La futura Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida busca eliminar trabas burocráticas, fortalecer la competencia y reducir costos que terminan pagando empresas y consumidores. Aunque el propio gobierno la define como una reforma “modesta”, representa uno de los intentos más ambiciosos de modernización estatal de las últimas décadas. Y así debe reconocerse.

Cuando el ministro Gabriel Oddone definió el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida como una “modesta pero importante reforma del Estado”, probablemente resumió mejor que nadie el espíritu de una iniciativa que, sin pretender cambiarlo todo de un día para otro, apunta a uno de los problemas más persistentes de la economía uruguaya: los costos excesivos que genera una burocracia pesada, fragmentada y muchas veces anclada en regulaciones que perdieron sentido hace décadas.

El Poder Ejecutivo remitirá la próxima semana al Senado un proyecto de más de 240 artículos que recoge cerca de un centenar de propuestas surgidas de intercambios con empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, profesionales y distintos organismos públicos. Su objetivo declarado es aumentar la productividad, estimular la inversión, promover la competencia y contribuir a la reducción del costo de vida de los uruguayos.

La relevancia política de la iniciativa no reside solamente en su extensión o en la diversidad de materias que aborda. Lo verdaderamente importante es que parte de un diagnóstico acertado: en una economía con inflación relativamente controlada y estabilidad macroeconómica, los principales obstáculos para la competitividad ya no se encuentran en las grandes variables macroeconómicas sino en los costos de funcionamiento, las rigideces regulatorias y los trámites que encarecen la actividad productiva y terminan trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

Menos burocracia, menos costos

Uno de los capítulos más ambiciosos del proyecto apunta a la simplificación administrativa. La iniciativa prevé la creación de registros unificados, la digitalización de procedimientos, la ampliación del uso de documentos electrónicos, la reducción de exigencias documentales redundantes y la eliminación de algunas obligaciones consideradas obsoletas, como determinadas traducciones certificadas que hoy generan costos sin aportar valor real.

También se establecen plazos máximos para que la administración responda solicitudes y se incorporan mecanismos de “silencio positivo” en determinados procedimientos, de forma que la falta de respuesta estatal deje de transformarse en una barrera permanente para ciudadanos y empresas.

Se trata de cambios que pueden parecer menores cuando se observan individualmente, pero que tienen un impacto significativo cuando se acumulan. Uruguay ha construido durante décadas una compleja red de autorizaciones, registros y controles que muchas veces terminan castigando a quienes cumplen las reglas sin generar mejores resultados regulatorios. El proyecto intenta corregir precisamente esa situación.

Más competencia para bajar precios

Otro eje central es el fortalecimiento de la competencia en distintos mercados.

El gobierno entiende que existen barreras regulatorias y prácticas comerciales que limitan la entrada de nuevos actores y reducen las opciones disponibles para los consumidores. Por ello, el proyecto fortalece las herramientas de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y procura eliminar obstáculos que dificultan el ingreso de nuevos productos o proveedores.

Dentro de ese enfoque aparece una de las medidas que más atención ha despertado: la flexibilización de los mecanismos de importación mediante la posibilidad de contar con múltiples importadores para determinados productos. La intención es reducir situaciones de exclusividad que pueden restringir la competencia y mantener precios artificialmente elevados.

La discusión trasciende casos concretos. Lo relevante es el principio que inspira la medida: cuando existe más competencia, los consumidores suelen acceder a mejores precios, mayor variedad y mejores condiciones de compra.

Precios más transparentes

El proyecto también incorpora disposiciones destinadas a mejorar la información disponible para los consumidores.

La filosofía detrás de estas medidas es sencilla: los mercados funcionan mejor cuando quienes compran cuentan con información clara, comparable y accesible. La posibilidad de conocer con precisión precios, condiciones y alternativas fortalece la competencia y reduce las asimetrías que muchas veces terminan perjudicando al consumidor final. Según explicó el gobierno, se busca facilitar las decisiones de compra y hacer más transparentes los mercados de consumo masivo.

Apoyo a las pequeñas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas aparecen entre las principales beneficiarias de la reforma.

El proyecto prevé mecanismos de graduación tributaria, plataformas unificadas de trámites, sistemas integrados de gestión gratuitos y una reducción de requisitos administrativos que hoy consumen tiempo y recursos de emprendimientos que, muchas veces, carecen de estructura para afrontar la complejidad burocrática existente.

La apuesta es razonable. En un país donde la enorme mayoría de las empresas son pequeñas, cualquier reducción de costos administrativos puede tener efectos concretos sobre la inversión, el empleo y la formalización.

Una coincidencia significativa

La presentación del ministro, como corresponde, tuvo una muy buena recepción en la Coalición Republicana.

Dirigentes opositores destacaron las similitudes entre varias de las medidas propuestas por el gobierno y planteos que durante años impulsaron sectores liberales y reformistas. Incluso algunos señalaron coincidencias con iniciativas promovidas anteriormente por la economista Laura Raffo y otros referentes de la Coalición Republicana. Esa recepción favorable constituye un dato político relevante.

Más allá de las diferencias partidarias, parece existir un consenso creciente respecto de que Uruguay necesita reducir costos regulatorios, simplificar trámites y mejorar su clima de negocios si pretende sostener el crecimiento económico y elevar los ingresos reales de la población.

Por tanto, que se alcancen mayorías importantes en estos temas abre una brecha en temas que parecían impenetrables y que hacen al funcionamiento “micro” del país.

El camino correcto

Naturalmente, nadie debería esperar que un proyecto de estas características resuelva por sí solo los problemas de competitividad acumulados durante décadas.

Uruguay sigue siendo un país con costos elevados, una estructura estatal compleja y múltiples regulaciones que merecen revisión. El propio Oddone reconoció que se trata de una reforma limitada en alcance. Pero precisamente ahí radica una de sus virtudes: en lugar de prometer transformaciones grandilocuentes e imposibles de ejecutar, apunta a remover obstáculos concretos que afectan diariamente a empresas, trabajadores y consumidores.

Por supuesto, queda mucho camino por recorrer. La agenda de modernización del Estado está lejos de agotarse en este proyecto. Sin embargo, sería un error minimizar la importancia de una iniciativa que coloca nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar regulaciones, reducir burocracia y promover la competencia.

Si el objetivo es construir un país más dinámico, más productivo y menos caro para quienes viven y trabajan en él, la dirección elegida por el gobierno parece correcta. Modesta, como dijo Oddone. Pero importante también. Y cuando un gobierno decide avanzar en la dirección adecuada, corresponde reconocerlo y aplaudirlo.

Por Julio María Sanguinetti

La semana pasada escribimos de dos libros históricos notables, uno sobre Rivera de Oscar Padrón Favre y otro de Jorge Leiranes sobre las raíces del golpe de Estado de Febrero de 1973. Hoy queremos comentar que la semana que viene, el jueves 18, vamos a presentar en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo una nueva versión de “Habla Julio”, un libro que Pablo Cohen publicó hace un par de años en un largo diálogo que mantuvimos.

Decimos nueva versión y no reedición, porque de eso se trata. A la charla original Pablo le ha agregado tres capítulos de nuestras conversaciones, en que no solo “habla Julio” sino que también lo hace Pablo. Él firma el libro porque no solo es quien provoca respuestas en tono periodístico sino porque realmente instala un diálogo, como lo dicen nada menos que Santiago Kovadloff en el Prólogo y Carlos Pagni en el Epílogo.

Cuando aún vengo presentando mi libro “90”, aparece este. Ustedes se preguntarán porqué no esperamos y la respuesta es que cuando se está en la pasión del trabajo suelen darse esas cosas y más vale que haya demás a que haya menos. En cualquier caso, estamos ante dos libros muy diferentes en que lo único que los une es nuestra presencia personal. En un caso escribiendo y documentando gráficamente una memoria de toda nuestra vida familiar, política, social, cultural y en el otro dialogando sobre el mundo y nuestra comarca. En uno predominan las imágenes, en el otro el texto.

A esta altura puedo decir que es muy gratificante como ha sido acogido “90”, aun por los libreros, que lo han visto como algo muy atractivo y recogen también una buena respuesta del público que advierte algo inusual, novedoso.

Esperamos que la próxima presentación tenga también acogida favorable y por eso invitamos a quienes se interesen. El periodista Nicolás Núñez moderará una charla a tres voces en que estaremos Ana Ribeiro, Pablo Cohen y yo. Como siempre, se trata de despertar interés. Una presentación es un aperitivo para un plato fuerte, que vendrá luego en la lectura del libro, pero en todo caso lo que pretendemos es provocar el pensamiento, la reflexión, la mirada pausada.

Estamos viviendo en el mundo un tiempo de vértigo y de un torrencial flujo de noticias por las redes en que los titulares terminan desvaneciendo el contenido. Por eso estoy insistente con los libros, los propios y los ajenos. Si no le ponemos un poco de racionalidad a ese vértigo de titulares, la mayoría anecdóticos, terminamos confundiéndonos. Quienes por nuestra condición de periodistas y de dirigentes políticos, tenemos una gran responsabilidad que es la de no dejarnos arrastrar por la correntada, poner pausa, hacer razonar y luego seguir la brega diaria.

Suele repetirse que se lee poco. No es verdad. Se siguen leyendo libros. Los diarios desgraciadamente han perdido. Desaparecidas la mayoría de sus clásicas ediciones en papel, nos volcamos a lo digital, que no es lo mismo. Porque es usual que la agresión publicitaria le quite placer a la lectura, y que lo hagamos más con fastidio que con aquella vieja expectativa con que esperábamos el periódico. En todo caso lo digital es una realidad avasallante, de la que también participamos, pero el libro en papel resiste. Lo decimos con entusiasmo y por eso no solo escribimos sino que nos sumamos a estos proyectos de diálogo que son fertilizantes de la vida.

El nuevo sistema de aterrizaje instrumental ILS CAT III instalado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco ya fue calibrado y validado por expertos internacionales, cuenta con el respaldo de la industria aeronáutica mundial y es considerado una herramienta clave para reducir cancelaciones y desvíos durante los meses de niebla. Sin embargo, objeciones planteadas por el sindicato de controladores aéreos mantienen demorada su entrada en funcionamiento. La convocatoria parlamentaria impulsada por el senador Javier García aparece ahora como una instancia fundamental para esclarecer las diferencias y evitar que Uruguay siga postergando una mejora estratégica para su conectividad.

Cada invierno, la niebla provoca cancelaciones, demoras y desvíos de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. El problema no es nuevo y tiene consecuencias que van mucho más allá de la incomodidad de los pasajeros: afecta la confiabilidad operativa del principal aeropuerto uruguayo, encarece los costos para las aerolíneas y reduce la competitividad del país como plataforma logística y de conexiones.

La respuesta a ese problema tiene nombre: Sistema de Aterrizaje Instrumental Categoría III, más conocido como ILS CAT III.

El Instrument Landing System (ILS) es un conjunto de ayudas radioeléctricas que guía a las aeronaves durante la aproximación final y el aterrizaje cuando las referencias visuales son insuficientes. Las distintas categorías determinan el grado de precisión disponible y las condiciones meteorológicas mínimas bajo las cuales puede operar una aeronave.

La Categoría III representa el nivel más avanzado de esta tecnología. Permite realizar aproximaciones y aterrizajes con visibilidades extremadamente reducidas, incluso cuando la niebla impide a los pilotos visualizar la pista hasta los últimos instantes de la maniobra o directamente durante el aterrizaje.

No se trata de una tecnología experimental ni novedosa. Constituye un estándar habitual en los principales aeropuertos internacionales de Europa, Norteamérica y Asia, donde las operaciones deben mantenerse aun bajo condiciones meteorológicas adversas.

Un sistema ya validado internacionalmente

La discusión actual no gira en torno a la viabilidad técnica del sistema.

Según la información presentada por las autoridades aeronáuticas, el equipamiento fue instalado, calibrado y validado mediante inspecciones especializadas realizadas conforme a los estándares internacionales.

Particular relevancia tuvo la participación de un especialista experto de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), cuya intervención permitió verificar el correcto funcionamiento del sistema y su adecuación a las exigencias técnicas requeridas para su habilitación operativa.

La validación internacional constituye un elemento central porque implica que la infraestructura fue sometida a controles independientes bajo criterios reconocidos globalmente.

En otras palabras, el debate no parece radicar en si el sistema funciona o no, sino en las condiciones institucionales y operativas necesarias para su puesta en servicio definitiva.

El reclamo de IATA: antes de que llegue el invierno

La preocupación no se limita al ámbito local.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), que representa a la gran mayoría de las aerolíneas comerciales del mundo, transmitió a las autoridades uruguayas la necesidad de acelerar la implementación del sistema antes del período invernal.

La razón es sencilla.

Las compañías aéreas consideran que cada temporada de nieblas genera pérdidas operativas evitables mediante la utilización del ILS CAT III. Cada vuelo cancelado, demorado o desviado implica costos económicos, alteraciones de programación, afectación de pasajeros y pérdida de eficiencia para toda la red aérea.

Para un país que aspira a consolidarse como centro regional de servicios y conexiones, la confiabilidad operativa del aeropuerto principal constituye un factor estratégico.

La industria aeronáutica internacional observa con preocupación que una tecnología ya instalada y validada continúe sin utilizarse cuando justamente fue diseñada para resolver uno de los principales problemas operativos que enfrenta Carrasco.

Las objeciones del sindicato

La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau) ha expresado reservas respecto de la implementación inmediata del sistema.

Los planteos sindicales pueden resumirse en tres grandes preocupaciones:

1) La necesidad de capacitación específica para el personal encargado de gestionar las operaciones bajo las nuevas condiciones.

2) La disponibilidad de recursos humanos suficientes para garantizar los procedimientos operativos asociados al nuevo sistema.

3) Aspectos de seguridad operacional y a la necesidad de que determinados procedimientos y certificaciones queden plenamente consolidados antes de habilitar la operativa regular.

Desde la perspectiva sindical, la prioridad debe ser asegurar que la implementación se realice con todas las garantías necesarias para los trabajadores y para la seguridad aérea.

Las autoridades aeronáuticas, por su parte, sostienen que los requisitos técnicos y de capacitación exigidos por la normativa internacional han sido cumplidos o se encuentran adecuadamente cubiertos.

La diferencia de interpretación entre ambas posiciones es precisamente lo que ha terminado retrasando la entrada en funcionamiento del sistema.

Mucho más que una discusión laboral

Reducir el debate a una controversia sindical sería un error.

Lo que está en juego es la capacidad de Uruguay para operar con los mismos estándares que los aeropuertos más desarrollados del mundo.

Un aeropuerto que puede mantener operaciones aun bajo condiciones de baja visibilidad resulta más atractivo para las aerolíneas, ofrece mayor previsibilidad a pasajeros y operadores logísticos y mejora su posición dentro de las redes internacionales de transporte.

La conectividad aérea moderna se basa en la confiabilidad. Cada cancelación evitada fortalece la reputación del aeropuerto. Cada desvío evitado reduce costos. Cada operación realizada bajo condiciones meteorológicas adversas incrementa la competitividad del país.

Por esa razón, la puesta en servicio del ILS CAT III no constituye simplemente una mejora técnica. Representa una inversión estratégica en infraestructura capaz de potenciar significativamente la posición de Uruguay dentro del sistema aeronáutico regional.

El papel del Parlamento

Ante la persistencia del conflicto, la intervención parlamentaria promovida por el senador Javier García adquiere una importancia particular.

La convocatoria de las autoridades y de las partes involucradas al ámbito legislativo puede transformarse en una oportunidad para transparentar la información disponible, contrastar los argumentos técnicos y determinar con precisión cuáles son los obstáculos pendientes.

El Parlamento no resolverá cuestiones aeronáuticas especializadas. Pero sí puede contribuir a generar claridad institucional y asegurar que una decisión de relevancia estratégica para el país se adopte sobre la base de información objetiva y verificable.

Si existen requisitos pendientes, deberán identificarse y cumplirse. Si, por el contrario, las condiciones necesarias para la operación ya están dadas, el interés general exige avanzar sin nuevas demoras.

La cuestión de fondo parece estar resuelta desde hace tiempo: Uruguay necesita el ILS CAT III. Lo que resta determinar es cuánto más puede permitirse esperar para utilizar una tecnología que los principales aeropuertos del mundo consideran indispensable desde hace décadas.

La nueva edición ampliada de «Habla Julio», de Pablo Cohen, será presentada el jueves 18 de junio a las 19:00 horas en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo. Participarán el expresidente Julio María Sanguinetti y la historiadora Ana Ribeiro, con moderación del periodista Nicolás Núñez. La obra incorpora cinco nuevas entrevistas que actualizan este diálogo sobre la vida, la política y la historia del Uruguay.

Cinco años después de su primera publicación, Habla Julio regresa a las librerías en una nueva edición ampliada que renueva la vigencia de una obra singular dentro de la bibliografía política uruguaya. El libro, fruto de una extensa conversación entre el periodista y crítico de arte Pablo Cohen y el expresidente Julio María Sanguinetti, propone mucho más que una entrevista: es el retrato de un hombre, de un país y de una época.

A lo largo de sus páginas, Cohen y Sanguinetti desarrollan un diálogo que transita con naturalidad entre la política y la cultura, el periodismo y la historia, los asuntos públicos y las experiencias personales. El resultado es una obra que permite recorrer buena parte de la evolución del Uruguay contemporáneo a través de la mirada de uno de sus protagonistas más relevantes.

La nueva edición incorpora un agregado sustancial: cinco entrevistas recientes realizadas por Cohen que actualizan los principales temas abordados en la versión original y los proyectan sobre los desafíos del presente. Este nuevo material aporta perspectiva sobre los acontecimientos más recientes y reafirma la actualidad de las reflexiones de Sanguinetti acerca de la democracia, las instituciones, la cultura política y la identidad nacional.

El escritor y ensayista Santiago Kovadloff destacó precisamente el valor histórico y testimonial de la obra. Según señaló, Cohen «pregunta con precisión y minuciosidad» y junto a Sanguinetti recorre «la realidad política uruguaya con sus traumas y logros, desde las décadas previas al nacimiento de la nación oriental hasta los días más recientes», resaltando además la condición del expresidente como «indeclinable y polifacético protagonista» de buena parte de esa historia.

Por su parte, el periodista argentino Carlos Pagni subrayó tanto la riqueza del personaje retratado como el mérito del entrevistador. Para Pagni, al concluir la lectura surge «el primer impulso de agradecer», porque el lector ha compartido «una navegación maravillosa» a través de la trayectoria de Sanguinetti. Asimismo, elogió el equilibrio de Cohen entre conocimiento y curiosidad, así como la estructura del libro, que evita una biografía lineal para reproducir el ritmo, las idas y vueltas y la complejidad de la vida misma.

Más que una simple recopilación de entrevistas, Habla Julio constituye un ejercicio de memoria y reflexión sobre las transformaciones políticas, sociales y culturales del Uruguay. La conversación fluye entre episodios históricos, debates ideológicos, anécdotas personales y análisis del presente, ofreciendo al lector una visión amplia y profundamente humana de quien fue dos veces presidente de la República y continúa siendo una referencia ineludible del pensamiento político nacional.

La presentación de esta nueva edición ampliada tendrá lugar el próximo jueves 18 de junio, a las 19:00 horas, en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo (Av. 18 de Julio 1360). Participarán el expresidente Julio María Sanguinetti y la doctora Ana Ribeiro, mientras que la moderación estará a cargo del periodista Nicolás Núñez. La entrada será libre, por orden de llegada, hasta completar el aforo disponible.

Especialistas que participaron del evento “Riesgos del Diálogo Social”, organizado por la Coalición Republicana, advirtieron que varias de las propuestas impulsadas por el gobierno amenazan con deteriorar la sostenibilidad fiscal, debilitar la confianza internacional y comprometer la viabilidad futura del sistema previsional. Las exposiciones de Iván Posada, Isaac Alfie y Rodolfo Saldain coincidieron en señalar que el proceso ha privilegiado consignas políticas por encima de la evidencia técnica y los límites económicos que Uruguay no puede darse el lujo de ignorar.

El llamado “Diálogo Social” impulsado por el gobierno sigue acumulando cuestionamientos de especialistas y dirigentes políticos que observan con preocupación el rumbo que podrían tomar algunas de las reformas que se discuten en materia previsional y de protección social. En un evento denominado “Riesgos del Diálogo Social”, organizado por la Coalición Repúblicana, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie, el exlegislador Iván Posada y el principal arquitecto de la reforma jubilatoria de 2023, Rodolfo Saldain, coincidieron en un diagnóstico severo: las propuestas que circulan amenazan con comprometer la sostenibilidad fiscal, deteriorar la confianza internacional y revertir avances que el país alcanzó tras años de discusión técnica.

Las exposiciones tuvieron un hilo conductor común. Más allá de las diferencias de énfasis, los tres expositores sostuvieron que el proceso impulsado por el Poder Ejecutivo carece de definiciones claras, está sometido a presiones corporativas y corre el riesgo de transformar una discusión técnica en una puja política orientada a satisfacer demandas sectoriales sin considerar sus consecuencias de largo plazo.

Posada: una amenaza para la credibilidad del país

Iván Posada centró buena parte de sus críticas en la posibilidad de habilitar nuevamente jubilaciones anticipadas. A su juicio, esa iniciativa constituye el aspecto más preocupante de todo el proceso de diálogo.

Su razonamiento parte de un hecho que considera incontrovertible: la reforma previsional aprobada en 2023 fue observada favorablemente por los mercados y las calificadoras internacionales porque introdujo mecanismos destinados a contener el crecimiento del gasto previsional. Según Posada, revertir ahora algunos de esos cambios transmitiría una señal de inconsistencia y falta de compromiso con la responsabilidad fiscal.

La advertencia es particularmente relevante porque Uruguay ha construido durante décadas una reputación internacional basada en la estabilidad institucional y el cumplimiento de compromisos. Si el país modifica nuevamente las reglas apenas unos años después de aprobar una reforma estructural, la señal hacia inversores y acreedores sería exactamente la contraria a la que se intentó transmitir en 2023. La consecuencia previsible sería un deterioro de la percepción de riesgo y un eventual encarecimiento del financiamiento para el Estado y para el conjunto de la economía.

En otras palabras, la discusión ya no se limita a la edad de retiro. Lo que está en juego es la credibilidad de Uruguay como país capaz de sostener políticas públicas de largo plazo.

Alfie: el regreso de los errores que llevaron a la crisis

Isaac Alfie fue aún más contundente en su evaluación. El economista advirtió que muchas de las propuestas que circulan dentro del Diálogo Social parecen ignorar restricciones elementales de la realidad económica.

Su crítica apunta a una lógica que considera recurrente en la política uruguaya: prometer beneficios presentes sin explicar quién asumirá los costos futuros. Desde esa perspectiva, reducir exigencias para acceder a jubilaciones o ampliar prestaciones sin financiamiento genuino equivale a trasladar cargas crecientes a las próximas generaciones.

La observación resulta especialmente relevante en un país que enfrenta un proceso de envejecimiento demográfico acelerado. Con menos trabajadores activos por cada jubilado, cualquier expansión de beneficios requiere recursos adicionales permanentes. Pretender lo contrario supone desconocer datos demográficos y financieros que ningún gobierno puede modificar mediante voluntad política.

La advertencia de Alfie, en definitiva, es que el Diálogo Social corre el riesgo de convertirse en un mecanismo para legitimar decisiones previamente definidas por razones ideológicas, sin evaluar rigurosamente sus efectos económicos. Esa dinámica ya produjo problemas en el pasado y podría volver a hacerlo si prevalece la lógica de la complacencia política sobre la evidencia técnica.

Saldain: una reforma sin margen para retroceder

La exposición más contundente fue probablemente la de Rodolfo Saldain, principal redactor de la reforma jubilatoria vigente.

Saldain sostuvo que el margen para reducir nuevamente la edad de retiro es hoy “prácticamente inexistente”, debido a la evolución demográfica y financiera del sistema. A su juicio, la idea de volver masivamente a las jubilaciones a los 60 años desconoce la realidad de un país donde la expectativa de vida continúa aumentando mientras disminuye la proporción de trabajadores activos.

El especialista también cuestionó la confianza depositada por algunos sectores en mecanismos de incentivos para lograr que las personas permanezcan más tiempo en actividad. Según sostuvo, la evidencia disponible demuestra que esos instrumentos tienen una eficacia limitada y difícilmente compensen los costos que generaría una flexibilización generalizada de las condiciones de retiro.

Pero su crítica fue más allá de los aspectos técnicos. Saldain llegó a concluir que el gobierno parece carecer de un rumbo definido en esta materia. La afirmación resulta especialmente significativa porque proviene de quien dedicó años al diseño de la reforma actualmente vigente y conoce en profundidad las restricciones del sistema.

Su diagnóstico es que el Poder Ejecutivo se ha colocado en una situación difícil al abrir expectativas que luego podrían resultar imposibles de satisfacer sin comprometer la sostenibilidad financiera de la seguridad social. La consecuencia sería una frustración política inmediata y un problema fiscal duradero.

Un debate entre la evidencia y la conveniencia política

Las intervenciones de Posada, Alfie y Saldain convergen en una conclusión inquietante: el Diálogo Social parece avanzar sobre una premisa equivocada, la de que los límites económicos pueden ser ignorados si existe suficiente voluntad política.

Sin embargo, la experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario. Los sistemas previsionales terminan respondiendo a variables objetivas —demografía, empleo, productividad y financiamiento— que no desaparecen por un úkase gubernamental. Cuando esas restricciones son ignoradas, los costos terminan emergiendo bajo la forma de déficit crecientes, aumento de impuestos, endeudamiento o reducción futura de prestaciones.

Las advertencias formuladas en el evento no constituyen una defensa corporativa de la reforma de 2023 ni una reacción partidaria. Son, ante todo, un llamado de atención sobre los riesgos de desmontar cambios que fueron adoptados precisamente para enfrentar problemas cuya gravedad continúa vigente.

La cuestión de fondo es sencilla: un país puede discutir cómo distribuir recursos, pero no puede distribuir recursos que no tiene. Y cuanto más tiempo se ignore esa realidad, más costosa terminará siendo la corrección. Las críticas formuladas por Posada, Alfie y Saldain apuntan precisamente a ese punto: la política puede aplazar las consecuencias de las malas decisiones, pero no puede eliminarlas.

Ante el creciente cuestionamiento a la credibilidad de la JUTEP, la iniciativa del diputado colorado Conrado Rodríguez para modificar los criterios de designación de sus autoridades aparece como una respuesta de fondo a un problema institucional cada vez más evidente. Mientras esa reforma se discute, también cobran fuerza alternativas transitorias que incluyen nombres de reconocida trayectoria, incluso provenientes del propio Frente Amplio, para contribuir a recuperar la confianza pública en el organismo.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) atraviesa una de las crisis de credibilidad más profundas desde su creación. Lo que alguna vez fue concebido como un organismo llamado a velar por la ética pública y la transparencia se ha convertido, para una parte creciente de la ciudadanía y del sistema político, en una institución cuya imparcialidad es puesta en duda de forma permanente.

Las críticas no provienen únicamente de la oposición. Incluso figuras históricamente vinculadas a la izquierda y a la propia defensa de los estándares de integridad pública han advertido sobre el deterioro institucional del organismo. El ex presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, ha señalado que tanto este gobierno como el anterior contribuyeron a la partidización del organismo y al aumento de la desconfianza ciudadana hacia la política. En otras oportunidades fue aún más lejos, al afirmar que la JUTEP se encuentra “absolutamente desprestigiada” y que debería mantenerse al margen de las camisetas partidarias.

En este contexto merece ser destacada la iniciativa impulsada por el diputado colorado Conrado Rodríguez. Su propuesta apunta a modificar los criterios para la designación de los futuros integrantes del directorio, elevando las exigencias de idoneidad y procurando que los cargos recaigan en profesionales con sólida trayectoria en la magistratura, la Fiscalía o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La idea parte de un diagnóstico tan evidente como difícil de refutar: la falta de credibilidad y la percepción de partidización están afectando la legitimidad de la institución.

La propuesta tiene el mérito de atacar el problema estructural. La JUTEP no puede seguir siendo percibida como una extensión de las mayorías políticas circunstanciales. Un organismo de control debe inspirar confianza precisamente entre quienes no comparten las posiciones del gobierno de turno. La independencia no puede ser solamente una declaración de principios; debe estar respaldada por mecanismos de designación que reduzcan al mínimo la sospecha de alineamientos partidarios.

Sin embargo, aun cuando la iniciativa prospere, su implementación demandará tiempo. Y el problema de credibilidad es actual, no futuro. Por eso resultan atendibles las voces que plantean la necesidad de una renovación inmediata de la conducción del organismo, particularmente de los directores identificados con el oficialismo y, en especial, de su presidenta, Ana Ferraris, cuya permanencia se ha transformado en un factor adicional de controversia política.

En ese sentido, no deja de ser significativo que algunos de los nombres manejados desde la oposición para una eventual sustitución provengan del propio ámbito frenteamplista. El caso más notorio es el de Ricardo Gil Iribarne, propuesto por dirigentes opositores precisamente porque su trayectoria ha estado asociada a una concepción rigurosa de la transparencia y porque sus posiciones han demostrado independencia respecto de las conveniencias coyunturales de cualquier gobierno. También ha surgido el nombre de Wilfredo Penco, histórico dirigente frenteamplista y actual presidente de la Corte Electoral, cuya reconocida trayectoria institucional y apego a las garantías democráticas le han valido consideración entre todos los actores políticos. Que la oposición mencione figuras de este perfil resulta revelador: el problema no es la filiación política de origen, sino la capacidad de inspirar confianza más allá de ella.

La discusión, en realidad, trasciende a las personas. Lo relevante es el criterio. Si la confianza pública está dañada, la salida no pasa necesariamente por sustituir a directores frenteamplistas por directores blancos o colorados. Pasa por designar figuras cuya solvencia técnica, independencia de juicio y compromiso con la ética pública sean reconocidos incluso por quienes discrepan políticamente con ellas.

La JUTEP enfrenta en estos meses asuntos especialmente sensibles, incluyendo denuncias vinculadas al presidente de la República. En semejante escenario, la fortaleza institucional del organismo es tan importante como sus resoluciones. Un dictamen jurídicamente correcto pierde valor si una parte sustancial de la sociedad sospecha que detrás de él operan consideraciones partidarias.

La reforma impulsada por Conrado Rodríguez ofrece una oportunidad para corregir un diseño institucional que ha mostrado sus limitaciones. Pero mientras ese debate avanza, también resulta razonable explorar soluciones transitorias que permitan recuperar parte de la confianza perdida. Porque la transparencia no depende únicamente de actuar con imparcialidad; depende también de que los ciudadanos crean que esa imparcialidad existe.

Y hoy, lamentablemente, esa confianza está lejos de ser una realidad.

Mientras la Confederación de Sindicatos Industriales vuelve a advertir sobre los riesgos del CPTPP y reclama más protección para la industria nacional, persiste una pregunta incómoda: si las recetas aplicadas durante décadas no lograron evitar el estancamiento del sector, ¿por qué habrían de funcionar ahora?

Las declaraciones del presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Danilo Dárdano, durante una reunión con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reavivaron una discusión recurrente en Uruguay: cómo compatibilizar la protección del empleo industrial con la necesidad de una mayor inserción internacional. Según informó El País el pasado 9 de junio, Dárdano advirtió que el eventual ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) podría ser “un desastre” para parte de la industria manufacturera y provocar pérdidas de puestos de trabajo, particularmente en sectores como el textil. También alertó sobre un eventual “dumping social” derivado de la competencia con economías de menores costos laborales.

La preocupación por el empleo industrial no es nueva ni puede ser desestimada. Uruguay ha experimentado durante años cierres de plantas, dificultades de competitividad y problemas de reinserción laboral para trabajadores desplazados. En ese sentido, el planteo sindical apunta a una realidad concreta: cuando una empresa cierra, la recuperación del empleo suele ser lenta y compleja. Sin embargo, la discusión adquiere otra dimensión cuando las soluciones propuestas consisten en postergar aperturas comerciales, mantener barreras de protección o limitar la competencia internacional.

Precisamente sobre este punto nos pronunciamos en estas páginas el pasado 22 de mayo. Entonces sostuvimos que detrás de las objeciones de la CSI al CPTPP persiste una visión económica cerrada, defensiva y anacrónica, basada en la idea de que el Estado debe proteger indefinidamente sectores que han perdido competitividad. Señalamos que propuestas como prolongar períodos de desgravación arancelaria, reservar mercados para empresas estatales o establecer cuotas obligatorias en las compras públicas terminan consolidando estructuras poco eficientes y reduciendo los incentivos para innovar, invertir y modernizarse.

El contraste resulta particularmente interesante porque el propio Dárdano suele citar ejemplos internacionales que parecen conducir a conclusiones distintas de las que extrae. En declaraciones anteriores, el dirigente sindical destacó a Singapur como un caso exitoso de desarrollo industrial basado en innovación tecnológica, formación profesional y altos salarios. También ha mencionado a Alemania y Francia como ejemplos de economías avanzadas que compiten por productividad y valor agregado, no por salarios deprimidos.

La cuestión es que ninguno de esos países construyó su prosperidad mediante el aislamiento comercial. Por el contrario, se caracterizan por una fuerte inserción en los mercados internacionales, una intensa participación en cadenas globales de valor y una permanente exposición a la competencia. Su experiencia parece sugerir que la clave no reside en cerrar mercados para proteger industrias existentes, sino en crear condiciones para que las empresas puedan competir mejor.

Como expresamos entonces, Uruguay no está perdiendo empleo industrial por comerciar demasiado con el mundo. Más bien ocurre lo contrario: buena parte de sus dificultades provienen de la escasa inserción en los mercados más dinámicos, de las trabas que enfrenta para exportar y de los sobrecostos que pesan sobre la producción nacional. Las economías pequeñas que lograron expandir su base industrial y generar empleo de calidad lo hicieron abriendo mercados, atrayendo inversiones y aumentando sus exportaciones, no levantando muros comerciales.

El debate tampoco puede reducirse a una falsa elección entre trabajadores y apertura económica. La verdadera discusión pasa por determinar qué instrumentos permiten proteger mejor el empleo en el largo plazo. Si la competitividad se construye mediante innovación, capacitación, infraestructura, reducción de costos logísticos y acceso a nuevos mercados, entonces la apertura comercial deja de ser una amenaza en sí misma y pasa a convertirse en una herramienta de desarrollo.

Paradójicamente, varios de los objetivos planteados por Dárdano —agregar valor a la producción nacional, fortalecer proveedores locales, mejorar la formación profesional y promover industrias más sofisticadas— podrían encontrar mayores oportunidades de realización en una economía más integrada al mundo que en una economía más protegida. La diferencia radica en que esos objetivos requieren políticas activas de reconversión y competitividad, no barreras comerciales permanentes.

Hay además un aspecto político que merece atención. Según relató Dárdano tras la reunión con Alejandro Sánchez, “todavía no hay nada definido y eso nos tranquiliza”. La frase sugiere que los dirigentes sindicales salieron del encuentro con la impresión de que el gobierno mantiene abiertas todas las opciones respecto al CPTPP. Cabe esperar que el secretario de Presidencia no haya contribuido a generar expectativas equivocadas en ese sentido. El programa de gobierno del Frente Amplio fue explícito al respaldar una mayor inserción internacional del país, y Uruguay difícilmente pueda permitirse seguir postergando decisiones estratégicas que llevan años de atraso.

Sería una mala noticia que, por intentar evitar conflictos coyunturales con algunos sectores sindicales, el gobierno terminara alimentando la ilusión de que el ingreso al CPTPP puede quedar indefinidamente congelado. Porque si algo ha demostrado la experiencia de las últimas décadas es que el inmovilismo tiene costos. Y suelen pagarlos, precisamente, los trabajadores que se pretende proteger.

La preocupación por el empleo es legítima. Lo que no parece razonable es insistir, una vez más, en las mismas recetas que han fracasado una y otra vez. De ahí el título de esta historia: y dale Juana con la palangana.

Mientras los ministros Gabriel Oddone y Fernanda Cardona ventilan públicamente sus diferencias sobre los incentivos a los vehículos eléctricos, el lobby de los estacioneros aprovecha el vacío para impulsar una revisión de beneficios que amenaza el avance de la movilidad eléctrica. Un escenario que parece desmentir el llamado del presidente Yamandú Orsi a fortalecer la coordinación y el diálogo dentro del propio gobierno.

En marzo, durante una reunión del Consejo de Ministros, el presidente Yamandú Orsi transmitió una preocupación que consideró central para la segunda etapa de su administración: la necesidad de intensificar el trabajo colectivo, fortalecer el diálogo intragabinete y acelerar la coordinación entre las distintas áreas del gobierno. El mensaje fue explícito. Para el mandatario, la gestión no podía avanzar a la velocidad requerida si cada ministerio actuaba por carriles propios.

Tres meses después, la discusión sobre los incentivos a los vehículos eléctricos parece mostrar exactamente lo contrario.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, abrió el debate semanas atrás al anunciar que el gobierno estudia revisar los beneficios fiscales que reciben los vehículos eléctricos, incluyendo exoneraciones tributarias que han sido clave para el crecimiento del sector. La revisión, según explicó, podría comenzar a aplicarse hacia fines de este año.

La respuesta de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, llegó también por los medios. Lejos de respaldar la postura de Economía, sostuvo que la decisión no está tomada y que Uruguay todavía no se encuentra en el momento adecuado para retirar o reducir esos estímulos. Incluso adelantó que trasladará su posición a una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Presidencia.

Las diferencias de criterio son normales en cualquier gobierno. Lo que resulta llamativo es el escenario elegido para procesarlas. Cuando dos ministros expresan posiciones contrapuestas sobre una misma política pública en entrevistas y declaraciones periodísticas, el debate deja de ser una discusión técnica interna y pasa a convertirse en una controversia pública. Exactamente el tipo de dinámica que Orsi pretendía evitar cuando reclamó más diálogo entre sus colaboradores.

La situación se vuelve todavía más compleja porque el vacío generado por esa falta de coordinación está siendo rápidamente ocupado por grupos de interés que buscan influir sobre la decisión gubernamental.

El caso más evidente es el de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu). Los estacioneros vienen manifestando desde hace tiempo su preocupación por el avance de la movilidad eléctrica, que inevitablemente reduce el consumo de combustibles líquidos y afecta el corazón mismo de su negocio. Nada de eso es sorprendente. Toda innovación tecnológica altera mercados, desplaza actividades y obliga a los actores económicos a adaptarse.

Lo que sí resulta significativo es la ofensiva política desplegada por el sector en las últimas semanas. Unvenu presentó un estudio según el cual el Estado habría “resignado” US$ 493 millones entre 2020 y 2025 como consecuencia de los incentivos otorgados a los vehículos eléctricos. Según el informe, la mayor parte de esa cifra corresponde a exoneraciones de Imesi, complementadas por menores ingresos por aranceles, patentes y venta de combustibles.

La cifra ha sido presentada como una suerte de prueba concluyente de que la política de promoción de la movilidad eléctrica resulta excesivamente costosa para las arcas públicas. Sin embargo, la premisa sobre la que se construye el razonamiento merece ser examinada con cuidado.

Hablar de dinero “resignado” supone asumir que esos recursos habrían ingresado efectivamente al Estado si los beneficios no existieran. Pero precisamente el objetivo de los incentivos era crear un mercado que hace apenas unos años era prácticamente inexistente en Uruguay. No hay forma de asegurar que el mismo volumen de ventas se hubiera producido sin exoneraciones. Tampoco el estudio parece incorporar los beneficios derivados de una menor dependencia de combustibles importados, la reducción de emisiones o la consolidación de una matriz energética que el propio país viene promoviendo desde hace más de una década.

Además, no conviene perder de vista quién realiza el planteo. Proviene del sector empresarial que más directamente se ve amenazado por la expansión de los vehículos eléctricos. Es perfectamente legítimo que los estacioneros defiendan sus intereses. Lo que no corresponde es presentar como un análisis neutral lo que en esencia constituye una herramienta de lobby destinada a influir sobre una decisión gubernamental.

En otras palabras, el sector que durante décadas disfrutó de una demanda prácticamente cautiva pretende ahora que el Estado intervenga para ralentizar el avance de una tecnología que pone en cuestión esa comodidad comercial. La vieja “vaca atada” del combustible fósil ya no parece tan segura como antes.

Mientras tanto, el debate sigue expandiéndose.

A las discrepancias entre Economía e Industria y a la presión de los estacioneros se sumó recientemente el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien informó que el Congreso de Intendentes analizará la posibilidad de revisar las bonificaciones en la patente de rodados que hoy reciben los vehículos eléctricos. Bergara recordó que los beneficios iniciales fueron muy importantes y sugirió que podría estudiarse una reducción gradual de esos estímulos.

Así, lo que comenzó como una discusión técnica sobre instrumentos tributarios terminó convirtiéndose en una controversia política que involucra a ministerios, intendencias, empresarios y diversos actores económicos. Y todo ello sin que el Poder Ejecutivo haya logrado transmitir una posición común.

La cuestión de fondo no es si los incentivos deben mantenerse indefinidamente. Ninguna política pública es eterna y toda exoneración merece ser evaluada periódicamente. El problema es otro: cuando el gobierno no procesa internamente sus diferencias, otros actores ocupan el espacio disponible y procuran orientar la discusión hacia sus propios intereses.

Por eso el episodio trasciende largamente el debate sobre autos eléctricos. En realidad, constituye una prueba de la capacidad de coordinación del gobierno. Y si algo dejó claro Orsi en aquel Consejo de Ministros de marzo es que esperaba que las diferencias se discutieran primero entre ministros y después, recién después, frente a los micrófonos.

Mientras el PIT-CNT volvió a reclamar más gasto público, más recursos para la educación, reducción de la jornada laboral y nuevos impuestos durante el paro parcial del 10 de junio, el ministro Gabriel Oddone respondió con un mensaje de realismo fiscal: el gravamen al 1% más rico no integra la agenda del gobierno. La distancia entre las reivindicaciones sindicales y las restricciones económicas volvió a quedar expuesta.

El paro general parcial convocado por el PIT-CNT el pasado 10 de junio volvió a poner de manifiesto una característica que se ha transformado en una constante de la central sindical: la capacidad de formular reclamos cada vez más ambiciosos, desconectados de las restricciones económicas reales y de las prioridades que enfrenta el país. Bajo la consigna de impulsar un “Uruguay de transformaciones profundas”, la dirigencia sindical reclamó más gasto público, más recursos para la educación, reducción de la jornada laboral y, de nuevo, la creación de un nuevo impuesto dirigido al 1% más rico de la población.

El problema no es que existan aspiraciones de mejora. Toda sociedad democrática vive de la discusión sobre cómo distribuir mejor los recursos. El problema aparece cuando los reclamos parecen ignorar una cuestión elemental: los recursos son finitos y las decisiones públicas tienen costos.

Durante la movilización, el PIT-CNT denunció que la próxima Rendición de Cuentas tendría un carácter de “ajuste” y exigió que el gobierno desplegara las llamadas “energías transformadoras”. También insistió en mayores asignaciones para la educación pública y reivindicó la realización del cuarto Congreso Nacional de Educación.

Sin embargo, la retórica de la transformación permanente suele chocar con una realidad menos romántica: Uruguay enfrenta un escenario internacional incierto, un crecimiento económico más moderado que el previsto inicialmente y una necesidad evidente de preservar los equilibrios fiscales. Pretender que cada demanda sectorial se traduzca automáticamente en más gasto público es una fórmula conocida que, históricamente, termina financiándose con más impuestos, más endeudamiento o ambas cosas a la vez.

La paradoja es que muchos de los reclamos sindicales parecen formularse como si el gobierno dispusiera de una fuente inagotable de recursos. Más presupuesto para educación. Más transferencias. Menos horas trabajadas. Más programas públicos. Más expansión estatal. Pero casi nunca aparece una explicación seria sobre quién paga la cuenta.

Quizás el ejemplo más evidente de esta lógica sea la insistencia del PIT-CNT en crear un impuesto específico sobre el 1% más rico de la población. La propuesta es presentada como una solución sencilla para financiar nuevas políticas públicas, aunque la experiencia internacional demuestra que los sistemas tributarios son bastante más complejos que un eslogan de movilización.

Por eso resultó especialmente relevante la respuesta del ministro de Economía, Gabriel Oddone. Ante un nuevo planteo de la central sindical, el titular del MEF fue categórico: ese impuesto “no está contemplado” durante este período de gobierno. Más aún, sostuvo que el gobierno no necesita nuevos recursos tributarios para cumplir sus objetivos y descartó expresamente incorporar esa iniciativa a la agenda oficial.

La contundencia de la respuesta merece destacarse porque introduce un principio que con frecuencia desaparece del debate público: la responsabilidad fiscal. No todo problema se resuelve creando un impuesto nuevo. No toda reivindicación social justifica aumentar la presión tributaria. Y no toda demanda sindical debe transformarse automáticamente en política pública.

De hecho, la posición de Oddone resulta particularmente significativa porque proviene de un gobierno al que el PIT-CNT considera políticamente cercano. La negativa demuestra que incluso dentro de la actual administración existe conciencia de que el crecimiento económico, la inversión y la estabilidad fiscal no son obstáculos para la justicia social, sino condiciones necesarias para hacerla sostenible.

La central sindical tiene pleno derecho a reclamar. Forma parte de su función institucional. Pero también corresponde exigirle un mínimo de responsabilidad intelectual. Cuando se plantea simultáneamente más gasto, menos horas de trabajo, más programas públicos y más impuestos, sin una evaluación rigurosa de los efectos económicos de esas medidas, el resultado deja de ser una plataforma de transformación para convertirse en un catálogo de deseos.

La discusión sobre el futuro del país exige algo más que consignas. Exige prioridades, costos y decisiones. Y en ese terreno, la respuesta de Oddone al impuesto sobre el 1% más rico constituyó un oportuno recordatorio de que gobernar implica administrar realidades, no simplemente acumular reivindicaciones.

El riesgo para el PIT-CNT es que, a fuerza de reclamarlo todo al mismo tiempo, termine perdiendo credibilidad incluso en aquellas causas que sí merecen atención. Porque cuando cada Rendición de Cuentas es denunciada como un ajuste, cuando cada límite presupuestal es presentado como una claudicación y cuando cada restricción fiscal es tratada como una excusa, la palabra termina perdiendo peso.

Y cuando eso ocurre, la protesta deja de ser una herramienta de cambio para convertirse en una rutina.

Lo que debía ser una sencilla ratificación parlamentaria de tres fiscales departamentales terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de confrontación política en torno a la Fiscalía General de la Nación. Con una maniobra inesperada, el Frente Amplio retiró del orden del día las venias que ya contaban con acuerdo previo entre las bancadas, desatando una fuerte reacción de la oposición. Javier García y Andrés Ojeda denunciaron una ofensiva contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, mientras crecieron los señalamientos hacia el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, como inspirador de una decisión que vuelve a tensar la relación entre el gobierno y el Ministerio Público.

La sesión del Senado del miércoles 10 de junio dejó una de las situaciones institucionales más controvertidas desde el inicio del actual gobierno. Cuando existía un acuerdo previo entre las bancadas para aprobar las venias de tres fiscales departamentales surgidas de concursos públicos, el oficialismo resolvió retirar intempestivamente el asunto del orden del día y devolverlo a comisión, sin brindar explicaciones de fondo en sala. La decisión provocó una inmediata reacción de la oposición, que denunció una nueva ofensiva política contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

Las venias correspondían a las fiscales María Fernanda Delpino, Victoria Cristiani y Ana Inés Iriarte, cuyos ascensos habían sido promovidos por la Fiscalía General de la Nación y remitidos por el propio Poder Ejecutivo al Parlamento. El asunto había sido acordado previamente en la coordinación interpartidaria realizada el lunes, por lo que el brusco cambio de postura del Frente Amplio sorprendió incluso a legisladores que participaron de esas conversaciones.

La moción para devolver el expediente a comisión fue presentada por el senador oficialista Aníbal Gloodtdofsky. En ese momento no se ofrecieron fundamentos sustanciales para justificar la medida, lo que alimentó las sospechas de la oposición respecto de una decisión tomada fuera del ámbito parlamentario.

García: “La orden es clara de quién vino”

El senador nacionalista Javier García fue uno de los más duros en sus cuestionamientos. Recordó que el tratamiento de las venias había sido acordado dos días antes y denunció que el oficialismo cambió de posición sin explicación alguna.

“Es una situación grave. Hoy, intempestivamente, el Frente Amplio lo retira sin argumentos”.

Más adelante fue todavía más lejos al señalar:

“Quiere decir que fue una orden. Y la orden es clara de quién vino. De Torre Ejecutiva. Obviamente”.

Para García, el episodio no puede analizarse aisladamente sino en el marco de una confrontación política más amplia con la conducción actual de la Fiscalía General de la Nación. Según sostuvo, existe una campaña sistemática destinada a debilitar a Ferrero y a erosionar su capacidad de gestión.

Ojeda: “Si esto no genera suspicacias...”

El senador colorado Andrés Ojeda también expresó una fuerte preocupación por lo ocurrido. Recordó que históricamente el Parlamento ha respetado los resultados de los concursos realizados por la Fiscalía y que nunca había cuestionado el orden de prelación cuando se trataba de ascensos técnicos.

Visiblemente crítico, afirmó en su cuenta de X:

“Esto es grave, hay fiscalías acéfalas, se necesitan estas venias como el aire, esto nunca pasó y se hace sin ninguna explicación; da lugar a todas las suspicacias”.

Y añadió:

“Sin argumentar razones, sin motivos explícitos. Raro. La orden apareció esta mañana telefónicamente dicen. Sin duda que la Torre Ejecutiva está atrás. El ataque a la fiscalía desde el oficialismo llega a extremos peligrosos institucionalmente”.

Las palabras de Ojeda adquieren especial relevancia porque el senador colorado ha sido uno de los principales impulsores del respaldo opositor a Ferrero como fiscal de Corte, postura que terminó siendo acompañada por el resto de la Coalición Republicana meses atrás.

La sombra de Jorge Díaz

Aunque desde el oficialismo se intentó presentar la decisión como una simple consulta sobre los criterios utilizados para los ascensos, la explicación resultó poco convincente para la oposición.

Los legisladores frenteamplistas sostuvieron posteriormente que deseaban conocer por qué las fiscales propuestas ocupaban los lugares quinto, octavo y décimo de la lista de prelación. Sin embargo, desde la Fiscalía se recordó que los concursos habían seguido los procedimientos habituales y que las designaciones respondían a vacantes concretas y a decisiones ya previstas dentro de la estructura del organismo.

La oposición encuentra difícil creer que una decisión de semejante magnitud haya surgido espontáneamente de la bancada oficialista. Por el contrario, varios dirigentes señalaron directamente hacia la Torre Ejecutiva y, particularmente, hacia el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

La sospecha no aparece en el vacío. Desde el comienzo de la actual administración, Díaz ha sido identificado como uno de los principales impulsores de cambios en la conducción de la Fiscalía y de la búsqueda de alternativas para sustituir a Ferrero. Las tensiones entre el gobierno y la fiscal subrogante han sido constantes, al punto que la Coalición Republicana resolvió meses atrás cerrar filas en defensa de su continuidad y advertir que no acompañará intentos de desplazarla.

Por eso, para la oposición, la postergación de estas venias constituye algo más que un trámite administrativo. Se interpreta como una maniobra destinada a limitar la capacidad operativa de la Fiscalía, retrasando la cobertura de cargos necesarios para el funcionamiento del organismo y enviando una señal política hacia quien hoy ejerce la máxima responsabilidad institucional dentro del Ministerio Público.

Una señal institucional inquietante

Más allá de las explicaciones formales posteriores, lo ocurrido en la sesión del miércoles deja una pregunta incómoda. Si existía acuerdo político, si las venias provenían del propio Poder Ejecutivo y si no existían objeciones planteadas previamente durante el trámite parlamentario, ¿qué motivó el repentino cambio de posición del oficialismo?

La ausencia de una respuesta clara es precisamente lo que alimenta las sospechas. Y en un asunto tan sensible como el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, la opacidad no contribuye a fortalecer la confianza institucional.

La sensación que dejó la jornada es que la discusión ya no gira sobre tres ascensos concretos, sino sobre una disputa de poder mucho más profunda: la que enfrenta a quienes buscan preservar la autonomía de la Fiscalía bajo la conducción de Mónica Ferrero y quienes continúan intentando modificar ese equilibrio desde los centros políticos del gobierno. En esa batalla, la sesión del 10 de junio fue un nuevo capítulo. Y para la oposición, todas las señales conducen nuevamente hacia el mismo despacho de Torre Ejecutiva: el del prosecretario Jorge Díaz.

Por Luis Hierro López

La gestión de la JUTEP es expresiva de lo que ocurre con todo el gobierno.

Ha sido seria y pragmática la propuesta del diputado Conrado Rodríguez en el sentido de reformular las condiciones que deben tener los miembros de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), para darle a esa institución la jerarquía que corresponde. La partidización de esa dependencia pública, permitida en forma poco responsable por el gobierno, ha provocado que los custodios de los procedimientos de transparencia hayan perdido el respeto de la opinión pública y de los partidos políticos, en un proceso de debilitamiento institucional que, lamentablemente, se ha dado progresivamente en varios ámbitos del Estado.

Cuando se produjeron las denuncias contra el presidente de ASSE, Dr. Danza, tanto el gobierno como la JUTEP se abroquelaron para defender a su compañero político, sin medir el enorme daño que se le estaba haciendo a una organización que debería estar ubicada casi a nivel de la Justicia para desarrollar sus importantes funciones. Los representantes del gobierno en la JUTEP desoyeron los asesoramientos técnicos, que claramente indicaban que el Dr. Danza había cometido irregularidades al frente de ASSE —particularmente, al cobrar una partida por servicios full-time, cuando era notorio que trabajaba a la vez en el sector privado— y se aprestaron a defenderlo a cualquier precio.

El descrédito fue de tal entidad que hubo varios dirigentes políticos que cortaron por lo sano y propusieron cerrar la Junta y eliminarla, en una arremetida que todavía tiene ecos.

En cambio, el diputado Conrado Rodríguez propone, con sentido común y buen criterio legislativo, que se modifique la ley para que los integrantes de la Junta sean exmagistrados con por lo menos diez años de experiencia, con lo que se estaría evitando que respondan a mandatos partidarios como ocurrió últimamente.

Sería muy positivo que el Frente Amplio se sume a esta iniciativa, dejando de lado —aunque sea por una vez— sus intereses políticos y pensando en el interés general. Como se viene demostrando, la selección de autoridades por parte de los sectores oficiales, promoviendo a los altos cargos del Estado a “los compañeros”, ha significado un rotundo fracaso. Ya hubo varios casos estrepitosos de ministros y directores de empresas públicas que claramente no estaban capacitados para sus funciones, lo que desprestigia a la política en general y al Frente Amplio en particular. La abrupta caída en las encuestas de la imagen del gobierno y del presidente debe estar vinculada a este proceso, en el que el oficialismo entendía que tiene derecho a promover a sus amigos, aunque no pasen los mínimos filtros. No es así. Las tareas de responsabilidad deben ser cumplidas por personas con formación, decentes, dispuestas al servicio público, lo que requiere dedicación, eficiencia y seriedad.

Tampoco se trata de actuar con la espontaneidad de un vecino, nueva categoría con la que la señora Lucía Topolansky intenta justificar la polémica actuación del presidente Orsi con su camioneta. Se utiliza la expresión vecino como si ella fuera, en sí misma, un elogio, partiendo del prejuicio de que todos los vecinos son buenos. Pero ocurre que el señor Orsi no es un vecino, sino que es el presidente y debe actuar siempre con la más alta exigencia moral y técnica.

La cultura “tupa-mpp” ha significado una acentuada permisividad con actitudes incompatibles con los deberes que los funcionarios públicos deben respetar, desde los evasores consuetudinarios a los que violan las normas. Esa complicidad lleva ahora al Frente Amplio a acoger al señor Alejandro Astesiano con honores y reconocimientos... En ese mundo del revés perdemos todos, pierde el país, pierde el gobierno y pierden las instituciones, que se desvalorizan y se debilitan.

Por Santiago Torres

La elección presidencial peruana, definida por una diferencia mínima y con el voto exterior adquiriendo potencialmente un papel decisivo, reabre un debate incómodo pero necesario: hasta qué punto quienes no residen en un país deben poder determinar el destino político de quienes sí vivirán las consecuencias cotidianas de esa decisión. Una discusión especialmente relevante para Uruguay, donde la ciudadanía ya rechazó esa posibilidad en el plebiscito de 2009.

La dramática definición electoral que vive Perú deja múltiples enseñanzas para América Latina. Una de ellas, probablemente la más incómoda, refiere al papel que puede desempeñar el voto en el exterior cuando una elección se define por márgenes mínimos. Y esa es una lección especialmente relevante para Uruguay.

Conviene hacer una aclaración previa. Este análisis es deliberadamente independiente del resultado final. No importa si la presidencia termina en manos de Keiko Fujimori o de Roberto Sánchez. Tampoco importa cuál de los dos candidatos resulte beneficiado por los votos provenientes del extranjero. El problema es anterior y más profundo: ¿es razonable que ciudadanos que no viven en un país, que no pagan impuestos en él, que no utilizan sus servicios públicos y que no padecerán directamente las consecuencias de las decisiones gubernamentales puedan terminar definiendo quién gobernará a quienes sí residen allí?

La pregunta no es nueva, pero la elección peruana la ha vuelto a colocar en primer plano.

El caso peruano

Durante varios días, el escrutinio peruano mostró diferencias inferiores a los mil votos entre ambos candidatos. En ese contexto, las actas provenientes del exterior adquirieron una relevancia extraordinaria.

No se trata simplemente de un dato estadístico. Cuando una elección se define por centenares de sufragios, el voto exterior deja de ser un complemento del proceso democrático para transformarse potencialmente en su factor decisivo.

La situación genera una paradoja evidente. Quienes viven en Lima, Arequipa, Trujillo o Cusco deberán convivir durante los próximos cinco años con las consecuencias de las políticas económicas, tributarias, educativas, sanitarias o de seguridad que adopte el próximo gobierno. Sin embargo, el desenlace podría quedar determinado por ciudadanos que residen en Madrid, Miami, Buenos Aires, Montevideo o Nueva York y que no estarán sometidos a esos efectos.

No se trata de cuestionar el patriotismo de los emigrados ni de negar sus vínculos afectivos con su país de origen. Muchos mantienen lazos familiares, económicos y culturales profundos. El problema es otro: la democracia supone una relación entre derechos y responsabilidades. Cuando esa relación se rompe, aparecen tensiones inevitables.

La representación sin consecuencias

Las democracias modernas se basan en una idea elemental: quienes eligen a los gobernantes son quienes deberán soportar o disfrutar las consecuencias de sus decisiones.

Ese principio se vuelve difuso cuando el votante reside permanentemente fuera de las fronteras nacionales.

El ciudadano que vive en el exterior no sufrirá directamente una eventual crisis económica, no enfrentará los problemas de inseguridad pública, no dependerá del sistema educativo nacional ni utilizará cotidianamente los servicios financiados por los contribuyentes locales. Sin embargo, puede participar de manera decisiva en la definición de quién administrará esos asuntos.

Naturalmente, existen argumentos en sentido contrario. Se sostiene que la nacionalidad no desaparece por el hecho de emigrar y que quienes mantienen vínculos con su país conservan el derecho a participar de su vida política.

Es una posición legítima. Pero también es legítimo preguntarse si ese derecho debería ser absoluto cuando existe la posibilidad de que termine anulando o alterando la voluntad predominante de quienes efectivamente residen en el territorio nacional.

Una advertencia para Uruguay

La discusión tiene especial relevancia para Uruguay.

Desde hace décadas, el Frente Amplio impulsa distintas iniciativas destinadas a habilitar el voto desde el exterior. Lo ha hecho bajo diversos formatos y argumentos, pero con una persistencia que podría resumirse en una expresión inglesa particularmente apropiada: no matter what (me permito agregar, a guisa de complemento, otra expresión en inglés: as usual).

Sin embargo, existe un hecho político e institucional imposible de ignorar. En 2009 la ciudadanía uruguaya fue convocada específicamente para pronunciarse sobre esta cuestión y rechazó la reforma constitucional que habría habilitado el voto epistolar desde el exterior.

La decisión fue clara. La mayoría de los votantes entendió que el sufragio debía continuar vinculado a la presencia física en el territorio nacional.

Desde entonces, diversos dirigentes frenteamplistas han continuado promoviendo mecanismos alternativos para alcanzar un objetivo que la ciudadanía ya rechazó en las urnas.

Pero es a lo que nos tiene acostumbrados el Frente Amplio: si no gano, no vale.

Una cuestión de legitimidad democrática

El argumento no debería interpretarse como una descalificación hacia los uruguayos que viven fuera del país. Muchos de ellos mantienen vínculos permanentes con Uruguay, envían remesas, conservan propiedades o proyectan regresar algún día.

Pero la legitimidad democrática exige algo más que un vínculo sentimental.

Exige una comunidad política integrada por personas que comparten no sólo una identidad, sino también las consecuencias concretas de las decisiones colectivas.

Cuando una elección es decidida por ciudadanos que no experimentarán esas consecuencias, surge inevitablemente una pregunta sobre la equidad del proceso.

La experiencia peruana constituye una advertencia particularmente ilustrativa. Hoy el debate no gira únicamente en torno a quién ganó. También gira en torno a quién terminó definiendo el resultado.

Una discusión que seguirá abierta

La globalización, las migraciones masivas y la creciente movilidad internacional hacen que esta discusión sea cada vez más frecuente en las democracias contemporáneas.

No existe una respuesta universal. Algunos países habilitan plenamente el voto exterior. Otros lo restringen. Algunos establecen límites temporales. Otros exigen determinados vínculos de residencia.

Lo que sí parece evidente es que la cuestión merece un debate serio y desapasionado.

La elección peruana demuestra que el problema deja de ser teórico cuando unos pocos cientos de votos pueden decidir el destino de millones de personas.

Y en ese escenario, la pregunta central conserva toda su vigencia: ¿debe tener el mismo peso electoral quien vivirá las consecuencias de una decisión política que quien las observará desde miles de kilómetros de distancia?

Es una pregunta incómoda. Pero precisamente por eso merece ser formulada. Y para este servidor la respuesta es clara.

Por Elena Grauert

El gobierno evalúa eliminar las exoneraciones tributarias a los vehículos eléctricos con el argumento de que el mercado ya alcanzó su madurez. Sin embargo, la medida genera cuestionamientos sobre sus efectos en la transición energética, el costo de vida y la competitividad del país. Quienes la critican sostienen que Uruguay aún está lejos de consolidar un parque automotor electrificado y advierten que encarecer esta tecnología podría frenar un proceso que recién comienza a mostrar resultados significativos.

Hay una lógica perversa que suele repetirse en la gestión pública: cuando una política funciona, se la elimina. Se invoca entonces algún criterio técnico —“el mercado ya maduró”, “el subsidio ya cumplió su objetivo”— para justificar lo que en el fondo es una decisión fiscal disfrazada de pragmatismo. El anuncio del ministro de Economía, Gabriel Oddone, de revisar y suprimir las exoneraciones al vehículo eléctrico es, precisamente, un ejemplo de esa lógica.

Uruguay había construido, con paciencia y coherencia, un modelo de incentivos a la movilidad eléctrica que comenzó a dar resultados visibles recién en los últimos años.

En el primer cuatrimestre de 2026, se vendieron 7.358 unidades de vehículos eléctricos, un crecimiento del 133% respecto al mismo período del año anterior.

Los autos eléctricos representan hoy el 30% del total de vehículos comercializados en lo que va del año. Ante esa realidad, el ministro declaró que “el régimen ya maduró” y que “no se requiere la magnitud de resignación tributaria que tenemos”.

¿Qué significa que ya maduró?

La conclusión, como siempre, va en contra de la razón. Si el objetivo es mantener la venta y promover un cumplimiento con metas ambientales, le advertimos al ministro que, en la medida en que los encarezca, el mercado se va a retraer, porque todavía andar en un auto eléctrico no da la autonomía que tienen los que funcionan con combustibles fósiles; por tanto, el interés claramente va a disminuir, volviendo rápidamente a lo anterior o a algo similar.

El 30% de participación en ventas mensuales es un indicador de demanda activa, no de transformación estructural del parque automotor. Lo cierto es que los vehículos eléctricos ocupan el 2% del total del parque automotor en circulación en Uruguay. Es decir: el 98% restante sigue siendo de combustión interna.

Por tanto, hablar de transición consolidada es una falacia, y si se llegó en este año al 30%, fue claramente por la suba incesante del combustible, que de un plumazo subió un 21%.

En cuatro años, la cantidad de vehículos eléctricos se multiplicó casi por treinta en el país, pero esa base de partida era tan pequeña que aún estamos muy lejos de la penetración necesaria para hablar de una transición consolidada.

Es lamentable volver atrás y resulta contradictorio, ya que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en mayo de 2026, afirmó: “El instrumento ha sido fantástico. El estímulo ha permitido que la gente adopte una tecnología nueva, moderna, a la cual el gobierno quería llevar”.

¿Por qué desarmarlo precisamente cuando está en su mejor momento? La respuesta, honesta aunque no explicitada, se llama ajuste fiscal. Lo que se deja de percibir de IMESI y de la Tasa Global Arancelaria exonerados se vuelve, en términos nominales, cada vez más cuantioso. Y, en un contexto de ajuste, cualquier cifra que pueda recapturarse resulta tentadora.

Estudiando un poco lo que ha sucedido en el mundo, vemos que lo ocurrido en Dinamarca, que en 2016 redujo sus incentivos fiscales a los eléctricos antes de consolidar el mercado, es ilustrativo: las ventas cayeron un 70% en cuestión de meses. Por la sencilla razón de que, de por sí, el auto eléctrico no tiene las mismas ventajas que el de combustible en cuanto a su autonomía.

A lo que sumamos que en Uruguay no se ha alcanzado un mercado consolidado de infraestructura de carga, ni un mercado de segunda mano de vehículos eléctricos suficientemente desarrollado. En ese contexto, el precio de compra —donde actúa el IMESI— sigue siendo el principal determinante de la decisión del consumidor.

No estando maduro el mercado, su aplicación encarecerá el acceso a esta tecnología precisamente para el segmento de la clase media que ha comenzado a adoptarla.

Eliminar estos incentivos sin transición gradual ni período de gracia es trasladar el costo de un rebalanceo fiscal al bolsillo del ciudadano que hizo exactamente lo que el Estado le pedía que hiciera: adoptar tecnología limpia. Es cambiar las reglas de juego y encarecer el costo de vida, sobre todo de muchos trabajadores del transporte, que vieron en el eléctrico una oportunidad para ganar más rentabilidad, y hoy también ese negocio u oportunidad se ve amenazado.

Llama la atención que, habiendo suscrito Uruguay compromisos ambientales en el marco del Acuerdo de París y de otras convenciones internacionales que implican metas concretas de reducción de emisiones y de transformación de la matriz de transporte, se haga caso omiso, comprometiendo a su vez el prestigio del país en cuanto al cumplimiento de la normativa internacional, cuando además el tema fiscal solo puede solucionarse fehacientemente bajando el gasto público.

La descarbonización del transporte no es un objetivo opcional ni cosmético. Uruguay tiene una matriz eléctrica limpia —basada mayoritariamente en energía eólica, hidroeléctrica y solar—, lo que hace que la electrificación del transporte sea aquí especialmente eficaz en términos de reducción real de emisiones, a diferencia de países donde la electricidad proviene principalmente del carbón. Renunciar a ese diferencial competitivo para capturar recaudación de corto plazo es un intercambio desfavorable. ¿Dónde quedó el Uruguay Natural?

El propio Oddone reconoció que el aumento de los vehículos eléctricos “está alineado con la meta del gobierno de reducir emisiones”. Si la meta sigue vigente, la política que la sostiene no debería desmantelarse. A menos que las metas sean, en la práctica, más retóricas que reales.

Cabe recordar que en el programa de gobierno del Frente Amplio hay un compromiso con la transformación energética, el uso de tecnologías limpias y la descarbonización del transporte, por lo que la medida propuesta claramente implica otra contradicción e incumplimiento más del Frente Amplio.

Es increíble que, por una parte, la ministra de Industria, Dra. Cardona, requiera que las intendencias compren Portland ANCAP, subsidiando ineficiencias y encareciendo las obras de las intendencias, en vez de terminar con esa producción que nos cuesta entre 25 y 30 millones anuales, y que, por otra, se elimine el beneficio tributario del auto eléctrico a la gente. Ello ha generado empleo en UBER y taxis, ganancias genuinas y precios que se mantienen y no quedan al son de las subas del petróleo. Estamos hablando de trabajadores, clase media, independientes, no grandes empresarios, o personas que hacen reparto, traslados, etc.

Habría que advertirle a ambos ministros que lo que están atacando siempre es a la clase media, al trabajo de quienes producen a su riesgo, sin pedir subsidios al Estado ni agrandar sus costos; son los que salen a la calle a producir.

¿Por qué nunca piensan que lo que se debe hacer es bajar costos, bajar el precio de los combustibles, quitar impuestos y, con ello, dejar espacio para que el mercado genere riqueza?

Esta forma de proceder revela una concepción instrumental y cortoplacista de la política pública: los incentivos son interruptores que se encienden cuando convienen y se apagan cuando estorban, sin atención a las expectativas razonables que generan en los agentes económicos que tomaron decisiones —de compra, de inversión, de planificación— confiando en su continuidad.

Cada regulación, cada tributo, cada aumento, es un paso menos hacia la inversión, la seguridad y el futuro. El Uruguay crece con su gente, con los que invierten, generan trabajo, arriesgan y crean, no con un Estado cada vez más grande, anquilosado, que gasta y no empuja el porvenir.

Por Tomás Laguna

Como hace poco más de ocho años, ciudadanos indignados vuelven hoy a salir a la ruta en forma espontánea, solo movidos por sus enojos, en un único reclamo contra un país y un Estado que entienden los agobia y limita en sus expectativas y esfuerzos por salir adelante a partir de sus trabajos y emprendimientos personales. Sucesos no siempre predecibles desde el poder, que bien le pueden ocurrir a cualquier gobierno. Ocurre que es a la izquierda a quien le vuelve a explotar en la cara semejante circunstancia.

Apenas despuntaba el 2018, ya en pleno verano, cuando gran parte del país estaba en tren de gozar de licencias, con el disfrute estival y la siesta veraniega. En particular los cuadros de gobierno.

Fue entonces que, sin aviso previo y como reguero de pólvora, el país se vio sacudido por movilizaciones espontáneas que, desde todos los rincones, confluyeron en Durazno, pleno centro del país, en una común reivindicación contra la postergación que vivía por entonces el interior de la República. La multitudinaria movilización surgió sin participación de las gremiales del agro ni tampoco de cámaras empresariales. Mucho menos de partidos políticos. El grueso de los participantes fueron ciudadanos de a pie, pequeños productores, trabajadores, comerciantes y transportistas.

La chispa que detonó aquella convocatoria fue la negativa del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, a recibir al conjunto de las gremiales rurales tras una reiterada solicitud de audiencia, motivadas por varios reclamos referidos a dificultades crecientes en materia de competitividad y rentabilidad en los diferentes rubros de la actividad agropecuaria. Ante la convicción de que las gremiales no serían recibidas, se extendió en toda la sociedad vinculada al ambiente agropecuario un creciente malestar generalizado que superó a las mismas gremiales solicitantes. Los enojos se acumulaban desde mucho tiempo atrás.

Decíamos por entonces, y desde este espacio, que el campo uruguayo, término que desde siempre fastidió a la izquierda urbana, en toda su multiplicidad de rubros y realidades conexas, se posicionó como el gran contestatario espontáneo de la izquierda en el gobierno, incluso por encima de los mismos partidos de oposición y poniendo en cuestión la representatividad de las gremiales rurales. La izquierda desprevenida nunca supo cómo enfrentar aquella movilización masiva de alcance nacional, mostrándose desorientada respecto de la multitudinaria movilización. Tan fue así que Juan Castillo, por entonces entre los principales dirigentes sindicales y agitador social, hoy ministro de Trabajo y Seguridad Social, no tuvo reparos en desacreditar al movimiento Un Solo Uruguay atribuyéndole fines de desestabilización del gobierno. Hoy nos animamos a afirmar que aquella movilización fue el inicio del fin de la izquierda en el gobierno, perdiendo las elecciones un año más tarde.

Saltamos en el tiempo ocho años y cuatro meses. El fenómeno de los autoconvocados vuelve a repetirse, también con la izquierda en el gobierno. Esta vez la chispa es la consabida Guía Electrónica de Carga como instrumento de control digital a exigir al servicio de transporte de carga en todo el país. Decimos que es el detonador, porque luego a la proclama se agregó con contundencia el reclamo por los elevados costos y la dificultad para sobrevivir que cualquier empresa de servicios o producción sufre en nuestro país. En particular por el costo del gasoil. No en vano fue que a la movilización se sumaron productores rurales en el entorno de cada convocatoria.

En enero de 2018 todo se inició desde Paysandú; esta vez el foco principal se ubicó un poco más al norte, en Salto. No es un detalle a desatender que desde el norte de la República es de donde suele surgir la disconformidad más generalizada.

Si bien esta nueva movilización tuvo varios focos regionales en el país, hasta ahora no ha tenido la magnitud de la ocurrida en 2018. Pero no por eso se la debe subestimar; todo lo contrario. La gente indignada tiene motivaciones que no son ideológicas ni políticas, mucho menos antisistema. Es gente exasperada en su impotencia por poder salir adelante con su trabajo y esfuerzo personal. No se trata de corporaciones de transportistas o de ruralistas; son ciudadanos expresando por sí mismos su impotencia ante el agobio de las trabas y dificultades para proyectarse a través de sus esfuerzos personales, intentando sacar una pequeña empresa adelante.

En la proclama del movimiento Un Solo Uruguay del año 2018, en uno de sus párrafos se expresaba: “Sentimos todos los aquí presentes que estamos cansados de políticas de control sin obtener a cambio nada redituable. Hoy, desde el más pequeño emprendimiento familiar hasta la empresa más grande, debe destinar una gran cantidad de recursos relativos para mantener al día toda la información que exige el Estado, llenando formularios, planillas, llevando controles de todo tipo y color. No se trata de impuestos en este caso, pero sin duda que se traducen en costos para todos, costos que no producen nada, que no generan nada más que desidia a la hora de emprender. Se hace imprescindible el cambio de políticas de control por políticas de desarrollo, de estímulo al emprendedor, a la inversión, a la innovación y a la generación de puestos de trabajo genuinos”. Este párrafo de aquel manifiesto adquiere hoy plena vigencia tras la principal motivación de los autoconvocados de hoy.

Es necesario comprender las dificultades para sobrevivir de muchos pequeños empresarios, en algunos casos marginales, condicionados por los altos costos estructurales de este país. Si se reconoce esta realidad, se hace entonces entendible la enervada resistencia a la Guía Electrónica de Carga. Estamos ante una realidad social y, como tal, hay que entenderla y atenderla.

Es lo que deberían comprender los burócratas que, desde las oficinas de gobierno, pretenden regularnos la vida a los uruguayos.

Por Juan Carlos Nogueira

Para autor, la propuesta de una renta básica universal, impulsada por el Nuevo Espacio, constituye una expresión de demagogia política que desconoce tanto las limitaciones económicas del Estado como la relación entre prosperidad, trabajo y responsabilidad individual. Según sostiene, la iniciativa confunde la distribución de la riqueza con su creación y ofrece promesas difíciles de sostener en la realidad.

En el XIV Congreso Nacional del Nuevo Espacio, el sector liderado por Rafael Michelini incluyó entre sus “acciones inmediatas” el inicio, “a la brevedad”, del estudio de “una renta básica universal y justa”.

La propuesta puede sonar atractiva en un titular. ¿Quién podría oponerse a que todas las personas reciban dinero del Estado para mejorar su calidad de vida? Sin embargo, detrás de esa aparente generosidad se esconde una idea inviable, tanto desde el punto de vista económico como moral. Por eso, la propuesta no parece más que un ejemplo clásico de demagogia política.

La renta básica universal consiste en entregar periódicamente una suma de dinero a todos los ciudadanos, sin importar sus ingresos, patrimonio o situación laboral. La recibiría el desempleado, pero también el millonario; quien trabaja diez horas por día, pero también quien decide no participar del mercado laboral. Es una política basada en la premisa de que la sociedad debe garantizar ingresos por el mero hecho de existir.

El primer problema es elemental: ¿de dónde saldrá el dinero?

Uruguay no es un país con superávit permanente ni con recursos ilimitados. Mantiene un déficit fiscal significativo y enfrenta crecientes demandas sobre el gasto público. Cuando los promotores de la renta básica son interrogados sobre su financiamiento, la respuesta suele ser la misma: cobrar más impuestos a quienes tienen más ingresos o patrimonio.

Pero esa respuesta evita el núcleo del problema. La riqueza no es un recurso inagotable que el Estado puede redistribuir indefinidamente. Toda transferencia exige que alguien produzca primero aquello que luego será repartido. Y cuanto mayor sea la carga tributaria necesaria para sostener el sistema, menores serán los incentivos para invertir, ahorrar, emprender y generar empleo.

Como advertía Ludwig von Mises, la prosperidad no surge de la redistribución, sino de la producción. Una sociedad se enriquece cuando crea riqueza, no cuando discute cómo repartir una riqueza cada vez más escasa.

Los defensores de la renta básica sostienen que reduciría la pobreza. Pero, incluso admitiendo las mejores intenciones, no resuelve un aspecto práctico: una renta verdaderamente suficiente para vivir tendría un costo gigantesco, que la volvería insostenible. Y una renta de monto reducido sería incapaz de sacar a una persona de la pobreza o garantizarle una vida autónoma.

Existe, además, un aspecto moral que rara vez se discute con honestidad.

Durante siglos, la civilización occidental se construyó sobre la idea de que los derechos van acompañados de responsabilidades. Desde Aristóteles hasta Kant, pasando por Locke, muchos pensadores defendieron una idea básica: los derechos implican responsabilidades. La renta básica rompe precisamente esa conexión: transforma el ingreso en un derecho desvinculado de cualquier aporte productivo.

El riesgo es fomentar una cultura en la que cada vez más personas miren al Estado para resolver problemas que antes intentaban resolver por sí mismas.

No se trata de negar la ayuda a quienes la necesitan. Una sociedad decente debe asistir a los más vulnerables. Pero existe una diferencia profunda entre ayudar a quien atraviesa una dificultad y convertir la dependencia permanente en un principio organizador de la vida económica.

Tampoco es cierto que la evidencia internacional respalde de manera concluyente esta política. Los experimentos realizados en Finlandia mejoraron algunos indicadores de bienestar subjetivo, pero tuvieron efectos limitados sobre el empleo. Otros programas citados con frecuencia son parciales, temporales o financiados por circunstancias excepcionales que difícilmente puedan replicarse en Uruguay.

Pero quizá el problema más profundo ni siquiera sea económico. El trabajo no es solamente una fuente de ingresos. Es también una fuente de dignidad, disciplina, integración social y propósito. Aspectos que parece ignorar la propuesta impulsada por Michelini.

Las sociedades progresan cuando estimulan el esfuerzo, la creatividad y la responsabilidad individual, no cuando envían la señal de que el sustento puede separarse indefinidamente de la producción.

Uruguay tiene problemas reales: crecimiento mediocre, inversión insuficiente y dificultades para generar empleo de calidad. Ninguno de esos problemas se resuelve repartiendo dinero que antes debe recaudar el propio Estado.

La renta básica universal parte de un error fundamental: confunde la distribución de la riqueza con su creación. Y cuando una sociedad olvida cómo se genera la prosperidad, termina descubriendo que ya no tiene nada que repartir.

Por eso la propuesta no es simplemente un error técnico. Es una visión equivocada y profundamente nociva sobre la naturaleza de la economía, la responsabilidad individual y la función del Estado. Una concepción demagógica que promete seguridad inmediata, pero que erosiona las bases mismas de la prosperidad que pretende distribuir.

Por Angelina Rios

Todo gobierno recibe al comienzo un tiempo de confianza. Pero llega un momento en que la ciudadanía deja de evaluar intenciones y comienza a reclamar resultados. Seguridad, empleo, ingresos y vida cotidiana son los verdaderos termómetros de una gestión.

Toda nueva administración comienza acompañada por una palabra poderosa: expectativa.

Los ciudadanos esperan cambios, nuevas respuestas, estilos diferentes y soluciones a problemas que muchas veces vienen acumulándose desde hace años. Ese período inicial suele estar marcado por la confianza y también por cierta paciencia colectiva.

Pero en democracia existe un momento inevitable: es cuando la expectativa empieza a transformarse en evaluación.

La ciudadanía deja de preguntarse solamente qué se quiere hacer y comienza a mirar qué está cambiando realmente.

No se trata de un fenómeno exclusivo de un gobierno ni de un partido. Es una característica de las sociedades actuales, donde los tiempos ciudadanos son cada vez más cortos y las demandas más urgentes.

La gente no mide la política desde los escritorios ni desde los anuncios. La mide cuando sale de su casa, cuando espera un ómnibus, cuando busca trabajo, cuando llega una factura o cuando siente preocupación por la seguridad de su barrio.

Allí aparecen los verdaderos indicadores de una gestión.

La seguridad pública es quizás el ejemplo más claro. Los planes, las estrategias y los diagnósticos son necesarios, pero para quien vive con miedo o siente que perdió tranquilidad, el resultado visible pesa más que cualquier explicación.

Lo mismo ocurre con la economía. Los números generales pueden mostrar estabilidad, pero la percepción ciudadana se construye en la mesa familiar: en el empleo, los ingresos, las oportunidades y la posibilidad de proyectar un futuro.

Y esa preocupación no aparece únicamente en las encuestas ni en el debate político. También se expresa en la calle y en los reclamos de distintos actores sociales.

El paro parcial convocado por el PIT-CNT volvió a colocar sobre la mesa una discusión de fondo que apunta a la calidad del empleo y la capacidad del crecimiento económico de traducirse en bienestar real.

Desde la central sindical se señaló que Uruguay enfrenta desafíos vinculados al empleo de baja calidad, a los bajos ingresos y a la informalidad laboral. Entre los datos planteados se mencionó la existencia de 578.000 personas por debajo de la línea de pobreza, alrededor de medio millón de uruguayos con ingresos menores a 28.600 pesos y unos 386.000 trabajadores en la informalidad.

Más allá del debate sobre las respuestas, esos números reflejan una preocupación que atraviesa a toda la sociedad.

Las oportunidades no llegan, porque no se llega a fin de mes con salarios sumergidos y las consecuencias aparecen con mayor fuerza en quienes tienen menos herramientas para esperar, que son los niños y los adolescentes.

La pobreza infantil continúa siendo uno de los desafíos más profundos de nuestro país. Hay trayectorias que empiezan a estar condicionadas desde el inicio de la vida, principalmente la de aquellos niños que no eligieron dónde nacer, pero cuyo futuro dependerá de las oportunidades que como sociedad seamos capaces de construir.

La historia del Uruguay demuestra que las reformas que perduran son aquellas que logran impactar en la vida cotidiana de las personas y que transforman realidades. Así nos enseñó y nos dejó como legado José Batlle y Ordóñez. Más de un siglo después, esa discusión mantiene plena vigencia.

Gobernar siempre implica administrar una tensión entre el tiempo político y el tiempo ciudadano. El primero necesita procesos, planificación y etapas. El segundo está marcado por las urgencias de la vida diaria.

Por eso, más allá de los discursos y de las intenciones, llega siempre una pregunta simple pero decisiva: ¿La gente siente que las cosas están mejor?

La expectativa de un comienzo deja paso a la exigencia, y de a poco se diluyen las promesas y comienza la verdadera prueba de todo gobierno.

Por Alicia Quagliata

La aprobación de los US$ 260 millones puso fin a meses de especulaciones sobre votos y mayorías. Lo que quedó después de ese proceso fue una versión distinta de la presentada originalmente y una pregunta que recién empieza a responderse: qué ciudad surgirá de las decisiones finalmente adoptadas.

Durante meses, todo pareció girar alrededor de una única pregunta. No importaban demasiado los montos, los proyectos o las obras prometidas. Lo que realmente importaba era saber si estaban los votos.

La política montevideana pasó meses haciendo cuentas. Cada declaración era interpretada como una señal. Cada reunión alimentaba especulaciones. Cada silencio generaba nuevas lecturas. El oficialismo defendía un paquete de financiamiento extraordinario que consideraba indispensable para atender problemas que Montevideo arrastra desde hace años. La oposición cuestionaba instrumentos, prioridades y montos. El debate avanzaba entre condicionamientos, acuerdos y desacuerdos que parecían no terminar de resolverse nunca.

Cuando finalmente apareció la mayoría necesaria, la atención pública cambió de dirección con la misma velocidad con que había seguido el debate. La conversación dejó de concentrarse en los proyectos y pasó a concentrarse en los votos: quién los había aportado, quién había cambiado de posición y quién terminaría pagando el costo político de la decisión.

En medio de ese proceso pasó casi inadvertido que el propio proyecto también había cambiado.

Los montos se redujeron, las partidas destinadas a limpieza, calles y veredas fueron ajustadas y Ciudad Vieja desapareció del paquete. El resultado final terminó siendo diferente del que durante meses se había defendido como imprescindible.

Mientras los proyectos permanecen en el terreno de los anuncios, todo puede parecer prioritario. El problema aparece cuando los recursos o los votos no alcanzan para sostenerlo todo al mismo tiempo. Es entonces cuando las prioridades dejan de ser declaraciones y se convierten en decisiones.

Durante meses se nos explicó que Montevideo necesitaba estos recursos para enfrentar problemas que nadie discute. La limpieza sigue siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos, el saneamiento requiere inversiones largamente postergadas y el estado de muchas calles y espacios públicos está lejos de los estándares que una capital debería ofrecer.

Al final del proceso quedó claro que algunas iniciativas resistieron mejor que otras.

El saneamiento terminó concentrando buena parte de los recursos aprobados. La limpieza, las calles y las veredas permanecieron, aunque con montos menores. Ciudad Vieja no tuvo la misma suerte.

El instrumento propuesto era discutible. Aun así, el anuncio había vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta que Montevideo no termina de resolver: qué hacer con un sector que concentra patrimonio, actividad económica, vivienda y algunos de los procesos de deterioro urbano más persistentes de la ciudad.

Propietarios, comerciantes, desarrolladores e inversores habían vuelto a mirar una zona que desde hace décadas alterna diagnósticos acertados, promesas ambiciosas y resultados bastante más modestos.

La salida del proyecto no resuelve esa discusión. La devuelve al lugar donde Montevideo suele guardar sus asuntos pendientes, un espacio cada vez más poblado de buenas intenciones, recursos invertidos y resultados insuficientes.

La versión finalmente aprobada apostó más fuerte al saneamiento, mantuvo la limpieza como una de las principales prioridades de gestión, redujo recursos para calles y veredas y dejó nuevamente por el camino una intervención específica sobre Ciudad Vieja.

Cada una de esas decisiones tiene consecuencias que van mucho más allá de lo presupuestal. Definen dónde se concentrarán los esfuerzos, qué problemas se intentarán resolver primero y cuáles seguirán acumulándose en la lista de pendientes.

Una vez aprobados los recursos, la discusión deja de pertenecer a la Junta, a la oposición o a los acuerdos que hicieron posible la mayoría. A partir de ahora, pertenece a la gestión.

Dentro de algunos años, pocos recordarán cuánto demoró el debate, qué proyectos se ajustaron o quién aportó el voto decisivo. Lo que permanecerá será algo mucho más concreto: si las obras se ejecutaron, si los problemas comenzaron a resolverse y si las inversiones aprobadas lograron mejorar efectivamente la vida cotidiana de los montevideanos.

La etapa de los votos ya terminó. Lo que queda por delante es bastante más exigente: comprobar si las decisiones adoptadas fueron capaces de producir la transformación que prometían.

Por Susana Toricez

El frío de la mañana no sólo congela el aire; a veces tiene la asombrosa capacidad de suspender el tiempo.

Hoy, mientras el termómetro insistía en recordarnos la crudeza del invierno, la vereda de mi edificio se convirtió en el escenario de una complicidad silenciosa y perfecta.

Caminaban juntos, a la par, desafiando la helada, un abuelo y su nieto.

Lo primero que capturó mi atención no fue la escena en sí, sino el espejo en el que decidieron mirarse antes de cruzar la puerta: salieron vestidos casi iguales. Mismos abrigos pesados, gorros calzados hasta las cejas y bufandas idénticas que les daban dos vueltas al cuello, protegiendo del viento sus respectivas historias.

Resulta conmovedor observar los dos extremos de la vida unidos por un mismo abrigo y un mismo andar.

Por un lado, la fragilidad de quien ya ha recorrido casi todo el camino, con la espalda sutilmente encorvada por el peso de los años y las vivencias.

Por el otro, la misma fragilidad, aunque en su versión tierna y prematura, la del niño que apenas empieza a descubrir el mundo, pero que camina con la seguridad absoluta de quien se sabe protegido.

No hacían falta palabras. En ese andar acompasado, en ese juego de vestirse igual para enfrentar el día, se resumía el misterio más lindo de los lazos humanos.

El viejo le prestaba su experiencia y su templanza; el chico, sin saberlo, le devolvía la pureza y la urgencia de seguir caminando.

Al verlos perderse de vista en la niebla matinal, envueltos en sus lanas idénticas, me quedó una certeza flotando en el pecho: la vida, en sus bordes más distantes, se toca y se entiende mejor cuando hay amor de por medio para abrigarla.

La adhesión de Manuel Adorni y su esposa al régimen de «inocencia fiscal» impulsado por el propio gobierno libertario reavivó interrogantes sobre la coherencia entre el discurso de transparencia del oficialismo y las decisiones adoptadas por algunos de sus principales dirigentes. Aunque la medida es legal, el episodio plantea un problema político de credibilidad y ejemplaridad pública.

La adhesión de Manuel Adorni y de su esposa al Régimen Simplificado de Ganancias creado por la llamada Ley de Inocencia Fiscal abrió una nueva controversia para el principal vocero político del gobierno de Javier Milei. Más allá de la legalidad de la decisión, el episodio vuelve a poner en cuestión un aspecto que acompaña a Adorni desde hace meses: la creciente distancia entre el discurso moralizador del oficialismo y las conductas de algunos de sus principales dirigentes.

Según trascendió, tanto Adorni como su esposa solicitaron ingresar al régimen impulsado por el propio gobierno libertario. El mecanismo permite regularizar ingresos o activos no exteriorizados previamente y ofrece una protección reforzada frente a futuras investigaciones tributarias, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Formalmente, no existe ninguna ilegalidad en acogerse a una norma aprobada por el Congreso y reglamentada por el Poder Ejecutivo. El problema es otro. Adorni no es un contribuyente cualquiera. Es uno de los rostros más visibles del gobierno y una de las figuras que más enfáticamente defendió la necesidad de terminar con los privilegios, transparentar la vida pública y exigir responsabilidad a quienes administran recursos o ejercen funciones estatales.

Por eso resulta inevitable preguntarse por qué un funcionario de tan alta exposición considera necesario acogerse a un régimen diseñado precisamente para facilitar la regularización de situaciones patrimoniales o fiscales que, por distintas razones, no habían sido plenamente exteriorizadas. La pregunta se vuelve más pertinente porque la adhesión ocurre en momentos en que continúa la atención pública sobre su situación patrimonial y sobre la demora en la presentación de documentación requerida para despejar dudas acerca de la evolución de sus bienes.

El episodio es políticamente incómodo porque toca uno de los pilares discursivos del mileísmo. Desde su llegada al poder, el gobierno construyó buena parte de su legitimidad sobre una crítica frontal a la “casta”, entendida como una estructura de privilegios, opacidad y dobles estándares. Sin embargo, cuando uno de los funcionarios más importantes del oficialismo recurre a una herramienta que permite cerrar potenciales cuestionamientos fiscales mediante un mecanismo excepcional, la narrativa de la ejemplaridad comienza a erosionarse.

La propia Ley de Inocencia Fiscal ha generado controversias desde su aprobación. Sus defensores sostienen que simplifica el sistema tributario, reduce la persecución burocrática y facilita la incorporación de capitales a la economía formal. Sus detractores, en cambio, la consideran una amnistía fiscal permanente que disminuye los incentivos al cumplimiento voluntario y premia a quienes mantuvieron patrimonios o ingresos fuera del radar estatal.

En ese contexto, la decisión de Adorni adquiere una dimensión simbólica. Un ciudadano común puede adherir al régimen sin mayores consecuencias políticas. Un jefe de Gabinete —o una figura equivalente dentro del núcleo de poder presidencial— enfrenta un estándar diferente. La confianza pública no depende solamente de respetar la ley; también exige evitar situaciones que generen sospechas razonables o que proyecten una imagen de oportunismo.

La situación se vuelve todavía más delicada porque el propio oficialismo presentó la Ley de Inocencia Fiscal como una herramienta para quienes habían mantenido fondos fuera del circuito formal y buscaban regularizar su situación. Si quienes diseñaron y promovieron el sistema son, al mismo tiempo, algunos de sus primeros beneficiarios políticos visibles, surge inevitablemente un problema de credibilidad. No se trata de un conflicto jurídico sino de uno institucional.

El caso también revela una contradicción frecuente en la política argentina contemporánea. Los gobiernos suelen exigir confianza a los ciudadanos mientras reservan para sí mismos márgenes de discrecionalidad que difícilmente tolerarían en sus adversarios. Es fácil imaginar cuál habría sido la reacción del actual oficialismo si un dirigente kirchnerista o peronista hubiera ingresado a un régimen semejante mientras enfrentaba cuestionamientos sobre su patrimonio.

Nada de esto prueba la existencia de irregularidades. Pero tampoco despeja las dudas. La legalidad de una conducta no elimina necesariamente sus costos políticos. En materia de ética pública, muchas veces la cuestión central no es qué permite la ley sino qué exige la responsabilidad institucional.

Para Manuel Adorni, que construyó buena parte de su imagen pública como fiscalizador de los excesos ajenos, ese puede terminar siendo el problema más difícil de explicar. Porque cuanto más severo es el discurso con el que se juzga a otros, más exigente se vuelve el estándar con el que finalmente se mide la propia conducta.

Con una diferencia de apenas unos cientos de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, Perú atraviesa una de las definiciones electorales más ajustadas de su historia. Más allá de quién resulte vencedor, el escrutinio revela una profunda fractura política y territorial, anticipando un escenario de alta tensión institucional y escasa gobernabilidad para el próximo gobierno.

Perú vuelve a enfrentarse a uno de los escenarios más delicados de su historia política reciente. A más de tres décadas del autogolpe de Alberto Fujimori y tras una década marcada por la inestabilidad institucional, la segunda vuelta presidencial de 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ha desembocado en un resultado extraordinariamente ajustado, con diferencias inferiores a los mil votos cuando el escrutinio supera el 98% de las actas contabilizadas.

Más allá de quién termine ocupando el Palacio de Gobierno, la principal conclusión política de la elección es que Perú vuelve a exhibir una fractura social y territorial de enorme profundidad. La incertidumbre actual no es simplemente el producto de un conteo lento o de una competencia pareja. Es la manifestación de un sistema político que desde hace años no logra construir mayorías estables ni consensos mínimos sobre el rumbo del país.

Una diferencia ínfima para decidir el futuro del país

Los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestran una alternancia constante en el liderazgo del escrutinio. Durante distintos momentos del conteo, tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori encabezaron los resultados provisionales. Al superar el 98% de las actas procesadas, la ventaja pasó nuevamente a Fujimori por apenas unos cientos de votos.

Se trata de una de las definiciones más estrechas de la historia electoral peruana. El resultado depende todavía de actas pendientes, votos emitidos en el exterior y eventuales observaciones administrativas que deberán ser resueltas por las autoridades electorales.

En términos políticos, una diferencia tan reducida significa que cualquiera sea el vencedor asumirá con un mandato extremadamente frágil. Ninguno podrá alegar haber recibido un respaldo contundente de la ciudadanía.

La repetición de una vieja historia

La elección también representa una reedición de una dinámica conocida para la política peruana: la confrontación entre el fujimorismo y una candidatura que canaliza el voto de protesta contra las élites tradicionales.

Keiko Fujimori, figura dominante de la derecha peruana durante más de una década, volvió a llegar a una instancia decisiva. Roberto Sánchez, por su parte, emergió como representante de una izquierda heterogénea que encontró respaldo en sectores populares, regiones alejadas de Lima y votantes desencantados con el sistema político.

La geografía electoral reproduce una división estructural. Mientras Fujimori conserva fortaleza en sectores urbanos, empresariales y parte del voto exterior, Sánchez obtuvo apoyo significativo en regiones históricamente postergadas. Esa fractura territorial explica en gran medida por qué el país aparece virtualmente dividido en dos mitades electorales.

El factor decisivo del voto exterior

Uno de los elementos más observados por analistas y actores políticos es el peso del voto de los peruanos residentes en el extranjero.

Diversos reportes señalan que todavía quedaban numerosas actas provenientes del exterior sin contabilizar plenamente durante las etapas decisivas del escrutinio. Históricamente, ese electorado ha mostrado una inclinación favorable a Keiko Fujimori, lo que explica parte del optimismo exhibido por Fuerza Popular durante las últimas horas del conteo.

Sin embargo, la estrechez de la diferencia impide extraer conclusiones definitivas hasta que concluya el procesamiento oficial.

La amenaza de la judicialización

La principal preocupación institucional no es ya quién termine ganando, sino cómo reaccionará el sector derrotado.

Cuando los márgenes son tan estrechos, aumentan inevitablemente los incentivos para cuestionar actas, solicitar revisiones y trasladar la disputa a los organismos electorales y eventualmente a los tribunales. Perú ya atravesó experiencias similares en elecciones anteriores, donde los resultados demoraron días o incluso semanas en consolidarse.

La legitimidad de la ONPE y de los organismos electorales será sometida a una prueba particularmente exigente. La autoridad electoral ha insistido en la transparencia del proceso y mantiene habilitados mecanismos de seguimiento público de los resultados.

No obstante, en contextos de polarización extrema, la confianza institucional suele ser insuficiente para evitar que proliferen sospechas, denuncias y narrativas de fraude entre los sectores más radicalizados.

Un presidente con poco margen de maniobra

La incertidumbre electoral es apenas el primer desafío.

El próximo presidente heredará un país que ha tenido una sucesión vertiginosa de mandatarios, conflictos permanentes entre Ejecutivo y Congreso y una ciudadanía crecientemente escéptica respecto de la política. En la última década, Perú ha visto desfilar presidentes destituidos, renuncias, investigaciones judiciales y crisis institucionales recurrentes.

En ese contexto, un triunfo por unos pocos cientos de votos difícilmente otorgue el capital político necesario para impulsar reformas profundas o construir gobernabilidad duradera.

La futura administración necesitará negociar desde el primer día. De lo contrario, existe el riesgo de que Perú continúe atrapado en el ciclo de confrontación permanente que ha caracterizado buena parte de su vida política reciente.

La verdadera noticia: la persistencia de la fragilidad peruana

La atención mediática está concentrada en saber si la victoria corresponderá finalmente a Keiko Fujimori o a Roberto Sánchez. Sin embargo, la cuestión de fondo es otra.

La elección revela que Perú sigue siendo un país profundamente dividido, donde ninguna fuerza política logra construir consensos amplios y donde la competencia electoral se transforma cada vez más en una disputa existencial entre bloques enfrentados.

El ganador probablemente llegará al poder con menos del 50,1% de los votos y una diferencia de apenas algunos centenares de sufragios sobre su rival.

Esa realidad convierte a la gobernabilidad en un desafío tan importante como la propia elección. La incertidumbre actual terminará cuando concluya el conteo. La tensión política, en cambio, parece destinada a acompañar al próximo gobierno durante buena parte de su mandato.

La reelección de Nikol Pashinyan tras la derrota de Nagorno Karabaj confirma un giro histórico de Armenia: menos dependencia de Rusia, mayor acercamiento a Europa y una apuesta arriesgada por la paz con Azerbaiyán. El resultado trasciende las fronteras armenias y redefine el equilibrio geopolítico en el Cáucaso.

Las elecciones parlamentarias celebradas en Armenia el 7 de junio no fueron una elección más. Fueron, en muchos sentidos, un plebiscito sobre la orientación estratégica del país después de la mayor derrota nacional sufrida desde la independencia. La victoria del primer ministro Nikol Pashinyan y de su partido Contrato Civil no solo le garantiza un nuevo mandato, sino que confirma una decisión histórica de la sociedad armenia: reducir la dependencia de Rusia, buscar una inserción más estrecha con Europa y Estados Unidos, y apostar por una paz duradera con sus vecinos, incluso al precio de abandonar antiguas reivindicaciones territoriales.

El resultado es particularmente significativo porque se produce apenas tres años después del colapso definitivo de la presencia armenia en Nagorno Karabaj. La derrota militar frente a Azerbaiyán en 2023 provocó el éxodo de más de 100.000 armenios y generó una profunda crisis nacional. Muchos observadores consideraban que Pashinyan, identificado por sus adversarios como el responsable político de aquella catástrofe, difícilmente podría sobrevivir electoralmente. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario.

El voto de la resignación estratégica

A primera vista podría parecer paradójico que un gobernante que perdió una guerra obtenga una nueva victoria electoral. Sin embargo, la lógica del electorado armenio parece haber sido distinta.

Una parte importante de la población llegó a la conclusión de que la tragedia de Karabaj no fue consecuencia exclusiva de errores internos, sino también del fracaso de la protección rusa. Durante décadas, Armenia había depositado su seguridad en Moscú. Cuando llegó el momento decisivo, Rusia —absorbida por la guerra en Ucrania y con prioridades geopolíticas diferentes— no intervino para impedir la derrota armenia. Esa experiencia modificó profundamente la percepción pública sobre la utilidad de la alianza tradicional con el Kremlin.

La elección, por tanto, enfrentó dos visiones del futuro. Por un lado, la oposición prorrusa proponía restaurar los vínculos privilegiados con Moscú y cuestionaba las concesiones realizadas a Azerbaiyán. Por otro, Pashinyan sostenía que la supervivencia del Estado armenio exige abandonar los sueños irredentistas, normalizar las relaciones con Azerbaiyán y Turquía, abrir corredores comerciales y acercarse gradualmente a Occidente. Los votantes optaron por esta segunda alternativa.

Un giro geopolítico de enorme magnitud

La importancia de estas elecciones trasciende ampliamente las fronteras armenias.

Armenia fue durante décadas uno de los aliados más sólidos de Rusia en el espacio postsoviético. Integró estructuras lideradas por Moscú, dependió de la protección militar rusa y mantuvo una estrecha relación económica con el Kremlin.

La victoria de Pashinyan confirma que ese modelo está cambiando. No significa una ruptura inmediata con Rusia —algo prácticamente imposible por razones geográficas y económicas—, pero sí consolida una tendencia que ya venía observándose: la búsqueda de una política exterior más equilibrada y orientada hacia Europa.

Desde la perspectiva europea, Armenia se convierte en uno de los pocos casos recientes en los que un país históricamente integrado en la órbita rusa decide voluntariamente aproximarse a las instituciones occidentales. El proceso todavía está lejos de una eventual adhesión a la Unión Europea, pero las encuestas muestran un crecimiento sostenido del respaldo popular a una integración más estrecha con Europa.

Un mensaje para Moscú

La elección también constituye un revés político para Rusia.

Durante la campaña hubo acusaciones cruzadas sobre intentos de influencia externa. Observadores occidentales denunciaron presiones económicas y políticas procedentes de Moscú, mientras que sectores prorrusos acusaron a la Unión Europea y a Estados Unidos de interferir en favor del gobierno. Más allá de esas controversias, el dato político central es que las principales fuerzas identificadas con una orientación favorable al Kremlin fueron derrotadas.

Para Rusia, perder influencia en Armenia implica algo más que un problema bilateral. Significa que incluso países que durante décadas fueron considerados aliados naturales comienzan a cuestionar el valor estratégico de esa asociación. El fenómeno ya había aparecido en otros lugares de Europa oriental, pero adquiere un significado especial en el Cáucaso, una región que Moscú históricamente consideró parte de su esfera de influencia.

La paz como apuesta

Sin embargo, el verdadero desafío para Pashinyan comienza ahora.

Aunque obtuvo una victoria clara, no alcanzó la mayoría parlamentaria necesaria para impulsar determinadas reformas constitucionales vinculadas al proceso de paz con Azerbaiyán. Bakú exige cambios que eliminen referencias constitucionales interpretadas como reivindicaciones territoriales sobre Karabaj. Sin esos cambios, el acuerdo definitivo de paz podría seguir demorándose.

La paradoja es evidente. Los armenios respaldaron a un líder que promete cerrar definitivamente uno de los conflictos más antiguos del espacio postsoviético, pero no le otorgaron todas las herramientas políticas necesarias para hacerlo.

Lo que significa para Occidente

Desde una perspectiva más amplia, estas elecciones ofrecen una lección importante para Europa y Estados Unidos.

Durante años, muchos analistas sostuvieron que la influencia occidental en el espacio postsoviético estaba en retroceso. El caso armenio sugiere una realidad más compleja. Cuando los sistemas de alianzas tradicionales dejan de ofrecer seguridad y prosperidad, incluso sociedades con fuertes vínculos históricos, culturales y económicos con Rusia pueden buscar alternativas.

La victoria de Pashinyan no convierte automáticamente a Armenia en un país occidental. Tampoco garantiza el éxito de su proyecto de paz ni de su acercamiento a Europa. Pero sí demuestra que, en una región considerada durante mucho tiempo territorio exclusivo de influencia rusa, una mayoría de ciudadanos decidió apostar por un futuro diferente.

Y eso convierte a estas elecciones en uno de los acontecimientos políticos más relevantes del año en el Cáucaso y, probablemente, en toda la periferia oriental de Europa.

El brutal apuñalamiento de un hombre en Belfast por parte de un solicitante de asilo sudanés desencadenó disturbios que vuelven a poner en evidencia una realidad incómoda para Europa: las dificultades para gestionar la inmigración están alimentando tanto el malestar ciudadano como el crecimiento de movimientos nacionalistas y antiinmigración que capitalizan cada nuevo episodio de violencia.

Las imágenes de Belfast recorrieron el mundo en cuestión de horas. Vehículos incendiados, calles bloqueadas, enfrentamientos con la policía y viviendas atacadas fueron la consecuencia de un episodio tan brutal como políticamente explosivo: el intento de asesinato de un hombre en Irlanda del Norte a manos de un ciudadano sudanés solicitante de asilo. El hecho no solo conmocionó a la sociedad británica por su violencia, sino que volvió a colocar en el centro de la discusión uno de los temas más sensibles de la Europa contemporánea: la inmigración y la capacidad de los Estados para gestionarla.

Todo comenzó cuando un hombre de origen sudanés, identificado por las autoridades como Hadi Alodid, atacó con un cuchillo a Stephen Ogilvie, un vecino de Belfast de 44 años. La agresión, grabada por testigos y difundida masivamente en redes sociales, mostró una escena de extrema violencia que dejó a la víctima con heridas gravísimas en el rostro y el cuello, incluyendo la pérdida de un ojo. La policía descartó inicialmente motivaciones terroristas, pero imputó al agresor por intento de homicidio, amenazas de muerte y porte de arma blanca.

La viralización del video actuó como detonante. En pocas horas comenzaron a circular convocatorias a manifestarse contra la inmigración y contra las políticas de asilo del Reino Unido. Lo que inicialmente se presentó como una protesta terminó derivando en disturbios de gran magnitud. Grupos de encapuchados incendiaron automóviles, atacaron viviendas habitadas por inmigrantes, lanzaron bombas molotov contra la policía y bloquearon carreteras. Las autoridades norirlandesas calificaron los hechos como ataques racistas y advirtieron sobre la presencia de agitadores extremistas que aprovecharon la indignación popular para promover acciones violentas.

Sin embargo, Belfast no es un episodio aislado. Apenas una semana antes, la ciudad inglesa de Southampton había sido escenario de disturbios similares tras la difusión de nuevas imágenes y detalles judiciales sobre el asesinato de Henry Nowak, un estudiante de 18 años muerto a puñaladas. El homicida, Vickrum Digwa, fue condenado por el crimen, pero la indignación pública se multiplicó cuando trascendió que, mientras la víctima agonizaba, la policía inicialmente creyó la versión del agresor, quien alegó falsamente haber sido víctima de un ataque racista. Las protestas convocadas para reclamar justicia degeneraron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dejando numerosos policías heridos y daños materiales considerables.

La concatenación de ambos episodios resulta particularmente significativa porque se produce en un contexto europeo ya extremadamente tensionado. Durante la última década, el continente ha enfrentado sucesivas olas migratorias procedentes de África, Medio Oriente y Asia, impulsadas por guerras, persecuciones políticas, crisis económicas y desastres humanitarios. A ello se han sumado episodios de criminalidad protagonizados por inmigrantes o hijos de inmigrantes que, aunque estadísticamente no representan a la inmensa mayoría de quienes llegan a Europa, reciben una enorme atención mediática y generan profundas repercusiones políticas.

Alemania, Francia, Suecia, Bélgica, Países Bajos, Italia y el propio Reino Unido han experimentado en los últimos años disturbios, protestas o crisis políticas relacionadas con la inmigración. En algunos casos, los detonantes fueron atentados terroristas; en otros, delitos violentos de alto impacto; y en otros, simplemente la percepción de que las capacidades estatales para absorber e integrar nuevos contingentes migratorios se encuentran saturadas. El resultado ha sido un crecimiento sostenido de fuerzas nacionalistas, identitarias y euroescépticas que han convertido la cuestión migratoria en el eje central de sus discursos.

Es precisamente en este terreno donde hechos como los ocurridos en Belfast y Southampton adquieren una relevancia que trasciende el ámbito policial. Cada nuevo episodio alimenta el relato de la ultraderecha europea, que sostiene que el continente atraviesa una crisis migratoria provocada por políticas excesivamente permisivas. Según esa narrativa, Europa habría abierto sus puertas a personas provenientes de culturas incompatibles con los valores occidentales, escasamente dispuestas a integrarse y más interesadas en beneficiarse de los sistemas de asistencia social que en incorporarse plenamente a las sociedades receptoras. En sus versiones más extremas, este discurso incluso advierte sobre una supuesta sustitución demográfica y cultural que terminaría transformando a Europa en una suerte de “califato” incompatible con sus tradiciones históricas.

Ese relato, sin embargo, simplifica una realidad mucho más compleja. Millones de inmigrantes viven, trabajan, pagan impuestos y se integran exitosamente en las sociedades europeas. La inmensa mayoría no participa en actividades criminales ni constituye una amenaza para la convivencia democrática. Generalizar a partir de casos individuales conduce inevitablemente a la estigmatización y al enfrentamiento social.

Pero reconocer el carácter extremista o exagerado de ciertas interpretaciones no implica ignorar los problemas reales. Sería igualmente equivocado negar que numerosos países europeos enfrentan dificultades crecientes para gestionar los flujos migratorios, controlar sus fronteras, procesar solicitudes de asilo, garantizar procesos efectivos de integración y responder a las inquietudes de sus ciudadanos. Cuando los gobiernos minimizan esas preocupaciones o las despachan automáticamente como expresiones de xenofobia, contribuyen a profundizar una sensación de abandono que termina siendo capitalizada por los sectores más radicales.

Lo que muestran Belfast y Southampton no es simplemente la reacción ante dos delitos particularmente violentos. Revelan algo más profundo: la existencia de un malestar acumulado en sectores cada vez más amplios de la población europea. Un malestar que encuentra expresión tanto en disturbios callejeros —siempre condenables— como en transformaciones político-electorales que ya están modificando el mapa del continente.

Europa enfrenta así un desafío de enorme complejidad. Debe evitar que la legítima preocupación por la seguridad derive en persecución colectiva contra comunidades enteras, pero también necesita demostrar que posee instituciones capaces de controlar y ordenar los procesos migratorios. Si fracasa en cualquiera de esos dos objetivos, seguirá creciendo un círculo vicioso en el que cada nuevo episodio violento alimentará la desconfianza social, fortalecerá a los movimientos extremistas y profundizará una polarización que amenaza con convertirse en una de las grandes fracturas políticas de la Europa del siglo XXI.