Un documental culturalmente valioso, pero estropeado por fallas que muestran la falta de filtros académicos y simbólicos indispensables en un material histórico.

El reciente documental producido por Presidencia para conmemorar el Bicentenario, “25 de agosto de 1825”, reúne investigaciones de historiadores de Brasil y Argentina, combina lenguaje técnico e histórico con relatos anecdóticos y visualmente es impecable. Esa pluralidad de fuentes y un acabado visual destacado son innegables logros.

Sin embargo, la pieza carece de controles de calidad rigurosos previos al lanzamiento. Esto quedó al descubierto cuando el historiador Gerardo Caetano —una de sus voces centrales— afirmó erróneamente que Fructuoso Rivera “estaba del otro lado, adhiriendo a las fuerzas de Lecor” el 25 de agosto. Un lapsus en un relato que debería haber sido intachable. El reconocimiento del error por parte de Caetano, así como la corrección posterior del audiovisual, son loables, pero evidencian que este error jamás debería haber llegado al corte final.

Otro documental recrea la histórica sesión del 25 de agosto de 1825 a través de inteligencia artificial —una apuesta tecnológica valiente— pero despoja al presbítero Juan Francisco Larrobla de su atuendo clerical. A pesar de que el webcast basado en una pintura atribuida a Eduardo Amézaga lo muestra con sotana, en la versión IA el cura aparece sin ella. Esta omisión no es un detalle menor: Larrobla fue presidente de la Asamblea de Florida, una sesión clave para la independencia, y su representación simbólica como cura es históricamente medular. El cardenal Daniel Sturla lamentó esta descontextualización histórica que deja fuera el rol central de la Iglesia Católica en esa época.

Esto plantea una pregunta crucial: ¿basta con un equipo de publicistas talentosos para producir un contenido histórico serio? La respuesta es no. Hacer historia audiovisual exige algo más que estética y diversidad de fuentes: requiere rigurosidad en la verificación de datos, precisión simbólica y filtros editoriales estrictos. El documental recoge material valioso, pero su credibilidad queda comprometida ante errores que una buena planificación debería haber evitado.

Por Julio María Sanguinetti

Historia y política: cómo el Partido Colorado se forjó en la defensa de la libertad y la República.

Mucho se ha hablado de los partidos fundacionales, en estos días de celebraciones patrias, que durarán los cinco años que van desde 1825 hasta la Jura de la Constitución de la República en 1830 y la primera presidencia de Fructuoso Rivera. No es malo ni extraño hacerlo, porque su presencia es muy temprana en la configuración de nuestro Estado, y de sus definiciones y luchas nacerá nuestra República.

El artiguismo, en ese periplo que va desde 1811 hasta su aplastante derrota en 1820, dejó —sin embargo— un legado fundamental en el espíritu de quienes en su tiempo le siguieron: Rivera, Lavalleja, Estanislao López, Francisco Ramírez, más allá de los desencuentros que entre ellos tuvieron. Por eso no es posible pensar en el impulso federal argentino sin él, ni en Uruguay hablar de su republicanismo sin evocar nuestras Instrucciones del Año XIII, primer gran código institucional.

En nuestro caso, el Partido Colorado es el partido de Fructuoso Rivera; con él nace y se perfila, se definirá ideológicamente en el período de La Defensa y se transformará luego en un partido indisolublemente ligado al Estado democrático, que alcanzará en el siglo XX, con Batlle y Ordóñez, el apogeo de su reformismo. Este período, de tan profundos cambios, solo fue posible dentro de un Partido Colorado ya definido como liberal, laico, policlasista, de inclinación social, visión universalista y un humanismo filosófico que lo separará nítidamente del Partido Nacional.

Yendo a sus raíces, sobre las que el jueves pasado hablamos con Ana Ribeiro en nuestra Casa del Partido, las rastreamos en el Rivera artiguista. Allí se van produciendo las diferencias que afirman, de un lado y otro, una idea, un sentimiento.

En 1817 se vive un momento muy difícil, por la influencia porteña, que alienta la invasión portuguesa. Sarratea primero, Pueyrredón después, serán los que prefieran el dominio extranjero a la expansión de un artiguismo para ellos anárquico. Los ganaderos y comerciantes venían ya declinando en su apoyo, se sentían despojados, fatigados por el expolio de la guerra. Por eso los Oribe y Bauzá, contemplativos con Buenos Aires, chocan con Artigas y pactan con Lecor su salida del territorio oriental al frente de sus fuerzas de infantería y artillería.

Había también algo personal: un cierto resentimiento a la preferencia que Artigas le había conferido a Rivera y también el rechazo a una actitud en que seguía fielmente a Artigas: su permanente rechazo a la hegemonía porteña.

En 1820 se vive otro gran encadenamiento de la historia. Artigas está completamente derrotado. Lo han vencido los portugueses y su viejo aliado entrerriano, Francisco Ramírez, con el que se enfrenta en un triste final. Se marcha a Paraguay. Lavalleja, Bernabé, Otorgués, estaban presos en la Isla das Cobras. Solo quedaba él con un poder “quimérico”, como dice Lecor. Pero pacta un armisticio porque sabe que solo de ese modo tendrá una campaña pacificada. Rivera arranca compromisos: mantener su fuerza armada, preservar a los poseedores de la tierra y liberar a los jefes presos. Se “trata de sacar partido de nuestra misma esclavitud para, en tiempo oportuno, darle al país la libertad perdida”. En medio del naufragio trata de salvar lo posible, para “proteger a sus paisanos en desgracia”. Hizo lo que hace un real líder: defiende a su gente y mantiene vivas las posibilidades del retorno porque queda la fuerza oriental. Es la ética de la responsabilidad de Max Weber en su mayor expresión. Ella acompañará para siempre al partido, que nunca se irá detrás de sueños ilusorios sino que siempre estará al servicio de “lo posible” en la defensa de sus ideales.

En esos años, protegiendo a su gente, la popularidad de Rivera se erige en verdadero liderazgo nacional. Ya hay un jefe y algo más que una facción: un partido que tiene claros sus objetivos. Pasa a encarnar lo que Óscar Padrón Favre, en feliz definición, llama “el artiguismo posible”.

Vendrán luego los acontecimientos de la Cruzada Libertadora de Lavalleja, a la que aporta su viabilidad. Sin él, como en 1823 se había demostrado, no hay posibilidad. En Rincón deja a pie a los brasileños. En Sarandí comanda el ala izquierda junto a Lavalleja en el centro. Allí, conforme a la declaratoria del 25 de agosto de 1825, volvemos a las Provincias Unidas. Buenos Aires solo acepta nuestro retorno después de Sarandí, y allí forma lo que llamó el “Ejército Nacional” cuando el Imperio declaró la guerra. Volvemos a lo mismo: quitar autonomía militar a los orientales y ahí Rivera es defenestrado nuevamente.

Después de Ituzaingó, al que siguió un empate de posiciones, reaparece en 1828 de modo fulgurante. La campaña de las Misiones es una operación más política que militar, que define la independencia. Lucas Obes, años después, dirá que allí nació el Partido. Se convence al mediador británico y al Emperador de que no hay otro camino que la independencia de la Provincia Cisplatina. Y así se organiza un gobierno provisorio y hay una elección, en que Rivera se impone largamente a un Lavalleja resentido hasta casi el final de su vida. Por eso se levantará en armas en 1832 y luego dos veces más, siempre con apoyos de afuera, especialmente de Rosas, que no reconocía la independencia de Bolivia y Paraguay y acariciaba una revancha en la vieja Provincia Oriental hoy devenida república independiente. Había llegado al poder en 1829, cuando ya Dorrego había aceptado la independencia.

Rivera, presidente, apoya a Oribe para sucederlo. Éste le quita el cargo militar que él mismo había votado y, alejándose de la ley y de la lealtad a los compromisos, lo reimplanta con su hermano al frente. Rivera se subleva, finalmente le vence y Oribe es instrumentado por Rosas para desatar la llamada Guerra Grande, el mayor episodio del siglo XIX, el más definitorio. Como dice Barrán: “la lucha entre unitarios y colorados coaligados contra federales y blancos era, entonces, una guerra ideológica”. Los jóvenes liberales montevideanos y porteños, junto a Garibaldi, se sentían defensores de “la Ilustración”, del universalismo republicano frente al retroceso simbolizado en la tiranía rosista. Los nueve años del sitio le dan a la Defensa un aura romántica, con el símbolo de Joaquín Suárez entregando su fortuna a la causa de la libertad. Los sitiadores se considerarán “americanistas” por su oposición a las intervenciones europeas; los sitiados, liberales y republicanos, por impedir el retorno al absolutismo y a una suerte de nacionalismo feudal comandado por la Provincia de Buenos Aires que gobernaba el tirano. Eduardo Acevedo sentencia: “La Defensa de Montevideo salvó la civilización del Río de la Plata contra la barbarie militar de Rosas”. A su vez, Luis Alberto de Herrera dirá: “Fue un gran error del presidente Oribe asociarse a la situación sombría presidida por Rosas y comprometer sus positivas glorias, convirtiéndose en instrumento de aquel tirano”.

Ya estaban definidas entonces las raíces coloradas, más allá de las divisas que ostentaron en 1836 los combatientes de Carpintería. Contradiciendo interpretaciones clasistas muy a la moda, el Uruguay se forjó con partidos abiertos, policlasistas, de raíz popular. No fue una oligarquía sustitutiva de la virreinal, como pasó en el resto de América, y las raíces coloradas son bien claras.

La independencia se la afirma de todos, tanto de brasileños como de porteños. Confederación como Artigas, sí, pero jamás gobierno de Buenos Aires. La libertad política, la libertad de prensa de propios y extranjeros, la laicidad republicana, las tierras para sus poseedores, el humanismo filosófico, la protección de los más débiles, el patriotismo como sentimiento y no el nacionalismo resistente a las ideas de progreso que vienen de afuera, el Estado democrático como centro de la organización de la sociedad.

En esa matriz colorada más tarde se instaurará el Batllismo, impensable en otro partido que no fuera el de Garibaldi, Rivera y Joaquín Suárez. Son las raíces.

¿Plan de gobierno o carta a Papá Noel? Vallcorba reconoce que el programa frenteamplista es “impagable”.

Durante la campaña electoral, el Frente Amplio recorrió el país prometiendo un ambicioso programa de gobierno: más presupuesto para educación, vivienda, ciencia y seguridad. Sin embargo, en la interna frenteamplista ya reconocen lo que muchos advertían: esas promesas eran simplemente imposibles de cumplir.

Según informó el semanario Búsqueda ayer jueves 28, el propio subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, lo admitió sin rodeos durante un acto partidario. Consultado por un militante en el comité de base Vanguardia, en el Buceo, Vallcorba fue categórico: “El programa es impagable, es imposible de pagar. No se puede hacer”.

En su intervención, Vallcorba no dejó lugar a dudas: “Cuando se votó el programa del congreso, ya sabíamos que si pensábamos que era para un período de gobierno, estábamos razonando mal. No había chance. Nadie podría pensar que eso se podía hacer”.

La sinceridad del jerarca desnuda una contradicción brutal: mientras pedían el voto ofreciendo un plan que incluía miles de millones adicionales en diversas áreas, ya sabían que no había forma de financiarlo. El propio subsecretario calculó que cumplir con el documento del Congreso requeriría “cinco o seis puntos del PIB”, una cifra sideral que excede cualquier margen fiscal posible.

Incluso Vallcorba alertó sobre la peligrosa lógica del “la plata tiene que salir de algún lado”, advirtiendo que ese camino ha llevado a “las peores experiencias de izquierda en América Latina, con los peores resultados”. Una frase lapidaria que debería encender todas las alarmas sobre el nivel de responsabilidad con el que el Frente Amplio elabora sus programas.

En definitiva, lo que Búsqueda reveló confirma algo incómodo pero sabido: el Frente Amplio prometió lo que sabía que no podía cumplir. Si la honestidad se mide en la distancia entre el discurso electoral y la realidad económica, esta admisión deja claro que las promesas frenteamplistas no fueron otra cosa que un ejercicio de marketing político.

Una mirada profunda a la identidad colorada y su aporte a la nación.

En la tarde-noche de ayer, jueves 28, se llevó a cabo en la Casa del Partido Colorado una actividad académica titulada “Las raíces coloradas”, con la participación del Dr. Julio María Sanguinetti y la profesora Ana Ribeiro.

El evento, organizado por el grupo Encuentro con Rivera junto con las Prosecretarías de Cultura y de Acervo Histórico del Partido Colorado, tuvo como eje el repaso de los grandes hitos históricos que dieron origen al Partido Colorado y el papel que este desempeñó en el Uruguay, desde la gesta artiguista hasta el surgimiento del batllismo.

En la ocasión estuvieron presentes la exvicepresidenta Beatriz Argimón, el exvicepresidente Luis Hierro, el excanciller Didier Opertti, el exsubsecretario de Vivienda Tabaré Hackenbruch, varios diputados y las señoras Mercedes Menafra de Batlle y Graciela Rompani de Pacheco Areco, entre otros.

En la pesca, el poder no está en el gobierno: está en el muelle.

La pesca uruguaya vuelve a ser rehén de prácticas sindicales que creíamos desterradas. Esta vez, 14 tripulantes decidieron frenar la salida de dos barcos costeros, aun después de cobrar un feriado que por convenio podía abonarse en cinco días. ¿El argumento? Una vieja costumbre que dicta que, tras un pago, hay que esperar 24 horas para zarpar. Una norma no escrita, una “tradición” sindical que no figura en ningún convenio y que solo sirve para demostrar poder en los muelles.

Lo más grave no es solo la insubordinación de un puñado de marineros —que serán sancionados—, sino la evidencia de una dirigencia sindical que sigue imponiendo su ley por encima de la legalidad y del derecho al trabajo. Los trabajadores firmaron un acta con una posdata que debería alarmar a cualquiera: “Nosotros queremos trabajar”. Esa frase desnuda la perversión del sistema: la cúpula sindical decide, los trabajadores obedecen y pagan el costo.

¿Y el Ministerio de Trabajo? Bien, gracias. El ministro Juan Castillo, más preocupado por mantener la paz con sus viejos camaradas que por hacer cumplir la ley, brilla por su ausencia. No hay mediación firme, no hay señales de autoridad. En su lugar, hay silencio. Y en ese silencio, el sindicalismo radical avanza.

Si esta es la “nueva pesca” que prometieron —orden, legalidad y libertad de contratación—, entonces alguien olvidó explicárselo al ministro. Porque hoy se está jugando quién es el verdadero patrón del mar: los empresarios que invierten y los capitanes de los barcos o es un sindicato que se cree dueño de los muelles y que opera con total impunidad ante un gobierno que, una vez más, elige no gobernar.

La iniciativa que buscaba modernizar la asistencia escolar reavivó el debate sobre privacidad y educación.

En medio de una fuerte discusión sobre prioridades educativas, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) decidió suspender la implementación del sistema de reconocimiento facial para controlar la asistencia en el liceo José Luis Invernizzi de Piriápolis, Maldonado. La medida, que iba a comenzar el 1º de septiembre como parte de un plan piloto, desató una ola de críticas desde la comunidad educativa, el sindicato docente y representantes políticos.

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, confirmó que las cámaras instaladas en el centro serán desmanteladas y que el piloto continuará solo con las otras dos alternativas previstas: registro mediante la conexión al WiFi del liceo y una aplicación móvil por proximidad.

Caggiani admitió que el reconocimiento facial era la opción “más polémica” y que incluso a él “no le resultaba cómoda”. La decisión se tomó luego de reuniones con docentes y familias, quienes cuestionaron la falta de información, la ausencia de debate pedagógico y las implicancias legales y éticas del uso de datos biométricos en menores.

Las críticas se multiplicaron. Fenapes advirtió que implementarlo sería “expulsivo” y amenazó con un paro con ocupación, mientras que especialistas en privacidad recordaron que la Ley 18.331 exige consentimiento expreso y evaluación de impacto antes de tratar datos biométricos. Legisladores como Robert Silva y Rodrigo Goñi calificaron la iniciativa como “desproporcionada” y “un disparate que mezcla vigilancia masiva y afectación de libertades”.

Aunque ANEP defendió que el objetivo del plan es agilizar el registro de asistencias y reducir trabajo administrativo, el debate dejó en evidencia la tensión entre innovación tecnológica y derechos fundamentales. El episodio plantea una pregunta de fondo: ¿hacia dónde debe orientarse la modernización educativa? ¿Hacia la vigilancia o hacia la construcción de vínculos y políticas de inclusión?

Por ahora, la educación pública uruguaya da un paso atrás en el uso del reconocimiento facial, pero el debate sobre tecnología, privacidad y pedagogía sigue abierto.

Un artífice del Uruguay global: legado y memoria de Pérez del Castillo.

Para el próximo jueves estábamos convocados a la presentación del libro “Huellas en el camino”, de Carlos Pérez del Castillo, figura brillante de nuestra diplomacia. Quiso el destino que, a la inversa, tuviéramos que despedirlo el martes pasado, porque si bien arrastraba una enfermedad larga, su lucidez no hacía pensar en un desenlace tan rápido. Así son los misterios de la vida, en este caso una vida plena, que luce apasionante en ese libro en el que lo técnico se alterna con lo político y lo histórico con lo anecdótico.

Es una narración de alguien que protagonizó medio siglo largo de actividad internacional, comenzada como técnico en la UNCTAD, que había fundado Prebisch en 1964, luego de marcar, desde la CEPAL, el gran debate del llamado desarrollismo. Carlos acompaña ese tiempo con una equilibrada mirada crítica y luego, en 1985, se incorpora a la Cancillería uruguaya como embajador.

Dejaba entonces una posición ya consolidada en Naciones Unidas para sumarse a los riesgos de nuestra transición institucional. Fue un notable miembro del equipo que lideraron primero Enrique Iglesias y luego Luis Barrios Tassano. Carlos fue uno de los hacedores de la reunión del GATT que en 1986 lanzó la Ronda Uruguay, luego fundador del llamado Grupo CAIRNS de defensa del comercio agrícola, y formó parte de las delicadas negociaciones que condujeron a nuestro reconocimiento diplomático de China y la consiguiente expansión comercial que le siguió.

Ocupó luego la Secretaría General del SELA y desde allí se impulsaron fórmulas para superar la famosa crisis de la deuda externa, que había llevado a enormes tormentas en México y Perú. Fue el gran momento del SELA, del diálogo latinoamericano, luego tergiversado ideológicamente y desvanecido en su influencia.

En 1995 volvimos a la presidencia y nuevamente Carlos, ahora como activo subsecretario de Relaciones Exteriores, siguió colaborando, especialmente en los temas de inserción internacional del país, que fueron la gran motivación de su vida diplomática. Me importa mucho subrayar, justamente, su constante vocación de servir al país desde el Estado. Siempre estuvo pronto para esa labor que sentía y cumplía con brillo. Sus años en el exterior parecían profundizar en él su sentido de pertenencia a nuestra República.

Pasó luego al sector privado, cuando nuevamente convocado, entonces por el canciller Nin Novoa del Frente Amplio, retornó al servicio público y volcó su experiencia y capacidad representando al país ante la Unión Europea.

En lo técnico, deja un legado. Sus últimos documentos marcan un derrotero para nuestro país en el mundo, con una visión pluralista que, desgraciadamente, hoy está en eclipse. La batalla por la libertad de comercio que sentíamos ganada, dados sus incuestionables resultados, vuelve a darse, cuando la mayor potencia del mundo retorna a un arcaico proteccionismo.

En los años que trabajamos juntos generamos una amistad. Me honra con ella a través del recuerdo de momentos importantes de nuestra vida internacional que evoca con un entusiasmo que, en lo personal, emociona. Inteligente, sereno, afable, de buen humor, daba gusto viajar con él en misiones internacionales como proyectar políticas desde el Estado. Él también las disfrutaba, y así surge de la atractiva narración que es su libro. Lo tituló “Huellas en el camino” y bien que le cabe, porque sus huellas quedan. Una vida plenamente cumplida. Un gran ciudadano. Un gran diplomático.

J. M. S.

La seguridad pública exige equilibrio, responsabilidad y prudencia. Ninguna de estas virtudes se advirtió en la conducta del jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, cuya permanencia en el cargo se había tornado insostenible, no ya por aspectos legales, sino por un motivo más elemental: la falta de mesura y el agravio político directo hacia uno de los principales partidos del país.

Lo que comenzó como una polémica por su presencia en una actividad de la Departamental del Frente Amplio de Río Negro escaló rápidamente a un escándalo nacional. Solé decidió abandonar toda reserva y lanzó cuestionamientos al Partido Nacional con expresiones impropias de quien ostenta una jerarquía policial. No se trató de simples opiniones: acusó a los blancos de “mentir al Parlamento” en el caso Marset, los vinculó con la destrucción de documentos en Torre Ejecutiva y remató con afirmaciones despectivas como que “se robaron la mitad de Artigas” o que “se metieron 30 ediles en Salto Grande”.

¿Puede un jefe policial actuar como un militante político? ¿Puede agraviar a un partido que, al igual que el suyo, forma parte del sistema democrático y de los diálogos institucionales? La respuesta es obvia: no. Pero Solé pareció olvidar que su cargo no es para polemizar ni para ajustar cuentas políticas, sino para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, sin banderas.

Estas expresiones resultaban todavía más graves en el contexto actual: el Ministerio del Interior impulsa un diálogo nacional por la seguridad, que requiere confianza, respeto y equilibrio entre todas las partes. ¿Qué credibilidad puede tener ese ámbito si un jerarca del propio sistema policial ataca públicamente a un partido político? No hay diálogo posible cuando la autoridad encargada de la seguridad degrada su rol y se coloca en el barro de la disputa partidaria.

Ante esta situación, el ministro del Interior, Carlos Negro, actuó con la firmeza y la sensibilidad institucional que el momento requería. No se dejó llevar por presiones inmediatas ni por el cálculo político: evaluó, escuchó y tomó una decisión clara y necesaria. El cese de Sergio Solé fue un mensaje contundente en defensa de la neutralidad policial, la ecuanimidad democrática y la credibilidad del diálogo nacional por la seguridad.

Que Solé estuviera jubilado y reingresado como cargo de confianza no lo eximía de su deber de imparcialidad. Su investidura exigía un comportamiento irreprochable, y lo que demostró en sus declaraciones fue exactamente lo contrario: un jefe policial convertido en actor político, incapaz de dar garantías a buena parte de la ciudadanía.

El Partido Nacional había advertido que esto no era compatible con el llamado al diálogo. Y tenía razón. La credibilidad del proceso estaba en juego. No se trataba de un reclamo partidario, sino de la salud institucional de la República. Un jefe policial que se dedica a agraviar públicamente a una colectividad política cruza una línea que el país no puede permitirse.

Por eso, la determinación del ministro Negro merece reconocimiento. Su decisión no solo evitó que la situación siguiera erosionando la confianza, sino que reafirmó un principio esencial: en Uruguay, la Policía no es instrumento de lucha partidaria, sino garante de la convivencia democrática. En tiempos de tensiones, ese gesto de responsabilidad es una señal que fortalece la institucionalidad y el respeto republicano.

La industria pisa el freno: menos inversión, más dudas y un gobierno que debe corregir rumbos.

Los industriales acaban de marcar un rumbo que debería encender todas las alarmas: en 2026, su inversión será casi la mitad que la de este año. Tal lo que refleja la última Encuesta Anual de Inversión Industrial [https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2024/11/Informe-Encuesta-Anual-Inversion-Industrial-2024.pdf] elaborada por la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias (CIU).

No es un capricho ni una jugada especulativa; es la consecuencia directa de un entorno cada vez más hostil para producir. Los costos internos siguen asfixiando, la competitividad brilla por su ausencia y las reformas estructurales siguen esperando en un cajón. A esto se suma un factor que el gobierno parece minimizar: la creciente conflictividad laboral. Cada paro, cada bloqueo y cada mesa de negociación convertida en ring, erosiona la confianza para planificar a largo plazo. Invertir en este clima es, para muchos, un salto al vacío.

Mientras las autoridades insisten en cifras macro que suenan bien en conferencia de prensa, el sector real toma decisiones que duelen: postergar proyectos, recortar gastos, y ahora, reducir la inversión en un 43%. Si el país no ofrece previsibilidad y condiciones competitivas, el capital se inmoviliza o se va. Y cuando eso pasa, los discursos sobre desarrollo y empleo se convierten en palabras huecas.

El mensaje es claro: sin un cambio profundo en políticas productivas, laborales y fiscales, 2026 no será solo un año con menos inversión; será el espejo de una estrategia económica que no supo escuchar a tiempo.

Quien desprecia la bandera, desprecia la nación que lo cobija: no es pedagogía, es demolición cultural.

Por Elena Grauert

La abstención que manda la Constitución en el artículo 77, numeral 4º, es quizás una norma que marca un límite al mandato de “ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político”, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años. Esta sanción, aplicada por la Corte Electoral, alcanza a jueces, miembros de órganos de control, directores de entes autónomos y servicios descentralizados, así como a militares y policías en actividad, quienes tienen la obligación de abstenerse de realizar proselitismo político.

Su objetivo histórico fue preservar la neutralidad institucional y evitar que quienes ejercen funciones de especial confianza comprometan la imparcialidad del Estado en la lucha partidaria. La independencia de los jueces, la neutralidad de la fuerza pública y la gestión técnica de los entes estatales eran bienes a tutelar por el sistema democrático.
Su interpretación es un límite a la libertad política, y por tanto debe ser estricta y clara. No puede extenderse más allá de lo que literalmente prohíbe. Así, el profesor Correa Freitas ha sostenido que el elenco de conductas vedadas es cerrado: integrar comisiones políticas, firmar manifiestos, prestar el nombre y, en general, ejecutar actos inequívocamente proselitistas.

El tema planteado en el caso Alfonso Lereté es: ¿Cuándo nace la incompatibilidad?

El informe jurídico solicitado por el Frente Amplio concluyó que el solo hecho de estar designado como director de la ANV ya colocaba a Alfonso Lereté bajo el régimen del artículo 77.4, invalidando cualquier declaración política posterior a la venia del Senado.

Discrepamos absolutamente con tal posición, porque la inhabilitación para realizar actos proselitistas o hacer política recién puede nacer cuando efectivamente se ejerce la función de especial confianza, no antes. Este criterio coincide con la doctrina cuando se hace una interpretación garantista.

Prohibir declaraciones a un ciudadano que aún no ejerce el cargo, so pena de destitución e inhabilitación —o, mejor dicho, de no asunción del cargo—, implica una interpretación laxa que no condice con el requerimiento taxativo y restringido que debe regir cuando se afecta la libertad de expresión. Más aún cuando sus expresiones no afectan el futuro cargo, ya que no son actividades proselitistas en relación con el mismo.

El concepto de “acto político”: ¿toda declaración crítica a un gobierno configura infracción constitucional? ¿O solo aquellas con clara vinculación partidaria y finalidad proselitista?

Si aceptamos que una mera entrevista periodística basta para aplicar el artículo 77, abrimos la puerta a que la norma se convierta en una mordaza preventiva más que en una garantía contra el proselitismo ejercido desde las instituciones. Llevada al extremo, esta interpretación impediría que un director opositor criticara actos de gobierno, porque sería considerado un acto político. Así, la garantía de neutralidad se desnaturalizaría para transformarse en un instrumento de censura política, más aún cuando ni siquiera se ha asumido el cargo.

La actitud del partido de gobierno se asemeja más a una respuesta política de revancha por las denuncias efectuadas por la oposición en casos como el del presidente de ASSE, que incumple lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 18.161 y en el 200 de la Constitución, que prohíbe realizar actividades que directa o indirectamente se relacionen con el organismo que dirigen. O el caso evidente de Colonización, donde no se puede ser colono y, a la vez, dirigir el organismo que debe regular. Ambos son casos claros de inhabilitación, porque no se puede ser “juez y parte”, lo que tiene un fundamento sólido.

Debe tenerse presente que en el caso de Alfonso Lereté ni siquiera está cumpliendo funciones en el organismo, y se pretende aplicar un artículo sin que haya iniciado su actividad, sancionándolo por una opinión pública.

El artículo 77 nació para garantizar la imparcialidad del Estado, no para ser utilizado como herramienta de revancha. Su interpretación debe equilibrar la finalidad protectora con los principios de libertad y proporcionalidad. De lo contrario, la prohibición deja de ser una garantía de neutralidad y se desvía hacia fines que no son los perseguidos. Hay que ser cuidadosos con este tipo de exigencias o controles, sobre todo cuando en realidad se pretende sancionar a alguien por ejercer su libertad de expresión: un derecho que constituye el núcleo duro de las libertades fundamentales en una democracia.

En conclusión: el artículo 77.4 no puede convertirse en un atajo para la censura ni en un arma política coyuntural. Su sentido originario es resguardar la independencia institucional. Usarlo para descalificar opiniones de designados aún no investidos supone una lectura expansiva e inconstitucionalmente peligrosa. El derecho debe defender la democracia, no sofocarla.

Por Tomás Laguna

La elevada e histórica conflictividad laboral en la pesca y en la industria láctea solo se explica por relaciones enfermizas, incubadas a lo largo de muchos años. Antes de que se extrapolen a otros rubros de la actividad industrial, es bueno consignar que hay ejemplos de formas proactivas de relacionarse entre sindicatos y empleadores.

Resulta insólito cómo, desde la Presidencia de la República, se les ha enmendado la plana a sendos ministros que no logran cumplir con las responsabilidades jerárquicas que el cargo exige. En un primer caso, tras el anuncio del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de restricciones a la exportación de ganado en pie, luego de la inmediata intervención del Ministro de Economía y Finanzas cuestionando la decisión, el propio Presidente de la República decidió desplazar de las pretendidas autorizaciones al mismo ministerio cuyo secretario de Estado a cargo había determinado la medida. En otros tiempos, y con otras jerarquías en las personas involucradas, un ministro desautorizado renunciaba.

Un segundo caso de similar referencia: tras un prolongado conflicto de casi tres meses en la pesca, en el cual un radicalizado y combativo sindicato paralizó la actividad en momentos de inicio de zafra, con pérdidas millonarias de por medio y reclamos vía Cancillería de España, país de origen de capitales invertidos en nuestra industria pesquera, el Ministro de Trabajo debió ser relegado de las negociaciones por el Presidente de la República y el secretario de Presidencia. Finalmente, la intervención de estos fue clave, no para solucionar el conflicto, pero sí para destrabar la situación que impedía a los barcos hacerse a la mar. Una vez más, un secretario de Estado que no responde a la jerarquía que el cargo impone.

Son dos secretarios de Estado de este gobierno: uno del MPP, el otro del Partido Comunista. Uno incubado bajo el ala del expresidente Mujica, el otro del cerno más militante del comunismo uruguayo. Ambos ajenos a la responsabilidad jerárquica que el cargo les impone para actuar frente a la conflictividad laboral en la pesca y la industria láctea.

Por estos días ha resurgido el protagonismo del ministro de Trabajo, quien, con cierta expresión de “yo no fui”, anuncia la intención de promover nuevas instancias de negociación entre las partes en conflicto, sin entender que, en cualquiera de los casos, las posiciones son históricamente irreconciliables. Son ya muchos años de pésimo relacionamiento entre sindicatos y empresas en ambos rubros, pesca y lácteos. Bajo estas circunstancias, la responsabilidad mayor del Poder Ejecutivo debería orientarse a cómo reencauzar un vínculo desde sus orígenes enfermizo. Relación que, en definitiva, no sirve a nadie: ni a obreros ni a empresarios, en tanto todos estos sean personas de “buena voluntad”. Condición esta última de la cual los más radicalizados carecen.

Hay ejemplos referenciales que nos indican que es posible alcanzar relaciones “sanas” entre sindicatos y empleadores. El dinámico sector citrícola logró superar instancias de duros conflictos; basta recordar los bloqueos que, en su momento, mediante piquetes, los sindicalistas armaban a las plantas de packing. En los últimos años, el sector fue capaz de evolucionar, logrando una transformación positiva: ganó en competitividad mediante la incorporación de tecnología tanto en la producción como a nivel industrial, alcanzando un reconocimiento internacional por la calidad de la producción ofrecida al mundo.

Tuvo un rol invalorable el INIA en lo que tiene que ver con la tecnología a nivel de campo, además de la incorporación de equipamiento importado de última generación para la industria. En esta se ha logrado automatizar procesos que antes eran estrictamente manuales; la nueva mano de obra ocupada exige una calificación que antes no era requerida. Todo el rubro se beneficia hoy de una tangible evolución, aun cuando son muchos los desafíos pendientes que impiden descansarse en los logros alcanzados.

En ese escenario de dinámica actividad del agronegocio citrícola, aún condicionado por diversos riesgos por resolver, se está dando inicio al Consejo de Salarios del rubro en una relación equilibrada entre empresas y sindicatos. El punto clave es que la actividad hoy no está dinamitada por irracionales conflictos laborales. En todo caso, deberá preocuparse por aspectos sanitarios muy específicos y delicados a nivel de campo, de temas logísticos siempre complejos en nuestro país al momento de exportar y, finalmente, de los elevados costos para producir, que son una constante que afecta horizontalmente a toda nuestra producción.

En definitiva, el rubro se consolida en tanto enfrenta los temas reales de producir en Uruguay, sin necesidad de agotarse en una conflictividad laboral desquiciada que sabotea una y otra vez a la producción nacional. Productores, obreros y funcionarios, cadena de proveedores y servicios a la producción y el comercio son los directamente beneficiados. Por encima de todo, la economía de nuestro país.

¿Será tan difícil alcanzarlo en la pesca y la industria láctea?

Por Laura Méndez

¿Qué policía queremos? Uruguay reactiva la estrategia de proximidad con memoria y nuevos desafíos.

Montevideo vuelve a poner en agenda la idea de una policía al lado de la gente. El Ministerio del Interior lanzó la segunda etapa de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP), que se desplegará en las 25 seccionales de la capital y se ampliará al área metropolitana antes de fin de año. La primera fase ya se aplicaba en el interior, con oficinas dedicadas a la prevención y el análisis delictivo.

No es la primera vez que Uruguay apuesta por este camino: poner a la policía cerca, con método, medir resultados y sostener en el tiempo. La seguridad no se decreta; se gestiona con evidencia, cercanía y rendición de cuentas.

A comienzos de los años 2000, el país ejecutó el Programa de Seguridad Ciudadana (UR-O 118), financiado por el BID y apoyado por el PNUD, con un presupuesto superior a USD 17 millones. Entre 1998 y 2004 se instalaron observatorios, se fortalecieron las comisarías y, con apoyo organizativo de la OEA, se realizaron simposios internacionales en Montevideo que marcaron época. Uno de ellos estuvo focalizado en la capital y el área metropolitana, con acciones de fortalecimiento institucional, capacitación policial en prevención comunitaria y acercamiento con la sociedad civil.

En esos encuentros participaron expertos de Chile, Colombia y Estados Unidos, que trabajaron durante varios días en talleres junto a autoridades locales. Allí, el colombiano Rafael Nieto Loaiza advirtió: “Nuestras sociedades se han esforzado en centrar los problemas de seguridad ciudadana en la Policía, y esos problemas trascienden a la Policía, que es solo un componente —muy importante, por supuesto— de lo que debe ser una estrategia de Estado en materia de seguridad ciudadana. Esta estrategia tiene que centrarse en distintas facetas: educación, salud, condiciones socioeconómicas, apertura política, participación ciudadana, drogas, accidentalidad vehicular, administración pública y Policía. Todas son facetas de la seguridad ciudadana; la Policía es una muy importante, pero solamente una de ellas. (…) Si nuestras policías se siguen viendo como una necesidad que hay que tolerar por parte de los ciudadanos, como un mal menor y no como un instrumento útil del servicio público, que debe ser valorado y apreciado socialmente, no tendrán los incentivos suficientes para cumplir cabalmente con su tarea de proporcionar seguridad a los ciudadanos”.

En el marco de esa exposición, Nieto Loaiza —abogado con formación en socioeconomía, derecho constitucional, internacional y derechos humanos— dejó una frase que resuena hasta hoy: “¿Qué clase de policía queremos? ¿Qué clase de policía necesita nuestra sociedad?”.

En esta segunda etapa, ya en 2025, Montevideo vuelve a probar con la policía comunitaria, pero esta vez con datos en la mano y memoria en el archivo. Los resultados dependen menos de eslóganes y más de continuidad, gestión y cercanía real con la gente. Si la Policía logra ser esa institución que escucha, previene y da respuestas, entonces la seguridad ciudadana dejará de ser promesa para transformarse en presencia cotidiana.

Cuando decimos “memoria en el archivo”, vale hurgar en el timeline histórico de la policía cercana, de proximidad o comunitaria en nuestro país:

• Años 1960-1990: se implementaron las garitas en plazas y esquinas en cruces estratégicos, donde los policías eran el punto de referencia inmediato para los vecinos: visibles, accesibles y con fuerte presencia simbólica.
• 1998-2004: gobiernos de Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle desarrollaron el primer Programa de Seguridad Ciudadana (UR-O 118, BID-PNUD) con el objetivo de fortalecer la prevención, el análisis del delito y la cercanía policial, creando observatorios, modernizando comisarías y organizando capacitaciones.
• 2005-2010: bajo el gobierno de Tabaré Vázquez se fortalecieron los Observatorios de Seguridad Ciudadana, creados en la etapa BID, y se implementaron herramientas de diagnóstico local. Se pusieron en marcha experiencias piloto en barrios de Montevideo y Canelones con “policías barriales” en contacto directo con comisiones vecinales.
• 2010-2015: en el mandato de José Mujica se comenzó a hablar de proximidad policial con mayor claridad, con planes de presencia territorial en zonas críticas, aunque más cercanos al patrullaje focalizado que al modelo comunitario clásico. En 2012, con Eduardo Bonomi como ministro, se diseñaron los lineamientos que luego darían lugar al PADO (Patrullaje de Alta Dedicación Operativa), lanzado oficialmente en 2015.
• 2015-2019: se continuó con el PADO y con un modelo de saturación focalizada en áreas críticas, con impacto medido en delitos callejeros.
• 2019-2021: se activó el piloto Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP), aplicado en tres zonas críticas de Montevideo.
• 2020-2025: la orientación del Ministerio del Interior, bajo Luis Alberto Heber y luego Nicolás Martinelli, se centró más en PADO y vigilancia tecnológica (cámaras, reconocimiento facial, drones) que en proximidad comunitaria. Si bien el diseño del programa “Barrios sin Violencia”, inspirado en el modelo Cure Violence, comenzó en 2023-2024, aún bajo el gobierno Lacalle Pou, su lanzamiento efectivo en Montevideo se concretó en el segundo semestre de 2024, prácticamente en la transición hacia el nuevo período.
• Hoy: con Yamandú Orsi al mando, se activó la segunda fase de la PCOP en Montevideo y el área metropolitana como política central, junto al despliegue del programa Barrios sin Violencia.

Por Susana Toricez

El Palacio Salvo: un gigante que custodia nuestra identidad, más allá de las críticas y las modas.

Pormenorizado análisis de Carlos Pagni en La Nación sobre la última crisis política del gobierno de Milei.

Corrupción con rasgos crónicos; los cinco financiadores de la política; quién grabó a Spagnuolo; los Kovalivker y la casta; qué otros escándalos pueden aparecer; la caída de imagen del Gobierno ya antes de los audios.

La escena informativa está dominada por el escándalo de los audios de confesiones que, aparentemente, habría realizado Diego Spagnuolo, el exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Son grabaciones sin su consentimiento, donde se revela —si es que se termina de comprobar que es su voz y son sus palabras, algo él que no ha desmentido— una cantidad de irregularidades, vicios y miserias del Gobierno en materia de medicamentos. Es un tema que vuelve a la agenda periodística todo el tiempo ligado a cuestiones de corrupción, porque entramos con Spagnuolo, pero todavía no salimos del caso del fentanilo contaminado.

¿Cuál es el marco general en el que hay que leer estos episodios oscuros? La Argentina tiene un problema de corrupción con rasgos crónicos. Milei venía a terminar con una casta corrupta. Ahora hay indicios numerosos de que el Gobierno no puede zafar de este drama, queda atrapado en una lógica que lo excede y promueve todo un sistema que repite nombres, empresas y prácticas a lo largo de distintas administraciones. Muchos funcionarios son, en realidad, títeres de ese sistema.

El negocio de los medicamentos es uno de los cinco que alimentan la política, donde los dirigentes van a buscar financiamiento. Los otros cuatro son: el juego, la obra pública, la provisión de alimentos al sistema público y el régimen de Tierra del Fuego. Spagnuolo tocó uno de estos sistemas, que estalla no por un esfuerzo de regeneración por parte del Gobierno o porque haya una dirigencia política que quiera reformar la salud. Estalla por un accidente, un “cisne negro” que produce una fisura. Estos sucesos, que corren un velo y muestran un sótano, están ligados a operaciones de inteligencia.

El mundo de las droguerías es conocido tanto por la política como, sobre todo, por los sindicatos, que son los grandes prestadores de salud desde el gobierno de Juan Carlos Onganía. Hay varias droguerías que son importantes y ofician como una especie de mediadoras entre los grandes laboratorios y el sistema público. Una de esas droguerías es la Suizo Argentina, involucrada en este escándalo y que pertenece a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

¿Qué cuenta Spagnuolo que genera este escándalo? Habla de una cantidad de prácticas que habrá que ver si la Justicia, por medio del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, puede demostrar. El extitular de la Andis habla con varios abogados y les cuenta, con mucha confianza, las aberraciones del sistema en el que él está metido dentro de aquella agencia. Aparentemente, fue uno de los estudios de abogados quien lo grabó mientras decía que, cuando accedió al organismo, recibió a “Lule” Menem. Desde el comienzo del Gobierno hasta hoy, “Lule” es la mano derecha de Karina Milei. Es un miembro de la familia Menem, hijo de Mohamed Menem, que es a su vez primo de Carlos y Eduardo Menem, y de Fátima Menem, también prima. “Lule” no es un personaje desconocido en la política. Toda su vida transcurrió con bajo perfil. Pero era la persona de máxima confianza del senador Eduardo Menem durante su paso por el Senado.

Lo que alega Spagnuolo es que, durante ese encuentro, Menem le dijo que tenía que poner a determinados funcionarios a colaborar con él en la Andis y él se negó. Habrá que ver si es cierto o no. Se toma como un insumo informativo pero es algo que no está probado. Sin embargo, hay suficientes abogados, testigos de estos hechos, que cuentan, coincidentemente, el mismo relato.

Tras su reunión con “Lule” Menem, Spagnuolo cuenta a esos abogados que fue citado por Martín Menem en la Cámara de Diputados. Le habría dicho: “Acá está la droguería Suizo Argentina. Tendrías que contratarla porque va a ayudar”. El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que se consideraba amigo de Milei —de esos que Milei tiene desde que empezó a triunfar en política— y quien fue presentado ante el Presidente por José Luis Espert, acudió al mismo jefe de Estado luego de que tuviera lugar esta charla. Y le reclamó: “Vos me estás mandando a terminar con la corrupción en las contrataciones y a mí se me matan de risa. Están robando con esta actividad y desde esta área. Tanto tu hermana como ‘Lule’ Menem lo saben”.

Según Spagnuolo, cuando le dijo eso, Milei estalló de ira. Desde el Gobierno, por su parte, aseguran que esta reunión no se produjo. Y si ocurrió, que no se habló de este tema, que el Presidente jamás escuchó nada al respecto. Cristina Kirchner, desde su departamento, insiste en que “no importa si Milei sabía o no” y pide que apliquen con él la “doctrina Vialidad”. “Si yo estoy presa porque no podía no saber, Milei como Presidente no podía no saber. Es tan responsable como yo en Vialidad”, insiste.

Unos días después de la visita de Spagnuolo a Milei, el exfuncionario es citado al despacho de Karina Milei. Lo hace esperar un par de horas y lo recibe junto a “Lule” Menem. Allí le pidió: “No vuelvas a hablar con mi hermano. Lule soy yo. Hacé lo que te dice Lule”. Habría aparentemente en los teléfonos de Spagnuolo algunos mensajes de WhatsApp de la secretaria general de la Presidencia que corroborarían esta conversación.

Inmediatamente después aparecería designado Daniel Garbellini, el gerente clave que le habría puesto “Lule” Menem a Spagnuolo para gestionar el área de acuerdo con sus intereses. Cuando llegó esta situación, el extitular del Andis empezó a buscar abogados con inquietud. ¿Uno de esos abogados es Franco Bindi, el esposo de la diputada Marcela Pagano? Para esta época —abril de 2024— ¿Pagano ya se había peleado con el Gobierno o todavía eran amigos? ¿Puede ser que Pagano le haya recomendado a Spagnuolo hablar con su marido? ¿Lo grabaron ellos? Esta es la tesis principal que domina hoy al Gobierno: es una operación de Pagano y de su esposo, quienes guardaron las grabaciones y las hicieron estallar cuando en el Congreso se trata el veto de Milei a la emergencia en discapacidad.

Una vez que se conoce el escándalo. Pagano y otros dos diputados de La Libertad Avanza arman un bloque aparte. Sería una especie de operación de relojería, con mucho de submundo de inteligencia, para producir un daño letal en el oficialismo. Hay que recordar que Pagano tiene además un conflicto abierto con Martín Menem, que se empeñó —según Pagano y violando la reglamentación de la Cámara de Diputados— en que ella no sea designada presidenta de la Comisión de Juicio Político. Aparentemente, a algunos de estos abogados, que no es el esposo de Pagano, Spagnuolo les contó que de la plata que se repartía en coimas él recibía US$100.000 por mes.

Hubo una intervención en el sindicato de trabajadores rurales (Uatre), que está discutida en la Justicia. Aparecen también mensajes de WhatsApp vinculados a “Lule” Menem que, una vez concretada la intervención, habría dispuesto la contratación de la droguería Suizo Argentina.

¿Quiénes son los Kovalivker? Se trata de viejos actores en el sistema de droguerías, con mucho juego político y, aparentemente, con un modus operandi que rige hace mucho tiempo en materia de corrupción: a Daniel Garbellini, quien ingresa a la Andis por una imposición de “Lule” Menem, en realidad lo habría puesto Jonathan Kovalivker. Es interesante pensar que hay funcionarios que dependen del patrón y que traen el negocio, que reportan a un empresario para la corrupción que se lleva adelante en el área. Cuando Milei habla de “la casta” se refiere a esto.

El juego político de los hermanos Kovalivker reside en que, supuestamente, financiaron muchos proyectos políticos en los últimos años. Entre ellos, el de Milei. Hay una versión dentro del Pro que sugiere que Kovalivker le habría puesto al ahora Presidente US$2.000.000 para la fiscalización durante el balotaje en contra de Sergio Massa. Habrá que preguntarle algún día a Mauricio Macri, un gran colaborador de Milei durante la campaña. Tal vez esto pueda explicar que el líder del Pro, en su fuero íntimo, esté enojado por el tratamiento que Milei y su grupo le dieron después de esa colaboración.

Junto a estos episodios, empiezan a proliferar también “leyendas urbanas”. Dicen que van a aparecer videos, como uno de “Lule” Menem andando en una Ferrari de Kovalivker por Nordelta. Pueden ser fantasías. O no.

¿Qué se va a encontrar en todos estos celulares que ha incautado la Justicia? Se habla de muchas derivaciones. ¿Qué pasa con las contrataciones de Suizo Argentina en delegaciones del Pami del interior?¿Es verdad que el gestor de esas contrataciones de la droguería Suizo Argentina en delegaciones del PAMI en el interior es Santiago Viola? Es un abogado, hijo de una abogada muy controvertida —Claudia Balbín—, que es el apoderado de LLA. Viola está tan ligado a Karina Milei como Lule Menem. Aparentemente se le atribuye ser el gestor de esta misma droguería en delegaciones de PAMI del interior. Si fuera así, la historia estaría haciendo alguna picardía.

Viola está ligado al negocio de la salud porque en su momento, a comienzos del gobierno de Macri, el juez Canicoba Corral lo designó como interventor del sindicato y la Obra Social de Marítimos. Ahí, aparentemente, ya había mucho vínculo entre Viola y las droguerías. Pero hay otra razón por la que interesa su nombre en este contexto: fue procesado por haber armado una patraña, una burda operación de inteligencia para demostrar que la causa Báez estaba siendo manipulada por Cristina Kirchner en combinación con el juez Casanello e inventaron una reunión falsa entre ellos tres en Olivos. Eso fue a la Justicia —lo llevó Casanello—, la Cámara Federal procesó a Viola, con el voto en disidencia del juez Mariano Llorens. Eso llegó a la Casación y el juez Mariano Borinsky lo perdonó, en contra del voto de la mayoría.

Viola le hizo un gran daño a Casanello, quien tendrá que hacer un esfuerzo de objetividad tremendo, aunque creo que lo va a poder hacer porque es un juez muy correcto, si es que Viola aparece en este entramado que tiene que ver con negocios con las droguerías. Hoy alguien que conoce muy bien el tema Justicia y droguerías me dijo que varios jueces y fiscales tiraron sus celulares al río este fin de semana por los mensajes que esconden. Esa misma persona me preguntó: “¿Es verdad que los Lijo [Ariel y Freddy] son socios de Kovalivker, el dueño de la droguería Suizo Argentina?”.

Todo este episodio que tiene que ver con la presunción de corrupción en el gobierno de Milei obliga a mirar de otra manera retroactivamente el esfuerzo del Gobierno por designar a un juez como Lijo en la Corte. Uno empieza a pensar que fue un error y no sabían quién era o que lo sabían.

Hubo un peligro hoy para el Gobierno: los abogados a los que consultó Spagnuolo este fin de semana afirman que él quiere presentarse en la causa como arrepentido. Como colaborador de la Justicia que, a cambio de una reducción de la pena y posiblemente a cambio de que le dejen algo de la plata acumulada, daría información que involucre a otra gente del Gobierno y de las empresas contratadas. Hay un detalle, que a lo mejor no dice nada pero quizás tiene un sentido: el hermano de Spagnuolo, Alberto, en su momento tuvo una relación muy estrecha con Sergio Massa por la defensa de algunos casos de crímenes que ocurrieron en Tigre. Massa se acercó a las familias de las víctimas, una de las cuales tenía como abogado a Alberto Spagnuolo. ¿Hay un puente entre ambos? Sería interesante.

El primer efecto que esto tiene sobre el Gobierno es una pregunta que hoy carcome a la Casa Rosada. ¿La SIDE sabía de los audios? Mauro Federico, el periodista que los ventiló, dijo algo que fue puesto bajo una lupa en el Gobierno: “Santiago Caputo sabía de estos audios y los dejó pasar”. Dentro del Gobierno, gente muy cercana a Milei, afirma que Sergio Neiffert, secretario de Inteligencia del Estado, sabía de esto. ¿Por qué no previnieron o encendieron una alarma? ¿Es una picardía en contra de los Menem y, eventualmente, contra Karina Milei? Es una pregunta que se están haciendo al lado de Milei.

Hay otro detalle: cuando uno mira las cuentas de X, los tuiteros de El Mago del Kremlin dicen que ponen las manos en el fuego por Javier Milei. Por nadie más. Acá hay todo un juego de decodificación política respecto a quién pone las manos en el fuego por quién. Así se dirimen internas en este momento.

Si miramos a Milei en su discurso en la inauguración del edificio de Corporación América, es notorio cómo destaca la figura de Guillermo Francos. Es una señal que posiblemente anticipe el futuro. Dijo que es el mejor jefe de Gabinete de la historia y dejó la impresión, casi como una expresión de deseo, que el Gobierno debería resetearse apoyándose más en el estilo de Francos que en una política muy desarticulada, improvisada y carcomida por internas. Daría la impresión de que Milei se está aferrando a un mástil en esta relación, para una navegación turbulenta como la que está llevando el Gobierno hace un tiempo. Porque viene en una seguidilla de problemas, tras los fracasos en el Congreso.

Este es un problema serio porque compromete a la hermana del Presidente y sabemos que la relación entre ellos es simbiótica. Es probablemente la única persona en la que Milei confía. Y está involucrada en dos escándalos: $LIBRA y este de la droguería. El problema es que no hay fusible, Milei no se puede desprender de su hermana. Entonces posiblemente tenga que pensar en una especie de reseteo del gabinete o, por lo menos, de su equipo inmediato.

Este jueves, el Presidente va a ir al almuerzo del Cicyp, una organización de empresarios que preside Bettina Bulgheroni, muy amiga de Karina Milei. Va a ser interesante ver qué lugar ocupa la hermana del Presidente ahí porque hay una especie de rescate de su figura. El escándalo desatado por Spagnuolo pega en el corazón del equipo político —Karina Milei y su colaborador, Lule Menem— pero también pega en el relato. Acá hay un puente entre dos temas del relato de Milei, por más que él no hace una conexión aunque sea evidente. La corrupción es un atentado contra el equilibrio fiscal, porque induce a un exceso de gasto. En términos del Presidente, los peores degenerados fiscales son los corruptos.

En Corporación América, Milei hablaba muy enfáticamente de los degenerados fiscales y le pasó por el costado el tema de la corrupción. Como si eso no tuviera que ver con el fisco. Tiene todo que ver porque en esos audios, que son corroborados por funcionarios de gobiernos anteriores, se corrobora que se pasó en coimas del 5% al 8%. Esto quiere decir que también hubo coimas en el gobierno de Alberto Fernández en materia de medicamentos para discapacitados.

Hay una nota muy interesante del diario LA NACION que explica que Suizo Argentina incrementó sus contratos con el Estado en el gobierno de Milei de 3900 millones a 108 mil millones de pesos. 3900 millones fue lo que el Estado le pagó a la droguería Suizo Argentina el año pasado y 108.000 millones es lo que se le ha pagado hasta ahora. Habrá que ver cuánto más cobra hasta fin de año. Es un aumento de más del 2600%.

¿Y por qué se incrementó así el gasto? ¿Por qué esta degeneración fiscal en un sistema donde además está distorsionado todo el padrón de discapacitados, que pasó de 100.000 a 1 millón, como si hubiera habido una guerra? Porque hay que otorgar más contratos, porque hay que pagar más coima. Los dueños de Suizo Argentina no van a sacar la coima de su bolsillo, sino que incrementan el gasto público. Es decir, hay una relación directa entre corrupción y política fiscal.

Esto demuestra que hay una continuidad dentro del Estado en materia de corrupción, y que el Gobierno va a tener que aplicar una política muy contundente para recuperar credibilidad en este campo. Para que no se piense que son lo mismo, o incluso que son peores. Este es el problema central de esta política. Y es gravísimo porque el mandato que recibió Milei era recomponer el vínculo de representación en una sociedad que estaba harta de la política y por eso lo votó. Por eso este drama de corrupción golpea en el corazón del relato oficial. Afecta una columna vertebral del Gobierno.

Según los cuadros de Casa 3, la consultora de Mora Jozami, que midió la sensibilidad frente al tema de la corrupción, en enero de 2024, el 8% de las consultas se referían a la corrupción. En julio de este año pasaron de ser 6% en mayo a 12%. Empieza a ser un tema prioritario y a inquietar más frente a otros temas que se retraen.

Este episodio encuentra al Gobierno en un momento delicado, antes de este escándalo de presuntas coimas. El jueves pasado a la noche se conoció uno de los dos índices que realiza la Universidad Di Tella, mediante investigaciones de la consultora Poliarquía: el Índice de Confianza del Consumidor, que entre julio y agosto cayó un 14%.

También se conoció el índice de confianza en el Gobierno que, medido de 0 a 5, dio 2,12, una caída respecto del mes anterior, en el que había subido. Ese índice cayó casi un 14%, igual que el índice de confianza del consumidor.

Hubo un fenomenal atractivo que generaba en términos de confianza cuando asumió y, ahora, una caída de 14 puntos. El informe que acompaña al gráfico dice que es el peor momento de Milei y que está 14 puntos por debajo de Macri en el mismo momento del año 2017. La comparación es interesante porque ambos estaban camino a las elecciones de medio término.

La Universidad Di Tella nos muestra los promedios del índice de confianza en el gobierno durante cada mandato: 2,49 Néstor Kirchner; 1,71 Cristina Kirchner en su primer mandato; 1,83 en el segundo; 2,27 Macri; 1,69 Alberto Fernández, el peor; y 2,48 Javier Milei, que está muy bien, al nivel de Néstor Kirchner, que encabeza la serie. Pero con una caída de 14 puntos respecto al mes anterior.

También interesa un dato más específico de este índice: las regiones. La Universidad Di Tella muestra las tendencias de junio, julio y agosto. En la ciudad de Buenos Aires, respecto de julio —el mes de la recuperación—, cae un 28%. En el Gran Buenos Aires, 1,68 puntos: una caída del 23,3%. Este dato interesa porque el 7 de septiembre son las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que se definen en el conurbano, donde reside el 65% del electorado. La tercera sección electoral tiene más de 5 millones de electores y la primera sección electoral más de 4 millones. Ahí es donde el Gobierno sufre esta caída.

En el interior siempre le va mejor a Milei. Pero son datos anteriores al escándalo de los audios presuntamente producidos ilegalmente, con la voz de Diego Spagnuolo.

Hay que hacerse una pregunta: ¿este episodio afecta al Gobierno en las elecciones? Tal vez no, y la caída de la inflación actúa como una especie de anestesia frente a cualquier indignación moral.

Si vamos a la época de Carlos Menem, los mayores escándalos —los negocios de Emir Yoma, las ocho denuncias firmadas por el embajador Terence Todman de Estados Unidos, por pedidos de coimas certificados con nombre y apellido, los guardapolvos de Eduardo Bauzá, los bonos solidarios de Rubén Cardozo—, pasaron casi inadvertidos. Fue reelecto con más votos de los que había conseguido al llegar. Ocurrió algo donde aparentemente no hay solo una correlación, sino una relación causal: Menem fue reelecto el 14 de mayo de 1995. Un mes después, en junio de ese año, las tapas de los diarios decían “18,6% de desocupación”. El clima político dio un giro copernicano, y todo lo que al Gobierno se le había perdonado antes, empezó a ser castigado.

Hay como una especie de pacto mafioso entre la sociedad y los gobiernos. Si dan prestaciones agradables —no buenas, agradables—, no se mira a la corrupción. Con el kirchnerismo pasó lo mismo.

El Gobierno está combatiendo la presunta corrida contra el peso a favor del dólar (que existió en julio), con una política muy recesiva, a la que el propio equipo económico se opone. La dispuso Milei. El Presidente, con criterio político, dice “las elecciones se pierden por las devaluaciones, no por la suba de tasas”. Hoy a una Pyme le cobran, por descontarle un cheque, 100% de tasa de interés. Si calculo que la inflación del año estará alrededor del 25%, es una tasa real del 75%. Se trata de una bomba atómica sobre la actividad. Por esa razón, muchos presumen que habrá un cambio importante después de las elecciones. Incluso se habla de modificaciones en el equipo económico, apostando por uno más productivista o con más sensibilidad frente a temas que no sean solamente financieros. Lo decidirá Milei en todo caso.

Contra el telón de fondo de un proceso recesivo, donde empieza a faltar el empleo y se destruye el tejido productivo, esto que hoy significa poco puede volverse letal. Este es el desafío que tiene Milei, quien conduce un gobierno muy desarticulado. Cuando uno habla con la gente del oficialismo, ve que cada uno está en su quinta cuidando su área, más que nada en salud. “Que le toque a otro. Por suerte Spagnuolo no habló de mí”, dicen aliviados. Hay un gran temor por lo que puede haber en los celulares, que se han vuelto radioactivos.

Todo esto es un panorama que empieza a generar una idea: el gobierno de Milei se tiene que resetear. No solo tiene que pensar el problema de la producción, a partir de esta política tan drástica en términos de vaciar de pesos la plaza para que no haya movimientos al dólar y no se produzca inflación. Tiene que pensarse a sí mismo de otra manera en materia de organización política. Tal vez el Presidente lo ve. Tal vez por eso le hizo un homenaje en Corporación América a Guillermo Francos.

Donald Trump volvió a cruzar una línea que ningún presidente había osado tocar en más de un siglo de historia institucional: intenta despedir a una gobernadora de la Reserva Federal (Fed), una medida sin precedentes que no solo pone en jaque la independencia del banco central, sino que amenaza la estabilidad económica y el equilibrio de poderes en Estados Unidos.

En un movimiento que recuerda más a un caudillo que a un presidente democrático, Trump anunció en su red social Truth Social la destitución “con efecto inmediato” de Lisa Cook, acusándola de fraude hipotecario. ¿Las pruebas? Una denuncia reciente hecha por un funcionario designado por el propio Trump, basada en supuestas declaraciones falsas sobre propiedades ocurridas antes de que Cook asumiera el cargo. Es decir: sin condena, sin proceso, sin derecho a defensa.

Cook, primera mujer negra en ocupar ese cargo, con títulos en Oxford y Harvard, respondió con firmeza: “No renunciaré”. La ley no le da a Trump el poder que cree tener. La Ley de la Reserva Federal establece que los gobernadores cumplen mandatos largos y solo pueden ser removidos “por causa”, entendida como mala conducta en el cargo, no antes de él. Además, se requiere un procedimiento formal, con pruebas y descargos. Nada de eso ocurrió.

El verdadero objetivo: controlar la política monetaria

Trump no oculta su intención. Quiere una Fed dócil que baje las tasas de interés para apuntalar su agenda política y el mercado inmobiliario. Lo dijo sin tapujos: “Una vez que tengamos la mayoría, la vivienda cambiará”. Lo que en otras palabras significa: usar al banco central como herramienta electoral, aunque cueste credibilidad y estabilidad a la economía.

La independencia de la Fed no es un capricho. Existe para que las decisiones sobre inflación, empleo y tasas no dependan del humor del presidente de turno. Cuando los políticos metieron mano en la historia, el resultado fue claro: inflación descontrolada, crisis y pérdida de confianza. Si Trump logra forzar esta destitución, el mensaje a los mercados será inequívoco: la Fed ya no manda; manda la Casa Blanca. ¿La consecuencia? Mayor riesgo inflacionario, inversionistas exigiendo tasas más altas, créditos más caros para hogares y empresas.

Un ataque ilegal, antidemocrático y con olor a autoritarismo

Los expertos lo dijeron sin rodeos: “Es un despido ilegal”, afirmó Lev Menand, profesor de Derecho en Columbia. La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren fue más directa: “Es una toma de poder autoritaria que viola flagrantemente la ley”. Trump pretende reinterpretar la Constitución para expandir sus poderes y, si la Corte Suprema —donde tiene aliados ideológicos— lo respalda, sentará un precedente peligrosísimo: que un presidente pueda despedir a quien quiera en organismos independientes.

Esto no se trata solo de economía. Se trata del Estado de derecho. Si hoy puede echar a una gobernadora de la Fed por un tecnicismo inventado, mañana podrá hacer lo mismo con jueces, fiscales o reguladores que le resulten incómodos.

Lisa Cook: símbolo de resistencia ante la embestida

Cook no solo es una funcionaria con credenciales impecables, sino también un símbolo. Su destitución arbitraria no sólo sería un atropello institucional, sino también un mensaje nefasto sobre quiénes incomodan al poder.

Mientras Trump despliega su narrativa de “fraude” —un mantra que usó para deslegitimar elecciones y que ahora aplica a funcionarios—, Cook recurre a los tribunales para defender algo más grande que su cargo: la independencia del banco central y el respeto a la ley.

Un paso hacia el abismo

Trump no está simplemente jugando a ser presidente; está ensayando un modelo de concentración de poder incompatible con la democracia. Este ataque a la Fed no es aislado: se suma a años de presión sobre Jerome Powell, insultos públicos a funcionarios y la obsesión por subordinar instituciones a su voluntad.

Si logra su objetivo, el costo lo pagarán todos los estadounidenses: inflación más alta, tasas más caras y un precedente que erosiona el pilar básico de cualquier república: la separación de poderes. Hoy es la Fed. Mañana, ¿qué sigue?

Chile ingresa en una de las elecciones más decisivas desde el retorno a la democracia. A menos de tres meses de los comicios del 16 de noviembre, el país vive un escenario muy distinto al de 2021, cuando Gabriel Boric llegó al poder prometiendo transformaciones profundas tras el estallido social. Hoy, las prioridades han cambiado: la agenda está dominada por la seguridad, la migración y el orden, desplazando a un segundo plano las demandas de reforma social que marcaron el ciclo anterior.

El fracaso de los dos procesos constitucionales —primero liderado por la izquierda, luego por la derecha— dejó a la ciudadanía con una sensación de agotamiento frente a proyectos refundacionales. Este desgaste se traduce en un nuevo clivaje: ya no es “cambio versus continuidad”, sino “orden versus desorden”. En palabras de analistas, lo que está en juego es la capacidad del próximo gobierno para restaurar estabilidad en un contexto de percepción creciente de inseguridad y criminalidad organizada.

El aumento de la violencia, el narcotráfico y los secuestros —fenómenos inéditos para la sociedad chilena— ha generado un giro discursivo hacia posiciones más duras. Esto explica por qué la propuesta más valorada por los electores es cerrar las fronteras y expulsar a inmigrantes irregulares (42%), seguida por combatir el crimen organizado (36%), muy por encima de medidas económicas o sociales.

Los favoritos: Kast y Jara, dos polos opuestos

En este clima de polarización emergen como favoritos José Antonio Kast (Partido Republicano), con 28% en intención de voto, y Jeannette Jara (Partido Comunista), con 27%. La encuesta también muestra que 38% cree que Kast será el próximo presidente, contra 28% que apuesta por Jara.

Kast se presenta como el garante del orden, alineado con el ideario liberal-conservador de Milei, Vox y Trump. Su discurso promete “recuperar Chile”, reducir el Estado, bajar impuestos y reforzar el control migratorio. Los mercados lo ven con buenos ojos: el 80% de los analistas financieros cree en su victoria, asumiendo que un eventual gobierno suyo implicaría menos gasto público y menor incertidumbre regulatoria.

Jara, en cambio, busca proyectarse como una opción de centroizquierda pragmática, pese a militar en el PC. Su carta de presentación son logros concretos en materia laboral, como la reducción de la jornada a 40 horas y su rol en la reforma previsional. Sin embargo, enfrenta el escepticismo del sector privado y la resistencia que genera el fantasma de modelos asociados a Cuba o Venezuela.

La batalla por el tercer lugar: Matthei y Parisi

El espacio de centroderecha tradicional, representado por Evelyn Matthei, perdió tracción en favor de Kast, aunque conserva un 14% en las encuestas. Su desafío es reencantar a un electorado que hoy ve en Kast una respuesta más firme frente a la inseguridad.

Por su parte, Franco Parisi intenta reeditar la sorpresa de 2021, cuando quedó tercero sin pisar Chile. Su narrativa antipolítica y pro-clase media sigue teniendo eco, especialmente en redes sociales, pero no logra consolidarse como opción real de gobierno.

Mercados e inversionistas: expectativas alineadas a la derecha

El mundo financiero prácticamente descarta una victoria de Jara. Informes de bancos como Bank of America y sondeos entre operadores locales indican que los activos chilenos no incorporan un riesgo electoral significativo, porque anticipan un triunfo de Kast o, en menor medida, de Matthei. Las proyecciones apuntan a que un gobierno del Partido Republicano implicaría ajustes fiscales, menos regulación y señales promercado.

Segunda vuelta: Kast con ventaja

La encuesta más reciente marca que, en un balotaje, Kast le ganaría a Jara por 13 puntos (44% vs. 31%), lo que refleja una dificultad estructural para la candidata oficialista de atraer votantes moderados. Incluso Matthei vencería a Jara (40% vs. 33%), y Parisi empataría con ella.

Claves para entender esta elección

1. La seguridad es la nueva prioridad: desplazó al debate constitucional y económico.
2. Polarización inédita: por primera vez, los dos favoritos son un pinochetista y una comunista, dos figuras en los extremos del espectro político.
3. Mercados sin miedo: interpretan que el cambio será hacia la derecha, no hacia la izquierda.
4. Alta participación asegurada: por primera vez el voto será obligatorio, lo que podría alterar los márgenes en primera vuelta.
5. Debilidad del gobierno: con un 62% de desaprobación, Boric tiene poca capacidad de transferir votos a Jara.

Así sí

   Expedición Uruguay Sub200 explora el fondo marino nacional

Zarpó desde el Puerto de Montevideo el buque científico Falkor Too cargado con 29 científicos uruguayos e internacionales para explorar profundidades de hasta 3.600 metros en la plataforma marítima nacional. Se trata de la primera exploración sistemática de ecosistemas oceánicos profundos del país.

  Un hito de investigación que amplía las fronteras del conocimiento marino uruguayo.


   Uruguay alcanza 99 % de energía eléctrica renovable

Según un informe del Ministerio de Industria, Energía y Minería la matriz eléctrica del país alcanzó en 2024 un 99 % de participación de fuentes renovables, con una drástica reducción del 90 % en emisiones de CO? respecto al año anterior.

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