El “Índice global de Pensiones Mercer CFA Institute” ubica a Uruguay en el grupo de sistemas más estables, pero advierte que su sostenibilidad de largo plazo sigue siendo su punto débil. Revertir las reformas, por consiguiente, pondría en riesgo un equilibrio ya frágil ante el envejecimiento poblacional.

El Índice global de pensiones Mercer CFA Institute es un estudio comparativo que evalúa 48 sistemas de ingreso para la jubilación en todo el mundo, con el propósito de identificar sus fortalezas, debilidades y posibles oportunidades de reforma. El índice se construye a partir de más de 50 indicadores, organizados en tres grandes dimensiones o subíndices: adecuación (qué tan generosos y equitativos son los beneficios), sostenibilidad (la capacidad del sistema para seguir funcionando en el tiempo frente a desafíos demográficos, financieros y fiscales) e integridad (la calidad institucional del sistema, regulación, gobernanza, transparencia). A cada subíndice se le asigna un peso: 40 % para adecuación, 35 % para sostenibilidad y 25 % para integridad, y el valor final del sistema es la combinación ponderada de esos tres. El informe también añade nuevas preguntas para el subíndice de integridad respecto a prácticas de supervisión y confianza en el sistema.

Según este informe, los sistemas mejor valorados en 2024 fueron los de Países Bajos, Islandia, Dinamarca e Israel, todos con calificación “A” dentro del índice global. En particular, Países Bajos lidera con un puntaje de 84,8 puntos. Islandia ocupa el segundo lugar con 83,4 puntos, y Dinamarca el tercero con 81,6 puntos. Además, otros países consiguen posiciones destacadas en subíndices individuales (por ejemplo, Finlandia lidera el subíndice de integridad).

En cuanto al sistema uruguayo, El País informó que “el sistema previsional uruguayo se consolida como de los más sólidos del mundo” en virtud del índice. En el reporte de Mercer/CFA, Uruguay figura con una calificación B y un puntaje global de 68,9 (sin cambio respecto a 2023). Ese puntaje sitúa a Uruguay en el puesto 15 entre los 48 sistemas evaluados.

En América Latina, Uruguay aparece destacado con 71,1, pero Chile lo supera con 74,9 puntos y también está entre los más valorados de la región. En la tabla del informe, México obtiene 68,5 puntos, mientras que otros países latinoamericanos están por debajo (por ejemplo, Argentina tiene en la consideración regional 45,9). En síntesis: el sistema uruguayo, con 68,9 y B, está por encima del promedio global (promedio general ~63,4) y ocupa la segunda posición relevante dentro de América Latina.

El buen desempeño uruguayo obedece a una combinación de factores que le otorgan ventajas relativas. Entre sus fortalezas se puede mencionar que el sistema tiene elementos redistributivos sólidos, con pensiones mínimas que están protegidas, cobertura relativamente amplia para sectores formales, y una institucionalidad previsional relativamente estable. Además, el peso relativo del sector público previsional permite cierto margen de ajuste ante crisis macroeconómicas y por el momento existe cierta conciencia política de mantener la viabilidad del sistema.

Pero también hay debilidades notables: la sostenibilidad es un punto de vulnerabilidad para Uruguay. En el ranking de subíndices, Uruguay obtiene un puntaje bajo en sostenibilidad (46,6 en 2024) frente a su excelente puntuación en adecuación (84,0) y moderada puntuación en integridad (76,1), según las cifras oficiales del informe.

Esa disparidad revela que el sistema ofrece beneficios relativamente generosos hoy, pero su capacidad estructural (financiera, demográfica, contributiva) para sostenerlos en el largo plazo es cuestionable. La baja sostenibilidad refleja desafíos como envejecimiento poblacional, bajo crecimiento económico, presión fiscal creciente, déficit contributivo y dependencia del sector público para cubrir vacíos. Además, en el aspecto de integridad el sistema uruguayo no alcanza los niveles de los mejores modelos, lo que indica que podrían existir márgenes de mejora en gobernanza, transparencia, costos de administración y regulación del pilar de capitalización (AFAP).

Frente a esas condiciones, es clave advertir que cualquier intento de desandar la reforma previsional de 2023 representaría un riesgo grave para el sistema en el contexto demográfico y económico del Uruguay. La población uruguaya ya enfrenta un proceso de envejecimiento creciente: tasas de natalidad bajas, mayor esperanza de vida y proporción elevada de población mayor.

En ese escenario, perder los mecanismos de ajuste, revertir reglas de contribución o disminuir fortalezas redistributivas pondría presión adicional al déficit estructural, elevaría la carga fiscal o terminaría recortando beneficios. El índice de Mercer/CFA muestra que sistemas que no proyectan bien la sostenibilidad quedan penalizados: un buen desempeño hoy no basta si no se puede sostener mañana.

Si se relaja la normativa de contribución y/o de retiro o se elimina la disciplina institucional que aseguró la reforma de 2023, Uruguay podría caer en la trampa de beneficios crecientes sin respaldo financiero ni base contributiva suficiente. Eso no solo compromete la viabilidad futura, sino la confianza ciudadana en el sistema mismo.

En definitiva, al reconocer la valoración favorable que le da el índice global a Uruguay no puede ignorarse que ese reconocimiento está condicionado: es meritorio dentro del contexto latinoamericano y global, pero no es garantía de inmunidad.

Las debilidades estructurales de sostenibilidad e integridad exigen que no se retroceda en las reformas ya adoptadas. Desandar la reforma de 2023 sería no solo una decisión política peligrosa, sino una apuesta a debilitar las defensas del sistema frente a los retos demográficos y financieros que inevitablemente se acentuarán en las próximas décadas.

El Senado alteró el espíritu de la reforma que buscaba transparentar los ingresos a las intendencias, pero el Partido Colorado se mantuvo firme en su defensa del mérito y las reglas claras.

Con una ajustada mayoría, Uruguay se convierte en el primer país de la región en reconocer por ley el derecho a morir con dignidad.

El Senado uruguayo vivió una de sus sesiones más trascendentes de los últimos años al aprobar el proyecto de ley que regula la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, una iniciativa que coloca al país a la vanguardia de América Latina en materia de derechos y libertades individuales.

El debate, que se extendió por más de diez horas, reflejó profundas convicciones éticas y filosóficas entre los legisladores, pero también un clima de respeto en el marco de una discusión que toca lo más íntimo de la condición humana: el derecho a decidir sobre el final de la vida. El proyecto fue aprobado por una ajustada mayoría, con el apoyo del Frente Amplio y de parte del Partido Colorado, mientras que el Partido Nacional y Cabildo Abierto votaron en contra.

Uruguay se convierte así en el primer país de la región en consagrar por ley la eutanasia como una práctica legal, regulada y voluntaria, en la línea de naciones europeas como Bélgica, Países Bajos y España. La norma es considerada por muchos como una conquista ética de una sociedad que, históricamente, ha liderado los avances en materia de derechos civiles.

Uno de los discursos más destacados de la jornada fue el del senador colorado Ope Pasquet, autor de la iniciativa original presentada en la legislatura pasada. Pasquet reivindicó la ley como una extensión lógica de la libertad individual y de la dignidad humana, al afirmar que “el derecho a vivir con dignidad implica también el derecho a morir con dignidad”. Recordó que el texto no impone ninguna obligación ni a médicos ni a pacientes, sino que “simplemente habilita a quienes, en conciencia y con pleno uso de sus facultades, deciden poner fin a un sufrimiento irreversible”. También subrayó que la ley protege a los profesionales de la salud mediante un procedimiento estricto y transparente, que garantiza que toda decisión sea plenamente voluntaria, informada y controlada.

Podrá solicitar la eutanasia toda persona mayor de edad y psíquicamente apta que curse la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que padezca sufrimientos físicos insoportables que deterioren gravemente su calidad de vida. La solicitud deberá hacerse en persona y por escrito ante el médico tratante, quien tendrá un plazo máximo de tres días para evaluar si se cumplen los requisitos y deberá informar sobre las alternativas de cuidados paliativos.

Si el médico considera que se reúnen las condiciones, un segundo profesional independiente deberá confirmar la evaluación en un máximo de cinco días. En caso de discrepancia, intervendrá una Junta Médica, que resolverá también en un plazo de cinco días. Finalmente, el paciente deberá confirmar su voluntad por escrito ante dos testigos, en una segunda entrevista, y el procedimiento se llevará a cabo de manera “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”, en el lugar y momento que el solicitante elija.

Aunque el país ya había avanzado en la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del cannabis, la eutanasia representa un nuevo umbral en el debate sobre la autonomía personal y la responsabilidad del Estado ante el sufrimiento humano. No todos celebraron la decisión: sectores religiosos y conservadores expresaron su preocupación por las implicancias morales del nuevo derecho. Sin embargo, la aprobación en el Senado consolidó la imagen de Uruguay como un laboratorio de políticas progresistas que se gestan en la deliberación democrática, no en la imposición ideológica.

El paso dado por el Parlamento no obliga a nadie, pero amplía la esfera de la libertad individual. Como sostuvo Pasquet al finalizar su intervención, “el Estado no puede obligar a vivir a quien ya no quiere seguir sufriendo; su deber es acompañar, respetar y aliviar”. En esa frase, muchos encontraron el espíritu de una ley que, más allá de la polémica y su puesta en práctica concreta, busca humanizar el final de la vida.

El cambio de voto del diputado Sebastián Valdomir permitió blindar a la Presidencia del escrutinio parlamentario, debilitando uno de los pilares esenciales de la democracia: la rendición de cuentas.

La Cámara de Diputados cerró la votación del Presupuesto Nacional con un episodio que tensó el clima político y dejó al descubierto un grave retroceso institucional. El cambio de voto del diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, quien primero acompañó a la oposición en un artículo clave y minutos después modificó su posición, alteró el resultado de la sesión y desató un escándalo parlamentario. Lo que estaba en juego no era menor: la posibilidad de que la Presidencia de la República quedara bajo un mayor escrutinio del Parlamento, algo que finalmente fue bloqueado.

La secuencia fue vertiginosa. Valdomir había votado junto con la oposición un artículo que facultaba al Parlamento a solicitar informes a la Presidencia de la República sobre cualquier tema que considerara pertinente. Sin embargo, tras un cuarto intermedio y conversaciones dentro de la bancada oficialista, cambió su voto. Esa modificación dio vuelta la votación y frustró la aprobación del artículo, lo que generó gritos, reproches y acusaciones cruzadas en el recinto. “Vinieron a meterle la pesada [a Valdomir]”, denunciaron diputados de la coalición opositora, señalando presiones internas del Frente Amplio para revertir el resultado.

Los legisladores de la oposición reaccionaron con dureza. Desde el Partido Nacional, el Colorado y Cabildo Abierto coincidieron en que lo ocurrido fue “muy grave”, no solo por el cambio de voto en sí, sino por su consecuencia política: blindar a la Presidencia del control parlamentario. Advirtieron que el episodio compromete la transparencia del sistema y erosiona la independencia de los poderes. “El Parlamento fue engañado”, señalaron, subrayando que este tipo de maniobras debilita la confianza pública en la institucionalidad democrática.

El episodio adquiere una dimensión aún más preocupante si se observa el contexto. Cada vez más organismos públicos, fondos y programas estratégicos se encuentran bajo la órbita de Presidencia, lo que concentra poder político y administrativo en un ámbito que, por definición, no puede ser interpelado por el Parlamento. Esa asimetría atenta contra el principio republicano de contralor recíproco entre los poderes del Estado. Limitar la capacidad de fiscalización parlamentaria equivale, en los hechos, a erosionar la rendición de cuentas y debilitar la transparencia.

El caso Valdomir no es solo una anécdota bochornosa en el cierre de una sesión tensa: es una advertencia sobre el rumbo institucional del país. Si el Parlamento pierde la potestad de controlar al Poder Ejecutivo, se rompe el equilibrio que sostiene a la República. Y blindar a la Presidencia de la mirada legislativa —precisamente cuando más estructuras estatales se subordinan a ella— no puede interpretarse sino como un paso atrás en materia democrática.

La transparencia no se defiende con discursos: se ejerce con control, con independencia y con coraje político.

El jueves 23 de octubre a las 19 horas, en la UCUDAL, tendrá lugar la presentación del libro de referencia, cuyo autor fue Mauricio Bergstein en colaboración con Jonás Bergstein.

El acto, que contará con la participación del expresidente Julio Ma. Sanguinetti y el Dr. Gonzalo Fernández, se desarrollará en el Auditorio San José de la Universidad Católica, en el Av. 8 de Octubre 2733, entre Av. José Garibaldi y Estero Bellaco.

El supuesto “ahorro” de medio millón de dólares es apenas una contabilidad de consuelo para una aventura que nunca debió ser de Antel.

Por más maquillaje contable que se le ponga, la decisión del Directorio de Antel de asumir directamente —a través de su subsidiaria ITC— la gestión del Antel Arena es un despropósito. Se lo anuncia con bombos y platillos como un “ahorro de 500.000 dólares al año”, cuando en realidad se trata de una operación de subsidio encubierto, donde la empresa estatal vuelve a gastar dinero público para sostener un negocio deficitario que nunca debió ser suyo.

El razonamiento es tan disparatado como decir que un restaurante que pierde menos dinero que antes, “gana” más. Reducir pérdidas no es generar utilidades, y subsidiar espectáculos con fondos de los uruguayos no es una política cultural: es populismo empresarial.

Antel nació para brindar conectividad, no para organizar recitales, partidos de básquetbol o festivales “para todos los públicos”. Sin embargo, el Frente Amplio insiste en convertir la empresa en un organismo multifunción, desviando recursos de su misión esencial hacia un experimento de gestión cultural que ya fracasó en su primer intento.

La justificación oficial bordea el absurdo: como “ya tenemos el know how”, no hace falta contratar a una empresa especializada. Pero la subsidiaria elegida —ITC— no tiene experiencia alguna en administrar un centro de espectáculos. Es como decir que porque un electricista trabajó en un teatro, ahora puede dirigir una compañía artística.

No hay ahorro real cuando se usa dinero de todos para tapar un agujero. No hay gestión moderna cuando se rehúye la competencia y se evita una licitación internacional. Y no hay “revitalización cultural” cuando se confunde la rentabilidad con el voluntarismo político.

El Frente Amplio, que convirtió el Antel Arena en su monumento emblemático, vuelve a abrazarse al mito. En lugar de admitir que el proyecto fue mal concebido desde el inicio —una obra faraónica sin lógica empresarial—, prefiere duplicar la apuesta y fingir que esta vez será distinto.

La oposición lo advirtió: la decisión es temeraria, arriesgada e innecesaria. Pero el oficialismo avanza igual, escudado en la narrativa del “acercar la cultura al pueblo”. Lo que en realidad se acerca, otra vez, es la sombra de la pérdida.

Antel no necesita arenas: necesita antenas. Conectividad, inversión tecnológica, eficiencia. No más aventuras empresariales que, bajo el ropaje del espectáculo, esconden una vieja costumbre: gastar lo que no se tiene y presentar el déficit como si fuera una victoria, recordando la fantasía “lewiscarrolesca” de los “espacios fiscales” en tiempos de Astori.

Las indefiniciones de la ANP y los conflictos entre empresas privadas amenazan con empañar la temporada de cruceros y dañar la imagen internacional del país.

Las idas y venidas de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en torno al transporte de turistas de cruceros ponen en evidencia un problema más profundo: la falta de certeza regulatoria. La suspensión de la licitación, los cambios de criterios y las denuncias cruzadas entre empresas privadas no solo generan costos internos, sino que amenazan con convertir a Uruguay en motivo de escarnio internacional justo cuando empieza la temporada de cruceros.

El turismo marítimo es una vidriera global: cada barco que escala es una oportunidad para mostrar al mundo otra cara del país. Pero cuando los operadores reciben señales contradictorias y políticas, la confianza se quiebra. Que una licitación clave sea suspendida casi en el límite del calendario genera incertidumbre entre navieras, agencias y turistas. ¿Quién arriesgará una escala si no sabe qué transporte lo espera en el puerto?
Las empresas implicadas tienen derecho a denunciar irregularidades. Pero en ese intercambio el público se entera apenas de fragmentos: “irregularidades”, “criterios cambiantes”, “empresas que no saben si pueden ofertar”. Ese ruido alimenta la percepción de que en Uruguay prima el acomodo sobre la transparencia. Y ese es el daño que excede lo técnico y lo administrativo: es reputacional.

No se busca aquí tomar partido por ninguna de las partes involucradas en este berenjenal. Se trata de exigir que, salvo emergencia de fuerza mayor, los organismos públicos actúen con previsibilidad. Si el Estado decide corregir errores, que lo haga con tiempo, con justicia y con comunicación clara. Que no sea con hastío para los privados ni desconfianza para el sector internacional.

En el fondo hay un dilema: ¿queremos ser un puerto de paso confiable o un examen en suspenso? Si el tema no está dilucidado cuando los cruceros empiecen a llegar, pueden generarse incidentes: barcos que se van sin bajar pasajeros, servicios contratados que fallan, quejas que ocupan portadas. Entonces, lo que hoy parece una discusión administrativa podría transformarse en un papelón internacional.

Uruguay tiene suficientes fortalezas —cultura, paisajes, capital simbólico— como para perderlas por falta de gestión portuaria. Exigir rigor y certidumbre no es favorecer a nadie: es proteger la credibilidad del país. Que esas disonancias entre la ANP y las empresas —y de estas entre sí— se resuelvan pronto es asunto de Estado, no de preferencia privada. El reloj de la temporada avanza sin esperar a que los papeles estén en regla. Y la ventana de oportunidad no dura para siempre.

Por Luis Hierro López

Para gobernar y convencer, hay que actuar con espíritu de grandeza.

La mayor parte de los grupos afines a la izquierda, acá y en el mundo, no pudo ocultar su mal humor y su desacomodo ante el cese de hostilidades en la Franja de Gaza, sobre todo cuando se hizo evidente que el autor preponderante de la nueva situación fue el presidente del odiado Estados Unidos.

Los campeones de la paz y severos críticos del “genocidio” tuvieron que llamarse a silencio, lo que hicieron con mala cara y gesto adusto, como lo personificaron la señora vicepresidente de la República, Carolina Cosse, y el propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al encabezar la manifestación a favor de Palestina, que se realizó la misma noche en que se hicieron los anuncios de paz.

En el mundo, los principales voceros de la izquierda mantuvieron gestos similares, como si estuvieran asistiendo a un velorio en vez de dar rienda suelta a la alegría y la esperanza.

Esa respuesta colectiva demuestra en forma terminante que a estos sectores les importa mucho más su posicionamiento político internacional que la paz en sí misma, las muertes cuando pueden adjudicárselas a sus enemigos y la terminación de la violencia cuando conviene a sus intereses.

Quienes deberían estar ya cansados de apoyar a las peores dictaduras no dejaron su militancia y se encolumnaron automáticamente en contra de Israel y en apoyo de Palestina, respaldando directa o indirectamente a uno de los más sangrientos grupos terroristas, que aún hoy, terminadas ya las acciones bélicas, sigue fusilando en las calles a palestinos supuestamente vinculados a Israel, en una represalia que hasta ahora no ha provocado protestas de ninguno de los vociferantes activistas que hasta hace pocas horas ponían el grito en el cielo.

En esa terrible confusión cayó también —y muy lamentablemente— el gobierno uruguayo, que demoró varias horas en balbucear una declaración de apoyo a lo “ocurrido en Egipto”, la firma de la paz, pero sin mencionar al principal protagonista, Donald Trump. Enmendó en parte la plana el presidente Orsi, que fue más explícito que la declaración de la Cancillería, aunque se enredó posteriormente con una extrañísima e innecesaria forma de negarle méritos a María Corina Machado para recibir el Premio Nobel de la Paz. El peso político del chavismo sigue siendo muy oscuramente influyente en el Frente Amplio.

La actual macabra pirueta se trata de una conducta similar a la verificada durante la pandemia, cuando la mezquindad de varios dirigentes frenteamplistas provocó su oposición a las medidas sanitarias del gobierno con inesperados caceroleos y otras formas de protesta, abandonando cualquier intento patriótico. Ahora el desconcierto ha sido similar y la visión sectaria y politizada les ha impedido celebrar la perspectiva de la paz.

Por Santiago Torres

La fosilisación ideológica de los comunistas uruguayos movería a risa si no fuera tan nefasta su influencia en el país. Cuesta creer que gente inteligente sucumba a fetiches pueriles que la historia, diría Engels, ha mandado “al museo de antiguedades, junto a la rueca y al hacha de bronce”.

Según dos informes publicados por El Observador, “PCU Comunista: la creencia en «conducir y disciplinar» al capital privado y las «alteraciones sustantivas» que no logró el Frente Amplio” y “Los elogios del PCU Comunista de Uruguay a la «vía peculiar» de China de «transición al socialismo» con «capitalismo de Estado»”, el PCU Comunista del Uruguay (PCU) presentó su documento base de cara al XXIII Congreso que celebrará en diciembre, donde repasa su visión sobre la economía nacional, el papel del Estado y la situación internacional. En los textos, el PCU reivindica la necesidad de “disciplinar al capital privado” y “conducir” la economía desde el Estado, al tiempo que elogia lo que denomina la “vía peculiar de transición al socialismo” de China, y ratifica su apoyo a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La fantasía de “disciplinar al capital”

El documento de base del PCU y, difundido en vísperas de su XXIII Congreso, expone con nitidez su concepción económica. Fiel a su tradición, el PCU propone una expansión del papel del Estado en los “eslabones claves” de la producción nacional, a través de nuevas empresas públicas o de sociedades mixtas con participación estatal dominante. La meta, según el texto, es “incrementar el peso del pueblo sobre el excedente económico y sobre las decisiones que toma el capital”.

El PCU entiende que para avanzar en lo que denomina una “Democracia Avanzada”, es necesario que el Estado “conduzca y discipline” al capital privado, permitiéndole —según el propio documento— una “ganancia capitalista razonable, pero regulada y direccionada” hacia actividades que generen “retorno social y desarrollo genuino”. Se trata, en definitiva, de un modelo que busca subordinar la lógica empresarial a los designios del poder político, bajo la premisa de reducir progresivamente el peso del capital privado en la economía.

En esa línea, el PCU plantea reforzar el control público en áreas estratégicas como la industria cárnica o la farmacéutica, y reivindica la “defensa de las empresas públicas” y del “peso mayoritario del sector público en la educación y la salud”. También considera que los gobiernos del Frente Amplio, pese a haber impulsado avances sociales y sostenido el crecimiento económico, no lograron “alteraciones sustantivas en la estructura productiva”, por lo que propone retomar un camino de reformas que apunten a transformar la matriz económica nacional.

La receta que el PCU vuelve a poner sobre la mesa no es nueva. La idea de “disciplinar al capital” y ampliar indefinidamente el rol del Estado ha sido el hilo conductor de todos los experimentos socialistas del último siglo, con resultados desastrosos allí donde se aplicó. De la Unión Soviética a Europa del Este, de Cuba a Venezuela, el dogma de que la planificación central puede sustituir las señales del mercado ha terminado en el mismo punto: economías ineficientes, asfixiadas por el control político y con sociedades cada vez más pobres y menos libres.

El problema de fondo es estructural: cuando el Estado asume la tarea de dirigir la actividad económica y de decidir qué sectores deben prosperar o desaparecer, inevitablemente elimina la competencia, la innovación y la responsabilidad individual, pilares del progreso material. La burocracia sustituye al emprendedor, la obediencia reemplaza al mérito, y la escasez se convierte en la norma. No hay “disciplina social sobre el excedente” que reemplace la creatividad y la productividad que surgen de la libertad económica.

Los comunistas uruguayos, al insistir en este esquema, parecen no haber aprendido de la experiencia histórica. Su “Democracia Avanzada” es apenas una reformulación retórica de un modelo que ha demostrado una y otra vez su inviabilidad práctica. En el mejor de los casos, produce un estatismo ineficiente que estanca el desarrollo; en el peor, allana el camino a regímenes totalitarios que confunden igualdad con sometimiento.

La fantasía china

El documento del PCU dedica una extensa sección a exaltar la llamada “vía peculiar de transición al socialismo” emprendida por China desde 1978. Según los comunistas uruguayos, se trataría de un modelo de “capitalismo de Estado” (?) donde la planificación central y la dirección del Partido Comunista mantienen el timón de la economía, sin renunciar —creen— al horizonte socialista.

Pero esa interpretación infantil no resiste el menor análisis. Es una afiebrada fantasía del imaginario comunista uruguayo. Lo que China emprendió a fines del siglo XX no fue una transición hacia el socialismo, sino la más acelerada transición hacia el capitalismo moderno que haya vivido un país en la historia contemporánea. La apertura al mercado, la descentralización productiva, la incorporación masiva de inversión extranjera y la liberalización del comercio fueron los motores que sacaron a cientos de millones de chinos de la pobreza, no la planificación estatal ni la doctrina marxista-leninista.

El llamado “capitalismo de Estado” que reivindican los comunistas uruguayos no es tal si no, en rigor, un capitalismo salvaje (que lo digan los obreros uruguayos que trabajan para empresas chinas). El Partido Comunista Chino se mantuvo en el poder no por haber conservado la pureza del socialismo, sino por haberlo abandonado pragmáticamente. Allí donde se liberalizó la economía, florecieron la innovación, la producción y el consumo; donde se mantuvo la ortodoxia, persistieron el atraso y la corrupción.

Atribuir los logros de China al socialismo es desconocer la evidencia empírica. Fue la adopción de mecanismos capitalistas —la propiedad privada, la competencia, la apertura al comercio mundial— lo que convirtió al gigante asiático en una potencia. Lo único que permanece “comunista” en China es el control político del régimen, que reprime la disidencia, censura la información y mantiene un sistema de vigilancia que sofoca cualquier atisbo de libertad individual.

Respaldo incólume a las dictaduras latinoamericanas

El documento del PCU también deja en claro su respaldo incondicional a regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los comunistas uruguayos llaman a “promover el diálogo” con estos gobiernos y sostienen una posición “ampliamente favorable a la autodeterminación de los pueblos”, que es el circunloquio para obviar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la falta de libertades políticas y la represión de la oposición que caracterizan a estos países. Las dictaduras militares latinoamericanas de los años 70 y 80 manejaban conceptos análogos.

Este respaldo no es anecdótico: evidencia la naturaleza intrínsecamente antidemocrática del PCU. Mientras reivindican la democracia en sus discursos, su modelo de sociedad está profundamente subordinado a una concepción autoritaria de la política y la economía, en la que el Estado —y en última instancia “el Partido”— debe controlar cada esfera significativa de la vida pública. La insistencia en “conducir y disciplinar al capital privado” y en fortalecer monopolios estatales revela un apego a recetas históricamente fracasadas que han demostrado destruir libertades individuales.

El documento es, en suma, un botón de muestra del atraso ideológico del PCU. Su mirada económica se centra en fórmulas caducas de control estatal y planificación centralizada, mientras que su visión internacional muestra un alineamiento persistente con dictaduras que arrasan con la democracia y la iniciativa privada.

Lejos de proponer soluciones pragmáticas para Uruguay, se trata de un texto que reproduce las ideas que en todo el mundo han generado estancamiento económico, desigualdad y falta de innovación, reafirmando que el PCU continúa anclado en un modelo que destruye libertades y limita el desarrollo económico.

Por Tomás Laguna

El pasado miércoles 15 de octubre se celebró internacionalmente, pero en particular en nuestro país, el Día de la Mujer Rural. La ocasión obliga a unas breves reflexiones, resaltando el valor y la abnegación de esta figura central, a partir de la cual se construye la familia y la ruralidad.

La familia rural es el cerno en la construcción de una ruralidad viva, a partir de la cual tantos ciudadanos se identifican con una forma de vida arraigada en una cultura construida en interacción con la naturaleza, los espacios, la distancia y un transcurrir del tiempo acorde con la cadencia de ese mismo paisaje. Esa sociedad es referencia necesaria para todo un país en el respeto a tradiciones que se incubaron desde el principio de nuestra historia, tradiciones que son tan propias de nuestra cultura, pero que hoy suelen ser menospreciadas desde el frenesí impuesto por el posmodernismo urbano, siempre consumista y donde todo se relativiza en pos de la satisfacción inmediata, ya sea en bienes como en una muy castigada espiritualidad. Son muchos los valores despreciados por esta sociedad moderna, cuantitativa, dinámica y temporal, al decir de Ernesto Sábato. No obstante, estos valores siguen siendo sustantivos, vigentes, que sobreviven y perduran en el cerno cultural que aún nos provee el campo. Valores todos que se transmiten a través de la familia rural.

Decíamos que, en esa sociedad rural que debemos preservar con celo de supervivencia, la familia rural conforma el nodo a partir del cual se construye, en la dinámica del tiempo, ese entramado cultural cuya sustentabilidad es tan delicada y necesaria de preservar como lo son los recursos naturales que conforman su entorno vital. Pero no hay familia rural sin mujer rural, razón primera y última de toda sociedad campera.

Abnegada y resistente a las carencias del medio, más allá de una vida con restricciones, la mujer rural es razón sustantiva de cada familia de su entorno, construyendo alternativas para una vida digna y plena, más allá del acceso a tantos servicios básicos. Y lo hacen tanto con su trabajo directo en el predio, donde no resignan esfuerzos a la par del hombre, como generando las condiciones de vida para la familia, en la alimentación, la vestimenta y el amoroso apoyo a la educación de sus hijos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, de las 175.613 personas que viven en zonas rurales, el 43,7% son mujeres. Se estima que de esa población 32.000 mujeres trabajan en producción agropecuaria: 26% en ganadería y 24% en agricultura. Seguramente, una cifra igualmente importante lo hace en los distintos rubros de la granja, donde la mano de obra familiar es relevante.

La figura casi épica de nuestra mujer rural ha sido motivo de muchos análisis sociológicos, reivindicada desde aquellas ideologías siempre dispuestas a encontrar “víctimas” de la sociedad. No obstante, el mayor respaldo en apoyo a nuestras mujeres rurales surgirá de las políticas de desarrollo productivo, de la expansión de la economía rural y, fundamentalmente, de las estrategias de desarrollo en servicios y habitabilidad de nuestra entrañable campaña. Atado al progreso del agronegocio está un mejor destino para nuestras comunidades rurales, las familias que las habitan y, consecuentemente, para nuestra mujer rural.

Por Laura Méndez

La salud mental no puede esperar más: cada demora, cada silencio, puede costar una vida.

La salud mental es un estado de bienestar que permite afrontar los momentos difíciles, aprender, trabajar, crear vínculos y sentirse parte del mundo. Es, como recuerda la Organización Mundial de la Salud, un derecho humano básico, tan necesario como el alimento o la vivienda, porque de ella depende nuestra capacidad de decidir, soñar y convivir.

En la adolescencia, cuando todo cambia —el cuerpo, las emociones, los vínculos—, ese equilibrio se vuelve frágil. La pobreza, el maltrato, la soledad o la violencia pueden romperlo fácilmente. Y muchas veces lo hacen en silencio.

Hoy, uno de cada siete adolescentes en el mundo vive con algún trastorno mental, y la mayoría no recibe la ayuda que necesita. Detrás de cada número hay una historia interrumpida: un joven que se siente solo, una familia que no sabe cómo acompañar. Protegerlos y escucharlos no es solo una política de salud: es una responsabilidad colectiva.

En Uruguay, esa responsabilidad empieza a tomar forma en experiencias que buscan romper el silencio.

En barrios donde los jóvenes cargan con historias difíciles y pocas redes de contención, los nuevos centros comunitarios intentan abrir espacios de confianza y apoyo.

En Casavalle, un cartel con letras coloridas anuncia: “Ni silencio ni tabú”. Adentro, adolescentes conversan con psicólogos, hacen murales y participan en talleres que los ayudan a poner en palabras lo que muchas veces se calla. Es el séptimo centro de atención a la salud mental juvenil del país. Detrás del acto oficial, sin embargo, queda una pregunta: ¿cuántos jóvenes logran realmente llegar hasta esa puerta?

Nuestro país arrastra desde hace más de una década cifras alarmantes que lo ubican entre los países con mayor tasa de suicidio adolescente de América Latina. En 2024 se registraron 764 suicidios (21,3 por cada 100.000 habitantes) y el 16 % correspondió a menores de 24 años. En el grupo de 15 a 19 años hubo 32 casos, pero los intentos de autoeliminación superaron los 440 por cada 100.000 jóvenes. Detrás de esas cifras hay angustia, soledad y pedidos de ayuda que, demasiadas veces, llegan tarde.

La pandemia dejó marcas profundas. Aunque la emergencia sanitaria terminó, la crisis emocional no se fue con ella. Persisten el cansancio, la incertidumbre y el deterioro de los vínculos familiares. El propio Ministerio de Salud Pública reconoce que la demanda de atención juvenil crece año a año y que los servicios no alcanzan.

El silencio se ha vuelto un síntoma social que se manifiesta en aulas donde los docentes no saben cómo actuar ante una señal de alarma, en hogares donde se confunde tristeza con rebeldía o en redes donde los jóvenes buscan contención y solo encuentran ruido.

La prevención debe empezar antes del síntoma

La salud mental, más que un asunto clínico, es un termómetro del bienestar colectivo. Los centros “Ni Silencio Ni Tabú” son una apuesta valiosa, ya que brindan atención gratuita a jóvenes de 14 a 29 años, combinando psicoterapia, talleres y espacios de expresión. Desde su inicio han realizado más de 7.800 actividades y atienden a unos 800 adolescentes.

Pero la demanda desborda la capacidad. “Estos dispositivos llegan cuando el problema ya estalló —explica la psiquiatra Cecilia Baroni, especialista en salud mental comunitaria—. Necesitamos prevención temprana dentro de las escuelas, formación docente para detectar señales y redes barriales que acompañen. El abordaje clínico solo no alcanza.”

En Montevideo los servicios se multiplican, pero en el interior la escasez es crítica, siendo que en algunos departamentos hay un solo psiquiatra infantil para todo el sistema público. Aun así, hay señales esperanzadoras: en Canelones, Maldonado y Rivera, varias escuelas incorporaron talleres de convivencia y acompañamiento emocional. Los resultados muestran una disminución de los episodios de autoagresión y un aumento de las consultas espontáneas.

En los barrios, las redes vecinales y los clubes sociales también cuentan: son lugares donde los jóvenes recuperan el sentido de pertenencia, muchas veces el primer paso para sanar.

Cada centro que se inaugura es un avance, pero también evidencia una deuda: la ausencia de una política nacional integral de salud mental adolescente. Uruguay tiene programas valiosos, pero dispersos. Falta un plan que articule los esfuerzos de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, y que asegure presencia real en el territorio.

La prevención debe empezar antes del síntoma: en las aulas, en los clubes, en los medios, en la palabra de cada adulto que se atreve a preguntar cómo está un joven. Porque una política pública no empieza con un decreto, sino con una sociedad que decide mirar de frente el dolor que suele esconder. Escuchar a tiempo puede salvar una vida. Y ese debería ser, por encima de cualquier diferencia partidaria, el verdadero sentido de la política.

Por Susana Toricez

El poder sin control ni transparencia transforma a los dirigentes en privilegiados que viven del esfuerzo ajeno.

Tuve la fortuna de haber sido compañera de “trabajo” de quien fuera presidente de la central de trabajadores del Uruguay. Y digo la fortuna, porque por conocerlo tan de cerca, nadie puede decirme algo sobre él que no sea verdad, ni cuestionar lo que yo diga al respecto.

Nunca obtuve respuesta a mi pregunta de cómo hacía ese ser para representar a todos los trabajadores del país, si él no solo no trabajaba ni una hora al mes, sino que no tenía idea de lo que pasaba con sus propios compañeros. Su función no era ni técnica ni administrativa. Su función era actuar como sindicalista, promover movilizaciones, aceptar invitaciones de la OIT para viajar por el mundo, sin dejar de percibir no solo su sueldo, sino también cuanto beneficio pudiera obtener en simultáneo.

Recuerdo una vez que hubo concursos administrativos. Los concursantes votaban en forma secreta un delegado que los representara por cada Tribunal de Evaluación. Esa tarea se pagaba aparte, porque se hacía fuera del horario laboral. Entre los delegados elegidos por los concursantes, entre otros, estábamos él y yo, en distintos tribunales.

A él se le solía ver por la institución únicamente cuando, por alguna razón, venía la prensa. Se constituyeron los tribunales con sus respectivos delegados un día sábado. Y a pesar de que hacía meses que no lo veía, ese día él apareció.

Pero antes de comenzar la tarea, se me acerca y me dice: “¡Me tengo que ir sí o sí! ¿Podrás «aguantarme» el tribunal? Mañana me voy de viaje por la OIT con todo pago y no puedo quedarme”. Mi respuesta fue molesta y firme: “¡De ninguna manera! Los concursantes te votaron a ti para ese tribunal, ¡es una falta de respeto no representarlos!”.

O sea que el señor quería no solo no perder su viaje, sino que tampoco quería dejar de cobrar ni su sueldo ni el trabajo extra para el que había sido elegido.
Sentí fastidio, enojo e impotencia, porque los trabajadores uruguayos desconocen esa realidad.

Lo ven en televisión hablando como un letrado que supiera mucho del tema, pero ignoran que todo es un escenario para actuar como dirigente y beneficiarse.
Así es la parodia de los sindicatos: de trabajar, nada. No solo no son trabajadores, sino que además siempre aspiran a representarlos.

Y por ese desconocimiento y apoyo a ciegas de una mayoría, a veces hasta llegan a ser ministros de Trabajo. Es increíble, además, que a quienes pagan cuota sindical no les haga ruido ver casi a diario en los noticieros que todo lo que tiene que ver con dinero es irregular y poco claro cada vez que está involucrado algún sindicato o el mismísimo PIT-CNT.
Qué triste. Pobre gente. Y encima pagan una cuota por estar afiliados a una institución que no solo no los representa, sino que jamás les rinde cuentas de dónde va a parar ese dinero que aportan.

Por Juan Carlos Nogueira

En el espejo de Falstaff, la política se mira a sí misma y descubre su peor caricatura.

Hay personajes que el tiempo inventa antes que los hombres. Sir John Falstaff fue uno de ellos. Nació en los intersticios de la historia inglesa —entre las cruzadas extintas y la burocracia naciente—, como si el mundo, cansado de héroes, necesitara de un bufón que los desenmascarara. Falstaff es el caballero que sabe que la caballería ha muerto, y ríe. Es la parodia del honor, el eco carnal de un ideal que ya no convence ni a sus sacerdotes.

Shakespeare lo dibuja con la gordura de un glotón fatigado, con la lengua de un sofista de taberna, con una sabiduría que no aspira a redimir, sino a sobrevivir. “¿Qué es el honor?”, pregunta, y se responde con una lucidez a la que ningún teólogo se atrevería: “una palabra”. En esa burla, Falstaff funda una metafísica del cuerpo: lo que no se come, lo que no se bebe, lo que no se goza, carece de realidad. Su reino es el del instante; su fe, la del apetito.

Sin embargo, cuando finalmente es repudiado, Falstaff descubre —como todos los hombres que pretenden ser cómicos— que la risa no hereda el poder. El bufón es tolerado mientras no reclame autoridad; en el momento en que la reclama, se vuelve insoportable. Así muere Falstaff: no en una batalla, sino en la conciencia de haber sido dejado fuera del juego serio del mundo.

Cuatro siglos después, en una tierra sin castillos ni reyes, surge un hombre en quien algunos —por su actuada simpatía y su falta de clase— reconocen características de aquel personaje shakespeariano. No viste jubones ni cita salmos, pero comparte con Falstaff una cordial desconfianza hacia la solemnidad. Donde otros predican programas, él conversa, aunque no logra articular ideas concretas. Cuando le preguntan sobre temas serios, gesticula, sonríe y cambia de tema.

Falstaff buscaba el vino; este, el mate. Ambos presiden un ritual popular; ambos confunden la política con la conversación infinita de una taberna.

Pero en el fondo hay un dilema idéntico. Todo gobernante falstaffiano enfrenta el riesgo de ser expulsado del propio mito que lo engendró. La espontaneidad, virtud del opositor, se vuelve torpeza en el trono. El humor, que en la plaza pública es una forma de sabiduría, se convierte en ambigüedad bajo los candelabros del poder.

Quizá su destino sea apenas una máscara más del eterno Falstaff, ese arquetipo del hombre que, ante la solemnidad del universo y su escasa preparación, opta por reír.

En los laberintos de la literatura, Falstaff no muere: reaparece en cada político populista que entiende que las masas prefieren a un hombre que se equivoca riendo antes que a uno que acierta con gravedad.

Lo trágico, sin embargo, es que las consecuencias de tener un Falstaff en el poder nunca son cómicas.

Por Alvaro Valverde Urrutia

El Mercosur vive un momento definitorio que deja al descubierto no solo sus limitaciones estructurales, sino también las tensiones internas entre los países miembros que, lejos de actuar como bloque, muestran estrategias comerciales y políticas cada vez más dispares. En lugar de coordinar una posición común frente a un escenario global incierto, los socios del Mercosur parecen empujados por agendas bilaterales, apuestas ideológicas y urgencias económicas propias.

Bajo la presidencia pro tempore del Mercosur, Brasil ha desplegado una ambiciosa agenda de negociaciones internacionales que incluye conversaciones con India, México, Singapur, Vietnam y hasta con los Emiratos Árabes. El objetivo no es solo diversificar mercados, sino reposicionar a Brasil como actor global con autonomía frente a las grandes potencias.

Este impulso no ha pasado por el Mercosur, sino que lo ha bordeado. Aunque las gestiones se presentan como iniciativas del bloque, lo cierto es que las decisiones se toman desde Itamaraty y no desde Montevideo. El bloque, en la práctica, sigue sin una política comercial común. Brasil negocia por su cuenta y luego intenta incorporar a los demás. Es un liderazgo, sí, pero sin consensos ni institucionalidad real.

Mientras tanto, Argentina se mueve con lógica de supervivencia económica. El gobierno de Javier Milei ha reorientado su política exterior hacia un alineamiento ideológico con Estados Unidos, dejando en segundo plano la relación con China y desdibujando su rol en el Mercosur. La preferencia explícita del sector industrial por un acuerdo con Donald Trump antes que con China revela no solo una visión política, sino también una lectura del mundo anclada en el corto plazo.

Esta mirada, sin embargo, está tensionada por la realidad: la industria argentina arrastra caídas de producción de más del 10% anual, enfrenta tasas de interés insostenibles y un mercado interno deprimido. En este marco, la apertura comercial no parece parte de un proyecto industrial, sino más bien una respuesta defensiva: priorizar relaciones bilaterales que contengan mínimamente el deterioro productivo.

Uruguay mantiene una postura firme a favor de la apertura comercial, pero no espera al bloque. Ya ha manifestado su disposición a avanzar de forma individual si el Mercosur no acompaña. El nuevo gobierno ha intensificado su diplomacia comercial en Europa y en Asia, presionando para que se firmen acuerdos estratégicos que rompan con el estancamiento regional.

Este camino no es nuevo, pero hoy tiene más respaldo interno y externo. Uruguay se muestra como el país más decidido a actuar por fuera del corsé institucional del Mercosur, entendiendo que las reglas actuales no le permiten aprovechar sus ventajas competitivas. A su favor juegan su estabilidad macroeconómica y su reputación de país confiable.

En lo que respecta al acuerdo comercial con la Unión Europea, los miembros del Mercosur muestran posturas claramente diferenciadas. Uruguay, como ya se ha dicho, lidera las gestiones para cerrar el tratado con Bruselas y está dispuesto a firmar aún sin el resto del bloque, si fuera necesario. Brasil también expresa su interés en avanzar, aunque prioriza una mirada estratégica que incluye otras regiones. Argentina, en cambio, adopta una actitud más ambigua: por un lado, respalda formalmente el acuerdo, pero en la práctica su estrategia apunta hacia un realineamiento con Estados Unidos, sin entusiasmo real por la agenda europea. Paraguay, aunque con bajo perfil, se ha mostrado históricamente favorable a la apertura y actúa en línea con Brasil. Así, el acuerdo con la UE, lejos de unir posiciones, ha profundizado las diferencias internas del bloque.

El diagnóstico es claro: el Mercosur no actúa como bloque ni tiene una estrategia coordinada. Cada país persigue sus propios objetivos, responde a aliados diferentes y privilegia relaciones bilaterales. Brasil busca liderazgo global, Argentina se acerca a EE. UU. por necesidad y convicción política, Uruguay quiere más apertura con o sin el bloque, y Paraguay se adapta sin confrontar.

Este desajuste pone en cuestión el futuro del Mercosur como herramienta de integración. Sin una visión compartida sobre desarrollo industrial, infraestructura común, digitalización o inserción global, el bloque corre el riesgo de convertirse en un espacio meramente aduanero, sin poder negociador ni valor estratégico.

Lo que está en juego no es solo la firma o no de un acuerdo comercial. El Mercosur necesita una revisión estructural: institucionalizar mecanismos de toma de decisiones más flexibles, permitir acuerdos bilaterales compatibles con el bloque y avanzar hacia una integración productiva que respete las asimetrías internas.

Más allá de las negociaciones con la Unión Europea, Asia o Estados Unidos, lo urgente es recuperar el sentido de integración económica. De lo contrario, el Mercosur corre el riesgo de ser apenas un nombre con historia, pero sin futuro.

Madagascar hoy enfrenta el dilema entre restaurar el orden institucional o caer en el vacío autoritario.

La crisis política que sacude Madagascar estos días —con la disolución del parlamento decretada por el presidente Andry Rajoelina, su huida del país y el ascenso de una facción militar que asume funciones de gobierno— representa un momento decisivo para ese país, pero también una advertencia para todas las democracias. El resquebrajamiento institucional en nombre de la urgencia o la restauración del orden suele terminar siendo un camino hacia el autoritarismo.

El punto de quiebre llegó cuando Rajoelina optó por disolver la Asamblea Nacional, justo antes de que prosperara un pedido de destitución en su contra. Para sus partidarios, ese decreto fue un acto legítimo: una respuesta necesaria ante la gravedad de la situación. Para sus críticos, en cambio, fue una maniobra de escape del control constitucional. Interpretar cuál perspectiva es correcta requerirá una evaluación jurídica delicada (por ejemplo, de si se cumplió con los procedimientos legales para disolver la cámara), pero lo que ya es evidente es que el equilibrio institucional quedó herido.

El telón de fondo de la crisis fue un malestar genuino: protestas populares lideradas por jóvenes de la generación Z exigiendo soluciones a cortes constantes de agua y electricidad. Es decir: puede que haya motivos legítimos para la indignación ciudadana. Pero esos motivos no justifican saltarse las reglas ni sustituir el debate institucional por decisiones unilaterales. La democracia no es solo resultado de demandas sociales, sino también de instituciones que canalizan esas demandas con reglas claras.

Lo que ha ocurrido después es aún más peligroso: una unidad militar rebelde, el CAPSAT, tomó posiciones y anunció que asumiría funciones de gobierno, disolviendo algunos tribunales constitucionales y suspendiendo otras instituciones. El nuevo coronel que lidera el movimiento habla de una transición de hasta dos años hasta nuevas elecciones. Pero cualquier traspaso impuesto desde las FFAA, aunque se presente como “necesario”, pone en riesgo la soberanía civil y la legitimidad democrática.

Francia y organismos internacionales han llamado a respetar el Estado de Derecho y la institucionalidad. Y no es para menos: una democracia que permite que se disuelvan las cámaras, se suspendan tribunales y se asuma el poder por militares es una democracia en crisis, no en transición. Las constituciones están para ser respetadas, incluso —o sobre todo— cuando la tensión política es máxima.

Madagascar corre hoy dos riesgos simultáneos: que la estabilidad se recupere por la fuerza más que por la ley, y que los jóvenes que tomaron las calles terminen desconfiando del sistema institucional. Si el nuevo gobierno, militar o mixto, actúa con transparencia, abre de nuevo los espacios parlamentarios y convoca elecciones con garantías, podría haber una salida legítima. Pero si decide mantenerse sin rendir cuentas, habrá comenzado un proceso irreversible de debilitamiento democrático.

Hoy, la prioridad no es imponer orden a cualquier precio, sino preservar la legitimidad institucional. No basta con controlar calles: hay que respetar normas. No basta con prometer elecciones: hay que garantizar que sean libres, competitivas y creíbles. Y no basta con que los manifestantes vieran razones para protestar —que en muchos casos las había—, si luego se les niega la voz en el canal institucional.

Madagascar merece que su historia sea más que una sucesión de rupturas constitucionales. Que este momento no se convierta en cisma irreversible. Que la vuelta al orden no sea una restauración militar, sino una reafirmación democrática.

Cuando la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela parecía de nuevo alicaída y sin posibilidades de provocar un cambio, el premio Nobel de la Paz concedido a su líder, María Corina Machado, hace renacer las esperanzas. Entrevista de Norberto Paredes a María Corina Machado para la BBC.

El Comité Noruego del Nobel eligió este viernes a Machado “por su incansable labor de promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Machado ha intentado todo en su combate contra el gobierno primero de Hugo Chávez y ahora de Maduro.

Ha participado en elecciones y llamado a la abstención, se ha sentado en mesas de negociaciones que han fracasado y ha hecho llamados a salir a las calles.

Como líder opositora en las elecciones del 28 de julio de 2024 organizó una estructura que permitió la publicación de las actas electorales que mostraban el triunfo opositor frente a Maduro, al que el órgano electoral declaró vencedor sin mostrar los resultados.

Pasado más de un año desde las elecciones y con Machado en la clandestinidad, la presión a Maduro llega ahora desde Estados Unidos donde el presidente Donald Trump, cercano a Machado, ha endurecido el mensaje contra el gobernante venezolano, al que considera cabecilla de un cartel narco.

En esta entrevista con BBC Mundo, Machado analiza qué puede pasar ahora tras la concesión del Nobel.

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz de 2025. Usted es la segunda mujer latinoamericana y la primera venezolana en lograr este reconocimiento, ¿qué sintió cuando le anunciaron la noticia?

Bueno, creo que lo mismo que siento ahorita. Todavía no puedo creerlo. No he tenido posibilidad de procesarlo.

Pero al mismo tiempo siento que el pueblo de Venezuela se ha ganado este reconocimiento.

Millones y millones de venezolanos que lo han dado todo. Han arriesgado sus vidas, sus familias, su patrimonio, todo.

Esta es una inyección de energía, de ánimo, de fuerza para concretar la última etapa de esta lucha, que es la liberación de Venezuela y la construcción de una nación con pilares democráticos y éticos muy sólidos.

Pese a esta gran noticia que está dando la vuelta al mundo, en Venezuela el ambiente no es festivo. ¿Qué siente al no poder celebrar este premio en las calles con sus seguidores y que la misma oposición no pueda celebrarlo por miedo?

Pero es muy festivo en los hogares y eso es algo muy poderoso que está ocurriendo en Venezuela.

Hemos entendido que frente a este régimen de terror hay que buscar mecanismos de acción, pero protegidos.

Eso nos ha hecho innovar en (varias) formas. Organizándonos, comunicándonos y protegiéndonos unos a otros.

Lo que ha ocurrido en estas horas en Venezuela es extraordinario. La gente sabe, y me lo dice, que es un premio para todos los venezolanos.

Yo voy más allá, yo diría que es para todos aquellos ciudadanos del mundo que han contribuido a que la voz de Venezuela y la fuerza de este movimiento gigantesco que hemos construido haya seguido creciendo y que estemos realmente en el umbral de la libertad.

El gobierno ha guardado silencio desde el viernes. ¿Ha recibido algún tipo de mensaje o comunicación del gobierno?

Obviamente no se comunican conmigo. Obviamente que ellos entienden que lo ocurrido es la legitimación de todo este movimiento que logró una victoria abrumadora el 28 de julio del año 2024.

Esto confirma que Nicolás Maduro está absolutamente aislado.

Incluso hasta sus antiguos aliados y gobiernos que lo acompañaban lo han dejado solo.

Venezuela ha cambiado mucho desde que usted fundó el movimiento Vente Venezuela en 2012 y Hugo Chávez aún estaba en el poder, ¿cómo ha evolucionado su lucha?

Venezuela ha cambiado mucho en muchos planos.

Desde luego, la parte más evidente y pública para la comunidad internacional es la destrucción no solamente de nuestra economía y de nuestros recursos naturales.

El Producto Interno Bruto de Venezuela ha caído un 80% en una década. Eso eso no ha pasado en ninguna otra parte del mundo.

Otro daño terrible que se ha hecho es a las instituciones. Hoy en Venezuela nadie se atreve a hablar, ni los activistas de derechos humanos, ni un juez, ni un periodista ni un sacerdote.

Se llevan a la gente presa solamente por denunciar la inflación, el aumento de los costos o la falta de alimentos. Y si no consiguen a la persona, se llevan a su familia.

Este es el nivel de depravación que hemos visto progresivamente instalarse en el país, pero al mismo tiempo ha ido creciendo esta fuerza, que nos ha ido uniendo.

En el año 2023 iniciamos de cara a las primarias un proceso de reencuentro de los venezolanos.

Este movimiento fue capaz de hacer unas primarias en contra de la voluntad del régimen, sin sus recursos ni el órgano electoral.

Después fuimos capaces de construir una plataforma ciudadana inédita en el mundo de más de un millón de ciudadanos que se ha transformado en esta fuerza que, a pesar de toda la represión, y que tiene hoy al régimen contra la pared.

Finalmente también ha cambiado enormemente la posición de la comunidad internacional, que ha entendido que no nos estamos enfrentando a una dictadura convencional, sino que se trata de una estructura criminal que ha convertido a Venezuela en un santuario para la operación de todos los enemigos de Occidente.

Irán, Rusia, Hezbolá, Hamás, los carteles, las guerrillas.

Operan libremente en Venezuela y desde aquí desestabilizan la región. Ahora el mundo entiende que, como se trata de una estructura criminal, hay que tratarla como tal, aplicando la ley y el orden internacional.

Así que estamos en un momento único e inédito.

El régimen está más débil que nunca y la sociedad venezolana más unida, esperanzada y organizada que nunca.

¿Qué autocrítica se hace en este momento?

Por supuesto que hemos cometido muchísimos errores. Hay que aprender de ellos y asumirlos con humildad.

Yo siento que el error más grande fue haber subestimado la crueldad y la falta de escrúpulos del régimen de Chávez y después del de Maduro.

Regímenes que sistemáticamente provocan el enfrentamiento entre ciudadanos, que sistemáticamente buscan expulsar un tercio de la población y tener a la sociedad pasando hambre, a los niños. Nuestros niños no van a la escuela pública.

En Venezuela, la escuela pública funciona solamente dos días a la semana porque a los maestros no les pagan prácticamente nada.

Subestimamos a un régimen que buscó destruir la sociedad para apoderarse de la riqueza del territorio de Venezuela con fines criminales.

Usted ha protestado, ha ido a elecciones, ha llamado a la abstención. Se puede decir que ha probado todas las vías. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso para la oposición venezolana?

Efectivamente, hemos recorrido todos estos caminos. Hemos estado en la calle, hemos protestado, nos han disparado, perseguido, torturado, asesinado.

Hemos ido a elecciones y nos las han robado, pero además, demostramos nuestra victoria y, desde luego, hemos estado en decenas de supuestos diálogos, en los cuales el régimen ha desconocido los compromisos que había asumido una vez tras otra.

El próximo paso es el que estamos dando ahora.

Hemos entendido finalmente que esto tiene que ser una coordinación de fuerzas internas y externas.

Cuando te enfrentas a una estructura criminal, que al final se sostiene con los flujos de dinero que vienen de sus actividades criminales, hay que cortar esos flujos. Hay que tener una sociedad organizada.

Nosotros hoy somos decenas y decenas de miles de ciudadanos comunicados subterráneamente, en clandestinidad, y necesitamos que la comunidad internacional dé pasos firmes para que los flujos de dinero que el régimen usa para la corrupción y la represión dejen de llegar.

Eso finalmente es lo que está ocurriendo ahora.

El chavismo ha acusado a EE.UU. de planear una invasión. Recientemente se publicó una encuesta que afirma que ante una eventual acción militar para “sacar a Maduro”, un 44% de los encuestados dijo que saldría a la calle para apoyar la acción, mientras que un 7% saldría a rechazarla. ¿Qué piensa usted de estos resultados y cuál es su posición al respecto?

Venezuela ya vive una invasión, absolutamente. De agentes cubanos, iraníes, chinos, rusos, de terroristas islámicos y carteles de la droga que han tomado control de buena parte de nuestro territorio dejando estelas de sangre, de destrucción de dolor y de hambre.

Por eso hay esta reacción, porque aquí se trata de una liberación.

En primer lugar, los venezolanos ya dimos un mandato de cambio de régimen. Esto es muy importante y el mundo lo sabe y lo ha reconocido.

Maduro claramente es un criminal.

Es el jefe de una estructura criminal, es un ilegítimo que se aferra el poder a la fuerza, aplicando terrorismo de Estado, como ha dicho la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cometiendo crímenes de lesa humanidad, como lo ha dicho la propia misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas.

Entonces, el país y la sociedad anhelan libertad para poder avanzar en una transición ordenada.

Por supuesto que sabemos que necesitamos respaldo externo.

Con el terror que hay en Venezuela, que casi el 50% de la población te diga que quiere apoyo significa que es en realidad casi el 90%, porque la gente tiene terror de hablar, incluso en una encuesta.

¿Entonces sí apoyaría usted una invasión como última instancia?

¿Quién está hablando aquí de invasión? Te lo repito: la invasión ya existe.

La invasión ya existe, nosotros lo que necesitamos es una liberación. Y para eso necesitamos posiciones firmes, por ejemplo, como la que hubo ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Reino Unido mantuvo una posición firme de liderazgo, como ha asumido en otros conflictos en el mundo en el caso del de Oriente Medio y en el caso de Ucrania, y también la asume ahora con relación a Venezuela.

Dijo que la única manera de resolver el conflicto en Venezuela es una transición ordenada que respete la soberanía popular emitida el 28 de junio.

Eso es exactamente lo que vamos a hacer y lo que va a pasar.

Ahora depende de Maduro.

Maduro necesita entender que se le ha ofrecido un proceso de negociación y que, si lo acepta, le irá mucho mejor. Pero se irá, decida lo que decida.

Usted es aliada de Trump, pero Trump está ordenando ataques a barcos en los que han muerto venezolanos y está acabando con el TPS, que protege a miles de venezolanos en Estados Unidos del gobierno de Maduro. ¿No hay allí una contradicción? Algunos critican que usted mantenga una postura que no busca contrariar a Trump, ¿piensa que no es compatible tener una buena relación con Trump y criticar los ataques en los que mueren venezolanos?

Hay una sola exposición: nosotros vamos a liberar a Venezuela y vamos a ofrecerle protección a todos los venezolanos dentro de su país.

Nueve millones de venezolanos han tenido que huir por culpa directa de Nicolás Maduro, que asesina, empobrece, persigue.

Aquí el responsable de lo que está ocurriendo se llama Nicolás Maduro y su entorno, que nos han declarado una guerra a los venezolanos que nosotros no queríamos.

Como bien decías, he intentado todos los mecanismos pacíficos, cívicos y constitucionales.

El responsable de lo que está ocurriendo es Maduro, que dirige personalmente un cartel de la droga.

Una cosa importante que quiero decir es que el caso de Venezuela es distinto a otros países.

Hay muchos países en el mundo donde los carteles de la droga y grupos criminales han infiltrado órganos del poder público.

En el caso de Venezuela, un cartel de la droga se apoderó de todos los órganos del Estado y utiliza eso para someter perseguir, torturar, asesinar a la población indefensa y desestabilizar la región.

Han convertido a Venezuela en el hub del crimen organizado mundial, un país que está en el corazón de las Américas.

Entonces, ¿quién es el responsable de que otros países actúen para defender su seguridad nacional?

El responsable Nicolás Maduro.

¿Qué les dice a los opositores que no quieren que Estados Unidos invada o ataque Venezuela?

Solo hay dos posiciones. Usted está con el pueblo de Venezuela, que ordenó una transición a la democracia, o está con un cartel y con el crimen que representa Maduro.

Ahí están las dos posiciones: con el pueblo de Venezuela, acompañado por Estados Unidos y la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe y de Europa.

Son poquísimos los casos que se han mantenido en silencio frente a la escalada criminal de Nicolás Maduro.

Entonces yo no voy a especular sobre las motivaciones para que algunas personas que están en Venezuela se plieguen a la narrativa del régimen. Sus razones tendrán.

Pero eso sí te digo, la historia juzgará, como hoy está juzgando el pueblo venezolano.

Ya en 2017 Trump dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa y no pasó nada, ¿por qué esta vez es diferente?

Yo creo que estamos viviendo, como decía antes, un momento inédito en la historia de Venezuela.

Nunca la sociedad ha estado tan unida, tan organizada. Tenemos un liderazgo legítimo. Tenemos a la oposición absolutamente articulada y unida, y una sociedad que está cohesionada.

Yo te pregunto: ¿en qué otro país en el mundo tú tienes un 90% de la sociedad que no tiene diferencias, ni religiosas, ni raciales, ni regionales, ni económicas ni ideológicas? Todos queremos lo mismo.

Esto es algo que nunca antes habíamos logrado en nuestro país y me cuesta ver otro caso en el mundo hoy en día.

En segundo lugar, el régimen está más débil que nunca. No solamente hay ya evidentes fracturas a lo interno: se traicionan, se delatan, se temen unos a otros porque saben que el tiempo se acabó.

Y, evidentemente, todos los crímenes que ha cometido Nicolás Maduro a lo largo de estos años y su entorno han ido creando un expediente monumental, que no solamente Estados Unidos, sino también países europeos y latinoamericanos, tienen. Y es el momento de hacer todo esto público.

Yo, si algo le he pedido a los gobiernos democráticos, es que apliquen la ley.

Necesitamos que la información que tienen sobre los crímenes, sobre los testaferros que han hecho posible el saqueo a Venezuela se conozca, y que el sistema financiero de aquellos países que ha acogido estos capitales de sangre, pues los hagan públicos y se los quiten al régimen para que, evidentemente, no puedan seguir siendo utilizados para la represión, la persecución y el terror.

Y yo creo que en esa dirección nos estamos moviendo y por eso soy tan optimista y estoy tan convencida de que la libertad para Venezuela está muy cerca.

Usted habló con el presidente Trump el viernes. ¿Qué puede decir de esa conversación?

Sí, ayer tuvimos una conversación. Fue una buena conversación. Pude expresarle nuestro agradecimiento y lo agradecido que está el pueblo venezolano por lo que está haciendo, no solo en América, sino en todo el mundo, por la paz, la libertad y la democracia.

Me alegró mucho que tuviéramos la oportunidad de hablar.

¿Piensa usted que la solución de Venezuela ya está en manos de otros?

Jamás hemos pensado eso, porque eso sería evadir nuestra responsabilidad. Si algo hemos aprendido los venezolanos precisamente es la corresponsabilidad.

Esto no depende de unos líderes internacionales o nacionales. Esto depende de todos.

La clave aquí está en la gente que, paradójicamente, es la variable que siempre queda fuera de todos los análisis que se hacen sobre Venezuela en estos últimos años.

Los que decían que era imposible hacer unas primarias ciudadanas sin el régimen involucrado, los que decían que era imposible organizar y movilizar a la población para derrotar a Maduro en condiciones absolutamente fraudulentas en las elecciones, los que ahora nos dicen que es imposible una transición ordenada porque vendría el caos. Esa es la última narrativa del régimen. El caos son ellos.

¿Qué más caos puede haber en Venezuela, en un país donde la población no tiene qué comer, no puede ir a la escuela, no tiene medicinas en los hospitales?

Entonces, esa tesis de que Venezuela iría al caos es absolutamente falsa, porque la clave está en la gente que va a acompañar un proceso de transición.

Claro que es muy difícil y muy duro y delicado y complejo. Estos tipos han destruido todo.

Nosotros no sabemos cuáles son las reservas de Venezuela. Nosotros no sabemos cuál es el presupuesto del país. No sabemos cuánto produce PDVSA (la petrolera estatal), cuánto es el gasto público. No sabemos nada.

No sabemos qué ocurre dentro de PDVSA, qué ocurre dentro de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo. Nada. Todo es oscuro. Toda una caja negra, todo es corrupción y crimen y mafia.

Entonces, claro que va a ser un gran desafío, pero yo les aseguro que ustedes van a ver una transición ordenada pacífica, que es lo que el pueblo ha mandado y que el pueblo la va a garantizar.

¿Qué mensaje le da usted a Maduro hoy?

Por la paz de Venezuela, vete ya. Y por tu propio bien, porque con o sin negociación, Maduro va a salir del poder muy pronto.

¿Y qué mensaje le da a los venezolanos que todavía lo siguen?

Yo sé que incluso en aquellos venezolanos que están siendo amenazados porque son empleados públicos, porque les han dicho que les quitan una bolsa de comida si no acuden a las convocatorias absurdas del régimen, o en aquellos que están siendo espiados, perseguidos entre las fuerzas armadas, los militares, los policías, los tribunales, hay también ese anhelo de vivir con dignidad, con libertad.

Estos son venezolanos que llegan a sus casas y que sus neveras están vacías, a los que sus hijos increpan, que no pueden mirar a sus madres a los ojos, y que saben que aquí no hay futuro.

Mientras, nosotros estamos abriendo los brazos para decir 'vamos a reencontrar este país, como ya reencontramos al 90%'. Quedan pocos. Esta victoria de Venezuela será histórica, no solamente para nosotros, sino para la historia de la humanidad, porque es un pueblo que fue enfrentado con las armas más violentas y crueles y decidió organizarse, resistir y avanzar cívicamente creyendo en nuestra fuerza, en nuestras ideas.

Y siento que hoy más que nunca este movimiento y esta fuerza que emerge va a trascender nuestras fronteras. Eso no se va a quedar solo en Venezuela.

Cuando caiga Maduro, veremos cómo va a caer el régimen cubano y cómo va a caer el régimen de Nicaragua y tendremos todas las Américas libres de tiranía, de dictaduras, de narcoterrorismo.

La combinación de guerra, sanciones y ruptura de contratos transformó a Gazprom de palanca de poder en un actor financiero vulnerable, dependiente del Estado ruso.

La aventura imperial de Vladimir Putin en Ucrania tuvo un costo tangible para uno de los mayores activos económicos de Rusia: Gazprom. El gigante del gas, durante décadas herramienta clave de la política exterior rusa y pilar de ingresos del Estado, se encuentra hoy debilitado y con niveles de deuda que encendieron las alarmas. En 2024, la compañía registró pérdidas que rondaron los 13.000 millones de euros, según los reportes publicados, un retroceso considerable respecto a años anteriores en los que alcanzaba beneficios récord. Aunque en 2025 la empresa anunció un retorno a ganancias bajo sus cuentas consolidadas, esta recuperación parcial se sustentó más en ingresos financieros y en la reorganización interna de sus filiales que en una recuperación real de su mercado principal.

El impacto comenzó con la invasión de Ucrania y las sanciones occidentales que cambiaron de golpe el mercado al que Gazprom había apostado buena parte de su futuro: Europa. La interrupción de flujos de gas por rutas tradicionales, incluida la paralización efectiva de Nord Stream, junto con la política europea de diversificación y almacenamiento, desplomó la demanda rusa. A pesar de los esfuerzos por redirigir ventas hacia Asia, la capacidad comercial de Gazprom quedó limitada y sus márgenes de beneficio se redujeron drásticamente.

La estrategia del Kremlin convirtió al gigante energético en un instrumento expuesto a riesgos políticos. Medidas como exigir pagos en rublos y las interrupciones de suministro como represalia erosionaron la confianza de clientes históricos y de los mercados financieros. Esta ruptura del vínculo comercial y político con Europa se tradujo en menores ingresos en divisas y en una dependencia creciente de mercados alternativos, que ofrecían contratos menos favorables.

Con un mercado europeo reducido, Gazprom tuvo que recurrir a financiamiento interno y a mecanismos estatales para sostener operaciones e inversiones, acumulando niveles de deuda que la colocan entre las empresas estatales rusas más endeudadas. La compañía también ha utilizado filiales, como Gazprom Neft, para equilibrar flujos y cubrir déficits, una señal de la reconfiguración interna que enfrenta para mantener su actividad.

Operativamente, Gazprom ha tratado de compensar la caída europea con exportaciones hacia China y otros socios asiáticos, pero los volúmenes y los precios no alcanzan los niveles previos. La pérdida o daño de infraestructuras estratégicas, como los gasoductos, y la inseguridad jurídica derivada de sanciones y conflictos internacionales han aumentado los costos de operación. La presión financiera limita además la inversión en modernización tecnológica y expansión de proyectos, complicando la sostenibilidad de su modelo de negocio tradicional.

Gazprom sigue siendo un actor enorme, con acceso a vastos recursos de gas y un know-how técnico considerable. Sin embargo, ya no puede imponer condiciones comerciales y políticas como antes. La invasión de Ucrania y la utilización del gas como instrumento geopolítico demostraron que el arma energética tiene un costo: pérdida de mercados confiables, restricciones financieras y tecnológicas y la necesidad de reestructurarse internamente.

Hoy, Gazprom sigue siendo grande, pero vulnerable. La rápida transición de proveedor europeo seguro a compañía dependiente de un mercado reducido y condicionado por la geopolítica muestra que los riesgos asumidos por Moscú en su política exterior se tradujeron en un debilitamiento de uno de sus activos económicos más valiosos. Europa acelera su divorcio energético de Rusia, mientras Asia ofrece alternativas parciales. El precio lo paga Gazprom: deuda elevada, pérdida de mercados y una estructura corporativa puesta a prueba por la confrontación internacional.

La caída de Boluarte y la llegada de Jerí reabren el ciclo de inestabilidad política en Perú, aunque la economía muestra una solidez que resiste los vaivenes del poder.

Así sí

   Información segura, ciudadanía protegida

El Ministerio del Interior lanzó el servicio “Verificá”, una herramienta pública para que cualquier persona pueda comprobar la veracidad de noticias, posibles estafas o contenidos falsos que circulan en redes sociales y medios digitales.

A través de este sistema, la ciudadanía puede enviar enlaces, mensajes o imágenes sospechosas y recibir una verificación oficial sobre su autenticidad. La iniciativa busca fortalecer la confianza pública, combatir la desinformación y prevenir fraudes en entornos digitales.

  En tiempos donde la mentira se viraliza más rápido que la verdad, ofrecer verificación es defender la democracia.


   Uruguay y Finlandia firman convenio de seguridad social que amplía derechos jubilatorios

El gobierno uruguayo firmó un acuerdo bilateral con Finlandia que permitirá a trabajadores que hayan desarrollado parte de su vida laboral en ambos países sumar años de aportes para acceder a jubilaciones y pensiones. Asimismo, un acuerdo de estas características permitirá captar conocimiento y talento extranjero para que colaboren en programas nacionales sin riesgo de perder su antigüedad donde residen.

El convenio garantiza también cobertura médica en traslados temporales y protege los derechos previsionales de los uruguayos residentes en Europa.

  Un paso de integración internacional que amplía derechos y reconoce la movilidad laboral como parte de la realidad contemporánea.
 

   Puerto en tensión: terminal de contenedores paralizada y exportaciones en riesgo

   Ocupar no es la solución