para las exportaciones de productos agropecuarios, además de los ignominiosos permisos de exportación administrados antojadizamente por personeros de aquellos gobiernos.

Saltando en el tiempo, instalados hoy en plena zafra 2025, se puede afirmar que los productores uruguayos deciden libremente cuando vender, atendiendo sus necesidades financieras, cubriendo costos primero o bien para la cobertura de créditos tomados. Quienes pueden diferir la venta de parte de la cosecha obtenida suelen dejar para lo último un volumen contingente para venderlo según se presente el mercado. En definitiva, se trata de un estratégico proceso de toma de decisiones dónde se juega el resultado económico del año. No hay otros componentes de riesgo, siendo que él desde siempre reclamado “atraso cambiario” ya es un efecto estructural en la economía uruguaya, sea cual sea el gobierno.

En esta misma zafra, cruzando el río, todo llevaba a pensar que en estos tiempos “libertarios” del inefable Pdte. Milei se iba a terminar con la expoliación tributaria del campo sufrida durante los gobiernos kirchneristas. De hecho, en su primeros mensajes el presidente argentino expresaba que el Estado “es una asociación criminal violenta que vive de los impuestos” (ref. Milei a empresarios uruguayos, Almuerzo de ADM). Por entonces calificaba los impuestos como un robo mientras anunciaba una reforma tributaria donde eliminaría el 90% de los impuestos nacionales…

Luego ocurrió lo de siempre, una cosa es el discurso de barricada y otra la realidad. Las deficitarias reservas del Banco Central de la Argentina previo a la trabajosa negociación con el FMI obligaban a su recomposición como parte de esta misma negociación. Razón por la cual las retenciones como recurso fiscal producto de la venta inmediata de la nueva cosecha se hacían imprescindibles. En su habitual tono destemplado, ya más parecido a un gobernante kirchnerista que libertario, Milei salió a exigir que los productores “liquiden” (sic) de inmediato sus cosechas, porque la circunstancial baja de retenciones concedidas por su gobierno (nunca las llegó a eliminar…) volverían a su nivel anterior en un par de meses. Así la soja, hoy en el 26%, retornaría al 33%, el trigo, sorgo y cebada volverían a subir del 9,5% actual al 12%, y el girasol de los actuales 5,5% al 7%.

Pero claro, en el ínterin se eliminó el cepo cambiario lo que alentó la expectativa de poder acceder a un dólar competitivo para el exportador. Esta nueva realidad es casi mas alentadora que la reducción a las retenciones (con el gobierno de Aníbal Fernández la brecha cambiaria alcanzó el 100% mientras que las retenciones a la soja eran del 33%). Pero el optimismo inicial no ha sido correspondido totalmente, siendo que la liberalización ha sido gradual y no existe aún libertad total en el acceso a la divisa. Más aún, a partir de la eliminación del cepo el gobierno argentino estableció una brecha, $ 1000 para comprar, $ 1.400 para vender, indicando que solo intervendría en las puntas, pero que entre ambas el mercado regularía el valor de la divisa. Pero ocurrió que desde mediados de abril el dólar no para de bajar… La brecha de flotación fue superada por el mercado.

En definitiva, el agricultor argentino hoy no sabe dónde perderá más. Si acatando la impertinente imposición del Pdte. Milei para que “liquide” ya su producción, con un dólar y precios de los granos en baja, o bien esperar un momento más propicio en el futuro en cuyo caso deberá asumir el costo de la suba de las retenciones que se procesarán a partir del mes de julio.

El campo argentino no para de sufrir, no importa quién gobierne el vecino país. Debemos valorar las certezas que en general otorga nuestra economía. Bueno es recordar la eliminación por ley de las potestades del Poder Ejecutivo de establecer detracciones (ley 17.780 de junio de 2004) promovida por el Pdte. Jorge Batlle. Con esto se protegía al agro negocio de exportación de futuras codicias tributarias, cuyas amenazas se disolvieron ante el solo desafío de tener que derogar una ley. De hecho ni la misma izquierda desde el gobierno se ha animado a innovar en la materia cuando tenía los votos para hacerlo. Menos aún en el futuro dado la ortodoxia manifestada por el actual equipo económico de gobierno y los nuevos equilibrios parlamentarios.

Por Susana Toricez

1997 es el número de teléfono del Banco de Previsión Social, pero parece indicar los años que tiene el local de su sede central.

Al ingresar acompañando a un familiar, tuve la sensación de que entraba a un hospital público. Público y pobre.

Personas en sillas de ruedas, decenas de ancianos con bastón, discapacitados, caminantes apurados. 

Todos ellos entrando a una suerte de laberinto, que desemboca en un frío patio central.

¿Por qué si en general los bancos ya sean públicos o privados, lucen sus mejores galas para recibir a sus clientes, este Banco Previsional que es de todos, no los imita?

Después nos molestamos si dicen que los uruguayos somos grises.

Un acceso iluminado, acogedor, plantas sobre pisos claros que inviten a entrar y que no colaboren para huir lo más rápido posible.

Viendo esto, concluyo que es una gran verdad que las personas mayores están desamparadas en este Uruguay que tanto se jacta de su progresismo. 

Porque es real que no todas las personas mayores pueden hacer sus trámites on line. La mayoría debe hacerlo de manera presencial

¿A nadie con responsabilidad de tomar decisiones en el tema, se le ha ocurrido pensar que esa gente merece un decoro mayor, un máximo respeto y en definitiva, la empatía de todos?

Me dirán que lo estético es un detalle menor. Pero no señor, ¡no lo es!

Sumado a lo desesperanzador que debe representar conectarse con la realidad que significa dejar la actividad para pasar a ser pasivo, se encuentra con ese lugar gris, con accesos estrechos que conducen a no se sabe bien dónde, sin siquiera una planta que muestre vida. 

También hay ciertos puestos de informes que repiten lo que ya es evidente, sin aclarar detalles que tanto orientan a las personas de edad avanzada. 

Para este caso no se piden ´florecitas y pajaritos' como dijera algún cómico. 

Se requiere apenas que se brinde la posibilidad de que el pasivo o futuro pasivo que llegue a ese local central del Banco de Previsión Social, no tenga la sensación de que llega a un depósito.  

Eso no implica gasto alguno para las arcas del BPS.

Sería gratificante que, por la sola voluntad de las autoridades, se cambiara esa impresión que asusta y deprime al recién llegado. 

Recordemos que aquí se encuentra toda la historia laboral de cada uno de nosotros. ¡Menudo patrimonio!

Deseo que algún día alguien decida hacer un acceso decoroso, amplio, moderno y funcional.

Un acceso estimulante que anime a quienes ya tienen un inevitable cansancio, a ingresar a ese edificio que es la casa de todos sin que ello promueva la desesperanza.

Es sólo tener voluntad y no recurrir a excusas, ya que allí lo que falta no es dinero precisamente, sino que alguien logre transformar ese local en un lugar que invite a seguir viviendo, y que deje de parecer la antesala del final.

Por Alvaro Valverde Urrutia

La subida de aranceles bajo la administración Trump marca un giro en el comercio global, reavivando el proteccionismo. Más allá de proteger sectores económicos vulnerables, la medida busca redibujar las reglas del comercio, frenar a China y afianzar la supremacía estadounidense mediante bloques comerciales, desplazando el libre comercio y los flujos internacionales. Este cambio no solo impacta el comercio global, sino que también reconfigura el orden geopolítico, con esferas de influencia más definidas, acuerdos bilaterales y una creciente primacía de los intereses nacionales. Para países como Uruguay, representa una oportunidad táctica si se actúa con visión estratégica y diplomacia activa.

Este cambio de rumbo implica que grandes potencias como EE.UU., al igual que China y la Unión Europea, se enfrentan a un nuevo escenario comercial, en el que las políticas proteccionistas y las disputas por el poder económico definen las dinámicas globales. La subida de aranceles de Trump no solo afecta directamente a China y la UE, sino que tiene repercusiones indirectas sobre otros actores que dependen del comercio global abierto.

Uruguay frente a la subida de aranceles representa una oportunidad en el caos global. Aunque Uruguay no es un blanco directo de los aranceles impuestos por Trump, los efectos del proteccionismo y las restricciones comerciales que la subida de aranceles trae consigo no pueden ser ignorados. En lugar de verlo como un obstáculo, Uruguay tiene la oportunidad de posicionarse estratégicamente y capitalizar este entorno cambiante para fortalecer sus lazos comerciales con Estados Unidos.

Uruguay, por su tamaño y economía, no está en el centro de las tensiones comerciales entre las grandes potencias. Sin embargo, este contexto de incertidumbre y fragmentación comercial ofrece ventajas significativas para el país. En particular, el aumento de los aranceles a los productos provenientes de otras regiones puede abrir espacios comerciales para que Uruguay aproveche su papel de proveedor confiable y flexible. Sectores clave como la agroindustria (incluyendo productos como carne bovina, cítricos y arándanos) se encuentran en una posición de oportunidad ante la reducción de la competencia de otros países, como Brasil, que ya enfrenta barreras comerciales. Este contexto puede permitir a Uruguay negociar con EE.UU. una expansión de cuotas de exportación, o, al menos, asegurar acceso preferencial a un mercado que históricamente ha sido importante para el país.

Además, Uruguay podría revisar las condiciones de sus exportaciones para adaptarse rápidamente a las nuevas regulaciones comerciales impuestas por EE.UU., lo que puede abrir puertas a productos como celulosa o productos forestales en el mercado estadounidense, especialmente si la UE y China pierden influencia debido a sus propias políticas proteccionistas.

El sector de servicios también puede salir favorecido, dado que la creciente fragmentación tecnológica de la guerra comercial entre China y EE.UU. podría abrir espacios para que Uruguay fortalezca sus exportaciones de tecnología y software, sectores que se encuentran en plena expansión y que necesitan diversificación de proveedores.

Sin embargo, los riesgos son claros. A pesar de que Uruguay no es uno de los países directamente blanco de los aranceles, el aumento de los costos y las restricciones regulatorias pueden afectar las exportaciones uruguayas de productos agroindustriales, si los aranceles incrementan los costos de acceso al mercado estadounidense. Además, la imprevisibilidad de la política comercial de Trump genera incertidumbre que puede hacer que la estrategia comercial de largo plazo sea volátil, lo que exige que Uruguay actúe con agilidad diplomática para mantener sus relaciones comerciales estables y rentables.

El proteccionismo de Trump tiene sus repercusiones en la política exterior, ya que no solo ha desatado una guerra comercial con China, sino que también ha tensionado las relaciones en lo político y comercial con la Unión Europea. El reciente encuentro con Ursula von der Leyen fue un claro ejemplo de cómo los acuerdos multilaterales se ven reemplazados por una nueva geopolítica de bloques.

A la par, la relación con Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, es más fluida, dada la afinidad ideológica y económica que comparten Trump y Meloni, ambos con un enfoque en el nacionalismo económico. Esto refleja cómo Trump favorece a los líderes dispuestos a seguir su línea proteccionista, lo que podría representar un desafío para aquellos países que prefieren los acuerdos multilaterales.

En este nuevo escenario global, cómo debería posicionarse Uruguay ante la administración Trump. En nuestra opinión, Uruguay debe posicionarse estratégicamente entre las grandes potencias. A pesar de que la política comercial de Trump podría parecer desafiante, Uruguay tiene herramientas para aprovechar este contexto y sacar provecho de las oportunidades que se generan. La clave está en desarrollar relaciones bilaterales directas con EE.UU., especialmente en sectores en los que el país tiene ventajas competitivas, como la agroindustria y los productos forestales.

En lugar de aislarse dentro del Mercosur, Uruguay debería impulsar una diplomacia activa, ofreciendo productos y servicios de alta calidad que puedan sustituir a otros proveedores ante la incertidumbre del comercio global.

Uruguay debería utilizar su neutralidad y flexibilidad para posicionarse como un socio estratégico para EE.UU. mediante una diplomacia activa y pragmática, particularmente en los bienes agroindustriales y en el área de servicios tecnológicos. Aprovechar las brechas generadas por las políticas proteccionistas de EE.UU. será fundamental para consolidar una relación más estrecha con el país norteamericano.

La subida de aranceles puede ser vista como una oportunidad para que Uruguay negocie la apertura de acuerdos bilaterales más flexibles y favorables con EE.UU., sin las limitaciones de los acuerdos más amplios de grupos de países. Uruguay tiene mucho que ganar si se posiciona como un proveedor confiable en un mercado estadounidense ávido de diversificación.

El Mercosur que actualmente está entre la parálisis y la acción unilateral, con el regreso al proteccionismo y las políticas arancelarias de Trump ponen en evidencia las limitaciones de los acuerdos multilaterales, particularmente dentro del Mercosur, que se ve atrapado por la Decisión 32/00. Esta normativa, que requiere el consenso de todos los miembros del bloque para cualquier tipo de acuerdo comercial, ha llevado a una parálisis que, en el contexto actual, resulta insostenible.

La falta de acción conjunta y la lentitud del Mercosur en cuanto a su respuesta ante cambios globales acelerados obliga a Uruguay a considerar una estrategia bilateral como la única forma de avanzar. Romper con el consenso paralizante de Mercosur permitirá a Uruguay actuar con mayor agilidad y negociar acuerdos directamente con actores clave como EE.UU. y otros mercados internacionales.

Se puede concluir que para Uruguay surge una ventana de oportunidad en un entorno de incertidumbre. La subida de aranceles de Trump puede parecer una amenaza para el comercio global, pero para Uruguay es una oportunidad estratégica. En un contexto de incertidumbre, el país tiene la flexibilidad diplomática necesaria para posicionarse como un actor clave dentro del nuevo orden económico internacional. Aprovechando la fragmentación comercial y buscando acuerdos bilaterales con EE.UU., Uruguay puede redefinir su papel en el comercio global y asegurar una mayor participación en mercados importantes. La agilidad y la audacia diplomática serán claves para que Uruguay pueda capitalizar las oportunidades que surgen de este nuevo paradigma comercial.

En año electoral, el actual proyecto político progresista del Frente Amplio, liderado por Gabriel Boric, está debilitado y nadie parece dar la cara por la gestión del oficialismo. ¿Cómo se explica?, se cuestiona la sociología Emilia García en una interesante columna para el portal Dialogo Político que deseamos compartir.

El estallido social de octubre de 2019 marcó un hito en Chile que sigue resonando en la política. No solo por la magnitud de las protestas, sino porque reveló un malestar social que se venía gestando durante años, que no se reduce a la violencia y demandas económicas puntuales. Aquella crisis, que comenzó como una reacción al alza del pasaje del transporte público, terminó convirtiéndose en la manifestación de una fractura más compleja, sostenida por una triada del malestar: la fragilidad de la clase media, la frustración derivada de las promesas incumplidas de la modernidad y el debilitamiento de la familia.

El país tuvo avances significativos en cualquier indicador económico que se mire desde los años 90. A pesar de esto, la mayoría de las familias en Chile sienten que cualquier crisis —una enfermedad, un despido, la misma vejez— puede desmoronar sus proyectos de vida. Esto afecta especialmente a la clase media, que vive con el constante temor de caer en la pobreza.

De hecho, un est’dio de IdeaPaís sobre la fragilidad de la clase media muestra que este segmento presenta indicadores laborales, educativos, habitacionales y de salud que, en muchos casos, se asemejan más a los sectores pobres que al resto de los segmentos medios. En otras palabras, la movilidad social es frágil y las redes de protección no siempre son suficientes para evitar que una crisis individual se transforme en un colapso familiar. Este sentimiento de vulnerabilidad generó un malestar profundo y una creciente desconfianza hacia las instituciones políticas y económicas.

Debilitamiento de las familias

El discurso contemporáneo instaló la idea de que el esfuerzo personal bastaba para salir adelante. Sin embargo, la realidad demuestra que la mayoría de las personas no logra escapar de las limitaciones impuestas por su entorno social y económico. El sistema de meritocracia, en teoría, debería permitir que el talento y el trabajo duro sean los principales determinantes del éxito. Pero, en la práctica, la desigualdad de oportunidades sigue siendo una barrera insalvable para muchos. Este desajuste entre las expectativas y la realidad alimentó el desencanto y la desconfianza en las promesas del modelo económico y social.

La familia ha perdido progresivamente su rol cohesivo en la sociedad chilena. En un contexto donde prima la autonomía individual y el logro personal, se han debilitado los lazos comunitarios y los valores de solidaridad. La familia, que tradicionalmente ha sido un espacio de contención y transmisión de valores, se ha visto afectada por cambios estructurales y culturales.

Esto tiene consecuencias concretas. Según otro estudio de IdeaPaís, las familias monoparentales enfrentan mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y peores resultados en educación y salud en comparación con las familias biparentales. La pérdida de valores comunitarios y la fragmentación familiar impactan directamente en el bienestar de las personas y en la cohesión social, generando una sensación de desarraigo y desprotección.

Pragmatismo forzado de Boric

Mucho ha pasado desde esa convulsa primavera de 2019: una pandemia que exacerbó las tensiones sociales y dos procesos constitucionales fallidos que terminaron por fortalecer la vilipendiada Constitución del 80. Esta distopía tuvo su auge con la llegada del Frente Amplio a La Moneda. Con Gabriel Boric, un presidente de 36 años, la izquierda progresista creyó que podría materializar su proyecto refundacional. Pero la luna de miel duró poco. Muy pronto, el gobierno tuvo que enfrentar de manera pragmática las demandas más urgentes de la ciudadanía: seguridad, orden público y economía.

La adaptación fue inevitable. De la propuesta de una nueva Constitución que básicamente diseñaba un nuevo país (con pluralismo jurídico y más de diez naciones, sin Senado, pero con derechos del medioambiente, entre otras miles de creatividades), de las promesas de refundación de las policías y de terminar con el sistema de capitalización individual en pensiones, se pasó a una agenda más pragmática que, a regañadientes, abrazó las medidas de seguridad y crecimiento económico históricamente defendidas por la derecha.

Las contradicciones quedaron en evidencia rápidamente. En seguridad no solo han reforzado la labor de Carabineros y aprobado una gran cantidad de proyectos de ley sino que, según el seguimiento gubernamental de IdeaPaís, aunque el gobierno ha cumplido un porcentaje alto de las promesas de seguridad (47%), solo un 28% de las iniciativas de ese ámbito estaban en su programa original. Esto evidencia que, para el Frente Amplio, la seguridad se convirtió en una prioridad más por presión del contexto que por convicción programática. En materia de pensiones, el gobierno terminó promulgando y celebrando una reforma que refuerza el sistema que antes denostaba. La realidad se les impuso y las convicciones o fueron desechadas o momentáneamente guardadas en un cajón.

Demandas insatisfechas

Sin embargo, este cambio de rumbo no ha logrado aplacar el malestar social. Las demandas de seguridad y crecimiento económico siguen insatisfechas. El crecimiento económico de Chile en 2024 fue de los peores de Sudamérica y de los peores en Chile desde 1990, en seguridad, la percepción de inseguridad ha aumentado, así como los delitos violentos y el tráfico de drogas. Con esto, la población percibe que el gobierno no ha estado a la altura del desafío. El descontento no ha desaparecido, sino que ha mutado y sigue latente en la sociedad chilena. Esto alimenta el desencanto con la política y la sensación de que no hay soluciones de largo plazo en el horizonte

Esta frustración de expectativas podría explicar la falta de claridad sobre el candidato presidencial del Frente Amplio. Nadie parece dispuesto a dar la cara por la gestión del oficialismo, lo que refleja la debilidad actual del proyecto político progresista. Incluso la propia presidenta del Frente Amplio ha dejado abierta la posibilidad de apoyar a un candidato de otro partido de la coalición.

Oposición fragmentada

En contraste, la oposición parece tener una sobredosis de candidatos y una preocupante falta de unidad. En la extrema derecha, los representantes del Partido Republicano y el Partido Libertario, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, respectivamente, han rechazado la idea de participar en una primaria unitaria con la centroderecha, representada por Evelyn Matthei. Esta división amenaza con atomizar el voto de oposición, lo que podría repetir la historia de 1946 cuando la derecha, al dividirse entre Fernando Alessandri y Eduardo Cruz-Coke, terminó facilitando el triunfo de la izquierda con Gabriel González Videla. Mientras la izquierda sigue desgastada, pero mantiene cohesión en su discurso, la derecha corre el riesgo de repetir errores pasados y dividir su votación

La fragilidad de la clase media, la frustración ante las promesas incumplidas de la modernidad y la crisis moral continúan sin resolverse. Esto no es un fenómeno exclusivo de Chile. En América Latina, el malestar ciudadano ha dado pie a protestas, giros políticos inesperados y gobiernos con agendas erráticas (por decir lo menos). La región enfrenta desafíos similares en seguridad, crecimiento y cohesión social, lo que exige respuestas políticas que vayan más allá de los ciclos electorales.

Las fuerzas de centroderecha en América Latina tienen el desafío de ofrecer soluciones estructurales que superen la tradicional promesa de orden y crecimiento. Deben construir un modelo de sociedad que fortalezca la clase media, restaure la confianza en las instituciones y promueva una cultura en positivo donde las familias puedan prosperar. Sin una visión clara de futuro, el malestar seguirá siendo el telón de fondo de la política en la región.

Pekín está utilizando una mezcla de castigos e incentivos en un intento por evitar que otros países se pongan del lado de Estados Unidos para aislar a China. A propósito, compartimos con nuestros lectores un interesante editorial del Times.

El máximo dirigente chino, Xi Jinping, y sus subordinados están implementando una campaña diplomática a toda máquina en un intento por persuadir a otros países para que no cedan a la presión del gobierno de Donald Trump en materia de aranceles, con la esperanza de demostrar que China no quedará aislada en la guerra comercial.

En los últimos días, el ministro de Comercio chino sostuvo una videollamada con el máximo responsable de Comercio de la Unión Europea, presionando para estrechar la cooperación. Además, los diplomáticos chinos han contactado a funcionarios de Tokio y Seúl. Y, esta semana, Xi aterrizó en Vietnam y Malasia en visitas de Estado en las que fue recibido por multitudes de simpatizantes cuidadosamente coreografiadas.

Para Xi está en juego el destino del sistema de comercio mundial que impulsó el ascenso de China como potencia manufacturera a nivel global, así como el acceso de muchas exportaciones chinas a los mercados internacionales, ahora que Estados Unidos ha tratado de cortarles el paso con aranceles debilitantes.

El acercamiento también representa una prueba para la imagen de China como potencia mundial frente a lo que Pekín considera como un esfuerzo de Washington por contener y reprimir a su principal rival. China ha contratacado al gobierno de Trump con sus propios aranceles exorbitantes para los productos estadounidenses, así como con restricciones a la exportación de algunos minerales de tierras raras e imanes que son vitales para ensamblar automóviles, misiles y aviones no tripulados.

Para eso, Xi ha intentado reunir a una coalición más amplia de su lado, con la esperanza de evitar que los países impongan sus propios aranceles a los productos chinos o cedan a las exigencias de Washington de desvincularse de la fabricación china.

Durante sus viajes por el sudeste asiático de esta semana, Xi ha descrito a China como el principal defensor del orden mundial y ha tachado indirectamente a Estados Unidos como un actor poco fiable. En Hanói, animó a Vietnam a unirse a China para oponerse al “acoso unilateral”. En Kuala Lumpur, instó a los países de la región a que también “rechacen la desvinculación, la interrupción del suministro” y el “abuso arancelario”.

“Los funcionarios chinos han transmitido discretamente que la manera en que Estados Unidos trata a sus aliados y socios de larga data en Europa es una señal de lo que está por venir para el sudeste asiático”, dijo Lynn Kuok, titular de la Cátedra Lee Kuan Yew de la Brookings Institution de Washington. “Con los aranceles drásticos y arrolladores de Trump en toda la región, ese mensaje no necesita refuerzo”.

Pero los intentos de Xi de presentar a China como un parangón del libre comercio y un defensor del orden internacional basado en normas ignoran años del propio comportamiento económico coercitivo de Pekín y los generosos subsidios a industrias selectas que a menudo han alienado a los socios comerciales y vecinos del país. En parte, esto explica por qué la erosionada confianza del mundo en Washington no ha conducido inmediatamente a un nuevo alineamiento con Pekín; eso, junto con el riesgo de represalias de Trump por ponerse del lado de China.

La Unión Europea, Japón y Corea del Sur ya han rechazado las insinuaciones chinas de que habían acordado luchar conjuntamente contra los aranceles de Trump. En cambio, los funcionarios de la Unión Europea han hecho hincapié en su preocupación por el dumping de productos chinos en su mercado. La semana pasada, Australia rechazó un llamado del embajador de China, Xiao Qian, para “unir las manos” y rechazar al gobierno de Trump.

Estas reacciones a los pedidos de China demuestran que “Pekín no está llenando el vacío de confianza que deja Estados Unidos, sino que simplemente ofrece un alivio inmediato a la terapia de choque que el gobierno de Trump le ha impuesto al mundo”, dijo Rorry Daniels, director gerente del Asia Society Policy Institute de Nueva York.

El viaje de Xi a Vietnam durante esta semana —que fue largamente planeado—, y luego su visita a Malasia antes de hacer una parada en Camboya, han adquirido mayor urgencia para China ahora que el presidente Trump está utilizando su pausa de 90 días a los aumentos arancelarios de su “Día de la liberación” con el fin de presionar a los países para que negocien acuerdos comerciales con Estados Unidos. Trump también ha mostrado urgencia al vincularse a las negociaciones comerciales con funcionarios japoneses que visitaron Washington el miércoles.

El temor de Pekín, según los analistas, es que estos acuerdos aíslen a China al incluir cláusulas que afecten sus exportaciones. Eso podría lograrse mediante aranceles coordinados, medidas enérgicas contra las empresas chinas que transbordan sus mercancías a través de terceros países como Vietnam para ocultar su verdadero origen, o mediante la identificación de materias primas chinas en las exportaciones dirigidas a Estados Unidos.

Vietnam agasajó a Xi con el inusual honor de ser recibido por el presidente en la pista del aeropuerto cuando llegó al país el lunes. Pero Hanói se resistió a expresar acuerdo con los comentarios más atrevidos de Xi al condenar el proteccionismo, y finalmente suscribió una vaga declaración conjunta oponiéndose al “hegemonismo y la política de poder”, una acusación que muchos en Vietnam le atribuyen a China en el caso de las disputas territoriales en el Mar de China Meridional.

Para Vietnam, la amenaza de un gravamen estadounidense del 46 por ciento ocasionó que equipos de negociadores viajaran a Washington para abogar en favor de unos aranceles más bajos. En una concesión a Trump, el gobierno vietnamita prometió esta semana tomar medidas enérgicas contra el fraude comercial, en lo que se considera una referencia a las empresas que envían productos chinos a través de Vietnam para eludir los aranceles estadounidenses.

Sin embargo, Trump mantuvo la presión sobre Hanói diciendo a los periodistas el lunes que la reunión de Xi con el máximo dirigente vietnamita, To Lam, probablemente se centró en cómo “afectar” a Estados Unidos.

“Hanói está teniendo cuidado de no dar señales de inclinarse demasiado hacia Pekín, especialmente en áreas que podrían disgustar al gobierno de Trump”, dijo Nguyen Khac Giang, profesor visitante del Instituto ISEAS Yusof Ishak de Singapur. “En última instancia, Hanói todavía está dividido entre las dos grandes potencias mundiales. Pero a medida que el clima geopolítico se enrarece, se reduce rápidamente el espacio para hacerlo”.

Vietnam se arriesga a sufrir represalias de su vecino, mucho mayor que él, si Pekín determina que Hanói intenta ganarse el favor del gobierno de Trump a costa de China.

El mes pasado, China impuso aranceles de hasta el 100 por ciento a la canola, la carne de cerdo y otros alimentos procedentes de Canadá, en una clara advertencia a los países para que no cooperen con Washington en materia comercial.

Para Pekín, si los socios comerciales “complacen a Estados Unidos, perjudicarán a China y, al mismo tiempo, perjudicarán también a su propio país”, dijo Shen Dingli, académico de relaciones internacionales radicado en Shanghái.

Esta amenaza fue reforzada el domingo por Yuyuan Tantian, un blog afiliado a la cadena estatal china CCTV. China no quería hacer comentarios sobre las conversaciones entre otros países y Estados Unidos, según decía la publicación. “Pero si alguien utiliza los intereses de China como muestra de lealtad a Estados Unidos, China nunca estará de acuerdo”.

La advertencia subraya cómo Pekín ha estado cortejando y enfrentándose a sus vecinos mientras el presidente Trump replanteaba el lugar de Washington en el mundo. La expresión de Xi de “profunda amistad” con Vietnam durante su visita se produjo poco después de que China ejecutó simulacros con fuego verdadero en el golfo de Tonkín para reafirmar sus reivindicaciones territoriales en esas aguas frente a Hanói.

Aunque China no logre construir un frente unido contra los aranceles del gobierno de Trump, le beneficiaría hacer que otros países se lo pensaran dos veces antes de alinear sus políticas comerciales con las de Estados Unidos, dijo Jonathan Czin, miembro de la Brookings Institution, quien antes trabajó en la Agencia Central de Inteligencia y estudia la política china.

“Xi no necesita necesariamente que estos países elijan a Pekín”, dijo Czin. “Solo necesita evitar que elijan a Washington. En parte esa es la razón por la que la ‘ofensiva de seducción’ de China hasta ahora ha tenido tan poco encanto”.

Las autoridades rusas están confiscando sistemáticamente miles de viviendas a residentes ucranianos de Mariúpol, según una investigación de BBC Verify, al cumplirse tres años de ocupación. La compartimos a continuación.

Según nuestro análisis de documentos publicados por las autoridades municipales -instaladas en la ciudad por Rusia-, se han identificado al menos 5.700 viviendas para su confiscación, muchas de ellas pertenecientes a personas que tuvieron que huir de la ciudad desde julio de 2024.

Para salvar sus hogares, los ucranianos tendrían que enfrentarse a un peligroso regreso a Mariúpol a través de Rusia, a arduos controles de seguridad, a un complejo proceso burocrático y a una presión abrumadora para aceptar un pasaporte ruso.

La mayoría de las propiedades afectadas eran habitadas por ucranianos que huyeron o murieron durante el asedio de 86 días que Rusia impuso a esta estratégica ciudad en 2022. Human Rights Watch afirmó que el bombardeo mató a más de 8.000 personas, pero señaló que esa cifra probablemente sea una subestimación significativa.

Las confiscaciones parecen formar parte de un plan mayor para rusificar la ciudad costera ocupada, que incluye la construcción de nuevas instalaciones militares y el cambio de nombre de calles a nombres aprobados por Moscú.

El asedio ruso dejó el 93% de los rascacielos de Mariupol (443 torres) destruidos o dañados, según un estudio de Human Rights Watch. Desde entonces, Rusia afirma haber construido más de 70 nuevos bloques de pisos, pero los residentes locales afirman que persiste una enorme escasez de viviendas.

“Robo de tierras legalizado”

Desde hace tiempo se ha informado de que Rusia ha estado confiscando propiedades en la Ucrania ocupada. Sin embargo, una nueva ley ha acelerado el proceso y ha dificultado que los propietarios ucranianos ejerzan sus derechos.

Además de las 2.200 viviendas que las autoridades municipales tienen previsto confiscar de forma inminente, otras 3.550 han sido identificadas para su posible confiscación, según documentos municipales analizados por BBC Verify.

Las autoridades de Mariúpol no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Halyna se encuentra entre los 350.000 ucranianos que se estima que huyeron de Mariúpol para escapar de la ocupación rusa. Hemos acordado no revelar su apellido por motivos de seguridad para su familia, que permanece en la ciudad.

Halyna afirmó que su bloque de apartamentos en la ciudad costera, que antes de la guerra tenía una población de 425.000 habitantes, sufrió graves daños por el fuego de los tanques rusos durante el asedio.

Le han dicho que las “ventanas y puertas” de su apartamento ya fueron reparadas pero que hay gente viviendo allí sin su permiso. Tiene miedo de que le confisquen su apartamento.

“Esto es un robo de propiedad legalizado”, dijo.

“Sin dueño”

Este es un ejemplo típico de un bloque de apartamentos en la ciudad, que habría albergado a docenas de familias ucranianas antes de la invasión. La BBC decidió no mostrar su ubicación exacta para proteger a los residentes. Al menos 75 de sus apartamentos, los cuales sufrieron daños importantes durante la guerra -algunos marcados por puntos rojos en la ilustración- podrían ser confiscados.
Las autoridades rusas utilizan el término “sin dueño” para describir las viviendas que, según dicen, no están en uso o carecen de propietario legal; es decir, propiedades no registradas en Rusia.

Sin embargo, estos apartamentos sí tienen propietarios legales: residentes ucranianos que huyeron de la ocupación rusa o los herederos de quienes murieron en los ataques rusos.

Los documentos oficiales publicados en el sitio web de la administración prorrusa muestran el complejo proceso, que describimos a continuación, que lleva a la incautación de propiedades tras ser denunciadas por inspectores locales o residentes.

LISTA INICIAL: Dentro de los 10 días siguientes al informe inicial, las autoridades rusas publican un anuncio en su sitio web indicando que la propiedad presenta indicios de estar sin propietario.

COMIENZA EL REGISTRO: Posteriormente, el propietario debe presentarse en Mariúpol con los documentos de propiedad y un pasaporte ruso. Las autoridades afirman que también aceptarán otros documentos de identidad, aunque no especifican cuáles.

PROPIEDAD REGISTRADA: Si el propietario no se presenta en persona dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la lista, las autoridades comienzan a registrar la propiedad como “sin propietario”. Una vez inscrita la propiedad en el registro de “sin propietario”, las autoridades esperan tres meses antes de solicitar una orden judicial para transferir la propiedad a la ciudad.

No pudimos encontrar registros de cuántos apartamentos han superado la fase final del proceso judicial. Sin embargo, en una conferencia reciente el alcalde instalado por Rusia de Mariúpol, Oleg Morgun, afirmó que se había tomado una decisión judicial definitiva para embargar unos 600 apartamentos.

En la práctica, si la vivienda figura en alguna de esas listas, es prácticamente imposible recuperarla, declaró Petro Andrushenko, exasesor del alcalde ucraniano de Mariúpol. A principios de este mes, Morgun insistió en que las viviendas se eliminarán del registro si el propietario presenta un recurso.

Una vez embargadas las viviendas, una ley aprobada a finales del año pasado permite a las autoridades transferir la propiedad a particulares. Solo los residentes de la autoproclamada República Popular de Donetsk que hayan perdido su propiedad y posean pasaportes rusos pueden obtener viviendas bajo este programa.

Entorpecer a los ucranianos

Las autoridades parecen estar intentando dificultar a los ucranianos el ejercicio de sus derechos.

Todas las viviendas en lugares como Mariúpol deben estar registradas en Rusia, pero un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin en marzo prohibió a los ciudadanos de países “poco amigos”, incluida Ucrania, registrar propiedades en los territorios ocupados hasta 2028 sin un permiso especial.

En efecto, esto deja a los ucranianos ante una disyuntiva imposible: su seguridad y su identidad, o sus hogares.

Pavlo contó que tuvo que permanecer en Mariúpol durante todo el asedio, tras recibir disparos de soldados rusos. Logró evitar que le confiscaran su casa obteniendo un pasaporte ruso y afirma que “el 95% de las conversaciones en la ciudad giran en torno a la propiedad”. La BBC ha acordado ocultar su nombre real para proteger su identidad.

En los chats de Telegram revisados ??por BBC Verify —algunos con miles de usuarios— muchos residentes locales parecían confundidos por el proceso y, en ocasiones, no entendían cómo su propiedad había sido declarada “sin dueño”.

“Las normas no son claras y no se publican en ningún sitio”, declaró Halyna. “Puedes ser procesado por cualquier cosa ucraniana en tu teléfono o en los registros que tengan sobre ti”.

Diana Berg también huyó de la ciudad para evitar la ocupación rusa, dejando atrás su hogar familiar. Ahora se encuentra en otro lugar de Ucrania.

Para evitar que la propiedad pase a manos de la ciudad, un familiar de Diana tendría que regresar a Mariúpol. La única manera de hacerlo es volar al aeropuerto Sheremetyevo de Moscú, donde se enfrentarían a rigurosos controles de seguridad por parte del Servicio Federal de Seguridad (FSB), conocidos como “filtración”.

Diana afirmó que “no hay manera” de que su familia pudiera viajar a Mariúpol. “El procedimiento de ‘filtración’… puede durar hasta una semana. No te encarcelan, sino que te mantienen en este centro mientras te revisan”.

Los planes de vivienda parecen formar parte de una campaña más amplia destinada a “rusificar” la ciudad del sur de Ucrania. Imágenes satelitales e informes de prensa muestran que se está construyendo una nueva academia naval y un gran monumento de guerra.

También se ha adoptado un nuevo escudo de armas de la ciudad que elimina el idioma ucraniano y añade símbolos rusos.

Resistencia

Si bien muchos de estos cambios se han impuesto con escasa resistencia, el plan de vivienda ha suscitado críticas poco comunes por parte de los residentes restantes de Mariúpol, quienes se sienten incómodos con la situación de los apartamentos que se les ofrecen.

Las protestas surgieron después de que el presidente Putin aprobara personalmente el plan en diciembre.

Un experto legal afirmó que el plan representaba una clara violación de las leyes de la guerra establecidas en la Cuarta Convención de Ginebra y la Convención de La Haya, que prohíben la confiscación de bienes civiles excepto en casos muy limitados.

El profesor Nehal Bhuta, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Edimburgo, afirmó que las confiscaciones eran ilegales, ya que se derivan de una “anexión ilegal” aprobada por el parlamento de Moscú en 2022.

Para los ucranianos, Andrushenko dijo que era un proceso angustioso y confuso.

“Es como si alguien te hiciera daño una y otra vez”, afirmó. No puedes entender cómo es posible que tu apartamento, tu propiedad, esté sin dueño.

Es como si te hubieran dado un martillazo en la cabeza.

Tras el fraude cometido por Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, el futuro de Venezuela todavía está por definirse. A pesar de haber perdido el apoyo popular, el gobierno está abriendo caminos pragmáticos para entenderse con Washington, sostiene el académico Miguel Ángel Martínez Meucci en una columna para Letras Libres que transcribimos.

Indeterminación constante

Venezuela padece las consecuencias de una indefinición prolongada. La vieja autocracia no termina de morir; la nueva democracia no termina de nacer. El régimen de Nicolás Maduro resiste aún y prolonga su larga agonía, producida por su propio desgaste en el poder, las terribles consecuencias de las políticas depredadoras que implantó en el país y el rechazo masivo de una población que lo derrotó ampliamente en las urnas el pasado 28 de julio.

Decía Hannah Arendt que violencia y poder son opuestos: mientras la violencia depende de los instrumentos, el poder depende del número. Si esto es cierto, en Venezuela se mantiene todavía en pie una cúpula criminal que, al carecer de verdadero poder, se sustenta mediante el uso exclusivo de la violencia.

Esta tendencia es estructural e irreversible. No hay modo de que Maduro recupere popularidad o legitimidad. El rechazo que le profesa el grueso de la ciudadanía es sólido y definitivo, y solo las dificultades que enfrenta esa gran mayoría para actuar de modo organizado postergan la consumación de un definitivo cambio de régimen.

Victoria inédita y mandato soberano

No se comprende la situación actual en Venezuela sin entender el alcance de la victoria obtenida por los demócratas el 28 de julio de 2024. Las condiciones draconianas impuestas por Maduro reducían al mínimo la posibilidad de su derrota en las urnas. Sin embargo, su derrota fue colosal porque los ciudadanos asumieron tales comicios como una oportunidad única para coordinar su rechazo masivo al régimen actual.

La victoria de Edmundo González Urrutia fue el asombroso resultado de una increíble combinación de factores. En primer lugar, la irrupción del liderazgo de María Corina Machado, quien levantó un movimiento ciudadano capaz de derrotar la desesperanza aprendida y la inercia de inacción instalada durante los años de la pandemia, por no hablar de las maniobras ejecutadas por supuestos opositores a Maduro que, en realidad, operan junto a él para preservar el sistema político actual.

La victoria de Machado en las primarias opositoras del 22 de octubre de 2023 representó la derrota total de la tesis de la cohabitación, defendida por figuras políticas comúnmente conocidas en Venezuela como “alacranes”. Esa victoria unificó al movimiento opositor en torno a una tesis clara a favor del cambio político. Una vía de acción que, tras el veto que el régimen impuso a la ganadora Machado, cobró forma en la candidatura del diplomático retirado Edmundo González Urrutia.

La victoria de dicha candidatura estaba cantada en todas las encuestas medianamente limpias, pero la probabilidad de que el régimen autocrático ejecutara un fraude era gigantesca. Por eso había que probar la victoria de los demócratas. Más de un millón de ciudadanos venezolanos se organizaron para recolectar, salvaguardar y publicar las actas oficiales que imprimirían las máquinas de votación.

De este modo, 48 horas después de que el Consejo Nacional Electoral presentara unos resultados falsos, más del 80% de las actas oficiales estaban a disposición del mundo entero en el portal resultadosconvzla.com. El propio Steven Levitsky afirmó que los venezolanos fijaron ese día un nuevo benchmark en la lucha de los demócratas contra las autocracias. Años de farsas por parte del régimen de Maduro quedaron, por fin, develados sin remedio.

Su respuesta, por desgracia, ha sido brutal y continúa cobrando víctimas: treinta asesinados, muchos de ellos en cautiverio y bajo custodia del régimen criminal; cerca de dos mil presos políticos; una cacería inmisericorde a los testigos, miembros de mesa y jefes de los distintos comandos de la campaña opositora, así como un hostigamiento constante a sus familiares –reproduciendo así la práctica nazi del Sippenhaft, por la que se penaliza a todo el núcleo familiar de la persona perseguida.

En definitiva, cualquier cantidad de arbitrariedades con tal de intentar borrar lo que no puede ser borrado: el mandato popular y soberano emitido el pasado 28 de julio, tal como consta en las actas oficiales publicadas por la oposición, y por el cual Edmundo González es el legítimo presidente electo de los venezolanos. Un mandato que no prescribe y debe entrar en vigor a la brevedad posible.

El revés de enero

El 10 de enero es la fecha que pauta la Constitución de Venezuela para que un presidente electo asuma sus funciones. La expectativa forjada en torno a ese día fue mayúscula. González Urrutia señaló reiteradamente que ese día ingresaría a territorio venezolano, tras pasar varios meses exiliado en Madrid y ser distinguido junto a María Corina con el Premio Sájarov. Ella, por su parte, llevaba ya cinco meses en clandestinidad, en algún lugar de Venezuela, cuando se comprometió a liderar una gran manifestación el día 9 de enero.

Pero tras aparecer en dicha concentración, la líder venezolana fue capturada durante un breve tiempo por parte de diversos cuerpos represivos de Maduro. Por alguna razón fue dejada en libertad tras grabar un video corto, al modo de una fe de vida. Al parecer, una contraorden dentro del chavismo dictaminó su liberación. Por su parte, el presidente electo desistió de su intento de ingresar al país, luego de que la autocracia cerrara el espacio aéreo venezolano por tres días y apostara baterías antiaéreas en diversos puntos del territorio nacional.

Evidentemente, y tal como comentaron diversos voceros vinculados a Machado y González, en esos días falló la coordinación entre todos los actores que propician un cambio de régimen en Venezuela. Además, “los rusos también juegan”. El costo de retar a la dictadura es enorme y cualquiera que lo asuma sin éxito suele pagar un gran precio.

Por fortuna, la historia no termina ahí. Aunque las grandes expectativas se vieron resentidas, y si bien la desesperanza ha ganado algún terreno, los sondeos muestran que la confianza en el liderazgo continúa siendo elevada. Los venezolanos saben que el juego es duro, y por eso continúan apoyando a un honrado presidente electo y a una líder aguerrida e incansable. Esperan líneas claras que conduzcan a resultados alentadores.

El factor Trump

Entre tanto, el movimiento opositor que lideran Machado y González resiste los embates de la represión madurista, reconfigurándose para defender el mandato del 28 de julio y maniobrando en el plano internacional. Tal como han señalado en varias ocasiones, el destino de Venezuela está en manos de los venezolanos, pero mucho dependerá del modo en que se desarrollen las cosas en la esfera global.

En este ámbito decisivo, la segunda administración de Trump imprime giros profundos a la geopolítica mundial. En vez de defender el orden internacional que el propio Estados Unidos levantó tras la Segunda Guerra Mundial, Trump parece apostarle más bien a un nuevo equilibrio de poder entre grandes potencias, donde cada una controla sus respectivas “áreas de influencia”. En esta reconfiguración global, Washington parecería estar cediendo influencia a Moscú sobre Ucrania, mientras reclama para sí una hegemonía plena sobre el continente americano.

El peso significativo que los republicanos de la Florida –incluyendo a los cubano-americanos– ejercen en asuntos de política exterior estaría quizás fortaleciendo esa visión que prioriza la influencia de Estados Unidos sobre “las Américas”, tal como demuestra el primer viaje oficial al exterior de Marco Rubio, primer secretario de Estado hispano, que tuvo por destino Centroamérica.

A pesar de lo anterior, nadie sabe a ciencia cierta lo que Trump se reserva para Venezuela. Por un lado, su enviado especial Richard Grenell se dejó fotografiar junto a Maduro en Caracas, adonde se desplazó para regresar con seis rehenes estadounidenses. También la revocación de la prórroga del Temporary Protected Status (TPS) a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos ha generado desazón entre quienes esperaban el apoyo del nuevo presidente norteamericano a la causa de Venezuela.

Por otro lado, Trump dio a conocer la revocatoria de las licencias de explotación petrolera en dicho país justo cuando su propio hijo entrevistaba a María Corina Machado. Chevron dejará así de brindarle al régimen de Maduro su principal ingreso en la actualidad. Asimismo, Trump ha decidido brindarle un trato equivalente al Isis a la organización criminal venezolana Tren de Aragua, grupo delictivo que ha sido impulsado por el régimen de Maduro y que ahora Washington considera “terrorista”.

El régimen venezolano entiende los riesgos inherentes y procura abrir la vía para un entendimiento pragmático con Washington, mientras intenta recomponerse su fachada interna con ayuda de los “alacranes”. Con su actual proyecto de reforma constitucional busca avanzar hacia el “Estado comunal”, adulterar el sistema electoral hasta inutilizarlo para elegir y favorecer un pragmático modus vivendi con los norteamericanos. “No soy bueno, pero garantizo petróleo y estabilidad”, pareciera ser su consigna.

Hasta ahora, no obstante, Trump se ha cuidado mucho en sus alocuciones públicas sobre Venezuela –que son muchas y muy frecuentes– en dejar claro que no se entiende con Maduro, y que para él este país caribeño constituye hoy, ante todo, un problema de seguridad nacional y hemisférica, y no un asunto susceptible de arreglo mediante acuerdos petroleros. El tiempo tendrá, como siempre, la última palabra, pero la suerte de Venezuela descansa en la posibilidad de coordinar todos los esfuerzos, internos y externos, que se vienen desarrollando en procura de su democratización.