La independencia no se declama: se garantiza institucionalmente. Ningún organismo de contralor puede cumplir su cometido si depende del beneplácito de los mismos actores a quienes debe vigilar. La ética pública requiere estructuras que estén por encima de los gobiernos y de los partidos, porque sólo así puede sostenerse la confianza ciudadana en el sistema democrático.

El reciente fallo de la JUTEP en el caso de Álvaro Danza —presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)— ha generado una profunda crisis de credibilidad en el organismo que tiene a su cargo la ética pública en Uruguay. Por mayoría de dos votos contra uno, el directorio de la JUTEP resolvió que “no existía incompatibilidad” entre el cargo de Danza y sus actividades privadas como médico y docente universitario.

No obstante, el fallo fue precedido por un informe técnico interno de la JUTEP que advierte lo contrario: el informe de la Asesoría Letrada consideró que Danza “incurre en una situación de incompatibilidad” con su cargo en ASSE al mantener vínculos laborales con prestadores privados, violando el artículo 200° de la Constitución y otros instrumentos éticos.

La oposición política reaccionó con dureza. El senador Martín Lema (Partido Nacional) calificó la resolución de la JUTEP como “un papelón sin precedentes” y sostuvo que “tal como está planteada, lamentablemente se han encargado de convertir en un verdadero papelón el desempeño de la Jutep por una operación política. Y eso es absolutamente rechazable. Que la estructura puede ser mejorada o corregible, sí. Pero la utilización de esa forma, yo no sé cómo no le dio vergüenza ajena a todo el gobierno”.

El constitucionalista y profesor grado 5 Ruben Correa Freitas, a pedido del Partido Colorado, argumentó que “el artículo 200 de la Constitución … es claro, no admite dudas, tanto cuando establece una incompatibilidad en el inciso primero, como cuando dispone una prohibición en el inciso tercero” y que la interpretación de la JUTEP “no se ajusta al texto claro y preciso de la disposición citada”.

El mismísimo expresidente Ricardo Gil Iribarne —connotado frenteamplista— sostuvo que el organismo “está absolutamente desprestigiado” y que “las decisiones en general que se han tomado —desde el sistema político— responden a la estrategia de «qué bueno que existe la JUTEP, pero que no joda mucho»”.

Como señalamos en nuestro editorial del viernes pasado [https://www.correodelosviernes.com.uy/Dinamitan-la-JUTEP-2025-11-07.asp], titulado Dinamitan la JUTEP, lo ocurrido fue “un hecho de gravedad institucional inusitada”, señalado que “al decidir [la JUTEP] en base a afinidades políticas, pone en entredicho la razón misma de su existencia”.

Frente a ese escenario, el senador colorado Pedro Bordaberry propuso modificar la ley orgánica de la JUTEP. En su iniciativa, propone que los tres miembros del organismo “sean exministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o profesores grado 5 de universidades”, y que sean designados por el Senado con mayoría de dos tercios a propuesta del Poder Ejecutivo.

Según Bordaberry, “la JUTEP tiene un problema de credibilidad, parece estar muy politizada. Tenemos que devolverle el prestigio y la confianza … Estos organismos pueden acertar o errar, pero nunca deben regirse con criterios políticos”.

En su evaluación, los miembros tanto del oficialismo como de la oposición coinciden en que el problema no sólo es la resolución del caso específico de Danza, sino la estructura misma del organismo. Las críticas apuntan a que la integración partidaria del directorio —con dos miembros del Frente Amplio y uno de la oposición— compromete la independencia técnica del organismo.

Por su parte, el FA mantiene que “el debate debe conducir a un gran acuerdo nacional que garantice independencia y credibilidad a la institución”.

El conjunto de hechos vuelve imperativo preguntarse si la JUTEP cumple con su función esencial: ser un órgano de control autónomo que prevenga conflictos de interés, proteja la ética pública y conserve la confianza ciudadana. Si tal misión se ve erosionada, el efecto puede ampliar el descrédito de las instituciones y afectar la gobernabilidad democrática.

En ese contexto, la reforma propuesta por Pedro Bordaberry apunta a restituir un principio básico para toda institución de contralor: independencia técnica, diseño estructural robusto y asignación institucional que trascienda los ciclos electorales y las mayorías partidarias. Por ello, Bordaberry hace bien en plantear esa reformulación integral de la JUTEP, asegurando que sus integrantes actúen con criterios de idoneidad, imparcialidad y compromiso ético, y no sujetos a afiliaciones partidarias o lógicas de gobernabilidad coyuntural.

Sería un paso necesario para que la JUTEP vuelva a ser un organismo creíble, autónomo y efectivo —como corresponde— y no, como hoy lo perciben muchos con muy buenas razones, un instrumento de cálculo político al servicio del poder de turno.

Por Julio María Sanguinetti

El prolongado ciclo electoral desgasta a la ciudadanía y debilita la política. Es hora de acortar los tiempos sin perder legitimidad democrática.

Cuando llegamos a la elección departamental de mayo, fue unánime el comentario sobre la fatiga ciudadana por el largo, desmesurado proceso electoral.

Felizmente no tenemos elección de medio término, como en Argentina, pero el hecho de que estemos un año y medio en campaña no deja de ser un anacronismo en este tiempo de velocidad para todo.

Todo el mundo hablaba de acortar el período electoral y creo que, pasando ya la etapa presupuestal, sería un buen momento para que los partidos políticos conversaran sobre el tema.

En su momento, hubo algunas ideas. El presidente Orsi habló de votar lo departamental junto a lo nacional, aunque con apertura para votar lemas distintos. Personalmente, creo que tiene el inconveniente de que lo nacional arrastra a lo departamental, lo que de hecho debilita su autonomía. Por más que pueda haber “voto cruzado”, bien sabemos que este es más complejo y que, además, como el grueso del debate va a estar en lo nacional, el interés por lo departamental queda diluido.

El senador Bordaberry también lanzó un cambio de cronograma, manteniendo el mismo sistema. La interna partiría en agosto, las elecciones en octubre y noviembre en segunda vuelta, la toma de posesión el 10 de febrero y las municipales el segundo domingo de marzo.

Personalmente, estimo que la experiencia de la interna obligatoria con candidatos únicos por partido logró algunos efectos interesantes, como democratizar la elección de candidatos, pero restó apertura a los partidos, les impuso hacer una elección temprana y cerrada, que llevó a que aparecieran más tarde expresiones válidas salteando esa instancia.

Por eso hoy dejaríamos el tema librado a cada partido, como ocurría antes, aun en el propio Partido Colorado, en que hubo elecciones hasta de sectores, como pasó, por ejemplo, en el Batllismo Unido en 1989 entre Jorge Batlle y Enrique Tarigo.

Una idea sería la de retornar al doble voto simultáneo, en que la elección se decide primero por partido y luego por el candidato más votado dentro de cada partido. En el viejo sistema, esto tenía el inconveniente serio de la débil representación de quien resulta presidente solamente, por ejemplo, con un 35% de un partido que obtuvo 40%.

Esto se hizo más evidente cuando apareció el Frente Amplio, en que la elección pasó a ser de tercios y no binaria, como había sido entre los partidos tradicionales. Un sistema dividido en tres hacía difícil la gobernabilidad y por eso establecimos la doble vuelta, el viejo “balotaje” francés, para rodear al presidente de una fuerte legitimidad popular. No se llega a la Presidencia sin el apoyo de por lo menos la mitad del país. La experiencia ha resultado, porque los presidentes, todos ellos, han podido ejercer un mandato indiscutible en su legitimidad representativa.

En el Frente, mucha gente sintió, y lo sigue diciendo, que el balotaje solo nació para ganarle al Frente, y no es así. Nació para mejorar la gobernabilidad, la estabilidad del sistema. No nos podía pasar lo de Chile, cuando se fragmentó. Se dice que con el viejo sistema hubiera ganado siempre el Frente. O no, porque eso supone imaginar que los demás partidos no hubiéramos hecho nada inteligente para enfrentarlo, como hicimos con la Coalición Republicana, por ejemplo.

La idea sería votar en octubre Presidencia y Parlamento. Cada partido podría llevar uno o más candidatos. El Partido Colorado, a título de simple ejemplo, a Ojeda y Bordaberry. O el Frente Amplio, a Sánchez y Cosse. En la segunda vuelta estarían los dos candidatos más votados de los dos lemas más votados.

No solo se acortarían los plazos, sino que además se reduciría el enorme esfuerzo de trabajo y aun financiero que representa una elección como la interna. Seamos claros: la contribución del Estado es importante, pero todos sabemos que es muy insuficiente y que hay que hacer malabarismos para llegar a tener una presencia publicitaria respetable. Y que la interna deja heridos por el camino, que ya se apartan del esfuerzo. La segunda vuelta es otra cosa: ya no son tanto los partidos sino las personas y lo que ellas realmente representan, en ideas y carácter.

No está de más decir que no estamos hablando de una reforma constitucional, sino simplemente de un cambio en el sistema electoral, que requiere una enmienda constitucional, pero punto. Si abrimos el espectro para discutir cualquier cosa, aun legítima e interesante, es el mejor modo para no hacer nada.

En lo personal, no hemos tomado hasta ahora ninguna iniciativa, pero felizmente el tema viene replicando y está leudando la idea de que no está de más hacer algo. Si en mayo, todos fatigados, estábamos de acuerdo, ¿por qué no hacerlo, entonces?

Las disculpas a los chinos y las trabas a la supervisión del astillero gallego exponen una contradicción oficialista.

En la última edición de “Galleta de Campaña” de El Observador se dio a conocer lo que pareciera —pero no es— una humorada de los redactores del portal. Durante su visita a China entre el 17 y el 19 de setiembre para el Foro de Beijing Xiangshan, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, realizó un inusual gesto diplomático: visitó junto a su delegación uno de los astilleros de la compañía estatal CSTC, en Shanghái, para expresar “disculpas” en nombre del Estado uruguayo por la “desprolijidad” que rodeó la frustrada licitación del anterior gobierno para construir las patrulleras oceánicas (OPV). La ministra, acompañada por la directora de Política de Defensa, Nadia Almeida, y su adscripto, Damián Rojas, recorrió las instalaciones y procuró recomponer una relación supuestamente afectada desde que China, en más de una ocasión, había hecho saber su malestar diplomático por el desenlace de aquel llamado.

El episodio sería, en principio, una anécdota menor si no fuera por el contexto que lo rodea y las implicancias políticas que revela. Porque mientras la ministra se excusaba ante el fabricante chino que había cotizado más del doble que el astillero gallego Cardama —que actualmente construye las OPV para Uruguay—, el Frente Amplio bloqueaba en la Cámara de Diputados la autorización para que una delegación de la Comisión de Defensa Nacional de Diputados visitara precisamente el astillero español, en Vigo, donde ya se encuentra avanzada la primera embarcación.

El contraste es elocuente. Por un lado, una delegación oficial encabezada por la ministra viaja al otro lado del mundo para ofrecer disculpas a una empresa extranjera que perdió un llamado público por razones estrictamente técnicas y económicas; por otro, la principal fuerza opositora impide que un órgano parlamentario, con representación multipartidaria, verifique in situ el progreso de una obra estratégica para la soberanía marítima nacional.

Más allá del episodio, el gesto hacia los chinos evidencia un preocupante desbalance en las prioridades institucionales. Mientras el astillero Cardama avanza en la construcción del primer patrullero, con estándares internacionales y supervisión técnica uruguaya, los legisladores del Frente Amplio han sembrado dudas sobre su existencia misma, pese a que el diputado Gabriel Gianoli (PN), tras recorrer las instalaciones, señaló que “existe el astillero, sí, se está construyendo una OPV que tiene la friolera de 90 metros, 17 metros de altura y 12 metros de ancho” y expresó atónito que “es insólito que se esté diciendo que no tienen obreros”.

El episodio deja al descubierto una inconsistencia política difícil de justificar: el bloqueo interno a una instancia de contralor nacional convive con una deferencia impropia hacia una empresa extranjera que ofreció condiciones mucho más onerosas. En un país que ha hecho de la transparencia y la institucionalidad su principal capital diplomático, pedir disculpas por un proceso competitivo y legalmente cerrado resulta, cuanto menos, improcedente.

En definitiva, lo ocurrido con la ministra Lazo no solo plantea un interrogante sobre el manejo de la política de defensa, sino también sobre el sentido mismo de las lealtades institucionales. Porque si las disculpas diplomáticas se ofrecen con más ligereza que las explicaciones políticas, lo que se resiente no es la relación con China, sino la coherencia del Estado uruguayo ante sus propios actos.

El caso Carrera reveló lo que el caso Danza terminó de confirmar: la JUTEP necesita una refundación.

En agosto de 2024, la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) resolvió desarchivar una denuncia vinculada al entonces senador frenteamplista Charles Carrera, en relación con el uso indebido de recursos del Hospital Policial. La decisión fue adoptada en sesión del directorio el 6 de agosto, cuando la presidencia del organismo era ejercida por Gabriela Di Longo. Sin embargo, lo que debía permanecer en estricta reserva se convirtió, apenas tres días después, en un episodio de filtración que vulneró los principios básicos de confidencialidad administrativa.

El propio Carrera recibió en su despacho parlamentario un sobre que contenía la resolución, pese a que esta ni siquiera había sido firmada formalmente. En su testimonio ante la investigación administrativa ordenada por el Ministerio de Educación y Cultura, el exsenador admitió haber recibido la documentación y detalló que la entregó a su equipo jurídico para preparar una impugnación inmediata. En otras palabras, el beneficiario de la filtración reconoció sin ambigüedades haber accedido a información reservada que, por los tiempos administrativos, no podía estar en su poder.

El informe final de la instructora del caso fue categórico: existió una “vulneración del deber funcional” dentro de la JUTEP, con “intencionalidad” y un “perjuicio que no pudo repararse sin debilitar el servicio”. La investigación no logró individualizar al responsable, pero la expresidenta del organismo, Gabriela Di Longo, señaló una “presunción razonable” sobre una persona concreta: Ana Ferraris, entonces vocal del directorio y actual presidenta de la Junta. Di Longo argumentó que Ferraris —del MPP igual que Carrera— era quien mantenía “más contacto político” con el entorno del exsenador.

Ferraris —como era de esperarse— negó cualquier participación y sostuvo que la investigación no determinó responsabilidades formales. Sin embargo, la conclusión administrativa fue inequívoca: la filtración existió, se probó su ocurrencia y se estableció su intencionalidad. Lo único que quedó en penumbra fue la identidad de quien la ejecutó.

El episodio de la filtración no puede analizarse en el vacío. A poco más de un año de aquel hecho, la JUTEP volvió a estar en el centro de la polémica por su pronunciamiento sobre el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza. En esa oportunidad, la mayoría integrada por Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti concluyó que no existían incompatibilidades entre los cargos que ocupa el jerarca, desconociendo el informe técnico de la propia Asesoría Letrada del organismo. Para la oposición, fue un nuevo ejemplo de discrecionalidad y opacidad en la actuación de un cuerpo que debería ser la expresión más acabada de la ética pública.

Ambos episodios —la filtración en favor de Carrera y la resolución en beneficio de Danza— configuran un patrón preocupante: el debilitamiento progresivo de la credibilidad de la JUTEP. La transparencia no puede depender del signo político de quien preside el organismo, ni la reserva ser un privilegio disponible para amigos o correligionarios.

Cuando un órgano de control pierde su neutralidad, deja de ser un dique frente al abuso de poder y se transforma en un engranaje más del juego partidario. Por eso, el reclamo de reformular la JUTEP desde sus cimientos no responde a una lógica de revancha política, sino a una necesidad institucional urgente.

Si la ética pública ha de tener sentido en Uruguay, debe empezar por su propia casa. La filtración de 2024, confirmada por su beneficiario y nunca esclarecida del todo, es mucho más que un incidente administrativo: es la prueba palpable de que el organismo encargado de custodiar la transparencia necesita, él mismo, ser transparentado.

Un dirigente colorado recordado por su vocación de servicio, su civismo y su pasión por la historia patria.

A los 70 años falleció el dirigente colorado de Tacuarembó José Eduardo Gómez Lagos, un querido y respetado ciudadano.

Cuando aún estaba en plena actividad intelectual y cívica, Gómez Lagos murió días atrás de un infarto. Se había caracterizado por su vida de servicio y por su espíritu solidario.

Colorado y profundamente demócrata, se volcó a la actividad partidaria en 1982, cuando las elecciones internas hicieron vislumbrar el final del proceso militar y la restauración democrática. Desde entonces estuvo siempre sirviendo con lealtad e inteligencia a su partido.

Profundo admirador del primer presidente de la República, Fructuoso Rivera, Gómez Lagos se había sumado a uno de los grupos colorados que promueven la defensa de su figura y de su obra y que divulgan en todo el país el significado de su liderazgo. Su última actividad en ese sentido fue en Fray Bentos, con motivo del aniversario de la Batalla de Rincón, donde hizo una estupenda semblanza de don Frutos.

Le restaba horas a su profesión de abogado para dedicarse a las lecturas históricas, y fue un gran conocedor de la historia patria y de los orígenes y evolución de su departamento. En 1995 había publicado Las banderas y los hombres, una historia novelada en la que trazó los rasgos de nuestra formación nacional, pero ubicándola en una amplia región que tenía identidades compartidas: desde los Andes al sur de Brasil y desde Bolivia a Tierra del Fuego. Y protagonistas comunes: el gaucho y los caudillos.

También fue coautor del libro Miradas para una geohistoria regional, con estudios sobre su pago. Actualmente estaba por publicar una historia del club Tacuarembó, entidad social de la que fue presidente. Llevado por su permanente inquietud de servicio, Gómez Lagos también se destacó por su intensa actividad en el Rotary.

Cordial, sencillo y decente, había ganado un lugar de consideración y de respeto tanto en su departamento como en su colectividad política.

La condena de Stella Rey no cierra el caso Fosvoc–SUNCA y deja abiertas muchas preguntas que deberán responderse en la investigación judicial. El daño patrimonial, que inicialmente se estimaba en un millón de dólares, podría duplicarse según nuevas estimaciones del abogado del Fosvoc, Óscar López Goldaracena.

En 2024 se detectó y comenzó a investigar una maniobra de desvío de fondos en el Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) que terminó con la condena de la funcionaria administrativa encargada de los pagos y con al menos tres exsindiclistas ya sentenciados. La secuencia conocida y los elementos probados hasta ahora permiten reconstruir la operativa y cuantificar el alcance económico del fraude.

La nueva ejecutora material identificada es Stella Rey, responsable de efectuar los pagos del fondo. La fiscalía imputó y la Justicia condenó a Rey por los delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de activos (modalidad posesión y tenencia). En un acuerdo abreviado validado ante el juez de Crimen Organizado Fernando Islas, Rey fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión; además, se le decomisaron $352.471 encontrados en una caja de ahorro y se dispuso el decomiso de otros bienes detectados.

La maniobra consistió, según el relato fiscal, en la realización de 193 transferencias irregulares desde la cuenta del Fosvoc a cuentas de terceros, inscritas fraudulentamente como pagos a proveedores u otros conceptos fuera de las competencias del fondo. Los destinatarios —identificados en parte por la investigación— fueron alrededor de 14 o 15 personas que actuaron como lo que la fiscalía denominó “mulas financieras”: recibían los giros y, vía transferencias o retiros en efectivo, derivaban los fondos a otros actores del esquema. La fiscalía identificó que, entre los destinatarios, figuraban varios sindicalistas ya condenados en la causa: Santiago Bernaola, Bruno Bertolio y Víctor Rivero, además de otros nombres que aparecen en las actuaciones (Carlos Larrosa, Robert Martínez, Juan Ortiz, John Fernández, Alejandro Lyon, Diego Almeida, María Cuello, Viviana Vidal, Andy Raimond, Nicolás Mañana, Miguel Duarte, Pilar Ferreira Cuello).

En cifras: la fiscalía documentó que las transferencias irregulares totalizaron $35.627.581 y US$17.500. Sumadas otras maniobras y solicitudes fraudulentas, el volumen —según los peritajes y la propia fiscalía— supera el millón de dólares. Sin embargo, en declaraciones a La Diaria Radio, el abogado del Fosvoc, Dr. Óscar López Goldaracena, advirtió que “hay más desvíos” que podrían elevar la cifra total a unos dos millones de dólares, e indicó que “no se trata de todo el dinero; hubo maniobras anteriores, incluso en 2023, donde una de las personas condenadas fraguaba solicitudes de partidas y beneficios extraordinarios en su propio beneficio”.

La investigación también documentó pedidos de partidas especiales “a fondo perdido” —solicitudes sin respaldo documental por supuestos casos de salud o incendios— y la presentación de datos falsos o de personas fallecidas para justificar desembolsos. En 2024 se registraron al menos 40 solicitudes falsas sin la exigencia de documentación.

¿Cómo se descubrió la maniobra? El esquema salió a la luz cuando Stella Rey se tomó licencia y la trabajadora que la reemplazó detectó movimientos llamativos en las cuentas del fondo; la posterior auditoría externa confirmó las transferencias irregulares y motivó la denuncia y la actuación de la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos (equipo a cargo de Gilberto Rodríguez y Gabriela Gómez, entre otros).

Según relató López Goldaracena, Rey “era la encargada de realizar las transferencias bancarias para el pago de sueldos” y tenía “las claves para el manejo de las cuentas”, por lo que gozaba de plena confianza. Al describir el mecanismo, el abogado señaló que la funcionaria “realizaba transferencias a diferentes cuentas de terceros”, quienes luego “transferían el dinero a una cuenta de uno de los autores intelectuales del esquema”, parte del cual “volvía a Rey como una especie de comisión por el servicio”, por un monto estimado de cuatro millones de pesos.

El abogado agregó que la causa no está cerrada y que “hay elementos de convicción más que suficientes para que en las próximas semanas se proceda con formalizaciones y eventualmente juicios abreviados contra otros participantes”. Según sus estimaciones, habría “unos diez implicados pendientes”, de los cuales “cuatro o cinco podrían ser formalizados y eventualmente condenados con mucha claridad”.

El impacto patrimonial y operativo sobre el Fosvoc fue grave: el propio López Goldaracena afirmó que el fondo fue “desfinanciado por al menos un millón de dólares, aunque la cifra real podría ser el doble” y subrayó la necesidad de “seguir la ruta del dinero para reparar al Fosvoc”. “Se trata de dinero aportado por los trabajadores en beneficio de los trabajadores que fue apropiado ilegítimamente. Lo que tenemos que buscar es que no sólo las personas responsables vayan presas, sino que se repare el daño, un elemental principio del derecho”, sostuvo.

Consultado sobre por qué la maniobra logró mantenerse oculta, el abogado explicó que “el principal responsable es nada menos que quien era mandamás del fondo en ese momento”, en referencia a Bruno Bertolio, exdirigente del Sunca y expresidente del Fosvoc, condenado en junio, que “ordenaba y manejaba toda la madeja delictiva”. Agregó que la propia Stella Rey “admitió haber instruido que no se hicieran conciliaciones bancarias ni se proporcionaran los datos para el balance o se demoraba en entregarlos a la contadora”.

En cuanto a las posibles derivaciones políticas, López Goldaracena fue prudente: si bien reconoció que durante el proceso “se manejó la hipótesis de eventuales rutas de financiamiento político” (el fiscal Gilberto Rodríguez mencionó expresamente al PCU ante los medios), aclaró que “en materia judicial uno se tiene que manejar con la evidencia y no con los rumores”.

El mosaico de hechos probados —las 193 transferencias, los montos millonarios, la condena de la ejecutora material y la existencia de múltiples beneficiarios intermedios— configura algo más que un caso de administración negligente: revela un mecanismo de apropiación sistemática de fondos destinados a la vivienda de los trabajadores. No son errores contables ni improvisaciones: la fiscalía describió una ruta deliberada, con roles distribuidos y con canalización de recursos a cuentas intermedias que dificultaron su trazabilidad.

En la esfera pública, este caso refuerza una conclusión que surge con claridad de las actuaciones y que debería ser axioma para los partidos y las organizaciones sociales: la ética en la gestión de recursos colectivos no tolera excepciones ni complacencias. Las organizaciones que administran fondos obligatorios de trabajadores deben estar blindadas con controles financieros y sanciones administrativas propias que actúen con rapidez ante indicios, sin esperar que la investigación penal avance a cuestas de la opinión pública.

Por último, la condena de Stella Rey y las evidencias acumuladas deben leerse como una llamada de alerta y un mandato: continuar la investigación hasta agotar todas las líneas, determinar la responsabilidad de quienes dieron instrucciones o se beneficiaron de los fondos, y establecer reformas estructurales en la gobernanza del Fosvoc y de fondos similares. Si el movimiento obrero y las instituciones públicas aspiran a recuperar credibilidad, tienen que empezar por asumir que la transparencia no es solo un nombre: es la forma mínima de devolver justicia a quienes aportan y merecen un manejo irreprochable de sus recursos.

Por Luis Hierro López

El enfrentamiento entre Israel y Hamás es un nuevo capítulo de la vieja guerra entre el fanatismo y la razón. Un reciente libro de Mauricio Bergstein agrega enfoques desapasionados que nos permiten entender más cabalmente ese gran desafío que enfrenta la civilización.

¿El diálogo imposible? Breve historia del conflicto israelí-palestino, recién publicado, es uno de esos libros que importan y hacen pensar. El autor maneja con solvencia y precisión las fuentes históricas y los textos actuales más reconocidos —desde La trinchera de Occidente, de Sanguinetti, hasta Paz y guerra santa, de Vargas Llosa—, escribe con claridad y sentido didáctico, publica mapas de enorme interés y profundiza en los procesos históricos que fueron jalonando el enfrentamiento, desde 1920, con los primeros encontronazos, hasta el fatídico 7 de octubre de 2023. Más de un siglo de luchas.

Además, Bergstein tiene una mirada amplia y honesta, aunque comienza su texto reconociendo que la objetividad es prácticamente inalcanzable. Pero su propia posición, crítica de algunos excesos cometidos por las autoridades israelíes, demuestra una independencia de criterio que le otorga mayor valor a sus opiniones. Reconoce que ambos pueblos tienen derechos y reivindicaciones legítimas, censura la política de asentamientos israelíes en Cisjordania y entiende que Netanyahu, más allá de su valor, ejerce un radicalismo que termina siendo contraproducente.

Pese a la ferocidad y deshumanización que Hamás demostró en los últimos años, el autor entiende que el grupo terrorista ha tenido una victoria política, ya que ha ganado la batalla en las redes y en la opinión internacional “por goleada”, promoviendo la causa palestina al sitio mítico de David contra Goliat. A la vez, el término Palestina se ha convertido en símbolo de la lucha contra la injusticia social, contra el imperialismo y contra todo lo que está mal en el mundo. Palestina es, dice Bergstein, la última causa del “68” aún con vida.

Hamás es una mística y no solo un grupo de fanáticos, y por lo tanto es muy difícil de combatir, porque Gaza es una especie de cantera inagotable de candidatos al martirologio, dispuestos a pelear y entregar sus vidas a la causa.

Frente a ello, el estilo al que ha recurrido Netanyahu, más propenso al uso de la fuerza que a la diplomacia, expandiendo los barrios judíos en Jerusalén, promoviendo los asentamientos en Cisjordania y amenazando con incorporar nuevos territorios, es el que Hamás necesita para pretextar sus asaltos. Hamás y Netanyahu se precisan para fundamentar sus razones. Cada uno es una pieza en el rompecabezas del otro, dice Bergstein.

Ante ese escenario es muy difícil alentar expectativas de paz. El fanatismo y la ignorancia llegan al extremo citado por un estudioso alemán, que confirma que muchos terroristas suicidas, antes de cometer sus atentados, “protegen su pene en una envoltura de aluminio a prueba de fuego, en anticipo a los placeres que vendrán en el paraíso”. Con personas así es muy difícil hablar de paz, de Estados, de fronteras, de seguridad.

Sin embargo, Bergstein abre algunas ventanas a la esperanza. El autor recuerda que, si bien en medio de sus propias contradicciones, Arafat reconoció a Israel y firmó acuerdos de paz, así como lo había hecho Anwar el-Sadat, de Egipto.

Para que esas rendijas por las que podría pasar la paz se ensanchen, Bergstein subraya que Hamás podrá ser el nuevo representante del pueblo palestino, pero no representa a todo el islam. Lo que necesita hoy Israel más que nunca son interlocutores palestinos de naturaleza distinta a la que ofrecen Hamás o la Yihad Islámica, interlocutores que cumplan con dos requisitos: 1) que reconozcan a Israel como país y como Estado judío y 2) que renuncien a la violencia terrorista.

Para fundamentar su posición, Bergstein cita a la política y analista catalana Pilar Rahola: “El islam es también Malala o las mujeres luchando por su libertad en las calles de Teherán. El antagonismo no es Occidente versus el islam, sino Libertad versus No Libertad”. Similar afirmación hizo el escritor Amos Oz, sosteniendo que “la actual crisis del mundo no es consecuencia de los valores del islam. No se debe a la mentalidad de los árabes, como claman algunos racistas. En absoluto. Se debe a la vieja lucha entre fanatismo y pragmatismo. Entre fanatismo y tolerancia”.

En fin, podrá coincidirse o no con la interpretación de Bergstein, pero en todo caso se trata de un libro valiente, que respira inteligencia y que apuesta a la razón y a la reflexión, y que, por ello, en este tiempo agitado y violento, vale. Vale mucho.

Por Tomás Laguna

El pasado 7 de noviembre se celebró el inicio de una nueva cosecha de trigo en las chacras de la Asociación Agropecuaria de Dolores. Como en cada oportunidad similar, es necesario rendir homenaje a quienes arriesgan en la producción y dan soporte a la economía del país.

Como la ocasión lo amerita, ante autoridades nacionales —sustitutas en todos los casos—, se procedió al corte de cintas, previo a que el cabezal de la trilladora le entrara a los primeros metros del cultivo. Con la justificada ausencia del presidente de la República, quien para esa fecha estaba en viaje a la asunción del flamante presidente de Bolivia, también se notó la del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, sin motivo conocido y menos justificado.

Como bien dijo el Téc. Agr. Carlos Oyharzábal, presidente de la gremial anfitriona, el trigo “es testimonio vivo de la resiliencia e ingenio de quienes, con manos en la tierra, sostienen el motor de la economía rural”, haciendo referencia a que “el agro no es solo cadena, sino un legado colectivo”.

Y si de legado se trata, sin duda lo es el trigo desde el principio de nuestra historia agrícola. Según referentes, habría llegado a la región con los primeros exploradores. Si bien por clima y suelos es una región productivamente marginal, el cultivo ha sido razón principal en el desarrollo agrícola. Tal vez el inicio de esta historia debamos ubicarlo en los comienzos del mejoramiento genético a nivel nacional, en 1914, con los trabajos de Alberto Boerger y Enrique Klein. Fue a partir de entonces que este cultivo se consolidó en nuestra cultura agrícola.

Hoy en día, al hablar de desarrollo agrícola, ningún cultivo debe considerarse en forma aislada al evaluar sus bondades productivas, sino que, en todos los casos, cada cultivo es parte de un sistema en la necesaria rotación de cultivos de invierno, de verano y pasturas sembradas para la recuperación del suelo. Más allá de las particularidades de cada rubro, la agricultura es hoy un sistema productivo que se evalúa en el transcurrir de varios años. En las preferencias invernales, el trigo sigue siendo el cultivo principal, con algo más del 40 % del área sembrada. La cebada, ofreciendo las facilidades de la integración vertical, es el fiel de la balanza ante las fluctuaciones de precio del trigo, alcanzando valores próximos al 25 % del área. Ya arraigadas, las brásicas (colza y carinata) se afirman con importante presencia, totalizando el 30 % del área invernal.

Productivamente, el trigo ya se ha consolidado en rendimientos superiores a los 3.000 kg/ha, con importantes fluctuaciones anuales. En la zafra pasada, los rendimientos superaron las 4 t/ha; no obstante, fueron 18 % inferiores al buen año 2023/2024, más que compensados en la producción total por un área 33 % mayor. Pero no solo de kilogramos se trata. La calidad del grano es fundamental al momento de evaluar las bondades de cada cosecha. Entre las distintas variables que definen la calidad del grano, el peso hectolítrico —esto es, la masa de trigo referida a un volumen de 100 litros— se ha afirmado en torno a 79 kg/hl, con variantes anuales. Por otro lado, la sanidad del cultivo, desde siempre afectada por la presencia de fusarium en primavera, sigue siendo altamente dependiente del año, si bien se ha acentuado el uso de variedades resistentes a este hongo, generalmente de menor rendimiento que otras altamente productivas pero muy sensibles. Valgan estas dos referencias de entre muchos otros indicadores determinantes de la calidad del grano en cada cosecha.

Ya no se trata de dar vuelta la tierra, afinarla y sembrar la semilla en el surco. La agricultura hoy es una actividad de alta precisión y esmero tecnológico. Los productores que no entendieron esto ya no están en el campo, o al menos ya no siembran.

Un cultivo que en su momento fue deficitario y exigía importar para cubrir las necesidades nacionales, hoy es generador de excedentes exportables. Frente a esta promisoria situación, ¿cuáles son las principales demandas desde la producción? Logística, transporte eficiente de la cosecha, rutas, puentes, puertos y el siempre reclamado riego. Adicionalmente, y por encima de todos, mercados donde colocar los saldos exportables, que, según los años, superan con creces el millón de toneladas.

Solo recordar los tiempos no muy lejanos en que la producción triguera reclamaba la regulación de importación mediante cupos, hasta tanto se lograra colocar la última cosecha en los molinos nacionales… Hoy el cultivo es un rubro más en el agronegocio de exportación, mirando al mundo.

Desde estas páginas, solo decir: ¡¡Buena cosecha!! ¡¡Mejor colocación del grano obtenido!!

Por Susana Toricez

La dignidad no depende de los recursos, sino del carácter. Esta historia lo prueba con hechos.

Como era habitual hace algunos años, un padre de familia emigró a los EE. UU., solo. Aquí, y a cargo de dos hijos, quedó su esposa, una mujer joven que no había podido terminar el liceo.

Aparentemente, por ese entonces, al viajero lo habían encandilado las luces del norte, y no se supo más de él.

Esa madre recordaba siempre a don Luis Batlle Berres, cuando servía mesas de comidas a niños muy humildes como ella, de La Teja. Jamás olvidó lo importante que era esa ayuda que recibían los niños de su barrio, que comían gracias a don Luis y a doña Matilde. Allí comprobó de primera mano el ejemplo de cómo procedía una buena persona, en todo sentido.

Quedó sola, sin su esposo y con un niño y una niña que no tendrían más de cuatro o cinco años. Pero, aunque el camino fue duro, jamás renunció a vivir con dignidad.

Trabajando en tareas de servicio y con un sueldo mínimo, se las ingenió para cuidar a esos hijos sin más ayuda que la de su propio esfuerzo.

Como tuvo que dejar el lugar donde vivía, alguien le ofreció una casa abandonada, con la condición de que la hiciera habitable.

La acompañé a verla; por eso comprobé que hacía más de quince años que estaba deshabitada. Era lo que se dice vulgarmente una tapera. Sin ventanas sanas, tenía un sótano lleno de agua y pasto que asomaban por un piso de madera roto, que supuestamente correspondía al piso principal de la vivienda.

Aceptó la casa y, como estaba rodeada de gente trabajadora y ella era una persona muy querida, tuvo la ayuda necesaria para dejarla en condiciones de vivir en ella, ahorrándose así el pago de un alquiler.

Siempre sin saber lo que era el desánimo ni el cansancio, siguió adelante.

Habló en un colegio salesiano con la esperanza de que sus hijos pudieran estudiar allí becados, donde comerían y estarían cuidados mientras ella trabajaba. En su trabajo vendía tortas y empanadas que cocinaba a la noche para complementar sus escasos ingresos.

Impecables con sus túnicas blancas y con esa madre luchadora, fueron tan buenos alumnos que lograron terminar el colegio y luego el liceo, siempre becados. Y siempre sin saber nada de su padre.

Esos hijos tuvieron en aquella mujer, con manos ásperas de lavandina, no sólo madre y padre: tuvieron también alegría y ejemplo de voluntad; tuvieron amor por sobre todas las cosas. Amor por la vida.

Un día apareció el padre, deportado por haber cometido un delito en los EE. UU.

Meses después hizo lo mismo aquí y quedó preso durante nueve años.

La hija, que era adolescente, se encargó de hacer por él todo tipo de trámites. Entraba y salía de los juzgados como si fuera una profesional. Ayudó en todo lo posible a ese hombre que, si bien era su padre, nunca cumplió ese rol. Lo hizo porque la madre nunca les inculcó rencores ni sentimientos negativos hacia nadie.

Por otro lado, y más adelante, el varón, que también era excelente estudiante, comenzó la Facultad. Ese jovencito se iba caminando desde Sayago hasta la Facultad de Medicina para ahorrarse el costo del boleto.

Tiempo después de salir de la cárcel, el padre falleció.

Aquella madre que crió a aquellos niños sola tuvo como recompensa el orgullo de poder ver a su hijo recibido de médico y a su hija recibida de abogada. Hoy son dos reconocidos profesionales.

Por eso, cuando escucho reclamar oportunidades para todos, tengo siempre presente a esa mujer que no tuvo oportunidades, pero las buscó en todo momento, para demostrarle al mundo que se puede ser pobre pero digno. Porque la miseria y la pobreza son cosas distintas. Ser pobre es un “estado” del que se puede salir; en cambio, la miseria es una actitud que, cuando se adopta, es muy difícil de abandonar.

También queda demostrado que se puede vivir sin esperar todo del gobierno.

En la historia de vida que les narré no sólo triunfaron el amor, el esfuerzo, la voluntad y la integridad: triunfó la dignidad, por sobre todas las cosas.

Por Marcela Pérez Pascual

La crisis de la representación no anuncia el fin de la democracia, sino la urgencia de reinventarla.

En el reciente encuentro del Círculo de Montevideo, expresidentes, académicos y referentes políticos reflexionaron sobre la situación actual de las democracias representativas y los profundos desafíos que enfrentan los sistemas políticos ante la revolución tecnológica, la fragmentación social y la pérdida de legitimidad de las instituciones tradicionales.

El punto de partida fue claro: la democracia representativa, tal como fue concebida en el siglo XX, atraviesa un momento de agotamiento estructural. Nació como un mecanismo de mediación entre la ciudadanía y el poder, articulado por los partidos políticos. Sin embargo, en la era digital, donde cada ciudadano puede expresar, opinar y organizarse desde un teléfono, esa mediación se diluye. La autorrepresentación instantánea ha reemplazado, en muchos casos, a la representación institucional. El resultado es un escenario marcado por la polarización, la radicalización de los discursos y una creciente desconfianza hacia los partidos y los sistemas tradicionales de gobierno.

A diferencia del siglo pasado, cuando los movimientos políticos tendían a converger hacia el centro, hoy predominan los extremos. El desencanto con la política alimenta formas de populismo emocional que se sostienen sobre la inmediatez y el rechazo al consenso. Lejos de fortalecer la democracia, estas dinámicas derivan en regímenes híbridos, donde la legitimidad electoral coexiste con prácticas autoritarias y el vaciamiento progresivo de las instituciones.

Los participantes subrayaron que esta crisis no se limita a la política: es también cultural, ética y tecnológica. En un mundo interdependiente y globalizado, los avances en inteligencia artificial, comunicación y biotecnología plantean dilemas inéditos. “¿Qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial? ¿Cómo compatibilizar los avances tecnológicos con los valores democráticos?”, se preguntaron varios de los panelistas. Sin una gobernanza global coordinada, advirtieron, la tecnología puede profundizar las desigualdades y concentrar el poder en un puñado de corporaciones y Estados, ampliando la distancia entre los ciudadanos y la decisión política.

El diagnóstico para América Latina fue especialmente preocupante. La seguridad pública emerge como la gran demanda social de la región, marcada por la expansión de megalópolis donde conviven riqueza y exclusión. Este terreno fértil para el narcotráfico y la violencia erosiona la autoridad del Estado y devuelve a las sociedades, como advirtió Thomas Hobbes hace siglos, a un “estado de naturaleza” en el que prevalece la ley del más fuerte. Frente a ello, se insistió en la necesidad de políticas públicas integrales, centradas en la seguridad, la justicia social y la ética gubernamental. La evidencia comparada demuestra que los países con menor corrupción y mayor transparencia son los que conservan una ciudadanía más satisfecha y una democracia más estable.

Desde una mirada más filosófica, se señaló que las democracias no mueren de golpe: se desgastan lentamente, pierden eficacia, atractivo y sentido. La ruptura de certezas y la fragmentación del discurso público, acelerada por las redes sociales y la desinformación, disuelven las verdades compartidas que sostenían el pacto democrático. De allí surge la urgencia de reconectar las instituciones con las personas, restaurar el sentido de comunidad y reconstituir una gobernanza democrática capaz de actuar en entornos de incertidumbre permanente.

Los expositores identificaron cinco ejes fundamentales sobre los cuales reconstruir ese pacto:

1. Rendimiento y nueva gobernanza, capaz de responder con eficacia a las expectativas ciudadanas.
2. Justicia social, como condición indispensable de legitimidad.
3. Ciudadanía activa y responsable, que asuma derechos y deberes en ámbitos digitales, ambientales e intergeneracionales.
4. Identidad y tolerancia, pilares del pluralismo y del respeto a la diversidad.
5. Representación y consensos, sin los cuales la política se degrada en confrontación estéril.

Por Juan Carlos Nogueira

El descrédito de una institución comienza el día en que el cálculo reemplaza al principio.

En su parábola El faro de Alejandría, José Enrique Rodó relata cómo el faraón Ptolomeo mandó grabar su propio nombre sobre la piedra del faro construido por Séstrato. Pero el arquitecto, sabiendo que el tiempo desvanecería la capa de cal y arena que ocultaba su firma, grabó debajo la verdad. Con los años, el nombre del faraón se borró y la piedra reveló la autoría verdadera.

Así también, en la vida pública, hay quienes intentan cubrir con artificios y discursos suplantadores la verdad que incomoda. Pero las máscaras políticas se desgastan, y la historia, como el viento sobre el mármol, acaba revelando lo que se intentó ocultar.

La reciente decisión de la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública) de desoír el informe de su propio departamento jurídico en el caso del presidente de ASSE, constituye otro capítulo de esa misma negación de la verdad.

El dictamen técnico fue claro: existía incompatibilidad constitucional entre la función pública y el cúmulo de empleos privados del jerarca. Pero la dirección política de la JUTEP prefirió cubrir esa verdad con la cal de la conveniencia. No se trata de un error administrativo, sino de una renuncia deliberada al principio que da sentido a la institución: la defensa de la ética pública.

La JUTEP, al actuar así, se aparta de su razón de ser y se vuelve un instrumento de cálculo partidario. La verdad jurídica fue reemplazada por la utilidad política. Y cuando lo político se impone sobre lo jurídico, la ética deja de ser un faro y se convierte en un ornamento.

En el caso de la parábola, el tiempo, juez paciente e implacable, terminó por disolver, al cabo de siglos, la cal de la mentira. Pero nuestros “Ptolomeos” actuales parecen no advertir que, en tiempos de Internet y redes sociales, la cal de la mentira se cae al instante, explotando en la cara del farsante.

Cuando una institución encargada de custodiar la ética actúa por cálculo político, pierde su esencia. El faro de la ética se apaga, deja de ser un referente y pasa a ser un mero adorno. Y sin esa luz, es inevitable el naufragio.

Por Eduardo Zalovich

Un gesto de desagrado presidencial reaviva el debate sobre el vínculo entre Uruguay e Israel y los límites de la susceptibilidad política.

El último lunes se realizó en la institución judía uruguaya B’nai Brith (BB) su tradicional acto en recuerdo de la Noche de los Cristales Rotos, ocurrida en la Alemania nazi en 1938. Siempre se ha invitado a presidentes de la República y representantes electos por el pueblo. En la ceremonia, en honor a las víctimas de esa noche trágica, se enciende una Menorá (candelabro) de siete brazos. Las cinco primeras velas fueron encendidas por descendientes de sobrevivientes del Holocausto. La sexta, denominada “vela de la concordia”, por los expresidentes Julio Ma. Sanguinetti y Luis Lacalle Pou, y la última, “vela de la verdad”, por el respetado escritor y político Ruperto Long, y el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El orador invitado fue justamente Long, autor de varios libros novelados, pero en base a hechos históricos sobre el tema. Con claridad se refirió a actos heroicos de diplomáticos uruguayos que dejaron muy en alto el prestigio de nuestro país, arriesgándose para salvar perseguidos en aquella trágica jornada. Particular atención puso en el comportamiento del cónsul en Hamburgo, Florencio Ribas, que detuvo —bandera uruguaya en mano— la irrupción de matones nazis en el patio del consulado. Salvó a 150 personas que pudieron viajar a Montevideo. “Esta casa y su jardín son territorio soberano del Uruguay, y nadie entra sin mi permiso o el de mi gobierno”, gritó Ribas. La policía alemana escuchó y se retiró. Este acto representó el símbolo de un país democrático y valiente.

Sin embargo, parte del discurso molestó a Yamandú Orsi, quien lo hizo saber. Cuando se retiró del acto, lo hizo apenas con unas palabras al presidente del Comité Central Israelita —institución representativa de 25.000 judíos uruguayos en temas comunitarios— y sin saludar a los oradores. Sinceramente, una vergüenza para quien representa, en la coincidencia o la discrepancia, a todos los ciudadanos. ¿El motivo de esta actitud? Simplemente que el presidente de la BB, y en especial Ruperto Long, plantearon la necesidad de continuar con el suspendido proyecto de abrir un centro de cooperación tecnológica entre Israel y Uruguay, cuyo acuerdo fue firmado por el gobierno de Lacalle Pou y que incluso tiene ya un espacio asignado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue aclamado. Este centro representaría una enorme ventaja para el desarrollo uruguayo, sin la menor duda, abriéndole un mar de contactos en el mundo de la tecnología. Orsi se había comprometido a mantener el proyecto, pero luego, con la excusa de la guerra antiterrorista en Gaza —pese a la actual tregua— y presionado por sectores totalitarios del FA, entre ellos abiertos antisemitas que no se distinguen del viejo nazismo, cedió y frenó el avance del proyecto. Pese a que fue planteado como una medida “provisoria”, la misma se mantiene, ya sin causas reales.

Y bien, este reclamo legítimo de un importante grupo de ciudadanos —no sólo de la comunidad judía— hizo que el presidente difundiera su “enojo y molestia”. Seamos claros: el presidente no tiene derecho a “enojarse” por un planteo legítimo y correcto que no comparte. Es un derecho democrático. Es tan absurdo como enojarse con vecinos de Piriápolis —por ejemplo— si le plantean quejas por algún problema del Cerro San Antonio o el puerto.

El presidente se debe al país y a todos sus ciudadanos; puede coincidir o discrepar con los planteos, pero no puede posar de ofendido y retirarse sin respeto. Él no es un maestro de escolares que se portan mal y huye molesto a quejarse con el director. Es el presidente, y si algo lo enoja, que se descargue en su casa entre cuatro paredes, no victimizándose públicamente. Ojalá pueda reflexionar sobre su error y no repetirlo nunca más.

Una edición alterada del discurso de Donald Trump provocó renuncias en la cúpula de la BBC y abrió un debate sobre los límites de la manipulación editorial.

La edición del discurso de Donald Trump en un documental de la BBC que vinculaba sus palabras con los disturbios del 6 de enero de 2021 desató una crisis interna y política que terminó con la dimisión del director general, Tim Davie, y de la jefa de Noticias, Deborah Turness, y con amenazas de demandas multimillonarias por parte del presidente estadounidense. Pero el episodio de la edición no aparece aislado: en los últimos dos años la corporación británica ha acumulado críticas, correcciones y revisiones formales —incluida la intervención del regulador— por piezas sobre Gaza y otros asuntos sensibles.

Qué ocurrió con el montaje de Trump

El programa Panorama emitió un documental en el que, para subrayar la tesis de que el discurso de Trump contribuyó a la insurrección del 6 de enero, se mostraba un fragmento en el que el expresidente decía: “Vamos a ir al Capitolio y estaré con vosotros… y luchamos. Luchamos como el demonio…”. Eso es literal, pero la edición unió dos pasajes separados por casi una hora del mismo discurso, de modo que la frase “luchar como el demonio” quedó presentada en un contexto que, en la versión emitida, parecía una incitación inmediata a la violencia. La BBC ha admitido que la concatenación de pasajes fue “un error de juicio” y que debió indicar con mayor claridad que se trataba de fragmentos separados.

La divulgación interna y la revisión posterior provocaron reacciones en cadena: críticas públicas, censuras internas, miles de reclamaciones y la rápida reacción política (incluida la amenaza de Trump de demandar a la BBC por “no menos” de 1.000 millones de dólares). La polémica se volvió existencial para la corporación porque la cuestión central no es solo si la pieza era rigurosa —eso puede discutirse dentro del oficio—, sino si una emisora pública de referencia colocó sin garantías suficientes una representación que podía inducir a error a millones de espectadores.

Renuncias y consecuencias inmediatas

Como consecuencia política y de gestión, Tim Davie y Deborah Turness presentaron su salida en medio de la crisis de reputación; la BBC, por su parte, pidió disculpas públicas y subrayó que el montaje fue un fallo editorial categorizado internamente como “error de juicio”. La presión mediática y política —y la potencial demanda millonaria— convirtieron el asunto en un asunto de Estado; varios expertos en deontología periodística han dicho que, aunque el discurso en sí era susceptible de crítica, la edición divulgada magnifica el riesgo de que la audiencia reciba una versión distorsionada.

Otros episodios y el telón de fondo: Gaza y la serie de correcciones

En los últimos años la BBC ya había enfrentado cuestionamientos por su cobertura del conflicto Israel–Hamas. En 2024 más de un centenar de trabajadores del propio medio denunciaron públicamente un sesgo en la cobertura del conflicto en Gaza, y se registraron múltiples correcciones y aclaraciones en piezas de BBC Arabic y otros servicios. Además, Ofcom y revisiones internas detectaron fallos de verificación en documentales relacionados con Gaza; un ejemplo fue la retirada de un documental de la plataforma de la BBC tras detectarse fallos en la verificación del narrador y otros problemas editoriales. Todo ello alimentó la percepción de que la BBC había perdido pie en algunos frentes informativos y puso en cuestión sus controles de rigor y verificación.

Dicho en términos concretos: medios y observatorios han señalado que, durante la guerra en Gaza, la BBC tuvo que publicar correcciones con frecuencia —según estudios y reportes recientes, promediando varias correcciones por semana en temas relacionados con el conflicto— y que algunos programas o piezas precisaron ser retirados o rectificados por fallos de verificación. Esa realidad no prueba mala fe institucional, pero sí documenta fallos reiterados en verificación y control editorial que han erosionado la confianza de parte de la audiencia y de sectores políticos diversos.

Entre “error de juicio” y “manipulación”: el debate de fondo

Especialistas consultados por la prensa han diferenciado dos planos: (1) los fallos técnicos o de producción (edición desprolija, falta de rótulos o de contexto) que pueden calificarse como “errores de juicio”, y (2) la posibilidad de manipulación deliberada, que es una acusación más grave y exige pruebas de intención editorial maliciosa. En el caso del montaje de Trump, la BBC ha sostenido que se trató del primer tipo —un error—; críticos y algunos adversarios políticos han argumentado que la concatenación fue tan evidente que solo cabe interpretarla como manipulación. Esa polarización —entre explicar el hecho como negligencia y denunciarlo como manipulación deliberada— ha sido el combustible del escándalo.

Lo que está en juego para un medio público

La BBC es, por mandato, un medio de servicio público y su financiación (la licencia televisiva y el debate sobre su charter) colocan su credibilidad en el centro del contrato democrático: la ciudadanía paga y exige información rigurosa, imparcial y verificable. Cuando una emisora pública de esa escala comete errores que afectan narrativas políticas de alto voltaje, las consecuencias son múltiples: pérdida de confianza, presión política para reformar la gobernanza del medio, aumento de litigios y debilitamiento de su rol como árbitro informativo en un entorno ya polarizado. Los incidentes recientes —edición de Trump, cuestionamientos en la cobertura de Gaza, documental retirado por fallos de verificación y la larga lista de correcciones— dibujan un diagnóstico serio sobre la necesidad de revisar procesos editoriales, controles de calidad y rendición de cuentas.

La polémica por el documental sobre Trump aceleró una crisis latente: la BBC debe demostrar, con medidas concretas y rápidas, que restituye controles rigurosos de verificación, transparencia en procesos de edición y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Si la explicación real es un cúmulo de errores humanos y fallos organizativos, la solución pasa por revisar procedimientos; si parte del problema incluye decisiones editoriales con sesgo, la respuesta debe ser más profunda y estructural. En todo caso, la salida política (renuncias) y las investigaciones regulatorias y judiciales que se avecinan muestran que el precio de la pérdida de credibilidad de un medio público puede ser muy alto y dañino para la deliberación pública.

Una conversación transmitida sin filtros entre Tucker Carlson y el activista antisemita y supremacista Nick Fuentes encendió una crisis moral y política en la derecha estadounidense.

La entrevista que Tucker Carlson realizó a Nick Fuentes detonó una crisis de efectos imprevistos dentro del ecosistema conservador estadounidense. Lo que para algunos fue una apuesta periodística por “abrir el debate” se convirtió en un quiebre público: renuncias en la dirección de un importante think tank, condenas de figuras prominentes del conservadurismo y la reaparición del conflicto sobre hasta dónde debe llegar la “normalización” de voces extremas dentro del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Carlson, expresentador televisivo convertido en referente del periodismo conservador alternativo, invitó a Fuentes —un activista y podcaster vinculado al supremacismo blanco y al antisemitismo— a su espacio, lo que devolvió a este último una visibilidad pública que varias plataformas le habían retirado.

Durante la entrevista, Fuentes reiteró ideas abiertamente supremacistas y antisemitas. Una de sus frases más polémicas fue: “¿Qué significa «judío» como verbo? Significa engañar, mentir, actuar de mala fe como si fuera algo natural. ¿De dónde creen que viene eso? Todo el mundo, en cada nación, en todos los tiempos, durante miles de años, siempre llega a la misma conclusión: los judíos siempre actúan de mala fe”.

Esa declaración, transmitida sin objeción por Carlson, encendió una tormenta inmediata dentro y fuera del Partido Republicano. Voces conservadoras moderadas, como Ben Shapiro, lo acusaron de “normalizar el nazismo” al darle tribuna a un discurso históricamente asociado a la violencia y el odio racial.

Carlson, por su parte, defendió su decisión argumentando que “prohibir a la gente hablar es la receta para la radicalización” y que su intención era “escuchar a quienes se sienten marginados por los medios dominantes”. En la entrevista insistió: “No creo que debamos censurar a nadie. Prefiero oír lo que piensa la gente, incluso si me parece repugnante”.

El impacto fue inmediato. La Heritage Foundation, uno de los centros de pensamiento más influyentes del conservadurismo norteamericano, entró en crisis cuando su presidente, Kevin Roberts, defendió inicialmente la entrevista como “una expresión de la libertad de ideas”. Su postura provocó una ola de renuncias internas y una carta pública de antiguos miembros que denunciaron la “pérdida de brújula moral” de la organización. Finalmente, Roberts emitió una disculpa y marcó distancia tanto de Fuentes como de Carlson.

El episodio reveló una fractura profunda dentro de la derecha estadounidense: una disputa generacional y moral entre quienes buscan atraer a audiencias jóvenes —más inclinadas al discurso provocador y conspirativo— y quienes temen que la “blanqueamiento” de voces extremas erosione el sostén electoral del Partido Republicano y su legitimidad institucional.

La entrevista Carlson-Fuentes fue un detonante, pero no un hecho aislado. Es la consecuencia de años de desplazamiento del discurso conservador hacia posiciones más radicales, de la erosión de los límites éticos internos y de la dependencia creciente de figuras mediáticas que movilizan emociones antes que argumentos. Hoy, el movimiento MAGA no sólo enfrenta la competencia de la izquierda o del establishment republicano: libra una batalla interna por definir si su identidad futura se basará en la libertad de expresión sin filtros o en la responsabilidad política ante los riesgos del extremismo.

Por ahora, esa discusión se salda con pérdidas visibles: escisiones institucionales, divisiones estratégicas y una pregunta abierta que atraviesa todo el arco político estadounidense: ¿hasta qué punto se puede jugar con el fuego del extremismo sin terminar consumido por él?

Periodista especializado en cultura y política exterior, el argentino Alejo Schapire reside en Francia desde 1995. Su último libro es «El secuestro de occidente» (Libros del Zorzal, 2024). Por entenderlo de interés para los lectores de CORREO, publicamos su último artículo en la revista «Seúl».

A diez años de la masacre en la sala Bataclan, Francia todavía no sabe cómo reaccionar emocionalmente ante el terrorismo islamista.

Con las imágenes de parisinos encendiendo velitas y depositando flores, la consigna se propagó junto a otros eslóganes tan bienintencionados como huecos: “No conseguirás mi odio”. Fue también el título de la carta que, pocos días después de la masacre, dirigió el periodista Antoine Leiris a los asesinos de su esposa y madre de su hijo, abatida el 13 de noviembre de 2015 en la sala de conciertos Le Bataclan. «No voy a hacerles el regalo de odiarlos», subrayaba en el texto publicado por Le Monde. Desde entonces la frase se institucionalizó, usada como un mantra crístico.

La sigo escuchando hoy, cuando se cumplen diez años de los seis atentados islamistas coordinados que golpearon París y dejaron 130 muertos y más de 400 heridos. La dice, por ejemplo, la jefa de la Dirección General de Seguridad Interior, que agradece a esas víctimas y familiares que, con esas palabras, la acompañan y no la dejan “ceder al odio”.

Rechazar la ira, sin embargo, puede ser un gesto de superioridad moral de quien controla sus bajos instintos y le niega al otro el poder dominar sus emociones. Es propio de una época en la que se combaten “los discursos de odio” (que siempre son del otro). En estas fechas, en las que vuelven a surgir los testimonios de los sobrevivientes, se elogia también su “resiliencia”. El concepto aparece una y otra vez en los medios para elogiar el heroísmo de los supervivientes de aquella funesta noche de otoño.

Sin embargo, no todas las víctimas optaron por el camino prescrito. Está el escritor franco-chileno David Fritz-Goeppinger, que denuncia que la carta de Leiris fue usada por la sociedad “como un mandato”. “«No tendrán mi odio», es decir: pueden masacrarme sin que sintamos odio”. “Me hubiese gustado decirle a Antoine Leiris: «Yo tenía en mí el odio y me levantó y me ayudó a salir adelante, a resistir en ese momento»”, argumenta Fritz-Goeppinger.

Está también la “mala víctima”, Patrick Jardin, un mecánico y padre de Nathalie, quien continuó pagando la línea telefónica de su hija masacrada por los islamistas en el concierto para poder seguir escuchando su voz en el contestador. Le escribió a Leiris que él no perdonaría y que seguiría odiando, tal como lo repitió en el juicio a los terroristas que sobrevivieron al ataque.

“Esas alimañas no me dan miedo. Soy capaz de mirarlas con desprecio y les tengo tanto odio que sé que sería capaz de matarlas una por una”, dijo en el tribunal. “Me dicen que soy un hombre lleno de odio… Sí, es cierto, señor presidente [del tribunal], tengo odio, pero ¿cuál es el contrario de odio? Es amor. ¿Y puede alguien amar a quienes han contribuido de cerca o de lejos a matar a su hija? No sentir ni amor ni odio es ser indiferente y, ¿cómo se puede ser indiferente ante el asesinato de tu hija?”, agregó. Jardin denunció la gestión de las asociaciones de víctimas y se convirtió luego en candidato a diputado por el partido de derecha nacionalista identitario Reconquista, de Eric Zemmour, en 2022 y 2024, sin lograr una banca.

Están también los sobrevivientes con secuelas postraumáticas que prefieren no hablar o que se recluyen cada 13 de noviembre en lugares donde no los alcanzan las noticias de las conmemoraciones. Y están los dos sobrevivientes que no aguantaron lo atravesado y se suicidaron. Así, la lista de víctimas mortales de esa noche pasó de 130 a 132 (y 416 heridos, 100 de gravedad). Hay 70 chicos que quedaron huérfanos de un padre o una madre.

Una historia de violencia islamista

La historia reciente francesa está marcada por varios ataques islamistas que precedieron a los atentados de París. Ese mismo 2015 empezó con la matanza de Charlie Hebdo por publicar las caricaturas de Mahoma y de los clientes de un supermercado judío Hyperkacher por ser judíos. Antes, en 2012, había sido la matanza en Toulouse perpetrada por el joven Mohamed Merah. Musulmán de origen argelino nacido en Toulouse, emprendió una masacre que incluyó a chicos de una escuela judía de la ciudad. Descargó su arma en la sien de una niña de ocho años. A los negociadores de la policía enviados para capturarlo, Merah dijo que actuaba “para defender a los niños palestinos”.

Antes, en 1995, el Grupo Islámico Armado (GIA), de origen argelino, llevó a cabo una campaña de atentados con bombas caseras en los cestos de basura públicos —desde entonces tuvieron que reemplazarlos por bolsas transparentes— y, sobre todo, hicieron estallar un artefacto explosivo en la estación Saint-Michel de París, causando ocho muertos y 200 heridos. En el juicio, uno de los terroristas, Boualem Bensaid, advirtió: “OK, perdí, pero vendrán otros, porque aquí estamos en casa, sus mujeres llevarán el hiyab, y luego subiremos hasta el norte de Europa”. Esta premonición fue recordada el miércoles en su editorial por Riss, el director de Charlie Hebdo.

Desde entonces, Francia ha vivido un sinnúmero de atentados en nombre del Islam, al punto de que la prensa internacional hace rato que ni los releva y ocupan en los noticieros franceses apenas un par de minutos. Se lo llama acostumbramiento, como la omnipresencia de las mujeres tapadas con el velo islámico en Francia.

Cada atentado en estos últimos 30 años se topó con la negación de quien no quiere ver la realidad. Al principio, el terrorista era patologizado (“era un loquito suelto”) o relativizado como una víctima del racismo; cuando se volvió recurrente, la consigna fue afirmar “no representa la religión que invoca al matar” y “no estigmatizar”. Allí prosperó el espurio concepto de “islamofobia”, impulsado por fundamentalistas islámicos y comprado por progres para impedir la legítima crítica de un credo. Cuando la evidencia acumulada de que una ideología había designado a la sociedad abierta como su enemiga mortal se volvió innegable, la consigna se transformó en “no ceder al odio”.

Don’t look back in anger

Por supuesto, no es una cuestión meramente francesa. Está, por ejemplo, la versión británica, con el atentado perpetrado por el Estado Islámico de Irak y el Levante de 2017 en el Manchester Arena durante un concierto de Ariana Grande. Un día después del ataque, que dejó 23 muertos y 116 heridos, un grupo de vecinos se reunió en la plaza Saint Ann de Manchester y empezó a cantar el hit de Oasis “Don’t look back in anger” (No mires atrás con ira), convertido desde entonces en el himno contra el terrorismo.

El problema de no aceptar la guerra que impone el enemigo es que esta estrategia es unidireccional. Julien Freund, filósofo político y resistente francés durante la ocupación nazi, dijo: “Creen que son ustedes quienes designan al enemigo. Pero es el enemigo quien los designa a ustedes. Pueden hacerles las más bellas declaraciones de amistad. Si él quiere que sean su enemigo, lo serán”.

En 2023, en nombre de la misma ideología yihadista, terroristas destruyeron la vida de otros jóvenes que disfrutaban de la música. Eran pacifistas y laicos, seguramente los más dispuestos a abrazar al enemigo que estaba del otro lado de la frontera. Aquí la respuesta no podía ser el amor: era ellos o nosotros, una cuestión existencial. Hoy hay muchos que se niegan a ver los obvios paralelismos entre el 13 de noviembre de 2015 y el 7 de octubre de 2023 en Israel. ¿Cuánto podrá durar la negación de lo evidente? ¿Qué ha hecho Occidente en la última década en la que el islamismo no ha hecho más que prosperar? Sin anticuerpos, la amenaza ha, además, mutado. Se ha añadido el entrismo de la cofradía de los Hermanos Musulmanes infiltrándose en todas las capas de la sociedad, los llamados a “globalizar la intifada” en las calles de Europa y, según las agencias antiterroristas, aprendices de yihadistas cada vez más jóvenes, autorradicalizándose por TikTok. Tic-tac.

La disputa entre Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei anticipa un balotaje donde el centro podría inclinar la balanza.

A pocos días de la elección presidencial en Chile, los principales contendientes han definido sus apuestas, pero el país aún no ha definido su dirección. Según el acuerdo del calendario electoral, la primera vuelta se celebrará el 16 de noviembre de 2025 y, de no haber mayoría absoluta, la segunda vuelta está fijada para el 14 de diciembre.

Perfiles de los principales candidatos

Jeannette Jara, del Partido Comunista y representante del oficialismo (aunque a tomado distancia de Boric en los últimos días) lidera las encuestas para la primera vuelta con alrededor del 25 % del respaldo según la CEP. Jara, exministra del Trabajo, plantea una agenda centrada en derechos laborales, educación y renovación del modelo social, intentando exportar la narrativa de cambios profundos al electorado. Sin embargo, tiene ante sí el reto de convencer a los votantes moderados que recelan de su filiación comunista y de la continuidad de un ciclo de protestas y polarización.

José Antonio Kast representa a la derecha conservadora, con un discurso fuerte en seguridad, migración y orden público. Las últimas mediciones lo sitúan en torno al 23 % para la primera vuelta. Kast capitaliza la inquietud ciudadana por la delincuencia y la sensación de vulnerabilidad, aunque su perfil más radical puede limitarle en una segunda vuelta con electores menos proclives al extremo.

Evelyn Matthei es la opción de la “derecha tradicional”, de centro-derecha institucional, con cerca del 12-15 % según recientes sondeos. Matthei busca atraer a ese segmento medio que no quiere extremos ni en la izquierda ni en la derecha, pero su apoyo actual la pone en riesgo de quedar fuera de la segunda vuelta.

¿Hacia qué escenario electoral se dirige Chile?

El mapa de probabilidades actual puede resumirse así:

• Si la derecha se mantiene fragmentada (Kast + Matthei + otros candidatos menores) en la primera vuelta, es muy probable que Jara pase a la segunda vuelta junto al candidato de mayor apoyo del bloque opositor.

• Las encuestas (CEP) indican que Jara lidera la primera vuelta, pero perdería frente a Kast o frente a Matthei en un balotaje: Kast 41 % vs Jara 33 % en hipotético duelo directo; Matthei ganaría 37 % vs 33 % frente a Jara.

• Si el enfrentamiento en segunda vuelta es entre Jara y Kast, el resultado favorecería a la derecha. Si es entre Jara y Matthei, la centroderecha podría imponerse.

• La clave es la transferencia de votos: los modestos resultados de Matthei podrían dejar vía libre a Kast o dividir aún más el bloque opositor, reduciendo sus chances.

• Otro factor decisivo es el voto obligatorio e inscripción automática, que introduce una masa importante de votantes poco definidos o nuevos, lo que añade mayor incertidumbre.

Lo que está en juego

No se trata solo de quién ocupa La Moneda sino de qué rumbo político adoptará el país. Si gana Jara, podría profundizarse la agenda social y de derechos con continuidad de cambio; si gana la derecha, se abriría espacio para reformas más fuertes en seguridad, mercado laboral y orden público. Pero una victoria de la derecha fragmentada o una segunda vuelta en la que no logre concentrar los apoyos podría generar gobernabilidad débil y estancamiento.

El Congreso también se renueva, y la correlación entre Presidente y mayoría parlamentaria será clave para la implementación de políticas: si el bloque oficialista cae, la gobernabilidad puede verse comprometida.