El ministro de Economía reaccionó con irritación frente a cuestionamientos legítimos sobre la sostenibilidad fiscal y la reforma previsional. Pero en democracia, discutir, advertir y discrepar no es desestabilizar: es controlar al poder. La fortaleza institucional de Uruguay nunca dependió del silencio, sino de la capacidad de debatir sin convertir cada crítica en una amenaza.

El problema no es el debate. El problema es el enojo. Y cuando un ministro de Economía empieza a confundir crítica con desestabilización, discrepancia con irresponsabilidad y oposición con “temeridad”, el riesgo deja de estar en los mercados y empieza a estar en la calidad democrática del intercambio público.

Gabriel Oddone cometió un error político tan innecesario como revelador: reaccionar emocionalmente frente a cuestionamientos legítimos sobre la sostenibilidad fiscal, el sistema previsional y el rumbo económico del gobierno. En lugar de responder con datos, eligió descalificar. En vez de desmontar argumentos, optó por atribuir irresponsabilidad a quienes discrepan. Y en lugar de fortalecer la discusión pública, terminó degradándola.

El ministro afirmó que se “han pasado límites que comprometen la estabilidad económica de Uruguay”, calificó de “temerario” sostener que algunas medidas del gobierno pueden afectar la sostenibilidad fiscal y llegó a decir que el debate “no estuvo a la altura de las circunstancias”, apuntando no sólo al sistema político sino también a empresarios, corporaciones y analistas privados.

Pero conviene recordar algo elemental: en democracia, discutir reformas previsionales, advertir riesgos fiscales o cuestionar señales contradictorias no es atentar contra el país. Es exactamente lo contrario. Es cumplir con la obligación cívica de controlar al poder.

Resulta particularmente llamativo que Oddone, un economista formado precisamente en el análisis crítico y la deliberación técnica, parezca ahora sorprendido porque sus anuncios generan incertidumbre. ¿Qué esperaba? ¿Aplausos automáticos? ¿Silencio reverencial? ¿Que nadie reaccionara cuando desde el propio oficialismo se impulsó un “Diálogo Social” donde sectores plantearon limitar el rol de las AFAP, modificar incentivos previsionales y aumentar compromisos futuros de gasto?

No fue la oposición quien introdujo la incertidumbre. La introdujo el propio gobierno cuando abrió simultáneamente demasiados frentes, emitió señales ambiguas y permitió que convivieran discursos incompatibles dentro de su coalición. El propio Oddone admitió “errores de comunicación” oficiales. Pero inmediatamente después desplazó la responsabilidad hacia los críticos, como si el problema no fueran las señales emitidas sino quienes las interpretan.

Ese razonamiento es peligroso.

Porque los mercados —a los que el ministro invoca constantemente— no funcionan sobre la base de la obediencia política sino de la confianza. Y la confianza no se construye exigiendo prudencia ajena mientras se responde con irritación propia. Se construye con claridad, previsibilidad y tolerancia a la crítica.

Oddone insiste en que nadie sensato puede creer que el gobierno pretende “rifarse la sostenibilidad fiscal”. Probablemente tenga razón. Nadie serio piensa que Uruguay esté al borde de un colapso. Pero tampoco es absurdo preguntarse si ciertas flexibilizaciones jubilatorias, nuevos compromisos de gasto o señales contradictorias pueden tensionar el equilibrio fiscal en el mediano plazo. Esa discusión existe en todos los países democráticos del mundo. Y Uruguay no es una excepción sagrada.

Más aún: si el gobierno realmente está convencido de que las medidas tienen impacto fiscal marginal —como sostiene— entonces debería poder demostrarlo sin dramatizar las críticas ni convertir el debate en un problema de patriotismo económico.

La apelación recurrente al año 2002 también merece un matiz. Recordar aquella crisis como advertencia de prudencia es válido. Utilizarla como argumento moral para deslegitimar cuestionamientos actuales ya no lo es. Uruguay no está en 2002. Tiene grado inversor, acceso a mercados y una institucionalidad económica sólida. Precisamente por eso puede soportar debates intensos sin que cada diferencia política sea presentada como una amenaza sistémica.

Hay además una contradicción conceptual difícil de ignorar. Oddone reivindica la “libertad” para elegir jubilarse antes, critica implícitamente el dirigismo de reformas anteriores y se presenta como defensor de mecanismos universales y no corporativos. Sin embargo, cuando otros ejercen la libertad de cuestionar sus políticas, el ministro responde hablando de “límites”, “temeridad” y conductas que “comprometen la estabilidad”. La libertad parece valer plenamente para decidir el retiro, pero no tanto para discutir sus consecuencias.

Y allí aparece el núcleo del problema: el tono.

Uruguay necesita un ministro firme, no un ministro ofuscado. Un ministro que explique, no que rete. Que convenza, no que dramatice. Que entienda que la crítica económica —incluso cuando exagera— forma parte natural de una democracia abierta.

La fortaleza institucional del país nunca surgió de la unanimidad. Surgió precisamente de la coexistencia entre gobiernos, oposición, técnicos, empresarios y analistas capaces de discrepar sin acusarse mutuamente de poner en riesgo la República.

Oddone todavía está a tiempo de corregir el rumbo discursivo. Tiene credenciales técnicas, experiencia y solvencia profesional. Nadie discute eso. Pero justamente por eso se espera de él algo más importante que la autoridad: templanza.

Porque cuando un ministro transmite enojo, el problema no es solamente político. También es económico. Y los mercados, a los que tanto invoca, suelen desconfiar más de los nervios que de las críticas.

Por Julio María Sanguinetti

Mientras el gobierno proclama prioridades urgentes en seguridad y asistencia social, el debate político sigue sumando proyectos, gastos y reformas que parecen ignorar las restricciones económicas del país. El expresidente Julio María Sanguinetti cuestiona la falta de foco, advierte sobre los riesgos de prometer sin financiamiento y sostiene que Uruguay necesita menos improvisación ideológica y más inversión para recuperar crecimiento y empleo.

Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Es lo que de a poco va empezando a entender nuestro benemérito gobierno aun sin asumir claramente las consecuencias de lo que se está hablando.

Si las prioridades excluyentes son la seguridad y la minoridad necesitada, no tiene sentido seguir especulando con gastos, algunos multimillonarios, como si hubiera disponibilidades.

Lo acaba de decir con todas las letras el ministro Odonne, a propósito del el proyecto de la señora vicepresidenta de la República de construir un edificio más para el Poder Legislativo y enjardinar el espacio circundante al histórico Palacio. El ministro lo hace desde el ángulo del gasto, recordando que el gobierno definió las ya dichas prioridades. La misma idea, y aun sin entrar al proyecto que reconozco no conocer, incurre en el mismo error de confundir las prioridades, porque si hay una prioridad del Poder Legislativo está en el mismo edificio, el más importante de todo el país y emblema de la República. Me consta que se han hecho muchos trabajos a su interior, pero rompe los ojos el deterioro de los mármoles de su fachada, particularmente las grandes columnas que son su definición visual desde la Avenida. El “travertino” es un mármol muy poroso y en un lugar de inevitable circulación está mostrando grietas negras que le quitan valor a la pureza de las líneas. No sé cuál es la mejor solución, si es posible limpiar y preservar el mármol o sustituirlo, pero en todo caso es urgente y si estamos celebrando su centenario, razón de más para poner el acento allí. Hablar de otro edificio cuando no se ofrece solución para ese tema es desordenar las prioridades.

El tema de las prioridades se hará acuciante cuando los temas del Diálogo Social y sus propuestas tengan que llegar a la realidad.

¿Es una prioridad introducirse en el difícil proceso de un cambio en el sistema de jubilaciones ya resuelto en el período anterior? ¿Hay críticas a la gestión de las AFAP? ¿El sistema se ha desfinanciado? ¿Ha sido un error establecer un avance progresivo de la edad jubilatoria hasta los 65 años? A todas esas posibles preguntas, la respuesta es No y, por lo tanto, lejos de ser una prioridad es inventarse un problema, crear un debate donde no lo había. Está claro que es estrictamente un planteo ideológico, que hace el PIT CNT en nombre de una revancha política a la aplastante derrota sufrida en el plebiscito constitucional con el que pretendió derrumbar el sistema creado en 1996 luego de un exhaustivo examen.

A la inversa hay enormes prioridades, bien concretas, que no se encaran, como es la de dragar nuestro puerto para el acceso a 15 metros y al mismo tiempo lograr una eficiencia que hoy permita recuperar el transporte de contenedores que se ha derrumbado. Si hay algo fundamental en la vida comercial del país es el puerto. Si hay una prioridad de desarrollo económico clara es la logística. Luego de una exitosa reforma portuaria y de inversiones fundamentales en una terminal de contenedores, nos venimos cayendo. Los puertos vecinos de Argentina y Brasil están compitiendo con éxito. Es realmente urgente reenfocar la situación. Naturalmente eso pasa porque la ANP, como lo ha demostrado el Director nacionalista Jorge Gandini, encare en serio el sistema de dragado y ni hablar de que se diseñe una política para enfrentar a los sindicatos suicidas que han destruido la industria pesquera y se encaminan a destruir la actividad portuaria. Hay mucho trabajo en juego.

Todo se desarrolla además, en un clima deficitario que impone al gobierno grandes restricciones. Según el último artículo del economista Jorge Caumont en “Economía & Mercado” de El País, en el período que va de abril de este año a marzo del que viene, las necesidades financieras del Gobierno Central-BPS, más las del Banco Central, son del orden de 18 mil millones de dólares, o sea el 19,5% del PIB, que es el total de la producción de bienes y servicios del país. Esto quiere decir, en buen romance, que no hay modo de gastar más y que, siendo las previsiones de crecimiento bastante más bajas que las que se tomaron para definir el Presupuesto, estaríamos más cerca de un “ajuste” que de una primavera “dialoguista”.

No le será fácil al gobierno asumir esta realidad. El ministro de Economía lo sabe y a cada rato, de un modo u otro, lo hace saber. Pero el Frente Amplio y muy especialmente el PIT CNT, en su total desapego de la realidad, siguen hablando de grandes gastos sociales sin financiación.

¿Vamos a seguir con 800 millones anuales de agujero del Fonasa? ¿Le vamos a agregar ahora 500 millones al Sistema de Cuidados? Por supuesto que son prestaciones esenciales. También lo es la expansión del tiempo educativo en que insiste el documento oficial del Estado. Pero allí no hay ningún número. No sabemos cuánto cuesta y cómo se financia.

¿Es una prioridad contribuir a bajar la edad de jubilación a los 60 años? Es cualquier cosa menos prioridad. No se tiene idea de cuántos trabajadores se acogerían a esa jubilación anticipada. Por lo tanto, tampoco del impacto financiero sobre el sistema. Sin entrar a hablar del absurdo, el disparate, de poner marcha atrás cuando el propio documento reconoce el encierro demográfico en que estamos, con menos jóvenes y más viejos. No da ni para discutir.

Así es que se desprestigia el sistema democrático, así es que se generan las frustraciones que luego revierten sobre toda la política. Los frentistas hoy decepcionados son aquellos a los que se ilusionó con la promesa fácil. Cambiaba el gobierno y todo resplandecería…. Bastaba salir del “neoliberalismo”, ese tonto eslogan sin sentido en un país con el Estado batllista...

Hoy tenemos un desafío serio que es crecer y para ello precisamos más inversión y no más gasto. Salvo que ya no nos importe generar trabajo. Que esa es prioridad de prioridades.

El país acumula ataques informáticos contra organismos públicos y plataformas sensibles mientras millones de datos personales quedan expuestos; el caso TuID volvió a demostrar que la ciberseguridad ya no es un problema técnico, sino una cuestión de seguridad nacional.

La ilusión de un Uruguay digital seguro empieza a resquebrajarse. El reciente hackeo a TuID, la plataforma de identidad digital vinculada a ANTEL, no es un episodio aislado ni un accidente excepcional: es apenas el último eslabón de una cadena de vulneraciones que expone una verdad incómoda. Uruguay tiene un problema serio de ciberseguridad. Y mientras el Estado avanza aceleradamente hacia la digitalización de trámites, datos y servicios esenciales, millones de uruguayos quedan cada vez más expuestos ante delincuentes que parecen ir siempre un paso adelante.

El ataque a TuID encendió todas las alarmas. Grupos de ciberdelincuentes aseguraron haber accedido a información de cientos de miles de usuarios uruguayos tras explotar vulnerabilidades en servidores vinculados a la plataforma. La magnitud exacta del daño todavía está siendo evaluada, pero el episodio volvió a dejar una sensación inquietante: datos sensibles, documentos, accesos y perfiles personales circulando potencialmente en manos desconocidas.

La gravedad del asunto no radica solamente en el ataque puntual, sino en el patrón repetido. Uruguay viene acumulando incidentes de seguridad informática desde hace años, tanto en organismos públicos como en empresas privadas. Bases de datos filtradas, accesos comprometidos, sitios oficiales vulnerados, información comercial robada y credenciales estatales publicadas en foros clandestinos forman parte de una secuencia que dejó de ser excepcional para convertirse en rutina.

Las cifras ya son imposibles de relativizar. Especialistas advierten que en Uruguay ocurre un intento de ciberataque cada pocos minutos y que el crecimiento de los ciberdelitos acompaña la tendencia regional. Lo más preocupante es que muchos de esos ataques no apuntan únicamente a “molestar” o generar caos, sino a capturar información personal valiosa: números de documentos, datos biométricos, historiales, accesos financieros, credenciales institucionales y registros sensibles que luego terminan vendidos en la dark web.

El fenómeno ya dejó de afectar solamente a gigantes tecnológicos o bancos internacionales. En Uruguay han sido comprometidos organismos estatales, empresas públicas, plataformas de servicios y hasta infraestructuras consideradas estratégicas. Los ataques recientes a sistemas asociados a ANTEL reavivaron una discusión que el país viene postergando desde hace demasiado tiempo: ¿qué tan preparada está realmente la infraestructura digital uruguaya para resistir ofensivas sofisticadas?

La respuesta, por ahora, parece incómoda.

Diversos especialistas vienen advirtiendo que la digitalización estatal avanzó más rápido que las capacidades de protección. Incluso desde ámbitos técnicos se ha señalado que el proceso fue, en muchos casos, “caótico”, con múltiples plataformas, sistemas heredados, protocolos desactualizados y criterios dispares de seguridad informática. El problema no es solamente tecnológico: también es político, presupuestal y cultural.

Porque durante años la ciberseguridad fue tratada como un asunto secundario, casi técnico, reservado a departamentos informáticos invisibles. Mientras tanto, el Estado empujaba a la ciudadanía hacia trámites digitales, expedientes electrónicos, identidad digital y almacenamiento masivo de datos personales sin instalar en paralelo una conciencia proporcional sobre el riesgo.

El resultado es un ecosistema vulnerable donde la población queda atrapada en el medio. Cada nueva filtración aumenta el riesgo de estafas, robo de identidad, extorsiones, fraudes financieros y utilización criminal de información privada. El ciudadano común no tiene cómo defenderse cuando sus datos son extraídos desde servidores oficiales o plataformas autorizadas por el propio Estado.

Y el problema no distingue colores políticos. Gobiernos de distintos signos impulsaron la digitalización como símbolo de modernidad —muchas veces con razón—, pero ninguno pareció comprender plenamente que la infraestructura digital es hoy tan sensible como una represa, una red eléctrica o un sistema de agua potable. Cuando se vulnera una plataforma crítica, no se compromete solamente un servidor: se compromete la confianza pública.

Ese es quizás el daño más profundo.

Porque cada nuevo hackeo erosiona la credibilidad de las instituciones. ¿Cómo pedirle a la ciudadanía que centralice su vida digital en plataformas oficiales si luego esas mismas plataformas aparecen asociadas a filtraciones, vulnerabilidades o ataques masivos? ¿Cómo garantizar seguridad jurídica y protección de datos cuando grupos criminales logran exhibir accesos internos o comercializar información robada?

En otros países, episodios similares derivaron en reformas urgentes, inversiones multimillonarias y creación de agencias especializadas con autonomía real. Uruguay, en cambio, parece reaccionar caso a caso, apagando incendios mediáticos sin discutir todavía una estrategia nacional integral de ciberdefensa.

Y el tiempo corre en contra.

Porque el crimen organizado entendió hace años que los datos valen dinero. Mucho dinero. Los ataques ya no son obra de adolescentes improvisados desde un sótano: detrás operan estructuras internacionales con recursos, logística, financiamiento y objetivos económicos concretos. Uruguay, por su estabilidad institucional y su creciente digitalización, se convirtió inevitablemente en un blanco atractivo.

La pregunta ya no es si habrá nuevos ataques. La pregunta es cuándo volverá a ocurrir y qué tan grave será el próximo.

El país necesita asumir que la ciberseguridad dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un problema de seguridad nacional. Y cuanto más se demore esa comprensión, más expuestos quedarán los uruguayos.

La visita de Yamandú Orsi al portaaviones estadounidense USS Nimitz desató una pequeña guerra fría doméstica dentro del Frente Amplio. Mientras el presidente defendió el gesto diplomático, el Partido Comunista reaccionó con visible incomodidad, cuestionó la “señal” política y terminó forzando la salida de un jerarca propio de la Intendencia de Canelones que había subido a bordo sin avisar al partido.

En el Frente Amplio hay discusiones ideológicas, diferencias estratégicas y matices históricos. Pero pocas veces una visita protocolar logró provocar semejante marejada interna como la excursión del presidente Yamandú Orsi al portaaviones estadounidense USS Nimitz. Lo que para Presidencia fue una señal diplomática razonable, para el Partido Comunista del Uruguay (PCU) terminó pareciendo una mezcla entre herejía geopolítica y motín disciplinario.

El episodio dejó imágenes curiosas: un gobierno frenteamplista recorriendo uno de los símbolos más reconocibles del poder militar estadounidense mientras dirigentes comunistas buscaban, casi desesperadamente, explicar que ellos no estaban ahí “en espíritu”. Porque si algo quedó claro es que el PCU puede tolerar muchas contradicciones de la política real, pero posar sonriente sobre un portaaviones nuclear parece cruzar una línea roja pintada con aerosol soviético.

El senador Óscar Andrade, actual secretario general del PCU, fue uno de los más duros con la visita. Con un tono que mezcló camaradería y reprimenda, insistió en que “la señal es equivocada” y calificó la visita como “inoportuna” en el actual contexto internacional. Según Andrade, “subirse a un portaviones militar se presta a una señal equivocada”, aunque aclaró que no interpreta que Orsi se haya alineado con la política “guerrerista” de Donald Trump.

La escena tuvo algo de tragicomedia ideológica. Mientras el presidente defendía la visita alegando que gobierna “pensando en lo que le conviene al Uruguay” y no representando a una fuerza política, desde el PCU se analizaba la situación casi como si un cuadro partidario hubiera aparecido usando una gorra de la OTAN en un comité de base.

Pero el verdadero cortocircuito no fue Orsi. Fue Diego Núñez.

El entonces prosecretario general de la Intendencia de Canelones e integrante del PCU integró la delegación que visitó el USS Nimitz. Y ahí empezó el problema serio para los comunistas. Porque una cosa es criticar diplomáticamente al compañero presidente y otra muy distinta descubrir que un dirigente propio andaba recorriendo portaaviones nucleares estadounidenses sin avisar al partido.

Andrade fue particularmente gráfico: “No voy a decir que nos parece un error del gobierno y un acierto de Diego Núñez; es más grave por no haberlo comunicado”.

La frase retrató perfectamente el drama interno del PCU: la visita al portaaviones ya era incómoda, pero enterarse por la prensa de que un militante comunista había subido a bordo elevó el episodio a categoría de crisis doméstica. En cuestión de horas, el partido pasó del malestar ideológico a la aplicación práctica del centralismo democrático.

El comité departamental comunista de Canelones escuchó las explicaciones de Núñez, consideró que había cometido un “grave error político” y le retiró la confianza. El jerarca terminó poniendo su cargo a disposición a pedido del PCU.

La situación tuvo incluso un detalle digno de sainete burocrático: el intendente Francisco Legnani anunció inicialmente que no pensaba aceptar la renuncia. Es decir, el PCU quería bajarlo del barco mientras la Intendencia todavía discutía si convenía mantenerlo a flote.

Toda la secuencia dejó al descubierto una vieja tensión del Frente Amplio que reaparece periódicamente: la distancia entre el ejercicio del gobierno y la liturgia ideológica de algunos sectores. Orsi actuó como jefe de Estado. El PCU reaccionó como custodio de una tradición antiimperialista que todavía mira a Washington con la misma simpatía con la que un vegano mira un asado de fin de año.

Y allí apareció la paradoja más interesante del episodio. Porque mientras el gobierno intenta mostrarse pragmático y diplomáticamente flexible, el Partido Comunista sigue necesitando demostrarle a su militancia que no se volvió “razonable”. La visita al USS Nimitz terminó funcionando como una inesperada prueba de pureza doctrinaria.

En definitiva, el gran portaaviones estadounidense logró algo improbable: tensar al oficialismo uruguayo sin disparar un solo misil. Bastó una escalera de embarque, algunas fotos oficiales y un comunista distraído recorriendo la cubierta para provocar una tormenta política Made in Uruguay.

El cierre de la planta industrial de Darcy S.A., que dejará de producir en Uruguay para pasar a importar desde Asia, reabre el debate sobre la falta de competitividad de la economía uruguaya. Mientras se pierden empleos industriales por los altos costos locales, el PIT-CNT responde con un paro parcial y reclamos de mayor gasto público, yendo en sentido contrario a la discusión que el país sigue evitando.

El cierre de la planta industrial de Darcy S.A., histórica fabricante de ropa interior femenina y propietaria de marcas como Pimentón y Ego, vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas estructurales más negados del Uruguay contemporáneo: la pérdida sistemática de competitividad frente al mercado internacional, especialmente frente a Asia. La empresa dejará de producir en el país, despedirá a 34 trabajadores y pasará a importar sus productos.

No se trata de un episodio aislado ni de una simple “reconversión empresarial”. Es otra señal de un proceso de desindustrialización silenciosa que avanza mientras buena parte del sistema político y sindical sigue atrapado en recetas de hace medio siglo. Darcy S.A. explicó que los altos costos de producción en Uruguay hicieron inviable competir con la mercadería importada, particularmente la proveniente de Asia. La ecuación es brutalmente simple: producir en Uruguay cuesta demasiado.

La noticia golpea por varios frentes. Primero, por las 34 personas que pierden su fuente laboral. Segundo, porque confirma una tendencia: cada vez más empresas optan por abandonar la producción local y convertirse en importadoras. Y tercero, porque desnuda la incapacidad del país para discutir seriamente el problema del costo estructural uruguayo.

Durante años se construyó un discurso donde cualquier mención a la competitividad era presentada como una amenaza a los derechos laborales. Pero la realidad termina imponiéndose. No existe industria nacional sostenible si producir localmente resulta mucho más caro que importar desde el otro lado del mundo. Energía cara, presión tributaria elevada, rigideces laborales, costos logísticos desproporcionados y un Estado crecientemente pesado forman un cóctel que expulsa inversión y producción.

Mientras tanto, el diagnóstico del PIT-CNT parece ir exactamente en la dirección opuesta. Ante un país que pierde fábricas y empleo industrial, la central sindical resolvió convocar a un paro general parcial con movilización para el 10 de junio, reclamando, entre otras cosas, más gasto público y mayores erogaciones estatales.

La desconexión con la realidad económica resulta llamativa. En momentos en que empresas nacionales cierran porque no pueden sostener sus costos, la principal respuesta sindical consiste en reclamar medidas que inevitablemente presionan aún más sobre el gasto estatal, los impuestos y los costos generales de la economía. Es decir: exactamente los factores que contribuyen a destruir competitividad.

El problema no es solamente Darcy. El problema es un modelo. Uruguay lleva años acumulando señales de alarma: industrias que se reducen, empresas que se transforman en meras importadoras, pérdida de empleo manufacturero y una economía cada vez más dependiente de sectores primarios o servicios específicos. Pero discutir competitividad sigue siendo, para muchos actores políticos y sindicales, casi un tabú ideológico.

Lo más dramático es que los trabajadores terminan siendo las principales víctimas de esa negación. Porque cuando una empresa deja de producir localmente, los discursos no pagan salarios. Las consignas no sostienen empleos. Y los paros no revierten ecuaciones económicas inviables.

Las propias trabajadoras de Darcy, en medio de la incertidumbre, han reclamado alternativas de reconversión laboral y certezas sobre sus despidos. Pero la discusión de fondo excede ampliamente a esta empresa: ¿cómo pretende Uruguay sostener industria nacional si cada vez es más caro producir dentro de fronteras?

La respuesta no puede ser negar el problema ni multiplicar cargas sobre un aparato productivo exhausto. Porque mientras el debate ideológico sigue empantanado, las fábricas siguen cerrando. Y cada persiana que baja es también una señal de advertencia sobre el rumbo económico del país.

La senadora que prometió “jerarquizar la política” descubrió un novedoso método para medir la pobreza: mirar por la ventana de su apartamento. Como no vio indigentes en su cuadra, Blanca Rodríguez concluyó que el problema prácticamente desapareció. Uruguay agradece semejante aporte científico.

Hay frases que envejecen mal. Y después están las de Blanca Rodríguez, que nacen envejecidas.

La flamante senadora frenteamplista, aquella que desembarcó en el Parlamento prometiendo “jerarquizar la política” con una mezcla de solemnidad montevideana y suficiencia docente, acaba de regalarnos una pieza de antología nacional: aseguró que desde su ventana ya no ve personas en situación de calle.

El comentario habría pasado como una simple torpeza si no fuera porque Uruguay entero viene observando, desde hace años, el crecimiento dramático de la indigencia, especialmente en Montevideo. Pero Blanca decidió confiar más en el paisaje de su balcón que en las cifras, las noticias, los refugios saturados y las esquinas ocupadas por colchones húmedos y frazadas mugrientas.

El método científico de la senadora parece revolucionario: si no lo veo desde casa, no existe.

Galileo observaba los astros. Blanca observa la cuadra.

La escena tiene algo entrañablemente aristocrático. Mientras miles de uruguayos esquivan ranchadas en avenidas, semáforos y plazas, la exconductora de Subrayado ofrece un diagnóstico nacional basado en la panorámica de su ventana. Una especie de INE con cortinas blackout.

Lo notable es que la frase no fue dicha en tono humorístico ni irónico. Fue pronunciada con la gravedad de quien cree estar haciendo un aporte conceptual profundo. “Hay nuevos trazos”, explicó, satisfecha con el operativo oficial.

Nuevos trazos. Qué elegante manera de referirse a seres humanos que duermen en cartones.

Las reacciones fueron inevitables. El diputador Gabriel Gurméndez le recomendó “cambiar de oculista cubano” —expresión que le sirvió a la senadora para eludir convenientemente el tema de fondo y acusar a Gurméndez de xenófobo— mientras en redes sociales se multiplicaban las burlas y los cuestionamientos.

Pero el episodio tiene una dimensión más interesante. Blanca Rodríguez llegó al Senado envuelta en una nube de superioridad moral. Ella no venía a mezclarse con “la política tradicional”; venía a elevarla, a sofisticarla, a dotarla de una especie de barniz cultural y sensibilidad progresista premium. Una mezcla de TED Talk, living escandinavo y comité de base.

Y sin embargo, bastaron pocos meses para que terminara protagonizando una de las declaraciones más frívolas y desconectadas del año.

Porque el problema no es solamente la frase. El problema es lo que revela. Hay una parte de la élite progresista montevideana que ya no mira la realidad: la administra estéticamente. La pobreza les conmueve mientras no les arruine la vista. El indigente funciona como categoría sociológica, no como presencia concreta. Es “territorio”, “contexto”, “vulnerabilidad”, “trazos”. Nunca una persona tirada en el frío.

Hasta que un día dejan de verla.

O peor: creen que porque dejaron de verla, desapareció.

La política uruguaya ya tenía suficientes problemas. Pero ahora además tiene senadores que practican el negacionismo urbanístico desde el ventanal del apartamento. Una innovación institucional verdaderamente notable.

Al final, Blanca Rodríguez cumplió su promesa de “jerarquizar la política”.

La convirtió en un mirador.

Por Luis Hierro López

A un año de la muerte de Mujica, es más posible trazar un juicio sobre su potente y variable personalidad.

José Pepe Mujica fue presidente por la voluntad popular y eso, en un país como Uruguay, sería suficiente como para decir “Fue presidente. Y punto”. Somos un pueblo que, por suerte, respeta mucho a los presidentes y a la investidura que eso significa. Haber llegado a esa condición significa una especie de olvido de todo lo que haya hecho antes, bueno o malo.

Mujica fue, además, amnistiado por la ley de 1985, por lo que la República le perdonó u olvidó sus delitos anteriores, dirigidos, precisamente, contra la República.

Fue, además, uno de los líderes más populares desde que se restauró la democracia y han sido indudables sus gestos y compromisos en favor de ella. Mujica nunca dijo “me equivoqué”, “pido perdón”, pero no hay dudas de que sus aportes a la convivencia democrática han sido sinceros y efectivos. Haber conducido al MLN después de 1985 a la vida electoral y parlamentaria, cuando muchos de sus dirigentes aún estaban armados preparándose para una nueva revuelta, debe haber sido, sin duda, una tarea muy difícil, pero lo hizo, con habilidad, paciencia y coraje. Esa fue su gran conquista.

Luego fue un presidente inconcluso, voluntarista, que dirigió un equipo de ministros y gobernantes que fue desprolijo e incompetente y que produjo una mala gestión. Nadie recuerda en Uruguay una obra que lleve su sello.

Pese a ello, volvió al llano envuelto en la popularidad y murió tras alcanzar un nivel legendario.

A pesar de toda a toda esa notable trayectoria, hay silencios en torno a su vida y a sus compromisos. Uno de ellos tiene que ver con sus acuerdos —extraoficiales, pero no por ello menos auténticos— con los militares, a propósito de temas complicados, como el de los desaparecidos, asunto en el que tanto él como su colega y fiel amigo Fernández Huidobro, quien llegó a ser nada menos que ministro de Defensa, guardaron siempre distancia de las posiciones radicales de algunos sectores frenteamplistas. Allí hay zonas de silencio que ni sus biógrafos ni los historiadores han podido desentrañar. (Agrego un comentario totalmente subjetivo: siempre me pareció que Mujica sabía algo, pero que pensaba que su revelación aumentaría la cadena de venganzas que él quería evitar). “Esto se terminará cuando estemos todos muertos”, dijo un día, proféticamente, refiriéndose a los enfrentamientos sobre el pasado reciente. Y así es, la mayoría, si no la totalidad de los protagonistas, están fallecidos, pese a que la Justicia (¿Justicia?) sigue procesando a tenientes y capitanes de aquella época con testigos poco creíbles y pruebas inexistentes o imaginadas. Tanto Mujica como su esposa Lucía han declarado que había testimonios inválidos ante los juzgados. El propio fiscal Perciballe, especializado en crímenes de lesa humanidad, dijo en algún momento que, si no había pruebas, se manejaba con la convicción suficiente, es decir, como hacían los jueces nazis.

Se acusa desde la organización Familiares y desde voceros de otras corporaciones “compañeras” a los militares por mantener silencio. Es así, los que algo sabían de los desaparecidos se han muerto hace tiempo, y se murieron sin contar toda la historia, así como hizo Mujica, quien contribuyó, desde la apertura democrática, a desmantelar el clima de venganza. Pese a ello, el instinto persecutorio se mantiene y, tras violentar la voluntad popular expresada en dos oportunidades, la Justicia sigue procesando a personas que, es muy posible, no tengan vinculación alguna con los hechos terribles de aquel tiempo.

La historia tiene sus silencios, sus vacíos y sus complejidades. Mujica lo sabía, pero el fiscal Perciballe no. Mujica dio vuelta la página; hay otros que siguen revolviendo el pasado.

Por Santiago Torres

Mientras Uruguay intenta posicionarse en una industria global altamente competitiva como el hidrógeno verde, la ministra Fernanda Cardona propone utilizar esa inversión para sostener el deficitario negocio del portland de ANCAP. La idea no sólo revive el peor dirigismo económico estatal: también envía una señal alarmante sobre cómo entiende el gobierno la relación entre inversión privada, competitividad y empresas públicas inviables.

Hay ideas que fracasan tantas veces que cuesta entender cómo todavía sobreviven. Sin embargo, reaparecen. Cambian los nombres, se aggiornan los discursos, se disfrazan de “desarrollo nacional” o “articulación productiva”, pero en el fondo son siempre lo mismo: el viejo reflejo estatista de forzar la realidad económica para sostener actividades inviables. Eso es exactamente lo que revelan las declaraciones de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, cuando plantea que el megaproyecto de hidrógeno verde de HIF Global podría “convivir” con la planta de portland de ANCAP y transformarse en comprador del cemento estatal.

La frase sería apenas pintoresca si no revelara una concepción profundamente equivocada del desarrollo. Porque detrás de esa idea hay algo más grave que una ocurrencia improvisada: hay una lógica económica peligrosa. La lógica de utilizar una inversión multimillonaria —que debería evaluarse por su capacidad de generar innovación, empleo y competitividad— como mecanismo artificial de salvataje para una unidad industrial que hace décadas pierde dinero.

El portland de ANCAP es uno de los símbolos históricos de la ineficiencia estatal uruguaya. Ha consumido cientos de millones de dólares de los contribuyentes durante años, sin lograr jamás transformarse en una actividad sustentable. Ningún gobierno consiguió revertir ese fracaso estructural. Y ahora aparece Cardona proponiendo, básicamente, que una empresa privada ayude a sostenerlo comprándole cemento. No porque sea el mejor producto. No porque sea el más competitivo. No porque el mercado lo demande. Sino porque el gobierno quiere que lo compre.

Eso no es desarrollo. Es vetusto dirigismo económico.

La gravedad del planteo aumenta porque ocurre justamente en el contexto de una de las inversiones más sensibles y estratégicas que ha evaluado Uruguay en décadas. El hidrógeno verde no es un programa asistencial ni un plan de empleo encubierto. Es una apuesta tecnológica global extremadamente competitiva, donde las empresas deciden localizaciones en función de costos, infraestructura, estabilidad y eficiencia. Pretender cargarle encima la mochila del rescate industrial de ANCAP es enviar exactamente la señal equivocada.

El mensaje implícito es devastador: en Uruguay, además de invertir, innovar y asumir riesgos, las empresas deberán transformarse en herramientas para sostener empresas públicas deficitarias. Y eso introduce un problema central: la política empieza a sustituir la lógica económica.

Cardona insiste en que la intención es que ambos proyectos “convivan”. Pero la convivencia de la que habla no parece surgir de ventajas competitivas naturales, sino de una ingeniería política diseñada desde el Estado. Y cada vez que Uruguay —y cualquier otro país— intentó sustituir competitividad por planificación burocrática, terminó igual: más costos, menos productividad y dependencia permanente del subsidio.

El problema conceptual de fondo es todavía más profundo. Porque las declaraciones de Cardona transparentan una vieja obsesión de cierta izquierda latinoamericana: la idea de que el desarrollo nace protegiendo sectores ineficientes en lugar de promover eficiencia. El resultado histórico de esa visión está a la vista en toda la región. Industrias cautivas, empresarios dependientes del favor estatal, consumidores pagando más caro y economías estancadas.

El editorial del pasado miércoles 13 de El País lo resumió correctamente: cuando el Estado decide comprar caro para “desarrollar proveedores nacionales”, no paga el Estado. Pagan los ciudadanos. Y en este caso ocurre algo todavía peor: ni siquiera sería directamente el Estado quien absorbería el costo, sino una inversión privada a la que se le pretende imponer un rol político-industrial ajeno a su negocio principal.

Todo esto además desnuda una contradicción cada vez más evidente dentro del propio gobierno. Mientras algunos sectores intentan transmitir señales de responsabilidad fiscal, apertura e inserción internacional, Cardona reaparece con un discurso industrialista que parece extraído de principios del siglo XX. Habla de compartir infraestructura pública, de “hacer convivir” proyectos y de desarrollar proveedores locales aunque ello implique distorsionar decisiones económicas.

El riesgo no es solamente económico. También es cultural. Porque detrás de estas ideas reaparece la creencia de que cualquier actividad estatal debe sostenerse indefinidamente, aun cuando fracase una y otra vez. Como si cerrar una unidad deficitaria fuera una tragedia nacional, pero dilapidar recursos públicos durante décadas no lo fuera.

El país necesita exactamente lo contrario. Necesita atraer inversiones porque Uruguay ofrece estabilidad, seguridad jurídica y competitividad. No porque el gobierno quiera usar cada proyecto privado como respirador artificial de empresas públicas inviables.

Si el hidrógeno verde termina siendo una realidad, debería hacerlo porque Uruguay puede competir globalmente. No porque una ministra crea que también puede servir para colocar bolsas de portland de ANCAP.

Por Tomás Laguna

Si bien la garrapata acompañó a la ganadería desde el fondo de la historia, y desde siempre se convivió con ella, en los últimos años se ha apreciado un preocupante incremento en los niveles de infestación y presencia de las enfermedades trasmitidas por este vector. Esta realidad que angustia ha terminado politizándose tras un cuestionado decreto del Poder Ejecutivo que deroga disposiciones de la anterior administración de gobierno, avaladas entonces por los mismos servicios técnicos del MGAP que hoy están en funciones, en el mezquino propósito de derivar culpas a las anteriores autoridades del MGAP.

La garrapata es responsable de la tristeza bovina, complejo de enfermedades hemoparasitarias (anaplasmosis y babesia) con incidencia importante en la merma productiva y, en casos extremos, la muerte del ganado. La tan invocada vacuna no deja de ser una solución, si bien solo logra cierta inmunidad con una efectividad del entorno del 80% de la población atendida, dependiendo del manejo que se haga. Estamos ante enfermedades cuya presencia resulta muchas veces impredecible y con efecto silencioso sobre el rodeo vacuno.

Este preocupante incremento en la presencia de garrapata está ocurriendo en regiones hasta no hace mucho tiempo consideradas libres, pero en particular en establecimientos donde no era motivo de preocupación alguna.

La inmediata explicación refiere a uno de los aspectos más temidos en la sanidad animal: la aparición de resistencia a una amplia gama de específicos veterinarios utilizados para su combate. En los inicios del control de la garrapata se acudió a los arsenicales, luego los órganofosforados, los piretroides y las “mágicas” ivermectinas. Todos productos hoy obsoletos en sus efectos. Para agravar la situación, otros productos efectivos como el Ethion y el Fipronil están hoy prohibidos.

Para complejizar el panorama, la primera medida de control ha sido desde siempre los campos limpios. Los pastizales y las malezas son reservorios aptos para la mejor reproducción de la garrapata, y es regla que cuanto mayor es la capacidad de reproducción también lo es la posibilidad de generar poblaciones resistentes. Pues bien, la falta de ovinos en nuestros campos como resultado de la pérdida de valor de la lana, agravada por la vulnerabilidad del rubro ante las jaurías de perros salvajes (¡¡nunca resuelta!!) y el abigeato, ha llevado a una drástica reducción de las ovejas, y con ello a una suerte de control natural en el crecimiento de las pasturas en esa muy sanitaria convivencia de vacunos y ovinos.

Finalmente, habría que agregar los cambios que se han producido en los sistemas productivos, con mayor rotación de animales, sistemas de producción más intensivos y consecuente mayor extracción y faena.

Como sea, los argumentos expuestos son circunstancias propias de nuestra ganadería sin razón que amerite asignar responsabilidades a nadie en particular, más allá de la que corresponde a nuestra propia institucionalidad en la materia.

La situación de muchos ganaderos en el norte de la República, zonas históricamente endémicas, está llegando hoy al límite. Productores de por sí responsables y que realizan un buen trabajo sanitario no logran evitar la pérdida de ganado, la que ocurre cual goteo persistente. Esto genera desesperación y, como tal, aumenta la disposición a aplicar acaricidas, cuyo uso en exceso contribuye, a su vez, a la mayor resistencia. Es que el uso indiscriminado de los acaricidas es parte del agravamiento de la infestación. Son muchas las regiones donde los ganaderos no remiten a industria ante la duda por los residuos de los específicos veterinarios, considerando que no hay periodo de espera que les otorgue seguridad. Como alternativa, remiten su ganado a los corrales de engorde del sur o bien a otros invernadores. No son pocos los que hoy entienden que era preferible sobrevivir a la sequía antes que este combate desigual con la garrapata. Más aún, sostienen que la mayor mano de obra propia de los ovinos está siendo requerida hoy por los vacunos.

Desde siempre las enfermedades y plagas de mayor prevalencia se han enfrentado a una misma disyuntiva: erradicación o convivencia. Lo primero, podemos aseverar, está harto demostrado que no funciona. No ocurrió con la aftosa; el resultado fue catastrófico, basta recordar el año 2001. Tampoco con la brucelosis. Durante la administración del anterior gobierno del conglomerado se planteó la erradicación de la brucelosis, lo que derivó en una agresiva campaña, rifle sanitario mediante. Aquella fue una situación límite en políticas sanitarias y sus daños colaterales al “santo botón” (valga la expresión coloquial); hoy se continúa conviviendo con la enfermedad en un intento de mantenerla controlada... En el caso que nos ocupa es de esperar que a ningún trasnochado se le ocurra plantear la erradicación. Lecciones ya aprendidas, resulta imposible una campaña en ese sentido ante las medidas extremas que tal objetivo exige y los costos inherentes.

Las políticas en materia de sanidad animal, como en sanidad vegetal, deben necesariamente ser políticas de Estado, exentas de contaminación política e ideológica, que se mantengan más allá del devenir de los distintos gobiernos. Pero ocurre que en este país todo está contaminado políticamente. Al menos dependiendo de la calidad humana y sensatez de los funcionarios con responsabilidad política en cada caso… El reciente decreto del Poder Ejecutivo, derogando disposiciones de la anterior administración en cuanto al movimiento de ganado en función de su condición sanitaria en materia de garrapata, es un claro ejemplo de esto último.

Llama la atención que los mismos servicios profesionales que dependen del MGAP y que avalaron las disposiciones anteriores hoy se desdicen de lo establecido durante el gobierno pasado, cuando se flexibilizó la presencia del ácaro en el ganado según el destino de la tropa. Medida que procuraba evitar la obsesión por “limpiar” al ganado de garrapatas y el consecuente uso excesivo de los acaricidas, con los riesgos de residuos en faena, además de promover la resistencia. El nuevo decreto establece una regulación estricta en cuanto a la no presencia del ácaro, descargando toda la responsabilidad sobre el productor y el profesional veterinario que debe otorgar el visto bueno sanitario para el despacho de tropa. Cambio de estrategia grueso, decisión 100% política, responsabilidad directa del ministro Fratti, que desde un primer momento ha sugerido las “listas negras” de productores por cuenta de los frigoríficos (ya nos referimos desde este espacio a este dislate), defensor a ultranza de la interdicción de predios, con el tremendo daño y angustia que provoca en los productores.

Los ganaderos crecen en indignación. Tras una visita reciente del ministro Fratti a Paysandú, luego de un encuentro con ganaderos del departamento para discutir el tema garrapata, se escucharon voces de mucho enojo: “nos encontramos con un ministro bastante soberbio, le hicimos planteos pero el Ministerio no está con ganas de escuchar”, mayor la indignación ante los dichos del ministro en cuanto a que “los productores son una manga de relajados”, que no saben hacer test de resistencia o bien instrumentar un plan sanitario, entre otras cosas…. La empatía y el respeto por sus interlocutores no son, precisamente, característica de este “cerrillero” ministro.

Lo del título, la garrapata vector también de la necedad política.

Por Elena Grauert

Las críticas de Gabriel Oddone a la oposición por cuestionar el Diálogo Social sobre las AFAP exponen una contradicción incómoda: mientras acusa de “temerarios” a sus adversarios, son analistas y actores del propio mercado quienes advierten sobre los riesgos fiscales y financieros de la reforma impulsada por el gobierno.

Asombrarse del presente fue la tónica del miércoles 13 de mayo, en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), cuando el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, calificó a la oposición de temeraria y lo hizo con enojo.

Nadie entendió mucho que, en la charla mensual realizada en ADM, el ministro culpara a la oposición de “temeraria” por desacreditar y criticar como expropiatorias las propuestas del Diálogo Social sobre las AFAP, afirmando que las mismas conspiran contra la sostenibilidad fiscal del país.

El novel y furibundo frenteamplista Gabriel Oddone rápidamente adoptó el tic muy propio de la izquierda: “la culpa es de los otros”, diciendo que “están pasando límites que yo como analista nunca vi”. Se ve que tiene muy poca memoria: en 2002, su partido pedía el defautl y, en la pandemia, responsabilizaban al gobierno de las muertes y pedían encerrar a los uruguayos. Pero bueno, fueron otros tiempos.

Sin perjuicio de lo cual, ratificando sus propias contradicciones, luego de haber aceptado cosas inaceptables en el Diálogo Social, admitió haber destinado “varias semanas” a explicarle a inversores del exterior que la situación no era tan grave como parecía.

¿Entonces la culpa es de la oposición, que señala los errores, o de quien los cometió? Eso nos lleva a la frase: es más fácil culpar al mensajero.

Se equivoca el ministro, porque la oposición, si bien criticó fuertemente las medidas anunciadas y está en todo su derecho de hacerlo, no fue la única en advertir los riesgos. Fueron sus excompañeros de la consultora CPA Ferrere quienes alertaron que las propuestas del Diálogo Social podrían agravar el ya comprometido déficit fiscal de 2026, que enfrenta un “riesgo de incumplimiento de las metas fiscales” por un crecimiento del PIB menor al esperado. Fue la misma consultora la que advirtió que podría derivar en una suba del riesgo país y en un deterioro de la calificación crediticia otorgada por Moody’s, Fitch, S&P, DBRS y R&I.

Eso no es la oposición: son los analistas del mercado y los operadores quienes se preocupan cuando un gobierno avanza sobre la administración privada de los ahorros previsionales de los trabajadores sin claridad, lo que genera reacciones en el mercado. Y esa reacción no son dichos ni juego político; es la economía, el mercado reaccionando frente a las intromisiones del Estado.

La frustración del ministro viene, quizás, de la inexperiencia de tratar de contentar a “tirios y troyanos”: querer ser amigable con un procedimiento como el Diálogo Social —que es un invento antidemocrático que claramente no respetó los resultados en las urnas— y, por otro lado, con los mercados, a los que no se les puede dibujar una realidad, ya que reaccionan fuertemente ante el más mínimo riesgo en un mundo hipercomunicado. Y eso el economista Oddone lo sabía. No hubo error de diagnóstico; simplemente no lo quiso ver.

El riesgo país de Uruguay se mantiene en niveles bajos y el ministro lo citó como argumento: “Con un riesgo de 66 puntos básicos, está difícil decir que somos vulnerables”. Por ello, CPA Ferrere calculó que un aumento de apenas 50 puntos básicos en el spread —niveles previos a 2023— implicaría 270 millones de dólares anuales adicionales en el servicio de deuda. Eso es dinero que se pierde y no va a hospitales, escuelas ni infraestructura.

No basta con reconocer errores de comunicación. El verdadero error de fondo fue creer que una reforma de esta envergadura —contraria a lo expresado por la ciudadanía en el plebiscito de 2024—, que afecta ahorros individuales de cientos de miles de uruguayos sin demostrar beneficios concretos para ellos, podría avanzar sin consecuencias. Y esto, en un mundo especialmente sensible a los riesgos, donde la credibilidad de los Estados —particularmente en materia de deuda soberana y respeto a los derechos adquiridos— está bajo permanente escrutinio.

Por eso, quienes criticamos esta reforma lo hacemos desde la convicción de que el mejor seguro social que puede tener Uruguay es mantener su credibilidad fiscal intacta: no tocar los contratos privados, no modificar las condiciones consolidadas por más de 30 años y respetar la palabra dada. Es simple: se deben mantener las AFAP tal cual fueron diseñadas.

Por Juan Carlos Nogueira

La eventual demanda internacional iniciada por Cardama contra el Estado uruguayo reabre un debate incómodo pero necesario: cuando las decisiones políticas generan perjuicios económicos para el país, ¿debe responder únicamente la sociedad o también quienes las adoptaron? El artículo 25° de la Constitución introduce una herramienta tan poco utilizada como decisiva para esa discusión.

La historia reciente de Uruguay registra cuantiosas pérdidas derivadas de decisiones políticas desacertadas y, en algunos casos, altamente cuestionadas.

A modo de ejemplo, pueden citarse las pérdidas millonarias de ANCAP durante la gestión de Raúl Sendic, así como los casos de PLUNA, Envidrio, el Puerto de Aguas Profundas o la regasificadora Gas Sayago durante el gobierno de José Mujica.

En todos esos antecedentes, el resultado fue un rotundo fracaso económico para el Estado, con enormes costos asumidos por la sociedad, sin que ello derivara en consecuencias personales para quienes tomaron las decisiones, particularmente en los niveles superiores de conducción política. El costo institucional se socializó; la responsabilidad individual, en cambio, terminó diluyéndose.

Esta semana, la empresa Cardama inició un proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional tras la rescisión del contrato de las OPV. Según la empresa, la decisión adoptada por el gobierno uruguayo habría sido “contraria a derecho”.

Aquí aparece un elemento jurídicamente distinto respecto de los ejemplos anteriores: la posibilidad concreta de que el Estado uruguayo termine enfrentando una condena o una indemnización a favor de un tercero.

La Constitución de la República establece en su artículo 25° la llamada “acción de repetición”. Esto significa que, si el Estado debe indemnizar a terceros por daños causados por funcionarios en ejercicio de sus funciones, puede luego reclamar contra esos mismos funcionarios la suma abonada, siempre que exista dolo o culpa grave. El artículo no distingue jerarquías ni prevé excepciones para cargos de alta investidura.

Si del arbitraje iniciado por Cardama derivara una condena contra el Estado uruguayo, inevitablemente surgiría la discusión sobre la eventual aplicación de ese mecanismo constitucional. Y, en ese escenario, la atención recaería sobre quienes participaron directamente en la decisión de rescindir el contrato, entre ellos la ministra Sandra Lazo, el prosecretario Jorge Díaz y el presidente Yamandú Orsi.

Dejo planteada la pregunta:
¿Se activará efectivamente el mecanismo de repetición previsto en el artículo 25°?

Porque, si se ignora la Constitución, ¿dónde queda el contrato social que ella sostiene?

Por Angelina Rios

Uruguay se aproxima a los cien años de una de las mayores conquistas democráticas mientras en el mundo resurgen señales de retroceso sobre los derechos de las mujeres.

Falta poco más de un año para que Uruguay conmemore un hecho histórico que marcó no solo al país, sino también a América Latina. El próximo 31 de mayo de 2027 se cumplirán cien años del decreto de la Corte Electoral que habilitó la participación de las mujeres en el plebiscito de Cerro Chato.

Aquella resolución de 1927 abrió paso a una experiencia pionera. Las mujeres votaron por primera vez en Uruguay y en América Latina. Entre ellas estuvo Rita Ribeiro, convertida con el tiempo en símbolo de una transformación democrática que parecía impensada para la época.

El dato no es menor. Muchas veces se recuerda solamente la fecha del plebiscito, pero fue aquel decreto del 31 de mayo de 1927 el que reconoció formalmente que las mujeres podían participar, incorporándolas por primera vez al ejercicio pleno de la ciudadanía.

Detrás de ese avance hubo mujeres que entendieron antes que muchos dirigentes políticos que la democracia no podía construirse dejando afuera a la mitad de la sociedad. Uruguay avanzaba en reformas sociales, laborales y educativas, pero todavía convivía con una cultura profundamente desigual respecto del lugar de la mujer en la vida pública.

Por eso, el voto femenino no fue solamente un cambio electoral. Fue un cambio cultural.

Aquel primer voto en Cerro Chato fue apenas el comienzo. El sufragio femenino sería aprobado a nivel nacional en 1932 mediante la Ley 8.927, aunque recién el 27 de marzo de 1938 las mujeres uruguayas participarían por primera vez en una elección presidencial.

Y cien años después, el tema vuelve a adquirir una vigencia inesperada.

Esta semana, durante un seminario realizado en el Palacio Legislativo de Montevideo, la expresidenta chilena y candidata a la Secretaría General de la ONU, Michelle Bachelet, puso el foco en el retroceso de los derechos de las mujeres en distintas partes del mundo y vinculó ese fenómeno con el avance de discursos extremistas y con el debilitamiento democrático.

Bachelet sostuvo que ninguna sociedad alcanza su verdadero potencial dejando afuera a la mitad de la población y advirtió que muchas de las conquistas alcanzadas en las últimas décadas hoy enfrentan retrocesos culturales, políticos y sociales. También señaló que los ataques hacia mujeres en espacios públicos y políticos buscan deslegitimarlas, intimidarlas y expulsarlas de la discusión pública.

Las palabras resuenan especialmente en un año en el que nos aproximamos al centenario de una de sus mayores conquistas democráticas.

Porque si algo demuestra la historia es que los derechos nunca quedan definitivamente asegurados.

Las sociedades avanzan, pero también pueden retroceder.

Y quizás allí radique la importancia de recordar lo ocurrido en 1927 no como una simple efeméride, sino como una advertencia y una responsabilidad colectiva.

Hoy las mujeres votan, legislan, gobiernan, conducen empresas, sindicatos, universidades y organizaciones sociales. Pero las desigualdades persisten en múltiples formas, como lo son la violencia, la brecha salarial, la sobrecarga de cuidados y también nuevas formas de agresión política y digital que buscan desalentar su participación.

Nuestra democracia se fortaleció cuando incorporó nuevas voces. Cuando entendió que ampliar derechos no debilitaba al sistema, sino que lo hacía más legítimo y más representativo.

Por eso, a las puertas de los cien años del voto femenino, la discusión no debería limitarse a mirar el pasado con orgullo.

También debería obligarnos a preguntarnos qué democracia queremos cuidar hacia adelante.

Porque las conquistas democráticas más importantes no son aquellas que simplemente se celebran.

Son aquellas que cada generación decide defender.

Por Edu Zamo

Entre acusaciones de antisemitismo, referencias al conflicto en Medio Oriente y cuestionamientos a la izquierda radical, el autor carga contra la periodista Mariana Contreras y la acusa de promover discursos de odio bajo una retórica política y feminista selectiva.

La “periodista” Mariana Contreras es una mujer llena de odio y prejuicios. Odia lo que no conoce e inventa lo que ignora. Totalitaria, sectaria y quien sabe con qué problema no tratado, destila fanatismo desde cualquier tribuna que surja.

Coherente con su desvarío, habla de derechos humanos, feminismo, y se indigna selectivamente. Defensora de la dictadura criminal venezolana, le molesta que Maduro esté esperando su juicio —por narcotraficante— en Nueva York. Admira la “justicia social” cubana, a pesar de que el pueblo no tiene luz eléctrica continua ni suficientes alimentos para vivir. Ni hospitales decentes. Esos son sus paraísos.

Últimamente —bueno, hace un tiempo— su ignorancia está influida por el viejo nazismo, aquel que culpaba a judíos, gitanos y eslavos de todos los males. Mariana no puede atacar directamente a los judíos —queda mal— y entonces cambia el término judaísmo por sionismo. ¿Sabe de qué se trata? Ni de lejos. Acusó al presidente Yamandú Orsi —a pesar de que su cancillería es casi islámica— de “inclinarse ante el sionismo nacional porque ahí es donde está la plata”. Nazismo nivel básico. O sea: los judíos uruguayos o defensores de Israel —sionistas— son los que monopolizan la riqueza. Qué argumento tan original. Una devaluada incitación al odio.

Mariana: ¿no hay otros sectores mucho más pudientes acaso? ¿No tenemos un vicepresidente renunciante por corrupción y una vice que pagó precios inflados al doble por el ANTEL ARENA? ¿Cuántos uruguayos que negociaron con Venezuela fueron estafados por esa tiranía? ¿Y cuántos dirigentes del FAPIT se enriquecieron en negociados turbios con Caracas? Pero no, ella sólo critica lo que odia, aunque no presente un solo dato concreto. Contreras vive en su laberinto conspiranoico.

Dada la confusión sobre el término, el sionismo es el movimiento de liberación que —debido al antisemitismo europeo— defendió, construyó y apoya el derecho de Israel a existir libremente. No es una ideología de derecha, centro o izquierda. Es más, incluye ideas de diversas corrientes y su único punto común es la legitimidad de un estado judío en su tierra ancestral. Hay sionistas que defienden la solución de dos estados, otros que la rechazan, pero si no existe hoy otro estado árabe junto a Israel —como estableció la resolución de la ONU en 1947— fue por el rechazo y la inmediata invasión árabe. Este hecho no es interpretación, es historia indiscutible. Así como Hamas es un grupo terrorista que ejecutó un ataque sorpresa a Israel el 7/10/2023 y masacró a 1.200 personas, la mayoría en un baile juvenil al aire libre llamado “Música por la Paz”. Qué ironía. Hubo violaciones, mujeres torturadas, bebés descuartizados. No nos extenderemos, son hechos conocidos. Mariana Contreras se dice feminista, pero este hecho no le molesta. Ni tampoco le da vergüenza defender la teocracia iraní que oprime a las mujeres en particular. No, eso son detalles. A ella le importa la respuesta de Israel, la derrota de los grupos islámicos Hamas y Hezbollah y el ataque a los ayatolás de Irán. Le gusta hablar de “genocidio” sin base real, en lugar de guerra. Si los israelíes hubieran querido hacer un genocidio, en dos días no quedaba nadie en Gaza.

Contreras tiene derecho a pensar lo que sea, igual que Hitler tuvo sus defensores. A lo que no tiene derecho es a inventar presiones de un “lobby sionista uruguayo” y acusarlo de todo tipo de barbaridades. Sin pruebas, obvio. Sus afirmaciones violan la ley que sanciona fomentar el odio y la discriminación, y no se comprende cómo aún no ha sido llevada a juicio. Pero sin duda ocurrirá.

Mariana Contreras, y varios periodistas del pasquín que dirige —algunos los dejamos para otro día—, son personas sin empatía real por nadie. Pero con un odio enfermo contra los ciudadanos judíos, aunque los llame sionistas. Ya lo dijo en su momento Martin Luther King: “cuando alguien te diga que es anti sionista, que no te engañe, es sólo un antisemita”. Mariana hubiera vivido feliz en la Alemania nazi, sin duda afiliada al oficialismo, quizás trabajando como guardiana en un campo de concentración. Tiene el odio necesario para esa función. Porque la tortura y la muerte son claves en todo totalitarismo, sea fascista, comunista o islámico. Pero —lástima, Mariana—, a pesar de todo lo difícil del mundo, te tocó vivir en una época donde existe un estado hebreo fuerte, que comparte tecnología y medicina avanzada con el mundo. Miles de uruguayos lo han visitado y estudiado allí, volcando sus conocimientos en nuestro país. Hacer ruido y marchitas no implica ser mayoría. Para nada. Y cuando el mundo se calme, y la tranquilidad llegue, seguirás llena de odio y con la misma impotencia para modificar la realidad. Quizás cumpliendo también la deuda que tenés pendiente con la justicia.

Por Gabriela y Roberto Pena Schneiter

Hoy, 15 de mayo, la ONU celebra el Día Internacional de las Familias, lo cual, conjuntamente con el feriado nacional de carácter tradicional del 25 de diciembre, el artículo 40 de la Constitución de la República y el libro 90 del doctor Julio María Sanguinetti, invitan a continuar reflexionando sobre el valor tradicional de la familia.

La costumbre se constituye en derecho

Por la reforma constitucional de 1918, en la Ley N° 6.997, de 23/10/1919, persiste como festividad el 25 de diciembre pero con el nombre de “Fiesta de la Familia”. Y en la discusión parlamentaria sobre este tema, el doctor José Salgado, como miembro informante de la Comisión de Legislación, expresaba: “(…) La Comisión entiende que no deben figurar en el nuevo Calendario fiestas por el simple carácter de ser antiguas fiestas religiosas; que si se incorporan a este proyecto de ley feriados como el del 6 de enero y el del 25 de diciembre, no es porque anteriormente hayan tenido el carácter de fiestas religiosas, sino por ser fiestas consagradas por la costumbre, que deben respetarse, porque a pesar de que la ley los declarara días de trabajo, seguramente la sociedad y la familia continuarían festejándolos, como lo han hecho hasta ahora. (…)” (102ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Representantes, de 10/10/1919). Asimismo, cuando se reforma el régimen de feriados por el Decreto-Ley N° 9.000, de 27/04/1933, se mantiene el 25 de diciembre con su denominación, y cuando se reorganizan los feriados por el Decreto-Ley N° 14.977, de 14/12/1979, también se mantiene y se declara “feriado nacional de carácter tradicional”, pero se le quita su denominación. Esto último se infiere que fue a los efectos de unir a los uruguayos en una fecha tan especial y no generar divisiones o enfrentamientos, ya que la fecha también responde a un sentimiento muy respetable que comparte un buen sector de la sociedad. Es más, por su hondo significado tradicional ha quedado exceptuado del régimen de traslación de determinados feriados establecido por la Ley N° 16.805, de 24/12/1996, en la redacción dada por la Ley N° 17.414, de 08/11/2001.

Y todo esto se ha venido realizando porque, al decir del doctor Jorge Batlle, “(...) si hay algo que existe con fuerza y vigencia en la sociedad uruguaya, es un sentimiento auténtico y esencialmente laico, en cuanto laicidad significa, entre otras de sus muchas acepciones, el respeto de todos por el pensamiento de los demás y la libertad de poder decidir sin estar sujetos a ningún dogma o creencia que nos obligue a pensar de determinada manera o a actuar en función de ellos. Estamos libres y esa libertad que hemos adquirido es el fruto de la conducta de la sociedad uruguaya, no solamente a partir de la reforma de la Constitución del 30 sino de los últimos 150 años” (12ª Sesión Ordinaria –Extraordinaria– de la Cámara de Senadores, de 14/05/1987). Por lo tanto, se cree que el mantenimiento de la festividad del 25 de diciembre ha sido acertado porque es una fecha de un fuerte arraigo y porque, por lo general, se conmemora en familia. De ese Estado laico, con esas reuniones familiares, se fue desarrollando, entre otras tantas cosas, una de las más dignas tradiciones nacionales de convivencia, respeto y aceptación de sus integrantes, intra y extrafamiliar: la tolerancia.

La familia adquiere rango constitucional

Para el general José Gervasio Artigas, de acuerdo con lo expresado por el doctor Juan Zorrilla de San Martín en La Epopeya de Artigas, “un estado es, ante todo y sobre todo, un conjunto de hombres, o, más bien, de familias (…)” (Zorrilla de San Martín, 1910, págs. 361 y 362). Por eso, en la Constitución de la República de 1934, entre otras disposiciones sobre la familia, se dispuso en su artículo 39 que “el Estado velará por el fomento social de la familia”. Este artículo es modificado por el artículo 40 de la Constitución de 1967, que establece: “La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad”. En una de sus brillantes disertaciones, el doctor Julio María Sanguinetti, como representante nacional ante la Asamblea General, en aquel debate histórico en el que defendió el proyecto de reforma de la Constitución de la República, expresaba sobre la mencionada modificación: “Debemos afianzar (…) el concepto de que la familia es la base de nuestra sociedad, con lo cual establecemos un principio de organización de Estado, como síntesis de una sociedad que se base en esos principios originales de la vida de relación, imponiéndole al Estado la obligación de velar por la estabilidad moral y material de ese núcleo primario y fundamental de la organización social, al cual queremos defender para la mejor formación de los hijos dentro de esa misma sociedad” (253ª Sesión Ordinaria –Extraordinaria– de la Asamblea General, de 18/08/1966). Con respecto a este artículo, el doctor Jorge Batlle, en su discurso de asunción presidencial, expresaba: “(…) en oportunidad de participar en la reforma de la Constitución de 1966, pude contribuir a incluir en su texto algunas disposiciones, una de las cuales para mí es fundamental. La misma tiene que ver con la familia (…)”. Y al citar el mencionado artículo 40 continuaba diciendo: “Ello quiere decir, en buen romance, que en la vida vale más el ‘ser’ que el ‘tener’, representado el ‘ser’ por los valores morales, éticos y de conducta, que se aprenden, antes que en ningún otro lugar, en el regazo de la madre, en el seno de la familia y en la escuela, porque ésta es nuestro segundo hogar y seguirá siéndolo por siempre en este país. Toda política social tiene, pues, por finalidad vigorizar a la familia, a la familia uruguaya, porque haciéndolo se asientan los valores a los cuales está sujeta nuestra civilización (…)” (3ª Sesión solemne de la Asamblea General, de 01/03/2000).

La Familia y el Estado: entre la responsabilidad y la protección

Por esas razones constitucionales, la derogada Ley de Enseñanza N° 14.101, de 04/01/1973, establecía en sus artículos 11 y 12 que serían cometidos de la Educación Primaria y de la Secundaria Básica “exaltar los valores de la familia” y “desarrollar los fundamentos de una educación familiar (…)”, porque, en definitiva, para los niños y adolescentes “la vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral” (artículo 12, Ley N° 17.823, de 07/09/2004, Código de la niñez y la adolescencia). Con relación a la importancia de ese ámbito adecuado, se rememoran algunas palabras del doctor José María Aznar: “La familia es una de las mayores garantías de solidez, de cohesión y de solidaridad en cualquier sociedad. (…) En los malos momentos, sobre todo en los momentos en que la economía no avanzaba, la familia fue un factor de ayuda extraordinario para enfrentarse al desempleo y tener la oportunidad de volver a salir adelante. (…) no (…) deberíamos tener miedo a hablar de la importancia y del fundamento de la familia. Evidentemente, hay que estar abierto a las nuevas realidades sociales. No se puede ignorar que hay situaciones que no se daban hasta ahora. (…) La propia familia parece más frágil y más inestable que antes. Pero, por eso mismo, porque hay nuevas situaciones y nuevos problemas, estoy convencido de que vale la pena defender con claridad los principios en los que se basa la familia. (…) Al tratar la familia, hay que tener siempre en cuenta que se está manejando una cuestión que entraña un concepto de valor, un principio moral. Ése es el fondo del asunto. Por eso, aunque sean necesarias las ayudas y las desgravaciones, no hay que reducirlo todo a ese campo. La familia pone en juego y requiere valores que están por encima de lo exclusivamente económico. La responsabilidad familiar no se puede delegar en nadie y menos aún se puede traspasar al Estado. Los padres han de ejercer la responsabilidad que les corresponde si quieren que los hijos les respeten. (…) La familia, con todo lo que entraña de ejercicio de la responsabilidad y de aprendizaje del respeto, es uno de los fundamentos del ejercicio de la libertad. De hecho, la familia es la institución que asegura la transmisión y la pervivencia de las virtudes cívicas básicas.” (Aznar, J. M. 2004. Ocho Años de Gobierno. Una Visión Personal de España, Primera edición. Buenos Aires: Editorial Planeta. Págs. 16 a 18).

Y retomando el cometido que ha tenido el Estado para el cuidado y preservación de la familia a través de la historia, se comprueba que ha fomentado infinidad de políticas sociales, centradas o no en la familia, con el objeto de fortalecer, promover y garantizar su desarrollo integral, y ha coordinado actividades de distintas instituciones con ese objetivo, así como también ha hecho hincapié en el rol fundamental que tiene la mujer en la familia. Sobre esto último, ya lo advertía don José Enrique Rodó cuando afirmaba –con referencia a las horas de trabajo– que a la mujer se le debía reservar tiempo suficiente en el hogar “para formar y mantener la sagrada unidad de la familia, piedra sobre la que descansan toda moralidad y todo orden social” (Rodríguez Monegal, E. 1967. José Enrique Rodó. Obras Completas, Segunda edición. Madrid: Aguilar S.A. Pág. 679). No obstante, y entendiendo que existen diversos conceptos de la familia en otros sistemas sociales, culturales o políticos, se cree que con la retrógrada ideología marxista-frenteamplista en el país se han venido implementando políticas que no son parte de su idiosincrasia, las cuales han provocado que lo anormal se vea como normal.

90 años en familia

Después de haber leído el emocionante libro 90 del doctor Julio María Sanguinetti, en el que da un pantallazo de los principales momentos de su vida, que no es otra cosa que haberse entregado al servicio de la República, también se visualiza algo tan o más importante que su legado político y periodístico: el valor tradicional de la familia. Él mismo expresa en la presentación del libro que en su vida “la familia ha sido el pilar. Y la devoción republicana el aliento permanente para seguir escribiendo, hablando y discutiendo.” (90, Correo de los Viernes, Edición N° 1078, de 24/04/2026). Y en el propio libro expresa: “En la vida de todo político la familia ocupa siempre un rol relevante. Sea por su presencia o, a la inversa, por su ausencia, cuando ella no está. De un modo o del otro, es siempre influyente.” (Sanguinetti, 2026, pág. 171).

Por todo lo expresado, se concluye que la familia ha sido, es y seguirá siendo la responsable de crear las mejores condiciones ambientales posibles para los hijos, pero también ha consolidado a través de la historia del país la prevalencia de los principios y valores de la tradición liberal, democrática y republicana, nacidos del ideario artiguista e inmortalizados por el doctor Julio María Sanguinetti en su libro 90.

Por Alicia Quagliata

La Intendencia volvió a poner sobre la mesa un viejo problema de Montevideo: el estado de las veredas. Pero detrás del anuncio aparece una discusión bastante más profunda sobre prioridades urbanas, desigualdad territorial y el modo en que la ciudad decide dónde intervenir y dónde seguir esperando.

Montevideo hace años convive con una escena repetida: avenidas centrales que concentran intervenciones, diseño y visibilidad, mientras buena parte de los barrios continúa esperando soluciones básicas.

La normativa mantiene que el vecino es responsable del mantenimiento de su vereda, mientras la ciudad acumula kilómetros de aceras rotas, desniveles y recorridos imposibles para adultos mayores, personas con discapacidad o familias con niños.

El problema existe. Lo novedoso es la forma en que la Intendencia pretende resolverlo.

El denominado Plan Veredas aparece presentado como una intervención de mejora urbana sobre avenidas y corredores principales de la ciudad. Y ahí es donde la discusión deja de ser doméstica para transformarse en otra cosa. Porque una vereda común no es lo mismo que un proyecto integral de diseño urbano.

Cuando la administración interviene modificando criterios estéticos, circulación, mobiliario, accesibilidad, iluminación o integración paisajística, ya no estamos frente al simple mantenimiento que históricamente recaía sobre el frentista. Estamos frente a una política urbana centralizada.

Y las políticas urbanas son responsabilidad del gobierno departamental.

La confusión entre ambos planos no parece casual. Mezclar mantenimiento con rediseño urbano le permite a la Intendencia moverse en una zona gris donde las obligaciones se diluyen y los costos terminan distribuyéndose de forma poco clara.

Porque mientras el vecino sigue obligado a reparar su vereda en buena parte de la ciudad, la administración impulsa un esquema de financiamiento extrapresupuestal para intervenir corredores estratégicos y avenidas principales.

La discusión entonces ya no es únicamente técnica. Es política.

No por casualidad, el debate reaparece en medio de la discusión sobre el fideicomiso y los nuevos mecanismos de endeudamiento que la Intendencia busca aprobar en la Junta Departamental. La necesidad de negociar votos para financiar intervenciones que deberían formar parte de la gestión urbana ordinaria vuelve a exponer un problema de fondo: la dificultad de distinguir entre mantenimiento básico, planificación urbana y obras de impacto político.

Montevideo vuelve a recurrir al endeudamiento para resolver problemas que forman parte de las obligaciones más básicas de cualquier administración urbana: calles, limpieza, saneamiento y espacio público. Y lo hace, además, en un contexto donde la propia Intendencia reconoce que varios de estos proyectos todavía requieren negociación política y mayorías especiales para avanzar.

Ahí aparece otra tensión difícil de ignorar.

Las avenidas que serán intervenidas coinciden, naturalmente, con las zonas de mayor exposición urbana. Son las que se recorren, se muestran y se fotografían. Mientras tanto, en gran parte de los barrios periféricos, el vecino seguirá enfrentando exactamente la misma realidad de siempre: veredas deterioradas cuya reparación continúa dependiendo de su bolsillo.

La ciudad visible recibe diseño. La ciudad cotidiana conserva la carga.

Y ese quizás sea el verdadero fondo del debate.

Porque una administración puede decidir transformar el espacio público, redefinir corredores urbanos y apostar a una nueva estética de ciudad. Lo que no debería hacer es presentar esas decisiones como si fueran simplemente mantenimiento vecinal financiado a medias entre deuda pública y obligaciones privadas.

Las veredas son parte de la movilidad. También de la convivencia urbana y de la igualdad territorial. Reducir la discusión a baldosas rotas es perder de vista algo bastante más importante: el modo en que una ciudad decide distribuir responsabilidades, recursos y prioridades.

Montevideo no necesita solamente nuevas veredas. Necesita una administración que tenga claro cuándo está gestionando mantenimiento y cuándo está haciendo política urbana.

Porque cuando la ciudad visible concentra los recursos y la ciudad cotidiana acumula la espera, el problema ya no es solamente urbano. Es de prioridades.

Por Susana Toricez

Quienes llegan desde países marcados por la persecución, el miedo o la falta de libertades terminan revelándonos algo que los uruguayos muchas veces damos por sentado: que vivir sin temor, opinar libremente y caminar con tranquilidad no es una rutina inevitable, sino una fortuna extraordinaria.

Nosotros, que nacimos con el derecho a quejarnos de la lluvia, del precio de la yerba o del gobierno de turno como quien comenta el clima, a veces nos olvidamos de los colores de nuestra vida.

Caminamos por la rambla dando por sentado que el horizonte es un espacio abierto y no un muro. Sin prisa porque siempre va a estar ahí. Nadie nos va a impedir recorrerla cada vez que tengamos ganas.

Y entonces llegan ellos. Vienen con los ojos todavía sin esperanza, trayendo en la maleta un silencio que pesa más que la ropa.

Al principio, uno los mira desde la orilla de nuestra calma y de nuestra “llovizna” emocional.

Les ofrecemos un mate, casi por inercia, y es ahí, en el gesto de compartir, donde empieza la verdadera lección.

El inmigrante que viene de la asfixia no habla de política; habla de la libertad como si fuera un trozo de pan recién horneado.

Te mira a la cara cuando decís una opinión prohibida en su tierra y ves cómo se tensa, esperando un golpe que aquí no llega.

De ellos aprendemos que la libertad no es una estatua de bronce ni un feriado en el calendario: es el milagro de caminar sin mirar por encima del hombro ni temer al minuto siguiente.

Nos enseñan a leer lo que tenemos. Donde nosotros vemos un trámite lento, ellos ven una institución que funciona sin pedirle el alma a cambio. Donde nosotros vemos un vecino gritón, ellos ven a alguien que tiene voz.

Donde nosotros vemos un mercado con fruta fresca, ellos ven el mismísimo Paraíso.

Al final, lo que un uruguayo aprende es a mirarse en el espejo de ese inmigrante, para reconocer su propia fortuna.

Nos devuelven la capacidad de asombro.

Nos enseñan que la democracia sabe a café compartido en una mesa, sin miedo a que el café sea la última cena.

Aprendemos, básicamente, que lo que para nosotros es un simple paisaje, para ellos es el cielo entero.

Y que el aire, cuando se puede respirar hondo, es la única riqueza que realmente importa y debe valorarse.

La valiosa consigna debería ser siempre: LA LIBERTAD.

La misma libertad de la que disfrutamos los uruguayos y que es la gloria misma para la mayoría de los inmigrantes.

Aprendamos de ellos.

Mientras millones de cubanos sobreviven entre apagones, hambre y hospitales colapsados, el conglomerado militar GAESA concentra buena parte de la riqueza de la isla bajo control de la élite del Partido Comunista y las Fuerzas Armadas. La nueva ofensiva de sanciones de Estados Unidos vuelve a poner bajo la lupa a la estructura económica más opaca y poderosa de la dictadura cubana.

Mientras millones de cubanos sobreviven entre apagones, escasez de alimentos y hospitales sin insumos básicos, una estructura empresarial opaca vinculada a las Fuerzas Armadas y al aparato del Partido Comunista concentra buena parte de la riqueza de la isla. Su nombre es GAESA: Grupo de Administración Empresarial S.A. Un conglomerado militar convertido en el verdadero corazón económico de la dictadura cubana.

Lejos de la retórica revolucionaria sobre igualdad y sacrificio colectivo, GAESA funciona como una maquinaria de acumulación de poder y dinero para la élite gobernante, administrando hoteles, bancos, puertos, tiendas, remesas, inmobiliarias, aerolíneas y empresas financieras. Distintos análisis estiman que controla alrededor del 40% de la economía cubana.

La paradoja es brutal: mientras el régimen invoca el “bloqueo” estadounidense —en puridad un embargo parcial— para justificar la crisis humanitaria, una cúpula político-militar vive de un sistema empresarial privilegiado, hermético y prácticamente inmune a cualquier control ciudadano.

Un Estado dentro del Estado

GAESA fue creado por Raúl Castro durante el llamado “Período Especial”, tras la caída de la Unión Soviética. La idea original era garantizar recursos propios a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Con el tiempo, sin embargo, el conglomerado se transformó en algo mucho más ambicioso: un Estado paralelo con capacidad financiera autónoma.

La organización llegó a estar dirigida por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro y uno de los hombres más poderosos del régimen hasta su muerte en 2022. Desde entonces, la estructura siguió expandiendo su influencia bajo control militar.

GAESA controla el grupo turístico Gaviota —el gigante hotelero de la isla—, cadenas comerciales, bancos, empresas inmobiliarias y las tiendas en moneda extranjera donde los cubanos deben pagar productos básicos a precios exorbitantes. También maneja buena parte de las remesas enviadas por familiares desde el exterior.

En otras palabras: la misma dictadura que condena el capitalismo ha construido una oligarquía militar que monopoliza las divisas y los sectores rentables de la economía.

Hoteles de lujo en un país que se derrumba

Uno de los aspectos más obscenos del modelo GAESA es la obsesión del régimen con la construcción hotelera incluso en medio del colapso social.

Mientras los cubanos padecen cortes de electricidad de hasta 20 horas, falta de medicamentos y deterioro alimentario, el gobierno continúa invirtiendo millones en hoteles de lujo administrados por el conglomerado militar.

El símbolo de esa desconexión entre la élite y la población es la gigantesca torre K23 en La Habana, un proyecto turístico impulsado por GAESA que se levanta sobre una capital cada vez más deteriorada. Para muchos cubanos, la imagen resume el cinismo del régimen: rascacielos para turistas extranjeros mientras los ciudadanos comunes hacen filas interminables para conseguir pan o antibióticos.

La estructura además opera con niveles de secretismo impropios incluso para estándares autoritarios. Diversos informes sostienen que GAESA evade mecanismos normales de auditoría estatal y administra recursos fuera del presupuesto público.

La nueva ofensiva de Washington

En las últimas semanas, la administración de Donald Trump endureció significativamente las sanciones contra el conglomerado militar cubano.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció nuevas medidas dirigidas específicamente contra GAESA y contra empresas asociadas al aparato económico-militar de la isla.

El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que los ingresos generados por GAESA “no benefician al pueblo cubano”, sino a la cúpula del régimen y sus mecanismos de represión.

Las sanciones buscan dificultar el acceso del conglomerado a inversiones, financiamiento y operaciones internacionales. Entre las consecuencias inmediatas apareció la decisión de la canadiense Sherritt International de retirarse de una empresa mixta vinculada al níquel cubano tras décadas de actividad en la isla.
Washington considera que atacar a GAESA equivale a golpear el verdadero centro de gravedad económico de la dictadura.

La revolución de los privilegiados

El discurso oficial cubano sigue presentando al régimen como defensor de los humildes frente al imperialismo. Pero la realidad económica muestra otra cosa: una nomenklatura militar y partidaria que controla dólares, turismo, importaciones y negocios estratégicos mientras la población se hunde en la precariedad.

El modelo GAESA expone la transformación del castrismo en un capitalismo oligárquico administrado por uniformados y burócratas del Partido Comunista. No existe libre mercado para los ciudadanos comunes, pero sí privilegios empresariales gigantescos para la élite gobernante.

En Cuba, el ciudadano no puede crear riqueza libremente, pero los generales sí pueden administrar hoteles cinco estrellas, bancos y conglomerados multimillonarios.

El resultado está a la vista: emigración masiva, infraestructura colapsada, hospitales sin recursos, salarios pulverizados y una población cada vez más desesperada. Mientras tanto, la casta gobernante continúa aferrada a un sistema que concentra poder económico y político en las mismas manos.

GAESA no es una anomalía del régimen cubano. Es su esencia. Un aparato militar-empresarial que convirtió la revolución en un negocio privado sostenido sobre la pobreza de todo un pueblo.

La disputa entre Patricia Bullrich y el núcleo duro de Javier Milei expuso la mayor fractura interna del oficialismo desde su llegada al poder. El conflicto por el caso Adorni revela tensiones acumuladas entre el “mileísmo puro” y los sectores aliados, en un contexto donde el relato anti-casta empieza a chocar con las primeras acusaciones de corrupción y las disputas por el control político del espacio libertario.

La tensión que atraviesa al gobierno de Javier Milei dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en una disputa abierta por el poder dentro del universo libertario. El conflicto entre Patricia Bullrich y el núcleo duro que integran el Presidente y su hermana Karina Milei revela algo más profundo que una pelea coyuntural por el caso de Manuel Adorni: expone el agotamiento de la lógica verticalista que había permitido mantener cohesionada a una coalición heterogénea, armada alrededor del liderazgo personal de Milei.

La controversia se disparó a partir de las denuncias contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y gastos incompatibles con sus ingresos declarados. El jefe de Gabinete quedó bajo fuerte presión política y judicial luego de que trascendieran viajes de lujo, propiedades y gastos difíciles de justificar.

En ese contexto, Bullrich rompió el silencio y reclamó públicamente explicaciones patrimoniales de Adorni, una actitud interpretada dentro del oficialismo como un desafío directo al blindaje político construido por Milei alrededor de uno de sus funcionarios más cercanos. La reacción presidencial fue inmediata: el mandatario ratificó a Adorni y denunció una operación política y mediática contra su gobierno.

Pero el episodio dejó al descubierto una fractura más profunda. Desde hace meses coexistían dentro del oficialismo dos almas diferentes: por un lado, el círculo íntimo de los Milei, construido sobre la lealtad absoluta y el control político centralizado; por otro, los sectores provenientes del PRO y del bullrichismo, que aceptaron integrarse al gobierno bajo la promesa de participar de un proyecto político más amplio y profesionalizado.

La actual crisis parece marcar el momento en que esas tensiones acumuladas comenzaron a desbordarse.

El problema del “mileísmo puro”

El esquema de poder construido por Karina Milei fue eficaz mientras el gobierno mantuvo iniciativa política y respaldo social relativamente estable. La secretaria general consolidó una estructura cerrada, basada en dirigentes propios, operadores de extrema confianza y figuras mediáticas alineadas con el discurso libertario más duro.

Sin embargo, esa lógica comenzó a generar resistencias entre aliados que nunca terminaron de integrarse plenamente al núcleo libertario original. Bullrich representa precisamente ese problema: es una dirigente con volumen político propio, experiencia de gestión y capacidad para disputar autoridad interna.

La hoy senadora había aceptado un papel subordinado dentro del gobierno, pero la crisis Adorni pareció activar un mecanismo de autopreservación política. Su distanciamiento del jefe de Gabinete no sólo busca despegarse de un eventual escándalo de corrupción; también implica un mensaje hacia el interior del oficialismo: el blindaje absoluto de los Milei tiene límites.

En otras palabras, Bullrich intenta marcar que el costo político de una crisis ética no puede recaer sobre todo el espacio mientras el círculo presidencial se niega siquiera a admitir cuestionamientos.

El desgaste del relato anti-casta

El caso resulta particularmente delicado porque golpea el corazón simbólico del proyecto libertario. Milei llegó al poder denunciando privilegios, corrupción y enriquecimiento de la dirigencia tradicional. Por eso las acusaciones contra Adorni tienen un impacto político mucho más corrosivo que el que tendría un escándalo similar en gobiernos anteriores.

El problema para el oficialismo no es sólo judicial. Es narrativo.

La defensa cerrada de Adorni por parte del Presidente comenzó a erosionar uno de los pilares centrales del mileísmo: la idea de superioridad moral frente a “la casta”. La contradicción entre el discurso anticorrupción y la protección política de funcionarios cuestionados empieza a generar tensiones incluso dentro de sectores oficialistas.

Bullrich parece haber leído antes que otros ese riesgo político.

Una coalición sin mecanismos de arbitraje

La crisis también exhibe un problema estructural del oficialismo: la ausencia de mecanismos institucionales para procesar diferencias internas.

La Libertad Avanza nació como un movimiento construido alrededor de la figura personal de Milei, no como un partido consolidado con reglas claras de convivencia. Mientras el Presidente mantuvo altos niveles de centralidad política, esa debilidad permaneció disimulada. Pero ante el primer conflicto serio entre sectores de poder, el oficialismo mostró dificultades para contener la disputa.

No existen liderazgos intermedios capaces de arbitrar. Tampoco hay estructuras partidarias sólidas que ordenen la discusión. Todo termina dependiendo de la voluntad presidencial y del peso creciente de Karina Milei como administradora política del espacio.
Eso vuelve cada conflicto potencialmente explosivo.

El riesgo de fragmentación

La situación todavía no implica una ruptura formal, pero sí marca un cambio de etapa. El oficialismo ya no aparece como un bloque compacto sino como una alianza sometida a tensiones cruzadas, recelos personales y disputas por supervivencia política.

Bullrich parece haber decidido que no está dispuesta a hundirse junto a un eventual escándalo del entorno presidencial. Los Milei, en cambio, interpretan cualquier cuestionamiento interno como un acto de deslealtad.

Ese choque de lógicas puede terminar redefiniendo el futuro del espacio libertario.

Hasta ahora, Milei había logrado disciplinar a sus aliados mediante una combinación de popularidad, centralidad mediática y control político. Pero las crisis económicas, las investigaciones judiciales y el desgaste de gestión comienzan a alterar ese equilibrio.

Y cuando un proyecto político construido alrededor de una conducción personalista empieza a mostrar fisuras internas, el problema rara vez se limita a una pelea entre dirigentes: lo que entra en crisis es el propio mecanismo de autoridad sobre el que se sostenía todo el sistema.

La orden de captura contra Evo Morales por un caso de presunta trata de personas y estupro coloca al exmandatario ante una contradicción difícil de sostener: mientras denuncia persecución judicial y exige garantías, continúa negándose a comparecer ante los tribunales que deben juzgarlo.


La situación judicial del expresidente boliviano Evo Morales ingresó en una fase crítica. La Justicia de Bolivia lo declaró en rebeldía, ratificó una orden de captura y dispuso medidas cautelares luego de que no compareciera ante un tribunal de Tarija para responder en un proceso por presunta trata agravada de personas vinculada a una menor de edad.


El núcleo de la acusación es particularmente grave. Según la Fiscalía boliviana, Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años durante su presidencia y habría tenido una hija con ella. La investigación sostiene además que existió una estructura de favores políticos y económicos hacia la familia de la menor, lo que llevó a encuadrar el caso bajo delitos de trata de personas y estupro. La Fiscalía afirma contar con más de 170 elementos probatorios para sostener la acusación.


Morales rechaza las imputaciones y denuncia una supuesta persecución política y judicial —el ya habitual argumento del “lawfare” latinoamericano— impulsada, según él, para destruirlo política y moralmente.


Pero incluso admitiendo que toda persona tiene derecho a un juicio imparcial, garantías procesales y defensa adecuada, existe un punto central que resulta imposible ignorar: quien reclama justicia imparcial debe, antes que nada, someterse a la Justicia.


Morales no compareció. No fue una ausencia aislada. Ya había evitado presentarse a otras citaciones judiciales en 2024 y 2025, alegando defectos en las notificaciones y falta de garantías. El problema es que esa estrategia termina erosionando el propio discurso de victimización política. Si el proceso es arbitrario, debe demostrarlo dentro del expediente, frente a los jueces y mediante recursos legales. Lo contrario transmite la impresión de alguien que busca discutir la legitimidad de la causa desde la barricada política antes que desde el estrado judicial.


El cuadro se vuelve todavía más delicado por el contexto en el que Morales permanece refugiado: el Chapare cocalero, su bastión político y sindical, protegido por grupos de seguidores que desde hace meses impiden cualquier intento efectivo de captura. Esa imagen —la de un exmandatario resguardado por estructuras militantes para evitar comparecer ante tribunales— representa un deterioro institucional severo para Bolivia.


Durante años, Morales construyó buena parte de su legitimidad internacional como símbolo de reivindicación indígena y ascenso popular. Fue el primer presidente indígena de Bolivia y uno de los líderes más influyentes de la izquierda latinoamericana del siglo XXI. Pero su trayectoria política quedó progresivamente marcada por una creciente concentración personalista del poder, por la negativa a aceptar límites institucionales y por una relación conflictiva con las reglas democráticas, especialmente después de intentar perpetuarse en el poder pese al resultado adverso del referéndum constitucional de 2016.


Ahora, el caso judicial profundiza esa deriva. El problema ya no es únicamente penal. También es político y moral.


Porque incluso quienes consideran plausible que existan motivaciones políticas detrás del proceso deberían exigirle a Morales exactamente lo mismo que se exige a cualquier ciudadano: presentarse ante la Justicia, responder preguntas, ofrecer pruebas y defenderse en derecho.


La gravedad de los delitos investigados vuelve todavía menos aceptable la estrategia de atrincheramiento político. En causas de esta naturaleza no alcanza con denunciar conspiraciones o invocar persecuciones. Hace falta comparecer.


Además, el caso refleja la fractura interna del ex oficialismo boliviano y de la propia izquierda del país. El expediente fue inicialmente archivado durante la etapa de cercanía política entre Morales y el entonces presidente Luis Arce, pero volvió a activarse cuando la guerra interna dentro del Movimiento al Socialismo se volvió irreversible. Eso alimenta sospechas de utilización política de la Justicia, pero también revela algo más incómodo para Morales: que parte del aparato que antes lo protegía ya no está dispuesto a hacerlo.


Los sectores enfrentados a Morales aprovecharán inevitablemente el caso para presentar al exmandatario como símbolo de impunidad y degradación institucional. El desafío también alcanza a la izquierda regional, que durante años reaccionó con reflejo corporativo ante cualquier investigación judicial contra líderes afines. Defender garantías procesales no implica blindar conductas potencialmente delictivas ni justificar la desobediencia ante resoluciones judiciales.


En una democracia seria, las denuncias deben probarse. Pero también en una democracia seria, nadie debería colocarse por encima de los tribunales. Y menos aún un expresidente que todavía pretende seguir condicionando la política de su país desde fuera de las instituciones.
 

La rebelión interna en el Laborismo contra Keir Starmer amenaza con sumir nuevamente al Reino Unido en el caos político que durante años desgastó a los conservadores. Tras una derrota histórica en las elecciones locales y el avance de Nigel Farage, el laborismo enfrenta divisiones crecientes, presiones para forzar la dimisión del primer ministro y un clima de incertidumbre que ya repercute en la economía británica.

El primer ministro británico, Keir Starmer, atraviesa la mayor crisis política desde que llevó al Partido Laborista de regreso al poder en 2024. Lo que hace menos de dos años parecía la restauración de la estabilidad tras el desgaste conservador se transformó, en cuestión de semanas, en una rebelión interna que amenaza con desfondar al gobierno y abrir un nuevo ciclo de incertidumbre en el Reino Unido.

La magnitud del problema ya no se mide solo en encuestas adversas o derrotas locales. Más de 70 diputados laboristas exigen la salida de Starmer y varias figuras del gabinete le han pedido que prepare una “transición ordenada”. El líder laborista, sin embargo, se niega a dimitir y sostiene que seguirá en el cargo mientras no se active formalmente el mecanismo interno para desafiar su liderazgo.

La escena recuerda inevitablemente a los años finales de los gobiernos conservadores, cuando las conspiraciones internas, las renuncias en cadena y las luchas facciosas terminaron por devorar a figuras como Boris Johnson y Liz Truss. La ironía es brutal: Starmer llegó al poder prometiendo precisamente el fin de ese desorden.

El derrumbe electoral

El detonante inmediato de la crisis fueron las elecciones municipales y autonómicas celebradas en Inglaterra, Escocia y Gales. Los resultados fueron catastróficos para el laborismo. El partido perdió más de 1.400 concejales y sufrió retrocesos históricos en territorios considerados bastiones propios.

Pero el dato más alarmante para Downing Street fue el avance de Nigel Farage y su partido Reform UK, que capitalizaron el malestar social y el desencanto con los partidos tradicionales. Reform pasó de ser una fuerza marginal a conquistar cientos de concejalías y ganar presencia en zonas obreras que históricamente votaban laborista.

La irrupción de Farage golpea especialmente a Starmer porque expone una contradicción central de su proyecto político. Durante años, el líder laborista intentó reposicionar al partido hacia el centro, alejándolo del izquierdismo asociado a Jeremy Corbyn y priorizando la moderación fiscal, la disciplina económica y una imagen de pragmatismo institucional. Sin embargo, ese movimiento terminó alienando simultáneamente a dos sectores: parte de la izquierda tradicional del laborismo y muchos votantes obreros que migraron hacia el discurso nacional-populista de Reform UK.

Una rebelión que ya llegó al gabinete

El deterioro dejó de ser una discusión parlamentaria para transformarse en una crisis de gobierno. La renuncia de la vicesecretaria Miatta Fahnbulleh fue el primer gesto visible de ruptura interna, pero no el único. Ministras relevantes como las titulares de Interior y Exteriores habrían transmitido que Starmer debe considerar su salida.

La rebelión tiene además una dimensión ideológica. Parte de los diputados acusa a Starmer de haber construido un gobierno tecnocrático, sin narrativa política clara y excesivamente obsesionado con la ortodoxia fiscal. Otros sostienen exactamente lo contrario: temen que, para sobrevivir, el primer ministro gire ahora hacia políticas más intervencionistas y mayor gasto público.

Ese nerviosismo ya empezó a sentirse en los mercados financieros. Los bonos británicos a 30 años alcanzaron rendimientos máximos desde 1998, mientras inversores y analistas observan con preocupación la posibilidad de un cambio de rumbo económico dentro del laborismo.

El recuerdo de la crisis financiera provocada por el efímero gobierno de Truss sigue demasiado fresco en Londres como para subestimar el efecto de la inestabilidad política sobre la economía británica.

El problema de fondo: un país agotado

La crisis de Starmer también refleja algo más profundo: el agotamiento estructural del Reino Unido tras una década marcada por el Brexit, la inflación, la crisis del costo de vida y la sucesión permanente de primeros ministros.

El laborismo ganó las elecciones generales de 2024 con una mayoría aplastante, pero muchos analistas sostienen que aquella victoria fue menos una adhesión entusiasta a Starmer que un voto castigo contra catorce años de gobiernos conservadores.

Ahora, con el desgaste acelerado del gobierno laborista, el sistema político británico vuelve a fragmentarse. Los conservadores no lograron recuperarse plenamente de su implosión, el laborismo aparece dividido y Reform UK crece como vehículo del enojo antisistema.

La consecuencia es un escenario cada vez más parecido al de otras democracias europeas donde los partidos tradicionales pierden capacidad de contención y emergen fuerzas populistas que canalizan el descontento social.

¿Quién puede reemplazar a Starmer?

La discusión sucesoria ya comenzó, aunque el liderazgo todavía no esté formalmente vacante. Entre los nombres que circulan aparecen el ministro de Salud, Wes Streeting; la viceprimera ministra, Angela Rayner; el alcalde de Manchester, Andy Burnham; e incluso el exlíder laborista Ed Miliband.

Pero ninguno representa una salida sencilla. El laborismo enfrenta el mismo dilema que destruyó a los conservadores: cómo reconciliar a un partido dividido entre moderados, izquierda tradicional y sectores que reclaman endurecer el discurso sobre inmigración, identidad nacional y seguridad.

Mientras tanto, Starmer insiste en resistir. “No estoy preparado para marcharme”, habría transmitido a sus diputados. El problema es que, en la política británica reciente, la supervivencia de un primer ministro dejó de depender exclusivamente de las urnas y pasó a depender, sobre todo, de cuánto tiempo su propio partido está dispuesto a tolerar su debilidad.