El regreso del Frente Amplio al gobierno no puede entenderse sin el protagonismo del PIT-CNT, que no solo jugó un papel crucial durante la campaña electoral, sino que ahora se posiciona como un actor central en el futuro gobierno.

Las señales de cogobierno entre el Frente Amplio y el PIT-CNT son claras. Una vez más, la subordinación parece inevitable, con la central sindical marcando los límites de la agenda política de nuestro país. Si algo quedó claro durante las últimas décadas es que el PIT-CNT no es simplemente un actor sindical, sino una “fuerza política” que influye directamente en las decisiones estratégicas del Frente Amplio. Este esquema, que ya ha mostrado sus nefastas consecuencias en el pasado, amenaza con convertirse en una realidad institucionalizada en el nuevo período.

Desde el inicio del gobierno, el PIT-CNT jugó un papel clave en la vuelta del Frente Amplio al poder. Durante la campaña electoral, su protagonismo fue evidente, tanto en la promoción del plebiscito contra la reforma de la seguridad social como en la movilización de sus bases. Aunque la consulta fue rechazada en las urnas, el esfuerzo de la central sindical, a base de mentiras, unificó a la militancia y canalizó las frustraciones de sectores descontentos con el gobierno. Abdala, presidente del PIT-CNT, dejó en claro que la lucha del movimiento sindical no terminó con la derrota del plebiscito. Para él, y lo dijo sin vueltas, el referéndum fue apenas un paso –“la lucha no terminó”– en un proceso más amplio que pretende desmantelar las reformas estructurales impulsadas en los últimos años. Primer aspecto a tener en cuenta.

Como segundo hecho, es necesario analizar la reciente negativa del PIT-CNT al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Otro ejemplo contundente del peso que ejercerá sobre el próximo gobierno. Lejos de reconocer la importancia de este avance, tras dos décadas y media de negociaciones, el PIT-CNT rechazó el acuerdo con una rapidez que resulta, cuanto menos, llamativa. A pesar de que el tratado consta de 7.000 páginas y aborda temas complejos que requieren un análisis detenido, la central sindical optó por rechazarlo categóricamente, recurriendo a argumentos que parecen extraídos de otra época. Calificaron el acuerdo como un “pacto desigual” que fomenta el extractivismo y sacrifica los derechos sociales en favor de las corporaciones. Ignoran, obviamente, que este tipo de acuerdos son fundamentales para un país pequeño como Uruguay, cuya economía depende de su capacidad de insertarse en los mercados globales.

El rechazo del PIT-CNT no se limita a cuestiones ideológicas. Es un rechazo práctico, dirigido a proteger un modelo económico y laboral que ya no responde a las necesidades del siglo XXI. Como bien señaló el canciller Omar Paganini, resulta difícil entender cómo una central sindical puede oponerse a un acuerdo que promete abrir mercados, fomentar la inversión y generar empleo. El lector bien sabe: este tipo de posturas no son nuevas. Durante años, el PIT-CNT ha sido un freno constante a cualquier intento de modernización económica. Su reticencia a los tratados de libre comercio, su oposición a las reformas estructurales y su insistencia en un modelo de seguridad social insostenible son ejemplos de una visión profundamente conservadora, más preocupada por mantener el statu quo que por adaptarse a las nuevas realidades globales.

Volvamos al tema de la seguridad social; el más representativo de esta dinámica. A pesar de que la reforma aprobada recientemente buscaba garantizar la sostenibilidad del sistema en un contexto de envejecimiento poblacional, el PIT-CNT lideró una campaña en su contra, proponiendo una vuelta al sistema anterior, con una edad mínima de jubilación de 60 años y la eliminación de las AFAP´s. Este planteo no solo es económicamente inviable, sino que refleja una desconexión alarmante con las realidades demográficas del país. Sin embargo, el Frente Amplio, en lugar de cuestionar estas propuestas, parece dispuesto a considerarlas como parte de un eventual “diálogo social”. Yamandú Orsi, en un guiño al movimiento sindical, ya ha señalado –contraviniendo a su futuro Ministro de Economía– que su gobierno explorará formas de regresar a los 60 años como edad mínima de retiro, ignorando las advertencias de economistas y expertos sobre las consecuencias de una medida tan regresiva.

El Frente Amplio no parece en condiciones de establecer límites claros a la influencia del PIT-CNT. En el pasado, ya vimos cómo la central sindical dictó la agenda en temas de vital importancia. Sin ir más lejos, no debemos olvidar su “cruzada” anti-LUC, que obligó al frentismo a intentar derogar artículos de una ley que habían apoyado en el Parlamento meses antes. Este patrón se repite ahora con la seguridad social y el acuerdo Mercosur-UE, dos temas en los que el PIT-CNT ya ha dejado claro cuál será su posición, mientras el Frente Amplio evita confrontarlo directamente.

La “pitcnización” del Frente Amplio no es un fenómeno nuevo, pero en este período amenaza con alcanzar un punto crítico. Si el próximo gobierno no logra establecer una relación de independencia con la central sindical, Uruguay corre el riesgo de quedar atrapado en un modelo de cogobierno que privilegia los intereses de un grupo reducido sobre las necesidades del país en su conjunto. El rechazo al acuerdo Mercosur-UE, la insistencia en una reforma previsional insostenible y el protagonismo político del PIT-CNT son apenas las primeras señales de un período en el que la autonomía del Frente Amplio estará, una vez más, en entredicho.

Como señaló el ex Presidente Julio María Sanguinetti en el pasado, antes decíamos que el PIT-CNT era un brazo sindical del Frente Amplio; hoy parece que el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT. Esta afirmación, que en su momento fue considerada “alarmista”, parece cada vez más difícil de refutar. Si el Frente Amplio no corrige el rumbo y establece límites claros en su relación con el PIT-CNT, el cogobierno no será una percepción, sino una realidad que marcará el futuro político y económico del país.

Por Julio María Sanguinetti

Las transiciones siempre tienen sus bemoles. Inevitablemente hay asuntos a medio andar, que el que llega puede no compartir y no siempre pueden ajustarse a la nueva sensibilidad.

Es el caso del llamado Plan Neptuno, o sea la toma de agua sobre el Río de la Plata. Es un proyecto complejo, sin duda. El Frente Amplio estuvo siempre en contra por una razón ideológica, la concesión privada. Si esto lo hubiera hecho OSE con sus fondos hubieran aplaudido. El tema es que el dinero, sea efectivo o a crédito, es limitado. Por eso mismo la OSE, que hace años de años tiene en sus proyecto el de la planta de Casupá, no lo llevó adelante en los años del Frente Amplio y ahora lo considera algo esencial y prioritario, cuando podrá ser importante, que lo es, pero jamás prioritario ante la opción del Río de la Plata.

Allí está el tema fundamental. El mundo entero vive hoy una situación medioambiental muy comprometida, que ha llevado a situaciones de precariedad en los ríos tan agudas como la que afectó nada menos que a la Amazonia y al Canal de Panamá, que une los dos grandes océanos. Nosotros vivimos ya una situación crítica en julio de 2023, de la que salimos a los ponchazos. Si algo quedó claro es que no podemos seguir dependiendo en forma exclusiva del río Santa Lucía como única fuente. A lo que añadimos una sola usina (Agua Corrientes) y una sola reserva (Paso Severino). Colapsa cualquiera de estos tres eslabones y nos hundimos en la crisis.

En aquel entonces, nuestro colega Mujica fue bien claro: “tendríamos que haber arrancado antes”, “nos dormimos todos”, “compartimos la responsabilidad”. El hecho es que desde que inauguramos la represa de Paso Severino, en nuestra primera presidencia, en octubre de 1987, no se agregó ni un metro cúbico de agua a la disponibilidad de la región Metropolitana. El Frente, en 15 años de gobierno, lo único que hizo fue armar un proyecto, sobre el río Santa Lucía, que allí quedó, sin comenzar. “Ay el bendito déficit fiscal” dijo Mujica y ahí está también la otra dimensión, la financiera, que -aunque no nos guste- es esencial. No se avanzó porque había límites y por eso mismo, cuando se decidió llegar al Río de la Plata se buscó la fórmula de la inversión privada.

Más allá de las características del proyecto, todo lo discutible que se quiera, la cuestión es que el país no puede esperar un día más. No nos tranquiliza imaginarnos dentro de dos o tres años haciendo al Frente Amplio responsable de una crisis que nadie desea pero que es más probable que lo que nunca fue antes. En esa hipótesis indeseada pero altamente probable, habrá un culpable, que no servirá de consuelo ¿Quién se hace cargo hoy de tamaña responsabilidad?

Arazatí tendría que empezar mañana mismo. No podemos esperar otra crisis. Y si la solución es imperfecta, se verán los modos posibles de mejorarla, pero andando, sobre la marcha. Parar todo es poner al país en el más alto de los riesgos.

En otro orden, aparece el fantasma de la seguridad social. El PIT-CNT, que impulsó el suicidio nacional en el plebiscito constitucional sigue en sus trece. No importa que el sesenta por ciento del país haya dicho que no. Insiste y quiere acorralar al futuro Ministro de Economía, Gabriel Oddone, que desde el primer día en que apareció la iniciativa explicó por qué era un grave error. Sabe muy bien que sólo algún cambio de detalle podrá ser asumido pero que ir al fondo del tema es un error gravísimo, tanto en el mediano como en el corto plazo. En éste, porque afectará la credibilidad del país. En el correr del tiempo porque la desfinanciación volverá a flotar sobre el horizonte e impondrá, ineluctablemente, a poco de andar, un cambio hacia lo que hoy ya estaría funcionando. Cuando Oddone habló de que los 65 años permanecerán, el Presidente electo puso sus salvedades y terminó haciendo valer su autoridad para afirmar que él decidiría. O sea que estamos a mitad de camino, en una peligrosa ambigüedad.

En forma inesperada pero grata, se firmó el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Recuerdo muy bien cuando hace 25 años empezamos el recorrido en el Palacio de Oriente de Madrid, en el enorme salón que preside la estatua del Emperador Carlos V. Después de tanto ir y venir, esta firma ha sido un gran paso. Naturalmente, Francia se opondrá, algún otro país agrícola también, pero algo más cerca del final estamos. Como broche de una gestión exterior, es una perla brillante. Aunque, como no podía ser de otra manera, el PIT-CNT salió en forma rotunda y categórica, en ese tono grandilocuente y maximalista que le caracteriza, a rechazar el acuerdo. Su enojo parte de que no “participó” y se extiende a éste como a los anteriores gobiernos. La realidad es que todo lo que sea apertura y competencia, le rechina a esa mentalidad antigua, anacrónica, que exhibe nuestra central sindical. Felizmente el acuerdo está firmado y ahora ya no da para volver a discutir. Sin embargo, queda formalizado otro debate incómodo para el nuevo gobierno, de nuevo con el PIT-CNT, fuera fuerza es indiscutible en el ámbito frentista.

Todo indica que lo que se va viendo en este tránsito, será un panorama reiterado, con un sindicalismo de inspiración marxista, condicionando a un gobierno que invocará a la izquierda como vaga referencia pero que ya se resignó a la economía de mercado. No es ocioso recordar que esta es una realidad universal luego del fracaso estrepitoso de las economías colectivistas que tienen en Cuba el último ejemplo, entristecedor, del retroceso que significa perder la iniciativa individual como motor de la sociedad.

Han pasado solo tres semanas de la elección. Sin embargo, ya están ahí los nubarrones del tránsito anunciando posibles tormentas, algunas tan acuciantes como la del agua a la capital.

La limpieza de Montevideo sigue siendo una deuda histórica del Frente Amplio tras 35 años al frente de la Intendencia. La capital del país se encuentra sumida en un problema que parece irresoluble: los contenedores desbordados, la proliferación de basurales y la ineficiencia generalizada en la gestión de residuos. La situación no solo afecta la estética de la ciudad, sino también su salubridad, con olores nauseabundos y la presencia de ratas y moscas que conviven con los vecinos.

Lo más preocupante es que este panorama ya no es solo una crítica de la oposición. Recientemente, Richard Read, un exdirigente sindical cercano al presidente electo Yamandú Orsi, no dudó en calificar como “galopante” la mugre en Montevideo. “Desconocerla y mirar para un costado no lo hago, no barro bajo la alfombra”, declaró Read. Sus palabras son contundentes y reflejan lo que los montevideanos vienen sufriendo hace décadas: una ciudad sucia, mal gestionada y sin soluciones claras en el horizonte.

La respuesta del intendente Mauricio Zunino, dolido por su correligionario, es reveladora de una actitud defensiva que ignora la realidad que enfrentan los ciudadanos. Acusó a Read de “distorsionar los mecanismos formales” de discusión del Frente Amplio y de tener “otro interés”, dejando de lado lo que importa: los contenedores rebalsan, los barrios están sucios y la gente está cansada de vivir en estas condiciones. La confusión de lo estatal con lo partidario es brutal. Estamos hablando de gestión, no de meros asuntos internos del frentismo, como interpreta el actual intendente.

Como hemos insistido hasta el hartazgo, las promesas de “mejorar” la limpieza son un eco recurrente. Desde Tabaré Vázquez en 1989, cada intendente frentista ha jurado solucionar el problema, pero la basura sigue acumulándose. La más reciente es la del director de Desarrollo Ambiental –que se dice podría llegar a integrar el ejecutivo nacional–, Guillermo Moncecchi, quien prometió que el próximo período traerá cambios visibles. Sin embargo, las acciones hablan más que las palabras.

También es preocupante la situación de los motocarros, implementados como un paliativo para recoger la basura que queda fuera de los contenedores. Aunque el intendente asegura que “todos están funcionando”, la realidad muestra otra cosa: los vecinos ven menos actividad y el servicio se deteriora. El gasto en este sistema de emergencia supera los US$ 3 millones, un monto que podría haberse destinado a soluciones más duraderas y, porque no, más eficientes.

La próxima elección municipal no debe ser sobre banderas partidarias, sino sobre la decisión de enfrentar estos problemas de una vez por todas. Es una oportunidad para decidir entre seguir por el camino de la desidia o dar un giro hacia la gestión efectiva. El Frente Amplio ha tenido 35 años para resolver este tema y ha fracasado. Como dijo Read, la mugre en Montevideo es “galopante”. Pero lo que también es “galopante” es la urgencia de actuar…

La reciente crónica publicada por Búsqueda sobre la liberación de Carlos Peralta, el homicida de David Fremd, debería encender alarmas en todos los rincones de nuestro país. Este individuo, declarado –increíblemente– inimputable por la Justicia y diagnosticado con una peligrosa condición psiquiátrica, ha sido liberado tras ocho años de internación en el Hospital Vilardebó. La decisión se sustenta en peritajes que lo califican como “compensado”, pero deja en manos de su madre—con quien mantiene una relación tormentosa—la supervisión de un tratamiento que, según los mismos informes, es vital para prevenir futuras conductas violentas.

Esta medida no solo expone a la comunidad judía, víctima directa del atroz acto antisemita perpetrado por Peralta, sino también a la seguridad de toda la sociedad uruguaya. Los expertos citados en el artículo de Búsqueda alertan sobre la “alta peligrosidad” de Peralta en caso de abandonar su tratamiento psiquiátrico, lo que deja una sombra de incertidumbre sobre su reintegración. La decisión judicial de liberarlo sin un marco de supervisión más riguroso, como un centro de medio camino con medidas de seguridad adecuadas, resulta alarmante y difícil de justificar.

El caso Fremd es un ejemplo doloroso y claro de cómo los discursos de odio pueden transformarse en violencia física. Matar a un hombre por su condición de judío, motivado por una radicalización ideológica terrorista, no puede ser tratado con liviandad. Liberar a Peralta sin garantizar controles estrictos y permanentes envía un mensaje equívoco a la sociedad: que un acto de odio extremo puede ser desestimado bajo el manto de la inimputabilidad.

Desde estas páginas, no solidarizamos con la comunidad judía y condenamos enérgicamente la minimización de la gravedad de los crímenes motivados por el antisemitismo. Uruguay no puede permitirse repetir errores del pasado que subestimen el alcance de la radicalización violenta. No estamos inmunes a estas amenazas, y la memoria de David Fremd exige de todos nosotros una responsabilidad mayor.

Es imprescindible implementar un seguimiento estrecho por parte del Estado, incluyendo mecanismos de supervisión profesional que no recaigan exclusivamente en su entorno familiar. La seguridad de nuestra sociedad no puede depender de recursos insuficientes ni de decisiones judiciales que, por más que cumplan la ley, parecen ignorar el espíritu de justicia y protección colectiva.

Sin ánimo de aburrir a nuestros lectores, nos vemos nuevamente en la obligación de combatir uno de los caballitos de batalla más insostenibles del Frente Amplio: la insistencia en establecer el voto en el exterior. Esta vez, el propio presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, ha renovado el reclamo como parte de la agenda futura del nuevo gobierno frentista.

En vísperas del balotaje, Pereira calificó como “increíble” que los uruguayos que residen fuera del país no puedan votar sin regresar al territorio nacional, apelando a argumentos emocionales que ya conocemos de memoria: el derecho al voto es “sagrado” y debería ser garantizado “esté donde se esté”. Sin embargo, lo que Pereira convenientemente omite es que esta discusión no solo fue rechazada en las urnas, cuando el 62% del electorado dijo “No” al voto consular, sino que también enfrentó objeciones jurídicas contundentes. La Justicia declaró inconstitucional el intento del Frente Amplio de implementar esta medida mediante una interpretación forzada de la legislación vigente.

El Frente Amplio persiste en ignorar un principio esencial de nuestra Constitución: “La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio”. Este principio no es una mera formalidad; es la base de nuestra estructura republicana. La soberanía reside en el pueblo que habita el territorio, no en quienes se encuentran fuera de él, por muy justificadas que fueran sus razones.

Pero el problema no es solo jurídico; también es político. El propio Pereira celebró recientemente que el Frente Amplio logró organizar el viaje de 10.000 votantes desde Argentina para participar en el balotaje ¿De verdad podemos creer que el afán del Frente Amplio por aprobar el voto en el exterior es desinteresado? ¿O es que simplemente buscan incorporar a su padrón a un electorado que, por estadísticas conocidas, les es ampliamente favorable?

Esta obstinación por reinterpretar las reglas republicanas no es más que un intento de manipular el sistema electoral. El Frente Amplio no acepta que la ciudadanía ya se manifestó en contra y que la esencia de la república es la participación de quienes comparten el destino colectivo dentro del territorio. El voto no es un derecho desvinculado del deber; forma parte de un contrato social en el que se eligen las políticas y los políticos que afectan directamente a quienes viven bajo esas reglas.

Si el Frente Amplio verdaderamente se preocupa por los uruguayos en el exterior, quizá debería enfocarse en fortalecer las políticas de repatriación. Persistir en el voto consular, por el contrario, solo revela un oportunismo disfrazado de empatía.

La LXV Cumbre de Presidentes del Mercosur, celebrada en Montevideo, puso sobre la mesa temas clave para la región, como el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la flexibilización del bloque. Sin embargo, más allá de las discusiones comerciales y diplomáticas, un asunto destacó por su gravedad: el deterioro continuo de las libertades y los derechos humanos en Venezuela, incluyendo el caso de nuestro compatriota Fabián Buglione, desaparecido tras ingresar a ese país.

Uruguay, a través del canciller Omar Paganini, manifestó su “extrema preocupación” por las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Paganini denunció el endurecimiento de la represión tras las elecciones del 28 de julio, que consolidaron a Nicolás Maduro como autoproclamado vencedor y desconocieron la voluntad popular. Además, el canciller exigió información sobre el paradero de Buglione, afirmando: “Hemos solicitado en más de una oportunidad información por diversos canales, formales e informales, sin obtener respuesta de parte de las autoridades”. Paganini calificó esta situación como “inaceptable” y apeló a la racionalidad de las autoridades venezolanas para encauzar una salida política y humanitaria.

Mediante un comunicado oficial, firmado por Uruguay, Argentina y Paraguay, el bloque reafirmó el compromiso con los derechos humanos y el Estado de Derecho, y expresó la preocupación por la falta de publicación de los resultados desagregados de las elecciones en Venezuela. Textualmente, el comunicado señala: “Manifiestan su extrema preocupación por la situación en Venezuela, Estado Parte suspendido del MERCOSUR en el marco del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, ante la no publicación de los resultados desagregados de las elecciones, así como las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales registradas en Venezuela”. Asimismo, se exhortó a las autoridades venezolanas a otorgar los salvoconductos necesarios para las seis personas asiladas en la Embajada Argentina en Caracas.

Sin embargo, este gesto diplomático careció del apoyo de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, el principal aliado regional del Frente Amplio, optó por no firmar la misiva, en una decisión que resalta su postura ambivalente –por momentos crítica y por momentos complaciente– hacia el régimen de Maduro.

La ausencia de Brasil en este gesto de condena plantea interrogantes incómodos para el Frente Amplio: ¿Con qué amigos se queda? ¿Con los autócratas que reprimen, encarcelan y hacen desaparecer a sus críticos, o con su propio compatriota, cuya suerte permanece en la penumbra bajo un régimen que se niega a dar respuestas?

Orsi, que desesperadamente ha decidido aliarse con Brasil, debería dar una respuesta clara: ¿estará del lado de los derechos humanos y la democracia, o preferirá proteger a sus aliados ideológicos? No es aceptable que el próximo gobierno uruguayo adopte un doble discurso, condenando en público las violaciones a los derechos humanos mientras estrecha la mano de quienes las perpetúan. La decisión es simple: exigir justicia para un compatriota desaparecido o ceder al oportunismo político. En este dilema, el Frente Amplio debe recordar que el precio de la indiferencia siempre es la complicidad.

Hoy, viernes 13, a las 18.30 horas, en el Museo Figari (Juan Carlos Gómez 1427), se inaugurará la sala en homenaje al Cr. Ricardo Pascale, en ocasión de la nueva edición de “Museos en la Noche”.

Tras las palabras de la oratoria, se podrá disfrutar de una presentación de la comparsa C1080, que contará con figuras tradicionales como la mama vieja, el gramillero y el escobero, representados en las pinturas de Figari.

Estas figuras junto con los tambores serán interpretadas por la comparsa en una caminata que recorrerá la Plaza Matriz y la peatonal Sarandí, finalizando en el Museo Gurvich.

Exposiciones:

-Exposición permanente de pintura de Pedro Figari y su hijo Juan Carlos Figari Castro (planta baja).

-Exposición “Miradas al acervo”, curadora invitada: Daniela Tomeo (planta baja).

-“La pintura de Figari. Etapas de su desarrollo creativo” (primer piso).

-“La conservación en el museo: un desafío constante”, con curaduría de Alicia Barreto
(primer piso).

Por Tomás Laguna

La reciente declaración del PIT-CNT contra un posible acuerdo UE-MERCOSUR ha sonado como un gran exabrupto contra nuestra economía y su razón de ser. Demuestra que la central sindical uruguaya no termina de entender que una economía pequeña como la nuestra, o bien exporta bienes y servicios, o bien exporta gente. En realidad poco les importa, en tanto su objetivo es la lucha contra el sistema caiga quien caiga, incluso contra los intereses de nuestra propia economía y de sus ciudadanos.

Los argumentos de la central sindical uruguaya para oponerse a un posible acuerdo de integración comercial con la Unión Europea son, cuando menos, una flagrante traición a los intereses de nuestra economía, y como tal, de toda la ciudadanía de nuestro país. Las consideraciones que el ramplón texto declaratorio esgrime son un atentado a nuestros sistemas productivos, una felonía a nuestra razón de ser como país agro exportador, en definitiva, constituye una deslealtad con los ingentes esfuerzos realizados a lo largo de 25 años por los distintos gobiernos que se sucedieron en nuestro país en pro de una mejor inserción internacional.

Peor aún, se hacen eco de los mismos falaces argumentos con que nos han pretendido descalificar nuestros contumaces adversarios, los paupérrimos agricultores europeos en su obsesión proteccionista y autárquica. En otras palabras, el sindicalismo uruguayo toma las armas del enemigo para atacar a su propio país, a sus sistemas productivos y a la viabilidad de su economía.

¡Que no se nos confunda! Reivindicamos al sindicalismo como expresión organizada de los trabajadores en defensa de sus intereses ante las empresas y ante los gobiernos. Su existencia y libre accionar son fundamento sustantivo en una democracia liberal y en un sistema de economía de mercado. Pero nuestra central sindical se deslegitima a sí misma en el cumplimiento de estos fines toda vez que utiliza su razón de ser para atacar al sistema económico desde posiciones ideológicas que responden al marxismo organizado para la lucha de clases. Bajo estas premisas es que son capaces de actuar arteramente, comunicado de referencia mediante, en contra de los intereses de su propio país. La defensa del ciudadano trabajador queda subyugada a la ideología y la lucha contra el sistema.

Bien que de haber sido un tratado de integración con las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela se habrían desdoblado en genuflexión entreguista al servicio del comunismo internacional. De hecho nunca se les escuchó cuestionar un posible TLC con China…

Lo del título, el enemigo dentro de nuestras trincheras…

Por Leonardo Vinci

Hay que acometer con fe y con determinación grandes empresas que den una nueva y auspiciosa imagen del Uruguay. Para esa tarea, que demandará esfuerzos hercúleos, es indispensable contar con la acción de los Partidos que ofician de intermediarios entre el hombre común y quien ejerce el Gobierno. Los Partidos, por su propia integración, no responden a un interés sectorial, como sucede, por ejemplo, con las agremiaciones, sino a sectores que configuran una fuerza que responde a una tradición, a una ideología, a un concepto de la vida, a una forma de sentir el destino nacional.

Por ello, deben funcionar regularmente, deben tener sus autoridades constituidas, deben ser la expresión de la masa ciudadana que los forma adecuadamente representada. De esa manera, adquieren coherencia y cuentan con la fuerza disciplinaria que es indispensable para actuar orgánicamente, sin enfrentamientos ni escisiones que los despedazan y los tornan inoperantes. Sin Partidos que actúen como tales, ordenadamente, la democracia fracasa, porque falta quien la fecunde con el vigor que tienen las manifestaciones populares, que al fin y al cabo, son la esencia de la representatividad republicana.

Las Convenciones de la época de Batlle fueron un ejemplo, y durante su gravitación fue que el país recorrió las etapas más trascendentes de su historia. Volver a las fuentes de la soberanía a través de las organizaciones partidarias en las que vibra de inquietudes el hombre común, el hombre de la calle, es tarea inaplazable para que los Partidos Políticos estén a la altura de la tremenda responsabilidad que tienen, de sacar al Uruguay del marasmo heredado, para proyectarlo hacia el porvenir.

En tiempos difíciles, cuando se denostaba a los Partidos y a los propios políticos dijimos que frente a los denostadores, se ha señalado con toda razón que fueron ellos quienes, con su acción inteligente, sostenida, sacrificada, impulsaron al Uruguay y lo ubicaron en sitiales de vanguardia. Batlle y Ordóñez, Eduardo Acevedo, Brum, Serrato, Berreta, Luis Batlle, Mayo Gutiérrez, fueron gigantescos realizadores. Pero para que la mención no sea exclusivista, se debe agregar a quienes integraban los cuadros de la oposición y que hicieron aportes sustanciales. No puede olvidarse por ejemplo, al margen de todas las discrepancias que suscitara, la presencia fiscalizadora de Luis Alberto de Herrera; la acción de Martín C. Martínez, de Washington Beltrán, de Javier Barrios Amorín. Fueron ellos también grandes constructores. Pero por cierto que la faena de construir nuestro país no tuvo limitaciones de ningún tipo. Los constitucionalistas en el siglo pasado también hicieron su contribución valiosa.

Y no debe olvidarse la gestión parlamentaria de Zorrilla de San Martín -que además de poeta insigne fue un político- o de Dardo Regules, que dejaron huellas indelebles de preocupación por el bien público. Ni tampoco la de Emilio Frugoni, quien en medio de combates parlamentarios de tremenda aspereza, formuló trascendentes iniciativas en lo económico, social y en lo político- aunque la vertiera desde la Cátedra, la literatura o la diplomacia, pues en todos esos campos actuó con brillo, y dejó una singular estela como defensor del orden jurídico y de las libertades públicas e individuales. Y aquí en Salto, el progreso departamental no fue obra de los improvisados o de los hombres mesiánicos. La labor de Orestes Lanza y de Armando Barbieri fue la que se tradujo en la modernización de la ciudad, en el avance edilicio, en la apertura de líneas de comunicación, y que también la que dio un tinte social de honda raigambre humana a la administración municipal. En lo departamental y en lo nacional pues, fueron políticos- desde el gobierno o la oposición- quienes colocaron jalones fundamentales. Fueron los grandes realizadores en el proceso histórico quienes se han ganado sitios admirativos en el recuerdo de la comunidad.

La enseñanza de la historia es clara: no hay democracia sin Partidos, y ellos no existen sin políticos rectos, honrados y probos.

Por Alvaro Valverde Urrutia

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tiene el potencial de transformar las economías de los países miembros al ofrecer acceso preferencial al mercado europeo y atraer inversiones estratégicas. Sin embargo, su ratificación depende de superar obstáculos políticos tanto en Europa como en el Mercosur. En el Parlamento Europeo, se requiere una mayoría cualificada para avanzar, lo que podría generar fricciones internas y retrasos. Además, los países del Mercosur deberán adaptar sus normativas a los exigentes estándares de la UE para asegurar que los beneficios del acuerdo se materialicen de manera efectiva y sostenible.

El cierre del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE representa un hito significativo en las relaciones comerciales entre ambas áreas de integración. Sin embargo, sus implicaciones varían considerablemente según el contexto económico, político y comercial de cada país miembro del Mercosur. 

El acuerdo tiene el potencial estratégico que permitiría a los países del Mercosur acceder al mercado europeo para diversificar exportaciones y atraer inversiones extranjeras, todo bajo un marco de reglas claras y predecibles. No obstante, también plantea desafíos sustanciales, especialmente en términos de competitividad, ya que muchas industrias del Mercosur deberán adaptarse a los rigurosos estándares de calidad, sostenibilidad y producción que caracterizan a la UE.

El impacto general del acuerdo comercial tendrá efectos en la reducción de aranceles y la eliminación de barreras no arancelarias para productos y servicios. Para el Mercosur esto se traduce en una mayor presencia en el mercado europeo, especialmente para sectores estratégicos como la agricultura, la carne, los productos lácteos y las frutas. Además, las expectativas son altas en cuanto a la atracción de inversiones tecnológicas y a la mejora de la competitividad, particularmente en la industria y los servicios. 

Por otro lado, las industrias del Mercosur también enfrentarán desafíos, como la competencia más intensa en sectores como la manufactura y la automotriz, además de tener que cumplir con normas ambientales más estrictas impuestas por la UE.

Respecto a las consecuencias del acuerdo en el capítulo comercial, para cada miembro del Mercosur se presentan beneficios e impactos negativos, a saber: Argentina se beneficiaría con el acceso preferencial al mercado europeo incrementando las exportaciones agroindustriales, particularmente en carne, granos y productos derivados. Además, sectores como el vino, la tecnología agrícola y productos farmacéuticos también se beneficiarían.

En los aspectos negativos cabe mencionar a la industria automotriz y otros sectores manufactureros que enfrentan un entorno de mayor competencia, lo que podría perjudicar a las industrias menos competitivas.

En suma, el gobierno argentino de Milei que impulsa la apertura comercial, deberá equilibrar los intereses de los sectores exportadores con la protección de sus industrias locales.

Brasil, como la economía líder de la región, podría expandir su exportación de productos clave como soja, carne y azúcar. Además, se espera un flujo de inversiones tecnológicas que reforzará su liderazgo regional.

Respecto a los impactos negativos, los sectores como el automotriz y algunos rubros de manufactura se verán desafiados por la competencia europea. Además, las exigencias ambientales generarán tensiones internas, especialmente en relación con la deforestación.

Por consiguiente, Brasil tendrá que equilibrar los beneficios económicos con las presiones internas sobre la sostenibilidad.

Los beneficios para Uruguay, con su perfil exportador de productos agrícolas y lácteos, se verá fortalecido por el acceso preferencial a la UE. El acuerdo también refuerza su estrategia de diversificación comercial, abriéndose a nuevas negociaciones bilaterales.

Mientras, los impactos negativos, refieren a la competencia europea que podría presionar a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores costos y exigencias.

En suma, Uruguay es uno de los grandes beneficiarios del acuerdo, pero deberá gestionar con cuidado la transición hacia los nuevos estándares de calidad y competitividad.

La ratificación del acuerdo representa para el Mercosur en su conjunto tanto oportunidades como desafíos comerciales y económicos 
Respecto a los beneficios, especialmente se concentran en el: 1) Acceso preferencial a mercados clave, lo que podría incentivar la modernización industrial y tecnológica; 2) Mayor integración con las cadenas globales de valor, posicionando a los países del Mercosur como actores más relevantes en el comercio mundial y 3) Un mayor flujo de inversiones europeas que permitirá mejorar la competitividad regional.

Mientras, los desafíos estarán centrados, especialmente en: 1) la necesidad de ajustar políticas internas para cumplir con las regulaciones del acuerdo, como las normas medioambientales, podría generar tensiones internas dentro del bloque 2) Aumento de las desigualdades dentro del Mercosur, debido a las distintas capacidades de adaptación de los países miembros y 3) El riesgo de una dependencia excesiva de las exportaciones primarias, limitando la diversificación económica a largo plazo.

El acuerdo Mercosur-UE enfrenta desafíos en su ratificación, a pesar de haber concluido las negociaciones técnicas. La fase política en la UE es importante, con países como Francia y Austria expresando preocupaciones sobre el impacto medioambiental y la competencia en sus sectores agrícolas. Aunque estas objeciones no impiden necesariamente la ratificación, el proceso requiere una mayoría cualificada en el Parlamento Europeo, lo que implica el apoyo de al menos 55% de los países miembros que representen al menos el 65% de la población de la UE.

Para que el acuerdo sea ratificado, se necesita el respaldo de varios países y votos en el Parlamento Europeo. A pesar de que algunos países pueden no ratificar el capítulo comercial, el sistema de mayoría cualificada podría permitir avanzar entre los países que lo ratifiquen. Sin embargo, la oposición de varios países podría generar fricciones y retrasar la implementación del acuerdo, lo que prolongaría los beneficios comerciales.

Geopolíticamente, el acuerdo también tiene relevancia estratégica. En un contexto de proteccionismo global y la creciente influencia de China en América Latina, representa una oportunidad para la UE de fortalecer sus vínculos con una región abundante en recursos naturales y con mercados en expansión, asegurando el acceso a materias primas esenciales para sus industrias.

Por Daniel Torena

9 de diciembre de 1824. La Batalla de Ayacucho fue una gran victoria de las fuerzas patriotas, que significó el fin del dominio del Imperio Español en América del Sur.

Es menester destacar que las fuerzas militares creadas anteriormente por el general Don José de San Martín, retirado desde 1822, tuvieron los rioplatenses un rol muy trascendente en lo profesional, pese a que la mayoría de los patriotas eran peruanos, colombianos y venezolanos.

El general Antonio José de Sucre fue premiado por el Libertador y dictador del gobierno del Perú, el general Simón Bolívar, con el alto grado militar de Gran Mariscal, además de otorgarse premios a todos los combatientes patriotas. Bolívar, además, era presidente vitalicio de la Gran Colombia. Sucre era considerado como el hijo espiritual de Bolívar y comandó el Ejército Patriota en esta histórica batalla.

Posteriormente, se creó la República de Bolivia en homenaje a Bolívar, quien inicialmente no quería que el Alto Perú se separara de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1825. Bolívar creía en la necesidad de crear grandes estados hispanoamericanos, tratando de mantener las jurisdicciones que tenían los antiguos virreinatos coloniales por razones estratégicas y geopolíticas.

Estaba absolutamente convencido de que la antigua América Española debía mantenerse unida, pues de lo contrario estaría bajo el dominio de los grandes imperios coloniales o de nuevas potencias emergentes, como los Estados Unidos. También desconfiaba del Imperio del Brasil, al que veía como un aliado de la "Santa Alianza" de las grandes potencias europeas, creada por el zar Alejandro I de Rusia. Esta alianza había organizado un plan, a pedido del rey Fernando VII, para reconquistar los dominios americanos, que no se llevó a cabo debido al fallecimiento del zar Alejandro I, emperador de todas las Rusias.

Bolívar conocía los peligros que acechaban a los nuevos estados soberanos hispanoamericanos. Por ello, siempre luchó por la unidad en una gran confederación de estados soberanos, como lo expuso en el Congreso de Panamá de 1826.

España mantuvo sus dominios en América en Cuba y Puerto Rico, los cuales perdió en la guerra contra los Estados Unidos entre 1896 y 1898.

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, declaró de manera inesperada la ley marcial en el país, atacando a la oposición política y señalándole de tener nexos con Corea del Norte. El Ejército comenzó a salir a las calles, pero horas después, Yoon dio marcha atrás luego de que esta fuera rechazada en el Parlamento. Ahora varios sectores piden la dimisión del presidente. ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Por qué ahora? ¿Qué sigue? A continuación, compartimos una interesante crónica de France24 a propósito de estos hechos.

Una extraña declaratoria de ley marcial en Corea del Sur provocó confusión nacional y preocupación en sus aliados occidentales.

En la noche del 3 de diciembre, el presidente Yoon Suk-yeol salió sorpresivamente en televisión nacional para imponer una ley marcial sobre el territorio surcoreano, acusando a la oposición política de actitudes "anti-estatales" por bloquear sus políticas en el Parlamento.

"Declaro la ley marcial para proteger a la libre República de Corea de la amenaza de las fuerzas comunistas norcoreanas, para erradicar a las despreciables fuerzas antiestatales pro-norcoreanas que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo, y para proteger el libre orden constitucional", dijo el mandatario, quien añadió que, con la medida, "defendería y reconstruiría" el país.

Aunque Yoon invocó la tradicional amenaza de Corea del Norte para justificar su insólita decisión, no citó ningún ataque, advertencia o intimidación concreta ejercida desde Pyongyang, centrando su discurso puramente en la oposición política surcoreana.

La decisión de Yoon llegó horas después de que la bancada parlamentaria del opositor Partido Democrático –que tiene la mayoría en el Poder Legislativo– aprobara, sin contar con el apoyo del oficialismo, una ley de presupuesto reducido, además de presentar mociones de censura contra dos miembros del Gobierno.

En su anuncio de ley marcial, el presidente surcoreano también se quejó de 22 mociones de censura impulsadas por el PD contra miembros de su Gobierno.

Horas después del anuncio, parlamentarios oficialistas y opositores rechazaron en unanimidad la declaración de Yoon, obligando al presidente a salir momentos después para dar un paso atrás en su ordenamiento pasado, confirmar el retiro del Ejército de las calles y prometer el levantamiento de la ley marcial tan pronto como pudiera reunir a su gabinete.

La brevísima imposición de un ordenamiento propio de la época dictatorial surcoreana provocó confusión en la población, que salió a manifestar su inconformidad y protagonizó choques con las fuerzas castrenses desplegadas, aunque sin que se hayan reportado heridos.

Además, el PD ya pidió públicamente la destitución de Yoon, prometiendo impulsar un proceso legislativo para quitarlo de la Presidencia si él se niega a hacerse a un lado de manera voluntaria.

"Yoon debe dimitir inmediatamente o enfrentarse a un proceso de destitución", dijo la oposición, culpando al mandatario por haber cometido "un grave acto de rebelión y un motivo perfecto para la destitución", según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Aquí lo que sabemos sobre la polémica decisión del presidente de Corea del Sur.

¿Qué implicaba la ley marcial?

Tras el ordenamiento presidencial, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Park An-su –que fue nombrado como líder del comando de la ley marcial– anunció la prohibición de "todas las actividades políticas" en el país, el control estatal de los medios de comunicación, y el despliegue de personal militar en suelo nacional.

Park advirtió que, quien fuera sorprendido violando la ley marcial, podía ser detenido sin una orden judicial.

Constitucionalmente, el presidente puede invocar la ley marcial en caso de ser requerida para "hacer frente a una necesidad militar o para mantener la seguridad y el orden públicos mediante la movilización de las fuerzas militares en tiempo de guerra, conflicto armado o emergencia nacional similar".

Es la primera vez que se impone la ley marcial en Corea del Sur en más de 40 años, con la última siendo declarada por el exdictador Chun Doo-hwan, en 1979.

La ley marcial fue una herramienta política utilizada con regularidad durante la época dictatorial en Corea del Sur para disipar las manifestaciones ciudadanas y mantener el control del Estado.

Aunque Park fue enfático en que el control de los medios de comunicación quedaba bajo jurisdicción del Gobierno, los medios locales y agencias públicas continuaron reportando el desarrollo de la confusa jornada de manera ininterrumpida.

Además, tras la entrada en vigor del decreto de ley marcial alrededor de las 23:00 horas (hora local), decenas de militares fueron equipados con rifles, chalecos antibalas y máscaras de gas para irrumpir en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (Parlamento), aunque se encontraron con decenas de legisladores y personal administrativo que les impidieron el paso.

¿Cómo reaccionó el Parlamento?

La declaración presidencial de una ley marcial sacudió el panorama político surcoreano a pocos minutos de ser emitida. Uno de los primeros políticos en salir a rechazar la medida de Yoon fue el líder del PD, Lee Jae-myung, quien subió un video a sus redes sociales en donde afirmaba estar en camino a la sede del Parlamento en Seúl, llamando a la ciudadanía a desobedecer el ordenamiento presidencial y manifestarse en las cercanías.

"El presidente Yoon Suk Yeol ha traicionado al pueblo. La declaración ilegal de ley marcial de emergencia del presidente es nula y sin efecto. A partir de este momento, el Sr. Yoon ya no es el presidente de Corea del Sur", sentenció el líder opositor.

El malestar político no se limitó a la oposición. El líder de la facción conservadora oficialista Partido del Poder Popular, a la que pertenece Yoon, también expresó su descontento con la decisión del presidente, calificándola de "equivocada", según citó AP.

En la madrugada, opositores y parlamentarios bipartidistas se enfrentaron levemente con las fuerzas militares desplegadas en las inmediaciones del hemiciclo surcoreano, forzando el acceso de los legisladores que tenían la intención de entrar al pleno para votar en contra de la ley marcial.
Según la Constitución, el presidente tiene la obligación de levantar el ordenamiento si la Asamblea Nacional lo rechaza.

Alrededor de la 1:00 (hora local) del 4 de diciembre, 190 parlamentarios presentes – de los 300 en total – votaron en unanimidad en contra de la ley marcial.

Poco tiempo después, Yoon salió de nueva cuenta al ojo público para recoger su decisión y anunciar el regreso del Ejército a los cuarteles, además de confirmar que levantaría la ley marcial tan pronto pudiera reunir a su gabinete presidencial.

¿Qué sigue para Yoon?

Yoon Suk-yeol, antiguo fiscal coreano que llegó a la Presidencia en 2022 como resultado de unas elecciones sumamente reñidas, enfrentaba un palpable descenso en su popularidad tras encontrarse con un Gobierno dividido por un Parlamento controlado por la oposición, a quien acusa de boicotear su plan gubernamental.

Con un índice de aprobación que apenas supera el 10%, Yoon se ha visto en una serie de escándalos junto con su esposa Kim Keon Hee, quien ha sido acusada de recibir sobornos en forma de bolsas de diseñador, además de participar en un esquema de manipulación de precios antes de la llegada de Yoon al poder.

El presidente, que ha soltado elogios a exdictadores surcoreanos, también ha sido señalado por la oposición de haber ejercido "influencia indebida" en el seno del Partido del Poder Popular para la elección de un candidato al Parlamento. Yoon ha negado su implicación al respecto.

Entre tanto, Estados Unidos – aliado tradicional de Corea del Sur – se dijo aliviado por el levantamiento de la ley marcial.

"La democracia está en la base de la alianza entre Estados Unidos y la República de Corea, y seguiremos vigilando la situación", sostuvo un portavoz de la Casa Blanca citado por Reuters.

En medio de las tensiones con Corea del Norte y la tensa situación política en casa, Yoon Suk-yeol ha recurrido a una decisión arriesgada que resultó en un potencial error de cálculo que podría tener efectos devastadores en su legitimidad, tanto nacional como internacional.

A continuación, compartimos una crónica de la BBC que busca dar respuesta a esta interrogante.

A las pocas horas, el poderoso grupo islamista que impulsó el ascenso de los rebeldes al poder informó que había llegado al centro de la capital siria.

El líder de Hayat Tahrir al Shams (HTS), Abu Mohammed al Jawlani, anunció triunfalmente "la captura de Damasco". Ahora está usando su nombre real, Ahmed al Sharaa, en lugar de su nombre de guerra como señal de haber adquirido de forma repentina un rol más relevante a nivel nacional.

Seguramente desempeñará un papel decisivo en la definición del nuevo orden de Siria después de este súbito y sorprendente fin de medio siglo de gobierno represivo de la familia Al Assad. Pero el líder de una organización proscrita por la ONU y por los gobiernos occidentales no es el único actor fundamental en el cambiante escenario de Siria.

"El juego comienza ahora"

"La historia aún no está escrita", advierte Marie Forestier, asesora principal sobre Siria del Instituto Europeo de la Paz.

Ella y otros observadores informados que asistían al Foro de Doha —una reunión de alto nivel que se celebra cada año en la capital de Qatar— señalan que fue otro grupo rebelde, recientemente nombrado Sala de Operaciones del Sur y que trabajaba con personas que viven en la ciudad, el que irrumpió en la capital.

Las filas de esta fuerza están dominadas por combatientes del antiguo Ejército Sirio Libre (ESL), que trabajó en estrecha colaboración con las potencias occidentales al comienzo del levantamiento sirio de 2011.

"El juego comienza ahora", dice Forestier sobre el inicio de este nuevo y trascendental capítulo, marcado por una explosión de celebración en las calles, pero también por preguntas críticas sobre lo que surgirá a continuación.

A medida que el grupo islamista HTS avanzaba con asombrosa velocidad, enfrentándose a escasa resistencia, se produjo una avalancha de fuerzas rebeldes en otras regiones de Siria, así como una oleada de grupos armados locales deseosos de desempeñar un papel en sus regiones.

"La lucha contra el régimen de Assad fue el pegamento que mantuvo unida a esta coalición de facto", afirma Thomas Juneau, experto en Oriente Medio de la Escuela de Graduados en Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Ottawa, en Canadá, quien también se encuentra en Doha.

"Ahora que Al Assad ha huido, que siga la unidad entre los grupos que lo derrocaron será un desafío", afirma.

Los grupos incluyen una alianza general de milicias turcas conocida como Ejército Nacional Sirio que, al igual que el HTS, dominaba un rincón del noroeste de Siria. En el noreste, los grupos de las Fuerzas de Defensa Sirias (FDS), principalmente kurdos, también han ganado terreno y estarán decididos a conservar sus logros.

Pero el ambicioso líder de alto perfil de HTS ha acaparado la atención. Su retórica y su historial están ahora bajo escrutinio por parte de los sirios, así como en las capitales vecinas y mucho más allá.

El comandante, cuya milicia surgió por primera vez como afiliada a Al Qaeda, rompió filas con el grupo yihadista en 2016 y ha estado tratando de pulir su imagen desde entonces.

Durante años ha enviado mensajes conciliadores al exterior y ahora está asegurando a las muchas comunidades minoritarias de Siria que no tienen nada de qué preocuparse.

Acogida cautelosa

"Hay una acogida cautelosa de sus mensajes", sostiene Forestier. "Pero no podemos olvidar los últimos ocho años de su gobierno autoritario y sus antecedentes".

El gobierno de HTS, una organización política y paramilitar, en la provincia conservadora de Idlib, estuvo marcado por el establecimiento de una administración operativa llamada Gobierno de Salvación, que incluía una libertad de religión limitada y que también estuvo marcada por medidas represivas.

En Alepo, la segunda ciudad de Siria y el primer núcleo urbano capturado por HTS en su avance relámpago, sus combatientes han estado tratando de demostrar que están capacitados para gobernar.

El grupo también ha estado enviando mensajes tranquilizadores a países como Irak de que la guerra no traspasará sus fronteras.

A otros vecinos, incluida Jordania, les preocupa que los éxitos islamistas de sus vecinos puedan galvanizar a grupos militantes descontentos dentro de sus fronteras.

Turquía, que seguramente desempeñará un papel clave, tiene sus propias preocupaciones. Considera a las SDF como un "grupo terrorista" vinculado al proscrito grupo kurdo PKK de Turquía y no dudará en intervenir militar y políticamente, como lo ha hecho durante años, si sus propios intereses se ven amenazados.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, había dicho el sábado en el Foro de Doha que era "inadmisible" que un grupo al que llamó terrorista, en clara referencia a HTS, pudiera tomar el control de Siria.

Por la noche, el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pederson, me dijo que había una "nueva comprensión de una nueva realidad".

Los ministros de Asuntos Exteriores regionales, incluidos los antiguos aliados incondicionales del presidente Al Assad, como Irán y Rusia, que quedaron desprevenidos por este espectacular giro de los acontecimientos, siguen pidiendo esfuerzos para forjar un proceso político inclusivo.

"Este oscuro capítulo ha dejado profundas cicatrices, pero hoy esperamos con cautelosa esperanza la apertura de uno nuevo, uno de paz, reconciliación, dignidad e inclusión para todos los sirios", afirmó Pederson tras sus reuniones en Doha, donde los pasillos están llenos de altos diplomáticos, académicos y funcionarios de todo el mundo.

Muchos observadores aquí parecen reacios a sacar conclusiones rápidas sobre qué tipo de gobierno surgirá en un país conocido por su diversidad de sectas cristianas y musulmanas.

"No quiero seguir esa línea de pensamiento todavía", dijo un diplomático occidental al preguntarle sobre sus preocupaciones respecto a un régimen severo dominado por los islamistas.

"Apenas estamos empezando con HTS, que ha liderado un golpe incruento".

Los indultos son actos absolutamente discrecionales. Los presidentes no están obligados a conceder uno solo ni están limitados en el número que conceden, ni a quién. Por lo que los indultos revelan sus raíces en la prerrogativa de la realeza de la misericordia. Solo hay una razón por la que los presidentes, o los reyes, los conceden: porque quieren. A propósito, compartimos una columna del analista legal de la CNN, Jeffrey Toobin, publicada por el Times.

El domingo por la noche, mientras subía a un avión con destino a Cabo Verde, de camino a Angola, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reveló como un padre angustiado e indignado al indultar a su hijo Hunter. Biden decía, todavía en junio, que no indultaría a Hunter ni conmutaría su pena, y su secretario de prensa reiteró que no tenía previsto indultar a Hunter tras las elecciones del mes pasado. En junio, un jurado había declarado al menor de los Biden culpable de tres delitos graves relacionados con mentiras sobre su consumo de drogas en un formulario federal para solicitar la posesión de un arma de fuego. Luego, en septiembre, se declaró culpable de nueve cargos fiscales federales en California.

Hunter debía ser sentenciado en ambos casos a finales de este mes, lo que sin duda sirvió para precipitar los actos de su padre. Según las directrices federales para la imposición de penas, probablemente enfrentaría al menos un par de años de prisión. Sin embargo, el indulto de su padre anuló esa posibilidad, regalándole al hijo un expediente limpio, como si nunca hubiera sido acusado en primer lugar. El indulto va más allá. No está limitado “a todos los delitos imputados o procesados”, y abarca el periodo en que el joven Biden se incorporó a la junta directiva de Burisma.

Biden trató de definir su presidencia como un contrapeso a la corrupción y la indecencia de los primeros años de Trump. Con el indulto a su hijo, Biden añadió su nombre a la lista de presidentes que deshonraron su cargo haciendo un uso indebido de la facultad de indultar. Al cambiar su plan para emitir este indulto, el propio Biden pareció reconocer lo equivocado que estaba, y está.

Justificó sus actos alegando que su hijo había sido “procesado selectiva e injustamente”. En su declaración, dijo: “Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo, y eso está mal”. Este argumento tiene algo de cierto. Los adversarios políticos del presidente llevan mucho tiempo obsesionados con intentar demostrar que Biden estaba implicado de algún modo en las fechorías de su hijo, muchas de las cuales parecen derivarse de su prolongada adicción a las drogas. A pesar de años de persecución, incluida una investigación de destitución espuria, los detractores de Biden nunca estuvieron cerca de demostrar que tuviera algo que ver con el comportamiento delictivo de su hijo, ni que se beneficiara en modo alguno de ello.

La promesa del presidente electo Donald Trump de buscar represalias contra sus enemigos probablemente también influyó en la decisión de Biden. El alcance inusualmente amplio del indulto parece indicar que Biden trataba de adelantarse a los intentos del nuevo gobierno de procesar a su hijo.

Aun así, el hecho es que Hunter Biden fue declarado culpable de 12 delitos graves y, de hecho, era culpable de todos. Los fiscales fueron despiadados con el menor de los Biden, algo que los fiscales hacen a veces, incluso a menudo. Pero los otros acusados culpables no tenían al presidente de Estados Unidos para sacarlos de apuros. El amor de Biden por su hijo, así como su enfado por el modo en que fue tratado, eran comprensibles, pero el consumado acto de nepotismo del presidente ha manchado el historial de la presidencia de Biden.

El trato misericordioso de Biden hacia su hijo podría ser más defendible si hubiera extendido el mismo tipo de gracia a otros que recibieron un trato duro en el sistema judicial. Pero hasta la fecha, solo ha concedido 26 indultos y 132 conmutaciones. (En ocho años, el presidente Barack Obama concedió 212 indultos y 1715 conmutaciones). Biden había hecho antes dos grandes anuncios sobre indultos, pero resultaron menores de lo que parecía. En diciembre del año pasado dijo que pensaba indultar a todo aquel que hubiera sido procesado por simple posesión de marihuana bajo la legislación federal o la del Distrito de Columbia. En junio, anunció que iba a indultar a los miembros de las fuerzas armadas que en años anteriores habían sido sometidos a consejos de guerra por ser lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales. Sin embargo, esas acciones fueron sobre todo simbólicas. Aunque teóricamente miles de personas podían optar a estos indultos, pocas decidieron pasar por el engorroso proceso: unas 200 para la marihuana y ni siquiera 100 para los consejos de guerra.

Es cierto que otros presidentes han ejercido el poder de indulto para recompensar a sus familiares y castigar a sus enemigos políticos. En sus últimos días en el cargo, el presidente Bill Clinton indultó a su hermanastro, quien años antes había sido condenado y había cumplido una pena de prisión por tráfico de drogas. El presidente George H. W. Bush culpó al abogado independiente Lawrence Walsh de su fallida campaña de reelección, e indultó a todos los acusados en los procesos de Walsh en el caso Irán-Contra.

Al dejar su cargo en 2021, Trump hizo gala tanto de nepotismo como de venganza. En medio de decenas de actos de clemencia dudosos (y peor) realizados durante esos últimos días, indultó al padre de su yerno Jared Kushner, Charles Kushner, quien había sido condenado por 18 cargos de contribuciones ilegales a campañas electorales, evasión fiscal y manipulación de testigos. (La semana pasada, Trump anunció que tiene previsto proponer a Kushner como embajador en Francia). Trump también indultó a los procesados por Robert Mueller, el abogado especial que investigó el papel de Rusia en las elecciones de 2016.

Afortunadamente, Biden tiene tiempo para redimir, o al menos mejorar, su legado en materia de indultos. Por decir lo obvio, el joven Biden no es el único que ha sido perjudicado por los fiscales. Para bien o para mal, el periodo de final de mandato de las presidencias modernas ha servido como temporada de indultos, y el presidente tiene ahora la oportunidad de tomar algunas medidas audaces para quienes no tienen amigos, o un padre, en las altas esferas. Biden podría disminuir las penas de prisión en los casos relacionados con el crack, dada la enorme disparidad de sentencias entre estos y los casos relacionados con la cocaína en polvo. Podría conmutar a cadena perpetua las sentencias de los condenados a muerte federales. Podría poner fin al encarcelamiento inútil de presos ancianos y discapacitados.

Sin embargo, hasta ahora no ha hecho nada de eso. Por ahora, las simpatías de Biden se extienden solo a su hijo.

Al establecer alianzas con políticos que se comprometen con su agenda moral, el evangelismo neopentecostal en América Latina está poniendo en juego la separación de la iglesia y el Estado, argumenta el académico uruguayo Miguel Pastorino en una interesantísima columna para Letras Libres que deseamos recomendar.

En sociedades secularizadas y plurales, especialmente en estados laicos donde hay una clara separación entre religión y Estado, comienza a verse una progresiva erosión de los límites entre lo religioso y lo político, especialmente desde el ámbito evangélico neopentecostal. Se trata de una tendencia que nace en los años 60 y que se centra esencialmente en el uso de los medios de comunicación, un fuerte impulso misionero y un marcado énfasis en los milagros y la prosperidad económica como signo de la bendición divina.

A partir de los años 90 del siglo pasado, estas comunidades religiosas comenzaron a dejar de ver en la política algo “mundano”, para valorarla como un espacio a conquistar con los valores del evangelio. Por ende, incursionaron en la política partidaria en casi todos los países de América Latina. Actualmente, la participación pública de actores evangélicos es relevante, sobre todo en debates sobre temas de su agenda moral.

José Luis Pérez Guadalupe, en Evangélicos y poder en América Latina (2018), afirma que la razón por la que los evangélicos neopentecostales apoyan a diferentes candidatos no es la afinidad ideológica: votan por el candidato que coincida con la agenda moral de su iglesia, independientemente de la ideología. Según él, las agrupaciones evangélicas neopentecostales se han convertido en efectivos grupos de presión social y han captado el interés de los partidos políticos.

El amplio mundo cristiano en el continente es muy diverso, plural y cambiante. Entre los evangélicos pentecostales existen corrientes teológicas muy distintas: así como existe un pentecostalismo popular con un fuerte compromiso social, hay nuevos grupos influidos por las “teologías de la prosperidad” que ostentan su riqueza y su poder mediático. Existen también tanto teólogos pentecostales de la liberación como neoconservadores y fundamentalistas. En toda su variedad, el cristianismo neopentecostal es el que ha experimentado un mayor crecimiento y expansión en el continente, al mismo tiempo que está transformando las relaciones entre fe y política en casi todos los países latinoamericanos donde hay presencia evangélica con protagonismo político.

Los neopentecostales a partir de los años 90 comenzaron a ver en los partidos políticos un lugar de compromiso para que su mensaje pueda llegar a los lugares de poder donde se toman las grandes decisiones en la sociedad. Se pasó de la demonización de la política a una instrumentalización estratégica de la misma. En 2018 hubo dos ejemplos significativos: la victoria sorpresiva de Fabricio Alvarado en Costa Rica, quien con un discurso netamente religioso ganó en primera vuelta, aunque fue derrotado en la segunda por Carlos Alvarado; y Andrés Manuel López Obrador, que ganó las elecciones en México con el apoyo de un partido evangélico, Encuentro Social (PES). En el mismo año ganó Jair Bolsonaro en Brasil, donde la neopentecostal Iglesia Universal del Reino de Dios llenaba sus templos en todo el país maldiciendo al Partido de los Trabajadores al tiempo que bendecía a Bolsonaro con oraciones transmitidas por televisión.

Los análisis se complican cuando se pretende clasificar las religiones e iglesias en los esquemas de izquierda-derecha o conservador-progresista. La cosmovisión de las iglesias evangélicas es más antigua que estas categorías, que de ningún modo dan cuenta de lo que realmente sostienen sus doctrinas o de cuáles son sus intereses en cuestiones ético-políticas. Dentro de ellas existe una gran diversidad filosófica y teológica, aunque profesen una misma fe en Cristo. Un ejemplo bastaría: en Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios (“Pare de Sufrir”) ha apoyado a Lula, a Roussef y a Bolsonaro, y de hecho ha tenido una fuerte incidencia en los resultados electorales de cada uno de ellos. Cuando forman parte del parlamento, los diputados evangélicos brasileños son fundamentalmente pragmáticos porque priorizan siempre la utilidad de la política para los intereses de sus iglesias, y buscan activamente ser reelectos como parlamentarios por la amplia feligresía.

En Chile, sectores evangélicos lograron tres diputados en 2017 y cinco en 2021. La perspectiva evangélica pone al cargo político en un lugar de misión divina, y sacraliza este compromiso en contraste con la anterior prédica de desprecio por la actividad política sostenida durante décadas. En México, el Partido Encuentro Social (PES) apareció como una opción para que los evangélicos lograran una institucionalización política confesional. Sobre el caso mexicano, Cecilia Delgado-Molina afirma que el problema en México no son los evangélicos como una amenaza a la democracia, el régimen laico o el ejercicio de los derechos, sino los conservadurismos”. Izquierda y derecha son categorías insuficientes para pensar esto; la socióloga mexicana entiende que la moralización y sacralización de la política por actores evangélicos y por políticos que, buscando votos, hacen alianzas estratégicas en torno a una agenda moral, se ha vuelto crucial para comprender las superposiciones de religión y política en el México actual.

Es necesario desde América Latina considerar el papel jugado por el factor moral y religioso en las victorias de Donald Trump. Aunque Estados Unidos no es un país confesional, el peso de las creencias y los valores morales en la política es decisivo. En 2017, el día en que Trump asumió por primera vez la presidencia de los Estados Unidos, el neopentecostalismo tuvo un protagonismo inédito. Entre los principales referentes religiosos presentes se encontraba una de las personalidades del mundo neopentecostal más influyente de la televisión: la pastora Paula White, conocida como referente de la teología de la prosperidad. El pastor Samuel Rodríguez, presidente de la National Hispanic Christian Leadership Conference, se convirtió en el primer evangélico latino en participar de una investidura presidencial estadounidense. Trump ha hecho públicos varios encuentros con neopentecostales y ha realizado discursos provida dirigidos al público evangélico y católico que veía primero en Hillary Clinton y luego en Kamala Harris “instrumentos de Satanás”, ya que promueven el aborto y la “desnaturalización” de la sexualidad. El voto evangélico conservador, con una fuerte base en el famoso cinturón bíblico del sur, se expandió, sumó bases en otros estados y captó especialmente a varones latinos y afro al activar una identidad que apela a recuperar las raíces cristianas de Estados Unidos, bajo el famoso eslogan Make America Great Again.

Hay que insistir en que el tipo de cristianismo que más crece en el mundo, desde hace décadas, es el fenómeno carismático-pentecostal, ya sea católico o evangélico, cuyos valores fundamentales y convicciones más profundas estarían, según sus seguidores, en peligro.

El evangelismo neopentecostal están convencido de su rol protagónico en las actuales batallas culturales: el aborto, el matrimonio homosexual y, especialmente, la educación sexual con temas polémicos como la existencia de hombres y mujeres transgénero. Cuando el Estado comienza a legislar a partir de determinadas visiones de la sexualidad y de los vínculos humanos, los evangélicos experimentan un asedio cultural al cual quieren responder también desde la política y desde la injerencia estatal. Cuando los grupos evangélicos –y también católicos– se refieren a la “ideología de género”, no se oponen tanto al feminismo que preconizaba la igualdad ante la ley, sino especialmente a las teorías queer y LGBTQ sobre la sexualidad, por considerar que van “en contra la naturaleza” o que la niegan.

Aunque no han llegado al poder ejecutivo, los partidos confesionales establecen alianzas electorales entre candidatos de diferentes partidos que ven en el compromiso de las bases neopentecostales un asegurado apoyo electoral con creciente incidencia popular. Lamentablemente, las iglesias evangélicas cuya tradición les permite vivir en una sana laicidad no son las que tienen esta incidencia electoral, sino que son los grupos fundamentalistas los que buscan imponer su perspectiva. No es menor que la prédica teológica de estos movimientos neopentecostales haya derivado progresivamente en tendencias autoritarias que someten a sus fieles bajo la amenaza de quitarles la bendición divina o de incluso “maldecirles”. Si bien los grupos neopentecostales mantienen una perspectiva conservadora en cuestiones morales, algunos son más respetuosos del pluralismo cultural y religioso, pero la mayoría ve como una conquista diabólica que haya visiones distintas a su perspectiva teológica.

Las tendencias más fundamentalistas se autoperciben en una constante guerra espiritual; incluso, ven como una amenaza a su fe cualquier perspectiva cristiana que disienta de sus lecturas literales de textos bíblicos. Es de destacar que luego de la pandemia de covid-19, estos grupos han sido amplificadores de teorías conspirativas y de una prédica paranoide antisistema, con lo cual han capitalizado la incertidumbre social y política para demonizar a todo el que disienta con sus convicciones.

La laicidad es una ganancia para todos y un valor a defender, en tanto se entienda como un acuerdo para la convivencia que defiende la neutralidad del Estado y la libertad religiosa en toda su extensión, la valoración del pluralismo cultural y religioso, así como la autonomía de lo político frente a las doctrinas de las iglesias. El diálogo y la comprensión se vuelven difíciles cuando se discrimina a causa de los prejuicios y estereotipos. Que las personas quieran debatir públicamente cuestiones éticas y sociales en una sociedad democrática e incidir en las decisiones políticas es un derecho de toda la ciudadanía, sin importar cuáles sean sus convicciones filosóficas, políticas o religiosas. Pero es vital el fomento de un clima de respeto, diálogo y apertura a la diversidad, lo que requiere una toma de conciencia del peligro que encierran todos los modos de intolerancia, discriminación y fanatismo. La incapacidad para ver en el otro, en el diferente, un interlocutor con derecho a manifestar públicamente su parecer sobre todos los asuntos que tengan que ver con el ser humano y la sociedad en la que vivimos, es una ceguera de la que es preciso salir para construir una sociedad más humana y más solidaria, más plural y menos violenta.

Por LA LIBRERIA

Penguin Random House, 2024, 464 páginas. Por Yuval Noah Harari.

La humanidad ha logrado su poderío mediante la cooperación en redes, pero estas mismas estructuras están plagadas de ficciones y dinámicas que, lejos de garantizar sabiduría, nos exponen a riesgos autodestructivos. Harari aborda cómo las redes han evolucionado desde las mitologías y las burocracias hasta los sistemas basados en inteligencia artificial, mostrando un profundo escepticismo hacia la idea ingenua de que “más información” siempre conduce a la verdad y al progreso.

En su análisis histórico, el autor recorre desde las escrituras religiosas hasta la inteligencia artificial, resaltando cómo estas redes han sido esenciales para coordinar esfuerzos masivos pero también peligrosamente susceptibles a la manipulación. Particularmente reveladora es su crítica a la sobredependencia en la tecnología como solución universal, alertando sobre el potencial totalitario de la IA y la creciente desconexión humana en la toma de decisiones.

Nexus es una obra que combina el rigor académico con la accesibilidad narrativa. Harari utiliza ejemplos históricos y contemporáneos para ilustrar sus puntos, desde la imprenta hasta los algoritmos que hoy dominan nuestras vidas. Aunque algunos lectores podrían encontrar su tono alarmista, es difícil no compartir su preocupación por las implicaciones éticas y políticas de las redes actuales.

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