El presidente Orsi estuvo muy bien en remarcar las grandes fortalezas de Uruguay, como la credibilidad de un sistema político capaz de acordar incluso en la discrepancia, fiel a su historia búsqueda de entendimientos y diálogo. Pero ser promotores del diálogo exige imparcialidad, sí, pero también coraje para llamar a las cosas por su nombre.

El estreno del presidente Yamandú Orsi en la Asamblea General de las Naciones Unidas dejó un mensaje cargado de símbolos. Uruguay volvió a hablar con voz propia en el escenario internacional y, como subrayó el mandatario, lo hizo desde “un país donde los partidos están dispuestos a acordar soluciones nacionales frente a las urgencias nacionales”. Esa frase, pronunciada con firmeza, resume uno de los rasgos más valiosos de nuestra democracia: la capacidad de tender puentes en medio de las diferencias. Es una tradición de diálogo y acuerdos que nos distingue en la región y que el presidente Orsi reivindicó con razón.

Dijo también que “ningún Estado que se precie de democrático puede ejercer la barbarie sobre ninguna población civil”. Allí mostró sensibilidad humanitaria, pero a la vez dejó un flanco abierto: la condena explícita a Israel contrastó con la tibieza hacia Hamás. En su discurso, Orsi fue enfático al señalar el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado hebreo, pero no dedicó la misma contundencia para denunciar el terrorismo islamista, responsable de las atrocidades que iniciaron el ciclo de violencia que hoy sufre esa parte del mundo.

El problema no es que Uruguay reclame límites en el uso de la fuerza —es coherente con nuestra tradición pacifista y humanista—, sino que el presidente se quedó a mitad de camino en un terreno donde la claridad moral es imprescindible. No alcanza con censurar a un Estado democrático —el único en esa región— si no se repudia, con igual vehemencia por lo menos, a quienes practican el terrorismo y utilizan a civiles como escudos humanos. Sin olvidar que fue su agresión, de inédita crueldad, la que incitó esta escalada. En ese matiz y ese olvido, se juega la credibilidad internacional de un país pequeño pero respetado.

Lo positivo es que Orsi supo presentarse como líder de un país que, pese a sus dimensiones, ha sabido “ofrecerse al mundo como promotor del diálogo que conduzca a soluciones pacíficas”. Pero ese es un capital simbólico que Uruguay debe cuidar con esmero. Nuestra historia de democracia estable, de partidos dispuestos a negociar, de respeto institucional y de vocación integradora en lo internacional, son bienes demasiado valiosos como para diluirlos en equidistancias ambiguas.

Uruguay no es una potencia militar ni económica, pero sí lo es en su prestigio democrático. La primera intervención de Orsi en la ONU recordó esa riqueza, aunque también mostró el riesgo de perder autoridad si se confunde la defensa de la paz con la indulgencia hacia quienes no creen en ella.

Por Julio María Sanguinetti

El privilegio de una larga vida se asordina cuando se van viendo caer, a nuestro lado, aquellos con los que compartimos una época. Miramos a los costados y, si en el momento se abre el espacio de la pérdida, la evocación que asoma nos lleva rápidamente al instante grato del recuerdo.

La muerte de Julio Frade, “el gordo Frade”, es la de un personaje inusual, difícil de caracterizar, sin comparaciones posibles. Único, porque en nuestra generación fue uno de los grandes músicos populares, músicos de verdad como Fattoruso o Panchito Nolé, y al mismo tiempo un capo-cómico a la altura de Ricardo Espalter y Eduardo D’Ángelo, culminantes, con los que compartió largas aventuras en las pantallas y las salas de espectáculo.

Quien haya vivido aquellos años no puede olvidar el Telecataplúm, del que no queda nada, salvo algunos trocitos de arqueológico rescate. Allí se unía el talento de los hermanos Daniel y Jorge Scheck, guionistas del humor de calidad que luego deslumbraría a la Argentina, acostumbrada a la gruesa pintura sainetesca. Allí actuaba y tocaba el piano, que ejecutaba con la soltura de los verdaderos artistas que habían pasado por el jazz y la improvisación les brota sin llamarla. Además de Espalter y D’Ángelo, se nos dibujan en la memoria Raymundo Soto, con su elegancia a lo Fred Astaire; Henry Trailes, que también cantaba; y ni hablar Enrique Almada, Andrés Redondo, Berugo Carámbula y el inolvidable Emilio “Guita” Vidal, con su personaje de la picaresca montevideana.

Vivieron ellos la aventura porteña y luego recalaron nuevamente en Montevideo, con el famoso Decalegrón, que se mantuvo más de veinte años. Allí Frade caracterizó a nuestra inolvidable Ministra Adela Reta, que se reía con fruición de su caricatura, como construyó personajes desopilantes como una de las hermanas Rivarola. En aquellos años aparecía D’Ángelo caracterizándome y hablándole a un nieto, que el de casa no entendía demasiado lo que era aquel juego de ese gran actor que me había agarrado todos los puntos. Tanto que hasta recuerdo un gran almuerzo en que dijo un discurso entero de Sanguinetti con mis palabras, mis ademanes italianos y mis movimientos.

El dúo de El Chicho con Almada fue cumbre del humor de la vida cotidiana y política. También hacía el Buda, que un tiempo abría el programa cuando terminaba Subrayado. Lo notable es que en Decalegrón no había libretista oficial; eran ellos mismos, dirigidos sabiamente por Mastra. A tal punto era la popularidad del elenco, que cuando Espalter apareció con “Pinchinatti candidato”, más gente de la que podamos imaginar quería votarlo…

Les invitamos un cierto día a la residencia de Suárez, en una noche inolvidable, que Ana Laura Román evocó el día de su desaparición colgando una foto. Hoy reproducimos algunas de esa ocasión.

Fue una gran época de la televisión uruguaya. El ingeniero Scheck, Jorge de Feo y Hugo Romay, en los tres canales clásicos, jerarquizaron un medio tan proclive a la banalización. Los tiempos también han cambiado en eso y hoy la televisión vive cercada por los “streamings”, que le van achicando el mercado velozmente, imponiéndole sus consiguientes limitaciones.

A veces ocurre que un éxito se devora al otro, como el pintor Figari desvaneció al filósofo de la educación y al criminólogo. Aquí, el actor cómico le ha quitado la necesaria resonancia al músico. En jazz fue formidable y quedan grabaciones inolvidables de otros géneros: bossa nova, tango, a los que también aportó, en ocasiones traduciéndolos a versiones novedosas, originalísimas.

Tuvo su pasaje como director de Canal 5 y mantuvo también, esporádicamente, programas de radio, que en algunos momentos también fueron clásicos. La diferencia la hacía su versatilidad y amplitud cultural, por lo que podía abordar los reportajes que desbordaban la cotidianeidad.

Con Frade se va también un tiempo. Se va y se queda, porque si hay mucho perdido también está el rastro de muchos registros. Deja también el estimulante recuerdo de alguien, músico y actor, que era un personaje en sí mismo. Alguien que nos sigue diciendo que en el Uruguay se pueden hacer grandes cosas, aun en lo que se ve como menor. Hacer reír no es solo entretener, porque la caricatura también deja pensando, como los avaros o misántropos de Molière. Llegar con la música popular, en un lenguaje de calidad, es también elevarnos. Figuras como Frade lo logran.

Músico y actor, actor y músico, un personaje único.

Este sábado 27, a las 17 horas, en la Casa del Partido Colorado, se llevará a cabo el Festival “Rivera, Libertad y Verdad”, para rendir homenaje al caudillo fundador del Partido Colorado y precursor de la independencia de la República, a 200 años de la decisiva Batalla del Rincón.

El acto cultural, organizado por el grupo Reivindicación de Don Frutos Rivera y al que invita el Partido Colorado, incluirá 13 canciones dedicadas al caudillo colorado, compuestas por autores de la talla de Fernán Silva Valdés, Francisco Acuña de Figueroa y Gerardo Mattos Rodríguez. Asimismo, habrá recitado de poesías y textos de Juan José Morosoli, Delmira Agustini e incluso Luis Alberto de Herrera. También se contará con la presencia de 12 parejas de bailarines folclóricos y payadores de Argentina y Brasil, y se proyectarán dos videos: uno sobre la relación de Rivera y Artigas y otro sobre el episodio de Salsipuedes.

Es fundamental la presencia colorada en este acto cívico de importancia histórica.

Cuando la protesta apunta a niños y escuelas, deja de ser política y se convierte en odio.

El reciente acto de protesta ante la Escuela Integral Hebreo Uruguaya encendió alarmas no solo por lo simbólico, sino por lo peligroso: lo que en principio parece una manifestación legítima de opiniones externas sobre el conflicto internacional se transformó en un escrache judeófobo dirigido a niños, padres y docentes. No estamos ante un debate diplomático, sino ante la conculcación de derechos básicos, el uso del miedo y la violencia simbólica contra una comunidad judía que merece protección, no hostigamiento.

Es claro que Estado debe velar por la seguridad de todas las comunidades. El gobierno tiene la obligación constitucional de proteger a los ciudadanos, especialmente de grupos vulnerables, de agresiones físicas, simbólicas o verbales, y de actuar cuando esas agresiones cruzan el umbral del odio.

Debe distinguirse entre crítica política legítima y discurso de odio. Criticar políticas internacionales de Israel o apoyar a Palestina es parte del debate democrático, pero hacerlo usando niños, colegios, intimidaciones, escraches, o pintadas sobre edificios religiosos o educativos cruza una línea ética.

Los colegios deben ser espacios seguros para alumnos y docentes. Escraches frente a instituciones educativas no solo afectan psicológicamente a quienes las integran, sino que alteran condiciones normales de enseñanza y vulneran la neutralidad escolar.

Si estos actos no son repudiados con firmeza, se abre la puerta para que crezcan las manifestaciones con tintes discriminatorios contra cualquier colectivo, amparados en causas internacionales, en la excusa de “solidaridad” u “opinión política”.

Por tanto deben identificarse rápidamente a los responsables del escrache, que se garantice justicia ante los daños, y que el Estado refuerce medidas legales para prevenir antisemitismo.

Uruguay tiene la oportunidad de demostrar que su tradición democrática y de tolerancia no son mera retórica. Cuando un colegio judío es escrachado, la sociedad entera debería ponerse del lado de quienes sufren, incluso si no se comparte cada política internacional de Israel o Palestina. Esa solidaridad no es partidaria: es humanitaria.

El escrache a la Escuela Integral Hebreo Uruguaya revela algo más que intolerancia: revela un déficit moral y político profundo. No es un choque de opiniones, sino una agresión simbólica contra la dignidad de personas que por origen o religión ya cargan con historia y memoria.

Una democracia se prueba cuando defiende a quienes son atacados no por lo que hacen, sino por lo que son. Rechazar este escrache no solo honra a la comunidad judía, sino a la idea misma de convivencia, pluralismo y respeto que Uruguay afirma tener como parte sustancial de su identidad.

Asesinatos, fugas, copamientos y ajustes de cuentas se sucedieron en solo una semana.

El jueves 19, un criminal prófugo, con un extenso prontuario que incluye varios asesinatos, publicó un video en redes sociales en el que anunciaba que “a la brevedad” se presentaría ante la Justicia. Por fortuna, ayer jueves fue detenido en un control de rutina por Policía Caminera.

El sábado 20, dos hombres llegaron al Carrasco Polo Club en una moto robada, portando una pistola de aire comprimido y hachas, con la intención de robar cables. Los trabajadores del club impidieron el robo, enfrentándose a golpes con los delincuentes. Finalmente, por fortuna, llegó la Policía y detuvo a los malhechores.

El lunes 22 falleció el guardia de seguridad que había sido baleado durante una rapiña en una obra del barrio Villa Don Bosco. El delincuente está identificado, pero continúa prófugo.

Ese mismo lunes, un joven barbero que se encontraba en la Fortaleza del Cerro realizando una transmisión en vivo para convocar a una jornada solidaria fue interceptado por un delincuente que intentó robarle su auto y otras pertenencias. El agresor le disparó en el cuello, provocando su muerte poco después.

El martes 23 se informó que la Policía había detenido en la zona del Buceo a dos hombres sospechosos de cometer varios robos en el barrio, trasladándolos a la Seccional 11. Sin embargo, el fiscal de turno dispuso su liberación. Uno de los sospechosos aprovechó la circunstancia y robó un celular dentro de la propia comisaría. Tiene varios antecedentes penales y, naturalmente, sigue prófugo.

Ese mismo martes, un preso fue asesinado de una puñalada en el tórax en uno de los módulos del Complejo de Santiago Vázquez.

En la tarde del miércoles 24, un hombre que salía de la Cárcel de Santiago Vázquez tras cumplir su condena fue atacado a balazos desde un auto, junto a un amigo que lo esperaba. Es la primera vez en la historia que ocurre algo así. ¿Cuánto falta para que un grupo armado ingrese a tiros a un establecimiento carcelario para cobrarse cuentas o liberar a algún “colega”?

Ese mismo miércoles 24, un hombre de 42 años fue asesinado a balazos en la ciudad de Paysandú.

También el miércoles, un hombre de 50 años fue asesinado a balazos en su casa del barrio Reducto.

Ese mismo “miércoles negro”, un adolescente de 15 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en El Pinar y abandonado en una parada de ómnibus. Poco antes, un joven de 21 años había recibido varias heridas de bala al ser atacado desde un auto de alta gama en el que viajaba el adolescente luego asesinado, quien fue repelido desde la vivienda del agredido.

En la madrugada del jueves 25, violentos delincuentes coparon la casa de un hombre de 71 años en Paso de la Arena. Fue golpeado y atado de pies y manos, mientras los ladrones se llevaban una computadora, un televisor, dinero en efectivo y varias herramientas.

Ayer jueves también fue asesinado un hombre de 47 años en Cerro Norte, otro de 26 años fue baleado y muerto cuando volvía de comprar droga en una “boca” de Casabó, y otro de 39 años cerca del liceo N°30, en Buceo, baleado desde una moto.

Y en la tarde de ayer, en Carrasco Norte, fue baleado un auto desde una moto, pero afortunadamente ninguno de los tiros hirió a alguien. Zafamos de otro asesinato de casualidad.

¡Seis asesinatos entre miércoles y jueves!

No terminó en asesinato pero en Nuevo París motochorros tiraron al piso a una mujer de 75 años para robarle la cartera, terminando lesionada.

¿Seguimos esperando el plan de seguridad 2026 y los resultados de las mesas de diálogo convocadas por el ministro Negro?

La carta enviada por el Comité del Frente Amplio en Madrid a la Cancillería uruguaya, solicitando la revisión de la designación del embajador Bernardo Greiver por su "carácter marcadamente sionista", carece de pruebas concretas y es un ataque infundado, claramente basado en el carácter judío de Greiver, constituyendo —por tanto— una acción puramente antisemita.

El Comité del Frente Amplio en Madrid ha cruzado todas las líneas del debate democrático al cuestionar la designación de Bernardo Greiver como embajador uruguayo en España. Su argumento: que Greiver es “marcadamente sionista” y mantiene supuesta afinidad con el gobierno israelí. Ni una sola prueba concreta acompaña estas afirmaciones. Lo único claro es que estamos ante un ataque por puro prejuicio, disfrazado de crítica política.

Acusar a un diplomático de parcialidad o de simpatizar con un gobierno extranjero únicamente por ser judío no es un error político: es antisemitismo de la más pura cepa. Greiver ha demostrado a lo largo de su carrera ser un profesional comprometido con los intereses de Uruguay, con experiencia en Israel y en la Cancillería uruguaya. Señalarlo por su religión o por su origen es un insulto intolerable a la ética, al mérito y a la democracia.

Que un comité político recurra a la palabra “sionismo” como si fuera un delito evidencia, además, un desprecio absoluto por la verdad y la legalidad. El sionismo es un movimiento político legítimo, no un crimen ni un acto de traición. Usar esta etiqueta para intentar descalificar a alguien revela la naturaleza discriminatoria de quienes hoy actúan en nombre del Frente Amplio en Madrid.

Este ataque no tiene nada que ver con la política; tiene que ver con el prejuicio, con la ignorancia y con la intolerancia. El FA de Madrid pretende definir quién puede representar a Uruguay basándose en religión e identidad, no en competencia ni trayectoria. Sus acusaciones carecen de evidencia, son moralmente reprochables y políticamente absurdas.

Uruguay no puede permitir que se normalice la judeofobia bajo la máscara de la crítica política. La diplomacia exige profesionalismo, experiencia y capacidad de servicio, no jueces ideológicos que actúan por odio religioso. Atacar a Greiver por ser judío y por su supuesta simpatía con Israel —de la que no se aporta una sola prueba— es un acto de discriminación pura, un escándalo que debería ser denunciado y repudiado sin ambigüedad en el propio oficialismo.

Damos por sentado que la Cancillería no accederá a estas presiones infundadas (o fundadas en prejuicios abyectos). La historia y la dignidad del país exigen defender a sus funcionarios por sus méritos, no por su condición étnica. Cualquier otra actitud sería un retroceso vergonzoso, un triunfo del prejuicio sobre la razón.

Mientras Uruguay debate recortes en educación pública, se propone aumentar un subsidio anual al Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, que recibe fondos de rentas generales y cuya pertinencia es más que discutible.

Uruguay se encuentra en un momento delicado: decisiones presupuestales que priorizan apoyos simbólicos antes que lo esencial. Recientemente, El Observador publicó un artículo de Leonardo Haberkorn alertando que el proyecto de presupuesto propone aumentar una partida anual destinada al Instituto Cuesta Duarte —vinculado al PIT-CNT— que se financia con recursos de rentas generales.

Según la nota, antes ya existía una partida base de $ 400.000 anuales, y ahora se pretende agregar una partida adicional de $ 600.000, con lo que el total ascendería a $ 1.000.000 anuales. La “ayuda extra” está planificada en el artículo 574 del proyecto de presupuesto, dentro del inciso “Subsidios y Subvenciones” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y se financiaría desde rentas generales.

Quienes defienden el aumento, como Leonardo Batalla, asesor y correligionario del ministro Castillo, arguyen que el Instituto Cuesta Duarte cumple funciones de “registro, preservación y difusión de la historia del movimiento sindical”, funcionando como centro de documentación, archivo histórico y biblioteca del movimiento obrero. También se menciona la intención de “mejorar infraestructura física y tecnológica, ampliar, organizar y digitalizar el acervo documental”.

Pero esta propuesta merece un análisis riguroso: ¿es aceptable que, en un contexto en que se retacean recursos para la educación pública, se destinen fondos del erario para un subsidio cuya pertinencia es cuestionable?

El análisis del proyecto de presupuesto que propone incrementar el subsidio al Instituto Cuesta Duarte, como informa Haberkorn en El Observador, revela una contradicción inquietante: mientras la sociedad demanda mayor inversión en educación pública y mejores condiciones para estudiantes y docentes, se plantea asignar recursos públicos para un organismo del ámbito sindical con fines de memoria histórica cuyo beneficio social es difícil de cuantificar.

Cuando el gasto estatal se orienta hacia subsidios con cuestionable pertinencia, porque el PIT-CNT cuenta con sobrados recursos propios, se debilita la credibilidad del Estado y se socava la confianza de los ciudadanos. Es legítimo exigir que los recursos públicos se dirijan prioritariamente a aquello que construye futuro —como la educación— antes que mantener subsidios que tienen más valor simbólico y político que impacto real.

La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) reclama por el cierre de fábricas y la pérdida de empleos. Pero al mismo tiempo promueve un paro que castiga a las mismas empresas cuya supervivencia dice querer garantizar.

La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) anunció un paro parcial para el próximo martes en Montevideo, de 09:00 a 13:00 horas, con concentración frente a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). La medida se justifica, según sus organizadores, en la preocupación por los cierres de fábricas y la pérdida de miles de puestos laborales en distintos sectores de la industria nacional.

El presidente de la CSI, Danilo Dárdano, reconoció que la situación es “muy preocupante”, señalando que entre febrero y julio se perdieron alrededor de 2.000 empleos formales, cifra que podría ascender a 5.000 si se incluyen los puestos informales e indirectos.

Hasta aquí, la inquietud sindical parece razonable. Pero el propio Dárdano, quizás sin advertirlo, dejó expuesta la contradicción de fondo. Consultado sobre críticas a la acción sindical, respondió: “Somos trabajadores del sector privado; por lo tanto, si no hay inversión privada en la industria y si no hay fábricas abiertas, no hay trabajadores y no hay sindicato”.

Y ahí está la clave. Si la solución pasa —como el dirigente reconoce— por la inversión privada y por mantener abiertas las fábricas, ¿cómo puede justificarse un paro que detiene la producción, desalienta a los empresarios y genera la sensación de un clima hostil para invertir? Es, en los hechos, pegarse un tiro en el pie.

La industria atraviesa una crisis que no se resuelve con discursos de barricada ni con medidas que agravan la fragilidad de las empresas. Un sindicato que dice defender la industria no puede, al mismo tiempo, golpearla con paros que solo aumentan la incertidumbre. La contradicción es evidente: reclamar por más empleo mientras se adoptan medidas que lo ponen en riesgo.

El sindicalismo uruguayo enfrenta aquí un dilema de fondo: ¿quiere ser parte de la solución, trabajando para crear un clima que atraiga inversión y genere empleos sostenibles? ¿O prefiere quedarse en el cómodo lugar de la protesta, aunque eso implique empujar a las fábricas hacia el cierre definitivo?

Porque, como bien dijo el propio Dárdano, sin inversión no hay fábricas, sin fábricas no hay trabajadores y, por ende, tampoco hay sindicatos. Ese razonamiento debería bastar para entender que el camino no es paralizar la industria, sino fortalecerla.

Por Luis Hierro López

El reconocimiento a Palestina como Estado por parte de varios países europeos no cambiará el curso de las cosas si Europa no se pone firme contra el terrorismo de Hamás. Puede ser un paso adelante, pero por ahora se trata de un paso atrás.

Presionados por las circunstancias y atendiendo más bien a sus cuestiones internas que a la coyuntura internacional, algunos países europeos han reconocido estos días a Palestina, refrescando la idea original de la vigencia de dos Estados. Europa se encuentra dividida, porque Alemania se mantiene firme en su reticencia e Italia también, mientras que Francia, Gran Bretaña y España han concedido o ratificado el reconocimiento, que hasta ahora ha sido meramente simbólico, porque no hubo ni, según parece, habrá en el futuro inmediato, ningún cambio en los temas clave: que Hamás devuelva a los rehenes, que cese sus actos de terrorismo y que las autoridades palestinas recobren la efectiva conducción del país. De esa manera, los gobiernos europeos que se han apresurado a reconocer a Palestina como Estado están cometiendo una especie de felonía, porque en los hechos están admitiendo los actos de terror y los secuestros cometidos por Hamás, aunque en sus declaraciones reclamen lo contrario. Bélgica estuvo más a tono que Gran Bretaña, Francia y España, y su monarca anunció que no promulgará la norma hasta que efectivamente se liberen a los rehenes y se desarme a los terroristas, lo que quizás no ocurra; en ese caso, Bélgica congelará el reconocimiento.

Europa aparece así casi sometida a la presión demográfica y política del Islam, lo que confirma los abrumadores pronósticos que se vienen haciendo desde hace un tiempo por analistas y políticos. Ese momento ha llegado y es muy posible que la casi rendición europea sea a cambio de nada, porque no hay evidencias de que Hamás y los países y grupos que lo apoyan y financian vayan a cambiar de posición y acepten las reglas de juego internacionales. Mientras haya sectores que proclaman la desaparición de Israel como motivo principal de su existencia, no será posible alcanzar la paz.

En todo caso, es oportuno reiterar que la solución de dos Estados, propuesta hace ya décadas por Naciones Unidas y reiterada ahora casi como solución mágica, no ha prosperado porque los palestinos gazatíes no han podido o no han querido instrumentarla. Convertirse en un Estado supone asumir responsabilidades y normas que pueden resultar incompatibles con los grupos terroristas. Israel recién ahora, y acosado por los hechos, se opone a la vigencia de dos Estados, pero eso no ha ocurrido en los últimos 70 años, y hubo varias instancias históricas en las que quedó registrada una actitud acuerdista del gobierno israelí.

Hoy las circunstancias han cambiado y nos encontramos lamentablemente con un Netanyahu intransigente. Pero una cosa es criticar al gobierno de Israel –como muchos lo hacemos o podemos hacerlo, incluso desde adentro del país– y otra cosa es ceder ante las presiones de los terroristas.

Algunos gobiernos europeos han optado por este último camino, a un precio que no está claro y que puede ser enorme.

Por Santiago Torres

Cuando los niños aprenden a administrar dinero, aprenden también a ser independientes y a construir su propio destino.

En un contexto global de envejecimiento poblacional y sistemas de pensiones en crisis, diversos países han comenzado a implementar políticas innovadoras para garantizar la sostenibilidad de sus sistemas previsionales. Alemania ha propuesto una medida audaz: ofrecer un subsidio mensual a menores de edad para que inviertan en la bolsa de valores, buscando mitigar su bomba de tiempo demográfica. Esta iniciativa, controversial desde ya, refleja una tendencia creciente hacia la educación financiera desde edades tempranas, una práctica que también empieza a ser adoptada en América Latina.

La iniciativa alemana: una respuesta a la crisis del sistema de pensiones

Alemania enfrenta una creciente presión en su sistema público de pensiones —un sistema de reparto como nuestro BPS— debido al envejecimiento de su población. Para abordar esta problemática, el gobierno ha propuesto otorgar un subsidio mensual de 11 dólares estadounidenses a niños y adolescentes de entre 6 y 18 años, con el objetivo de que inviertan en la bolsa de valores. Esta medida busca fomentar el ahorro individual y reducir la dependencia del sistema público de pensiones en el futuro.

“No dependas del seguro de pensiones obligatorio”, dice el canciller federal Friedrich Merz en un mensaje dirigido a los jóvenes y publicado en YouTube.

Igualito que acá, los sindicatos se oponen, fantaseando que se puede depender ad infinitum de las jubilaciones públicas con cada vez menos jóvenes que aporten y más adultos mayores que sostener.

Lo verdaderamente novedoso de esta propuesta no radica en los detalles específicos, como el monto del subsidio o los instrumentos financieros disponibles, todo lo cual es debatible. Lo innovador es el enfoque preventivo y educativo que subyace en la política: enseñar a los jóvenes a gestionar su dinero y a planificar su futuro financiero desde una edad temprana. Esta perspectiva reconoce que la educación financiera es clave para la autonomía económica y la sostenibilidad de los sistemas previsionales.

Casos en América Latina: Argentina y Perú

En América Latina, países como Argentina y Perú han adoptado enfoques similares para fomentar la educación financiera entre los jóvenes.

En Argentina, a partir de la Resolución General 1023/2024 publicada en el Boletín Oficial, la Comisión Nacional de Valores —el organismo que controla y regula los mercados financieros del país y a sus participantes— estableció que los adolescentes podrán invertir en acciones, bonos, CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos), cauciones colocadoras y fondos comunes de inversión con la supervisión de los padres. Esta medida busca promover el acceso temprano al sistema financiero y fomentar la educación financiera.

Por su parte, en Perú, la Bolsa de Valores de Lima ha implementado programas dirigidos a jóvenes. A agosto de 2024, más de 648 menores de edad llevaban acumulados en la bolsa unos 26,7 millones de soles, 24% más que una década atrás.

La importancia de la educación financiera en la infancia y adolescencia

La educación financiera desde la infancia y adolescencia es fundamental por varias razones. En primer lugar, permite a los jóvenes desarrollar habilidades para gestionar su dinero de manera responsable, evitando problemas financieros en el futuro. Además, fomenta la autonomía económica y reduce la dependencia de los sistemas de asistencia social.

Desde luego, esta perspectiva no es bien recibida por todos los sectores. Para sindicatos y grupos de izquierda en general, la educación financiera es anatema. Pero la educación financiera no excluye la solidaridad social, sino que la complementa, empoderando a los individuos para tomar decisiones informadas y responsables. Y eso —el empoderamiento de los individuos— es lo que le produce convulsiones a la izquierda, porque las personas dejan de depender del Estado, sindicatos y “colectivos” en general.

Las iniciativas de Alemania, Argentina y Perú reflejan un cambio de paradigma en la forma en que se aborda la educación financiera y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Al enseñar a los jóvenes a gestionar su dinero desde edades tempranas, se les brinda las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos económicos del futuro. Es esencial que estos enfoques sean acompañados de políticas públicas que promuevan la equidad y la inclusión social, garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de su origen o situación económica, tengan acceso a una educación financiera de calidad.

Por Elena Grauert

Levantar el secreto bancario sin control judicial no es modernización: es despotismo disfrazado de cooperación internacional.

La historia de la independencia y del nacimiento de los derechos civiles es, en esencia, la lucha entre el poder y la defensa de los ciudadanos de sus bienes y derechos. Uno de los íconos de esa lucha en el siglo XVIII fue “el Motín del Té de Boston”, que luego dio origen a la independencia de Estados Unidos. El abuso de los actuales poderes extranjeros, imponiendo obligaciones a ciudadanos o países más pobres para defender sus propios intereses tributarios, es lo que representa hoy la OCDE en el siglo XXI.

El proyecto de Ley de Presupuesto incluyó una disposición que faculta a la Dirección General Impositiva (DGI) a levantar el secreto bancario sin orden judicial. Esta medida viola los límites básicos de la división de poderes, en tanto otorga al Poder Ejecutivo competencias que exceden la simple administración tributaria y se entrometen en la propiedad y en la intimidad de las personas.

Los países que acatan los mandamientos de la OCDE no son ejemplo: lo que demuestran es, simplemente, un sobredimensionamiento del poder de la administración tributaria, sin límites claros. No basta la mera motivación del acto para permitir levantar el secreto bancario, como pretendió argumentar el ministro Oddone en defensa de la corrección del artículo propuesto. Toda acción del Estado debe estar motivada, sí, pero además debe estar sujeta al control constitucional y judicial.

En Uruguay el límite es la autorización del Poder Judicial. Cuando se pide de forma fundada, lo cierto es que la justicia actúa con bastante rapidez. Por eso, no alcanza la justificación de acortar plazos ni mucho menos la excusa de la motivación: lo importante es que el órgano de recaudación sea distinto al que tiene que autorizar la intromisión.

Está muy claro que el gobierno tiene una voracidad fiscal inmensa. Para satisfacerla, impone nuevos y más gravosos impuestos, incumpliendo sus promesas electorales, y ahora va más allá: el intento es meterse en las cuentas de los contribuyentes, aumentar la capacidad de control y gravar a los mismos.

Hoy, con la inteligencia artificial, el cruzamiento de datos se puede realizar a una velocidad “supersónica”, con lo cual todos estaremos en la mira del gran “Leviatán” de Thomas Hobbes, debiendo justificar cualquier ingreso que no se corresponda con el pago del IRPF, hasta las colectas de cumpleaños de amigos, con el único fin de recaudar más, a costa de los derechos de los ciudadanos a su intimidad.

El famoso lavado de activos se usa como excusa, pero en gran medida no se trata de dinero de la droga o del delito. Lo que realmente se persigue es que no haya escapatoria para los contribuyentes medianos y pequeños, que son —en todo el mundo— los que financian a los Estados. No son las empresas transnacionales, muchas de las cuales operan con exoneraciones tributarias o directamente desde los paraísos fiscales promovidos por los mismos que hoy pretenden controlar. Basta mirar las Islas Caimán o las Islas Vírgenes, dependientes del Reino Unido.

Quitar esta garantía de manera impune para cumplir con los reclamos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que presiona para que los países más pobres abran sus cuentas al escrutinio extranjero y así gravar inversiones, es una contradicción absoluta con el discurso del ministro sobre la necesidad de atraer capitales.

Se trata de una medida de enorme gravedad institucional: no solo erosiona garantías jurídicas internas, sino que convierte a la DGI en un brazo ejecutor de lineamientos dictados fuera de fronteras.

En nuestro país, el secreto bancario tiene raíces sólidas. La Ley N.º 17.835 (2004) y la Ley N.º 18.083 (2007) ya habían establecido mecanismos excepcionales —bajo control judicial— para permitir su levantamiento en casos de lavado, narcotráfico o incumplimiento tributario.

Pero ahora se busca eliminar ese contrapeso judicial bajo la excusa de la cooperación internacional. El resultado: un debilitamiento directo de la intimidad patrimonial de los uruguayos y un pésimo augurio para la llegada de inversiones. De hecho, ya se advierte la huida de divisas, ante la amenaza de pérdida de garantías.

El establecimiento de normas regresivas que debilitan la seguridad jurídica —como esta— ahuyenta la inversión. A ello se suma la adopción del “impuesto universal” o tributación mínima global, que no aplican la mayoría de los países, y el ataque a las zonas francas, que han sido un activo clave para atraer capitales. Basta ver las tres plantas de celulosa, principal producto de exportación nacional.

En nombre de la “equidad” y con fines meramente recaudatorios, la OCDE impulsa un sistema que en los hechos suprime la soberanía tributaria. Cada país pierde la facultad de diseñar sus propios incentivos para atraer inversiones, quedando reducido a aplicar un impuesto fijado en París o Bruselas.

La izquierda, que tanto ha hablado contra el imperialismo, hoy nos hunde en la pérdida y extranjerización de derechos. Eso sí: no reduce el gasto y apuesta a la generación espontánea de recursos, o hace la gran “inversión” de comprar una estancia para 15 colonos gastando más de 34 millones de dólares.

La defensa de la inversión se construye produciendo, dejando a los mercados generar riqueza. La verdadera equidad se alcanza tratando situaciones diversas de forma diferente: no es lo mismo Europa que América del Sur. Fundamentar este cambio en la “cooperación internacional” es romper con el sistema de garantías imprescindibles del funcionamiento republicano y con una larga tradición de ser un país amigable para nacionales y extranjeros que invierten bajo un marco legal seguro.

Si el problema son los plazos judiciales, que se estudie el tema con seriedad y se acorten. Pero no vendamos el rico patrimonio al precio de un invento internacional que atenta contra la libertad de las personas.

La decisión es ideológica: son los Estados nacionales fuertes los que buscan enriquecerse. Se ataca la libertad y la defensa de las personas; lo único que importa es recaudar y controlar. Y vaya si, en este mundo globalizado e hiperconectado, no será un riesgo para el ciudadano común defenderse de los grandes monstruos cuyo único fin son las ataduras.

Como dijo el prócer José Gervasio Artigas: “La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo”.

Por Tomás Laguna

Por estos días se conoció un proyecto de ley por el cual se pretende prohibir y/o limitar la gestión de corrales de engorde por parte de la industria frigorífica. El proyecto es iniciativa del senador Sergio Botana y se fundamenta en una posible manipulación del mercado de hacienda por parte de la industria. La propuesta es, en extremo, cuestionable tanto en su espíritu como en su fundamento.

Previo a considerar las restricciones a la actividad empresarial de la industria frigorífica propuestas por el senador Botana, corresponde una referencia al escenario ganadero. Recientemente se dieron a conocer los datos preliminares del stock bovino según la declaración jurada anual al 30 de junio de este año. Las existencias totales respecto del año anterior prácticamente no han variado: 11 millones 455 mil cabezas al 2025, apenas 4.000 cabezas menos que un año atrás. Pero nos dicen más las cifras que explican la productividad de ese rodeo. Al 2025 hay 407 mil terneros más respecto al año anterior (+15%), superando este año el gran objetivo de los 3 millones. Esta mayor cantidad de terneros neutraliza el descenso en el total de novillos, 321 mil menos que el año anterior (-15%). En tanto, las vacas de cría, la máquina de producir, se mantienen en la misma cantidad que un año atrás. Una eficiente dinámica en una cadena que responde a una fuerte tracción desde la demanda.

Entre ambas declaraciones de existencias, la faena total disminuyó 2,5%, casi 58.000 cabezas menos. Pero el dato significativo refiere a que la faena de novillos aumentó en 43 mil cabezas (+3,8%), en tanto que la de vacas y vaquillonas disminuyó en 101.000 cabezas (-8%). Tal cual lo analiza el Ing. Agr. Esteban Montes, del Instituto Plan Agropecuario, estamos lejos de una situación límite en el abastecimiento de ganado para la industria.

En este escenario muy dinámico de extracción, acompañado con una buena recomposición del stock a partir de una mayor cantidad de terneros, los precios entre años se mostraron muy tonificados. El valor del novillo gordo aumentó 40%, la vaca gorda 42%, en tanto que el ternero de reposición se valorizó 28%. Es posible establecer objetivamente la alta correlación entre el valor del producto final de la industria, comercializado en todos sus destinos, con el precio pagado al productor que remite a industria. Esa correlación fluctúa en torno al 96% para cada uno de los años considerados, pero en el promedio de los últimos años no es menor al 94%. Esto implica que, en un mercado transparente donde la exportación de ganado en pie es una condición fundamental, la industria está condicionada a trasladar el valor final comercializado a la producción primaria.

En el ámbito de la recientemente finalizada Rural del Prado, las gremiales de la industria frigorífica convocaron a una presentación para entender, en números, la dinámica y relevancia de esta actividad, además de su contribución a la economía del país. En la misma presentación el Ec. Pablo Roselli, reconocido analista y consultor, analizó el beneficio bruto alcanzado por la industria frigorífica antes de impuestos, intereses y amortizaciones. Ese margen oscila en torno al 2,8% del valor bruto producido. Resulta muy exiguo cuando a partir del mismo se deben atender amortizaciones, servicio de deuda, nuevas inversiones y utilidades. Esta presentación dio pie para que, en el cierre de la conferencia, el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífica, Sr. Daniel Belerati, con tono dramático reclamara que, ante la falta de competitividad para producir en un país estructuralmente muy caro, solo el aumento de volumen a procesar a nivel industrial puede dar respuesta a una industria altamente condicionada por su falta de rentabilidad.

En este escenario dinámico, donde el productor ha sabido responder al estímulo del precio recibido, donde adicionalmente la industria clama por mejores condiciones para ser competitiva, inopinadamente y sin argumentos que lo justifiquen, aparece esta iniciativa del senador Botana, pretendiendo establecer limitaciones a las estrategias de negocios de una industria ya, de por sí, cuestionada en su competitividad. Nada más absurdo que introducir regulaciones que limitan la actividad empresarial en un rubro de la economía que de por sí está funcionando bien, de forma fluida. Donde no hay elementos objetivos que sugieran actos de dominio en el mercado mediante precios por parte de la industria.

Es cierto que los corrales de engorde están mayormente en manos de los frigoríficos. Se trata de una solución estratégica para el industrial, que de esa manera se asegura insumos para la faena ante una posible reducción en la oferta y la distorsión que esto provoca cuando hay compromisos de entrega para exportar. Pero también es de resaltar que el ganado allí encerrado constituye una demanda agregada en los mercados intra-ganaderos y, como tal, fortalece al complejo criador.

Como justificación al proyecto de ley, en la exposición de motivos se menciona como antecedente y referencia una ley federal de los Estados Unidos que data del año 1921. La ley de Packers and Stockyards fue promulgada con el objetivo de asegurar una competencia justa, prevenir prácticas monopolísticas y proteger a los productores, consumidores y participantes del mercado de actos injustos o engañosos en las industrias ganaderas, avícolas y del cerdo. En ningún lugar de dicha ley hay regulaciones o prohibiciones a prácticas productivas específicas, en particular los feed lots. De hecho, no existe ninguna regulación federal que prohíba a un frigorífico gestionarlos. Desconocemos si existen otras regulaciones a nivel de algún estado en particular.

Concluyendo: no hay argumentos que justifiquen la iniciativa del senador Botana. Resulta extemporáneo incurrir en nuevas regulaciones y limitaciones a la actividad empresarial en nuestro país, en lo general, pero en particular en el tema que nos ocupa. Más aun cuando serán de difícil control, alimentando una burocracia ya de por sí cuestionada. Este proyecto de ley solo se entiende desde la demagogia ruralista, procurando quedar “bien” con creencias confabuladoras desde la industria que aún suelen atormentar a algunos ganaderos.

Por Ruth Furtenbach

La educación no es un gasto: es la inversión que sostiene la igualdad y la libertad de toda sociedad.

La noticia de que más de 3.100 niños y adolescentes perdieron la Asignación Familiar–Plan de Equidad por no asistir a clases revela una problemática extremadamente preocupante, ya que no se trata tan solo de un subsidio suspendido. Es la señal de un retroceso educativo en un país que hizo de la escuela pública, gratuita, laica y obligatoria uno de los pilares de su desarrollo.

Como uruguayos, siempre nos hemos enorgullecido de nuestra tradición educativa, siendo desde finales del siglo XIX una de las características que nos diferenció del resto de América Latina y nos acercó a los estándares europeos. Esa apuesta se consolidó con el Estado batllista, que entendió la educación no solo como un derecho individual, sino como un motor de integración social y de construcción republicana.

Con ese mismo espíritu surgieron las asignaciones familiares, concebidas como un mecanismo de protección a la infancia y apoyo a los hogares trabajadores. Lo que comenzó en la práctica privada y de algunas instituciones públicas se consolidó con la primera ley N.º 10.449 de Consejos de Salarios, durante el gobierno de Juan José de Amézaga. Fue una política profundamente batllista, con la finalidad de igualar hacia arriba, dar más oportunidades a quienes menos tenían, ofreciendo a todos el mismo punto de partida y reforzando la idea de que el bienestar colectivo empieza por el cuidado de los niños.

Actualmente, a más de 80 años de aquella legislación pionera, el sistema de asignaciones familiares sigue vigente. Con modificaciones y ajustes, continúa siendo una herramienta para reducir desigualdades y asegurar que la infancia tenga un piso mínimo de dignidad. Sin embargo, el vínculo entre educación y protección social atraviesa un momento delicado. El hecho de que 600 de los desvinculados sean menores de 10 años resulta alarmante. No se trata solo de perder un beneficio económico, sino de niños que pierden aprendizajes, socialización, hábitos de convivencia y, por sobre todo, la posibilidad de construir su libertad a través de la educación.

Nos encontramos frente a la expresión de un sistema social en tensión. Por un lado, adolescentes que encuentran en el trabajo una salida más inmediata que la escuela; por otro, familias atravesadas por la pobreza y la desestructuración; y un Estado que, a pesar de los esfuerzos de asistencia y revinculación, no logra llegar a todos.

En las primeras décadas del siglo XX, el batllismo supo leer los desafíos de su tiempo y dar respuestas estructurales: salario mínimo, seguridad social, consejos de salarios, educación universal, entre otros. Hoy, el desafío es de la misma magnitud. No alcanza con suspender asignaciones ni con “buscar caso a caso”, como manifestó el actual presidente de la ANEP, sino que se trata de reconstruir un entramado de políticas que aseguren que ningún niño quede fuera del sistema educativo. En este marco, también nos preocupa y sorprende que en la ley de presupuesto se proyecte un recorte a la UTEC, institución creada justamente para ampliar oportunidades de formación en el interior del país.

El gran reto de nuestro país, más allá de la coyuntura, es no retroceder en aquello que construyó su identidad: la convicción de que la educación es el camino para la igualdad y, al mismo tiempo, la llave de la libertad. Si permitimos que miles de niños crezcan fuera de las aulas, habremos debilitado no solo su futuro personal, sino también la base misma de nuestra democracia.

Por Laura Méndez

Crear un comisionado puede ser un avance, pero el riesgo de duplicar burocracia es tan grande como la deuda social que arrastramos.

En Uruguay hay 40.000 niños y adolescentes que trabajan, casi cuatro de cada diez sufren violencia en sus hogares y uno de cada cuatro vive en situación de pobreza. Son cifras que no admiten indiferencia. Frente a esta realidad, el Parlamento debate la creación de un Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia, proyecto impulsado por la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez, con el objetivo de velar por los derechos de quienes más necesitan del Estado.

La iniciativa busca dar respuesta a lo que sus promotores —la bancada oficialista— definen como un “momento de emergencia”, en el que la infancia aparece como el sector más vulnerable frente a la pobreza, la violencia y la desprotección institucional. Se pretende instalar una figura capaz de escuchar, recibir denuncias, actuar frente a vulneraciones de derechos y supervisar el cumplimiento de las políticas públicas, además de poner en la agenda parlamentaria lo que muchas veces queda invisible: la vida cotidiana de niños y adolescentes que cargan con desigualdades estructurales.

El debate de fondo ya está planteado: ¿es necesaria una nueva institucionalidad para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, o se corre el riesgo de duplicar estructuras ya existentes?

El proyecto, compuesto por 28 artículos, ingresó a la Cámara de Senadores el 11 de junio. Ese mismo día fue derivado a la Comisión de Legislación y, posteriormente, el 17 de junio rectificado para ser analizado por la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. Desde entonces, dicha comisión ha convocado a representantes de organismos vinculados al tema —entre ellos INAU y UNICEF— para recoger opiniones y consideraciones.

Por su parte, quienes respaldan la propuesta subrayan que un comisionado especializado permitiría dar mayor visibilidad a los problemas de la infancia, actuar con rapidez en situaciones críticas y ejercer supervisión independiente sobre organismos responsables como INAU, MIDES, la educación y la salud. También remarcan que, al aprobarse, nuestro país se alinearía con compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que recomienda la creación de mecanismos de vigilancia autónomos.

Mientras tanto, los críticos advierten sobre posibles superposiciones de funciones con entidades ya instaladas, como el propio INAU o la Institución Nacional de Derechos Humanos. Señalan que, sin un presupuesto adecuado y sin autonomía política, la figura corre el riesgo de reducirse a un cargo meramente testimonial, administrativo en lugar de resolver urgencias. Entienden que primero habría que avanzar en la reglamentación de la Ley de Garantías de la Infancia y la Adolescencia, aprobada en setiembre del año pasado a impulso de la actual ministra de Salud, Cristina Lustemberg. También les preocupa la generación de expectativas desmedidas frente a problemas estructurales que ningún organismo por sí solo puede resolver.

Ahora bien, la experiencia comparada aporta lecciones. La ONU y la OEA recomiendan crear mecanismos de vigilancia independientes para garantizar los derechos de la niñez. En Chile, desde 2018 funciona la Defensoría de la Niñez, con un mandato de defensa activa, aunque al inicio fue cuestionada por falta de recursos. En Colombia y Perú existen defensorías especializadas dentro de las instituciones de derechos humanos. En Europa, países como Suecia, Irlanda y Noruega cuentan con Children’s Ombudsman que operan con amplia independencia, presentan informes anuales y acceden a datos, convirtiéndose en referentes de políticas públicas.

La aprobación de la creación del comisionado para la infancia y la adolescencia podría representar un paso significativo en la protección de derechos, siempre que su diseño evite la burocratización y asegure un impacto real. El desafío es claro: o se convierte en un actor central de supervisión y defensa de la niñez, o quedará como un gesto simbólico más en la larga lista de buenas intenciones parlamentarias.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿estamos dispuestos a darle a la infancia una voz propia en el Parlamento?

Por Susana Toricez

Montevideo merece mostrar su verdadera riqueza cultural, no improvisaciones que apenan.

Llegan los cruceros cargados de turistas a Uruguay y son recibidos en el Puerto de Montevideo por una cuerda de tambores paupérrimamente producida. Alguien debería advertir a los visitantes que eso que ven no es, en absoluto, representativo de la ciudad. ¿Por qué entonces el Departamento de Cultura de la IMM no asume su responsabilidad e interviene para que la situación cambie y sea sustituida por representantes de la auténtica cultura montevideana y uruguaya?

Se me ocurre que no sería mala idea que algunos artistas municipales —integrantes de la Banda Sinfónica Municipal, bien remunerados por cierto— tuvieran como parte de sus funciones recibir a esos miles de extranjeros que llegan, muchas veces, por primera vez a nuestro querido país.

¿Tan difícil sería armar pequeños shows, con cuerpo de baile incluido, donde se muestre tango, candombe y murga, elegantemente vestidos y con verdadera profesionalidad ¿Por qué no se hace? Lo necesario para hacerlo está, y también los recursos. Lo que no existe es la voluntad de mostrar una mejor cara de nuestra ciudad.
Evidentemente, es mejor dar lástima que recibir admiración. Parecería que ese es el perfil de esta Administración.

Se organizan shows callejeros en épocas de elecciones municipales. Sería interesante que se realizaran con otro fin que no sea el de ganar votos.

El propio Teatro Solís debería destinar, al menos un día a la semana, funciones gratuitas para mostrar nuestra cultura. En Barcelona, por ejemplo, la fuente de Montjuïc ofrece un espectáculo de luces gratuito un par de días por semana, lo que se convierte en una visita ineludible para cualquier turista. Ese es solo uno de los tantos espectáculos patrocinados por el Ayuntamiento, que hacen de Barcelona una de las ciudades más visitadas del mundo.

Sería positivo que por estas latitudes surgieran ideas así de brillantes —aunque más no fuera por imitación— y que la IMM diera a conocer más y mejor las virtudes uruguayas.
El uruguayo, en general, gusta de los espectáculos culturales, por más que los gobiernos frenteamplistas intenten disimularlo.

Entonces, en un país que se dice turístico, ¿por qué no pensamos precisamente en los turistas?

¿Qué hace falta para que eso suceda? Una sola cosa: voluntad.

Por Juan Carlos Nogueira

Los símbolos no son neutros: en ellos también se libra la disputa por el poder.

En sus Cuadernos de la cárcel, Antonio Gramsci reflexionó profundamente sobre la cultura nacional, los símbolos y las tradiciones desde la perspectiva de la hegemonía cultural. Para él, los símbolos patrios, las tradiciones, los rituales cívicos o religiosos, e incluso las costumbres populares, no eran elementos “neutrales”, sino instrumentos de poder.

Según Gramsci, los símbolos y las tradiciones cumplen una función política: legitiman el poder establecido. Por eso, un movimiento emancipador no debía limitarse a criticar la hegemonía existente, sino crear nuevos símbolos y nuevas formas culturales capaces de reemplazarla. La resignificación de símbolos patrios y tradiciones, o incluso su sustitución por otros, es una estrategia clave para construir una hegemonía alternativa y establecer una nueva cultura.

Su concepto de revolución no implicaba un ataque frontal al Estado —una llamada “guerra de movimientos”—, sino más bien una “guerra de posiciones” dentro de la sociedad civil. La idea era ocupar espacios culturales, educativos y morales hasta que la sociedad estuviera preparada para un cambio político profundo.

Ahora bien, quien lea estas reflexiones podría preguntarse: ¿hay indicios de que Uruguay esté atravesando un proceso de este tipo? Algunos hechos recientes invitan a la reflexión:

• Relato sesgado de la historia reciente, en el que se llega a decir que el terrorismo del MLN - Tupamaros, luchó contra la dictadura, pese a que fue vencido en democracia.
• Propuestas de las Asambleas Técnico-Docentes para eliminar actos patrios obligatorios en escuelas, como desfilar ante la bandera, realizar la promesa de fidelidad o entonar la marcha “Mi Bandera”.
• Iniciativas de modificar símbolos y rituales patrios, incluyendo sugerencias para incorporar nuevos elementos al Escudo Nacional, como un tamboril o un mate.
• Cambios en la imagen institucional y el escudo departamental en Salto por parte de la intendencia local.
• Prohibición del uso del facón gaucho tradicional en marchas de caballería gaucha.
• Reemplazo de las banderas de los Treinta y Tres Orientales y de Artigas por banderas LGBT en la Facultad de Información y Comunicación (Universidad de la República).
• Instalación de la bandera LGBT junto a pabellones patrios en el Liceo N.º 1 de Atlántida.

Por Jorge Ciasullo

La designación de Luis Carlos Varela como capitán del puerto de Montevideo genera controversia: especialistas advierten que la ley exige un perfil técnico y experiencia portuaria que el funcionario no acredita plenamente.

Por Alvaro Valverde Urrutia

El nuevo tratado entre el Mercosur y la EFTA introduce un esquema flexible de entrada en vigor y muestra capacidad de acción del bloque del sur. Aunque no modifica el proceso legal con la Unión Europea, genera presión política y nuevos escenarios en la negociación pendiente.

Cuando la política se enfrenta a la ciencia, la desinformación se convierte en un peligro real para la salud pública.

En un contexto global donde la ciencia se erige como el pilar fundamental para enfrentar crisis sanitarias y sociales, las recientes declaraciones de figuras públicas como Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr. han generado alarma y preocupación. Ambos han promovido teorías desacreditadas que desafían el consenso científico, poniendo en riesgo la salud pública y el bienestar colectivo.

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ha afirmado que el paracetamol podría causar autismo en los niños. Esta declaración carece de fundamento científico y ha sido ampliamente rechazada por expertos en salud pública y pediatría. Estudios rigurosos han demostrado que no existe evidencia que respalde tal vínculo, y que el paracetamol, cuando se administra en las dosis recomendadas, es seguro y efectivo para aliviar el dolor y la fiebre. La comunidad científica ha respondido con contundencia, calificando las afirmaciones de Trump como peligrosas y desinformadas.

Por otro lado, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su activismo antivacunas, ha continuado promoviendo teorías sin base científica sobre la relación entre vacunas y autismo. A pesar de que numerosos estudios han refutado esta conexión, Kennedy persiste en difundir información errónea que puede generar desconfianza en la vacunación y poner en peligro los esfuerzos de inmunización globales.

Estas posturas no solo son irresponsables desde el punto de vista ético, sino que también tienen consecuencias tangibles en la salud pública. La desinformación puede llevar a decisiones equivocadas por parte de padres y cuidadores, exponiendo a los niños a enfermedades prevenibles y a tratamientos innecesarios o peligrosos.

Es imperativo que la sociedad, los medios de comunicación y las autoridades sanitarias trabajen conjuntamente para contrarrestar la propagación de teorías infundadas y promover la educación basada en evidencia científica. La salud pública debe prevalecer sobre intereses personales o políticos, y la confianza en la ciencia debe ser fortalecida para garantizar un futuro más saludable para todos.

Los dólares que llegan desde Washington y los organismos multilaterales no curan la enfermedad: apenas estiran el plazo antes del próximo colapso. Una vez más, el país confunde “auxilio” con “solución” y posterga la inevitable devaluación a cambio de más deuda.

Argentina vuelve a su deporte favorito: conseguir dólares prestados para tapar agujeros. Esta vez, el salvavidas viene en forma de un paquete financiero que mezcla ayuda directa de Estados Unidos, aval político de Donald Trump y nuevos desembolsos de organismos multilaterales. Un auxilio millonario que Javier Milei presenta como triunfo de su “diplomacia de la motosierra”, pero que en realidad repite un guion conocido: patear la crisis cambiaria para adelante a cambio de hipotecar el futuro.

La Casa Blanca anunció su apoyo explícito con líneas de crédito frescas, mientras el FMI, el Banco Mundial y el BID prometen reforzar la liquidez en las próximas semanas. Sobre el papel, los números impresionan: se habla de más de 15.000 millones de dólares disponibles. En los hechos, sin embargo, se trata de aspirinas para un paciente crónico. El dinero busca frenar la sangría de reservas, estabilizar el tipo de cambio en vísperas de elecciones clave y evitar que el temido “dólar descontrolado” se lleve por delante la gobernabilidad de Milei.

Las fragilidades que intenta mitigar el auxilio son tan evidentes como viejas. La caída de las reservas internacionales dejó al Banco Central prácticamente vacío. La inflación, aunque desacelerada, sigue minando el poder de compra. Y la brecha entre el dólar oficial y los paralelos amenaza con desbordar cualquier plan de estabilización. En ese contexto, el crédito externo no es un respaldo virtuoso, sino una muleta para evitar que el enfermo caiga de bruces antes de las elecciones.

Lo más inquietante es que Argentina reincide en un ciclo histórico: sobreendeudarse para evitar la devaluación. En lugar de encarar reformas de fondo, el país busca aire financiero para posponer la cirugía. Es el mismo patrón que acompañó al retorno de la democracia, a la convertibilidad de los 90 y al acuerdo con el FMI de 2018: recibir dólares prestados con la promesa de un milagro que nunca llega.

El apoyo de Trump añade un matiz geopolítico. No es altruismo ni afinidad ideológica gratuita: Washington apuesta a consolidar a Milei como socio regional frente al eje de Lula y Petro. Pero la política exterior disfrazada de rescate económico tiene un precio, y ese precio —como siempre— lo pagará el contribuyente argentino en años de ajustes y condicionamientos.

La motosierra que Milei prometía usar para “achicar el Estado” termina aplicada en otro frente: recortar soberanía financiera. Cada préstamo refuerza la dependencia de acreedores externos y debilita la capacidad de decisión propia. Argentina gana tiempo, pero pierde margen.

El país celebra el crédito como si fuese riqueza, cuando en realidad es deuda. Se aplaude la llegada de dólares como si fueran fruto de la producción, cuando son simplemente un nuevo pagaré firmado a nombre de las futuras generaciones. Y se vende la ilusión de estabilidad cuando en el horizonte se asoma lo inevitable: un ajuste cambiario que ningún préstamo podrá evitar.

Argentina, una vez más, prefiere pedir fiado antes que asumir la dieta económica que requiere. La historia ya mostró cómo termina esa estrategia: primero el alivio, luego el endeudamiento insostenible, más tarde la devaluación y, al final, otra crisis. Cambian los nombres y los discursos, pero el libreto es el mismo.

Como en el tango Por la vuelta, de Cadícamo y Tinelli, “la historia vuelve a repetise…”.

En Afganistán, los talibanes no sólo censuran textos: intentan borrar a la mitad de su pueblo de la historia.

Cuando se le quita el espacio a las palabras de una mitad de la población, no solo se empobrecen los estantes de las bibliotecas: se mutila el alma de una nación. Eso es exactamente lo que ocurre hoy en Afganistán, donde los talibanes han decidido que los libros escritos por mujeres no merecen estar en las universidades. Es una prohibición que no es simbólica: es un acto de agresión institucional, de borrado sistemático, de castigo a la inteligencia por el solo hecho de haber nacido mujer.

A fines de agosto, el Ministerio de Educación Superior —acompañado por un panel de “eruditos y expertos religiosos”— emitió un decreto que marca que de los aproximadamente 680 títulos catalogados como “preocupantes”, 140 son obras escritas por mujeres. Ahora, esos libros están fuera del currículo universitario. Se vetaron asignaturas enteras, entre ellas “Género y Desarrollo”, “El Rol de la Mujer en la Comunicación” o “Sociología de la Mujer”; también se prohíben clases sobre derechos humanos o acoso sexual.

El argumento del régimen es que estas obras “atentan contra la Sharía” o la “política del sistema”, y que esos conocimientos podrían corromper la pureza moral que quieren imponer. Pero ese discurso es un disfraz. Las prohibiciones no son parte de una regulación responsable: son violencia intelectual, censura, exterminio simbólico. Son un mandato de silencio impuesto.

El horror cotidiano de invisibilizar voces

Las jóvenes universitarias quedan sin referentes literarios, sin modelos de pensamiento. Cuando sus reflexiones, sus historias, su ciencia desaparecen de los planes de estudio, pierden también la posibilidad de verse como creadoras, como parte de la construcción del saber.

Profesores y profesoras deben omitir textos, libros, trabajos que ya no se consideran “apropiados”. Se paraliza el diálogo intelectual, se reduce la educación a una versión monolítica y adoctrinada.

La calidad académica sufre un golpe brutal: vetar textos bien fundamentados, incluyendo manuales técnicos, no solo empobrece el contenido científico, sino que impide que la comunidad universitaria tenga acceso a perspectivas amplias y diversas.

Una regresión totalitaria

Estos gestos, prohibiciones y vetos no son nuevas vueltas de tuerca aisladas: forman parte de un patrón más oscuro. Desde la vuelta al poder en 2021, los talibanes han impuesto restricciones crecientes a la educación femenina más allá del sexto grado, cerrado cursos de partería —una ruta profesional clave para mujeres— y prohibido el empleo femenino en múltiples sectores.
Prohibir libros escritos por mujeres es destruir no sólo conocimiento sino memoria: derribar puentes generacionales, hacer que niñas y jóvenes crean que su voz no vale. Y esa destrucción no tiene vuelta atrás.

Protesta moral, resistencia necesaria

Es urgente decirlo: lo que ocurre en Afganistán no es solo un problema para las mujeres afganas, sino una afrenta a la idea misma de humanidad. Cuando un régimen borra las voces de la mitad de su población, no solo viola derechos sino que se declara enemigo del progreso intelectual y social.

Organizaciones internacionales de derechos humanos lo han denunciado como una violación flagrante de la educación, la libertad de pensamiento y el derecho humano básico de aprender y expresarse. Cada día que esa prohibición medra sin repulsa clara es un día más que se legitima la opresión.

La prohibición de los libros escritos por mujeres en las universidades de Afganistán no es un horror lejano: es una llamada de atención urgente para el mundo. Es la constatación de que el oscurantismo todavía tiene armas poderosas: vetos, silencios, sombras. Y que cada libro prohibido es una voz que se apaga.

Si la justicia global alguna vez quiere estar a la altura de sus ideales, debe reclamar con volumen, exigir sanción y apoyar la restauración del derecho humano más elemental: que las mujeres puedan enseñar, escribir, pensar, leer… como seres completos, no como sombras condenadas al silencio.

El expresidente denuncia una sentencia que considera injusta y asegura que luchará hasta el final para probar su inocencia.

La justicia francesa dictó este jueves una sentencia que podría marcar un antes y un después en la política del país: cinco años de prisión para el expresidente Nicolas Sarkozy, por presunta financiación ilícita de su campaña electoral de 2007 con fondos procedentes del régimen de Muamar Gadafi en Libia.

En un comunicado ante la prensa, Sarkozy calificó la condena como “un hecho de extrema gravedad para el Estado de Derecho y para la confianza que los ciudadanos deben tener en la justicia”. Afirmó que, con esta decisión, se ha humillado “la imagen de Francia” y subrayó que “a quien han humillado hoy es a Francia, no a mí”.

El expresidente reiteró que no alberga espíritu de venganza ni odio hacia nadie, pero dejó claro su firme propósito: “Lucharé hasta mi último suspiro para probar mi inocencia completa”. Las declaraciones evidencian la magnitud política y simbólica del caso, que ha generado un intenso debate en la opinión pública francesa.

El proceso judicial ha girado en torno a la supuesta recepción de fondos ilícitos provenientes de Libia, destinados a financiar la campaña de Sarkozy, una acusación que, de confirmarse, involucraría no solo cuestiones de corrupción electoral, sino también compromisos internacionales y relaciones con un régimen autoritario. Durante el juicio, la defensa del exmandatario insistió en la falta de pruebas directas que lo vinculen de manera inequívoca con la recepción del dinero.

La condena revive polémicas históricas sobre la financiación de campañas políticas en Francia y pone en primer plano la tensión entre justicia y política. Para algunos analistas, el fallo tiene un efecto simbólico, reforzando la idea de que ningún político está por encima de la ley. Para otros, la sentencia podría percibirse como un exceso judicial que afecta la credibilidad del sistema legal.

Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, ha insistido en que esta decisión es “una injusticia inverosímil” y sostiene que su prioridad es demostrar que nunca traicionó a los franceses ni abusó de su posición. El caso sigue generando repercusiones en la esfera política europea, donde se debate si la sentencia refleja imparcialidad judicial o si, por el contrario, es un ejemplo de la politización de los tribunales.

Con la condena, la figura de Sarkozy se ve marcada por un proceso que combina historia política, relaciones internacionales y ética en la gestión del poder. La resolución definitiva y los recursos que presente el exmandatario determinarán no solo su futuro personal, sino también el impacto sobre la confianza de los ciudadanos en la justicia francesa.

Así sí

   Un cambio cultural en el tránsito

La Unasev anunció la creación del Permiso Nacional de Conducir por Puntos, que se implementará de forma gradual a partir del segundo semestre de 2026. El sistema premiará las buenas conductas en el tránsito y sancionará las peligrosas. Al cometer infracciones, los conductores restarán puntos de su libreta. La medida busca cambiar hábitos de conducción y reducir siniestros, transformando al tránsito en un espacio más seguro y responsable.

  Educar desde la sanción y la recompensa es sembrar una cultura vial más justa y preventiva.


   Presupuesto Fácil UY: transparencia al alcance de todos

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó la aplicación Presupuesto Fácil UY, que permite conocer de forma clara y accesible el Presupuesto Nacional 2025-2029.
El acceso está disponible en versión móvil y web. Permite consultar los artículos del proyecto de Ley de Presupuesto y comparar sus redacciones a lo largo del trámite parlamentario. Además de brindar la visualización del costo y la fundamentación de cada propuesta ofrece la opción de compartir información en redes sociales, facilitando la participación ciudadana.

  Un Estado abierto y claro fortalece la democracia porque pone las cuentas en manos de quienes las sostienen.
 

   Éxito científico sin respaldo

   Bajaron los precios internacionales de los granos uruguayos