Esta semana, la Coalición Republicana reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia condenando enérgicamente el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Por un lado, nuestra Cancillería se unió a otros gobiernos democráticos de la región para exigir el cese inmediato de la represión, que se ha intensificado en vísperas de las elecciones del domingo. Al mismo tiempo, la Cámara de Senadores impulsó una declaración “grave y urgente” en los mismos términos. El frentismo, por su parte, no sólo se ha negado a apoyar las declaraciones en contra del régimen, sino que ha anunciando que enviará, a pedido y por invitación del mismo, un staff de observadores de dudosas credenciales democráticas. Otra vez Venezuela divide las aguas.

El próximo domingo, Venezuela se enfrenta a unas elecciones presidenciales marcadas por la falta de garantías democráticas. Este proceso electoral, visto con esperanza por muchos ciudadanos agobiados por la represión y el hambre, no escapa del contexto de hostigamiento que ha caracterizado al régimen de Nicolás Maduro.

En este penoso escenario, nos vemos obligados a exponer nuevamente las posturas locales al respecto, en tanto el Frente Amplio continúa, por acción y omisión, respaldando a sus amigos autoritarios.

Los comunicados emitidos por nuestra Cancillería y los senadores de la Coalición son contundentes. Condenan la persecución y la represión de la oposición venezolana, exigiendo el cese inmediato de estos abusos y la liberación de los presos políticos. La Cancillería, junto a sus pares de Argentina, Costa Rica, Guatemala y Paraguay, expresó: “Exigimos el inmediato cese del hostigamiento, persecución y represión contra activistas políticos y sociales de la oposición, así como la liberación de todos los presos políticos”. De igual forma, subrayó la necesidad de que las elecciones reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo venezolano: “Exhortamos a que el resultado de la elección sea el fiel reflejo de la soberanía popular venezolana y ello solo se podrá alcanzar a través de un absoluto respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales”.

En el Senado, por su parte, la Coalición declaró: “Que la elección del próximo domingo con proscritos, exiliados y llena de obstáculos a la libre expresión del pueblo no tiene las garantías imprescindibles de la democracia”. En esa línea, los senadores condenaron duramente al régimen de Maduro: “Que las expresiones del presidente Maduro de los últimos días no hacen más que recordar su ejercicio autoritario, antidemocrático y en permanente ataque a la libertad del pueblo venezolano”.

En contraste con la firmeza del gobierno, el Frente Amplio continúa mostrando una preocupante ambivalencia. Mientras la comunidad internacional y los gobiernos democráticos de la región condenan las acciones de Maduro y alertan sobre un eventual fraude, el Frente Amplio sigue firme en su apoyo, llegando al punto de negarse a votar en el Parlamento cualquier moción que critique abiertamente al régimen. Peor aún, se conoció recientemente que han decidido enviar a varios de sus dirigentes como “observadores electorales”, invitados por la misma dictadura.

Estos supuestos observadores, lejos de ser imparciales, son cómplices de un régimen que se esfuerza por legitimar un proceso electoral viciado. Y no, no hablamos de cualquier staff. Según publicó El Observador, el gobierno venezolano señaló en una carta remitida a la embajada uruguaya en Caracas que se trata de “distinguidas personalidades” que solicitó participen “en calidad de acompañante internacional” en el “proceso democrático y participativo” que se celebrará el 28 de julio.

Se trata de 12 dirigentes: Ana Olivera (presidenta de la Cámara de Diputados, PCU); Marcelo Abdala (presidente del PIT-CNT, PCU); Juan Raúl Ferreira (dirigente del Espacio 609); Luis Pereyra (secretario de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo); Mauro Kusavinis (dirigente sindical); Gustavo Pacheco (exembajador en Venezuela); Mateo Grille (director de Caras y Caretas); Luis Vignolo (director de la fundación Vivian Trías); Gabriela Cultelli (del Comité Directivo Intelectual REDH); Iván Hafliger (secretario del Sunca); Camilo Álvarez (coordinador del centro Martin Luther King); y Martín Clavijo (secretario de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Canelones).

A buen entendedor, pocas palabras.

“De un lado vamos a estar los que creemos que Venezuela es una dictadura, y del otro lado los que creen que es una democracia”, anticipó el Presidente Sanguinetti en la campaña 2019. Sus palabras resuenan, cuatro años después, más fuertes que nunca. Lastimosamente, esta división sigue siendo una realidad en Uruguay. Como en aquel momento, los actuales candidatos frentistas, Orsi y Cosse, se ocultan detrás de evasivas. Su silencio es, en realidad, una aceptación tácita de las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro.

Así las cosas, todas las miradas están puestas en lo que ocurrirá el domingo. Sinceramente, nuestras expectativas son considerablemente bajas. A la luz de los antecedentes -recientes y y lejanos- y las acciones del régimen, resulta difícil albergar esperanzas de un proceso electoral genuinamente democrático. Es de prever que Maduro y sus secuaces empleen todos los recursos a su alcance para mantenerse en el poder. Esperemos que los “observadores” uruguayos desempeñen su labor con la independencia y rigor necesarios, y no se conviertan en herramientas funcionales al régimen, validando sus atropellos. De eso, también, desafortunadamente, tenemos serias dudas…

Hoy Correo de los Viernes alcanzó su edición número 1000 en la era digital. Este logro “numérico” no hubiese sido posible sin el compromiso y la dedicación de un grupo de colaboradores que, semana a semana, trabajan voluntariamente para mantener vivo este espacio de intercambio, información y análisis.

Desde nuestros inicios en la era digital hace dos décadas, hemos sido testigos y partícipes de los eventos más significativos de nuestro país, documentado y analizado la evolución política, económica y social desde una perspectiva crítica.

Nuestro espacio ha sido un foro abierto para el intercambio de ideas y el debate, contribuyendo a enriquecer la discusión pública. La diversidad de voces que se han expresado en nuestras páginas ha permitido abordar los temas más variados, desde la economía hasta la cultura, siempre con rigurosidad.

Hemos sido testigos de la resiliencia de nuestro país frente a las adversidades y hemos acompañado cada paso hacia la recuperación. La era digital de Correo se inauguró en 2002, en plena crisis económica, y cumplió 20 años en 2022, cuando todavía atravesábamos una pandemia sin precedentes en el mundo.

La contribución de nuestros colaboradores ha sido esencial para mantener la calidad y relevancia de Correo de los Viernes. Muchos de ellos han estado con nosotros desde el principio, dedicando su tiempo y esfuerzo de manera desinteresada para asegurarse que cada edición refleje el espíritu crítico y el rigor informativo al que aspiramos semana a semana. Ni hablar de nuestros lectores, cuyo apoyo ha sido el combustible para llega hasta aquí.

Miramos hacia el futuro con optimismo, recordando a aquellos colaboradores que, lamentablemente, ya no están con nosotros pero dejaron una marca imborrable en nuestro camino.

A todos los que han sido parte de esta historia, les decimos: ¡Muchas gracias!

Por Julio María Sanguinetti

En el memorable diario de viaje que comenzó a escribir Don Pepe cuando se embarcó para Europa, luego de su segunda presidencia, escribió que su afición a los estudios filosóficos y científicos solo la había relegado por “la indignación que le producían los vejámenes y crímenes de que eran víctimas las clases desheredadas de mi país”. Añadiendo: “si hubiera nacido hijo de un país constituido y libre habría sido un hombre completamente distinto al que soy”.

En línea con esta meditación, un año después, desde París, escribió su célebre frase: “yo pienso en lo que podríamos hacer para construir un pequeño país modelo”.

Ese fue su gran empeño a su retorno y bien podemos decir que ese sueño fue alcanzado, pese a las enormes resistencias que tuvo. Terminado el ciclo de las guerras civiles en 1904, el país se avocó a grandes reformas, con una mirada humanista. La abolición de la pena de muerte y el divorcio por sola voluntad de la mujer, fueron el emblema de ese país. Él se abre camino con dificultades y grandes resistencias, pero siguió avanzando. Pensemos solamente que la ley de 8 horas, promovida por Batlle en su primer gobierno, no se pudo aprobar ni en ese período ni el subsiguiente de Williman, ni aun en el segundo mandato de don Pepe. Recién el gobierno de Viera alcanzará esa reforma fundamental en la protección de los trabajadores. Paralelamente, los grandes bancos oficiales, el República y el de Seguros, marcarán la otra dimensión de ese Estado que se iba construyendo. Mientras que Eduardo Acevedo fundaba la Facultad de Veterinaria con profesores norteamericanos y la de Agronomía con alemanes, expresiones de ese país que miraba al mundo.

En todo caso, la democracia uruguaya alcanzó un sistema para su época ejemplar, el “pequeño país modelo”.

No es del caso seguir enumerado lo que configuró ese llamado Estado batllista. Ni socialista, ni juez y gendarme indiferente a las responsabilidades sociales. Lo cuestionaban los liberales conservadores, por lo que juzgaban excesiva presencia del Estado. También los socialistas porque la libertad comercial y la propiedad privada lo definían como burgués.

Ese modelo de Estado pretendieron cambiar en 1959 los nacionalistas, por vez primera en el gobierno luego de casi un siglo de oposición. Reconozco que racionalizaron algún aspecto, pero la estructura quedó incólume.

El otro intento, violento, vino luego, cuando se lanzó una revolución, bajo la inspiración guevarista, que procuraba derruir la democracia liberal. Comenzó tímidamente en 1963 pero termino siendo una real guerra civil, que inauguró un período de desestabilización culminado en el golpe de Estado de 1973. Nada excusa a los militares golpistas, pero solo esa irreal historiografía hoy dominante puede intentar la explicación de esa caída sin el desafío guerrillero anterior.

Llegaron luego los militares. Los más extremistas también soñaron con otra refundación. Alejados los demagogos políticos y reducida la burocracia estatal, nacería otro Estado. Ya sabemos que terminó en un trágico fracaso y que en 1985 vivimos un proceso de restauración de las clásicas estructuras, que volvieron a ser un ideal cuando se perdieron.

Desde entones gobernamos batllistas, nacionalistas y socialistas, pero las bases estructurales siguen siendo las mismas. Por supuesto, el país ha mejorado sustancialmente en su infraestructura, desde la vial hasta la comercial; ha vitalizado su economía con grandes transformaciones como la forestación, la industria digital, lo puertos renovados y las zonas francas; ha avanzado en su expectativa de vida, que al final de cuentas es lo que resume el progreso de una sociedad. Hoy un uruguayo al nacer tiene una expectativa de 78 años, cuando en 1985 era de 72 y en el 2000 de 75.

El país tiene un modelo ya histórico de estructura institucional y social. Y si él fue comparativamente destacado en los años 20, hoy, más allá de todos los ruidos, también lo es. Quienes nos miran desde afuera lo tienen claro, especialmente los vecinos. Los que estamos aquí adentro no tanto, porque las inevitables dificultades de la vida nos alejan de ese sueño imposible de la felicidad perpetua. Estamos en la tierra y no en el Nirvana.

La cuestión entonces no es inventarse, demagógicamente, un nuevo “modelo” de país sino lograr que esta república democrática, este país “constituido y libre” del que hablaba don Pepe, logre preservarse en medio de una revolución que ha cambiado desde el modo de comunicarnos los seres humanos hasta la misma riqueza, hoy más inmaterial que nunca. El desafío, entonces, lo podemos definir, a cuenta de un inventario mayor, en algunos aspectos fundamentales: 1) educación permanente para un mundo digital, preservando los valores republicanos; 2) incorporación a las actividades productivas, de un proceso de innovación permanente; 3) resguardar las clásicas instituciones sociales, adaptándolas a la actual demografía nacional; 4) ampliación constante de nuestro comercio exterior, sin condicionamientos políticos, 5) afirmación del Estado democrático frente a los desafíos que le plantean poderes como el delito internacional o los populismos agresivos.

Fácil es decirlo, difícil llevarlo a la práctica. Lo que sí está claro es que si nos resignamos a que las gremiales de la educación paralicen todo cambio, a que el PIT-CNT imagine que podemos vivir más y jubilarnos antes y mejor, a que sigamos mirando la economía de mercado con sospecha y con odio al capital extranjero, a que los regímenes fracasados como Cuba puedan seguir alimentando un sueño absurdo, a que despreciemos los equilibrios económicos en nombre de un solidarismo social impracticable, ahí sí que al país se le van caer las bases de su “modelo”.

Fuimos un “pequeño país modelo”. Aun con limitaciones y rezagos, en muchos aspectos lo seguimos siendo. Pero todo se puede perder si no entendemos que el mundo cambió. Ni sueños de utopías fracasadas ni refundaciones: reformismo, siempre reformismo. Ya Darwin nos contó que los animales que sobrevivieron no fueron los más fuertes sino lo que mejor se adaptaron a la evolución. No los dinosaurios y sí los sapiens.

Los uruguayos hace décadas que naturalizaron el empleo de la tecnología nuclear en la medicina. Sin embargo, aún levanta resquemores su aplicación en otras áreas (aunque la mayoría ignora que se emplea en los pararrayos). El pasado lunes 22, se desarrolló una actividad que abre interesantes perspectivas para el empleo de esta tecnología en varias ramas de actividad industrial.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) recibió a una misión del Departamento de Energía de Estados Unidos, que participó en un conversatorio sobre la introducción de la tecnología de radiación en el Uruguay. El evento, organizado por la Dirección Nacional de Aplicaciones de la Tecnología Nuclear (DINATEN) del MIEM, se enmarca en la promoción de las aplicaciones pacíficas en la industria.

A la actividad asistieron el subsecretario del MIEM, Walter Verri, y el titular de DINATEN, Aníbal Abreu, entre otras autoridades nacionales.

La finalidad del proyecto de introducción de la tecnología de radiación industrial en nuestro país es instalarla en producciones para el mercado local e internacional, eliminar barreras no arancelarias, acceder a nuevos mercados y afianzar los existentes, sostuvo el Director Abreu. El plan es ejecutado por el Comité Nacional de Irradiación y fue declarado de interés por el MIEM y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

La iniciativa se desarrolla en dos etapas. La primera, liderada por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), donde se hallan los equipos necesarios para realizar las pruebas, permitió conformar la normativa de alimentos irradiados, así como identificar la demanda potencial de la tecnología nuclear en el territorio.

Los propósitos de la radiación a escala industrial son múltiples y abarcan desde la extensión de la vida útil de los productos alimenticios hasta la elaboración de productos farmacéuticos, cosméticos y automotrices, así como intervenciones en el área de la salud, indicó Abreu.

En segunda instancia, los resultados obtenidos fueron evaluados por la Texas A&M University, el Departamento de Energía estadounidense y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que ejecutaron un estudio de factibilidad para instalar una planta de radiación.

El Subsecretario Verri, por su parte, destacó que el gobierno reinstauró el organismo rector de las aplicaciones de la tecnología nuclear con el rango de dirección nacional, resaltó su importancia y valoró sus actuaciones durante el presente período.

Como resulta sencillo de advertir, la introducción de la tecnología nuclear en tan amplios campos de actividad económica, permitiría a la producción industrial uruguaya dar un salto cualitativo en productividad y conquista de mercados externos.

El cierre de La Papoñita, un restaurante emblemático del centro de Montevideo, no es un hecho aislado, más bien es un reflejo de la grave situación que atraviesa esta zona de la ciudad.

Este cierre, como tantos otros en las tres décadas y media de gobiernos ininterrumpidos del frentismo, evidencia la desidia y mala gestión que han caracterizado a la izquierda capitalina. La decadencia del centro de Montevideo no es un fenómeno reciente ni atribuible al gobierno nacional, como algunos descarados sugieren, sino el resultado de políticas ineficaces y falta de acción por parte de la Intendencia.

En reiteradas entrevistas, los dueños de La Papoñita expresaron su profunda tristeza y frustración, señalando la falta de apoyo y las condiciones adversas que enfrentan los negocios en nuestra capital. No se trata solo de un problema económico, sino de una crisis estructural que ha llevado al centro de Montevideo a un estado deplorable. La inseguridad, la suciedad y la falta de incentivos para comerciantes y residentes han transformado lo que debería ser un área próspera y dinámica en una zona descuidada y en decadencia.

La Intendencia ha demostrado una preocupante falta de visión y compromiso para revitalizar la ciudad, y el centro es un ejemplo de este estrepitoso fracaso. A pesar de los reiterados llamados de atención por parte de los comerciantes y los contribuyentes, las respuestas han sido insuficientes y en ocasiones contradictorias. Sin ir más lejos, la administración de Cosse no sólo colocó un adefesio para bicicletas que torna caótico el tránsito y afea la principal avenida, sino que quitó lugares de estacionamiento y hasta las papeleras.

El centro de Montevideo está sucio y descuidado. Sólo basta con recorrerlo. Grafitis por doquier, contenedores desbordados, veredas en estado deplorable, una iluminación mediocre y un olor nauseabundo allí por donde uno camine. No hay que ser especialista para advertir que sin un entorno donde los negocios puedan prosperar y los ciudadanos se sientan seguros, todo irá a peor…

Con los homicidios en una meseta y rapiñas y hurtos a la baja, el desafío de la Coalición continua siendo profundizar las medidas implementadas a partir de 2020.

Las cifras del primer semestre de 2024 reafirman una tendencia a la baja en delitos como rapiñas, hurtos y abigeatos, mientras que los homicidios se mantienen en una meseta, según informó la semana pasada el Ministerio del Interior. De acuerdo a los datos procesados por dicha dependencia, en el primer semestre de 2024 los homicidios bajaron 5,8% en comparación con el mismo período de 2023. Lo mismo sucedió con las rapiñas, que bajaron un 25%, mientras que los hurtos y el abigeato se redujeron 7,5% y 29,3%, respectivamente.

El ministro fue cauto al referirse a los homicidios, mencionando que aunque se mantiene una meseta, con cifras similares a años anteriores, es necesario esperar a ver los datos del año completo. Sin embargo, subrayó dos datos positivos adicionales: el nivel de esclarecimiento de homicidios, que se sitúa en un 57%, y el número de homicidios derivados de rapiñas, que registraron un mínimo histórico.

Por fuera de los discursos, la realidad se impone. En la comparación por semestre, los eruditos de seguridad de la izquierda, liderados por Carrera y Leal, continúan teniendo el triste record de asesinatos. Si se toman los datos desde 2019 se advierte que el primer semestre de 2021 fue el que registró la cifra más baja con 136 homicidios, mientras que 2023 fue el que registró más homicidios con 191. No obstante, si nos movemos un año más hacia atrás, en 2018, hubo 225 homicidios, el record máximo en un semestre.

Los que lograron ese triste galardón, hoy proponen la misma receta: liberación de presos y política de “desarme”. Por el otro lado, la coalición propone continuar el trabajo emprendido en tres ejes principales: respaldo a la Policía, colaboración interinstitucional e implementación de nuevas tecnologías. Pese al discurso fatalista de la oposición frentista, este modelo permitirá, como confirmaremos al cierre de este año, que el gobierno de coalición será el primero desde la vuelta a la democracia en entregar una administración con menos denuncias de delitos que cuando asumió.

En definitiva, datos vs. Relato...

En un comunicado emitido por el Comité Ejecutivo Nacional, nuestro Partido reiteró su postura de tolerancia cero ante cualquier acto de corrupción en el ejercicio del poder público.

El comunicado del CEN condena enérgicamente los hechos delictivos que involucraron al intendente Pablo Caram, la exdiputada Valentina Dos Santos y el Secretario General Rodolfo Caram. Estos actos, que representan un abuso de poder y una traición a la confianza ciudadana, no tienen cabida en nuestro sistema democrático.

El máximo órgano colorado también destacó y felicitó la labor de los ediles departamentales Daniel Argañaraz, Cecilia Umpierrez y Francisco Bandera, quienes, en un ejercicio ejemplar de sus responsabilidades, presentaron las denuncias que llevaron a las condenas.

Además, el comunicado exige celeridad y eficiencia en el trámite de otros casos de corrupción que se encuentran en estudio por parte de la Fiscalía. La demora en estos procesos, que involucran a representantes sindicales o jerarcas de gobiernos pasados, no sólo perjudica la justicia, sino que también socava la confianza en nuestras instituciones.

Nuestro Partido también ha subrayado la necesidad de tratar y aprobar los proyectos de ley presentados por el exsenador Adrián Peña y el diputado Conrado Rodríguez. Estas iniciativas buscan fortalecer la transparencia y establecer mecanismos más estrictos para prevenir la corrupción en el ámbito público.

Por último, el comunicado hace un llamado a los partidos integrantes de la coalición de gobierno para que actúen con claridad y firmeza en la condena de cualquier acto de corrupción.

El Partido Colorado reafirma así su compromiso con la ética y la transparencia, trabajando incansablemente para mantener la integridad en el servicio público.

Es irónico escuchar a los voceros del Frente Amplio hacer alarde de su preocupación por el déficit fiscal cuando su pasado los condena y sus propuestas actuales revelan una desconexión flagrante con la realidad económica del país.

En las últimas semanas, el frentismo ha redoblado sus críticas sobre el manejo del déficit fiscal del gobierno de coalición, mostrando una supuesta “preocupación” por el estado de las finanzas públicas. No obstante, la realidad indica que bajo la dirección de la ministra Azucena Arbeleche, el gobierno ha demostrado una gestión fiscal responsable, a pesar de los múltiples desafíos que incluyen nada menos que una pandemia, una guerra y una sequía inesperadas.

La semana pasada, la ministra Arbeleche se vio obligada a responder las críticas del economista Gabriel Oddone, quien coquetea con el cargo de ministro de economía en un eventual gobierno frentista. La ministra fue enfática al discrepar con la afirmación de que la situación al cerrar este año “no va a ser diferente a la de 2019”. Según la ministra, el déficit fiscal ha pasado del 3,9% del PIB en 2019 a una estimación de 3,1% para finales de 2024, y además se ha logrado una mejora estructural significativa, pese a las adversidades mencionadas y por demás conocidas.

Arbeleche redobló la apuesta y cuestionó las propuestas del Frente Amplio, preguntando “si es eso lo que él (Oddone) entiende que hay que hacer” y “cómo lo haría”, en referencia a los dichos del economista, que ha asegurado será necesario reducir un punto de déficit el primer año de la administración entrante. En esta línea, la ministra subrayó que cualquier intento de revertir la reforma de la seguridad social, como propone el PIT-CNT y varios grupos frentista, haría insostenible cualquier mejora fiscal sin recurrir a un aumento de impuestos, algo que parece ser la única solución que contempla la izquierda, pese a que lo niega sistemáticamente.

Finalmente, Arbeleche destacó la transparencia y la institucionalidad fiscal que el actual gobierno ha implementado, contrastándola con la opacidad del pasado. “Antes no se conocían ciertos números y metodologías de la elaboración fiscal cuando no se estaba dentro del Ministerio de Economía”, recordó la ministra, sugiriendo que el Frente Amplio carecía de la claridad y responsabilidad que ahora se practica. Ni hablar que la regla fiscal, de la que en campaña los frentistas se han vuelto devotos, fue impulsada en la LUC, que ellos mismos intentaron derogar.

Hasta el momento, el Frente no da ninguna certeza. No sabemos qué planes tienen en economía, además de aumentar impuestos como proponen en su programa. No quieren revelar una posición clara respecto al plebiscito de la seguridad social, que –de aprobarse– verdaderamente será un gran drama fiscal. Un día dicen que el gobierno recorta, que está ausente, y al otro que gasta mucho. Proponen reducir el déficit y al mismo tiempo prometen un aumento del gasto público.

Quizás sea momento de recordarles aquella famosa frase “¿Por qué no te callas?”

Con estas palabras, el ex Presidente Sanguinetti tituló su habitual espacio en El País. Compartimos sus reflexiones con nuestros lectores.

Para instituir la República lo primero es formar los republicanos” dijo José Pedro Varela en célebre frase que hemos repetido a lo largo de un siglo y medio, junto al lema de la “escuela laica, gratuita y obligatoria” consustancial a la construcción de nuestras instituciones democráticas.

De esa reflexión hay que partir para analizar un tema particular pero no por ello menos relevante desde el punto de los principios, que es el de una comunidad menonita de Florida que no ha aceptado ninguno de los procedimientos ofrecidos para escolarizar a sus niños y reivindica la posibilidad de una formación propia, “en casa”, ajena a la educación pública o privada que se imparte en el país. Ni siquiera acepta la posibilidad de constituirse en una institución de educación habilitada, como lo han hecho otras colonias menonitas, sin ningún problema. Amén de otras que envían sus hijos uruguayos a las escuelas de todos.

Ante el hecho, el Consejo Directivo de la ANEP, presidido por la Dra. Virginia Cáceres, resolvió con acierto, aunque no sin debate iniciar una acción judicial que imponga el cumplimiento de la histórica norma sobre obligatoriedad.

Varias voces de expertos en educación se han levantado para reivindicar el valor de la educación universal, tanto en lo pedagógico como en lo social. Renato Opertti considera comprobado a nivel mundial que, en el proceso educativo, uno de los factores “fundamentales del aprendizaje” es el «intercambio con pares»”, así como la existencia de un gran espacio común es el modo para vivir en una sociedad integrada. Ya lo decía el propio Varela: “Los que una vez se han sentado juntos en los bancos de una escuela, en la que eran iguales, a la que concurrían usando un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales”.

Así se fundó nuestra República. Y esto es fundamental. Un principio liberal, ampliamente reconocido, le da a los padres su derecho a educar a sus hijos. Y una organización republicana lo complementa estableciendo la obligatoriedad y ofreciendo una variedad de instituciones públicas y privadas, laicas la del Estado, aun religiosas las privadas. Todas, sin embargo, dentro de un marco general de habilitación que asegura un núcleo común del proceso educativo. Formar los “republicanos” de que hablaba Varela. ¿Puede educarse un niño, para vivir en Uruguay, sin que sepa quién es Artigas o qué se celebra el 18 de julio?

Históricamente, nuestra sociedad se constituyó con inmigrantes de las más variados orígenes culturales y religiosos. La plenitud de la libertad religiosa y cívica les fue asegurada y se integraron a nuestra nación a través de un sistema educativo que produjo una amalgama fecunda, sin discriminaciones ni prejuicios. Así fue y así debe seguir siendo. No es concebible que se instaure un principio de segregación que afectará a esos niños, los guetizará, marginándolos de la vida en una sociedad democrática. Hoy son los tan apreciados menonitas, con 75 años de historia en el país, mañana podrán ser sectas musulmanas radicales y paso a paso se nos puede desconfigurar esta sociedad integrada, que hoy además? está agredida por factores como las adicciones, con sus consiguientes enclaves de marginación

El planteo ante el Poder Judicial nos habla también de un Estado respetuoso de las libertades personales. La autoridad educativa tendría los medios administrativos para imponer la obligatoriedad histórica de nuestro sistema institucional. Acude, sin embargo, a la autoridad judicial, para que las resoluciones tengan el máximo de la legitimidad jurídica.

En otro orden, nuestro sistema de educación en estos días se aproxima también a un paso fundamental, que es la titulación universitaria de los docentes que hayan alcanzado determinados requisitos. Establecido el principio en la LUC, por decreto se estableció un procedimiento que incluyó una discutida prueba de acreditación de conocimientos. Pese a las impugnaciones que se le hicieron, el hecho es que 3.000 docentes se presentaron y todo indica que en los próximos meses se pondrá en marcha la etapa final de otorgamiento de los títulos. Esta se había demorado por diferencias de criterio entre el Ministerio y el Codicen que felizmente se zanjaron, habilitando incluso la posibilidad de que instituciones privadas participen en ese proceso con su libertad aunque respetando el marco común. De nuevo el “marco común” republicano, o sea la Constitución.

Este paso puede considerarse histórico, porque durante décadas, especialmente los egresados del IPA, reclamaban la posibilidad de alcanzar ese nivel universitario sin el cual se les hacía difícil alcanzar becas internacionales y otras posibilidades de desarrollo.

No han faltado, una vez más, las voces que reclaman una Universidad de la Educación, que monopolice la formación docente. Desde siempre, hemos cuestionado esa idea, por muchas razones, pero la fundamental es que la Administración Nacional de Educación Pública es la que, conforme a la ley, define los fines y procedimientos de la educación pública y, como consecuencia natural, forma sus docentes para el cumplimiento de esos fines. Otra entidad autónoma, desinsertada del sistema, producirá docentes con su criterio y no con el de quienes tienen luego que impartir la educación. Largo tributo hemos pagado a la feudalización de Primaria, Secundaria y UTU, hasta que la creación de la autoridad común pudo asegurar la continuidad del proceso educativo, con programas armónicos y compatibles. Abrir ese otro espacio sería retornar a las incompatibilidades, a las definiciones contradictorias de fines y procedimientos, a las disputas filosóficas, pedagógicas y hasta políticas.

La educación no aparece entre las grandes preocupaciones de los uruguayos. Es gratificante que no se sienta como un problema, pero también es imprescindible que la sociedad entienda que allí se está jugando su porvenir, que en un mundo en acelerado cambio más que nunca requerimos de una constante transformación, como la que hoy intenta superar el inmovilismo largamente propiciado por las gremiales.

El debate electoral hoy luce excluyente. No está de más, sin embargo, asomarse de a ratos a los valores republicanos que el sistema educativo preserva.

Reconocer dónde estamos parados y desde ahí plantearnos cómo proyectarnos para acelerar nuestro crecimiento y apalancar más bienestar social. Sin lo primero, es imposible lo segundo, reflexiona el Ec. Steneri en una interesante columna para el suplemento Economía y Mercado (El País) que compartimos aquí.

Una de las falacias auto infligidas es presentarnos como un país pequeño. Concepto que hace suponer a quien lo escucha y no conoce la realidad de cerca, que se trata de esos rincones del mundo con institucionalidad frágil, condiciones sociales mediocres y escaso potencial de crecimiento. Cuando se acerca la lupa y se observa su dimensión territorial, su tamaño es superior al de varios países europeos, incluido Portugal.

Contando además, con un litoral marítimo propio no despreciable con acceso directo a uno de los más grandes caladeros de pesca del mundo. Y aunque no dispone de recursos extractivos ni de fuentes de energías renovables (¿todavía?) su pertenencia a una de las zonas templadas del mundo con mayor aptitud para producir alimentos, le da el privilegio de contar con seguridad alimentaria propia y de convertirlo en exportador significativo de varios rubros alimentarios de alta calidad con demanda firme.

Su reciente condición de exportador relevante de pasta de celulosa, que a su vez arrastra la expansión de otros rubros de industrialización conexos a la madera, confirman la sensibilidad positiva de los agentes económicos a políticas públicas de promoción bien diseñadas. A esto se conecta la vigencia de una institucionalidad adecuada, que abarca desde el funcionamiento de una democracia plena movilizada por partidos políticos vibrantes que se alternan sin fricción en el gobierno por el voto popular, proceso enmarcado con separación estricta entre los tres poderes, y el cumplimiento a rajatabla del imperio de la ley que lauda las relaciones entre los distintos actores, en un entorno donde la corrupción, si la hubiera, es excepcional.

También corresponde mencionar que la operativa macroeconómica otorga horizontes de estabilidad comparables con los vigentes en sociedades más avanzadas, teniendo en cuenta que lo hace en un entorno geográfico de inestabilidad económica endémica. Teniendo en cuenta, además, que la inestabilidad por episodios de crisis financieras o de impulsos inflacionarios son una dimensión nueva que también dice presente en el mundo industrializado. Y que en el caso de Uruguay, cuando transitó episodio de crisis extrema, lo resolvió con solvencia al recuperar la estabilidad con rapidez.

Finalmente, los indicadores sociales y de ingreso per cápita en todas sus métricas lo ubican como líder en todo el continente, confirmado que su tamaño geográfico y económico no son limitantes al respecto. Lo dicho no implica conformismo, sino reconocer dónde estamos parados y desde ahí plantearnos cómo proyectarnos para acelerar nuestro crecimiento y apalancar más bienestar social. Sin lo primero, es imposible lo segundo.

Corea del Sur, al respecto, es un caso de estudio. Hoy su PIB ocupa el puesto 14° en el ranking mundial, y la cuarta posición en Asia dado su PIB de US$ 1.7 billones, o sea US$ 33.121 per cápita. Un desempeño que se realza cuando después de la guerra de Corea, su ingreso per cápita equivalía al 40% del de Ghana, prácticamente no exportaba y el 75% de sus importaciones eran ayuda externa en alimentos, energía e insumos básicos. Su desempeño actual reposa en las exportaciones, que representan el 44% de su PIB, comparado con el 3% en 1960.

Las proyecciones de crecimiento indican que su PIB per cápita superará este año al de Japón, considerando que en 1960 era de US $508 (medido en paridad de poder de compra) y el de Corea del Sur US $158. Por tanto, la primera conclusión es que ni el espacio geográfico, ni la disponibilidad de recursos naturales son determinantes en el desempeño económico, sino el monto de sus exportaciones explicado por el acceso a mercados relevantes y una base productiva sólida, apoyada en alta productividad, que fue rotando desde industrias básicas hacia sectores de alta tecnología con desarrollos propios, basados en la inversión en conocimiento, alto nivel educativo y entrenamiento de su mano de obra.

Sus principales mercados son China y Estados Unidos, este último, gracias a un Tratado de Libre Comercio firmado en 2012 que lo posicionó en su segundo mercado de destino de sus exportaciones. Esto reafirma el hecho de que, cuando hay países que han suscrito un tratado similar, el socio más pequeño es quien obtuvo los mayores beneficios.

Hoy, quienes se opusieron cuando esa oportunidad estuvo disponible en nuestra puerta, debieran explicar qué mejor alternativa ofrecían a cambio, sin entrar en cuestiones de lucro cesante para nuestra sociedad. Lo mismo ocurre con la anomia recientemente mostrada en adherir a tratados de última generación con países de la cuenca del Pacifico, alimentada por dudas o falta de convencimiento de que como país nos agrandamos a través de una acceso más diverso y profundo en los mercados externos. Nuevamente aparece sobre el tapete el corsé que nos impone el Mercosur con su diseño actual para comerciar TLC con terceros países, restricción que no hemos podido resolver.

La disrupción del statu quo es compleja, a menos que Argentina lidere ese proceso. Entretanto, se podría intentar la rebaja del arancel externo, común de forma tal de alivianar los costos del desvío de comercio, hecho que repercute más en sus socios más pequeños. En nuestro caso, un camino poco explorado es el desarrollo de industrias ligadas al conocimiento en su acepción más amplia. Aquí lo relevante es la calidad y disponibilidad de recursos humanos, lo cual requiere recursos públicos y privados para entrenamiento, acoplados con investigación, e institucionalidad que facilite su trasvasamiento a nuevos procesos y productos.

El posicionamiento relativo de una sociedad con sus pares depende del valor que son capaces de generar sus ciudadanos. Diseñar políticas de participación pública privada para acelerar ese proceso debiera ser una idea madre para fortalecer nuestra agenda de crecimiento.

Por Tomás Laguna

De los reprobables hechos ocurridos en el departamento de Artigas y que hoy escandalizan el ámbito político, merecen una reflexión por separado aquellos vinculados a los programas sociales que, con su nombre, impulsaba la ex diputada Dos Santos.

Aun con un territorio pequeño en relación a nuestros vecinos sudamericanos, nuestro país tiene particularidades muy diferentes en función de sus regiones. El departamento de Artigas es un caso muy especial. Desde siempre alejado, no solo por distancia, de la capital y el sur de la República, el aislamiento ha determinado características socio-culturales y sensibilidades muy propias. No olvidar que hasta no hace mucho era necesario cruzar a Brasil vía Rivera y transitar por rutas del país vecino para lograr llegar a la ciudad de Artigas, habida cuenta el deterioro extremo de las rutas que le servían de acceso. Necesario es recordar el aislamiento sanitario con el resto del país impuesto durante el primer brote de aftosa, ocurrido precisamente en Artigas en octubre del año 2000. Superado el foco aquel mismo año, luego la aftosa se expandió a todo el país en el 2001 vía el litoral sur. Aquel bloqueo fue una humillación para muchos artiguenses, quienes lo consideraron una afrenta frente al resto del país, ahondando aquel sentimiento de animosidad y postergación. No anda lejos que aquella fuera una de las razones por la cual el Partido Colorado, entonces en el gobierno, haya perdido la adhesión política que históricamente había tenido en aquel departamento.

En definitiva, todas circunstancias que han llevado a que ese vasto territorio de nuestro país tenga características socio-culturales muy particulares, que obran de escenario en los recientes hechos que han escandalizado los ámbitos políticos.

La actividad política como tal es una actividad de servicio, alguna vez alguien me dijo “si así no lo entiendes no te metas en política”. Esa vocación de servicio requiere actuar más allá de los ámbitos palaciegos donde se toman las decisiones en el ejercicio del poder, tanto a nivel nacional como fundamentalmente a nivel departamental. Vocación de servicio que por sobre todas las cosas, exige estar lo más próximo al ciudadano y sus necesidades, fundamentalmente en los paisajes más alejados de nuestro territorio. No es desde el púlpito, con discursos omnipotentes, sino recorriendo los rincones más apartados de la república, los pueblos y villas más alejados de las grandes urbes y como tal de la atención ciudadana. No siempre el Estado, escudo de los débiles, ha sido capaz de alcanzar en su acción aquellos rincones. Y cuando lo hace, no siempre logra comprender y atender las verdaderas necesidades de aquellos ciudadanos postergados.

La ex diputada Dos Santos se hizo cargo y actuó apoyando iniciativas y demandas de buena parte de la población de su departamento. Nacida y educada entre las comodidades y caricias de una de las familias económicamente más poderosas de aquella región de nuestro país, optó por la política como actividad de servicio más allá de la comodidad cortesana que el entorno familiar le ofrecía. Pero en ese camino perdió las referencias. Así fue que, de manera consciente o inconsciente, procedió según aquel dicho peligrosamente equivocado de que “el fin justifica los medios”, apartándose de las formas, tan importantes como el propio fin. Y actuó en consecuencia.

Es de orden que en la actividad política quien dedica tiempo y esfuerzo personal en la atención de las necesidades de sus paisanos, procure también el apoyo político para ser electo a los cargos de gobierno del caso, sea a nivel departamental o nacional. Esa y no otra es la historia de muchos líderes políticos surgidos en el ámbito rural. Dónde la gran ciudad no llega y la lejanía es el principal sentimiento respecto de las instituciones del Estado. Obviemos expresamente, en este orden de ideas, el término “caudillo”. Personajes que se asocian a tiempos pretéritos de inestabilidad institucional e inmadurez política propios de los jóvenes años de la República, posteriores a la independencia. Resulta evidente y lógico que la ex diputada Dos Santos ha pretendido capitalizar ese reconocimiento. Nada diferente a la historia de muchas otras personalidades de la política de nuestro mal llamado “interior”. Lo que termina por descalificar a esta joven promesa de la política ha sido la entronización departamental de su persona, incluso identificando con su nombre el programa de apoyos por ella organizado, a través de un juego de palabras muy evidentes. Algo así como una “Evita” en ciernes en el norte uruguayo.

Por cierto que la joven ex diputada ha quedado descalificada ante el sistema político luego de su mega confusión respecto de los límites en la ética política, y su dificultad para discernir en el uso de los fondos públicos aplicados en programas de asistencia social. Descalificada ante el sistema político, habrá que ver si lo es ante sus propios paisanos.

Finalmente, solo advertir cierta cuota de fariseísmo entre muchos políticos que hoy se rasgan las vestiduras ante esta suma de inconductas.

Por Angelina Rios

En un mundo donde el acceso a la educación, la salud y la información sigue siendo desigual, el embarazo infantil y adolescente se convierte en un indicador alarmante del desamparo y la falta de recursos destinados a proteger a las menores, con un sistema que indudablemente falla.

Cada historia detrás de un embarazo infantil es un recordatorio doloroso, donde las niñas son despojadas de su infancia y enfrentan la maternidad en un momento en que deberían estar jugando y aprendiendo. La falta de lazos familiares, de educación sexual integral, la ausencia de servicios de salud accesibles y la cultura del silencio que aún prevalece son factores que contribuyen a que estos embarazos sean una triste realidad.

Este fenómeno no solo refleja la vulnerabilidad de las niñas y jóvenes frente a situaciones de abuso, explotación y violencia de género, sino también a la ineficacia de las políticas públicas que deberían resguardar sus derechos.

Cuando estas niñas se convierten en madres, se ven afectadas sus vidas y su futuro; sin olvidarnos lo que significa el hecho de que si se les practica un aborto, el riesgo y sus consecuencias se conviertan en un problema multifactorial complejo que les afecte sicológica, biológica y socialmente, exponiéndolas además a la pérdida de la vida.

Según la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres a cada minuto en América Latina y Caribe.

Al año se reportan más de 1.600.000 nacimientos entre niñas y adolescentes cuyas edades van de 10 a 19 años.

Nuestro país no está exento a estos datos preocupantes. El año pasado Amnistía Internacional en Uruguay (AIU), por intermedio de un pedido de informe realizado a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), constató que los primeros cinco meses del año se registraron 31 embarazos en niñas menores de 15 años.

A esta edad el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces más que en mujeres mayores de 20 años.

A esta situación estuvo expuesta una niña de 12 años de un hogar del INAU del departamento de Rivera que se le practicó un aborto voluntario. Una crónica de Telenoche 4, afirma que se encontró a la menor en una habitación en Brasil con varios adultos vinculados a una red de trata y de explotación sexual.

Como este caso el informativo de noticias aseguró que existen varias denuncias de jovencitas víctimas de delitos similares.

Días atrás, también, el periodista Gabriel Pereyra reveló a través de su tuit acerca de “la muerte de una adolescente de 16 años luego de un parto, víctima de abuso sexual, bajo el amparo del INAU”.

Acusó al INAU de ocultar el hecho, ya que “ocurrió hace dos meses. Pero fue luego de que radio Sarandí divulgó la información de que el expediente se movió del organismo”, escribió.

La mortalidad materna en América Latina y el Caribe se ubica entre las tres primeras causas de muerte en las adolescentes entre 15 y 19 años convirtiéndose el fallecimiento de la joven del hogar de Rivera en la primera muerte materna del año en Uruguay.

La institución o instituciones que debían proteger frente a situaciones de vulnerabilidad y orientar a estas niñas y adolescentes se equivocó. Con remover del cargo al director departamental del INAU no alcanza, como tampoco alcanza decir que tenían salidas reiteradas no acordadas.

Cada embarazo infantil es más que un hecho aislado; es un grito de ayuda que resuena en una sociedad que aún tiene mucho camino por recorrer. El sistema falló a costa de una muerte y de varias niñas con experiencias de vida que no se merecen.

Por Leonardo Vinci

José Gervasio Artigas -siendo Blandengue-, persiguió, apresó y mató indios.

¿Qué hubiese ocurrido si -triunfando la revolución- los charrúas volvían a las andadas anteriores a 1811, o sea, a los secuestros, robos y asesinatos?

Artigas los hubiese combatido con firmeza, sin lugar a dudas, ya que el haber participado en algunas acciones junto a él, no los habilitaba a cometer atrocidades.

Analicemos los antecedentes.

Con el Reglamento de tierras para el “Fomento de la Campaña y Seguridad de sus hacendados”, no sólo se buscó que “los más infelices fueran los más privilegiados”, sino que se quiso imponer el orden en la campaña exigiendo el trabajo, persiguiendo la vagancia y el delito, y para consolidar el orden y garantizar la seguridad de personas y bienes, se creaba una fuerza represiva, que combatiera vagabundos y delincuentes.

Artigas era inflexible en estos temas. En 1815 al Gobernador correntino José De Silva le decía: “… los perversos que se encuentran haciendo daño a los vecinos (deben ser) castigados por Ud. según la gravedad de los delitos. Para ello, mande sus partidas a la campaña, a fin de recorrer los campos y limpiarlos de ociosos…”

Incluso, el fiel lugarteniente Blas Basualdo le hacía saber al Comandante Silva “Tengo dadas mis órdenes (…) imponiendo la pena de vida al que robe al vecino o cometa algún desorden; como lo he verificado en el camino, en que he hecho dos justicias.”

Artigas tenía una clara postura sobre estos asuntos, y así se lo expresó al Cabildo de Corrientes en 1816, ya que “Un delito tan atroz y manifiesto no requiere más comprobación ni más formalidades que un castigo severo”. Más aún, en otra nota al mismo Cabildo les dijo “la ferocidad de los autores no permite se les guarde indulgencia…”.

Fue categórico al escribir al Cabildo Gobernador “El que no entre al orden de la sociedad por la esperanza del bien, es forzoso lo arredre el temor de la pena.”

No caben dos interpretaciones sobre lo inaceptable que hubiesen sido para Artigas las correrías de las tolderías en la República naciente.

Desaparecido el Protector, la indiada volvió a sus viejos hábitos de asesinatos, robos y saqueos.

Fue el General Rivera quien quebró una lanza por ellos al escribirle a Lecor “Son los charrúas unos restos preciosos por su oriundez, pero detestables por su carácter feroz, indómito, errante, sin anhelo, sin industria, sin virtudes… Con ellos no hay paz durable sino aquella que se compra con el oro o se asegura por el terror de las bayonetas. Ni hay amistad ni relación tan fuerte que no ceda a los furores de la embriaguez o la codicia de un saqueo…”

Aun refiriéndose a los charrúas como “un pueblo bárbaro y sanguinario”, Don Frutos reclamó para ellos “los derechos más sagrados a la consideración de los hombres”. Y señalándole a Lecor “el carácter humano que ha ostentado…” le aconsejó la organización de una fuerza militar, “para contenerlos, si esto basta, y para aterrarlos, si esto es preciso (…) colocando a su frente un jefe valiente, pero filántropo; activo, pero no temerario; hágase luego al charrúa una intimación para que abandone la vida errante y se dedique a cultivar los mismos campos que ahora destruye; dénsele útiles para sembrar y algún ganado para subsistir…”

Constituida la nación, estos indios continuaron con sus correrías y “como avispas robaban, destruían e incendiaban campos”.

Fue entonces que, “Después de agotados todos los recursos de prudencia y humanidad, frustrados cuantos medios de templanza, conciliación y dádivas que pudieron imaginarse para atraer a la obediencia y a la vida tranquila y regular a las indómitas tribus de charrúas”, el Estado decidió poner orden, el que se hallaba “perturbado por las hordas de salvajes y grupos de bandidos que infestan la campaña comprometiendo la seguridad de las propiedades y las personas de los vecinos de ella”.

Por Consuelo Pérez

La seguridad pública no pasa solamente por la ausencia o disminución del crimen, sino que debe apuntar al fortalecimiento de la convivencia, con el Estado como protagonista responsable de las acciones necesarias.

Es muy claro, pues los datos lo confirman a diario, que durante los quince años de miradas indulgentes del Frente Amplio hacia el delito, los fracasos fueron la constante, pues se incrementó constantemente el crimen, deteriorándose además todos los aspectos de la convivencia pacífica. Y es muy difícil revertir ese camino. Lo vemos a diario.

El innegable cambio que se viene produciendo en los años de gobierno de Coalición es irrefutable, pues los datos así lo indican, pero obviamente es insuficiente. Y se manifiesta a diario en la balacera del día, en los llamados ajustes de cuentas y en el sufrimiento de inocentes, víctimas directas o potenciales de esta ausencia de convivencia pacífica.

Es obvio que la represión y disuasión siempre deben estar presentes cuando es necesario, a pesar de la lluvia de piedras que generalmente ocasiona, prueba tangible de las metástasis que han crecido impunemente en quince años.

Pero primero hay que potenciar la atención a las víctimas, en los hechos y en su potencialidad. Y luego, para que se pueda hablar de prevención, la rehabilitación es la única herramienta posible, donde es fundamental motivar y encausar la participación ciudadana, que es la receptora de las políticas públicas y es donde se evidencia o no la posible y deseada confianza en el sistema, en el Estado, en nosotros mismos.

Las respuestas en territorio para acercar el Estado a la población se han comenzado a transitar en experiencias inéditas, como lo es el Centro Casavalle. Como decíamos, rehabilitación y reinserción de los infractores son fundamentales, y se ha avanzado en ello. Hoy existen oficinas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dentro del sistema carcelario. Se implementaron cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), se fomenta el trabajo carcelario, y hasta se instaló una UTU. Existen también mecanismos de trabajo y aporte al BPS en el marco del Plan Dignidad, diseñado por el ex ministro Larrañaga. Por supuesto que es un logro fundamental el apoyo que brinda la LUC a la policía, y la población así lo refrendó dos veces.
Y no es menos importante la reforma educativa, pues allí, ni más ni menos, arranca la cuestión. Y el Partido Colorado es garantía de continuidad en ese aspecto.

Por lo antedicho, también en materia de seguridad pública, llegó la hora del Partido Colorado. Porque es quien ha construido este país en lo que respecta a políticas sociales concretas contemporáneas, donde los CAIF y las escuelas de tiempo completo son dos ejemplos contundentes, y porque la asignatura pendiente, que son los homicidios, pasa por un parámetro indispensable, que es la gestión y reorganización de una policía que sea proactiva, y esos aspectos son columna vertebral de la propuesta colorada.

El acontecer de diversas circunstancias nos permite apreciar cada vez más claramente que “la Naturaleza es sabia” y que el posicionamiento como protagonista del Partido Colorado, de la mano de la gestión, el conocimiento y el batllismo como base, es solo cuestión de tiempo, y de trabajo responsable.

Por Fátima Barrutta

La renuncia de Pablo Caram y Valentina Dos Santos es la crónica de una muerte anunciada.

Cuando el diario El País develó la trama de pagos irregulares de horas extras en la Intendencia de Artigas, el entonces intendente procuró ganar tiempo, alegando al directorio del Partido Nacional que presentaría pruebas contra esa imputación.

Pasaron los meses y esas pruebas nunca aparecieron.

Es válido cuestionar a los blancos por su inacción en ese sentido y que los uruguayos debiéramos esperar hasta la formulación de una sentencia judicial para hacer lo que debía hacerse: emplazar a Caram y sus familiares a renunciar a sus cargos y a su colectividad política.

Era una intendencia que ya venía manchada desde el período anterior por señalamientos ciertos de nepotismo, pero su partido nada había hecho entonces, amparado en la indudable popularidad y éxito electoral de esa familia.

La reacción del partido mayoritario de la coalición es hoy muy justa (dista mucho de la manera como los frenteamplistas atornillaron en sus cargos hasta el final a notorios corruptos), pero tardía.

Para los que participamos en el gobierno de coalición y compartimos sus positivas políticas en materia de economía, salario y empleo, nos queda un sabor amargo. Iremos hasta el final con una alternativa centrista, que se oponga al colectivismo flagrante del Frente Amplio, pero eso no nos obliga a callar en la denuncia de las malas prácticas políticas que, más que nunca, debemos condenar y abolir.

Vamos juntos, en la defensa de un Uruguay republicano y liberal donde se viva en paz y cada persona pueda labrar su propio destino, pero la tolerancia que pregonamos no será nunca con el delito ni con el manejo irregular de los recursos públicos.

Juntos pero no revueltos.

“Vale emprender”, titulaba una de las imputadas un programa en el que se promocionaba políticamente en su departamento, haciendo un juego de palabras con su nombre de pila. Pero no vale todo.

El Partido Colorado estará siempre del lado de la legalidad y del manejo austero y responsable de los recursos.

No somos inmunes al virus de la corrupción, que depende de la ética de cada persona, pero actuamos rápida y certeramente en su eliminación, apenas es descubierto por nosotros mismos o por otros.

No es casual en tal sentido que uno de los ediles que ha tenido la voz cantante en estas denuncias sea de nuestro partido: Daniel Argañaraz se expresó duramente contra los imputados -como corresponde a un ciudadano honorable que se repugna ante la corrupción- y cuestionó la lentitud de respuesta del Partido Nacional ante responsabilidades que eran evidentes desde hace meses.

“¿Qué hará el partido de Aparicio Saravia, el partido de las leyes, con estos personajes?”, se preguntó Argañaraz.

Y nosotros agregamos: ¿sucumbirá al supuesto rendimiento electoral de estos dirigentes o removerá a su elenco político artiguense, dando una muestra clara y contundente del fin de estas corruptelas?

La benignidad de las sentencias, obtenida en el marco de la reforma del Código Penal, es materia opinable.

Las redes sociales estallaron en reproches por un caso de corrupción que se paga con horas de trabajo comunitario, mientras delitos de menor cuantía cometidos por ciudadanos comunes ameritan la cárcel.

Es posible que esta incoherencia deba revisarse en el futuro.

Lo que es seguro es que este tipo de delitos hieren en lo más profundo la credibilidad del ciudadano de a pie en el sistema político.

En Artigas y en todos los departamentos del país, la gente sabrá decidir entre quienes utilizan el Estado para su beneficio personal y familiar y quienes, a la inversa, dedican sus mayores fuerzas y desvelos a la construcción de un Estado que defienda a los más débiles.

Es tan simple como eso.

Y ya sabemos de qué lado está el Batllismo, desde su origen en los albores del siglo XX.

Por Dante Steffano

La celebración en Paris de los Juegos de la XXXIII Olimpiada y de los VII Juegos Paralímpicos pone como tema de debate la situación del deporte nacional.

Eventos como los referidos son ideales para evaluar las condiciones en que llegan nuestros deportistas a los mismos, los modelos de gestión que se aplican en el sistema deportivo nacional, su relación con el sistema educativo, los hábitos deportivos de la población y la forma en que participan tanto las entidades de gobierno nacional como departamentales. Infraestructura, apoyos económicos, planes y programas de desarrollo, estarán, como no puede ser de otra manera, en el centro del análisis de muchos uruguayos.

Se debe reconocer que es muy difícil trabajar con un tema tan complejo como lo es el “Deporte” desde la acción de gobierno. En esta ocasión quiero destacar dos razones.

Primera razón: el deporte en sí mismo es, antes que nada, un sistema complejo y abierto. Con innumerables aristas, circunstancias y el resultado de cómo se configuran una serie de elementos en un determinado ambiente y tiempo histórico.

Se debe entender que se gestionan entornos que se están moviendo, transformando constantemente. Escenarios que varían tanto a nivel de demandas ciudadanas como de la configuración de los distintos modelos deportivos. Su gestión requiere de políticas que abarcan una amplia gama de temas que van desde la promoción de la actividad física y el deporte entre la población general, hasta el apoyo a atletas de alto rendimiento, la construcción y mantenimiento de infraestructuras y la organización de eventos deportivos.

Segunda razón: no es un tema que se ubique como importante en la agenda pública, tal vez desconociendo todo el potencial e impacto que tiene para la gestión de gobierno. Desde nuestra perspectiva, las políticas públicas deportivas, más allá de su especificidad, alimentan, dan soporte, a los ejes transversales de un plan de gobierno. Por ejemplo, buscan mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos, promover la inclusión y la equidad, y contribuir al desarrollo económico y social.

Entendemos que en estos momentos que se está construyendo el Programa de Gobierno del Partido Colorado, se hace imperativo que la propuesta en el área “Deporte” sea una línea fundamental de acción política. No se puede seguir gestionando el deporte del siglo XXI desde la Secretaría Nacional del Deporte (SND) de Presidencia de la República o entidades del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales con herramientas y propuestas del pasado siglo XX.

Hoy el desafío está en que hay que repensarlo todo. No solo mirar la foto, en este caso de los resultados deportivos. Debemos alejarnos de caer en la tentación de expresar juicios, realizar reclamos o formular demandas de cambios en aspectos parciales o coyunturales. También alcanza a aquellas personas que participan del sistema deportivo desde el ámbito político, de realizar anuncios y promesas electorales sin sustento y sini un análisis de costo, beneficio e impacto de cada uno de los anuncios. O, lo que es peor, centrar la acción de gobierno atendiendo demandas que realizan distintos actores con la única argumentación o rótulo de que es “urgente”, “imprescindible”.

El Partido Colorado tiene una enorme responsabilidad histórica y de gobierno en este tema que integra el universo de las políticas públicas. Entendemos que es importante dar forma a todo esto, tratando de evitar que pasemos cinco años yendo detrás de problemas puntuales o atendiendo demandas particulares pero no creando soluciones estructurales. Es el momento de marcar la diferencia. Es hora de formular e innovar, de verdad, las políticas públicas deportivas para los años venideros. El año 2024 es la gran oportunidad.

Por Jorge Ciasullo

En estos días, ha estado “sobre el tapete” la situación de las horas extra en algunas dependencias estatales, que se abonan a sus funcionarios.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia, en sentencia número 598/1995 recoge la opinión del profesor Plá Rodríguez, señalando: “Es el trabajador el que debe producir la prueba, pero ella debe ser examinada objetiva e imparcialmente, teniendo en cuenta las dificultades existentes para la obtención de esa prueba y la obligación de los empleadores de suministrar los elementos documentales que tiene a su disposición y que servirán para esclarecer el punto”.

La dificultad radica, muchas veces, en que el trabajador justifica que ha trabajado horas extra, pero no puede demostrar el número exacto de horas cumplidas.

La hora extra se estima el cien por ciento sobre el salario que corresponda en unidades hora, cuando se realice en horas hábiles. La hora extra está limitada por ley.

“Está en manos del empleador suministrar la demostración concluyente que conduzca a otra solución, si posee la documentación necesaria o si puede demostrar que tal estimación no se compadece con los hechos”.

En general los jueces admiten el cálculo global sobre la base de una cifra promedia diaria que se estima factible (C. Bustamante: Derecho de Trabajo).

Desde la Constitución de la República, leyes, decretos y sentencias, se tenido especial cuidado en regular la adjudicación de horas extras, la forma de liquidación, etc.

Por todo ello no es admisible, bajo ningún punto de vista, que en una intendencia se “beneficie” a una funcionaria adjudicándole más horas extra que las que tiene un día. Más claro, se le adjudican 24 horas en un mismo día.

Los administradores (funcionarios) transitorios o no, jamás deben perder de vista su responsabilidad en la autorización de generarlas, si ello es imprescindible, lo cual deberá justificarse.

No se debe ni puede actuar con ligereza que genere estas dudas y situaciones, y nunca olvidar que son responsables de la buena administración de los fondos públicos.

Por Daniel Torena

Los dos grandes Libertadores, los Generales Simón Bolívar y José de San Martín, se encontraban en el puerto de Guayaquil, actual Ecuador, para una gran reunión cumbre sobre el futuro de América.

Los dos Generales tenían visiones diferentes sobre el sistema político institucional o constitucional que sería sobre el futuro de los Estados Americanos, en especial en América del Sur, aunque Bolívar soñaba con un sistema continental que llegase a América Central y hasta México, si era posible.

México, en ese momento, era un Imperio, con un Emperador, Agustín I Iturbide, que abarcaba desde 1821 gran parte del suroeste de los Estados Unidos de América, actuales, todo México y toda América Central. Tenía más de 4.500.000 de kilómetros cuadrados.

Bolívar pensaba en una gran "Confederación de América", en especial del Sur, y si era posible integrar en el futuro a la región de América Central y México. Él no era partidario de la monarquía como forma de gobierno, sino de gobiernos dirigidos por las élites criollas que estaban o eran las preparadas para gobernar. Creía en una gran República, o dos o tres grandes repúblicas, pero no en el sistema de la democracia, por entender que nuestros pueblos no estaban preparados para gobernar, que por eso solo el llamado "patriciado criollo", o sea las élites de la sociedad del antiguo Imperio Colonial Español, estaban preparadas.

Simón Bolívar pertenecía a una muy rica e ilustre familia con hidalguía, con cuatro "escudos de Armas" de sus apellidos de la vieja "aristocracia criolla caraqueña". Era el hombre más rico de la actual Venezuela, con grandes plantaciones o estancias, además de minas. Se había casado con una marquesa española, vinculada también a ricas familias de la aristocracia criolla, que falleció muy joven.

Cuando se produjo la reunión de Guayaquil, Bolívar era el Generalísimo del Ejército de la Gran Colombia, Estado impulsado por él, creado en 1819, que abarcaba las actuales Repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Él era su Presidente, que lo será hasta su muerte en 1830.

Era un gran estado fuertemente centralizado, con un Senado Vitalicio nombrado por el Presidente de la Gran Colombia y una Corte Suprema o Supremo Tribunal de Justicia, también con Magistrados Vitalicios, todos elegidos dentro de las élites o patriciado de la antigua aristocracia criolla. Lo mismo que los mandos superiores del Ejército, fue en su mayoría tenían el mismo origen, salvo excepciones de mestizos que llegaron a ser Generales en Venezuela, por ejemplo.

Él admiraba a Napoleón Bonaparte como General, pero no como Emperador. Según sus palabras, estuvo en la ceremonia de la Coronación de Napoleón, en la gran Catedral de Notre Dame, el 2 de diciembre de 1804, invitado a la misma.

Bolívar además sostenía que el Imperio del Brasil, recientemente creado por miembros de la Familia Real Portuguesa, era con Don Pedro I, primer Emperador del Brasil, una amenaza a la soberanía y la independencia de los pueblos hispanoamericanos.

Bolívar veía con preocupación el dominio del mismo de la Provincia Oriental, como la amenaza al Río de la Plata. Además, asociaba al Imperio del Brasil a la Santa Alianza de las grandes Potencias Monárquicas de Europa, que estaban dispuestas a intervenir en América con fines imperiales colonialistas, apoyando por ejemplo a España en sus reclamos.

El General San Martín, que era el "Protector del Perú", además de su Generalísimo y Comandante en Jefe, gobernaba en el Perú con plenos poderes, casi como un monarca. Él era partidario de la monarquía parlamentaria o atemperada europea en algunos casos, como Perú.

San Martín sostenía que para Perú la monarquía era lo mejor y era lo que querían los patricios criollos de la aristocracia criolla de Lima. Incluso le ofrecieron la Corona a San Martín, que no la aceptó para sí, pero podía ser un Príncipe de una Casa Real de Europa.

Ambos Generales tenían visiones diferentes. Por esa causa, San Martín prefirió alejarse del poder, pese a tener todo el apoyo de los peruanos, que se quedaría como su Jefe de Estado y Comandante en Jefe Vitalicio o Regente Vitalicio del futuro Reino del Perú. Pero no quiso para evitar un posible enfrentamiento con Bolívar, que debilitaría a los Estados Hispanoamericanos frente a las Potencias Coloniales de España, con sus aliados de la Santa Alianza Europea, que también sospechaba del Imperio del Brasil y sus intenciones.

Por esa causa, resolvió renunciar al mando del poder político y militar supremo del Perú que tenía, aceptando el título honorífico de "Libertador del Perú", además de "Generalísimo de sus Ejércitos".

Bolívar, luego de la renuncia de San Martín, llegará al Perú, donde tendrá también todo el poder por varios años. En 1825 será el "Dictador del Perú", renunciando después y volviendo al final de su vida a la Gran Colombia, donde fallece siendo su Presidente en la Quinta de Santa Marta, sobre las costas del Caribe, el 17 de diciembre de 1830. Luego de su muerte, la Gran Colombia se separa en los Estados actuales de Venezuela primero, luego Ecuador y finalmente Panamá a principios del siglo XX.

San Martín falleció exiliado en Francia, el 17 de agosto de 1850. Nunca pudo volver al Río de la Plata, como era su sueño. Tuvo siempre una muy buena relación con Jefes y Caudillos Orientales, como por ejemplo su correspondencia con el General José Artigas y también con los Caudillos Lavalleja y Rivera, que lo atendieron y trataron muy bien cuando estuvo en Montevideo por última vez en 1829.

Bolívar expresó todas sus ideas en el Congreso de Panamá de 1826 sobre la Unión de la América Hispana en una gran Confederación de Estados, pero no logró sus objetivos. Tenía clara una visión estratégica de la necesidad de una alianza continental ante el peligro de los Imperios Coloniales, como de una futura expansión de los Estados Unidos. Era partidario de una alianza estratégica comercial con Inglaterra, con la que tenía fuertes vínculos, y los Países Bajos, para impulsar el comercio de ultramar.

Joe Biden tomó una decisión histórica que cambia, de un golpe, la elección presidencial. Su decisión ahora obliga al partido Demócrata a navegar en aguas desconocidas, reflexiona el periodista y escritor León Krauze en una breve pero interesante columna de opinión publicada en Letras Libres. La compartimos.

El azar tiene modos misteriosos, incluso en la política. Fue Joe Biden quien decidió apostar por un debate a principios del verano que le permitiera establecer una narrativa favorable rumbo a la elección. Su equipo había concebido el debate como la oportunidad ideal para contrarrestar la caricatura de senilidad que tanto daño le había hecho al presidente en campaña. Aprovecharía la ocasión para subrayar el bagaje de Trump y consolidar la percepción pública negativa del candidato republicano.

Consiguió exactamente lo opuesto.

El debate presidencial de finales de junio fue una tormenta perfecta para Biden. Hasta el atentado contra Donald Trump del sábado pasado, la prensa no habló de otra cosa más que de la fragilidad y el deterioro del mandatario. En las encuestas, los votantes demócratas dijeron favorecer el reemplazo de Biden como su candidato. Una tras otra, día a día, se sumaron voces dentro del partido hasta llegar a un notable consenso. En público y en privado, la presión sobre Biden se hizo abrumadora.

En ese coro, sin embargo, ha faltado una voz: la de Donald Trump. Aunque celebró su victoria en el debate, Trump se mantuvo en silencio. No es casualidad. El partido republicano ha operado bajo una premisa fundamental: el rival de Trump sería Biden. La campaña de Trump se ha preparado con eso en mente. A Trump le convenía un Biden débil y menguante, pero no un Biden ausente.

La historia eligió otro camino.

El domingo, Joe Biden tomó una decisión histórica que cambia, de un golpe, la elección presidencial. Poco más de tres semanas después del debate, el presidente de Estados Unidos declinó buscar la candidatura de su partido.

La decisión de Biden obliga al partido Demócrata a navegar en aguas desconocidas. El peor escenario es la fractura. El partido deberá encontrar la manera de llegar a su convención de agosto con un candidato de consenso. Es probable que se trate de la vicepresidenta Kamala Harris. Negarle la candidatura presidencial a un vicepresidente en funciones es, de por sí, inusual. Hacerlo, en esta coyuntura tan extraordinaria, con la primera mujer de color en ejercer el cargo implica el riesgo de fisurar la coalición de votantes demócratas. Alguien podría tratar de forzar una “convención abierta” y competirle a Harris. Pero… ¿quién? Los demócratas tienen una segunda línea de figuras notables, pero parece improbable que alguno de los gobernadores o el puñado de senadores con credenciales suficientes, empujen al partido a un escenario de potencial discordia. Además, Harris tendría acceso a los cuantiosos fondos recaudados para Biden y ella en campaña.

Si es Harris, la siguiente pieza es el compañero de fórmula.

Donald Trump ha elegido a J.D. Vance, un hombre joven, articulado y de línea dura. La selección de Vance tiene también una lógica electoral. La campaña de Trump sabe bien que el único camino para Biden eran tres estados del cinturón del óxido: Michigan, Pensilvania y Wisconsin. “Vamos a estacionar a J.D. ahí”, dijo la semana pasada un operador republicano (Vance es de Ohio).

¿Y Harris?

El consenso entre los expertos es que, dados los tiempos y el estado de la campaña, los demócratas necesitan un candidato vicepresidencial que tenga un efecto inmediato en alguno de los estados o regiones que decidirán la elección. Puede ser el mismo cinturón del óxido. Puede ser el suroeste, donde Arizona y Nevada también serán puntos de inflexión. De ser así, los candidatos naturales son Gretchen Whitmer, la muy popular gobernadora de Michigan, Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, o Mark Kelly, senador por Arizona. Otra posibilidad es Andy Beshear, gobernador reelecto de Kentucky, un estado tradicionalmente republicano.

En aguas desconocidas, todo puede ocurrir.

Pero algo es un hecho: la carrera presidencial en Estados Unidos ha dado un vuelco.

Ahora, el candidato octagenario se apellida Trump. Y él lo sabe.

Despreciada por el autoritario presidente del país e incluso por sus propios colegas de la oposición, la ‘dama de hierro’ de Venezuela ha logrado la movilización de votantes más importante desde el surgimiento del chavismo. Compartimos a continuación una interesante crónica de su carrera publicada en el Times.

Recorre el país vestida de blanco, con rosarios colgando del cuello. Las mujeres lloran en sus brazos, los hombres le piden que los salve. La semana pasada, el gobierno detuvo a su jefe de escoltas, por lo que andaba por las calles sin protección.

Cuando subió al parabrisas de su auto destartalado —un escenario improvisado—, sus seguidores se abalanzaron sobre ella para tocarla. Uno de ellos le pasó un retrato dibujado a mano. En la imagen sin enmarcar, María Corina Machado estaba protegida por la bandera venezolana y los brazos de Jesucristo.

La movilización que Machado ha catalizado se produce tras años de apatía política en Venezuela, donde el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sofocado protestas y detenido a disidentes, contribuyendo a impulsar un enorme éxodo de la población del país.

Un esfuerzo respaldado por el gobierno de Donald Trump para instalar a un joven legislador llamado Juan Guaidó como presidente interino fracasó, y el año pasado Guaidó huyó a Estados Unidos.

Ahora Machado, una exdiputada conservadora que en el pasado llegó a ser rechazada por sus propios colegas, no solo ha unido a la díscola oposición venezolana para respaldarla, sino que también ha cautivado a una amplia franja del electorado con la promesa de un cambio radical de gobierno.

Incluso sus antiguos críticos afirman que el movimiento de Machado es el más importante del país desde el que construyó Hugo Chávez, mentor de Maduro y fundador del proyecto socialista venezolano que ya ronda los 25 años de antigüedad.

Bajo el mandato de Maduro, el país ha sido testigo de una extraordinaria contracción económica, la mayor registrada en un país sin guerra en al menos 50 años, según los economistas. Aunque la situación ha mejorado ligeramente en los últimos años, millones de personas siguen sin poder comprar alimentos suficientes o medicamentos esenciales.

Si Maduro se mantiene en el poder, las encuestas muestran que un gran número de venezolanos planea salir del país en un movimiento hacia el norte que podría comenzar semanas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

“¡Por el futuro de nuestros hijos!”, gritaba una joven mientras el automóvil de Machado atravesaba con lentitud la ciudad de Guanare, ubicada a seis horas en carro desde el oeste de Caracas, la capital.

Esa mañana, el jefe de seguridad de Machado se había convertido en el último de una serie de miembros de la campaña opositora que han sido detenidos por el gobierno. Para eludir a las autoridades, la líder opositora salió de Caracas antes del amanecer, con las ventanillas de su coche todavía agrietadas por las pedradas de los partidarios de Maduro.

A última hora de la tarde, estaba trepada en el techo de su auto en Guanare, con pendientes de perlas y el cabello recogido en una coleta.

Los gritos de apoyo alcanzaron su punto álgido. Junto a ella, un hombre que iba sin zapatos preguntó cómo podía ayudar a protegerla.

En un discurso que apenas se escuchaba, pronunciado a través de un megáfono, Machado prometió reactivar la economía y traer de vuelta a los hijos que habían emigrado.

Su popularidad se pondrá a prueba este domingo, cuando el país celebre unas elecciones presidenciales que podrían poner fin a 25 años de gobierno socialista.

Desde que asumió el cargo en 2013, Maduro ha celebrado elecciones con la intención de legitimar a su gobierno. A menudo ha manejado las urnas a su favor, inhabilitando a los contrincantes que eran más populares o directamente amañando los resultados.

En enero, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que Machado no podía postularse en las elecciones. Luego llegó la sorpresa: el gobierno permitió que su coalición designara a otro candidato, y González se convirtió en la opción de consenso.

Si la oposición gana, González, de 74 años, será presidente. Pero desde Washington a Caracas, todo el mundo entiende que Machado es el corazón del movimiento.

En una entrevista conjunta, ambos líderes se negaron a decir qué papel tendría Machado en un gobierno de González. Pero Machado dijo que creía que podían ganar.

“Nunca en 25 años hemos ido a un proceso electoral con una posición de tanta fuerza”, afirmó.

El país está en vilo a medida que se acerca la votación. Las encuestas muestran un enorme apoyo a la oposición. Pero Maduro ha mostrado poco interés en dejar el poder. La semana pasada, prometió en un acto de campaña que Venezuela caería “en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida” si no ganaba.

Machado, la mayor de las cuatro hijas de una importante familia de empresarios siderúrgicos, fue educada en un elitista colegio católico en Caracas y un internado en Wellesley, Massachusetts. En una entrevista con The New York Times en 2005, definió sus primeros años como “una infancia blindada del contacto con la realidad”.

Se formó como ingeniera y luego ocupó un puesto en la empresa familiar, Sivensa, antes de trabajar con su madre en un hogar para niños abandonados.

Incursionó en el activismo político en 2002, cuando ayudó a fundar un grupo de defensa de los derechos de los votantes, Súmate, que acabó liderando un intento fallido de revocar a Chávez. Fue una de las dirigentes preferidas de Washington —el gobierno de Estados Unidos brindó apoyo financiero a Súmate— y se convirtió en una de las adversarias más odiadas de Chávez.

Pero no solo el gobierno la detestaba. Entre sus colegas de la oposición, a menudo se la consideraba demasiado conservadora, demasiado conflictiva y demasiado “sifrina” como para convertirse en líder del movimiento.

Ha dicho que la política que más admira es Margaret Thatcher, icono conservador conocido por su obstinación y su fidelidad al libre mercado. Machado apoya desde hace tiempo la privatización de PDVSA, la petrolera estatal, una medida que, según otros líderes de la oposición, pondría el recurso más valioso de Venezuela en manos de unos pocos.

En 2012, cuando Machado era legisladora, se enfrentó a Chávez en un debate televisado, acusándolo de robar a los venezolanos mediante expropiaciones.

Chávez se burló de ella. “Águila no caza mosca, diputada”, le dijo. Él era el águila. Ella era la mosca.

Por su retórica altisonante, periodistas y analistas empezaron a decir que Machado era la “dama de hierro” de su país, usando el apodo por el que Thatcher era conocida.

Todavía existen dudas sobre la actuación de Machado en 2002, cuando militares disidentes y figuras de la oposición lideraron un golpe de Estado de corta duración que se proponía derrocar a Chávez. Machado se encontraba en el palacio presidencial durante la toma de posesión del nuevo presidente, Pedro Carmona.

En la entrevista de 2005 con el Times, Machado insistió en que ella y su madre estaban en el palacio ese día solo para visitar a la esposa de Carmona, una amiga de la familia, no para apoyar el golpe.

Más recientemente, en una entrevista de 2019 con la BBC, Machado destacó que las “democracias occidentales” deberían entender que Maduro solo dejaría el poder ante la “amenaza creíble, inminente y severa del uso de la fuerza” con el fin de sacar del poder a Maduro.

Pero hoy, los partidarios de Machado dicen que esta dureza y actitud confrontativa es exactamente lo que el país necesita.

Ella por su parte también ha moderado su tono, y ahora lidera con una suavidad traspasa las fronteras políticas, con la promesa de unir a las familias separadas por la migración.

Es madre de tres hijos adultos que viven en el extranjero.

Henrique Capriles, un líder de la oposición que en el pasado criticó a Machado, dijo que su independencia política en última instancia la beneficia, lo que le permite ganar la confianza de los votantes desencantados con el resto de la oposición.

Sin embargo, añadió que González, un diplomático tranquilo, podría ser más adecuado para la delicada tarea de desmantelar el sistema socialista de 25 años de edad. Dentro de sectores de poder como las fuerzas armadas, es probable que Machado sea vista como una figura antagónica que busca vengarse de quienes están asociados con Maduro.

En la campaña electoral, ha prometido “enterrar el socialismo para siempre” y crear un país donde “los malandros y los corruptos van presos”.

“Edmundo no genera miedo”, dijo Capriles. “No es una debilidad, sino una fortaleza”.

Hace una década, el gobierno prohibió que Machado pudiera salir del país considerando que su cabildeo en Washington era una amenaza. Ahora, parece que mantenerla en el país pudo haber sido uno de los mayores errores tácticos de Maduro.

Doris Lugo, de 40 años, asistió al acto en Guanare y explicó que su marido y su hijo habían salido del país en busca de trabajo.

“Pero ya regresarán”, dijo, segura de que González y Machado triunfarán.

“Tenemos la confianza en Dios”, añadió, “que la mosca va a cazar al águila”.

Luego de que los talibanes les restringieran a las mujeres afganas los derechos al trabajo, a la educación y a salir en público, algunas mujeres desafiaron las nuevas reglas y salieron a protestar. A propósito, compartimos una columna de Mahjooba Nowrouzi publicada por la BBC.

Las manifestantes le contaron a la BBC que las golpearon, abusaron de ellas, las encarcelaron e incluso las amenazaron con matarlas a pedradas. Hablamos con tres mujeres que desafiaron al gobierno talibán después de que comenzó a imponer restricciones a las libertades de las mujeres tras tomar el poder el 15 de agosto de 2021.

Marchando en Kabul

Cuando los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto de 2021, la vida de Zakia empezó a desmoronarse. Era el sostén de su familia antes de que los talibanes regresaran al poder, pero tras la toma de Kabul perdió su trabajo.

Una protesta en diciembre de 2022 fue la primera oportunidad de Zakia, quien utiliza un seudónimo, de expresar su ira por perder el derecho al trabajo y a la educación. Recuerda que el grupo de manifestantes marchaba hacia la Universidad de Kabul, pero la marcha fue detenida antes de llegar a su destino.

Zakia estaba gritando consignas cuando la policía armada talibán le puso fin a su breve rebelión. "Uno de ellos me puso su arma a la boca y me amenazó con matarme allí mismo si no me callaba", cuenta. Zakia vio cómo a otras manifestantes las metieron en un vehículo. "Yo me resistí. Me retorcieron los brazos", afirma.

Al final, Zakia logró escapar, pero lo que vio ese día la dejó aterrorizada. "La violencia ya no se daba a puerta cerrada", explica, "sino que se producía en las calles de la capital, Kabul, en medio de todo el mundo".

"Me arrastraron halándome del pelo"

Mariam (nombre ficticio) y la estudiante Parwana Ibrahimkhail Nijrabi, de 23 años, son dos de las muchas manifestantes afganas que fueron detenidas tras la toma del poder por los talibanes. Viuda y sostén único de sus hijos, Mariam temía no poder mantener a su familia cuando los talibanes introdujeron las restricciones al acceso de las mujeres al mercado laboral.

Asistió a una protesta en diciembre de 2022 y después de ver cómo arrestaban a otras manifestantes, intentó huir, pero no pudo escapar a tiempo. "Me sacaron a la fuerza del taxi, me registraron el bolso y agarraron mi teléfono", recuerda. Cuando se negó a darles a los funcionarios talibanes su código para desbloquear el móvil, cuenta que uno de ellos la golpeó tan fuerte que pensó que se le había roto el tímpano.

Luego vieron los videos y las fotos que estaban guardados su teléfono. "Se molestaron y me arrastraron halándome del pelo", asegura. "Me agarraron las manos y las piernas y me tiraron en la parte trasera de su Ranger". "Fueron muy violentos y repetidamente me llamaban puta", prosigue Mariam. "Me esposaron y me pusieron una bolsa negra en la cabeza. No podía respirar".

"Como una muerta viviente"

Un mes después, Parwana también decidió salir a la calle y protestar contra los talibanes, junto con un grupo de compañeros de estudios con los que organizó varias marchas. Pero rápidamente también recibió represalias. "Comenzaron a torturarme desde que me arrestaron", dice Parwana. La obligaron a sentarse entre dos guardias armados. "Cuando me negué a sentarme allí, me llevaron al frente, me pusieron una manta en la cabeza, me apuntaron con un arma y me dijeron que no me moviera".

Parwana cuenta que comenzó a sentirse frágil y "como una muerta viviente" entre tantos hombres fuertemente armados. "Mi cara estaba entumecida porque me abofetearon tantas veces. Estaba tan asustada que todo mi cuerpo temblaba".

Uñas, pelos y piedras en la comida

Mariam, Parwana y Zakia eran conscientes de las posibles consecuencias que podían haber tras protestar en la calle. Parwana admite que nunca esperó que los talibanes "la trataran como a un ser humano", pero asegura que le impresionó el trato tan degradante que recibió. La primera comida que le dieron en la cárcel la dejó en shock. "Sentí algo afilado rascándome el paladar", recuerda. "Cuando miré qué era, era una uña y vomité". En comidas posteriores encontró pelos y piedras.

Parwana cuenta que le dijeron que la lapidarían hasta la muerte, por lo que pasó toda una noche llorando hasta que terminó por quedarse dormida. La joven de 23 años fue acusada de promover la inmoralidad, la prostitución y la difusión de la cultura occidental y estuvo en prisión por un mes. A Mariam la retuvieron en una unidad de seguridad por varios días, donde era interrogada con una bolsa negra que le cubría la cabeza. "Podía escuchar a varias personas, una me daba patadas mientras me preguntaba quién me pagaba para organizar [la] protesta", relata. "El otro me golpeaba y decía: '¿Para quién trabajas?'".

Mariam señala que les dijo que era una viuda que necesitaba trabajar para alimentar a sus hijos, pero afirma que sus respuestas ocasionaron que la trataran con más violencia.

Obligadas a confesar

A Parwana y Mariam las liberaron tras la intervención de organizaciones de derechos humanos y ancianos locales, y ya no viven en Afganistán. Ambas aseguran que las obligaron a firmar confesiones en las que admitían su culpabilidad y prometían no participar en ninguna protesta contra los talibanes. A sus familiares masculinos también les hicieron firmar documentos oficiales en los que se comprometían a que las mujeres no participarían en más protestas.

Declaraciones del gobierno talibán

Presentamos estas acusaciones a Zabihullah Mujahid, alto portavoz del gobierno talibán, quien confirmó que las manifestantes fueron arrestadas pero negó que hubieran sido maltratadas. "Algunas de las mujeres arrestadas estaban involucradas en actividades contrarias al gobierno y a la seguridad pública", dijo. Él cuestiona el relato de las mujeres y niega que las hayan torturado: "En ninguna de las prisiones del Emirato Islámico dan palizas y las comidas están aprobadas por nuestros equipos médicos".

Testimonios de organizaciones de derechos humanos

Una serie de entrevistas de la organización Human Rights Watch (HRW) con algunas manifestantes que han sido liberadas corroboran los relatos recopilados por la BBC. "Los talibanes utilizan todo tipo de torturas e incluso hacen pagar a las familias (de las mujeres) por sus protestas, a veces las encarcelan con sus hijos en condiciones terribles", afirmó Ferishtah Abbasi, de HRW.

El investigador de Amnistía Internacional, Zaman Soltani, que habló con varias manifestantes que fueron liberadas, señala que las prisiones carecían de instalaciones básicas. "No hay sistemas de calefacción en invierno, los presos no reciben comida de calidad ni suficiente y las cuestiones de salud y seguridad no se tienen en cuenta en lo absoluto", Soltani.

"Prisionera en mi propia casa"

Cuando tomaron el poder, los talibanes indicaron que las mujeres podían seguir trabajando e ir a la escuela, pero que esto tenía que estar apegado de acuerdo con la cultura afgana y la ley Sharia. Hoy insisten en que la prohibición de la escolarización de las niñas más allá del sexto año es temporal, pero no se han comprometido a reabrir las escuelas secundarias para niñas.

En Afganistán, Zakia aprovechó una oportunidad y puso en marcha un centro de enseñanza a domicilio para educar a las niñas. Esto también fracasó. "Se sienten amenazados por un grupo de mujeres jóvenes que se reúnen regularmente en un lugar", cuenta con la voz llena de tristeza. "Los talibanes lograron hacer lo que querían. Soy prisionera en mi propia casa". Todavía se reúne con sus amigas activistas, pero ellas no planean seguir protestando. Pero de vez en cuando publican cosas en las redes sociales utilizando un seudónimo.

Cuando le preguntamos sobre los sueños que tiene para Afganistán, se pone a llorar. "No hay nada que yo pueda hacer. Nosotras ya no existimos, las mujeres estamos retiradas de la vida pública", asegura. "Sólo queríamos nuestros derechos básicos, ¿era mucho pedir eso?".

A pesar de los avances legales, la búsqueda de justicia sigue vigente, mientras que las comunidades afectadas por el terrorismo global luchan por sanar profundas heridas, reflexiona la Vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación, Marina Rosenberg, en una columna para Infobae que reproducimos.

Hace 30 años, el atentado a la AMIA en Buenos Aires sacudió los cimientos de la comunidad judía y dejó una herida profunda en la nación argentina. Aunque nací en Argentina, a los seis años me trasladé a Israel, donde en la adultez serví como diplomática israelí durante más de dos décadas. Este contexto hace que el tema de Irán y su apoyo al terrorismo en la región, así como su obstaculización de la paz, sea personal para mí. Actualmente, trabajo en la Liga Antidifamación (ADL) como Vicepresidenta Sénior de Asuntos Internacionales y estoy de regreso en Argentina para conmemorar el 30 aniversario de la tragedia.

El atentado contra la AMIA en 1994 y el ataque a la embajada de Israel en Argentina en 1992 están intrínsecamente relacionados. Ambos ataques, orquestados por Irán y sus apoderados terroristas, dejaron cicatrices imborrables en la comunidad judía argentina y en la conciencia colectiva nacional. Conozco personas cuyas vidas fueron diezmadas en el ataque a la embajada, y otros amigos siguen marcados por la tragedia de la AMIA. Recientemente, conocí al padre de dos israelíes secuestrados, un ciudadano argentino-israelí, quien me relató cómo por poco escapó del ataque a la AMIA debido a un retraso de cinco minutos en el subte. Estos testimonios son un doloroso recordatorio de la magnitud del sufrimiento causado.

En abril pasado, el máximo tribunal penal argentino finalmente dio por probado que Irán estuvo detrás del ataque, pavimentando el camino para poder juzgar a los prófugos del atentado en ausencia. Durante treinta años, cada 18 de julio, la población se reúne en el lugar de la tragedia –que dejó 85 muertos– exigiendo justicia, ya que nadie ha sido encarcelado por estos crímenes, dejando más interrogantes que respuestas. Sin embargo, este año ha habido avances tanto en los sistemas legales argentinos como globales, dado que, en junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado argentino por no haber prevenido ni indagado adecuadamente el ataque contra la sede de la mutual judía.

Todo ello ofrece una esperanza renovada. Los atentados de la AMIA y la embajada no solo sacudieron a la comunidad judía en Argentina, sino también a las comunidades judías en todo el mundo, creando un sentimiento de trauma que se extendió por el continente y ha encontrado eco en Europa y otros lugares donde ataques similares han dejado sus propias cicatrices.

Estos eventos resaltan un problema fundamental que observamos hoy con el aumento global del antisemitismo: la vulnerabilidad que viene atada con la inseguridad y las amenazas. El atentado a la AMIA hace 30 años y la masacre del 7 de octubre en Israel, ambos perpetrados por terroristas islámicos apoyados por Irán, nos recuerdan dolorosamente que el odio y la violencia siguen al acecho. Recientemente, dos escuelas judías en Canadá fueron violentamente atacadas, ilustrando cómo el antisemitismo continúa poniendo en peligro la seguridad de nuestras comunidades. Esta situación debería ser una preocupación primordial, ya que toca el nivel más básico de la Pirámide de Maslow: la sensación de seguridad. Cuando los sistemas que deberían protegernos fallan, se produce una ruptura significativa en la confianza y en la seguridad de nuestras comunidades.

Es por ello que mi visita a Argentina no se da solo como una conmemoración. También es un recordatorio de la importancia de seguir luchando por justicia y seguridad para todas las comunidades azotadas por el terrorismo y el odio. Debemos mantenernos unidos y unidas, firmes contra el odio y la violencia en aras de asegurar que tales atrocidades nunca se repitan.

Sé que nuestra misión en ADL es más vital que nunca. Nuestra organización ha trabajado incansablemente para combatir el antisemitismo y todas las formas de odio, y continuaremos haciéndolo con determinación y pasión. Recordemos a las víctimas, honremos su memoria y reafirmemos nuestro compromiso con la justicia.

Si bien la lucha es larga, juntos y juntas podemos hacer la diferencia.

Por LA LIBRERIA

Debolsillo, 2023, 666 páginas, Por Daniel Kahneman.

Daniel Kahneman (1934-2024) fue un psicólogo y economista israelí-estadounidense, conocido por su trabajo pionero en la psicología del juicio y la toma de decisiones, así como en la economía del comportamiento. Junto con Amos Tversky, desarrolló la teoría de las perspectivas, que explica cómo las personas toman decisiones en situaciones de riesgo, revelando la influencia de sesgos cognitivos. Su obra ha tenido un impacto significativo en la economía y la medicina. En 2002, Kahneman recibió el Premio Nobel de Economía por integrar conocimientos psicológicos en la ciencia económica.

“Pensar rápido, pensar despacio” es una obra fundamental en el campo de la psicología y la economía conductual. Este libro, escrito por el laureado con el Premio Nobel de Economía, se adentra en la mente humana para desentrañar los misterios detrás de nuestras decisiones y juicios cotidianos. Kahneman presenta una exploración exhaustiva de los dos sistemas que gobiernan nuestra forma de pensar: el Sistema 1, que es rápido, intuitivo y emocional, y el Sistema 2, que es más lento, deliberativo y lógico.

A lo largo del libro, Kahneman ilustra cómo estos dos sistemas operan y compiten entre sí. El Sistema 1 actúa de manera automática y casi sin esfuerzo, manejando las tareas cotidianas que requieren respuestas inmediatas. Este sistema se basa en heurísticas y atajos mentales, lo que a menudo nos lleva a conclusiones rápidas pero no siempre precisas. Por otro lado, el Sistema 2 se activa cuando nos enfrentamos a situaciones que requieren atención y esfuerzo mental. Aunque más fiable, este sistema es perezoso y no se pone en marcha a menos que sea absolutamente necesario.

Una de las contribuciones más significativas del libro es su análisis de los sesgos cognitivos, que son errores sistemáticos en nuestro pensamiento. Kahneman explica cómo estos sesgos influyen en nuestras decisiones y nos llevan a errores predecibles. Por ejemplo, el sesgo de anclaje nos hace depender demasiado de la primera información que recibimos, mientras que el sesgo de confirmación nos lleva a buscar y valorar solo la información que confirma nuestras creencias preexistentes.

Entre otras cuestiones, Kahneman también aborda la noción de la “ilusión de la validez”, que se refiere a nuestra tendencia a confiar excesivamente en nuestra capacidad para prever eventos futuros basándonos en información limitada. Esta ilusión puede llevar a errores graves, especialmente en el ámbito financiero, donde los analistas y los inversores a menudo sobreestiman su capacidad para predecir el mercado.

A lo largo del libro, Kahneman utiliza ejemplos y estudios de casos para ilustrar sus puntos. Desde experimentos clásicos en psicología hasta situaciones cotidianas, estos ejemplos hacen que conceptos complejos sean accesibles y comprensibles para el lector.

En definitiva, una obra reveladora que desafía nuestras suposiciones sobre cómo pensamos y tomamos decisiones. Recomendamos su lectura de principio a fin.