La interpelación por el caso Danza terminó sin consecuencias, como era de prever, pero dejó expuesta la degradación jurídica y política del oficialismo, que parece haber adoptado la antirrepublicana —y muy “kirchnerista”— actitud de “yo gané y por eso hago lo que quiero”.

La interpelación a la ministra Cristina Lustemberg por el caso Danza dejó al descubierto no solo una grave crisis ética, sino también el alcance —peligroso— del pragmatismo político que rige hoy en la coalición oficialista: pese a los cuestionamientos constitucionales e incluso penales.

El diputado Gerardo Sotelo (PI-CR), en su condición de interpelante, planteó con claridad la acusación central: la simultaneidad de funciones de Danza como médico en mutualistas privadas, docente universitario y presidente del principal prestador público de salud viola el artículo 200 de la Constitución —la incompatibilidad está explícita—, además de contravenir normas de ética pública. “Se busca que no se viole la Constitución. Así de sencillo y así de grave”, afirmó Sotelo.

Durante casi 15 horas de sesión, la Cámara bajó el telón sin sanción alguna. Las mociones presentadas —que incluían pedir la renuncia de Danza, declarar su gestión insostenible o exigir sanciones— fueron todas rechazadas: los números finalmente favorecieron al oficialismo, como era sencillo de prever.

La defensa gubernamental, encabezada por la Lustemberg, se apoyó en dos ejes: primero, en un dictamen favorable de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), que declaró inexistente la incompatibilidad; segundo, en la promesa —ya cumplida— de que Danza renunciaría a sus empleos privados, atribuyendo la controversia a una chicana política y no a una cuestión de de fondo. O sea, ni un atisbo de sensibilidad republicana. Para Lustemberg y el Frente Amplio en general no se trata de respetar la legalidad sino que todo se reduce a politiquería.

Pero estos argumentos de Lustemberg no desactivan los hechos: 1) el dictamen de la JUTEP, es harto sabido, fue de naturaleza política, en franca contradicción con el informe técnico jurídico de la sala de abogados del propio organismo, como es harto sabido; 2) Danza ejerció durante meses cargos incompatibles y cobró sueldos privados y 3) se colocó en posición de incompatibilidad constitucional y legal. Es más, como dejó en claro el diputado Sotelo, Danza votó en el directorio de ASSE decisiones —que luego llevaron su firma— en relación al vínculo de ASSE con prestadores de salud privados que son su empleadores o que son competidores con sus empleadores. Por ejemplo, rescindió el convenio con el Círculo Católico, cuando “estaba inhibido por el código de ética en la función pública de hacerlo”, como señaló certeramente Sotelo. ¡Precisamente aquello que el art. 200 de la Constitución busca evitar!

Tras el desenlace en la Cámara, la Coalición Republicana calificó el resultado como un “quiebre institucional irreversible” y acusó a Lustemberg y al gobierno de complicidad con un flagrante incumplimiento de la Constitución. Por ello la persistencia de Danza al frente de ASSE es una señal del desprecio por los principios de ética pública, transparencia y respeto por la ley.

Lo sucedido confirma que en el actual gobierno la legalidad puede replegarse cuando conviene, y la palabra institucional pierde peso frente al cálculo político menor. Lo que estaba en juego no era solo la idoneidad de un funcionario, sino la credibilidad de las instituciones del Estado.

Y eso, más allá del destino personal de Danza —una anécdota irrelevante—, la actitud del oficialismo representa una herida profunda a los principios de responsabilidad pública y de legalidad y, en definitiva, una grave lesión al Estado de Derecho.

Por Julio María Sanguinetti

Entre la memoria y el presente, 45 años dibujan una misma preocupación: la calidad democrática.

En este 2025 hemos estado celebrando los 40 años del retorno democrático, del reencuentro del Uruguay con sus mejores tradiciones políticas. Tan importante como esa evocación es la de los 45 años del plebiscito del 30 de noviembre de 1980, en que se rechazó el proyecto constitucional del régimen dictatorial y un episodio de notabilísima repercusión: el debate entre los Dres. Tarigo y Pons Etcheverry, opositores a la propuesta, y los Dres. Néstor Bolentini y Enrique Viana Reyes, sus defensores.

Esta historia comienza con la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (COMASPO), que llama a los Dres. Carlos Manini Ríos y Héctor Paysée Reyes para que convocaran a un grupo de sus correligionarios colorados y blancos a estudiar el proyecto constitucional que el régimen estaba elaborando y que se planteaba como un retorno a la institucionalidad.

En el caso de nuestro Partido, se formó una una delegación realmente representativa de su realidad política, con José Luis Batlle, Máximo Gurméndez, Enrique Tarigo, Eduardo Jiménez de Aréchaga (corrección de acentuación) y el subdirector de El Día, Jorge Otero Menéndez, además del propio Manini Ríos.

Se intentó realmente buscar una solución, pero finalmente se comunicó la oposición a la propuesta al no aceptarse algunas modificaciones. Ello provocó las iras del Tte. Gral. Álvarez y del Comandante en Jefe Tte. Gral. Luis Vicente Queirolo, que lanzó la desafiante frase de que “a los ganadores no se les ponen condiciones” (sic), en un acto de soberbia que provocó una reacción muy penosa en la ciudadanía. El propio Dr. Tarigo contestó en El Día afirmando que se trataba de la institucionalidad del país, donde no había ganadores o perdedores, sino demócratas o autoritarios.

El proyecto tenía varias propuestas inaceptables, especialmente porque se instituía un Consejo de Seguridad Nacional, que era una suerte de cogobierno militar con el electo por la ciudadanía.

El 14 de noviembre, Canal 4 organizó el debate, con la moderación de Carlos Giacosa y Azadur Vaneskaián. La imagen hoy luce anacrónica, en medio del humo de los cigarrillos. Cada uno en su estilo, el irónico de Pons y el contundente de Enrique, demolieron el proyecto y creemos que fue, por encima de todo, esclarecedor. La propaganda oficial insistía en que se trataba de una reinstitucionalización, y mucha gente de buena fe pensaba (y alguna siguió pensando) que, aun mala, era un modo de progresar. Nosotros, con el No, sabíamos que se arriesgaba empantanarnos en un espacio de confrontación, pero también teníamos claro que introducirnos en el otro camino nos llevaba a un gobierno que no tendría el prestigio mínimo de la calidad democrática. Eso mismo escribí en un artículo en El Día titulado Hasta el 30 un No, justamente dejando claro que de este modo no entrábamos, pero que la disposición acuerdista se mantenía.

La campaña, naturalmente, era muy despareja. La propaganda oficialista era abrumadora y la opositora no existía. Los principales dirigentes no podían hablar. Por eso el debate tuvo gran resonancia, luego de siete años de silencio, en que no se había visto a nadie en la televisión cuestionar al gobierno. Hubo, sin embargo, tres actos de juventud: el primero colorado en el Cine Cordón, otro nacionalista en el mismo lugar días después y, finalmente, otro colorado en el Cine Arizona. En el interior se realizaron algunos pocos actos, muy acotados y vigilados de cerca, de modo que la gente no se animara. Recuerdo uno en Salto, en el Politeama, y otro en San José, en la Sociedad Italiana, ambos con Tarigo presente.

Finalmente, se llegó a la votación y fue clara: 57,2% por el No y 42,8% por el Sí. Siempre pensamos que en esta expresión a favor del Sí no había necesariamente un pronunciamiento favorable a la dictadura, sino la idea de que, aun malo el proyecto, en algo se avanzaba. Eso se vio claro cuando se realizaron las elecciones internas de 1982 y los grupos políticos que habían militado por el No obtuvieron un 75% de los votos en las internas de los dos partidos tradicionales.

El hecho político es que el No marcó una opinión ciudadana y fortaleció así al sector militar que era proclive a una salida. Aun aquellos que seguían compartiendo la idea del golpe militar asumían que su destino no era refundar al país sobre esa base, y mucho menos ser cómplices de la ambición personal del general Álvarez, que constantemente provocaba episodios perturbadores. Se define así un nuevo cronograma que nos lleva primero a la elección interna, luego al fracasado diálogo del Parque Hotel, al acto del Obelisco y, finalmente, al Pacto del Club Naval, en que se le pone día y hora a la elección nacional y la asunción del nuevo gobierno democrático.

Hoy todo parece fácil. Mucha gente subraya la imperfección de que el Partido Nacional no estuviera en el Club Naval. Sin duda fue una lástima, pero Wilson tenía otra estrategia, asumió otros riesgos y quedó personalmente al margen de la solución. Felizmente, por su espíritu patriótico, reclamó que su partido fuera a la elección, proclamó una gran fórmula (Zumarán - Aguirre) y luego no escatimó su apoyo al gobierno que presidimos. Además, reconoció siempre que, lejos de traicionar un compromiso, nosotros le habíamos informado de los pasos a dar, invitándolo a acompañarnos.

Fue un largo proceso. Son cinco años de ir y venir, de intentar acuerdos, de soportar agravios y provocaciones, para finalmente llegar a un entendimiento pacífico. Los cuarenta años que hemos vivido en libertad son el reconocimiento a aquel esfuerzo.

Sigamos mirando al futuro, sin olvidar que hoy podemos hacerlo porque ayer nos jugamos al destino siempre imprevisible de los acuerdos.

La Junta Departamental de San José evocó el legado de Tarigo, protagonista decisivo del retorno a la institucionalidad.

La Junta Departamental de San José realizó, el jueves pasado, un acto de homenaje al Dr. Enrique Tarigo, al celebrarse los 45 años del famoso debate en el que, junto al Dr. Eduardo Pons Etcheverry, alertaron al país sobre las consecuencias del proyecto constitucional del gobierno.

Se colocó una placa conmemorativa del episodio, a esta altura histórico, como acto precursor del pronunciamiento por el NO, que marcó el inicio de la salida democrática de la dictadura.

Hablaron ediles de todos los partidos y luego el presidente Sanguinetti ofreció una charla en la que recordó los antecedentes del episodio evocado y trazó una semblanza de la figura del Dr. Enrique Tarigo. Fue en ese momento que, más allá de su trabajo como abogado y profesor de Derecho Procesal, asumió como un acto de responsabilidad cívica la representación del Partido Colorado, cuyos dirigentes estaban proscriptos. A partir de ese momento se erigió como una gran figura política y en la elección de 1984 integró la fórmula presidencial con el Dr. Sanguinetti, que resultara triunfadora en esa elección. Sus cinco años como vicepresidente ratificaron su ejemplar conducta cívica. Culminó su actuación pública como embajador del Uruguay en el Reino de España.

El presidente Sanguinetti concurrió al acto acompañado del exvicepresidente Luis Hierro López y del Dr. Ope Pasquet. Todos fueron reconocidos especialmente por la Junta Departamental maragata, que les hizo entrega de varios libros históricos, destacándose el valor que atribuía a la presencia de tan calificada delegación.

La amenaza sufrida por dos menores judíos expone un problema que ya desborda lo anecdótico: el antisemitismo encontró canales para expresarse sin pudor, legitimado moralmente por la prédica sedicente “antisionista” pero que no se asume como lo que es realmente, o sea, judeófoba lisa y llanamente.

En un grave episodio de odio informado por el portal El Observador, dos adolescentes uruguayos de 13 y 14 años, identificados como judíos por llevar el uniforme de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, fueron perseguidos en la tarde noche del martes 25 en el barrio de Punta Carretas por dos jóvenes —presuntamente veinteañeros— que los amenazaron con baldosas con intención de golpearlos. Le gritaron: “Ustedes son judíos, ya sabemos lo que hicieron”, los empujaron, los persiguieron hasta la puerta de una de sus casas e incluso dirigieron amenazas a la madre de uno de ellos: “Judía, llamá a quien quieras, ahora sabemos a dónde vivís”.

Ese hecho condujo inmediatamente a la presentación de una denuncia penal, respaldada por el Comité Central Israelita del Uruguay, cuya Secretaría de Asuntos Legales confirmó que acompañará a las familias en el proceso judicial.

En su comunicado, el CCIU subraya que no se trata de un hecho aislado sino de otro episodio en una secuencia creciente de actos antisemitas —pintadas, amenazas, hostigamientos— que han sido denunciados en diferentes puntos de Montevideo.

Según palabras del propio CCIU, “los mensajes de odio solamente generan odio” y la demonización pública de la comunidad judía, incluso por hechos que ocurren “a miles de kilómetros”, habilita agresiones de este tipo.

Este no es un incidente casual ni aislado, sino que debe interpretarse como parte de una tendencia más amplia —y profundamente inquietante— de normalización del antisemitismo en espacios públicos, sociales y mediáticos. En el último año se han multiplicado los escraches, las pintadas, las amenazas directas a personas e instituciones judías, y manifestaciones públicas de odio en el país. La marcha del 8M de 2024 en Montevideo con un “cabezudo” con estrella de David atravesado por una lanza, vandalización con pintadas en la fachada de la sede de B'nai B'rith Uruguay con consignas como “Israel estado genocida” y “Palestina resiste”, la vandalización del muro exterior del Cementerio Israelita de La Paz (Canelones) con pintadas del PCU, el escrache contra una escuela judía, y muchos otros hechos más, han dado pábulo a ataques más virulentos como este que sufrieron estos dos adolescentes. Para ponerlo más claro: se empieza en el libelo y se termina en la “Noche de los Cristales Rotos”.

Lo que está en juego no es solo la seguridad de dos adolescentes, sino la vigencia de principios fundamentales de respeto, diversidad y convivencia democrática. La impunidad ante estos actos —o su tratamiento con desdén o ambigüedad por parte de autoridades políticas— es, en sí misma, un estímulo para quienes pretenden usar el odio como arma.

Por eso, este tipo de agresiones requieren no solo una condena institucional, sino políticas públicas claras: programas educativos contra la xenofobia y el antisemitismo, campañas de concientización, y sanciones efectivas frente a quienes promueven el odio. Al mismo tiempo, organizaciones como el CCIU deben recibir un respaldo sostenido de la sociedad civil, los medios y los partidos políticos, para que su tarea de denuncia y protección no quede reducida al plano simbólico, sino que tenga fuerza real.

El episodio de Punta Carretas no puede ser ignorado como un caso aislado de violencia callejera. Es una advertencia de que la tolerancia y el pluralismo están bajo asedio, y que el antisemitismo —como otras formas de odio— requiere una respuesta clara, institucional y colectiva. Y mientras siga latente, la convivencia democrática estará siempre en jaque.

La oposición respondió con historia en mano un planteo de la senadora Blanca Rodríguez que no resiste el menor análisis.

La senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, generó una fuerte polémica al declarar que “el diseño de las políticas sociales comenzó con el Frente Amplio”. Esa afirmación —sostuvo— explicaría por qué su partido debe ser visto como garante del bienestar social.

La reacción de sus adversarios no se hizo esperar. Para muchos, lo dicho implica una suerte de borrón sobre la historia de la protección social en Uruguay, desconociendo décadas de políticas implementadas por otros partidos. Entre las voces más críticas emergió la de Robert Silva, del Partido Colorado, quien refutó con dureza la afirmación de Rodríguez, reivindicando los orígenes colorados en el diseño institucional de programas sociales desde comienzos del siglo XX.

“Sostener esto es desconocer el entramado de políticas sociales diseñadas, proyectadas y creadas por el @PartidoColorado desde principios del siglo XX. Seguramente la senadora @blancarodgon como mucho de nosotros ha sido beneficiaria de ellas y las debería valorar”, señaló Silva en su cuenta de X.

Al obligar a confrontar narrativas históricas, el debate pone en evidencia dos visiones contrapuestas: una que asume al Frente Amplio como bisagra de la justicia social, que carece de todo sustento historiográfico, y otra que defiende las raíces institucionales de Estado cuyos cimientos datan de más de un siglo atrás.

El cruce revela que la disputa por las políticas sociales excede las definiciones coyunturales: se juega en el terreno de la memoria colectiva, la legitimidad política y la identidad del Estado uruguayo.

Las nuevas denuncias por maltrato reavivan un patrón que la administración ya no puede minimizar: el liderazgo de Alejandra Casablanca vuelve a quedar bajo serio cuestionamiento.

Las denuncias contra la periodista Alejandra Casablanca volvieron a sacudir a la administración pública, esta vez desde la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, de la que es titular, donde varios funcionarios la acusan de acoso laboral, destrato y violencia psicológica. La presentación formal ante Presidencia describe un clima laboral “intimidatorio, tenso e inestable”, con episodios de gritos, presiones indebidas, descalificaciones y hostilidad reiterada.

Juan Pablo Dos Santos, uno de los denunciantes, sostuvo que vivió “momentos oscuros”, que la situación afectó directamente su salud emocional y que dio el paso de denunciar “por salud, por dignidad profesional y por todos los trabajadores que merecen un ambiente de respeto”. Afirmó además: “No estoy solo”, subrayando que lo ocurrido excede su caso individual y forma parte de una dinámica que, según los testimonios, se consolidó en apenas unos meses de gestión.

Este no es, sin embargo, un hecho aislado en la trayectoria de Casablanca. En 2021, cuando dirigía TV Ciudad, la periodista Denisse Legrand la denunció por violencia laboral tras un episodio que describió como una reunión cargada de gritos, presiones para que renuncie y maltrato. Aunque la investigación administrativa de la Intendencia de Montevideo terminó sin atribuir responsabilidades, el conflicto no desapareció de la memoria institucional: el caso generó un ruido considerable dentro del canal y dejó instaladas dudas sobre su estilo de conducción. Que cuatro años después surja un nuevo grupo de trabajadores alegando comportamientos similares no puede considerarse una coincidencia menor.

La acumulación de denuncias provenientes de distintos ámbitos públicos —desde TV Ciudad hasta la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente— obliga a evaluar con seriedad el patrón que parece repetirse. Las instituciones no pueden permitirse liderazgos que erosionen la confianza interna ni climas laborales que afecten la salud de los funcionarios. En cualquier organismo del Estado, y más aún en áreas sensibles como la memoria histórica y los derechos humanos, la integridad del vínculo jerárquico no es un detalle: es la base de la legitimidad. Cuando quienes están al frente reproducen dinámicas de intimidación, el daño no se limita a las personas directamente involucradas, sino que se extiende al prestigio y al funcionamiento de toda la estructura.

Las denuncias contra Casablanca, tanto las de 2021 como las de 2025, revelan señales que no pueden seguir siendo relativizadas ni diluidas en trámites administrativos. El Estado tiene la obligación de proteger a sus trabajadores y de garantizar que quienes ocupan cargos de conducción sean capaces de ejercer el poder sin degradar a los subordinados. Ignorar estas advertencias, o tratarlas como meros choques personales, sería un error que terminaría reproduciendo el mismo ambiente tóxico que ya fue descrito en más de una oportunidad. La evidencia acumulada invita a cuestionar si asignarle posiciones de autoridad a Casablanca es compatible con el resguardo institucional que el servicio público exige. En un país que se precia de tener estándares democráticos sólidos, mirar para otro lado ante reiteradas denuncias de maltrato no es una opción.

Por Luis Hierro López

Es muy oportuno el eslogan que promueve el gobierno para el turismo, aunque hay sorpresas diversas.

El presidente Orsi sorprendió a propios y a extraños al declarar que Bukele y El Salvador son los ejemplos que más llaman la atención en materia de seguridad. Al poco rato de sus dichos, lo corrigió el secretario de la Presidencia, Pacha Sánchez, y Orsi tuvo que desandar un poco sus declaraciones iniciales, pero lo dicho, dicho está.
Bregando para que la izquierda acepte la realidad y hable de seguridad, dijo textualmente que “la seguridad es un tema del que hay que hablar y yo creo que el ejemplo es Bukele, es El Salvador”.

Como cualquiera sabe, Bukele ha pulverizado las garantías constitucionales, intervino la justicia y comanda la represión sin ataduras jurídicas. El Presidente tiene poderes para ordenar arrestos sin orden judicial y restringe las libertades públicas a su antojo.

Parece ser que esa “bolilla” la había estudiado Alejandro Pacha Sánchez, porque de inmediato corrigió al propio presidente e indicó que “la población tiene un problema de seguridad y hay que atenderlo desde la democracia”. Pero la polémica cobró vuelo y se ve que le advirtieron a Orsi que él mismo debía aclarar lo dicho, por lo que a media tarde del miércoles agregó a sus opiniones iniciales la sentencia de que el modelo de Bukele “es imposible e inaceptable” para Uruguay, porque en nuestro país “no se puede hacer nada que violente la democracia y los derechos humanos”.

El planteo es muy confuso y no favorece a nadie. El Ministro de Interior, Dr. Negro, ha sostenido precisamente las posiciones contrarias a las barajadas inicialmente por el Presidente. Más allá de esa enorme contradicción, no queda claro si el señor Orsi propone o no “mano dura”, dadas sus improvisaciones. Si el Presidente entiende que la izquierda debe cambiar su discurso tradicional —basado en la aceptación de los delincuentes por los entornos sociales y económicos en los que se criaron y disminuyendo por lo tanto el valor de la represión— debió argumentar en forma solvente y clara y debió imponer sus puntos de vista en la coalición oficialista. Hizo lo contrario, afirmó a medias y no convenció a nadie. Da la impresión de que la invocación a Bukele fue una inspiración impensada, una cuestión de momento.

Pero, ¿puede el presidente de la República, aunque reivindique su sinceridad —lo que hizo al justificar su respuesta en el sentido de que no estaba enterado del asesinato de un policía—, lanzar ejemplos o ideas que ni siquiera cuentan con apoyo en el Poder Ejecutivo y que deben ser corregidas de inmediato? Definitivamente, no puede ni debe hacerlo, por el peso de su investidura y por el significado de su palabra, que tiene el valor de un acto de gobierno.

No dudo de la buena voluntad del señor Presidente, pero no se trata de buenas intenciones, sino de hechos. Uruguay merece una conducción clara y convincente, que ordene a los ciudadanos frenteamplistas y que sea un punto de referencia para quienes no votaron a Orsi. Pero vamos en dirección desconocida...

Por Elena Grauert

Por Tomás Laguna

Más allá de todo lo que habitualmente se habla del agronegocio ganadero, el verdadero arte de la producción está porteras adentro. Todo empieza con una adecuada gestión del pasto, base del estado del arte en la materia. De ahí en más se puede empezar a entender las luces y sombras en el devenir de los resultados productivos y económicos. Es lo que ofrece el IPA, cada año, con datos objetivos relevados desde la misma producción.

El pasado miércoles se realizó, en el ya tradicional subsuelo de la esquina de Bv. Artigas y Burgues, la presentación de los resultados del monitoreo de empresas ganaderas para el ejercicio 2024/2025. Esto se logra a partir de la registración, con uno de los instrumentos de gestión más antiguos y a la vez vigentes de la ganadería uruguaya, las llamadas “Carpetas Verdes” (1970 – Rodrigo Von Oven, Lucía Frick – Sección Economía y Registros del Plan Agropecuario).

Como corresponde, la actividad tuvo inicio analizando la producción de pasto de los últimos ejercicios y la recuperación del campo natural tras la sequía del ejercicio 2022/2023, para luego ingresar en el análisis de precios e indicadores productivos. Para el lector interesado recomendamos ingresar a la misma página del IPA, accediendo desde su portal a la actividad completa.

Por cierto, los resultados de gestión son tantos como sistemas productivos (cría, ciclo completo, invernada) y en cada caso como las particularidades agronómicas de las distintas regiones del país. En esta oportunidad el IPA ofrece el análisis de los dos primeros sistemas mencionados a través de las realidades de la región norte y litoral norte, comparadas con la región este y noreste. Quedan en el haber los sistemas de invernadas, en particular aquellos del litoral, sin duda los más dinámicos y productivos en carne por hectárea.

Breves comentarios a modo de síntesis muy general, lejos de pretender ingresar en el análisis mismo de los resultados por razones de espacio y tiempo. En una mirada global a la ganadería en su conjunto y para 24 años transcurridos, se puede afirmar que la productividad está en sus puntos más altos, más allá de las lógicas fluctuaciones por efecto año y sus razones climáticas. En todos los casos analizados se comprueba la franca recuperación productiva tras la sequía, donde solo la carne vacuna por ha. aumentó un 12% respecto al ejercicio anterior. Se vuelve a los niveles del buen año 2018-2019. Este último ejercicio, gracias a la buena disponibilidad de pasto y las relaciones de precio, también ayudó.

En cuanto a los resultados económicos de la totalidad de predios analizados, el ingreso de capital, antes de renta y servicio de deuda, creció por segundo año consecutivo, aumentando 44,5% solo en el último ejercicio (de 74 a 107 dólares corrientes/Ha). Estamos ante el segundo mejor año de la serie analizada. En los primeros nueve años (21-22 al 09-10) el promedio apenas llegó a los 29 dólares/Ha; en los siguientes quince (hasta el último analizado) el promedio alcanzó los 75 dólares/Ha. Con la referencia de estos últimos quince años, se puede afirmar que el ejercicio cerrado en junio pasado fue muy bueno (+43% respecto a la media) gracias a la conjunción de buena producción de pasto y mejores precios.

Cuando el análisis se refiere a moneda constante deflactada a valores de junio de 2025, las diferencias se amortiguan: la diferencia de +43% respecto de la media de los últimos quince años se reduce a tan solo 15%, lo que relativiza la magnitud de los buenos resultados de este año. En definitiva, el poder de compra —fundamentalmente en pagos de salarios para el productor— es necesario estimarlo de acuerdo a este último análisis.

En síntesis, un ejercicio donde las empresas aún están en proceso de recuperarse de la sequía de dos años atrás, pero ya con franca mejora en resultados productivos, económicos y financieros. Con los productores bien posicionados para el próximo ejercicio gracias a una buena salida del invierno pasado, con más vacas criando y una muy buena marcación de terneros en el otoño pasado.

En el análisis presentado, se espera que el próximo ejercicio se mantengan los buenos precios tanto para el gordo como para el ternero de reposición. No obstante, existe alguna alarma en cuanto a la posibilidad de un clima caluroso y seco. Se hace tangible aquella máxima según la cual los buenos años en las actividades agropecuarias deben servir para configurar los necesarios “colchones” para los tiempos de clima y/o de precios adversos. Nunca un año define la rentabilidad en el agronegocio; acaso una secuencia de no menos de siete años puede precisar su rentabilidad.

Una vez más recomendamos acceder a la presentación completa en la web del IPA para una comprensión cabal de los múltiples detalles que no hemos tenido en cuenta en estas muy breves consideraciones.

Como cierre, nos hacemos eco de las reflexiones del actual presidente del IPA, Ing. Agr. Santiago Scarlatto. Los resultados presentados no incluyen la renta de la tierra, en particular para los arrendatarios, ni la atención al servicio de deuda. Esto implica que los valores presentados, si bien muy positivos tanto por producción como por evolución de los costos de producción, en la realidad de las cuentas del productor resultan acotados, determinando que la escala mínima necesaria para lograr ingresos que atiendan las necesidades de cada familia sea mayor a la media en los distintos sistemas productivos. En otras palabras, la ganadería vacuna sigue siendo un negocio de escala, aun bajo los buenos guarismos productivos y económicos que surgen del último ejercicio.

Recordamos las palabras del Ing. Agr. Tabaré Aguerre en sus tiempos de ministro de Ganadería: mayor escala no es concentración de la tierra. Nos quedamos también con esta reflexión para los objetivos y políticas del Instituto Nacional de Colonización.

Desde estas páginas felicitamos al IPA y a la excelencia y compromiso que a lo largo del tiempo han demostrado sus técnicos. Merece recordarse, a riesgo de olvidar a muchos, el enorme esfuerzo personal del Ing. Agr. Ernesto Majó por mantener activo el sistema de registros y monitoreo de empresas ganaderas, tiempos inmediatos posteriores a la reinstitucionalización del IPA. Actividad hoy directamente asumida en la persona de su Director General, Ing. Agr. Carlos Molina.

El Instituto Plan Agropecuario es un punto fuerte, no siempre comprendido, en la institucionalidad agropecuaria de nuestro país.

Por Angelina Rios

La primera víctima invisible de la violencia en el hogar es siempre un niño que observa.

Desde enero a octubre de este año, según datos dados a conocer por el Ministerio del Interior, nuestro país registró en ese período una cifra que vuelve a incomodarnos: 35.443 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, es decir, una denuncia cada 12 minutos. Amenazas, lesiones y episodios que, aunque registrados por separado, responden a una misma matriz de abuso y fragilidad. Pero el dato verdaderamente devastador es otro: el 56% de esos episodios ocurrió frente a niños, niñas y adolescentes.

No es solo un número. Es una herida que se abre en el lugar donde deberían existir refugio y cuidado.

Y no es un fenómeno aislado. En Sudamérica, según CEPAL, UNICEF y ONU Mujeres, más de la mitad de los episodios de violencia en los hogares también ocurren con menores presentes, y casi 32 millones de niños y adolescentes viven expuestos a algún tipo de violencia dentro de su propio entorno familiar. Es decir, Uruguay no está fuera del mapa regional: Uruguay está dentro del problema.

Durante años, la violencia doméstica fue tratada como un asunto privado. Pero cuando un país registra decenas de miles de denuncias al año y más de la mitad ocurren frente a menores, estamos ante un desafío público, institucional y generacional.

Un niño no entiende el contexto, pero sí siente el impacto.
Cuando escucha un grito, un portazo o un golpe, su cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. La violencia se vuelve un idioma que aprende demasiado pronto, y ese aprendizaje modifica su forma de relacionarse, de confiar, de construir futuro, como si fuera parte del paisaje natural y cotidiano de sus vidas.

Tenemos leyes, programas, fiscalías especializadas, tobilleras y redes de atención. Y aun así, el daño llega antes que el Estado. La intervención ocurre cuando la violencia ya ha explotado.

Faltan mecanismos de prevención temprana, coordinación interinstitucional real, seguimiento continuo en territorio, y la convicción política de que esta problemática necesita continuidad presupuestal que trascienda el gobierno de turno. Porque no estamos enfrentando un problema episódico, estamos enfrentando un patrón cultural que se hereda.

Los números regionales no dejan margen para la duda. En Sudamérica, 1 de cada 2 niños vive o ha vivido en hogares donde la violencia es habitual; entre el 55% y el 65% de los episodios domésticos se produce con menores presentes en países como Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, y 7 de cada 10 niños expuestos desarrollan ansiedad, trastornos del sueño o dificultades escolares.

La violencia atraviesa fronteras y se multiplica en los hogares de toda la región. Y esa es, en estos tiempos, una realidad compartida que nos interpela a todos por igual.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Uruguay hubo concentraciones, mensajes y compromisos renovados. Todos necesarios. Todos valiosos.

Pero detrás del ritual hay una verdad que no se puede maquillar. La violencia no espera al 25 de noviembre para mostrarse. El miedo tampoco.

Y mientras miles de niños sigan aprendiendo a convivir con ella dentro de sus casas, las campañas serán apenas un recordatorio de lo que aún no logramos cambiar.

La infancia no debería necesitar valentía para vivir en su hogar.

La violencia que ven nuestros niños es la violencia que mañana recordará todo el país. Y si no frenamos este ciclo ahora, lo que heredarán no será un Uruguay más seguro, sino un Uruguay más herido.

En un continente donde millones de niños crecen con miedo, la pregunta es simple y urgente: ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que la próxima generación pueda dormir sin escuchar la violencia al otro lado de la puerta?

Por Susana Toricez

La violencia se alimenta de la inacción: las armas siguen en la calle.

Armas.
Armas en la esquina.
Armas en un parque.
Armas en las escuelas.
Armas en los liceos.
Armas en las ferias.
Armas en los hogares.
Todos hablamos de inseguridad.

Los noticieros giran siempre alrededor de una rapiña, un tiroteo, un asalto con toma de rehenes, un copamiento, un niño que entra con un arma a la escuela, una discusión en el tránsito, un niño baleado, un ajuste de cuentas, un tiroteo entre bandas.

Hasta se han encontrado verdaderos arsenales en casas particulares.
¿Cómo es posible que existan armas al alcance de la mano de cualquier individuo?
Las autoridades piden más y más presupuesto. Se pide más y más personal policial. En los barrios difíciles los tiroteos son cosa de todos los días.
Ingresan todos los días a los hospitales niños con heridas de bala.

A pesar de todo eso, no escucho a nadie ir a la génesis del problema para eliminarlo de raíz. Jamás he escuchado decir que se comenzaría una campaña para desarmar a la población.

Es imperioso que se haga algo. Como sea. Advirtiendo, requisando, multando, procesando, de la manera que sea, pero no es posible que cualquier hijo de vecino, de cualquier edad, tenga acceso a un arma así como así.

Se hace imprescindible legislar para imponer la entrega de todas las armas que se tengan en forma irregular.

Es increíble, pero ya existe una manera de registrarlas legalmente, pero los controles son mínimos. A la vista está.

Existe también un lugar específico que las recibe, es un depósito judicial.
Tengo entendido que las armas requisadas en los procedimientos judiciales y policiales son fundidas en dependencias del Ejército y ese metal es convertido en varillas para la construcción. Por fortuna eso se utiliza para construir en lugar de destruir.
Que se siga entonces el mismo camino con la totalidad de armas que se encuentran en la calle y en manos de tanta gente irresponsable.

No queda otra que exigir y fiscalizar que quien quiera poseer un arma lo haga cumpliendo con la ley. Todo lo que se aparte de esa ley es delito, y debe ser sancionado como tal.

Si no se comienza ya con los controles y las exigencias para hacer uso de armas de manera reglamentaria, temo que en algunos años, en nuestro querido país, habrá más armas que ciudadanos honestos.

Porque paradójicamente, frente a las armas, los honestos estamos desarmados.

Por Juan Carlos Nogueira

Dedicado a los periodistas valientes que no se amedrentan.

En pleno siglo XXI, aunque la libertad de expresión se considera uno de los pilares esenciales de las sociedades democráticas, persiste una forma de censura indirecta que no depende de leyes ni de grilletes visibles.

Se manifiesta mediante mecanismos sutiles: el silenciamiento que opera a través de la cooptación, la rescisión de contratos, o la reubicación estratégica de periodistas considerados “incómodos”.

Esta dinámica puede pasar inadvertida para el observador desprevenido. Sin embargo, no es infrecuente que decisiones empresariales vinculadas a supuestas reestructuraciones coincidan temporalmente con investigaciones periodísticas incisivas o entrevistas que interpelan a figuras de poder. La casualidad, cuando se repite, deja de ser azar y se vuelve indicio.

Las democracias no son inmunes al impulso de controlar la narrativa. Esto ocurre mediante formas más sofisticadas, a menudo justificadas bajo el manto de la legalidad o amparadas en decisiones administrativas. Pero cuando las voces críticas desaparecen de las pantallas o de las páginas, y su ausencia se repite con preocupante frecuencia, se instala la sospecha de una manipulación de la información pública.

Más aún, este método de cercenar carreras de periodistas incisivos suele verse reforzado de por un sistema de premios y castigos a los medios, articulado mediante la distribución de la pauta publicitaria estatal. Uruguay es un país con un mercado publicitario pequeño, de alta concentración de medios y con pocos anunciantes privados realmente grandes. Esto hace que el Estado sea uno de los principales anunciantes del país.

Como consecuencia, incluso los medios opositores a veces atemperan editoriales. Por otro lado, para algunos medios o comunicadores puede resultar económicamente rentable alinearse con el gobierno, lo que incluso puede abrir puertas hacia carreras políticas. En los últimos años, varios periodistas o comunicadores se han involucrado políticamente en el Frente Amplio.

Todo esto, lamentablemente, introduce sesgos políticos que distorsionan la información que recibe la ciudadanía.

Resulta preocupante que estos manejos, que son vox populi, no generen una reacción más firme por parte de la población. Si bien aparecen denuncias en las redes sociales, no logran sacar al público de su apatía.
Orwell, en su novela 1984, advertía que la opresión no comienza con la prohibición explícita, sino con la resignación colectiva.
En una democracia madura, la libertad de prensa no se garantiza solo con leyes, sino con la valentía cotidiana de quienes eligen decir lo que el poder preferiría no escuchar. Porque cuando las preguntas se callan, el poder responde solo para sí mismo. Y, como ciudadanos, no podemos darnos ese lujo.

Por eso, resulta imperativo no mirar hacia otro lado cuando un periodista pierde su espacio de difusión por preguntar lo necesario. No es solo su voz la que se acalla: es el derecho de todos a estar informados.

Por Alvaro Valverde Urrutia

El presidente brasileño, Lula da Silva, anunció que Brasil prevé que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se firme el próximo 20 de diciembre en Brasilia, un movimiento que busca proyectar la relevancia del bloque en la escena internacional. La noticia genera expectativas sobre la implementación del acuerdo, pero también plantea dudas sobre su alcance real: ¿no se había firmado ya la parte comercial en Montevideo el año pasado? La respuesta requiere diferenciar entre los distintos componentes del acuerdo y considerar las posiciones internas del Mercosur.

En diciembre de 2024, los gobiernos del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rubricaron la parte comercial del acuerdo. Ese acto formalizó los compromisos de apertura de mercados y regulación comercial, pero no significó la entrada en vigor inmediata, ya que la aplicación depende de la ratificación del Parlamento Europeo y, eventualmente, de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. La firma de Montevideo dejó listo el pilar comercial, mientras que los pilares político y de cooperación requieren pasos adicionales.

Dentro del Mercosur, los países muestran matices en relación con la firma. Brasil, que ejerce la presidencia semestral, impulsa la formalización del acuerdo y busca consolidar su liderazgo; Paraguay, que asumirá la presidencia pro tempore, enfatiza la necesidad de una integración más ágil y fluida. Argentina, por su parte, bajo el gobierno de Javier Milei, muestra interés en avanzar en la apertura comercial, como lo refleja su reciente acuerdo con Estados Unidos, buscando fortalecer sus vínculos externos y aprovechar oportunidades económicas.

El anuncio de Lula de una firma en Brasilia tiene un carácter distinto. Más que duplicar lo hecho en Uruguay, se trata de un acto político y protocolario que busca reforzar el papel de Brasil como líder del bloque y mostrar que el Mercosur está listo y decidido para avanzar en su agenda de integración. Además, puede incluir los pilares político y de cooperación, que abarcan sostenibilidad, medio ambiente, ciencia, tecnología y otros aspectos estratégicos que aún no están formalmente activados.

La estrategia de Lula busca consolidar la posición de Brasil antes de ceder la presidencia semestral del Mercosur a Paraguay. Al mismo tiempo, marca un compromiso con la integración entre el Mercosur y Europa, aunque jurídicamente el acuerdo aún no está plenamente vigente porque su aplicación requiere la ratificación de los parlamentos europeos y la aprobación de los Estados miembros.

Las preocupaciones internas de la UE, como las planteadas por Francia sobre la protección de ciertos sectores agrícolas, muestran que, aunque el acuerdo esté avanzado políticamente, el proceso legal aún puede generar ajustes. En este contexto, la firma en Brasilia no es un acto redundante sino un mensaje político y diplomático: el Mercosur está listo y decidido a avanzar, mientras se espera la ratificación final.

En conclusión, la cita del 20 de diciembre debe interpretarse como la consolidación política del acuerdo completo, incluyendo sus tres pilares: comercial, político y de cooperación. Representa un paso estratégico que prepara el terreno para la implementación efectiva y la entrada en vigor definitiva del acuerdo al tiempo que refleja las distintas prioridades y estrategias de los países del Mercosur frente a la apertura internacional.

La trayectoria del atacante refleja la compleja herencia de dos décadas de intervención en Afganistán.

El miércoles 26, dos miembros de la West Virginia National Guard resultaron gravemente heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C., en lo que autoridades describieron como un “ataque tipo emboscada”. El sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal —afgano de 29 años— fue detenido tras ser herido en un intercambio de disparos.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome, creado tras la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán, que permitió la reubicación de miles de afganos que habían colaborado con EE. UU. durante el conflicto. Posteriormente, en 2024 solicitó asilo; su solicitud fue aprobada en abril de 2025. La investigación confirmaría que, antes de llegar a Estados Unidos, Lakanwal había servido en Afganistán en unidades apoyadas por la CIA, en particular a operaciones en la provincia de Kandahar.

El tiroteo ocurrió a plena luz del día, cerca de la estación de metro Farragut West, cuando los guardias patrullaban una zona céntrica. Lakanwal abrió fuego sin provocación aparente, con un revólver calibre .357, alcanzando a ambos militares. Rápidamente fue neutralizado por otras fuerzas de la Guardia Nacional y arrestado.

El ataque fue calificado por el Presidente Donald J. Trump como un “acto de terror”. Como respuesta, se ordenó el despliegue de 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional en la capital, y además se suspendió indefinidamente el procesamiento de solicitudes de inmigración de afganos, mientras se revisan los protocolos de seguridad y vetos.

Este episodio adquiere mayor peso cuando se lo vincula al pasado militar en Afganistán y a las políticas de reasentamiento promovidas por EE. UU. tras su retirada en 2021. Muchos de los evacuados —como Lakanwal— habían colaborado con las fuerzas estadounidenses o con la CIA; su reubicación fue presentada como una obligación moral para proteger a quienes arriesgaron su vida en alianza con Estados Unidos.

La llegada masiva de excolaboradores afganos representaba una continuidad del vínculo forjado en la guerra: ahora esas personas estaban bajo nueva protección, en suelo estadounidense, con procesos de asilo o residencia. Pero el ataque pone en evidencia que la experiencia de guerra, el trauma, la integración y los mecanismos de control y adaptación no son neutros: pueden generar riesgos, incluso décadas después y lejos del conflicto original.

Lakanwal simboliza ese puente entre dos escenarios: la guerra en Afganistán y la seguridad interna de Estados Unidos. Fue reclutado o colaboró con EE. UU. en un conflicto lejano; luego fue reasentado bajo la protección prometida; y ahora protagoniza un ataque que reaviva viejas heridas, cuestiona procesos de integración y reabre el debate sobre migración, vetos, responsabilidad y vigilancia.

El suceso podría marcar un punto de inflexión: llevará a revisar los programas de acogida de refugiados, los mecanismos de selección y asilo, la rehabilitación de excombatientes, y la relación entre política exterior —intervención militar— y seguridad interna. Es, en definitiva, una prueba dolorosa de que los efectos de la guerra no terminan con la retirada de tropas: persisten, se trasladan, y exigen que sus consecuencias sean asumidas con responsabilidad institucional.

Lecciones destinadas a alimentar el conflicto, no la paz. Y las promesas de reforma terminan invariablemente igual: la perpetuación de las lecciones de odio.

Desde mediados de los años noventa, la Autoridad Palestina (AP) ha sostenido ante organismos internacionales, gobiernos donantes y agencias multilaterales su compromiso de promover una educación basada en la tolerancia, la coexistencia y la preparación para la paz. Sin embargo, casi tres décadas después del inicio del proceso de paz de Oslo, la evidencia disponible muestra un patrón sistemático: los materiales escolares oficiales siguen conteniendo mensajes antisemitas, la negación explícita de Israel, la glorificación de la violencia y la normalización del martirio como ideal colectivo.

La brecha entre el discurso público y la práctica curricular no es reciente. Desde la creación del primer currículo palestino unificado (1994–1998), investigadores y organizaciones de supervisión educativa comenzaron a advertir que los libros aprobados por la AP omitían reconocer a Israel, presentaban a los judíos en formas históricamente distorsionadas y exaltaban episodios violentos como actos de liberación. A inicios de los 2000, la Unión Europea, principal financiador del sistema educativo palestino, impulsó revisiones para eliminar contenidos considerados problemáticos. Sin embargo, las modificaciones fueron mínimas: referencias explícitas se reemplazaron por alusiones indirectas, pero el marco conceptual —la narrativa de lucha violenta, el martirio y la deshumanización del otro— permaneció intacto.

Cada ciclo de reformas ha seguido una lógica similar: la AP anuncia cambios, se compromete con donantes a revisar libros, y promete adecuar el currículo a estándares internacionales. Pero los nuevos manuales reproducen, con variaciones superficiales, el mismo núcleo ideológico. Informes recientes confirman que esta continuidad no es accidental: forma parte de un diseño educativo coherente.

En los manuales de lengua árabe, ya en los primeros grados, se introducen conceptos como “shaheed” (mártir) mediante ejercicios de lectura destinados a niños de seis o siete años. La idea del sacrificio violento aparece naturalizada, sin distancia crítica ni contextualización histórica. En libros de historia y educación cívica, la desaparición sistemática del Estado de Israel de los mapas escolares no es solo un error cartográfico: es una instrucción simbólica que enseña a las nuevas generaciones que su vecino no existe —y, por extensión, que no debe existir.

En los niveles avanzados, manuales de educación islámica presentan a los judíos como enemigos religiosos y engañosos retomando estereotipos tradicionales que han alimentado persecuciones durante siglos. La violencia contra civiles se menciona, en algunos casos, como actos heroicos vinculados a figuras emblemáticas, y la lucha armada se describe como deber nacional y religioso. Incluso en materias ajenas al conflicto —como matemáticas o ciencias— se incluyen problemas y ejemplos basados en imágenes militarizadas, reforzando una visión épica del combate.

La persistencia de estos contenidos no puede explicarse como “descuido”. Es una política educativa con consecuencias profundas. Las generaciones que hoy transitan el sistema escolar palestino —y lo han hecho desde los años noventa— son socializadas en una matriz pedagógica que reproduce la lógica del enfrentamiento perpetuo. Eso no solo aleja cualquier horizonte de reconciliación: consolida una cultura política confrontativa, donde la coexistencia es percibida como traición y donde la violencia adquiere un aura moral.

En la última década, la presión internacional ha aumentado. Informes parlamentarios europeos, auditorías independientes y condiciones explícitas en la cooperación educativa han exigido cambios reales, verificables. En 2024, la AP firmó una nueva carta de intenciones con la Unión Europea comprometiéndose a revisar contenidos antisemitas y eliminar la incitación a la violencia. Sin embargo, los manuales recientemente publicados muestran que los compromisos siguen sin traducirse en transformaciones sustantivas.

La enseñanza del odio no es un fenómeno espontáneo: requiere infraestructura, diseño pedagógico, selección de textos, formación docente y validación política. Por eso, revertirlo también exige medidas institucionales sólidas. No basta con declaraciones o promesas de reforma. Se requiere supervisión internacional efectiva, mecanismos de verificación independientes y la disposición —política e institucional— de modificar el sistema educativo desde sus fundamentos.

La educación puede ser una herramienta para perpetuar el conflicto o para construir un puente hacia la convivencia. Hoy, el material escolar que la Autoridad Palestina coloca en manos de millones de niños opta por la primera vía. Y mientras esa estructura permanezca intacta, cualquier discurso oficial sobre la paz será solo una fachada: la realidad educativa seguirá enseñando que la violencia es legítima, que el adversario es inhumano y que la coexistencia es indeseable.

El desafío, entonces, es doble. Para la comunidad internacional, implica exigir coherencia entre compromisos y prácticas. Para la sociedad palestina, supone repensar qué futuro quiere transmitir a sus hijos: uno definido por la continuidad del odio, o uno donde el reconocimiento del otro —su existencia, su dignidad y su historia— sea el punto de partida para imaginar algo distinto.

Trump y Mamdani rompen el libreto y muestran que, en política, los intereses pueden más que las diferencias.

La improvisada cita entre el presidente Donald Trump y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, celebrada en la Casa Blanca, fue el gesto político más relevante de la semana pasada: un acto público de cordialidad que puso fin, al menos por ahora, a meses de hostilidad retórica y dejó un diagnóstico práctico sobre cómo ambos actores —y sus equipos— prefieren traducir confrontación en cooperación operativa cuando los problemas son palpables.

Que el encuentro fuera sorpresivo no fue casualidad comunicacional. Trump, que semanas atrás calificó al electo alcalde con epítetos virulentos y llegó a amenazar con recortes de fondos, apareció en el Despacho Oval hablando de “ayudar” a Mamdani a “hacer realidad el sueño” de una Nueva York más segura y asequible, y describiendo al nuevo alcalde como “una persona muy racional”. Mamdani, por su parte, definió la reunión como “muy productiva” y enfatizó que había buscado un diálogo para concretar medidas en favor de la accesibilidad de vivienda y la reducción del costo de la vida.

En los hechos, la reunión tuvo un desarrollo marcadamente pragmático. Ambos dirigentes evitaron rebatir en público los episodios de mutua descalificación que ensombrecieron las semanas posteriores a las elecciones municipales y se concentraron en una agenda compartida —o al menos convergente—: vivienda accesible, políticas sobre transporte público y alivio de la presión inflacionaria sobre los hogares. Trump, consciente de que su capital político pasa también por mostrar capacidad de gestión sobre asuntos económicos, utilizó la ocasión para subrayar su disposición a colaborar si los resultados fueran tangibles. Mamdani, por su parte, aprovechó la visibilidad para plantear demandas prácticas: desde la posible coordinación federal para políticas de precios hasta la promesa implícita de evitar despliegues de Guardia Nacional en la ciudad.

La conferencia de prensa posterior escenificó el núcleo del gesto: sonrisas calculadas, frases de consenso y un explícito esfuerzo por enmarcar el encuentro como “al servicio de los neoyorquinos”. Trump, con la liturgia presidencial a su favor, dominó el cierre con una frase destinada a la galería política (“voy a aplaudirlo”), mientras que Mamdani optó por enfatizar prioridades programáticas y evitar, en ese instante, una réplica pública a las acusaciones previas de autoritarismo. Ese mutuo cálculo comunicacional busca neutralizar efectos simbólicos negativos para ambos: para Trump, demostrar que puede gobernar más allá de la polarización; para Mamdani, proyectar capacidad ejecutiva y moderar temores de quienes cuestionan su perfil político.

Las reacciones públicas fueron mixtas y previsibles. Desde sectores conservadores y del núcleo duro del MAGA hubo desaprobación y sorpresa; sectores progresistas y parte de la prensa demócrata lo leyeron como un gesto de pragmatismo que puede ser útil para la ciudad. Wall Street, según reportes, mira con recelo pero pragmatismo: desconfía de Mamdani por su perfil y programa, pero está dispuesta a colaborar si la gestión deriva en estabilidad y seguridad para los mercados. En clave internacional, la escena fue interpretada como la materialización de una regla básica: cuando la gobernanza local afecta intereses nacionales y electorales, la retórica puede ceder ante la gestión.

¿Qué puede esperarse a partir de ahora? Primero, un periodo de evaluación: ambos equipos medirán resultados tangibles antes de consolidar la nueva normalidad en la relación. Mamdani, que asumirá en enero, tiene incentivos fuertes para convertir las promesas en proyectos concretos que reduzcan el costo de vida y mejoren servicios públicos; su margen inicial dependerá de su habilidad para negociar recursos y prerrogativas con la Casa Blanca y con el aparato federal. Trump, por su parte, dispone de herramientas reales (vía presupuestos, designaciones y cooperación intergubernamental) para condicionar o facilitar programas: su gesto público abre la puerta a una cooperación instrumental, pero no garantiza inmunidad frente a futuros choques si la relación política se tensiona de nuevo.

Segundo, es plausible que la relación se mantenga en una lógica de “resultados por resultados”: ayuda federal condicionada a métricas de seguridad y eficiencia; apoyo político a cambio de gestos de responsabilidad ejecutiva por parte de Mamdani. Ese esquema protege a ambos: al presidente le permite exhibir liderazgo bipartidista en asuntos prácticos; al alcalde electo le otorga acceso a recursos sin renunciar por completo a su identidad programática. Pero también contiene riesgos: la cooperación instrumental puede colapsar si alguna de las partes siente que la otra utiliza la relación para obtener ventajas partidarias o simbólicas.

Finalmente, la expectación de la opinión pública marcará el calendario. Si en los próximos meses se concretan acuerdos visibles —por ejemplo, despliegues coordinados de políticas de vivienda o líneas de financiamiento para infraestructuras locales— la reunión pasará a interpretarse como el hito que adelantó un ciclo de gobernanza pragmática. Si, en cambio, las promesas no se traducen en cambios tangibles, el gesto quedará como un episodio simbólico sin efecto estructural, útil para titulares pero irrelevante para la vida cotidiana de millones de neoyorquinos

En suma: la reunión Trump–Mamdani es un ejemplo reciente de cómo la política estadounidense, aun en su fase más polarizada, puede abrir ventanas de pragmatismo cuando los intereses materiales de ciudades y ciudadanos lo exigen. Lo que ocurra en los próximos meses dirá si la entente fue un acuerdo programático con efecto duradero o un paréntesis simbólico en una temporada política aún marcada por la desconfianza mutua.

Mientras la política peruana consume a sus líderes, la economía mantiene un ritmo sorprendentemente sólido.

El miércoles 26 , un tribunal peruano condenó a Martín Vizcarra a 14 años de prisión por cohecho pasivo. La Justicia determinó que, durante su período como gobernador regional de Moquegua (2011–2014), recibió sobornos de empresas constructoras —entre 2,3 millones de soles, equivalentes a unos 700.000 dólares— a cambio de adjudicar contratos públicos, como los correspondientes al proyecto de irrigación Lomas de Ilo y al mejoramiento del Hospital de Moquegua. Además, la sentencia incluyó una multa y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por nueve años. Vizcarra, que fue presidente de Perú entre 2018 y 2020, fue destituido por el Congreso en 2020, tras acusaciones de corrupción y otros escándalos.

Al día siguiente, ayer 27 de noviembre, la Justicia peruana dictó condena contra Pedro Castillo, también expresidente. El fallo le impuso 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para rebelión, debido a su participación en el fallido intento de disolver el Congreso y convocar un gobierno de excepción en diciembre de 2022. Además de la pena de cárcel, la sentencia incluye inhabilitación para ocupar cargos públicos. Castillo era presidente desde 2021; su mandato estuvo marcado por inestabilidad institucional, denuncias de corrupción y decisiones controvertidas, lo que culminó con su destitución tras el intento de autogolpe.

Ambos casos se suman a una larga lista de exmandatarios peruanos procesados o condenados, lo que evidencia un patrón persistente de corrupción, crisis institucional y judicialización de los altos cargos. En este contexto, las condenas a Vizcarra y Castillo no solo representan sanciones individuales, sino una advertencia sobre la fragilidad del sistema político, la vulnerabilidad institucional y los riesgos que conlleva la concentración de poder en un contexto histórico de impunidad.

Sin embargo, este cuadro de crisis política contrasta de modo paradójico con otro marcador: el desempeño económico reciente del país. A pesar de la inestabilidad y los reiterados escándalos, la economía peruana continuado mostrando señales de robustez macroeconómica. Las exportaciones, el precio de los minerales y la estabilidad de algunas variables macroeconómicas han permitido que, incluso en medio de polarización política, el país conserve un nivel de actividad y de expectativas relativamente favorable. Esa dualidad —política convulsiva y economía resistente— subraya una paradoja dramática: mientras los exmandatarios se ven empujados al banquillo, muchas familias peruanas siguen dependiendo de una economía que mantiene ciertos anclajes estructurales.

En definitiva, los últimos fallos judiciales contra Vizcarra y Castillo reflejan una crisis profunda de gobernabilidad y legitimidad política. Pero al mismo tiempo, la persistencia de indicadores económicos favorables revela que el Perú —pese a sus presidentes condenados— no deja de ser, para millones de ciudadanos, un país obligado a mirar adelante: con incertidumbres políticas, sí, pero también con una economía que da señales de sostén.