Mientras las mujeres iraníes arriesgan su libertad y su vida enfrentando a una dictadura teocrática que las somete en todos los planos, buena parte del feminismo occidental mira hacia otro lado. Y en Uruguay, el 8M vuelve a ser colonizado por consignas antiimperialistas del PIT-CNT y organizaciones afines, que prefieren atacar a Estados Unidos e Israel antes que denunciar a uno de los regímenes que más brutalmente oprime a las mujeres en el mundo. Una paradoja que desnuda la hipocresía de cierto “progresismo” que antepone su agenda ideológica a la causa que dice defender.

El 8 de marzo, convertido desde hace décadas en el Día Internacional de la Mujer, suele presentarse como una jornada de reivindicación universal. Un día para recordar las luchas de las mujeres en todo el mundo, denunciar injusticias y reclamar derechos. En teoría. En la práctica —al menos en buena parte del mundo occidental— la fecha se ha transformado en otra cosa: una tribuna ideológica donde ciertas corrientes políticas seleccionan cuidadosamente qué causas abrazar y cuáles conviene ignorar.

Y pocas omisiones resultan tan elocuentes como la de las mujeres iraníes.

Desde hace años, y con especial intensidad desde la muerte de Mahsa Amini en 2022, las mujeres de Irán han protagonizado una de las rebeliones más valientes del mundo contemporáneo. Enfrentan a una de las dictaduras más implacables del planeta: la República Islámica, un régimen teocrático donde el Estado regula la vestimenta femenina, controla su vida privada y castiga con cárcel, tortura o muerte a quienes desafían sus normas.

El movimiento Mujer, Vida, Libertad (retomando un eslogan kurdo de principios del siglo XX) surgido tras la muerte de Masha Amini puso a las mujeres en la primera línea de las protestas contra el régimen. Fueron ellas quienes se quitaron el velo en público, quienes lideraron manifestaciones y quienes pagaron el precio más alto: detenciones masivas, ejecuciones, desapariciones. En un país donde la policía moral vigila cada centímetro de la conducta femenina, la simple decisión de mostrar el cabello se ha convertido en un acto revolucionario.

Sin embargo, ese drama —que debería ocupar el centro del debate global sobre los derechos de las mujeres— recibe una atención curiosamente tenue en ciertos círculos del activismo occidental.

El feminismo que en Occidente se presenta como universal suele mostrarse sorprendentemente selectivo cuando las víctimas viven bajo regímenes que no encajan en el esquema ideológico del progresismo contemporáneo. La denuncia contra Estados Unidos, contra Israel o contra el “imperialismo occidental” suele sonar con una potencia ensordecedora. Pero cuando las mujeres son oprimidas por una teocracia islamista, el entusiasmo parece diluirse en prudentes silencios.

Tal vez sea una coincidencia. O tal vez no.

El fenómeno ha sido señalado por diversos analistas que observan cómo sectores del activismo progresista han desarrollado una peculiar alergia a denunciar regímenes autoritarios si estos se presentan como adversarios geopolíticos de Occidente. El resultado es una paradoja notable: el feminismo global se moviliza con enorme energía contra democracias liberales, pero se muestra mucho más cauteloso frente a dictaduras feroces donde las mujeres carecen de derechos elementales.

La ironía es evidente. Las mujeres iraníes arriesgan la vida por libertades básicas —vestirse como quieran, estudiar, trabajar sin tutela masculina— mientras en muchas capitales occidentales el debate feminista gira en torno a microagresiones lingüísticas o disputas semánticas sobre el lenguaje inclusivo.

La distancia entre ambos mundos resulta casi obscena.

Ese contraste también se refleja, con matices propios, en Uruguay. El 8M se ha transformado aquí en una fecha cada vez más atravesada por disputas ideológicas. En particular, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales satelizadas por el Partido Comunista del Uruguay (PCU) han convertido la jornada en una plataforma para impulsar una agenda política mucho más amplia que la defensa de los derechos de las mujeres.

El lema elegido este año por la central sindical —centrado en el antiimperialismo— provocó incluso incomodidad dentro del propio campo progresista. Algunas dirigentes de izquierda cuestionaron abiertamente que la proclama colocara la denuncia contra el “imperialismo” por encima de los reclamos específicos de las mujeres. Para varias activistas, la consigna parece desviar el foco del problema.

No es una observación menor.

La proclama sindical incluye referencias habituales a Estados Unidos y al capitalismo global. Pero en esa numeración de agravios internacionales no aparece ni una sola mención al drama de las mujeres iraníes.

Tampoco figuran en las consignas de la Intersocial Feminista, una de las principales plataformas de movilización del 8M en Uruguay. En sus redes sociales, la única referencia reciente a Irán se limitaba a difundir una denuncia —aún bajo investigación— sobre el supuesto bombardeo de una escuela de niñas en la ciudad de Minab.

Pero ni una palabra sobre las protestas lideradas por mujeres contra la dictadura teocrática.
Ni una mención a las ejecuciones.
Ni una sola consigna de solidaridad con quienes enfrentan al régimen.

El silencio es tan rotundo que resulta difícil atribuirlo a una simple casualidad.

Lo que aparece con claridad es otra cosa: la progresiva politización ideológica de una fecha que originalmente pretendía ser universal. En lugar de convertirse en una jornada de solidaridad global con las mujeres oprimidas, el 8M termina muchas veces subordinado a agendas partidarias que priorizan viejas consignas geopolíticas antes que los problemas concretos de las mujeres en el mundo.

Así, mientras las iraníes desafían a una dictadura religiosa que controla su cuerpo y su vida, en ciertas marchas occidentales el foco vuelve a recaer —como si el guion no pudiera cambiar— en los mismos enemigos de siempre: el capitalismo, Estados Unidos, Israel.

La paradoja es difícil de ignorar.
Las mujeres más oprimidas del planeta parecen no encajar en el relato correcto.

El resultado es una forma de hipocresía política que termina desnaturalizando el sentido mismo del 8 de marzo. Cuando las movilizaciones se convierten en plataformas ideológicas antes que en espacios de solidaridad real, los reclamos legítimos de las mujeres quedan subordinados a intereses políticos que poco tienen que ver con su emancipación.

Mientras tanto, en Irán, miles de mujeres siguen quitándose el velo en público sabiendo que pueden ser ejecutadas por ello.

Ellas, al menos, no necesitan consignas antiimperialistas para saber qué significa luchar por la libertad.

Por Julio María Sanguinetti

En un discurso institucional correcto y respetuoso, el Presidente delineó sus prioridades de gobierno, pero dejó abiertas interrogantes de fondo sobre el rumbo del país. Entre proyectos discutibles, decisiones controvertidas y una economía que muestra señales de alerta, la pregunta que queda flotando es si Uruguay cuenta hoy con una visión estratégica capaz de orientarlo en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa.

El 1º de marzo el Presidente brindó su informe anual al Parlamento. Tradicionalmente se hacía solo por escrito y fue el Presidente Lacalle Herrera quien comenzó con esta práctica que reconozco ha sido plausible, siempre que la mantengamos en el nivel de decoro que jerarquiza las instituciones.

Los precedentes internacionales en estos días no han sido recomendables: shows mediáticos como el del Presidente Trump, en una línea de sentimentalismo demagógico, y el del Presidente Milei, en tono de agresividad en que ni los empresarios se salvaron. Por eso me parece destacable que nuestro Presidente haga un informe serio, en tono respetuoso para con la institución y también para con la oposición, aun cuando discrepemos con algunas de sus decisiones.

En cuanto a su contenido, se basó fundamentalmente en el destaque de lo que el Presupuesto, con una colaboración constructiva de la oposición, ya ha definido. Es lo que hará.

Las novedades vienen por el lado de la creación de dos instituciones muy discutibles.

La creación del Ministerio de Justicia ha sido largamente conversada y recoge la experiencia de muchos países donde resulta una suerte de asesor en materia de seguridad jurídica y de enlace con la Fiscalía. Ésta, como se sabe, tiene un estatuto especial en nuestro derecho y actúa con autonomía. Personalmente vemos una superposición de funciones y, sobre todo, una fuente de conflictos entre una Fiscalía de Corte actuando y un Ministerio político que no estará en la vida de los hechos, porque no maneja nada, ni la policía ni la justicia.

La creación de la Universidad de Educación tiene una importancia, a nuestro juicio, mayor y profundamente equivocada. Es un tributo a los titulares sin contenido. Si lo que se desea es darle jerarquía universitaria a los docentes de un cierto nivel, ya el gobierno anterior dejó un sistema funcionando, que ahora se ha desaplicado. Podría haberse mejorado simplemente, pero no introducirnos ahora en la creación de otro ente autónomo que volverá a fracturar la coherencia del sistema. Mucho le ha costado al Codicen lograr que Primaria, Secundaria y la UTU se coordinaran y vertebraran un sistema unitario, a partir de la idea sustancial de que la educación es un proceso continuo de trece a quince años.

Los institutos de formación docente, hoy reunidos bajo una autoridad administrativa (el Consejo de Formación en Educación), actúan en el ámbito del Codicen y son una parte sustantiva del engranaje. Es el Codicen el que aprueba las directivas y los programas. Los institutos de formación se acompasan a ese rumbo.

La Universidad de la Educación formará los maestros y profesores que considere más adecuados para su visión de lo que el país necesita. Ésta muy probablemente no coincidirá con la del Codicen y ahí entraremos en una desvertebración profundamente negativa. ¿Qué es lo que se gana, como no sea aumentar una burocracia vestida de un pomposo traje universitario?

En cuanto a realizaciones, el plan de movilidad es la gran obra que se plantea. No hay duda de que es necesaria. Ya la capital está colapsada y a eso se añade una zona metropolitana en crecimiento. Técnicamente es difícil saber qué es lo mejor. Se está siguiendo un proyecto de origen académico que no nos atrevemos a calibrar en su aplicación general pero que recibe cuestionamientos serios. Lo que sí decimos es: hacer un túnel debajo de 18 de Julio para que transiten solo ómnibus, en una experiencia inédita a nivel internacional, puede ser nefasto y terminar con la relevancia de nuestra principal avenida. Su comercio ya atravesó el eclipse de sus clásicas galerías y, cuando está apenas repuesto del cimbronazo de la pandemia, se le introduce en este camino que puede llevarlo a la quiebra. Un año o dos años de obra son irresistibles. Es muy pequeña la ganancia de tiempo en ese tramo para justificar tamaña revolución.

El presidente apenas rozó la rescisión del contrato con Cardama. Ya lo hemos dicho: perderemos lo invertido, quedarán tirados esqueletos inermes de lanchas que no se construirán, habrá un largo juicio de incierto resultado y el tema del control soberano de nuestro mar quedará librado a la invasión extranjera que hoy campea. Se habla de comprar otros buques. Bienvenidos, pero será otro gasto enorme, muy superior seguramente al que estaba previsto y que en parte se despilfarra.

Avanzó el Presidente algo más en la otra gran rectificación: la del abastecimiento de agua. Estamos jugando con fuego. Seguir dependiendo del Santa Lucía sigue siendo un enorme riesgo. A mediano plazo se precisará Casupá, pero más se necesitará una toma en el Río de la Plata. Ya lo estamos haciendo en Juan Lacaze. No hay ningún misterio. El hecho es que, desde que incorporamos los 67 millones de metros cúbicos de agua de Paso Severino en 1988, no se ha añadido otra reserva.

En un plano más general, el discurso presidencial ha adolecido de la carencia de una visión más amplia del desarrollo del país. Invocar a la justicia social sin el sustento de una economía vigorosa es arar en el mar. O ahogarse en los déficits, que es aún peor. Hablamos de promover inversiones pero cada vez que propone algo el Ministro Castillo o se escucha a algunos nefastos sindicatos, se pone una nube negra en el horizonte. El déficit presupuestal ha sido manejable hasta ahora pero, si le vamos a agregar 4.000 millones de dólares todos los años y el diálogo social tiene la peregrina idea de que nos jubilemos todos alegremente a los 60 años, las nubes negras que se nos aproximarán vendrán más rápido de lo que parece.

Pasados unos días y aquietadas las aguas, nos queda la imagen de una institucionalidad firme, un debate político serio, un gobierno que no intenta afectar la estructura del país pero que carece de una visión renovadora, engarzada en los nuevos modos de producción. Muchas empresas se van y las miramos perplejos. El mundo ha cambiado. Necesitamos educar para un nuevo tiempo, que las gremiales desconocen. No solo por la inteligencia artificial sino porque el impulso geoeconómico ha pasado del Atlántico al Pacífico, el derecho internacional está en pausa y el incuestionable liderazgo estadounidense está imponiendo al mundo una lógica unilateral con procedimientos no siempre plausibles pero fines compartibles.

¿Dónde estamos nosotros en el torbellino de ese tornado que se va llevando tantas cosas?

La salida de «OurCrowd Latam» de Uruguay no es un simple cambio empresarial: es una señal de alerta para el ecosistema tecnológico local. La decisión del CEO Maayan Schreiber de abandonar el país sin mayores explicaciones deja un vacío en el financiamiento y la proyección internacional de startups uruguayas, y obliga a la ANII a buscar un reemplazo en un terreno donde la credibilidad y las redes globales no se construyen de un día para otro.

La aceleradora OurCrowd Latam Labs —brazo regional de OurCrowd, una de las plataformas de inversión en startups más reconocidas a nivel mundial— decidió dejar de operar en Uruguay después de menos de dos años actividad, según informó El Observador en una nota de la periodista María Noel Durán. Esta salida deja un vacío claro en el ecosistema local de innovación y plantea preguntas sobre la sostenibilidad del modelo de apoyo a emprendimientos en el país.

¿Qué es OurCrowd Latam?

OurCrowd es una plataforma global de inversión en capital emprendedor que reúne a inversores acreditados para aportar recursos a startups con alto potencial. Con sede central en Israel, la organización se ha expandido a nivel internacional, incluyendo América Latina con OurCrowd Latam, una rama que buscaba articular inversiones, acelerar empresas emergentes y fortalecer el vínculo entre capital internacional y proyectos tecnológicos de la región.

Según la propia organización, OurCrowd Latam no sólo funcionaba como plataforma de inversión, sino que también ofrecía aceleración, mentoría, networking global y apoyo estructural a emprendimientos en etapas tempranas, conectándolos con capitales y mercados que, de otra forma, les resultaría difícil alcanzar.

La experiencia en Uruguay

En Uruguay, OurCrowd Latam tuvo una presencia destacada desde 2024, cuando comenzó a operar bajo el paraguas de Uruguay Innovation Hub, el programa de innovación creado por el gobierno de Luis Lacalle Pou en la Rendición de Cuentas de 2023. La aceleradora se estableció con la intención de fortalecer el ecosistema emprendedor local, colaborando con el desarrollo de startups del sector tecnológico y facilitando su acceso a inversión extranjera. Durante su actividad, impulsó emprendimientos, organizó rondas de inversión, integró capitales internacionales con talento local y contribuyó a posicionar a Uruguay como una plataforma de potencial exportador de soluciones tecnológicas.

Ese rol era significativo porque —aunque existen programas estatales de apoyo a la innovación, como los gestionados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)— pocas iniciativas contaban con la combinación de networking global, capital de riesgo y mentoría estratégica que ofrecía OurCrowd Latam. En un mercado donde el acceso al financiamiento de riesgo es comparativamente limitado, su presencia representaba una puerta de entrada real hacia capitales internacionales para emprendimientos uruguayos.

Qué estaba previsto que hiciera

La intención original de OurCrowd Latam en Uruguay iba más allá de solo financiar o acelerar empresas. Entre los objetivos se encontraban:

• Expandir la red de inversores internacionales interesados en la región

• Aumentar las rondas de financiación para startups locales

• Fomentar la cultura emprendedora dentro de un marco de competencia global

• Consolidar a Uruguay como hub tecnológico en Mercosur

La aceleradora había establecido vínculos con instituciones públicas y privadas que pretendían potenciar el ecosistema, incluyendo acuerdos con redes de inversores ángeles y actores públicos vinculados a innovación.

Qué hará la ANII

Con la salida de OurCrowd Latam de Uruguay, la ANII anunció que abrirá un llamado público para sustituirla y cubrir parte del espacio que deja en el apoyo a startups, lo cual es una decisión correcta. La agencia estatal tendrá el desafío de buscar otra aceleradora o consorcio que pueda aportar funciones similares a las que OurCrowd Latam venía desarrollando, con un foco en conectar emprendimientos uruguayos con capital e infraestructura internacional.

Una mala noticia para Uruguay

La decisión del CEO Maayan Schreiber de cerrar las operaciones en Uruguay y abandonar el país —sin brindar mayores explicaciones públicas sobre la razón de su salida— constituye más que una simple reconfiguración de estrategia corporativa. Es un síntoma preocupante.

Primero, revela que un proyecto de este calibre puede abandonar el país sin mayores compromisos con los logros alcanzados o con la comunidad emprendedora que integró. Segundo, deja al descubierto que, pese a los esfuerzos estatales, todavía falta un entorno robusto que retenga inversiones globales —no solo capitales locales o regionales— por períodos sostenidos. Y tercero, plantea un interrogante sobre la capacidad del mercado uruguayo para competir por talento, proyectos y capital con otros polos de innovación más establecidos en la región.

La salida de OurCrowd Latam no solo deja un vacío de financiamiento de riesgo; también representa una pérdida de credibilidad para emprendedores que confiaron en el potencial de Uruguay como plataforma internacional. La ausencia de razones claras detrás de la decisión de Schreiber, magnifica ese impacto.

El reto a futuro

La experiencia de OurCrowd Latam en Uruguay debería servir de llamado de atención: si el país quiere consolidarse como un centro de innovación competitivo a nivel global, necesita no solo políticas públicas de apoyo, sino también un ecosistema que:

• Atraiga y retenga capital de riesgo internacional.

• Brinde seguridad jurídica y fiscal a inversores extranjeros.

• Fortalezca redes de mentores y conexiones globales.

• Construya puentes sistémicos entre instituciones públicas y actores privados internacionales.

La propuesta de la ANII de abrir un llamado para buscar sustitutos puede mitigar parte del problema, pero también expone que sin una estrategia integral y condiciones estructurales favorables, iniciativas similares podrían optar por otros destinos más atractivos.

La marcha de OurCrowd Latam no debería ser una caída aislada, sino un incentivo para replantear cómo Uruguay se inserta en la economía global de innovación y tecnología. O se fortalece ese camino, o las puertas que se abren con esfuerzo a veces se cierran sin previo aviso.

La muerte de Monseñor Luis del Castillo S. J. cierra una vida dedicada al pensamiento, la fe y la construcción institucional. Sacerdote respetado y figura central en la consolidación de la Universidad Católica del Uruguay, su trayectoria dejó una huella profunda en la vida religiosa, educativa y cultural del país.

El fallecimiento de Monseñor Luis del Castillo priva a la sociedad uruguaya de una figura que en el último medio siglo fue una referencia moral y un actor protagónico en el mundo religioso y cultural.

Personalmente lo conocí en los tiempos de la dictadura, a través de otro gran amigo católico, el Dr. Juan Vicente Chiarino. Siempre fue su presencia gratificante y, en la medida de sus posibilidades, ayudó a aliviar los conflictos y penurias de la situación.

Estuvimos muy cerca cuando él lideró la transformación del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras en Universidad Católica. Un decreto postrero de la dictadura le había dado un reconocimiento de dudosa legalidad, que se discutía al retornar la democracia. Los hechos imponían una convalidación genérica de los actos del gobierno saliente, pero ese, específicamente, era muy discutido: en algunos casos por quienes se oponían a la existencia de universidades privadas y en otros por quienes, aun aceptándolas, reclamaban una ratificación legal.

Personalmente creía en su aporte, razón por la cual le pedí a Monseñor del Castillo que el 1º de marzo tuviera la Universidad Católica funcionando, del modo que se pudiera, pero abierta. Recuerdo haberle dicho que mis correligionarios que reclamaban una ley —que sería de interminable debate— me podían pedir que abriera la discusión, pero no que cerrara una universidad. Así fue, y en marzo de 1985 del Castillo inauguró ese centro de estudios, abriendo un camino que luego se extendió con éxito.

De esas gestiones nació una afectuosa relación. Muchas veces le llamé para conversar de temas no solo de la educación, porque su palabra o su actuación siempre eran un aporte.

Se sabe que no participo de religión alguna, pero no por ello soy indiferente a lo que ocurre en ese ámbito. Por eso puedo expresar que en el tiempo del Rectorado o en sus Obispados fue del Castillo un eminente ciudadano. Me consta también que fue un gran sacerdote, reconocido unánimemente, con una admirable vocación, que luego de tantos cargos relevantes en nuestro país marchó a Cuba a una sacrificada y modesta labor pastoral.

Ante su fallecimiento saludamos la vida cumplida cabalmente por este gran uruguayo. Le hacemos llegar también nuestro fraterno saludo a sus familiares y, en general, a la grey católica por la que tanto trabajó.

J. M. S.

En un foro realizado en el Banco Central, autoridades, reguladores y expertos internacionales debatieron cómo fortalecer las reglas de competencia en Uruguay. El diagnóstico fue claro: la alta concentración de muchos mercados explica en buena medida por qué el país resulta caro, pero el desafío consiste en mejorar los controles sin destruir economías de escala necesarias para la inversión y la infraestructura. 

La discusión sobre por qué Uruguay resulta un país caro volvió al centro del debate económico durante un foro especializado realizado en Montevideo, donde autoridades, reguladores y expertos internacionales analizaron cómo mejorar las reglas de competencia en los mercados. El evento fue reportado el miércoles por El País, en una nota de la periodista Fabiana Culshaw, y reunió a representantes del gobierno, organismos reguladores y especialistas del exterior para discutir el futuro de la política de competencia en el país.

Un foro sobre competencia en el Banco Central

El encuentro, titulado “Fortaleciendo la política de competencia en Uruguay: nuevas guías de control de concentraciones en un contexto de retos y oportunidades para la competencia en los mercados”, tuvo lugar en la sede del Banco Central del Uruguay (BCU). Fue organizado por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas, con apoyo del Banco Mundial.

El objetivo central fue presentar y discutir nuevas guías para el control de concentraciones empresariales, una herramienta que busca mejorar la supervisión de fusiones y adquisiciones para evitar distorsiones en los mercados sin desalentar la inversión.

Según explicó el presidente de Coprodec, Daniel Ferrés, el país enfrenta un escenario donde muchos mercados presentan niveles elevados de concentración, lo que obliga a fortalecer las herramientas regulatorias. 

Ferrés explicó que el análisis se apoyará en la llamada “teoría del daño”, que examina si una operación empresarial puede generar barreras de entrada, eliminar competidores o reducir las opciones para los consumidores.

La competencia como factor del costo país

Uno de los mensajes más contundentes del foro fue formulado por el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, quien señaló que la falta de competencia explica en gran medida por qué Uruguay es caro.

Según Vallcorba, la promoción de mercados competitivos es clave para atraer inversiones, aumentar la productividad y estimular el crecimiento económico. En economías pequeñas como la uruguaya, advirtió, los problemas derivados de posiciones dominantes o concentración excesiva pueden tener efectos más profundos que en mercados grandes.

El jerarca también destacó que abrir la economía al comercio internacional puede introducir más competencia, aunque reconoció que en sectores no transables —aquellos que operan principalmente dentro del país— el problema es más complejo.

Las nuevas guías, valoró Vallcorba, apuntan a evaluar de forma “ex ante” —es decir, antes de que ocurran— las operaciones de concentración, identificando posibles riesgos para la competencia.

Productividad y crecimiento en América Latina

Desde el Banco Mundial, la economista senior Tanja Goodwin aportó una mirada regional. Señaló que América Latina atraviesa un período de crecimiento modesto, con tasas que calificó como “mediocres”, pero sostuvo que existe margen para expandirse si se mejora la productividad.

A su juicio, uno de los obstáculos estructurales para ese crecimiento es precisamente la insuficiente competencia en los mercados, que limita la innovación, encarece bienes y servicios y reduce la eficiencia económica.

Reguladores: competencia sí, pero con equilibrio

Los organismos reguladores uruguayos aportaron una perspectiva complementaria. Desde la Ursea, la gerente de Regulación Económica Ximena García de Soria advirtió que las concentraciones empresariales en sectores como energía y agua pueden generar vulnerabilidades en los sistemas y dificultar el acceso a suministros si no se controlan adecuadamente.

Sin embargo, el debate también dejó claro que una regulación mal calibrada puede generar efectos indeseados.

El representante de la Ursec, Luis González, explicó que las intervenciones regulatorias en sectores tecnológicos o de infraestructura deben aplicarse con precisión, ya que decisiones incorrectas pueden destruir economías de escala esenciales para desplegar redes como fibra óptica o 5G.

En mercados dinámicos, sostuvo, las soluciones regulatorias deben ser flexibles y adaptables.

Competencia y estabilidad financiera

Desde el Banco Central, el economista Miguel Mello subrayó que la competencia y la estabilidad financiera no son objetivos contradictorios, sino complementarios.

Según explicó, un sistema financiero competitivo puede generar menores costos de intermediación, mayor inclusión financiera, innovación tecnológica y un canal de crédito más dinámico, factores que contribuyen a mejorar la eficiencia económica general.

Experiencias internacionales

El foro también contó con especialistas internacionales que aportaron experiencias comparadas.

El funcionario de la Comisión Europea, Gianni De Stefano, explicó cómo la regulación de fusiones ha evolucionado en Europa, particularmente frente al auge de los mercados digitales. Según indicó, el tamaño empresarial no garantiza necesariamente mayor innovación ni precios más bajos, especialmente en mercados pequeños.

Por su parte, el experto chileno Mario Yabar destacó la importancia de sistemas transparentes y controles obligatorios de fusiones para proteger la competencia.

Desde México, Lizeth Martínez Nagore, de la Comisión Nacional Antimonopolio, advirtió que la presencia dominante del Estado en sectores estratégicos no siempre garantiza competencia ni interés público, ya que a menudo responde a prioridades políticas.

El equilibrio necesario

El debate dejó una conclusión central: mejorar las reglas de competencia es fundamental para reducir costos y dinamizar la economía, pero hacerlo exige un delicado equilibrio.

Por un lado, se deben evitar situaciones de concentración excesiva que limiten la competencia y perjudiquen a los consumidores. Por otro, es necesario reconocer que en economías pequeñas como la uruguaya ciertos niveles de escala son indispensables para sostener inversiones, infraestructura y eficiencia productiva.

El verdadero desafío de la política de competencia no consiste en impedir que las empresas crezcan, sino en garantizar que ese crecimiento no se traduzca en poder de mercado abusivo.

En definitiva, mejorar la competencia no es solo una cuestión jurídica o regulatoria. Es una pieza central de la discusión sobre productividad, innovación y costo país, tres variables que condicionan el futuro económico de Uruguay.

La frustrada instalación de una granja industrial de suinos con frigorífico en Cerro Largo, que prometía 500 empleos, terminó mudándose a Paraguay. La decisión expone con crudeza el deterioro del clima de negocios en Uruguay y reaviva el debate sobre costos, competitividad y seguridad jurídica en un momento en que otras inversiones también empiezan a mirar hacia afuera.

La frustrada instalación de una granja industrial de suinos en Cerro Largo, que iba a operar en articulación con un frigorífico para cerrar el circuito productivo, no fue simplemente un proyecto más que quedó por el camino. Fue una inversión extranjera de escala, con capacidad de generar alrededor de 500 puestos de trabajo, que finalmente decidió no radicarse en Uruguay y trasladarse a Paraguay. La información fue difundida por Canal 12 de Melo, y el impacto en la economía regional es inmediato.

El plan original contemplaba un esquema integrado: producción porcina intensiva y procesamiento industrial en un frigorífico asociado, lo que aseguraba valor agregado en origen, empleo directo y una cadena logística y comercial extendida. No se trataba solo de criar cerdos; era una apuesta agroindustrial con efecto multiplicador en transporte, servicios veterinarios, insumos, mantenimiento, comercio y servicios locales.

La decisión de abandonar el proyecto en Uruguay y concretarlo en Paraguay abre una pregunta inevitable: ¿por qué Paraguay?

Paraguay: costos bajos y reglas previsibles

En los últimos años, Paraguay ha consolidado un perfil atractivo para inversiones agroindustriales por varias razones estructurales:

• Carga tributaria más baja, con esquemas simples y previsibles.

• Costos energéticos competitivos, producto de su matriz hidroeléctrica.

• Menor presión regulatoria en comparación con otros países de la región.

• Tipo de cambio más estable para exportadores.

• Costos laborales y operativos significativamente menores.

Mientras tanto, Uruguay enfrenta un escenario de tipo de cambio bajo, altos costos energéticos, presión fiscal considerable y una estructura de costos laborales que, aunque responde al nivel de vida del país, impacta directamente en la competitividad de proyectos de margen estrecho como los agroindustriales.

En ese contexto, la ecuación para un grupo inversor europeo se vuelve pragmática: producir donde el costo total permita competir en mercados regionales e internacionales. Y hoy, para muchos capitales, ese lugar parece estar más al norte.

El deterioro del clima de negocios

Más allá de los números duros, hay un elemento intangible pero decisivo: la percepción del clima de negocios. Uruguay supo construir durante años una reputación de estabilidad jurídica y previsibilidad institucional. Sin embargo, en los últimos tiempos se acumulan señales que erosionan esa imagen.

La cancelación de esta inversión española se suma a otros episodios recientes: cierres de plantas industriales, envíos masivos al seguro de paro, reducciones de actividad en empresas históricas. Cada caso tiene sus particularidades, pero en conjunto dibujan un patrón inquietante.

No sería descabellado pensar que el grupo inversor haya tomado nota del contencioso del Estado uruguayo con el astillero gallego Cardama, un litigio de alto perfil que proyecta hacia el exterior la imagen de conflictos contractuales complejos y costosos. Para capitales extranjeros —y más aún europeos— estos antecedentes pesan en la evaluación de riesgo país, junto con los ya conocidos problemas de competitividad estructural.

A eso se suman los obvios temas de costos: energía, logística, seguridad social, carga tributaria y la presión regulatoria que, en sectores sensibles como el agroindustrial, puede traducirse en demoras o sobrecostos.

500 empleos que no serán

Para Cerro Largo, la pérdida es concreta. Son 500 puestos de trabajo que no se crearán, en un departamento donde cada inversión de magnitud altera positivamente la dinámica social y económica. Es empleo directo y es empleo indirecto; es movimiento comercial y es arraigo territorial.

Pero el daño va más allá del número: cuando un proyecto de esta escala se instala en otro país, envía una señal al mercado internacional. La pregunta que otros inversores se harán es simple: si esta empresa eligió Paraguay, ¿qué está viendo que nosotros también deberíamos mirar?

Más que un caso aislado

La caída de esta inversión no puede analizarse como un hecho aislado. Se inscribe en un contexto donde varias empresas han reducido actividad o cerrado operaciones en los últimos tiempos. Cuando los costos internos crecen, el tipo de cambio juega en contra y la conflictividad o la incertidumbre jurídica aparecen en el radar, la competitividad se resiente.

Uruguay sigue siendo un país institucionalmente sólido, pero la solidez institucional no compensa indefinidamente desventajas económicas acumuladas. El capital se mueve donde la ecuación es favorable.

La granja industrial de suinos con frigorífico integrado que iba a levantarse en Cerro Largo finalmente se levantará en Paraguay. Allí se generarán los empleos, allí se pagarán los salarios y allí se capturará el valor agregado. En Uruguay quedará la lección: en el mundo real de la inversión, los discursos pesan menos que los costos y la previsibilidad.

Y cuando 500 empleos cruzan la frontera, no es una anécdota. Es una advertencia.

La carta enviada por la Coalición Republicana al presidente Orsi reabre un debate estratégico que el país no puede eludir: cómo garantizar el abastecimiento de agua potable para la región metropolitana en un contexto de creciente fragilidad hídrica. En medio de nuevas señales de estrés en la cuenca del Santa Lucía, la oposición advierte que insistir en el mismo sistema —aunque se amplíe con la represa de Casupá— es un error estratégico gravísimo.

La reciente carta enviada por los partidos de la Coalición Republicana al presidente Yamandú Orsi introduce un debate que excede la disputa partidaria y se instala en el terreno de las decisiones estratégicas del país. El documento, firmado por dirigentes del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, advierte sobre los riesgos de la actual política hídrica y solicita revisar la decisión de construir la represa de Casupá como solución principal al abastecimiento de agua potable para el área metropolitana.

El planteo llega en un momento particularmente oportuno. Uruguay vuelve a experimentar señales de estrés hídrico en la cuenca del río Santa Lucía, el sistema del que depende casi toda el agua potable de Montevideo y su región metropolitana. La crisis de 2023 dejó en evidencia la fragilidad del esquema actual: la caída del nivel de los embalses obligó a adoptar medidas excepcionales y puso en primer plano la vulnerabilidad de un sistema que depende casi exclusivamente de una sola fuente. Las advertencias que hoy reaparecen sobre el estado de las reservas confirman que el problema no era coyuntural, sino estructural.

En ese contexto se inscribe la carta de la Coalición Republicana. El documento sostiene que la estrategia del gobierno —centrada en la construcción de la represa de Casupá y en la continuidad del abastecimiento desde la cuenca del Santa Lucía— no corrige el problema de fondo que quedó al descubierto durante la sequía. Según el planteo opositor, ampliar la capacidad de almacenamiento dentro de la misma cuenca puede aportar un alivio circunstancial, pero mantiene intacta la vulnerabilidad del sistema frente a sequías prolongadas o deterioros ambientales del río.

Por esa razón, los firmantes del documento defienden la necesidad de incorporar una segunda fuente de abastecimiento. La alternativa que proponen es retomar la captación desde el Río de la Plata, una idea que estaba en el centro del proyecto Arazatí o “Proyecto Neptuno” impulsado durante el gobierno anterior. Aquella iniciativa apuntaba precisamente a diversificar el suministro de agua potable para la región metropolitana y evitar que la seguridad hídrica del país dependiera de un único sistema fluvial.

La advertencia que formula la oposición es clara: las decisiones en materia de infraestructura hídrica no son meramente administrativas ni coyunturales. Se trata de definiciones estratégicas cuyos efectos se extienden por décadas. Por eso la carta reclama que cualquier inversión destinada a resolver el problema del abastecimiento tenga como objetivo un resultado “definitivamente exitoso”, es decir, un sistema resiliente que no vuelva a exponer al país a una situación como la vivida hace apenas unos años.

El gobierno, por su parte, ha optado por impulsar la represa de Casupá como eje de su política de seguridad hídrica. El proyecto prevé la creación de un gran embalse en el departamento de Florida que ampliaría considerablemente la capacidad de almacenamiento del sistema que abastece a Montevideo. Para el oficialismo, esa obra permitiría reforzar las reservas y mitigar los efectos de futuros episodios de sequía.

La discrepancia entre ambas visiones es, en esencia, estratégica. Mientras el gobierno apuesta a aumentar las reservas dentro del sistema existente, la oposición plantea que el verdadero problema es la dependencia de una sola cuenca y que la solución pasa por diversificar las fuentes de abastecimiento. Es la diferencia entre reforzar el modelo actual o cambiarlo.

Más allá de la discusión técnica, la carta tiene también una dimensión política relevante. Muestra a los partidos de la Coalición Republicana actuando coordinadamente desde la oposición y ofrece, al mismo tiempo, una señal institucional: los firmantes aseguran que, si el gobierno reconsidera la estrategia e incorpora una segunda fuente de abastecimiento, contará con su respaldo para avanzar en esa dirección.

El abastecimiento de agua potable para la principal área urbana del país no admite improvisaciones ni soluciones parciales. La carta enviada al presidente Orsi vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que Uruguay no puede postergar: la seguridad del agua para Montevideo y su región metropolitana.

Si la crisis reciente dejó alguna enseñanza, fue precisamente que depender de una única cuenca constituye un riesgo estructural. La discusión sobre Casupá, Arazatí o cualquier otro proyecto debería partir de ese diagnóstico. Porque en materia de agua potable los errores no se pagan en términos políticos: se pagan en seguridad sanitaria, en calidad de vida y en la resiliencia futura del país.

La resolución de la JUTEP que cuestiona la actuación de Azucena Arbeleche reabre una discusión más profunda que el caso puntual: la creciente politización de un organismo que debería actuar con criterios estrictamente técnicos. Cuando el propio dictamen admite que la firma de la ministra no pudo alterar el resultado del expediente ni generar beneficio alguno, la sanción ética termina revelando algo más inquietante: que la Junta vuelve a ser utilizada como instrumento de disputa política menor.

El origen del asunto se remonta a una resolución firmada por Arbeleche cuando se desempeñaba al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. La ministra rubricó un expediente vinculado a una exoneración tributaria concedida a una empresa en la que trabajaba su marido. Sobre esa base, la JUTEP concluyó que la jerarca violó normas de conducta en la función pública por no haberse excusado de intervenir en el trámite.

El dictamen sostiene que la firma de la ministra configuró una infracción a los principios de prudencia y prevención de conflictos de interés que deben regir el comportamiento de los funcionarios públicos.

Sin embargo, el propio análisis del expediente introduce un elemento clave: la decisión final no dependía de una valoración personal de la ministra, sino de un proceso administrativo basado en informes técnicos previos. El documento reconoce que, aun cuando Arbeleche se hubiera excusado y la firma hubiese correspondido a otro jerarca del ministerio, el resultado habría sido exactamente el mismo.

Ese punto no es menor. Significa que la resolución cuestiona una formalidad procedimental —la falta de excusación— en un caso donde no existió beneficio indebido ni posibilidad real de alterar el resultado técnico del trámite.

Un acto administrativo inevitable

La estructura de los procedimientos administrativos en el Estado implica que los jerarcas suelen firmar resoluciones que ya han sido elaboradas y evaluadas por comisiones técnicas o direcciones especializadas. En ese contexto, la firma ministerial opera como un acto administrativo de elevación o convalidación del expediente, no como una decisión discrecional capaz de modificar el contenido del dictamen técnico.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en este caso. El expediente llegó al despacho ministerial con informes técnicos previos y con una recomendación ya establecida. La jerarquía política del ministerio no tenía margen para cambiar el resultado de esa evaluación.

Por eso, el propio razonamiento contenido en la resolución termina reconociendo que la firma de Arbeleche no tuvo incidencia material en el resultado. El procedimiento habría concluido de la misma forma aun si hubiese sido firmado por cualquier otro jerarca.

En términos estrictamente administrativos, la ministra no estaba resolviendo un asunto de manera discrecional, sino cumpliendo con un paso formal del trámite.

De dictamen técnico a pronunciamiento político

Es precisamente esa contradicción la que ha alimentado las críticas al pronunciamiento de la JUTEP. Si no hubo beneficio indebido, ni alteración del resultado técnico, ni trato diferencial para la empresa involucrada, la conclusión del organismo termina apoyándose en una interpretación formalista de la normativa ética.

La consecuencia es que el dictamen deja de analizar un conflicto real de intereses y pasa a sancionar una situación hipotética: la apariencia de un conflicto que en rigor no tuvo efectos concretos en el resultado administrativo.

Ese desplazamiento es lo que ha llevado a varios dirigentes políticos a sostener que la resolución tiene un carácter político. El cuestionamiento no se dirige a una conducta que alteró el interés público, sino a un gesto administrativo que no podía modificar el resultado del procedimiento.

El problema de fondo: la JUTEP y su credibilidad

El episodio revive una discusión que viene desarrollándose desde hace tiempo en torno al funcionamiento de la JUTEP. Durante este período han surgido evidencias contundentes sobre la creciente politización del organismo y sobre la utilización de sus pronunciamientos como herramientas de disputa partidaria.

Casos recientes, filtraciones de informes y debates públicos sobre la orientación de algunos dictámenes han instalado la percepción de que la Junta corre el riesgo de apartarse de su función original: la de ser un órgano técnico de control de la ética pública.

El peligro de esa deriva es evidente. Cuando un organismo creado para garantizar la transparencia empieza a ser percibido como un actor más dentro de la confrontación política, su autoridad moral se hace añicos.

Una institución que debe preservar su carácter técnico

La ética pública requiere instituciones sólidas, independientes y técnicamente rigurosas. La JUTEP fue concebida precisamente para cumplir ese papel: evaluar conductas de los funcionarios públicos con criterios objetivos y alejados de la disputa partidaria.

Por eso cada uno de sus pronunciamientos tiene un impacto institucional mayor que el de una simple opinión administrativa.

Cuando un dictamen reconoce que el resultado del acto administrativo habría sido idéntico aun si la jerarca se hubiera excusado, pero al mismo tiempo concluye que hubo una violación ética, el debate deja de ser jurídico y pasa a ser político.

Y es en ese terreno donde la credibilidad del organismo estalla en pedazos.

Por Santiago Torres

El anuncio del presidente Yamandú Orsi sobre la creación de un Ministerio de Justicia suena más a gesto político que a reforma necesaria y viable. Sin mayorías parlamentarias, con resistencias dentro del propio Frente Amplio y con el riesgo de concentrar aún más poder en la figura del Prosecretario de la Presidencia, el proyecto parece condenado desde el inicio.

El presidente Yamandú Orsi volvió a anunciar, en su discurso ante la Asamblea General, la creación de un Ministerio de Justicia. Pero conviene empezar por aclarar algo que el tono solemne del anuncio podría ocultar: no se trata de una novedad. La idea ha sido mencionada en reiteradas ocasiones desde antes de asumir el actual gobierno y reaparece ahora más como una reiteración discursiva que como una iniciativa políticamente viable.

En realidad, el proyecto parece condenado a una suerte curiosa: nacer muerto.

Un problema inexistente

El primer argumento contra la creación de un Ministerio de Justicia es el más simple: Uruguay nunca lo necesitó.

Durante décadas el país ha organizado su sistema institucional sin ese ministerio, con competencias repartidas entre el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y otras dependencias administrativas. El funcionamiento del sistema puede tener problemas —como cualquier sistema judicial—, pero ninguno de ellos parece derivar de la ausencia de un ministerio específico.

Crear una nueva cartera implica inevitablemente más burocracia, más estructura, más cargos políticos y más gasto público, todo para resolver un problema que, en rigor, no existe.

La pregunta es inevitable: si el sistema funcionó durante décadas sin esa estructura, ¿por qué sería ahora imprescindible?

Un antecedente incómodo

Hay además un elemento histórico que ha sido recordado en estos días y conviene tener presente.

El antecedente más claro de un Ministerio de Justicia en Uruguay se encuentra en tiempos de la dictadura a través del Acto Institucional N° 8, creación conjunta del entonces presidente de facto Aparicio Méndez y Fernando Bayardo Bengoa, a la sazón Fiscal de Corte y, luego del Acto N° 8, Ministro de Justicia. No es un dato menor. En los regímenes autoritarios, los ministerios de justicia suelen funcionar como herramientas de control político sobre el aparato judicial.

No digo que ese sea el objetivo actual. Pero los antecedentes históricos enseñan que cuando un ministerio concentra demasiadas competencias vinculadas a justicia, fiscalía y sistema penitenciario, el riesgo institucional aumenta.

Por eso muchos países democráticos prefieren mantener separadas esas funciones.

El riesgo es real y lo señaló certeramente la Dra. Daiana Abracinskas en X: “Un Ministerio de Justicia está bajo la órbita política y puede transformar cuestiones técnicas y jurídicas en decisiones estratégicas del gobierno de turno. Eso, es erosionar la confianza pública y a la propia justicia”.

La concentración de poder

El argumento más inquietante, sin embargo, no es solo institucional sino político.

El hipotético Ministerio de Justicia tiene nombre y apellido, como es harto sabido.

Ese nombre es Jorge Díaz, actual prosecretario de la Presidencia y una de las figuras más influyentes del gobierno.

Si el ministerio se crea, pocos dudan de que sería su destino natural. Y si no lo fuera directamente, difícilmente quedaría en manos de alguien que no fuera políticamente afín a él.

El problema es que Díaz ya ocupa un lugar de enorme poder dentro del Ejecutivo. Y su influencia se proyecta además sobre el Ministerio del Interior, encabezado por Carlos Negro, un viejo conocido —y subordinado— suyo.

Crear una nueva cartera en ese contexto significaría concentrar aún más poder en el mismo círculo político, algo que difícilmente pueda presentarse como un simple reordenamiento administrativo.

El problema parlamentario

Pero incluso si se dejaran de lado las objeciones institucionales, el proyecto enfrenta un obstáculo político mucho más concreto: los votos.

El Frente Amplio no tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados para aprobar una ley de este tipo.

Eso significa que debería negociar con la oposición. No es imposible, pero sí extremadamente difícil. Y más aún cuando se trata de una reforma institucional profunda que genera tantas dudas. Por lo pronto cuenta con la decidida oposición de la Coalición Republicana, de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana.

Las grietas dentro del oficialismo

La señal más reveladora de la fragilidad del proyecto proviene, paradójicamente, del propio oficialismo.

Dentro del MPP ya han aparecido señales claras de incomodidad, que darían cuenta del soterrado contencioso entre ese sector y el Prosecretario Jorge Díaz.

Primero fue el senador Daniel Caggiani, quien expresó reparos sobre la iniciativa. “El Ministerio de Justicia a mí no me gusta mucho”, manifestó a Radio Carve, agregando que “yo soy de los que piensan de que cuanto menos mano metamos en esas cosas, mejor. No en el caso de Uruguay, pero en otros países vemos que hay gobiernos que a veces terminan promoviendo medidas que cercenan las cuestiones judiciales”. Compartible razonamiento.

Luego el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, intentó relativizar esas discrepancias señalando que “no hay unanimidades en ningún lado”, en contraste con el optimismo del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que insistía en que el proyecto sería votado por el conglomerado oficialista y que hablaría con Caggiani al respecto.

Pero finalmente llegó la señal más contundente. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky fue directa con El País: la creación del ministerio no es “ni cerca una prioridad número uno” y que no la “entusiasma”.

En política, cuando una figura de ese peso dice que algo no es prioridad y no la entusiasma, el mensaje suele ser inequívoco.

Un proyecto condenado

Con objeciones institucionales, con problemas de legitimidad histórica, con dudas dentro del oficialismo y sin mayorías parlamentarias claras, el proyecto del Ministerio de Justicia aparece como lo que probablemente es: una iniciativa sin destino político real.
Más que una reforma institucional necesaria, parece la materialización de una vieja aspiración dentro de cierto círculo de poder en el seno del gobierno.

Pero las aspiraciones personales no siempre se convierten en política pública.

Por eso todo indica que este proyecto seguirá el destino de tantos otros anuncios políticos: quedará en el discurso.

Y así, el ministerio que algunos imaginan como una pieza clave del nuevo gobierno probablemente termine siendo lo que ya parece hoy: un proyecto que nace.

Afortunadamente para la institucionalidad del país —y para evitar nuevas concentraciones de poder— el sueño húmedo del prosecretario Díaz difícilmente llegue a concretarse.

Por Tomás Laguna

Del extenso mensaje dirigido por el Presidente de la República a la Asamblea General el pasado 2 de marzo, ya cuestionado por varios destacados legisladores de la Coalición Republicana, resultan muy preocupantes las escasas y erráticas menciones que refirieron a la agropecuaria.

En un acto muy republicano, el presidente de la República se presentó ante la Asamblea General en la sesión del pasado 2 de marzo, a un año y un día de haber asumido el cargo, para realizar un balance de su primer año de gobierno. Cumplió el Presidente Orsi con lo establecido en el numeral 5.º del artículo 168° de la Constitución de la República.

En la ampulosidad del extenso mensaje, el capítulo agropecuario resultó escaso, errático, habiendo sido expuesto en ausencia de un ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que continúa fuera del país y, por lo tanto, lejos de las responsabilidades sustantivas de su cargo.

Entre las primeras menciones, el Presidente destacó los logros del reciente viaje a China, al que ya hicimos mención en la edición del pasado 13 de febrero bajo el título Peregrinación a China: para el agro la montaña parió un ratón. En particular, cabe reiterar que la referencia a la cuota de acceso al mercado chino de 300.000 toneladas de carne no es mérito de esta misión. Lo cierto es que anteriormente no teníamos límite de acceso y el volumen que se reivindica como logro es una concesión unilateral del gobierno chino, por fuera de los mayores aranceles establecidos por este último a sus importaciones de carne, en esa suerte de escalada arancelaria del comercio mundial. Por lo tanto, un logro que no es tal.

También corresponde reiterar, dentro del mismo capítulo China, que la apertura de un canal de comercialización para carne aviar a ese mercado ya había sido lograda durante el gobierno anterior, pero nunca se activó. El día que el agronegocio avícola logre exportar en volumen y con asiduidad será motivo de festejo en reconocimiento a la esforzada industria avícola de nuestro país, atendiendo la muy limitada competitividad de este rubro a nivel internacional. Segundo logro que no es tal.

Mencionó el señor Presidente, con entusiasmo, la posibilidad de desarrollar una vacuna contra la garrapata. Sin duda, un problema sanitario que se ha transformado en un dolor de cabeza y que por momentos parece haber superado a las actuales autoridades sanitarias del MGAP, en particular por las complejidades y reclamos que se desprenden de los análisis de residuos de garrapaticidas a nivel de planta frigorífica. En el caso concreto del anuncio, la vacuna estaría dirigida a reducir la presencia del ácaro a nivel de campo, pero que quede claro que nunca lo eliminará. Se trata de medidas de control mientras se convive con el vector, exigiendo mantener el control mediante específicos veterinarios. Como sea, estamos ante un proyecto, una idea, no un logro.

Mientras tanto, el programa para el control de la mosca de la bichera, afección con igual o mayor relevancia económica que la garrapata, parece haber quedado desarticulado luego de los avances logrados durante la anterior administración de gobierno. ¿Será que la sanidad animal también ha sido politizada en este país?

La referencia al riego ya parece una suerte de “muletilla” que no puede faltar en el discurso del buen político. Antes que anunciar futuras ventanillas de atención a productores interesados en regar, habría sido bueno conocer las bases de la enunciada “Estrategia Nacional de Riego”. Mientras tanto, no es más que un título conveniente para la oportunidad…

El Presidente hizo mención a las inversiones en adquisición de tierras para el Instituto Nacional de Colonización. Desde estas páginas, y con convicción batllista, hemos justificado la compra de la estancia María Dolores, a la vez que hemos defendido la vigencia del INC como instrumento del Estado para una política de tierras. Nuestra discrepancia con el gobierno, y con la izquierda más “sesentista”, es que el INC no es un instituto para la reforma agraria, y menos que nunca en la promisoria realidad agropecuaria del Uruguay del siglo XXI. Antes que promover minifundios inviables por su dimensión productiva, el INC debe, como objetivo único y superior, evitar que los actuales pequeños y medianos productores dejen la tierra desestimulados por la falta de escala en sus emprendimientos. La lechería nacional requiere de esos respaldos en tanto sufre el acoso y la iracundia de un sindicato que este mismo gobierno no ha sabido frenar.

También fue mencionado el programa PROCRIA, dirigido a mejorar la performance reproductiva del rodeo nacional. Iniciativa nada novedosa, más conocida que el agujero del mate en la larga historia de la extensión rural. Allá por mediados del año pasado, cuando se anunció este programa, desde estas páginas reflexionábamos: ¿Qué separa la actual ganadería de aquella de hace 30 años, cuando programas similares se promovían desde el Estado (casos PRONADEGA y Vaca 4)? En 30 años la estructura del rodeo se tornó más eficiente y más productiva al influjo de una mayor demanda. Más allá de que las tareas de difusión y extensión deben ser permanentes, la ampulosidad del nuevo programa anunciado parece responder más a justificaciones políticas que a los requerimientos de la actual y muy competitiva ganadería vacuna. De hecho, la mayor producción de terneros, que por cierto creció significativamente en 30 años, responderá siempre al buen criterio de oportunidad del ganadero.

Lo más grave en el relato del mensaje presidencial está en las ausencias. Ni una mención a nuestra granja nacional, que sufre y lucha por su competitividad procurando mayor productividad y menores costos. Ni una mención al drama sufrido por la producción apícola luego de las pérdidas de colmenas a fines del año pasado, cuando nada se hizo desde el Poder Ejecutivo en atención a esta comunidad de productores sin tierra. Tampoco fue parte del mensaje la forestación hoy, tema relevante ante tantos críticos contrarios a esta actividad que confluyen en los cuadros partidarios del gobierno. ¿Qué debemos esperar en la necesaria continuidad del desarrollo forestal de nuestro país?

No hubo un capítulo agrícola. Fue ignorado el dinámico complejo arrocero y tampoco mereció referencia el reciente anuncio de reducción de actividad de una de nuestras principales malterías. ¿Correrá la cebada la misma suerte del girasol? Tampoco se conocen las líneas de acción instrumentadas durante este primer año de gobierno para el desarrollo del complejo pesquero, a esa altura un rubro desconocido, inexistente hoy para el ministro Fratti.

Pero, por sobre todo, no hubo referencias a las medidas de gobierno para atender los crecientes problemas de competitividad de las distintas cadenas agroindustriales de nuestra economía, en su necesaria inserción internacional. El agro faltó a la cita, lo que no es de extrañar en un gobierno de izquierdas.

Por Angelina Rios

A pesar de los avances históricos, ningún país del mundo ha alcanzado todavía la plena igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

Cada 8 de marzo el mundo vuelve a mirar el camino recorrido por las mujeres. No se trata solamente de una fecha simbólica en el calendario internacional. Es, sobre todo, una instancia de memoria colectiva y de reflexión política sobre cuánto se ha avanzado y cuánto falta por hacer para que la igualdad sea una realidad y no apenas una aspiración.

Si miramos la historia, el cambio ha sido profundo. Hace poco más de un siglo, las mujeres luchaban por derechos que hoy parecen elementales: votar, estudiar, trabajar fuera del hogar o participar en la vida pública.

En Uruguay, esas conquistas se fueron consolidando a lo largo del siglo XX, convirtiendo al país en uno de los pioneros de la región en materia de derechos civiles y políticos.

Sin embargo, los avances nunca significan que la tarea esté terminada. La igualdad formal que establecen muchas leyes todavía convive con desigualdades reales en el trabajo, en los ingresos, en la distribución de responsabilidades familiares y en la participación en los espacios de decisión.

Los datos internacionales muestran que el desafío sigue siendo profundo. Según un informe reciente de ONU Mujeres, ningún país del mundo ha alcanzado todavía la plena igualdad jurídica entre hombres y mujeres. A escala global, las mujeres poseen apenas el 64% de los derechos legales que tienen los hombres.

El informe advierte además que los sistemas encargados de garantizar justicia, proteger los derechos y sostener el Estado de derecho están fallando a las mujeres en muchas partes del planeta. No se trata solamente de una cuestión cultural o social. También es una cuestión institucional que interpela directamente a los Estados y a las democracias contemporáneas.

Uruguay no está ajeno a estos desafíos. Nuestro país ha construido una tradición jurídica avanzada en materia de derechos y oportunidades para las mujeres. Sin embargo, todavía persisten brechas en el acceso a posiciones de liderazgo, en la distribución de responsabilidades familiares y en el mercado laboral. La participación femenina en la política, aunque creciente, aún está lejos de reflejar plenamente la realidad de la sociedad uruguaya.

Por eso el 8 de marzo no debe entenderse únicamente como una fecha de reconocimiento. Es también una oportunidad para preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir y qué políticas públicas son necesarias para consolidar una igualdad efectiva.

Las sociedades que progresan son aquellas que logran integrar plenamente el talento y la mirada de todas las personas. Cuando las mujeres participan en igualdad de condiciones, no solo ganan ellas: gana la democracia, gana la economía y gana la convivencia social.

Los datos del informe de ONU Mujeres deberían servir como advertencia. Si ningún país del mundo ha alcanzado aún la igualdad jurídica plena, significa que el desafío sigue abierto para todas las democracias.

También para la nuestra.

La historia demuestra que los derechos no se consolidan solos. Se construyen con decisiones políticas, con instituciones fuertes y con una sociedad que entiende que la igualdad no debilita a la democracia: la fortalece.

Por Juan Carlos Nogueira


La propuesta de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos abrió un debate que trasciende lo administrativo y roza el corazón del sistema republicano. Entre el argumento oficial de ordenar competencias dispersas y las advertencias opositoras sobre burocracia y equilibrio de poderes, la discusión plantea una pregunta de fondo: ¿es una necesidad institucional o una expansión innecesaria del Estado en un momento económico delicado?

La idea de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay ha sido impulsada por el Poder Ejecutivo como una reforma que, según el gobierno, permitiría ordenar áreas que hoy funcionan de manera fragmentada. Para el gobierno, representado en gran medida por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, se trata de responder a problemas de oficinas que trabajan sin coordinación efectiva entre sí. Díaz ha señalado que actualmente las funciones relacionadas con acceso a la justicia, derechos humanos, defensa del Estado en arbitrajes internacionales y políticas penitenciarias están dispersas en distintas oficinas sin una estrategia común, lo que genera ineficiencias y falta de rendición de cuentas claras ante el Parlamento.

Además, el presidente Yamandú Orsi ha insistido en que la propuesta figuraba en varios programas partidarios y que espera que se pueda consensuar con la oposición para avanzar. El gobierno sostiene que el objetivo es fortalecer el sistema sin interferir con la independencia de los jueces.

La propuesta también ha generado resistencia firme, especialmente desde sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado.

Javier García ha sido uno de los críticos más visibles. Ha afirmado que no están dadas las condiciones políticas ni las garantías necesarias para respetar la independencia judicial y que, además, cuestiona la pertinencia de seguir ampliando la estructura del Estado con nuevos ministerios, lo que, a su juicio, puede generar más burocracia.

Pedro Bordaberry expresó claramente que no cree en un Ministerio de Justicia en Uruguay, argumentando que no lo considera útil ni necesario en el contexto actual y sugiriendo que no se justifica ampliar el aparato estatal con otra cartera.

Dirigentes de la oposición han advertido sobre el riesgo de politización de funciones relacionadas con la justicia si se concentra más poder administrativo en el Ejecutivo y temen que esto pueda tener injerencias en áreas que deberían ser autónomas.

La discusión sobre la creación de un nuevo ministerio toca una de las bases del sistema republicano: la separación de poderes. Montesquieu, en el siglo XVIII, en su obra clásica El espíritu de las leyes, planteó que, para garantizar la libertad y prevenir el abuso de poder, el Estado debe dividirse en tres ramas distintas. Si una sola institución o poder concentra más de una de estas funciones o no existen contrapesos efectivos entre ellas, puede provocar abusos de poder.

Las ideas de Montesquieu influyeron en muchas constituciones modernas y, por supuesto, en la nuestra. Cabe destacar que muchas democracias tienen ministerios de Justicia (Estados Unidos, por ejemplo), pero el principio de separación de poderes está bien marcado. La creación de un nuevo ministerio bajo la órbita del Ejecutivo podría afectar el equilibrio de poder, asunto que deberá ser analizado por especialistas en derecho constitucional.

Incluso su nombre da que pensar. Cuando un ministerio necesita agregar “Derechos Humanos” en el nombre, quizás sea porque el poder desconfía de sí mismo. Me recuerda un poco al Ministerio de la Verdad en 1984, de Orwell...

Pero más allá de los argumentos filosóficos y jurídicos, hay una crítica de fondo que trasciende la separación de poderes y tiene que ver con cómo se administra el aparato estatal. Porque, aunque algunos pretendan ignorarlo, la Economía manda.

Seguir ampliando la ya pesada burocracia estatal con un nuevo ministerio difícilmente pueda justificarse en el escenario económico actual. La creación de otro ministerio implica, inevitablemente, más cargos de alta jerarquía, más personal administrativo, más presupuesto asignado y más complejidad burocrática. Esto ocurre incluso cuando parte de las funciones que se pretende agrupar ya existen bajo otras dependencias. Esta idea de reconfigurar funciones en una nueva entidad estatal implica un costo económico y no garantiza mayor eficiencia o mejores resultados para la ciudadanía.

En momentos en que muchos sectores de la economía piden eficiencia estatal, contención del gasto público y mayor responsabilidad fiscal, la expansión de la estructura ministerial puede verse como un paso en la dirección opuesta.

Entonces, ¿por qué crear un “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”?
Tal vez para instalar una discusión que distraiga a la opinión pública de los problemas reales que nos acucian (seguridad pública, cierre de empresas y pérdida de fuentes de empleo, agua, entre otros) y de la pésima gestión del gobierno para solucionarlos.
La prioridad del país no es crear ministerios, sino resolver problemas.

Por Jonás Bergstein

El cuplé de la murga Doña Bastarda reabrió un debate incómodo pero necesario: hasta dónde llega la libertad de expresión cuando el humor se construye sobre la tragedia de un pueblo. Entre sátira, sensibilidad y responsabilidad pública, el episodio deja al descubierto un problema más profundo: la persistencia de una tolerancia social hacia la burla o relativización del sufrimiento judío que difícilmente se admitiría respecto de cualquier otra comunidad.

A veces la inmediatez de los hechos, las connotaciones emocionales de algunos temas y el fragor de la discusión pueden distraernos de aquello que debe ser esencial y que ineludiblemente debe ser el centro de nuestra atención y preocupación. La buena noticia es que la distracción es pasajera: el tiempo y su sabiduría tienen esa rara virtud de ubicar las cosas en sus justos términos, para decantar lo esencial de lo accesorio y así dejar al descubierto el núcleo de aquello que, a la postre, habrá de perdurar.

Hoy, transcurrido más de un mes desde que los cánticos de Doña Bastarda cobraran estado público, intento hacer ese mismo ejercicio para reflexionar sobre el tristemente célebre cuplé de la murga: qué fue verdaderamente ese cuplé, qué significado podemos atribuir a todo el episodio y qué lecciones podemos sacar en limpio.

Empiezo por lo que entiendo más claro, palmario y elemental. El cuplé de Doña Bastarda pertenece a esa clase de cosas que están definitivamente mal —por donde sea que se les mire— y que, como tal, debe ser condenado por todos, incluso por aquellos que rara vez condenan cuando el agraviado es uno o más judíos (nos referimos al Frente Amplio, al PIT-CNT y a cuantas organizaciones de derechos humanos pudiera haber en la vuelta).

Nos explicamos. Todos sabemos que una de las notas esenciales de toda murga es la sátira política, el comentario mordaz e incisivo. En suma, el humor. Sucede que hay ciertos temas, situaciones o hechos en los cuales el humor no corresponde: por decir algo, a nadie se le ocurre ir a un velorio para ir a burlarse del finado. El Holocausto, el aniquilamiento de judíos durante la guerra, pertenece a esa misma especie.

Valerse del “jabón” —tan indisolublemente asociado al exterminio judío perpetrado por los nazis— para hacer de él objeto de sátira es lisa y llanamente inaceptable. Porque la masacre de un pueblo —sea judíos, armenios o el que fuere— es justamente uno de esos tantos temas en que, como decíamos, el humor no corresponde: son temas demasiado serios, que arrastran una carga tal de sufrimiento y de dolor que los hace incompatibles con el humor.

Si se nos permite un símil —los ejemplos muchas veces nos ayudan a entender y explicar—, es como si luego de un accidente de tránsito mortal, en el cual la víctima fuera completamente destrozada, a alguien se le ocurriera componer una estrofa con el puré. Sería de muy mal gusto, por decir lo menos.

Pero volvamos a nuestro caso, el de Doña Bastarda y su cuplé. Sr. lector: ¿Ud. se imagina a Doña Bastarda mofándose de los huesos o cráneos de los desaparecidos? Y si acaso lo hicieran, ¿Ud. no cree que —con toda razón— el INAU mantendría su veto, que Doña Bastarda pediría mil perdones y se flagelaría el pecho, que el sistema político monolíticamente se alzaría en pie de guerra, que el PIT-CNT pondría el grito en el cielo, y así sucesivamente?

Entonces la pregunta cae por su peso: ¿por qué el caso del judío o del colectivo judío es distinto?

Hemos llegado a la médula de la cuestión: cuando se trata de los judíos, es común permitirnos un margen de tolerancia y de opinabilidad —el propio Ministro de Educación y Cultura, Carlos Mahía, decía que “es una cornisa compleja”— que jamás toleraríamos respecto de ningún otro grupo humano (cuando una persona da muerte a otra hablamos de homicidio y punto; en cambio, cuando el asesinado es judío, inmediatamente conjeturamos que el victimario debe ser inimputable. ¿Por qué?).

Es en ese doblez donde radica —a nuestro juicio— todo el quid del asunto.

Nos explicamos nuevamente. Si por acaso se cuestionara el temperamento precedente —a saber: mofarse de la desgracia está mal y punto—, a los hechos me remito: no conozco ningún otro caso en que las murgas construyan su humor a partir de la desgracia, a partir de las víctimas de cualquier tragedia (llámese accidentes de tránsito, abusos sexuales, desaparecidos o lo que fuere). ¿Alguien alguna vez escuchó alguna murga mofarse del genocidio armenio?

Es en este, como en tantos otros temas, donde hay un caso, un único y “archi-único” caso, si se nos permite la licencia, que merece un tratamiento diferenciado (no precisamente para mejor): el de los judíos. Y eso, esa obstinada y obsesiva fijación con los judíos, tiene nombre y se llama antisemitismo, judeofobia.

Por añadidura, está eso que algunos llaman normas de sana y pacífica convivencia. Algunos hablan de don de gentes, otros de sensibilidad, otros de empatía. Se trata de colocarse por un instante en los zapatos del otro. Cualquiera fuera el nombre, la actuación de Doña Bastarda fue también una muestra de la más absoluta y total insensibilidad. Porque, habiendo sido testigos de las reacciones que la representación producía —el cuplé fue objetado por el INAU y hubo muchos (judíos y no judíos) que se sintieron agraviados y así lo manifestaron públicamente—, la murga siguió adelante como si nada.

Podrían haber tomado múltiples acciones para mitigar el daño, calmar las aguas o transmitir un mensaje de arrepentimiento: podían haber retirado el cuplé, podían haber modificado su texto, podían haber pedido disculpas; en fin, opciones sobraban. Bastaba con decir algo tan simple como: “por ahí nos equivocamos en la elección de las palabras, no fue nuestra intención herir a nadie y, si acaso a alguien agraviamos, disculpas”. De hecho, todavía pueden hacerlo.

Pero nada de eso hicieron y —tal como el lector y este cronista bien sabemos— tampoco lo harán.

La pregunta es: ¿por qué? Una de dos: o creen que nada malo hicieron o, si lo creen, entienden que aun así no deben disculpa alguna. Cualquiera sea la respuesta, en una u otra hipótesis algo queda claro: Doña Bastarda no es precisamente una murga prosemita.

Por fin, quisiéramos detenernos en una de las aristas legales del tema, la libertad de expresión. Como en tantas otras ocasiones, también en el caso de Doña Bastarda la libertad de expresión fue invocada de inmediato —diríamos incluso: a la velocidad de la luz— a modo de coartada o defensa legal del cuplé.

Aquí se imponen varias reflexiones. La primera: parece que el argumento está de moda. Ni bien en el horizonte se divisan manifestaciones de odio o que incitan al odio, de manera casi automática alguien —usualmente mucho más identificado con quienes profesan el odio que con aquellos que lo padecen— invoca la manida libertad de expresión (me recuerda una de las afirmaciones vertidas por una de las magistradas que intervinieron en el caso de la marcha del 8M y el monstruo diabólico: “arte callejero” —sic—).

Excepto que, tal como lo tiene admitido la jurisprudencia de nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la generalidad del agravio es suficiente para sellar su propia suerte. Esto es: si se quiere esgrimir la libertad de expresión, fantástico. Pero con eso solo no alcanza; hay que explicitar: libertad de expresión ¿para expresar qué? ¿la fascinación que ejerce el jabón? ¿la apología del nazismo?

He aquí una de las mayores enseñanzas de este cuplé tan poco feliz. La libertad de expresión no es un mantra ni una coraza para decir o hacer lo que a cualquiera de nosotros nos plazca; si así fuera, podríamos libremente insultar a otra persona, amparados en esa pretendida libertad de expresión. Sin embargo, no es este el sentido de la libertad de expresión.

Ya el propio Carballa nos advertía en su tesis sobre los excesos de la libertad de expresión: si lleváramos esta última a sus extremos —decía—, jamás podría tipificarse el delito de incitación al odio. Por eso —y desde ya disculpas al lector si hacemos de esta una nota excesivamente técnica—, al tocar este punto mi padre solía recordar el texto constitucional, que, tras consagrar la libertad de expresión, a renglón seguido establece sus límites: salvo la responsabilidad por los abusos que se pueden cometer en su ejercicio.

Para decirlo en criollo: mis derechos terminan allí donde nacen los tuyos. Y tan cara como la libertad de expresión lo es la dignidad humana o la protección de la paz pública que hoy tantos se empeñan en socavar.

Por Alicia Quagliata

Entre obras anunciadas, deudas crecientes y planes que no logran materializarse, Montevideo parece atrapada en una lógica de improvisación permanente. Mientras se multiplican los proyectos y los fideicomisos, los problemas de movilidad, vivienda y seguridad urbana siguen sin resolverse, dejando al vecino como testigo —y pagador— de una gestión que ensaya más de lo que ejecuta.

Montevideo es hoy un escenario de ensayo y error donde el vecino paga el costo de cada experimento fallido. No es una diferencia de criterios; es una crisis de solvencia técnica. Resulta un contrasentido que la administración departamental haya gastado en reducir carriles para imponer ciclovías, afectando la circulación, y que en esta nueva gestión el intendente, junto con el MTOP, ya inicie los cateos para una excavación de 50 millones de dólares. Es la apoteosis del absurdo: se gasta para amputar la movilidad primero y se proyecta gastar para enterrar los autos después, con obras para el 2029 que —si es que llegan a realizarse— solo nos dejarán un obrador eterno y una deuda millonaria.

Como si esto fuera poco, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, sale a la caza de votos para que le aprueben un nuevo fideicomiso de 60 millones de dólares para revitalizar la Ciudad Vieja. Bajo esta “promesa” se pretende cargar al contribuyente con otra deuda que solo engrosa la genealogía del fracaso: 150 millones de dólares dilapidados desde la era de Arana en un casco histórico que hoy se vacía de empresas y habitantes. Los pocos que todavía permanecen y resisten en el barrio son quienes denuncian la inseguridad de un entorno que se apaga entre decoraciones estériles.

Esta incapacidad de ejecución alcanza su punto más crítico en la emergencia habitacional. El programa “Más Barrio” del MVOT anuncia 3.500 soluciones de alquiler; un castillo de naipes publicitario que se desploma frente a un MIDES que confiesa no encontrar existencias de inmuebles para arrendar. Los planes de escritorio son incapaces de conectar con la realidad del mercado y con las necesidades de la gente.

A un año de gestión, la confesión del presidente sobre los frenos administrativos que ralentizan su tarea delata una falta de previsión inaceptable. El enredo de los expedientes no es una justificación para el ejercicio del mando; es el síntoma de una Presidencia que anuncia lo que no concreta. Mientras la gestión se consume en explicaciones, este laboratorio de la improvisación sigue ensayando con el futuro de todos y los ciudadanos pagamos la cuenta de sus probetas rotas.

Por Susana Toricez

Una tragedia inesperada puede cambiarlo todo en un instante. Frente al dolor, la fragilidad humana y la conciencia de que a cualquiera podría ocurrirle lo mismo, surge una reflexión inevitable sobre la compasión, la vida y el valor de seguir adelante incluso después de las pérdidas más duras.

Nunca supe la razón por la que no me simpatizaba.
Había algo en él que no me caía bien.

Y de pronto se convierte en protagonista de una tragedia.

Un accidente de tránsito en el que embiste a una moto y muere quien la manejaba. Se lo procesa por homicidio culposo, por lo que seguramente deberá cumplir una condena.

Pero durante ese proceso, una infección generalizada lo obliga a ingresar de urgencia a un CTI. Su estado de salud era muy grave y complejo, al producirse una falla multiorgánica.

Pasa más de un mes hasta que, para evitar algo mucho peor, los médicos resuelven amputarle los dos pies y casi todos los dedos de las manos.

¡Qué tristeza, por favor! ¡Cómo le cambió la vida a ese ser humano!

Estoy seguro de que todos —quienes lo quieren y quienes no— nos hemos puesto en el lugar de este muchacho, porque sabemos que a cualquiera le puede pasar lo que él está sufriendo.

¿Cómo no mirar con otros ojos a una persona que atraviesa una situación tan dolorosa?

Creo que casi todos los uruguayos somos hoy menos exigentes y más bondadosos.

A un hombre que se ganaba la vida honradamente, que no le hizo mal a nadie a propósito, no es justo que le pase algo tan cruel.

Pero está vivo, y la vida sigue.

Dentro de toda esa tragedia que conmueve, no puedo dejar de recordar a la madre de Darío Silva, exjugador del fútbol uruguayo, a quien, como resultado de un accidente de tránsito, le amputaron su pierna derecha.

Luego de salir del gravísimo estado en el que había quedado, un periodista le preguntó a la madre cómo se sentía al saber que su hijo no jugaría más al fútbol.

La sencilla señora, con una sonrisa y en un tono casi coloquial, le respondió al periodista:

—Es verdad que no podrá jugar más al fútbol, pero podré seguir escuchándolo gritar los goles, porque está vivo.

Esa madre, que en una situación tan extrema logró ver con tanta claridad el lado positivo, me conmovió profundamente y nunca olvidé sus palabras.

El opositor venezolano Enrique Márquez, ingeniero, ex rector electoral y ex candidato presidencial, ha emergido como una figura clave en el convulsionado escenario político de Venezuela en 2026. Tras un año de prisión por desafiar al chavismo, su excarcelación, su aparición en Washington por invitación de Donald Trump y su discurso enfocado en unidad y transición democrática lo perfila como un actor moderado con potencial influencia interna y apoyo externo en la búsqueda de una salida política a la crisis en su país.

En el convulsionado tablero político venezolano de 2026, un nombre que hasta hace poco era poco conocido fuera de su país ha empezado a cobrar relevancia internacional: Enrique Márquez. Ingeniero de formación, político de larga trayectoria y ex candidato presidencial, Márquez se ha convertido en una figura clave para interpretar la crisis política que enfrenta Venezuela y las expectativas sobre su futuro democrático.

De trayectoria política a candidato opositor

Enrique Octavio Márquez Pérez nació en Maracaibo en 1963 y ha estado vinculado a la vida política venezolana durante décadas. Su carrera incluyó roles como diputado en la Asamblea Nacional y vicepresidente de ese cuerpo legislativo, así como funciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde fue rector principal entre 2021 y 2023.

Su perfil siempre ha sido el de un opositor de línea moderada y dialogante. A diferencia de otras figuras opositoras más polarizadas, Márquez ha buscado construir puentes institucionales y apostar por el cambio político a través de mecanismos legales y electorales.

En 2024 fue candidato en las elecciones presidenciales, representando a partidos alternativos dentro de la oposición, aunque con escaso apoyo ante la fragmentación del bloque opositor y las limitaciones institucionales que caracterizan los comicios en Venezuela.

Prisión, excarcelación y visibilidad internacional

La campaña de Márquez y su postura crítica frente al resultado de las elecciones de 2024 lo colocaron en el centro de la represión del régimen de Nicolás Maduro. Fue detenido en enero de 2025 acusado por el chavismo de supuestamente planear un golpe de Estado y pasó casi un año en prisión en El Helicoide.

Su liberación en enero de 2026, pocos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y de la aprobación de una ley de amnistía en Caracas, marcó un punto de inflexión. Márquez reapareció en público denunciando las condiciones inhumanas en las que estuvo detenido y expresando su compromiso con la libertad y los derechos civiles, tanto dentro de Venezuela como en el escenario internacional.

Esa liberación, además, tuvo un impacto simbólico global: fue invitado por el presidente Donald Trump a asistir al discurso del Estado de la Unión en Washington, donde fue presentado como ejemplo de los opositores venezolanos que han sufrido persecución política. Trump subrayó su caso y celebró la liberación de Márquez como un logro de su política exterior hacia Venezuela, con el objetivo declarado de apoyar una transición democrática.

¿Qué papel pretende jugar?

Márquez ha dejado claro que no aspira, por el momento, a convertirse inmediatamente en candidato presidencial tras su excarcelación, aunque no descarta esa posibilidad en el futuro si las condiciones políticas lo permiten. En cambio, ha insistido en presentarse como una figura de conciliación, una especie de puente entre los distintos sectores de la oposición e incluso entre estos y el nuevo liderazgo que emerge tras la caída de Maduro.

Ha abogado por la renovación institucional, señalando que sin un CNE transparente, sin un Tribunal Supremo de Justicia independiente y sin reglas claras, cualquier intento de elecciones legítimas será árido. Su propuesta subraya la necesidad de un proceso amplio que contemple tanto a sectores opositores como a aquellos chavistas críticos del pasado reciente.

Además, Márquez ha destacado la importancia de Estados Unidos como aliado estratégico para Venezuela en su camino hacia la transición democrática, agradeciendo públicamente tanto a Trump como a otros aliados internacionales por su apoyo y visibilidad.

¿Una carta de transición?

Lo que distingue a Enrique Márquez en este momento es su capacidad de ser interpretado como una figura moderada, institucional y conectada con actores internacionales clave. Su aparición en Washington, la atención de la comunidad internacional y su discurso enfocado en unidad y estabilidad le dan una proyección inusual para un político venezolano hasta hace poco relativamente periférico.

La apuesta de actores externos, como la administración estadounidense, por visibilizar su figura sugiere que se le ve como un posible actor dentro de una fase de transición en Venezuela, donde la oposición busca articularse de manera más sólida y presentable ante la comunidad internacional.

Detenido durante 448 días por el régimen venezolano bajo acusaciones nunca probadas, el gendarme argentino Nahuel Gallo se convirtió en pieza de una disputa política y diplomática que atravesó gobiernos, organismos internacionales y hasta al fútbol. Su liberación, tan inesperada como su arresto, deja al descubierto las sombras de la represión en Venezuela y las limitaciones —y paradojas— de la gestión argentina para traerlo de vuelta.

El caso de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela, se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de la crisis diplomática y de derechos humanos entre ambos países en los últimos dos años. Tras pasar 448 días en prisión, fue finalmente liberado el 1° de marzo de 2026, regresando a Argentina y reencontrándose con su familia. Su historia revela una mezcla de arbitrariedad judicial, presión internacional, gestiones imprevistas y tensiones políticas tanto dentro como fuera de la región.

La detención que encendió una crisis

Nahuel Agustín Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela desde Colombia con el objetivo de visitar a su esposa y a su hijo pequeño. Lo que debía ser un viaje familiar se transformó en una pesadilla: Gallo fue arrestado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y llevado a la prisión El Rodeo I, una cárcel conocida por albergar a presos políticos y por sus duras condiciones.

Las autoridades venezolanas, lideradas por el entonces presidente Nicolás Maduro, lo acusaron de estar vinculado con un supuesto “plan subversivo” destinado a atentar contra altos mandos del régimen, incluyendo a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez. Gallo fue presentado en videos y anuncios oficiales como parte de una conspiración, aunque nunca se presentó públicamente un proceso judicial con garantías ni pruebas accesibles.

Desde el momento de su detención, el gobierno argentino calificó la acusación como arbitraria y exigió su liberación ante organismos internacionales, incluido un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sus familiares denunciaron la falta de comunicación, asistencia consular y acceso a un proceso debido, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos.

Gestiones y presión internacional

A lo largo de 2025 y comienzos de 2026, la situación de Gallo estuvo envuelta en disputas diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas. El caso tensó las relaciones entre ambos países, especialmente bajo la administración del presidente Javier Milei, quien criticó con dureza la detención del gendarme.

Sin embargo, la liberación de Gallo no fue resultado directo de negociaciones oficiales entre los gobiernos: fue facilitada por un puente poco convencional —la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)— en colaboración con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). La AFA gestionó un vuelo privado y actuó como intermediaria para lograr la salida del gendarme del país caribeño, algo inédito en este tipo de casos diplomáticos.

La liberación se produjo en un momento de cambios en Venezuela: tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y la implementación de una ley de amnistía para presos políticos, el régimen de facto bajo la presidencia de Delcy Rodríguez autorizó la salida de algunos detenidos, incluido Gallo. Organismos internacionales habían denunciado que Venezuela debía respetar obligaciones de derechos humanos ante la serie de detenciones arbitrarias de opositores y extranjeros.

Regreso y reencuentros

Gallo regresó a Argentina en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en la madrugada del 2 de marzo de 2026. Fue recibido por su esposa María Alexandra Gómez, su hijo Víctor, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad y otros funcionarios. El emotivo reencuentro en la pista reflejó más de un año de angustia para su familia.

La esposa de Gallo destacó que el cabo necesitará tiempo para recuperarse tanto física como emocionalmente, después de casi 15 meses de privación de libertad, incomunicación y condiciones duras en prisión.

Controversias y debates posteriores

La intervención de la AFA no estuvo exenta de polémica. En Argentina surgieron tensiones políticas internas, con sectores del gobierno cuestionando el papel de la entidad deportiva en la operación de liberación y debatiendo incluso una posible denuncia contra su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, por “traición a la patria” o sedición debido a su rol directo en gestionar la salida de Gallo sin participación formal del Estado.

Además, aunque el Estado argentino destacó el apoyo de aliados internacionales —incluyendo a Estados Unidos, Italia y organizaciones no gubernamentales en derechos humanos como Foro Penal— para la liberación de Gallo, el episodio dejó en evidencia las limitaciones de la diplomacia oficial en casos de detenciones arbitrarias en países con crisis políticas y judiciales profundas.

El legado de un caso paradigmático

El caso de Nahuel Gallo trasciende la historia de un gendarme detenido y liberado: simboliza la fragilidad de los derechos humanos en contextos de represión política, las dificultades que enfrentan las familias de presos políticos y la complejidad de la diplomacia en escenarios de alta polarización ideológica. Su liberación, facilitada a través de canales alternativos, plantea preguntas sobre cómo deben actuar los Estados ante la detención de sus ciudadanos en territorios donde las garantías jurídicas son inexistentes o se utilizan con fines políticos.

La escalada bélica en Medio Oriente volvió a poner a la economía global en modo alerta. Con bolsas en caída, petróleo y gas en alza y el oro como refugio, los mercados reaccionan ante el riesgo de una interrupción energética que podría reavivar la inflación y frenar el crecimiento. El conflicto no solo se libra en el terreno militar: también sacude el tablero financiero internacional.

La escalada bélica entre Estados Unidos e Irán en Cercano Oriente no solo reconfigura el mapa estratégico regional: está impactando de lleno en los mercados globales. En cuestión de horas, las principales bolsas del mundo registraron fuertes caídas, mientras el petróleo, el gas y el oro se dispararon. La lógica es conocida, pero la magnitud del movimiento revela un dato inquietante: la economía internacional sigue extremadamente expuesta a los riesgos energéticos del Golfo Pérsico.

Bolsas en rojo: el regreso del “modo pánico”

Los mercados financieros reaccionaron con un patrón clásico de flight to safety (huida hacia activos seguros).

Las bolsas europeas cayeron en torno al 2% en promedio.

• Wall Street abrió con fuertes bajas.
• Los índices asiáticos replicaron la tendencia bajista.

• El petróleo Brent y el WTI registraron subas abruptas.
• El gas natural también avanzó con fuerza.

• Volatilidad financiera.
• Riesgo inflacionario.
• Eventuales tensiones monetarias.

• Costos de transporte.
• Producción industrial.
• Precios de alimentos.

Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz y encendió una alarma global. Pero más allá de la declaración política, el verdadero impacto se juega en otro terreno: el financiero. Entre amenazas militares y retiro de coberturas de seguro, el paso estratégico por donde fluye una quinta parte del petróleo mundial enfrenta hoy un bloqueo que es menos jurídico que económico —y cuyos efectos ya se sienten en los mercados.

En los últimos días, uno de los puntos más sensibles de la geopolítica energética mundial ha recibido un anuncio que sacudió los mercados: Irán comunicó que ha cerrado el Estrecho de Ormuz y advirtió que cualquier buque que intente cruzarlo podría ser atacado, una declaración que representa un punto de inflexión en la tensión entre Teherán y Estados Unidos e Israel.

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. Por allí transita aproximadamente un 20% del petróleo que se comercializa por mar, y un cierre efectivo tendría consecuencias inmediatas sobre los precios globales del crudo, la inflación y las relaciones de seguridad entre grandes potencias.
Pero para entender qué significa realmente este anuncio —y por qué, pese a su gravedad, el paso no está ocupando puertos como un canal literalmente bloqueado— es necesario separar tres planos diferentes: el político-militar, el económico-financiero y el jurídico-internacional.

El anuncio de Irán

La República Islámica ha dejado clara su advertencia: bajo el argumento de defensa nacional frente a operaciones militares de Estados Unidos e Israel e incursiones en la región, declara que el Estrecho de Ormuz está cerrado a la navegación de buques hostiles, especialmente de banderas occidentales.

Esta declaración no es un mero gesto retórico: refleja una escalada en la confrontación y una voluntad explícita de ejercer control sobre una vía que, desde el punto de vista militar, puede convertirse en un punto neurálgico de presión estratégica.

A nivel simbólico y político, Irán busca demostrar su capacidad de influir sobre flujos energéticos esenciales.

¿Qué significa “cerrar” Ormuz?

Aquí es donde se vuelve necesario precisar: una declaración de cierre no equivale automáticamente a un bloqueo legal formal.

El derecho marítimo reconoce el derecho de paso inocente por estrechos utilizads para la navegación internacional, incluso en tiempos de tensión. Un bloqueo formal sería considerado un acto de guerra abierto, con consecuencias legales y militares globales.

Hasta ahora, Irán no ha aplicado un bloqueo físico con fuerza militar permanente que detenga sistemáticamente todos los transbordos. Ha aumentado el riesgo, ha interceptado buques aislados, ha desplegado misiles y minas, y ha amenazado con atacar, pero no ha ocupado posiciones que impidan el paso a toda flota.

Esto mantiene una delgada línea entre la amenaza y la práctica efectiva.

El efecto real: riesgo y bloqueo financiero

La segunda dimensión clave —y la que ha tenido impacto inmediato en la economía global— es la reacción de los mercados.

Ante la amenaza iraní:

• Navieras han suspendido el tránsito por el estrecho por motivos de seguridad.
• Aseguradoras marítimas han cancelado o elevado drásticamente las pólizas de riesgo bélico para barcos que pasen por la región, especialmente para buques petroleros.

1. La amenaza iraní de cierre militar,
2. El retiro de cobertura de las aseguradoras, y
3. La retirada operativa de buques comerciales,

• Suba inmediata del precio del petróleo.
• Inflación global adicional.
• Presión sobre economías altamente dependientes de la energía importada (por ejemplo, Europa y Asia).
• Respuesta militar coordinada de Estados Unidos y aliados.

• Irán, desde el plano político-militar, ha anunciado el cierre y ha elevado el riesgo.
• El mercado asegurador, desde el plano financiero, ha retirado cobertura en la región, lo que ha hecho que el tránsito sea inviable.
• Los armadores, desde la práctica operativa, han decidido evitar la zona.

La llegada de Mojtaba Jameneí al liderazgo supremo de Irán abre una nueva etapa en la República Islámica: la consolidación de un poder construido en las sombras, estrechamente ligado a la Guardia Revolucionaria y marcado por la paradoja de una revolución que, casi medio siglo después, parece encaminarse hacia una sucesión de carácter casi dinástico. 

La política iraní rara vez ofrece sorpresas abiertas, pero sí largas preparaciones en la sombra. Durante años, el nombre de Mojtaba Jamenei circuló como una hipótesis: el hijo influyente, discreto y poderoso del líder supremo. Hoy esa hipótesis se ha transformado en una posibilidad concreta —y para algunos medios, ya en un hecho consumado— tras la muerte de Ali Khamenei, el hombre que gobernó la República Islámica durante más de tres décadas.

La llegada de Mojtaba al liderazgo supremo no será simplemente una transición institucional. Representará un fenómeno mucho más profundo: la consolidación de una dinastía clerical dentro de un régimen que nació proclamándose revolucionario y antihereditario.

Un poder construido lejos de los focos

Nacido en 1969 en Teherán, Mojtaba Jameneí creció dentro del corazón mismo de la revolución iraní. Es el segundo hijo de Ali Jameneí y se formó como clérigo chiita, estudiando en seminarios religiosos en Qom, el principal centro teológico del país.

A diferencia de su padre —que construyó su legitimidad en la política revolucionaria y la guerra contra Irak— Mojtaba nunca ocupó cargos públicos visibles. Su poder se gestó detrás de las instituciones, en los corredores donde se decide la verdadera arquitectura del régimen.

Durante años ha sido considerado una figura clave en la relación entre tres pilares del sistema iraní:

• el círculo clerical cercano al líder supremo,
• el aparato de seguridad del Estado,
• la Guardia Islámica Revolucionaria.

• sectores clave de la economía,
• programas militares estratégicos,
• redes regionales de milicias en Medio Oriente.

• sanciones internacionales severas,
• protestas sociales recurrentes,
• tensiones regionales con Israel y Estados Unidos,
• un deterioro económico prolongado.

1. Mayor poder de los aparatos de seguridad.
2. Menor influencia del clero tradicional.
3. Una política exterior confrontativa pero calculada.