La reciente consolidación de instancias de coordinación política entre los partidos de la Coalición Republicana muestra un avance deliberado hacia una articulación estratégica que, aunque aún inicial, puede sentar las bases de una oposición cohesionada y de una alternativa de gobierno viable.

La Coalición Republicana —espacio que agrupa al Partido Nacional, al Partido Colorado y al Partido Independiente— ha dado pasos significativos en los últimos días para reorganizar y fortalecer su coordinación política de cara a los desafíos que afronta la oposición y al proceso político que se avecina. Este movimiento, que incluye la instalación de una mesa de coordinación y una mesa política ampliada, da cuenta de una intención explícita de consolidarse como alternativa política al Frente Amplio y al actual gobierno, más allá de la simple cooperación parlamentaria.

La creación y sistematización de estos ámbitos de coordinación no solo responde a la necesidad de ordenar posiciones en cuanto a la crítica al gobierno actual, sino que también se plantea como ejercicio de articulación política para construir confianza mutua, intercambiar visiones sobre política pública y ofrecer a la ciudadanía una alternativa integral. Este avance es percibido como un paso necesario para enfrentar no solo las coyunturas inmediatas, sino también los desafíos electorales de mediano plazo, incluida la eventual competencia de la coalición como bloque en futuras elecciones nacionales, más allá de formatos electorales concretos.

Si bien persisten diferencias tácticas entre los socios —desde subgrupos que cuestionan posturas de otros, hasta la deliberación sobre la participación de terceros partidos—, la activación de esta coordinación política y la reiteración de encuentros sistemáticos sugiere que la oposición uruguaya articula una respuesta más cohesionada y estratégica que en períodos previos. En ese sentido, la Coalición Republicana se mueve, con cautela pero con determinación, por buen camino para consolidar una alternativa clara y estructurada a la agenda política vigente en Uruguay.

Por Julio María Sanguinetti

Un repaso crítico del presente político y económico, atravesado por la defensa de las instituciones y la experiencia de una vida pública.

Hoy, viernes 19 de diciembre, a las 11.00 horas, el Partido Colorado invita a la inauguración de este espacio urbano, en pleno Barrio Sur, que tributa homenaje a Jorge Sapelli, vicepresidente de la República que supo mantener en alto la bandera de la institucionalidad democrática en tiempos en que la Constitución era arrasada desde el propio Poder Ejecutivo, negándose a legitimar con su presencia la institucionalidad farsesca de la dictadura.

El acto contará con la presencia del Dr. Julio María Sanguinetti y del Intendente Mario Bergara.

La celebración por los 90 años de Julio María Sanguinetti reunió a dirigentes de todo el espectro político, artistas y referentes sociales en un acto que fue mucho más que un aniversario: una expresión de convivencia democrática, diálogo intergeneracional y reconocimiento a una trayectoria que trasciende divisiones partidarias.

El martes 16, en la histórica Casa del Partido Colorado de Montevideo, se llevó a cabo la celebración de los 90 años del expresidente Julio María Sanguinetti. Aunque su cumpleaños formal es el 6 de enero, la conmemoración adelantada congregó en un mismo espacio a representantes de todo el arco político, con discursos, música, humor y una celebración que fue, en muchos sentidos, un símbolo de la estabilidad democrática del país.

Hubo números de entretenimiento a cargo de los humoristas como Diego Delgrossi, Pablo Fabregat y Gastón da Cruz, la actuación de la legendaria comparsa Cuareim 1080, proyecciones de imágenes históricas de la trayectoria del Sanguinetti —que el homenajeado se encargó de reseñar— y momentos más ímtimos, como un audio que envió su hermana desde Buenos Aires y un video con imágenes familiares.

En el corazón de la celebración, las palabras de los protagonistas resaltaron el valor de la convivencia cívica y del respeto democrático.

El expresidente Julio María Sanguinetti definió el homenaje como “una felicidad enorme y una instancia republicana más” y agradeció la presencia de todos los invitados.

El presidente Yamandú Orsi —quien ingresó a la sede junto a Sanguinetti y la vicepresidenta Carolina Cosse— destacó la importancia de la experiencia del exmandatario: “Nos estamos dando un lujo de poder conversar cada tanto con gente del conocimiento y la experiencia de don Julio María… ese tipo de generosidad no se da en todos lados”.

Luis Lacalle Pou, expresidente, explicó su presencia argumentando tres razones: el homenaje en sí, el reconocimiento al Partido Colorado en la coalición y, sobre todo, “la relación política y de afecto personal” que mantiene con Sanguinetti pese a las diferencias de edad y matices políticos.

La vicepresidenta Carolina Cosse señaló en redes sociales que el evento fue una demostración de que “la convivencia democrática, el respeto y el diálogo” son rasgos profundos de la cultura política uruguaya.

Natalio Botana, periodista, politólogo e historiador argentino, subrayó las virtudes del sistema político uruguayo que aseguran una democracia plena, asentada en partidos políticos sólidos y la negociación como norma.

Por su parte, Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, subrayó que la presencia de representantes de todo el sistema político en la fiesta era una muestra del respeto que Sanguinetti inspira: “Esto es lo que logra Julio María Sanguinetti”, dijo, remarcando la amplitud del abrazo político que recibió su homenajeado, recordando lo que le había dicho el expresidente Mujica cuando asistió al acto conmemorativo de los cuarenta años de democracia, que fue su última aparición pública: “Vine porque me llamó don Julio”
Además de las figuras señaladas, el acto contó con la asistencia de otras autoridades y dirigentes como el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, el presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira y el presidente del Partido Independiente Pablo Mieres, entre otros otros actores políticos.

Un punto destacado fue el encuentro cordial entre Orsi y Lacalle Pou, dirigentes que en semanas previas habían tenido un vínculo distanciado tras un desencuentro sobre la gestión pública. La foto de ambos sonriendo y conversando fraternalmente fue registrada como un gesto de madurez política y de superación de tensiones puntuales.

Más allá del homenaje personal, la celebración de los 90 años de Sanguinetti fue interpretada por analistas y protagonistas políticos como una reafirmación de los valores republicanos que sostienen la vida democrática uruguaya. En tiempos en que otras democracias enfrentan polarizaciones intensas y fracturas profundas, la imagen de líderes de distintas generaciones y tradiciones políticas reunidos alrededor de un expresidente —con respeto y diálogo— evidencia la vitalidad del pluralismo y la convivencia civil en Uruguay.

La jornada fue, en suma, una mezcla de homenaje, continuidad histórica y manifestación pública de que la política puede ser terreno de respeto mutuo y de reconocimiento transpartidario, más allá de las diferencias ideológicas. En un momento en que la política global tiende a la exacerbación, esta celebración mostró que el diálogo y la camaradería institucional siguen teniendo un lugar en la vida pública del país.

Cuando la infraestructura esencial se posterga, la contaminación deja de ser un accidente y pasa a ser política.

Un informe publicado el miércoles 17 en el portal del El Observador, señala que la calidad del agua en varias playas de Montevideo volvió a encender una señal de alerta que las autoridades departamentales y nacionales prefieren minimizar. Los datos oficiales de muestreo muestran que al menos cinco playas —Pocitos, Cerro, Punta Yeguas, Zabala (Pajas Blancas) y del Nacional, en Puntas de Sayago— registraron en las últimas semanas niveles de enterococos superiores a los considerados seguros para la salud humana según los estándares internacionales y la nueva normativa aprobada por el Ministerio de Ambiente.

Aunque formalmente esas playas continúan habilitadas para baños, la evidencia científica indica que no deberían estarlo. No se trata de un tecnicismo estadístico ni de una discusión académica, sino de un problema concreto de riesgo sanitario para miles de personas que utilizan la costa montevideana durante la temporada estival.

Cinco playas que no deberían habilitarse

Las cinco playas mencionadas superaron, al menos en una muestra puntual, el umbral de 500 unidades formadoras de colonias (UFC) de enterococos por cada 100 ml de agua, nivel que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asocia a un aumento significativo de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.

Pocitos, la playa urbana más concurrida, registró valores particularmente preocupantes y reiterados, al igual que la playa del Cerro, que presenta el peor desempeño relativo en términos de frecuencia de muestras contaminadas. Punta Yeguas y Zabala mostraron episodios puntuales de alta contaminación, mientras que la Playa del Nacional, aunque con menos muestreos, también superó el límite crítico.

Que estas playas permanezcan abiertas no es consecuencia de una mejora ambiental, sino de una brecha normativa deliberada: la nueva regulación que adopta los enterococos como indicador principal aún no se aplica para definir habilitaciones, pese a haber sido aprobada.

El resto de la costa: una mejora relativa, no tranquilizadora

El panorama del resto de las playas montevideanas dista de ser homogéneo. Algunas zonas presentan niveles bajos o moderados de contaminación, aunque con advertencias claras. Playas como Buceo, Malvín, Carrasco, Ramírez o Santa Catalina muestran frecuencias relevantes de muestras por encima de los niveles recomendados por la OMS, aun cuando no superen los máximos fijados por la normativa nacional.

La única playa que aparece sin registros problemáticos es la Mulata, pero esa “buena noticia” es engañosa: se basa en un número ínfimo de muestras, muy inferior al resto de la costa. En otras palabras, no hay evidencia suficiente para afirmar que se trate efectivamente de un enclave seguro.

El diagnóstico general es claro: la mayoría de las playas de Montevideo no ofrece garantías sanitarias plenas, y varias presentan riesgos concretos que se minimizan mediante criterios regulatorios laxos.

Cambio de criterio: una norma moderna, una aplicación ausente

En noviembre, el Ministerio de Ambiente dio un paso correcto al actualizar el Código de Aguas y abandonar el uso exclusivo de coliformes como indicador de contaminación, adoptando los enterococos, tal como recomienda la comunidad científica internacional. Sin embargo, el decreto incluyó un período de transición de dos años, durante el cual las intendencias pueden seguir habilitando playas con criterios obsoletos.

La Intendencia de Montevideo no solo se ampara en ese plazo, sino que además incumple con obligaciones básicas de transparencia: a diferencia de años anteriores, no ha publicado informes semanales de calidad del agua en plena temporada estival. La información existe, los muestreos se realizan, pero los datos no se comunican de manera sistemática a la ciudadanía.

Así, se produce una paradoja inaceptable: se mide con mejores criterios, pero se decide con peores estándares, y se informa menos.

Una omisión política con costos sanitarios

Este problema no es nuevo ni accidental. La contaminación de la costa montevideana está estrechamente vinculada al deterioro del emisario subacuático, una infraestructura crítica cuya reparación viene siendo postergada desde hace años. No es una obra vistosa ni electoralmente rentable, pero sí esencial para la salud pública y la calidad ambiental.

Mientras tanto, durante la gestión de Carolina Cosse, la Intendencia dilapidó recursos en proyectos de impacto político y comunicacional, sin encarar soluciones estructurales. Y la actual administración de Mario Bergara, lejos de corregir el rumbo, acompaña junto al gobierno nacional la idea de un túnel faraónico, de costo multimillonario y necesidad discutible, mientras la costa capitalina sigue descargando contaminación sobre miles de bañistas.

El contraste es elocuente: hay recursos para megaproyectos simbólicos, pero no para resolver un problema sanitario concreto, persistente y bien diagnosticado. La contaminación del agua no genera titulares épicos, pero enferma personas reales.

La omisión de las sucesivas administraciones del Frente Amplio no es técnica, es política. No es falta de información, es falta de voluntad. Y cuando un problema de salud pública se posterga de manera sistemática, deja de ser negligencia y pasa a ser responsabilidad directa.

Montevideo no necesita más anuncios grandilocuentes ni túneles monumentales. Necesita algo más básico y urgente: agua limpia en su costa y autoridades dispuestas a priorizar la salud de la población por encima de la propaganda y los proyectos de vanidad.

Cuando la diplomacia llega tarde y el lenguaje se vuelve impreciso, la condena pierde fuerza.

El atentado terrorista perpetrado en Bondi Beach, en Sídney, que dejó al menos 16 muertos y decenas de heridos, no solo sacudió a Australia y a la comunidad judía internacional. También expuso, en Uruguay, una reacción oficial tardía y conceptualmente deficiente por parte del gobierno, cuya Cancillería demoró su pronunciamiento y luego evitó nombrar con claridad la naturaleza antisemita del crimen.

La tardanza fue reconocida explícitamente por el propio canciller Mario Lubetkin. Este lunes, en diálogo con el periodista Leonardo Sarro, explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió un informe de la embajada uruguaya en Australia, pero decidió no pronunciarse de inmediato porque existía la posibilidad de que hubiera ciudadanos uruguayos entre las víctimas. “Yo no quería que saliéramos por lo menos hasta tener la confirmación de que ni entre los muertos ni entre los heridos hubiera ciudadanos de nuestro país”, afirmó. Y agregó, en un razonamiento que relativiza la decisión: “Por suerte no pasó, pero es todo relativo porque pasó para ciudadanos de todo el mundo y nos podía haber pasado a nosotros”.

La explicación deja una sensación incómoda. Supeditar una condena institucional a la eventual presencia de compatriotas supone reducir la política exterior a un reflejo meramente consular, cuando en realidad se trata de un atentado terrorista de alcance simbólico global, dirigido contra una comunidad específica por su identidad religiosa. La condena no era menos urgente porque no hubiera uruguayos entre las víctimas.

Pero el problema no fue solo el tiempo. También lo fue el contenido. El comunicado oficial del gobierno expresó su condena al atentado, su solidaridad con Australia y su repudio “a todo acto de violencia injustificado, así como a las manifestaciones de odio, extremismo, racismo y antisemitismo”. Sin embargo, omitió un elemento central: que las víctimas fueron atacadas por ser judías, en el marco de una celebración de Janucá, y que el crimen fue un acto deliberadamente antisemita. La referencia genérica al antisemitismo, diluida en una enumeración amplia de males abstractos, evitó nombrar con precisión el hecho concreto.

Esa omisión fue particularmente llamativa frente a la claridad con la que se expresaron otros actores políticos y sociales del país.

El Partido Colorado habló sin ambigüedades de un “ataque antisemita”, manifestó su solidaridad con la comunidad judía en Australia y reafirmó la necesidad de combatir el terrorismo y el odio religioso como amenazas directas a las sociedades democráticas.

En la misma línea, el Partido Nacional condenó “el cobarde atentado terrorista”, repudió “toda expresión de antisemitismo” y convocó a una condena unánime del sistema político, recordando que hechos de esta gravedad remiten inevitablemente al 7 de octubre de 2023. Además, exhortó al gobierno a extremar medidas ante las crecientes manifestaciones antisemitas en Uruguay y expresó su solidaridad explícita con la colectividad judía.

Las organizaciones representativas de la comunidad judía fueron aún más categóricas. El Comité Central Israelita del Uruguay calificó el ataque como una “nueva demostración de antisemitismo visceral”, producto de discursos de odio frente a los cuales —advirtió— las autoridades no han prestado la debida atención. La B’nai B’rith llamó a unirse contra el antisemitismo y alertó sobre el crecimiento del temor y la violencia contra los judíos a nivel global.

Las críticas al comunicado oficial no tardaron en aparecer. Desde distintos ámbitos se señaló que, frente a un atentado de esta naturaleza, la neutralidad semántica no es prudencia, sino ambigüedad. Como se remarcó director de B’nai B’rith Latinoamérica, Eduardo Kohn, en el análisis difundido por Radio Carve, en estos casos “las cosas hay que decirlas claras”: cuando un ataque es antisemita, debe ser nombrado como tal, sin eufemismos ni diluciones que terminan vaciando de sentido la condena. “Decir gre gre para decir Gregorio es hasta un poquito ofensivo”, remarcó.

Lo ocurrido deja una enseñanza incómoda. En un mundo donde el antisemitismo vuelve a expresarse con violencia abierta, la reacción del Estado no puede ser tardía ni timorata. La política exterior no se mide solo por equilibrios diplomáticos, sino también por la capacidad de asumir posiciones morales claras frente al terrorismo y el odio. Callar un día de más o hablar a medias no es neutralidad: es una forma de ausencia.

Uruguay ha construido históricamente un prestigio internacional asociado a la defensa de los derechos humanos y a la condena inequívoca del terrorismo. Preservar ese capital exige algo elemental: llamar a las cosas por su nombre, hacerlo a tiempo y sin cálculos menores. Frente al odio, la claridad no es un lujo retórico; es una obligación democrática.

La caída del PIB en el tercer trimestre confirmó el freno de una economía que venía perdiendo impulso.

La economía uruguaya mostró en 2025 señales claras de desaceleración que interrumpen una racha de crecimiento sostenido y plantean desafíos para la formulación de políticas públicas en el mediano plazo. Según los datos oficiales del Banco Central del Uruguay (BCU), el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0,2% en el tercer trimestre de este año respecto al trimestre anterior, truncando así ocho trimestres consecutivos de expansión económica trimestral.

De la expansión moderada al estancamiento

Si bien en términos interanuales el PIB creció 1,2% con respecto al mismo periodo de 2024, este resultado es significativamente más modesto que el crecimiento observado en años recientes, y refleja una pérdida de dinamismo económico.

A lo largo de 2025, los principales indicadores de actividad económica empezaron a mostrar una tendencia hacia la moderación. Por ejemplo, en el segundo trimestre del año el crecimiento fue de 2,1% respecto a igual período del año anterior, pero esto representó una notable desaceleración respecto a trimestres previos.

Expertos y analistas económicos habían advertido desde mediados de año que, aunque la economía seguía en zona de expansión, el ritmo de crecimiento era más débil de lo esperado y mostraba señales de enfriamiento.

Causas estructurales y coyunturales

Varias razones explican este freno en la actividad:

1. Menor dinamismo de la inversión privada: En el informe del BCU se observa una caída en la formación bruta de capital, lo que refleja una desacumulación de existencias y una menor inversión productiva en el trimestre.
2. Desempeño dispar entre sectores: Algunos rubros como comercio, servicios de alojamiento y alimentos, educación y servicios inmobiliarios mostraron crecimiento, pero fueron insuficientes para compensar las caídas en manufactura y construcción.
3. Impacto de factores específicos: La industria manufacturera sufrió una disminución, en parte vinculada a eventos puntuales como la paralización de actividades en sectores ligados a energía e infraestructura.
4. Base de comparación elevada: Uruguay venía de una recuperación notable pos-pandemia y pos-sequía, lo que eleva la base de comparación y, por ende, dificulta mantener tasas elevadas de crecimiento.

Durante 25 años, el negocio del portland de ANCAP acumuló pérdidas millonarias que hoy se pretenden seguir justificando con argumentos ideológicos y promesas a 15 años, trasladando el costo de un fracaso empresarial crónico a todos los uruguayos en nombre de una falsa protección del empleo.

La situación del negocio del cemento portland en Uruguay volvió a quedar en el centro del debate público tras la comparecencia de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en el Parlamento. Lejos de tratarse de una coyuntura pasajera o de un traspié reciente, el portland de ANCAP constituye uno de los ejemplos más persistentes de fracaso estructural de gestión empresarial estatal, con costos millonarios que terminan siendo absorbidos por el conjunto de los uruguayos.

Un negocio crónicamente deficitario

Los números son elocuentes y difíciles de relativizar. En 2024, el negocio del portland de ANCAP registró pérdidas operativas por US$ 24,5 millones, prácticamente idénticas a las del año anterior. Desde el año 2000, la unidad acumula más de US$ 800 millones en pérdidas, considerando tanto resultados operativos como deterioro de inversiones. No se trata, por tanto, de un problema heredado puntual ni de una transición mal resuelta: es una sangría financiera sostenida durante un cuarto de siglo.

Estas pérdidas se inscriben, además, en un contexto más amplio de deterioro del balance de ANCAP, que cerró 2024 con pérdidas globales de entre US$ 118 y US$ 130 millones, lo que confirma que el portland no es un problema aislado, sino uno de los factores que comprometen la sostenibilidad de la empresa pública.

Cómo opera ANCAP en el mercado del cemento

ANCAP participa en el mercado del cemento portland como productor estatal integrado, compitiendo con empresas privadas nacionales y regionales en un mercado caracterizado por la sobrecapacidad instalada, la presión de costos y la pérdida de competitividad. A diferencia de otros segmentos estratégicos de la empresa, el portland no constituye un monopolio natural ni un servicio público esencial: es una actividad industrial plenamente expuesta a la lógica del mercado.

Sin embargo, ANCAP ha operado históricamente el portland bajo una lógica ajena a criterios empresariales estrictos, sin lograr eficiencia productiva ni rentabilidad, y sin concretar asociaciones privadas que permitieran compartir riesgos, modernizar procesos o introducir disciplina económica. La licitación internacional para asociar el negocio, declarada desierta en 2023, fue una señal contundente: nadie quiso hacerse cargo de un negocio estructuralmente inviable en sus condiciones actuales.

Plantas obsoletas y pérdidas estructurales

ANCAP cuenta con dos plantas de portland: una en Minas, considerada relativamente más eficiente, y otra en Paysandú, que opera de forma alternada y con mayores problemas de competitividad. La estrategia reciente ha consistido en alternar la producción entre ambas, centralizar parcialmente procesos y acordar con privados el uso de capacidad de almacenamiento, en un intento por mitigar pérdidas sin encarar el problema de fondo.

Las propias autoridades reconocen que las plantas sufren atraso tecnológico, obsolescencia industrial y falta de inversiones estructurales. Frente a ese diagnóstico, el anuncio de un plan que aspira a dejar de perder dinero recién dentro de 15 años no solo resulta poco convincente: es, lisa y llanamente, un despropósito desde el punto de vista económico y financiero. Ninguna empresa privada —ni ningún país serio— justificaría sostener durante décadas un negocio deficitario con la promesa difusa de una rentabilidad futura tan lejana.

El principio constitucional olvidado

Aquí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve institucional y ético. El artículo 59 de la Constitución consagra un principio claro y vigente: “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”. Aplicado al caso del portland, esto implica que no puede justificarse la continuidad de un negocio ruinoso únicamente para sostener puestos de trabajo, cuando existen alternativas razonables de redistribución y reconversión laboral dentro de ANCAP o en otros.

Someter a los contribuyentes uruguayos a financiar pérdidas millonarias año tras año con el argumento de “cuidar a los trabajadores” —como manifestó la ministra Fernanda Cardona— no solo vulnera ese principio constitucional, sino que introduce una desigualdad flagrante: ningún trabajador del sector privado goza de esa garantía. Cuando una empresa privada es inviable, cierra o se reconvierte, y el Estado actúa —correctamente— a través de seguros de desempleo. No se le exige al resto de la sociedad sostener indefinidamente un mal negocio.

Ideología antes que racionalidad

El discurso oficial insiste en no cerrar plantas, en conformar mesas de seguimiento y en apelar a consensos políticos amplios. Pero detrás de esa retórica dialoguista subyace una decisión ideológica: negarse a aceptar que el negocio del portland de ANCAP, tal como está concebido, no tiene viabilidad económica. Pensar en horizontes de 15 años para alcanzar ganancias no es planificación estratégica; es postergación del problema con cargo al futuro.

La verdadera responsabilidad política no consiste en administrar pérdidas con mayor prolijidad, sino en tomar decisiones difíciles pero necesarias, protegiendo a las personas sin perpetuar estructuras ineficientes. Persistir en el camino actual implica seguir trasladando costos a los ciudadanos, erosionar la credibilidad de la gestión pública y consolidar la idea de que en Uruguay ciertos fracasos estatales son intocables.}
El portland de ANCAP no necesita más tiempo ni más comisiones. Necesita una definición clara en base al coraje político, que asegure el respeto al contribuyente. Todo lo demás es ideología disfrazada de gestión.

Por Luis Hierro López

Uruguay vivió otra vez una jornada cívica extraordinaria al celebrarse el nonagésimo aniversario del Dr. Sanguinetti, con la presencia de todos los líderes partidarios en la vieja casa del Partido Colorado.

Así como había ocurrido hace unos meses, cuando se conmemoraron los 40 años de democracia, la presencia de todos los líderes partidarios marcó la calidad de la fiesta. Eso no ocurre en otras democracias del mundo y nuestro país lo viene incorporando como gesto habitual.

Esas presencias hablan bien de todos, de quienes invitan y de quienes concurren, y son muy expresivas del reconocimiento general que Sanguinetti provoca. El senador Ojeda lo explicó brevemente al comentar qué le había dicho Mujica cuando asistió al acto conmemorativo de los cuarenta años de democracia —la última aparición pública del expresidente—: “Vine porque me llamó don Julio”. La llamada de Sanguinetti le alcanzó a Mujica para ir, acompañado de un médico y un enfermero, a la casa de sus adversarios.

Lo mismo puede decirse del presidente Orsi, de la vicepresidente Cosse y del titular del Frente Amplio, Fernando Pereira, que estuvieron el martes pasado en el homenaje a Sanguinetti. Demostraron altura de miras y talante democrático, lo que debe subrayarse especialmente dadas las diferencias, profundas, que existen entre ambas colectividades. Igual valoración debe hacerse de los expresidentes Lacalle Herrera y Lacalle Pou y del presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado, y de otros dirigentes blancos que estuvieron presentes.

Uruguay —en su mejor versión— siempre fue así, pero es notorio que Sanguinetti ha intensificado el proceso en los últimos tiempos, sosteniendo la gestión del presidente Lacalle Pou, trabando un fuerte vínculo con Mujica y, ahora, abriéndole crédito al presidente Orsi. Personifica la gobernabilidad, el diálogo, el ejercicio de la vida democrática sin ocultar las diferencias, pero también poniéndole un límite a las polémicas. No todos los colorados concuerdan con esa estrategia, pero es indudable que esa impronta de responsabilidad ante el país caracteriza históricamente a la colectividad fundada por Frutos Rivera.

Eso es la democracia: la convivencia civilizada y pacífica de personas que piensan distinto y que tienen estilos diferentes, pero que son capaces de tratarse con respeto (y cordialidad, si corresponde) y tolerancia.

La historia de Uruguay, que muchas veces fue violenta y sanguinaria, se nutre también de los gestos de reconciliación y de unidad. No otra cosa significó la “clemencia para los vencidos” de Artigas tras la batalla de Las Piedras. Se discute la verosimilitud de la frase, pero no hay dudas de que ese fue el espíritu que prevaleció en aquella circunstancia. Con esa actitud terminó la Guerra Grande, que tanto dividió a los orientales: sin vencidos ni vencedores. Al concluir el enfrentamiento, Oribe se radicó en su chacra de Paso del Molino, sin que nadie lo repudiara. Las amnistías forman parte del espíritu nacional y han sido jalones civilizatorios, más allá de las polémicas que siempre generan.

Esos rasgos de nuestro pasado y el sentido republicano que encarnan son parte sustantiva de nuestra identidad.

Varios ingredientes de esa historia estaban presentes en la celebración, que no fue solo el reconocimiento a una persona, sino la renovación de los valores republicanos.

Por Santiago Torres

Entre el dogma interno y la conversación democrática, la Democracia Cristiana chilena eligió el conflicto, maltratando a una de sus figuras consulares por el “pecado” de conversar.

La reciente elección presidencial en Chile, que consagró a José Antonio Kast como presidente electo, no solo abrió un nuevo ciclo político en el país. También dejó al descubierto una deriva preocupante en la vida interna de algunos partidos tradicionales, donde el diálogo comienza a ser visto como traición y la conversación con el adversario como una falta disciplinaria. El caso del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle —hijo a su vez del expresidente Eduardo Frei Montalva, asesinado por la siniestra policía política del régimen militar— es, en ese sentido, profundamente revelador. Tristemente revelador.

Frei, ex Presidente de la República, exsenador, exembajador y una de las figuras más relevantes de la transición democrática chilena, enfrenta hoy un proceso ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana por haberse reunido, en su calidad de expresidente y en su domicilio particular, con José Antonio Kast durante la campaña de segunda vuelta. La directiva del partido calificó esa conducta como “de máxima gravedad” y resolvió suspender preventivamente su militancia, remitiendo el caso al órgano disciplinario.

El episodio adquirió mayor visibilidad luego de que, tras conocerse el resultado electoral, Frei señalara públicamente que Chile necesita conversación política y que, como ocurrió durante décadas, es necesario dialogar con quien la mayoría ciudadana eligió democráticamente como su presidente. No hubo respaldo explícito, ni llamado a votar, ni participación en actos de campaña. Hubo, simplemente, una defensa del diálogo institucional, del que el actual presidente Gabriel Boric es cumplido ejemplo.

Los descargos de Frei: una defensa política y jurídica

En su presentación ante el Tribunal Supremo de la DC, Eduardo Frei realizó un descargo extenso y severo, tanto en lo jurídico como en lo político. En primer lugar, cuestionó que la acusación no identifica con precisión qué norma estatutaria habría infringido, limitándose a reproches genéricos basados exclusivamente en la existencia de una reunión. Según Frei, ese solo hecho —conversar con un dirigente de otra corriente política— no constituye, por sí mismo, una falta disciplinaria ni vulnera los principios del partido.

El expresidente sostuvo además que el encuentro con Kast fue de carácter privado, solicitado por el entonces candidato, y que no implicó respaldo electoral, compromiso político ni acción alguna contra la Democracia Cristiana. En ese sentido, advirtió que sancionar una reunión de diálogo supone una restricción indebida a la libertad personal y política de un militante, más aún cuando se trata de una figura con responsabilidades históricas y de Estado.

Frei también denunció prejuzgamiento e irregularidades en el procedimiento, señalando que la directiva partidaria adelantó públicamente juicios de valor antes de cualquier investigación formal, afectando garantías básicas del debido proceso. Agregó que parte de los hechos invocados estarían prescritos y que la acusación carece de respaldo documental concreto, lo que dificulta ejercer una defensa efectiva.

En un plano más político, el expresidente fue aún más duro. Afirmó que no es él quien se ha apartado de los valores históricos de la Democracia Cristiana, sino que es el partido el que se ha alejado de su tradición de diálogo, pluralismo y vocación de mayoría. En una frase particularmente elocuente, sostuvo que la DC “es hoy una sombra de su pasado”, aludiendo a la pérdida de centralidad política y a una cultura interna crecientemente intolerante.

La polarización como enfermedad democrática

Más allá del desenlace que tenga el proceso disciplinario, el caso Frei expone un problema más profundo: la lógica de la polarización política, que transforma el diálogo en sospecha y la moderación en herejía. Cuando una fuerza política pretende sancionar a una de sus figuras más emblemáticas por intentar tender puentes con quien piensa diferente, el mensaje que se transmite es inquietante: hablar con el otro está prohibido.

La polarización no solo fractura a la sociedad; también empobrece a los partidos, los vuelve sectarios y los priva de pensamiento estratégico. En ese clima, las identidades se defienden por exclusión y no por propuestas, y el adversario deja de ser un competidor democrático para convertirse en un enemigo moral.

Chile conoce bien el valor del diálogo político. Fue precisamente la conversación entre adversarios, la renuncia a la lógica del castigo y la aceptación de la legitimidad del otro lo que permitió la recuperación democrática y décadas de estabilidad institucional, que sólo volvió a sacudirse cuando se olvidó esa lógica. Castigar hoy ese legado no es un acto de coherencia ideológica: es un síntoma de extravío.

La paradoja es evidente. Mientras el país inicia una transición presidencial con gestos de institucionalidad entre el mandatario saliente y el presidente electo, una parte del sistema partidario parece optar por el ensimismamiento y la sanción interna. En ese espejo, la Democracia Cristiana corre el riesgo de confirmar el diagnóstico más severo de Frei: dejar de ser un partido de vocación nacional para convertirse en una fuerza atrapada en sus propias fronteras ideológicas.

La democracia no se fortalece levantando muros, sino construyendo puentes. Y cuando tenderlos se castiga, el problema no es quién dialoga, sino quién teme al diálogo.

Por fortuna, por el momento Uruguay sigue siendo un ejemplo de lo contrario, como la ecuménica celebración del cumpleaños 90 del expresidente Sanguinetti lo acaba de demostrar una vez más. Pero, cada tanto, los rescoldos de los años de plomo pujan por volver a avivar las llamas, por lo que es bueno recordar que este presente que nos distingue como sociedad en el mundo necesita ser permanentemente regado.

Por Elena Grauert

La interpelación reveló motivaciones políticas, debilidades jurídicas y una institucionalidad comprometida.

Muchas veces se escuchan cuestionamientos sobre la necesidad de las interpelaciones o de los llamados a sala. Sin embargo, la interpelación al ministro de Educación y Cultura dejó al desnudo un problema más profundo, ya que puso en evidencia la debilidad institucional de la JUTEP en cuanto al cumplimiento imparcial de sus competencias. Quedó claro, además, que existió un consenso amplio: la mayoría entendió que el organismo actuó con motivación político-partidaria y no conforme a la normativa vigente de la Ley Nº 19.823, Código de Ética Pública.

Llama poderosamente la atención la forma en que compareció el ministro José Carlos Mahía. En primer lugar, lo hizo en soledad, sin la presencia de los integrantes de la JUTEP, cuando lo habitual es que los ministros, al concurrir al Parlamento por eventuales responsabilidades de órganos descentralizados, lo hagan acompañados por los directores de dichos organismos. En segundo lugar, sostuvo que la JUTEP “actuó dentro de sus competencias legales, emitiendo un informe técnico no vinculante”, subrayando que el organismo “no dicta decisiones”, sino que formula pronunciamientos de carácter técnico. La afirmación es formalmente correcta, pero jurídicamente insuficiente e institucionalmente muy cuestionable.

En cuanto a lo primero, resulta claro que la no comparecencia de los miembros de la JUTEP dificultó la interpelación. De ese modo, el ministro pudo ampararse en que él no había adoptado la resolución cuestionada, por lo que las explicaciones se concentraron en las formas y no en el fondo del asunto. No se brindó ninguna explicación sustantiva, como hubiera sido analizar la motivación del acto ni las razones por las cuales el organismo se apartó del informe de su propia asesoría jurídica, que había entendido que existía incompatibilidad en la doble condición del presidente de ASSE, al actuar simultáneamente como presidente de dicha institución y como médico en mutualistas privadas.

Respecto del segundo aspecto de las explicaciones ministeriales, se incurrió en una confusión entre la ausencia de efectos jurídicos directos y la inexistencia de efectos institucionales y políticos. Un informe de la JUTEP puede no ser vinculante en términos estrictamente normativos, pero tiene impacto real, ya que sin duda acarrea responsabilidades políticas, como efectivamente ocurrió, con independencia de las eventuales responsabilidades jurídicas —civiles, administrativas o penales— cuyo análisis corresponde al ámbito judicial, que es de naturaleza distinta.

No debe olvidarse que, como consecuencia de las denuncias, Álvaro Danza renunció a sus cargos como médico en mutualistas privadas (CAMS de Soriano, Médica Uruguaya y Sociedad Española), así como a la dirección de la Revista Médica del Sindicato Médico del Uruguay, para dedicarse de lleno a su función pública en ASSE y evitar conflictos de interés.

Negar esa realidad constituye una forma de eludir la responsabilidad institucional.

Durante la interpelación también se sostuvo que, a partir de la Ley Nº 19.340, la JUTEP salió de la órbita del MEC y que los organismos descentralizados no están sujetos a subordinación jerárquica del Poder Ejecutivo. Esa afirmación, al menos, no es clara. La JUTEP se encuentra bajo tutela administrativa y, por tanto, el Poder Ejecutivo debe ejercer control. Si el organismo se aparta de las normas de su creación y de sus competencias, el Ejecutivo puede avocarse al asunto. En consecuencia, lo que subyace es un accionar político-partidario, y no resulta válido ampararse en formalismos cuando la propia realidad llevó al presidente de ASSE a renunciar a las mutualistas privadas.

En el debate parlamentario, el diputado Conrado Rodríguez recordó que el artículo 197 de la Constitución habilita al Poder Ejecutivo a observar actos de los directorios de los entes cuando los considere inconvenientes o ilegales, incluso disponiendo su suspensión. El argumento de una autonomía absoluta del organismo descentralizado choca frontalmente con la naturaleza y la lógica institucional de dichos entes, cuyo contralor político se ejerce a través del ministerio correspondiente. Omitir ese contrapeso constitucional en la defensa política de la JUTEP revela una concepción de autonomía sin controles, incompatible con el diseño institucional de control político de los órganos del Estado.

Asimismo, en sala se recordó —por parte del diputado Gabriel Gurméndez— lo ocurrido cuando la JUTEP se pronunció sobre presuntas irregularidades vinculadas al Antel Arena. En aquella oportunidad, el organismo solicitó un informe jurídico a un profesional independiente y el Directorio de la JUTEP aprobó por unanimidad lo actuado. Incluso integraba ese Directorio el representante designado por el Frente Amplio, Jorge Castro, quien fue removido casi de inmediato por haber votado en contra de los intereses partidarios.

Como señaló el diputado, ese fue “el pecado original”: “allí comenzó, de alguna manera, esta debacle de la JUTEP que estamos presenciando hoy, porque fue sustituido precisamente por la presidenta, Ana Ferraris, que vino a cumplir el rol de no oponerse a los intereses partidarios en la JUTEP”.

Por todo ello, la conclusión inmediata es el desprestigio y la falta de garantías de las resoluciones del organismo, que vulneran los principios básicos de independencia política con los que debe actuar la JUTEP. Sus pronunciamientos no deben responder a conveniencias políticas, sino ajustarse estrictamente a las normas de la ética pública.

Esto conduce necesariamente a la discusión sobre la propia necesidad del organismo o, al menos, sobre su rediseño institucional. Incluso se ha propuesto que su integración recaiga en exmagistrados con trayectoria en lo contencioso-administrativo, a fin de evitar cualquier sospecha de parcialidad.

Así, como bien dice el dicho, “de aquellos polvos vienen estos lodos”. El pecado original fue realizar nombramientos que no respondieron a la institucionalidad ni al cumplimiento del Código de Ética Pública, sino a la defensa de intereses de parte. De ese modo, el organismo pierde su razón de ser. Hoy resulta evidente la necesidad de rediseñar el sistema y dotarlo de una gobernanza distinta, que garantice independencia técnica, porque la credibilidad institucional ha quedado seriamente comprometida.

Por Tomás Laguna

En un acto destemplado e inexplicable, las autoridades del MGAP han procedido a cesar a varios directores departamentales para proceder con la designación directa de operadores que les respondan políticamente.

El artículo 297 de la Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2015–2019 facultó al Poder Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a contratar 19 directores departamentales. Esta iniciativa se inscribía en el marco de un oportuno programa de descentralización en la gestión del MGAP. Se estableció que los cargos serían asumidos en régimen de contratos a término, de renovación anual, no configurando la condición de funcionarios públicos, y no pudiendo ser renovados más allá de cada período de gobierno. El mismo inciso estableció que las personas a asumir estas responsabilidades debían acreditar idoneidad suficiente de acuerdo con las tareas a desempeñar. En ningún momento se confiere a estas responsabilidades la condición de “cargo de confianza política”; en todo momento se recalca como mérito las capacidades personales para la función.

Durante el segundo gobierno del Dr. Tabaré Vázquez se realizaron algunas contrataciones, quedando numerosos departamentos vacantes. En el año 2022, bajo la gestión del Ing. Agr. Fernando Mattos al frente del MGAP, se realizó un llamado público bajo la supervisión de la Oficina de Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación, a través del cual se procedió a nombrar 19 directores, cubriendo todo el país.

De las actas de “Uruguay Concursa” surge que en aquel llamado se presentaron 1.683 postulantes, de los cuales 290 no cumplían los requisitos exigidos y finalmente 1.393 fueron los que participaron de las instancias de las entrevistas correspondientes. Al ser necesarias nuevas designaciones por vacantes, las mismas se realizaron a partir de aquellos postulantes que no llegaron a ser nombrados en el llamado original, respetándose el espíritu de la convocatoria pública.

Es necesario consignar que los directores departamentales en funciones se “foguearon” en las peores circunstancias de la sequía de 2023, acreditando el valor del servicio público prestado a partir de sus responsabilidades.

A 10 meses de asumida la actual administración de gobierno, de pronto y sin previo aviso, se procedió a la destitución de 6 de los 19 directores departamentales, anunciándose que se procederá a realizar en total 9 designaciones, todas en forma directa, en las que se incluyen departamentos con vacantes o jubilaciones. No hubo justificación alguna que ameritara tales ceses de contrato. De hecho, no hubo una renovación total, que bien pudo ser una razón de orden general, sino determinados casos elegidos por la caprichosa y soberana voluntad de los operadores políticos al frente del MGAP. Es evidente y nada disimulado el objetivo de ocupar los cargos con militantes políticos del partido de gobierno, desplazando a personas no identificadas con la izquierda organizada y militante. Incluso así lo habrían manifestado para justificarse ante el funcionario cesado.

Es cierto que por ley los cargos están provistos a partir de contratos renovables por evaluación anual de desempeño; es cierto que la ley establece que las renovaciones son “no más allá del período de gobierno”, otorgando la potestad en tal sentido a cada nueva administración. Pero lo actuado por los operadores políticos del MGAP, seleccionando “a dedo” a las personas a destituir, con reemplazantes ya identificados, demuestra un grotesco y despreciable acto de acomodo y politización de cargos, propio de la peor calaña en el ejercicio del poder. Poco mérito y respeto les dejan a los “acomodados” de turno ante la opinión pública.

Estos hechos no deberían sorprendernos por provenir de quienes provienen, cuando lo grotesco parece ser una característica de la gestión al frente del MGAP. En definitiva, estamos ante un acto de desprecio por las instituciones que con tanto celo atienden el prometedor desarrollo del campo uruguayo en todas sus expresiones productivas.

Por Angelina Rios

La democracia contemporánea ya no se juega únicamente en las instituciones, los partidos o las urnas. Una parte creciente de la conversación pública —y de la formación de opinión pública— ocurre en espacios digitales gobernados por lógicas que no responden al interés democrático, sino a algoritmos diseñados para captar atención.

Para una parte significativa de los jóvenes, la política ya no se presenta como debate programático o intercambio de ideas, sino como fragmentos breves, consignas agresivas, ironías virales y enfrentamientos constantes. La violencia simbólica se ha convertido en un lenguaje habitual de la conversación digital, y eso tiene efectos políticos concretos.

El algoritmo no es neutral. Aprende qué genera reacción y amplifica lo que produce enojo, burla o indignación. En ese proceso, la violencia discursiva se vuelve rentable. Los mensajes más extremos circulan más; los matices, menos. La política deja de ser deliberación para convertirse en combate permanente.

Este fenómeno no es abstracto ni lejano. En la región existen ejemplos recientes y contundentes. En Argentina, un dirigente sin estructura partidaria tradicional, sin aparato territorial y sin historia orgánica, logró llegar a la Presidencia impulsado casi exclusivamente por su desempeño en redes sociales. Un discurso disruptivo, confrontativo y muchas veces violento encontró en el ecosistema digital un canal ideal para crecer.

No se trata de juzgar una opción política en particular, sino de comprender el mecanismo. Las redes no solo amplifican mensajes: reconfiguran las reglas del acceso al poder. Permiten que figuras por fuera de los partidos tradicionales construyan liderazgo sin mediaciones institucionales, pero también sin los controles, responsabilidades y procesos de formación que esas mediaciones implicaban.

En Uruguay, donde los partidos políticos siguen siendo actores centrales de la vida democrática, esta experiencia regional funciona como advertencia. No porque el sistema sea idéntico, sino porque las condiciones tecnológicas y culturales son cada vez más similares. La violencia digital no queda confinada a las pantallas: se traslada al clima político, a la confianza institucional y a la forma en que se percibe al adversario.

Para los jóvenes, este contexto plantea un doble desafío. Por un lado, son los principales usuarios de redes y, por tanto, los más expuestos a dinámicas algorítmicas que premian el enfrentamiento. Por otro, son quienes están construyendo su primera relación con la política en un entorno donde la agresión parece sinónimo de autenticidad y la descalificación reemplaza al argumento.

El riesgo para la democracia no es solo la desinformación, sino la normalización de la violencia como forma de participación política. Cuando el insulto se vuelve moneda corriente y el adversario es percibido como enemigo, el acto de votar pierde profundidad y se transforma en un gesto reactivo, emocional, inmediato.

Por eso, el debate sobre redes, algoritmos y elecciones no puede limitarse a la tecnología. Es un debate político, cultural y ético. Implica preguntarse qué tipo de conversación pública estamos dispuestos a tolerar y qué responsabilidad asumen partidos, líderes y Estado frente a este escenario.

El algoritmo no vota. Pero condiciona. Amplifica la violencia, ordena el conflicto y moldea percepciones. En una elección, eso importa. Y mucho.

Defender la democracia, tanto en nuestro país como en todo el mundo, implica también animarse a debatir sobre cómo se protege la misma en el mundo digital.

En ese escenario, el desafío no es censurar ni prohibir, sino discutir reglas, responsabilidades y límites. La política no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el algoritmo ordena la conversación pública sin control democrático. El Parlamento, como ámbito natural de esa discusión, tiene un rol que no puede eludir.

José Batlle y Ordóñez advertía que un gobernante no debía limitarse a administrar el poder, sino a hacer sentir que la democracia era una verdad viva y que las elecciones existían por una razón profunda. En tiempos donde la política se ve atravesada por algoritmos, violencia digital y emociones amplificadas, esa advertencia conserva plena vigencia. La democracia se defiende votando, pero también cuidando el modo en que se construye la voluntad de votar.

Por Juan Carlos Nogueira

El verdadero riesgo para la democracia no es la transformación, sino la renuncia al rigor, la formación y la autocrítica.

Observando los comportamientos, valores y niveles de educación de ciertos individuos, no puedo evitar pensar que estamos involucionando como sociedad. Y no me refiero exclusivamente a la marginalidad, la violencia criminal o el delito organizado. También noto la involución en la autodenominada “clase política”.

Por un momento fantaseé con detener el tiempo —incluso retrocederlo— para volver al Uruguay de mi infancia. Aquel país era una democracia funcional, imperfecta tal vez, pero en la que el voto universal descansaba sobre una base social relativamente homogénea en educación, responsabilidad cívica y valores compartidos. Eso ya no existe.

Mi sueño se desvaneció rápidamente cuando recordé dos libros que me marcaron: Motivos de Proteo de Rodó —en especial la parábola La despedida de Gorgias— y La invención de Morel de Bioy Casares. En ambos, la detención del tiempo surge de un impulso que parece noble: el amor, el miedo a la pérdida, el deseo de fijar una felicidad que se teme efímera.

El personaje de Bioy, movido por un amor imposible, busca congelar un instante perfecto, aun al precio de su propia vida. La madre de Rodó, por su parte, sueña con mantener a su hijo en una infancia eterna para protegerlo de los dolores y riesgos de crecer. Por caminos distintos, ambos relatos convergen en la misma conclusión: detener el tiempo implica una mutilación que transforma lo amado en una imagen rígida, sin vida, desconectada del mundo real.

La vida se sostiene en el cambio, en la pérdida y en la transformación. Intentar congelar ese movimiento —aunque nazca de una intención noble— termina vaciándolo de humanidad. Querer eternizar lo que amamos es, paradójicamente, la manera más perfecta de perderlo.

Heráclito advirtió hace siglos que lo único constante es el cambio. La vida auténtica exige fluir, aceptar las pérdidas y asumir la fugacidad.

La advertencia de Rodó y Bioy no es solo estética ni sentimental; es profundamente política.

Del mismo modo que los individuos pueden quedar atrapados en la ilusión de preservar lo que aman deteniendo el tiempo, también las sociedades corren ese riesgo. Cuando un sistema político teme al cambio y se aferra a la imagen idealizada de lo que alguna vez fue, sus instituciones comienzan a comportarse como esos personajes de Rodó y Bioy: se vuelven rígidas, repiten rituales antiguos y se alejan lentamente de la vida real que deberían acompañar.

Cuando un sistema político renuncia a revisarse, a corregir errores y a mejorar su funcionamiento, se vuelve caro y obsoleto. Un sistema que intenta preservar una imagen idealizada de sí mismo, sin adaptarse a las nuevas exigencias de la realidad, termina fosilizándose. Y es entonces cuando el deterioro deja de ser accidental para volverse estructural.

Entonces, ¿qué alternativa nos queda?

Sin duda no debemos resignarnos a perder aquella “Suiza de América”. Debemos dar la lucha por preservar la cultura y la educación que alguna vez nos distinguieron en el mundo. Esto implica exigir más a los partidos políticos y a los gobernantes. Debemos exigir excelencia a nuestros parlamentarios y jerarcas de la administración pública. No podemos resignarnos a que gente sin formación y escasa preparación ocupe cargos de tanta responsabilidad.

Es imperioso salir de la apatía, manifestar clara y vehementemente nuestro desencanto. Es imprescindible exigir requisitos mínimos de educación y formación profesional para los cargos de gobierno.

Cuando reviso los perfiles profesionales de algunos parlamentarios y ministros, me siento legítimamente preocupado. Nunca hubo tan pocos abogados en el Parlamento. Existen ministros sin formación profesional acorde a la cartera que dirigen. Incluso hay jerarcas que no cumplirían los requisitos exigidos para un cargo administrativo de bajo nivel en el propio Estado.

Cuando observo la comunicación presidencial —vacilante, poco estructurada, dependiente de aclaraciones posteriores— no siento solo desconcierto: percibo el síntoma de un deterioro institucional más profundo.

Un país no llega a ese punto por azar, sino porque su sistema político ha dejado de exigir excelencia, preparación y claridad a quienes lo representan.
No es la torpeza ocasional de un Presidente lo que me preocupa, sino lo que revela: un sistema político que ha renunciado al rigor intelectual y a la formación de sus dirigentes. Un discurso oficial que requiere correcciones, explicaciones o reinterpretaciones constantes no es un simple error, sino la evidencia de un modelo institucional exhausto.

Cuando el sistema político, por comodidad o por miedo, deja de revisar sus prácticas y renuncia a exigir rigor y formación a quienes lo conducen, comienza a desestabilizarse. Sus instituciones se vuelven incapaces de responder a la complejidad del presente y, poco a poco, el país empieza a parecerse a esos personajes de Rodó y Bioy que pretendieron detener el tiempo: figuras inmóviles, aferradas a un pasado que ya no existe y desconectadas de la vida real que deberían sostener. Un sistema que no se transforma no preserva nada; apenas conserva la apariencia de lo que alguna vez fue.

Recuperar la vitalidad del Uruguay no exige nostalgia, sino movimiento: la decisión de volver a transformar para no desvanecernos.

Los países no se pierden por transformarse, sino por dejar de hacerlo.

Por Ruth Furtenbach

Advertencias técnicas y políticas frente a una regulación con riesgos no deseados.

La preocupación por proteger las condiciones de los trabajadores es legítima y podríamos afirmar que forma parte del ADN institucional de nuestro país. Sin embargo, es sabido que no toda iniciativa bien intencionada garantiza buenos resultados, y deberíamos tener presente que, como reza el conocido aforismo, “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. Quizás esta reflexión resulte especialmente oportuna frente al proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que obliga a las empresas a notificar previamente despidos masivos o cierres definitivos.

El Poder Ejecutivo sostiene que la propuesta no limita el derecho a despedir, sino que busca introducir un régimen de preaviso para dar mayor previsibilidad a los trabajadores y habilitar instancias de diálogo. El ministro Juan Castillo ha explicado que la iniciativa se apoya en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio 158, aún no ratificado por Uruguay, y que forma parte de un paquete más amplio de normas internacionales orientadas a mejorar las condiciones laborales.

El problema no está en el objetivo buscado, sino en los efectos reales que una regulación de este tipo puede generar. Uruguay no es un país con un mercado laboral desprotegido. Muy por el contrario, heredó del batllismo una legislación social avanzada para su tiempo, que sigue siendo muy sólida y protectora del trabajador en la actualidad: indemnización por despido, negociación colectiva, Consejos de Salarios, altos niveles de formalidad y una fuerte adhesión a los convenios de la OIT. Esa tradición protectora es parte de nuestra identidad y no debería estar en discusión.

Por ese motivo, varias voces han advertido que este proyecto puede terminar produciendo el efecto contrario al buscado. Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) se lo calificó como “contraproducente”, señalando que podría dificultar la creación de empleo y acelerar su destrucción. Desde el sector empresarial se ha planteado una objeción sencilla pero contundente: es sabido que, cuando una empresa no es viable, el preaviso no cambia la realidad económica. Tal como lo expresó en los medios el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, si los números no cierran, no hay negociación que evite el cierre.

También desde el sistema político se encendieron alertas. El exministro de Trabajo Pablo Mieres advirtió que “inventar” nuevas reglas en un sistema ya exigente es “jugar con fuego”, porque puede desincentivar la contratación y afectar la estabilidad laboral en lugar de fortalecerla. A esto se suma la preocupación por el impacto en la inversión, ya que introducir condiciones de salida puede generar incertidumbre en empresas que evalúan instalarse o permanecer en el país. No es un dato menor que el propio Convenio 158 de la OIT haya sido ratificado y luego denunciado por algunos países, como Brasil, al considerar que no se adecuaba a sus realidades productivas.

Nada de esto implica desconocer la existencia de situaciones preocupantes, y es comprensible que el gobierno busque evitar escenarios de abruptas pérdidas de empleo. Pero la respuesta no debería radicar en sumar una nueva obligación legal, ya que en nuestro país contamos con un entramado normativo sólido de protección al trabajador, que incluye seguros de desempleo, indemnizaciones por despido y mecanismos que contemplan las distintas situaciones de vulnerabilidad en las que puede verse afectada la persona que, por algún motivo, resulte desvinculada de su trabajo.

El verdadero desafío no radica en crear más regulaciones, sino en asegurar el seguimiento y la aplicación efectiva de las normas vigentes, así como en fortalecer la capacidad del Estado para generar políticas activas de estímulo al empleo y la inversión, antes que medidas que puedan operar como un desincentivo, generando incertidumbre o amenazas implícitas al sector empresarial.

En materia laboral, donde los equilibrios son frágiles, el riesgo de que una norma bien intencionada termine perjudicando a quienes pretende proteger es real. Uruguay tiene una tradición valiosa de protección al trabajador, y el desafío actual es no debilitarla con regulaciones que, lejos de dar certezas, terminen generando más temor, menos empleo y menos oportunidades.

El debate parlamentario será una instancia clave para discutir, evaluar consecuencias y considerar que, en políticas públicas, tan importante como el fin es comprender los efectos de los medios elegidos.

Por Alicia Quagliata

La vivienda como derecho postergado por fallas en el suelo, el crédito y la gestión.

La falta de acceso a la vivienda es una herida abierta en la sociedad. Cuando los intereses de unos pocos distorsionan el mercado y afectan el bienestar que un país libre, republicano y democrático debería garantizar, el dolor es inmenso. Hablamos de miles de viviendas que faltan y la pregunta es ineludible: a este ritmo, ¿cuántos años necesitaremos para erradicar el déficit habitacional?

Las raíces del problema: pobreza y exclusión como motores

Las causas del déficit habitacional son profundas: la pobreza y la exclusión son los motores principales.

La exclusión se manifiesta en un sentido amplio. Por un lado, la exclusión económica surge cuando una persona o familia queda sin ingresos o nace en un entorno de alta vulnerabilidad, lo que le impide acceder al mercado laboral formal o a un desarrollo económico sostenible. Por otro, la exclusión social y humana va más allá del ingreso e incluye la falta de acceso a la educación, la salud y las oportunidades para forjar un camino productivo, con empleo estable, apoyo financiero y conocimiento.

El problema, aunque se caracteriza por la dificultad económica, es en realidad un complejo entramado de carencias de capacidades y oportunidades para la integración social plena.

Ejes de la solución: financiamiento, articulación y gestión ejecutiva

La solución requiere una intervención multisectorial y un compromiso político inquebrantable, centrado en pilares de acción claros.

Es crucial garantizar el financiamiento de largo plazo. Esto implica relanzar y modernizar el rol de las instituciones financieras públicas, articulándolas de manera eficiente con los programas de acceso a la vivienda y con políticas sociales de amplio espectro. De igual importancia es definir un marco regulatorio claro que articule la participación del sector privado, tanto en el financiamiento como en la construcción e instrumentación de las acciones.

Además, se necesita profundizar la participación social, ampliando la voz y la acción de la sociedad civil, especialmente de aquellos sectores organizados que reivindican el derecho a la vivienda, a la ciudad y a la sostenibilidad ambiental.

Finalmente, se requiere impulsar la gestión ejecutiva y la continuidad política. Esto supone un gobierno que articule a todos los actores con plazos definidos y auditorías internas. Para asegurar la sostenibilidad de las políticas habitacionales, es imprescindible promover acuerdos político-partidarios que trasciendan los cambios de gobierno, priorizando la actualización de procedimientos y la simplificación administrativa que hoy dificultan la ejecución de los recursos.

Los avances en ejecución: reconociendo la acción de gobierno

Es fundamental reconocer que el gobierno, con la participación activa de sectores como el Partido Colorado en la Coalición Republicana, ha puesto en marcha o potenciado herramientas clave, demostrando compromiso en áreas específicas:

• Impacto en el medio rural (MEVIR): Se ha fortalecido el rol de MEVIR (Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural), con un plan ambicioso de entregar miles de viviendas en zonas rurales y pequeñas localidades durante el quinquenio. Esta acción, destacada por autoridades coloradas, es esencial para la salud, la educación y para fijar población en el interior del país.
• Foco en la vulnerabilidad extrema: El Plan Quinquenal de Vivienda ha priorizado la atención a los hogares vulnerables, concentrando esfuerzos en la erradicación de asentamientos irregulares mediante la continuidad y potenciación del Plan Avanzar y el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).
• Diversificación del acceso: Se han impulsado programas específicos para facilitar el acceso a la vivienda a sectores desfavorecidos, como subsidios para jubilados y pensionistas, líneas para jóvenes, mejoras a la ley de vivienda promovida y el fomento del cooperativismo.

El pendiente estructural: asignaturas críticas de gobierno

A pesar de los avances, existen áreas estructurales donde las políticas aplicadas, incluidas las del Frente Amplio durante sus períodos de gobierno, han sido insuficientes para revertir la tendencia deficitaria:

1. Inacción frente a la especulación y el costo del suelo urbano: El mayor fracaso ha sido no dominar la variable del suelo. No se ha implementado de forma masiva y efectiva la función social de la propiedad urbana para combatir el acaparamiento y la tierra ociosa. Las herramientas de captación de plusvalías y los impuestos a los inmuebles desaprovechados existen en la letra, pero su aplicación ha sido mínima, manteniendo el costo del suelo como el principal obstáculo para la vivienda de interés social.
2. Carencia de un marco de financiamiento público no mercantilizado: La banca pública no ha sido reformada para asumir de forma categórica su rol social. Sigue faltando un Fondo Nacional de Vivienda y Hábitat (FONAVIH) con capitalización permanente y blindaje institucional. La ausencia de una línea de crédito hipotecario estable, masiva y de largo plazo (30 a 40 años), con tasas reales subsidiadas, excluye a amplios sectores de ingresos medios y bajos.
3. Burocracia y descentralización estancada: Persiste una lentitud y descoordinación frustrantes entre los distintos niveles de gobierno en la aprobación de proyectos. La prometida simplificación de trámites y la descentralización efectiva de la gestión del hábitat continúan siendo un cuello de botella.

1. Blindaje normativo y financiero: Impulsar una Ley Nacional de Acceso a la Vivienda y al Hábitat Digno que institucionalice el FONAVIH e incorpore de forma efectiva la función social de la propiedad.
2. Racionalización del crédito social: Reestructurar la banca hipotecaria pública para priorizar el crédito social, con tasas subsidiadas y plazos de repago extensos.
3. Gestión intersectorial obligatoria: Crear Unidades de Gestión Interministerial con poder vinculante, que aseguren proyectos integrales y agilicen trámites.

Por Susana Toricez

Entre la indiferencia oficial y la resignación ciudadana, la calle se volvió un lugar sin reglas.

Siempre me pregunté cuál era la razón por la que un montevideano común, el que paga sus impuestos, está obligado, entre otras cosas, a bajar a la calle corriendo riesgos porque las veredas están ocupadas por personas en situación de calle, durmiendo plácidamente.

Me lo cuestioné muchas veces, sin respuesta.
Y desistí.

Hasta que empecé a observar que estamos rodeados de personas perdidas en sus adicciones, con todo tipo de carencias, absolutamente ausentes y sin perspectivas de recuperación.
Y también desistí.

Hace ya un tiempo que, lamentablemente, me convencí de que si el Estado no interviene con mayor dedicación, estas personas no tienen salida.

Es evidente que el gran omiso es el Estado, que no ha hecho nada contundente por estas personas y que los programas que se crearon quedaron por el camino, sin prosperar.
Ante esto, también desistí de intentar algo que modificara esa realidad.

Porque para legislar sobre el tema están nuestros representantes, los que, claro está, no nos representan como sería de esperar.
Y hoy la mayoría de los montevideanos padecemos ese paisaje urbano del que formamos parte involuntariamente.

Es verdad que existen lugares destinados a que las personas indigentes duerman, coman y se bañen.
Pero, por diferentes razones, no concurren. Y así es como quedan a la deriva.

Pasa lo mismo con las adicciones y con la salud mental, con la diferencia de que tampoco se han creado lugares físicos adecuados para atender estas problemáticas.
Es muy triste, pero es real.

Y es aquí donde comprobamos la omisión estatal que hace que los montevideanos —los que mantenemos la comuna— nos veamos obligados a tener como vecinos a personas indigentes y adictas, sin que a nadie le interese respetar nuestros derechos humanos, tan vulnerados.

Y así como existen ciudades dormitorio, en Montevideo ahora existen calles dormitorio.
“Alojamientos” pagados por usted y por mí, sin derecho a reclamo alguno.

Las personas en situación de calle, claramente, han ganado la pulseada.

Por Alvaro Valverde Urrutia

En el interior del Mercosur conviven hoy miradas distintas sobre el sentido del proceso de integración y sobre su futuro. Aunque ningún Estado Parte cuestiona abiertamente la existencia del bloque, sí existen desacuerdos profundos acerca de su funcionamiento, su grado de apertura y su capacidad de adaptarse al contexto internacional actual.

El Mercosur fue concebido como un proyecto de integración profunda, con la idea de coordinar políticas económicas, productivas y comerciales de manera sostenida. Sin embargo, la práctica ha mostrado tensiones permanentes entre la protección de intereses nacionales y la búsqueda de beneficios colectivos regionales. Cada Estado Parte proyecta una visión propia sobre el bloque, y estas diferencias condicionan sus decisiones y expectativas futuras.

Argentina concibe al Mercosur, en términos generales, como una herramienta de protección económica y política. Para el Estado argentino, el bloque sigue siendo clave para sostener sectores industriales, resguardar el empleo y evitar una apertura comercial considerada riesgosa para su estructura productiva. Desde esta mirada, la integración regional no debe debilitarse en favor de acuerdos bilaterales que puedan erosionar el arancel externo común o fragmentar al bloque. Sin embargo, esta postura suele ser criticada por su tendencia a priorizar intereses internos de corto plazo, lo que termina afectando la dinámica regional.

El reciente alineamiento político de Argentina con Estados Unidos, a través del vínculo entre los presidentes Milei y Trump, genera efectos mixtos dentro del bloque regional.

Por un lado, puede ser percibido como positivo, ya que funciona como señal de apertura externa y presión para modernizar el Mercosur, mostrando que los Estados Parte podrían explorar nuevas dinámicas comerciales y políticas sin quedar paralizados por consensos internos rígidos. También refuerza la visibilidad de Argentina en escenarios internacionales y puede incentivar debates sobre flexibilización y eficiencia en la toma de decisiones.

Por otro lado, existen riesgos claros para la cohesión del bloque. La orientación bilateral hacia Estados Unidos acentúa tensiones con socios tradicionales, que podrían percibir un debilitamiento del compromiso argentino con el arancel externo común y la integración regional. Esto podría generar desconfianza y ralentizar negociaciones conjuntas, al mismo tiempo que expone al Mercosur a fragmentaciones o rivalidades internas si otros países buscan alternativas externas.

En síntesis, el acercamiento entre los presidentes Milei y Trump no rompe formalmente al Mercosur, pero introduce un factor de presión política y estratégica que podría acelerar reformas si se maneja con cuidado o agravar las fricciones internas si se interpreta como un desafío a la unidad regional.

Brasil mantiene una posición más ambigua. Por un lado, reconoce al Mercosur como un espacio estratégico de liderazgo regional y como una plataforma de negociación internacional. Por otro, sectores políticos y económicos brasileños consideran que el bloque se ha vuelto lento y poco funcional frente a un mundo cada vez más competitivo. Brasil no plantea una ruptura, pero sí muestra interés en un Mercosur más flexible, capaz de negociar acuerdos externos sin quedar paralizado por consensos difíciles de alcanzar.

Paraguay y Uruguay expresan con mayor claridad su malestar con el actual funcionamiento del bloque. Para ambos países, el Mercosur ha dejado de ser una herramienta eficaz de inserción internacional. Consideran que el exceso de normas, las decisiones demoradas y la rigidez del esquema comercial limitan sus posibilidades de crecimiento.

Uruguay, en particular, ha planteado la necesidad de habilitar acuerdos comerciales por fuera del bloque, mientras que Paraguay comparte la crítica al estancamiento, aunque con una postura diplomática más moderada.

Estas posiciones reflejan un problema de fondo: el Mercosur fue concebido como un proyecto de integración profunda, pero nunca logró avanzar de manera sostenida hacia una verdadera coordinación económica y productiva. El resultado es un bloque que protege, pero no integra plenamente, y que negocia, pero con grandes dificultades.

La pregunta central es si el Mercosur seguirá estancado o si existen posibilidades de renovación. La respuesta no es simple. El estancamiento es una posibilidad real si persisten las desconfianzas internas y la falta de consensos estratégicos. No obstante, también existen oportunidades de relanzamiento, especialmente si los Estados Parte aceptan una reforma gradual que combine protección regional con mayor flexibilidad externa, integración productiva y reglas más claras.

En definitiva, el futuro del Mercosur dependerá menos de los discursos formales y más de decisiones políticas concretas. Renovar el bloque es posible, pero implica asumir costos internos, redefinir prioridades nacionales y aceptar que el modelo actual muestra signos de agotamiento. Persistir en la inercia puede resultar, a mediano plazo, más costoso que encarar las reformas que hoy se postergan.

El triunfo de Kast abrió un nuevo ciclo político y dio inicio a una transición marcada por gestos de institucionalidad.

El 14 de diciembre de 2025 marcará un punto de inflexión en la historia política chilena contemporánea. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, José Antonio Kast —candidato del espectro de la derecha política— obtuvo una victoria clara y decisiva sobre la representante de la alianza de izquierda, Jeannette Jara, al lograr alrededor del 58 % de los votos frente al 42 % de su rival. Este resultado representa una de las mayores oscilaciones hacia la derecha desde el retorno de la democracia chilena en 1990 y refleja un contexto de creciente demanda ciudadana por prioridades como seguridad, control migratorio y orden público.

El contexto electoral y las claves del triunfo

Kast, abogado de formación y referente político de larga trayectoria en la derecha chilena, construyó su campaña electoral en torno a temas que concitan preocupación entre amplios sectores de la ciudadanía: la percepción de inseguridad, la presencia de migración irregular y la necesidad de redefine políticas económicas. Su discurso fue calibrado para ampliar su base de apoyo más allá de los sectores tradicionalmente conservadores, con promesas de “orden y estabilidad” que resonaron con votantes que priorizan respuestas concretas a problemas cotidianos.

Este resultado electoral se produce tras un ciclo político en el que el presidente saliente, Gabriel Boric, enfrentó niveles de desaprobación derivados de tensiones económicas y sociales, así como de expectativas no resueltas durante su mandato. La elección de Kast, en este sentido, no solo se interpreta como un respaldo a un candidato concreto, sino también como una respuesta ciudadana ante demandas percibidas por seguridad y eficacia de las políticas públicas.

Primer discurso: tonos de unidad y prioridades claras

En su primer discurso como presidente electo, Kast adoptó un tono que buscó transmitir unidad nacional y respeto institucional. Al dirigirse a sus simpatizantes, enfatizó que “no ganó una persona, sino Chile”, en un intento por subrayar que su mandato debía ser interpretado como resultado de una expresión democrática amplia. También instó a respetar la diversidad de opiniones y a “forjar un rumbo común” para enfrentar los desafíos que el país enfrenta, desde la inseguridad hasta la cohesión social.

En sus declaraciones, Kast resaltó la importancia de la continuidad del Estado democrático, incluso en medio de un cambio político significativo, y planteó la necesidad de trabajar con todos los sectores para abordar problemas estructurales. La retórica oficial estuvo centrada en el estado de derecho y el diálogo político, en línea con una visión institucional de su ejercicio de gobierno entrante.

Encuentro con Boric: transición ordenada

El lunes 15, apenas un día después de la elección, Kast y el presidente Gabriel Boric se reunieron en el Palacio de La Moneda para iniciar formalmente el proceso de transición presidencial. El encuentro fue descrito por ambas partes como constructivo y respetuoso, con un claro énfasis en la importancia de asegurar una transferencia de poder ordenada y sin sobresaltos.

Boric, en su intervención, subrayó que pese a las diferencias ideológicas, la continuidad del Estado y de las instituciones democráticas es un pilar fundamental para Chile, y expresó su agradecimiento por la disposición al diálogo del presidente electo. Kast, por su parte, valoró la reunión como una oportunidad para comprender en mayor profundidad los desafíos concretos del Ejecutivo y la forma en que podrá “cuidar la institucionalidad” desde su administración entrante.

El tono de este primer encuentro contrasta con episodios de polarización política intensa que han marcado el panorama electoral chileno en años recientes. La disposición pública de ambos líderes a mantener un diálogo respetuoso y colaborativo durante la transición es interpretada por analistas como una señal de madurez institucional y compromiso con la estabilidad democrática.

Desafíos y expectativas hacia el nuevo mandato

Con la mirada puesta en su asunción formal el 11 de marzo de 2026, Kast enfrenta el reto de traducir su mandato electoral en políticas públicas efectivas en un contexto de Congreso dividido y demandas sociales diversas. Expertos coinciden en que, más allá del discurso de unidad, la gobernabilidad dependerá de la capacidad del nuevo presidente para negociar acuerdos transversales y abordar temas como la seguridad ciudadana, la política migratoria y la economía con pragmatismo.

El sector empresarial chileno ha recibido con optimismo la noticia del triunfo, reflejado en la respuesta positiva de los mercados financieros y la moneda local, que se fortalecieron tras la confirmación de la victoria presidencial. Sin embargo, economistas advierten que las expectativas ciudadanas serán exigentes, y que la percepción de resultados tangibles en los primeros meses será crucial para consolidar un clima de confianza política y social.

El triunfo de José Antonio Kast en Chile significa un giro hacia la derecha en el arco político del país, resultado de una combinación de factores estructurales y coyunturales que configuraron la voluntad popular. Más allá de las preferencias ideológicas, la decisión democrática expresa una demanda por respuestas claras a problemas concretos, y el desafío para el presidente electo será equilibrar la implementación de sus propuestas con la preservación de la cohesión institucional y social.

La transición con Gabriel Boric, en un clima de respeto institucional, subraya que las sociedades democráticas pueden gestionar alternancias de poder incluso en contextos de profunda divergencia política. El verdadero test para Chile será si este nuevo ciclo puede traducirse en políticas que respondan a las aspiraciones ciudadanas sin erosionar los consensos básicos que sostienen la convivencia democrática.

La tragedia de Bondi Beach reabrió el debate sobre seguridad, antisemitismo y responsabilidad gubernamental.

El 14 de diciembre de 2025 Australia vivió su ataque terrorista más mortal en casi 30 años en la playa de Bondi Beach, en Sídney, durante una celebración de Janucá organizada por la comunidad judía local. La escena, que debía ser de alegría familiar junto al mar, se convirtió en un tiroteo masivo en el que murieron al menos 16 personas, entre ellas una niña de 10 años, y más de 40 resultaron heridas. Las autoridades australianas clasificaron el hecho como un ataque terrorista con motivación antisemita.

¿Qué ocurrió exactamente?

Según investigaciones preliminares, dos hombres armados abrieron fuego contra la multitud que asistía al evento. Los atacantes fueron identificados como Sajid Akram (50) y su hijo Naveed Akram (24). Las fuerzas de seguridad respondieron al tiroteo tras varios minutos de intercambio de disparos; Sajid Akram murió en el lugar por la policía, mientras que su hijo fue herido y hospitalizado bajo custodia.

Además de los rifles y escopetas utilizados, la policía halló un artefacto explosivo improvisado en el vehículo de los sospechosos y banderas hechas a mano del Estado Islámico (ISIS), lo que, para las autoridades, sugiere una inspiración ideológica vinculada al terrorismo internacional.

Contexto: clima hacia los judíos en Australia

La comunidad judía australiana, aunque pequeña comparada con otros países occidentales, ha expresado en los últimos años una preocupación creciente por el antisemitismo. Líderes religiosos y organizaciones comunitarias advirtieron sobre casos de intimidación, discurso de odio y polarización —tendencias que, según algunas voces, no siempre recibieron una respuesta preventiva adecuada por parte de las autoridades.

Antes del atentado, Australia mantenía niveles moderados de restricción de armas y un entorno de seguridad interno relativamente estable. Sin embargo, expertos en seguridad señalaron que los cambios geopolíticos y la radicalización de individuos aislados habían llevado al país a reexaminar su capacidad de anticipar ataques de este tipo.

¿Era previsible?

La pregunta sobre si este ataque era previsible es compleja. Por un lado, Australia había mantenido desde el histórico tiroteo de Port Arthur en 1996 algunas de las leyes de control de armas más estrictas del mundo, lo que redujo dramáticamente los incidentes de violencia con armas largas durante décadas.

No obstante, organismos de inteligencia y líderes comunitarios habían alertado sobre un aumento en el discurso antisemita y la radicalización de ciertos individuos, en parte alimentado por tensiones internacionales y polarización en redes sociales. El primer ministro y expertos admiten que estos avisos no siempre se tradujeron en medidas preventivas suficientes para frenar un ataque de estas características.

Los atacantes: quiénes fueron

Los informes indican que el padre, Sajid Akram, poseía licencia legal para varias armas de fuego, mientras que su hijo Naveed había estado bajo observación de las autoridades de inteligencia australiana (ASIO) en años recientes, aunque no se lo consideraba una amenaza inmediata antes del ataque.

La motivación concreta sigue bajo investigación, pero la presencia de material asociado al Estado Islámico y la selección deliberada de una festividad judía ha llevado a las autoridades a calificar el ataque como terrorismo antisemita de inspiración yihadista.

El héroe del atentado

Entre el caos, surgió una figura que muchos consideran un símbolo de resistencia: Ahmed al Ahmed, un inmigrante sirio —y musulmán— de 43 años y comerciante local que presenció el ataque y, sin entrenamiento policial, corrió hacia uno de los tiradores, lo derribó y le quitó su arma, retrasando significativamente la acción violenta y probablemente salvando muchas vidas. Fue herido en el proceso y actualmente se encuentra hospitalizado.

Las autoridades, incluido el primer ministro Anthony Albanese, lo han elogiado públicamente como un “verdadero héroe de la vida real”.

Responsabilidad del gobierno australiano

El gobierno se enfrenta a críticas internas y externas sobre si estaba preparado para un ataque de este tipo. Mientras las autoridades sostienen que los niveles de amenaza no justificaban una alerta mayor en Bondi Beach, expertos en seguridad y grupos comunitarios reclaman que las señales de radicalización deberían haber llevado a una vigilancia e intervención más activa.

Además, el ataque ha reabierto el debate sobre las leyes de control de armas, ya que los perpetradores obtuvieron legalmente múltiples armas de fuego pese a antecedentes que, para algunos críticos, deberían haber activado mayores restricciones.

Memoria y acción

El atentado de Bondi Beach no es solo una tragedia humana de dimensiones devastadoras, sino un momento de inflexión para Australia y las democracias occidentales. Cada víctima —desde niños hasta sobrevivientes del Holocausto— representa generaciones de historia, familias y futuros arrebatados por un acto de odio que pudo haber sido advertido y prevenido con políticas de seguridad y cohesión social más robustas.

Australia debe honrar la memoria de los caídos no solo con condenas simbólicas, sino con acciones concretas: reforzar la inteligencia comunitaria, combatir el antisemitismo y otras formas de odio, revisar de manera crítica las normas de tenencia de armas y educar en valores de inclusión y respeto. Una sociedad que escucha las advertencias de sus comunidades antes de que el odio se convierta en violencia puede defender mejor su cohesión y libertad. Este no puede ni debe ser un evento aislado en la memoria colectiva, sino un llamado a la vigilancia democrática permanente.

Rodrigo Paz anunció el fin de los subsidios a los combustibles en Bolivia y declaró la emergencia económica, desencadenando una respuesta dividida entre mercados, sindicatos y organizaciones sociales.

En un mensaje televisado, el presidente Rodrigo Paz Pereira formalizó el fin de los subsidios a los combustibles, política que rigió por más de dos décadas en Bolivia y que ha marcado la vida económica y política del país sudamericano desde el mandato del Movimiento al Socialismo (MAS). Paz, que asumió la presidencia el 8 de noviembre de este año, declaró además una emergencia económica, financiera, energética y social, argumentando que las condiciones heredadas —inflación elevada, escasez de combustibles, reservas de dólares deprimidas y un déficit fiscal profundo— exigían medidas drásticas para estabilizar la economía nacional.

El mandatario defendió el ajuste como una decisión difícil pero necesaria para garantizar el abastecimiento, ordenar las cuentas públicas y establecer precios “claros y transparentes” para los hidrocarburos en Bolivia, presentando la eliminación de un subsidio que costaba al Estado más de 2.000 millones de dólares anuales. En su discurso, Paz insistió en que la eliminación de los subsidios no significaba abandono del pueblo, sino un paso hacia la justicia distributiva y la sostenibilidad fiscal.

Contenido esencial del discurso

Según el propio mensaje presidencial, los principales elementos anunciados fueron:

• Fin inmediato de los subsidios al diésel y la gasolina, rompiendo con un esquema de precios fijos vigente desde principios de siglo que había drenado las reservas estatales y contribuido a la escasez física de combustibles.

• Declaración de emergencia económica, social y energética, que habilita al Ejecutivo a tomar medidas rápidas para enfrentar la crisis.

• Permitir la importación directa de diésel por el sector privado, tras retirar al combustible del régimen de Sustancias Controladas, con el objetivo de aliviar la oferta y fomentar la competencia en mercados clave.

• Reformas fiscales y de gasto, incluyendo retomar prioridades presupuestarias y compromisos con disciplina macroeconómica.

• Aumento del salario mínimo en aproximadamente un 20%, anunciado en el mismo paquete de medidas, con el objetivo de amortiguar el impacto social del ajuste estructural.

A la par, el presidente presentó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar la supuesta corrupción en el sector de hidrocarburos durante gobiernos anteriores del MAS, reforzando la narrativa de que la crisis actual tiene raíces tanto estructurales como éticas.

Impacto económico inmediato

• Incremento en los costos de transporte y logística, con repercusiones en alimentos, bienes de consumo y productos básicos.
• Presión inflacionaria adicional a corto plazo, en un contexto donde la inflación ya registra cifras que rondan niveles altos.
• Posible alivio fiscal en mediano plazo, al disminuir el drenaje de las reservas y liberar recursos para gasto social prioritario.

Repercusiones políticas y sociales

• Sectores empresariales y mercados financieros recibieron el paquete de medidas con expectativas positivas, valorando la disciplina fiscal como una base para la recuperación económica.
• Organizaciones sociales, sindicatos y movimientos populares expresaron preocupación y rechazo ante la eliminación de subsidios, advirtiendo que los ajustes de precios pueden traducirse en un aumento del costo de la vida y menor capacidad de consumo de los hogares.
• Transportistas y gremios de trabajadores han señalado la posibilidad de ajustes en tarifas de pasajes y servicios, como respuesta obligada al incremento de los costos de operación.
• Sectores de izquierda y organizaciones vinculadas históricamente al MAS han convocado a la protesta, argumentando que las reformas afectan los derechos sociales conquistados en años previos y representan un giro drástico de política que profundiza desigualdades.

Balance preliminar

Entre afirmaciones grandilocuentes y realidades contradictorias, Trump insiste en un discurso polarizador, que apela a emociones primarias, típico de los líderes populistas.

El 17 de diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronunció un discurso a la nación desde la Casa Blanca que fue retransmitido en horario de máxima audiencia. La alocución, de carácter político más que estrictamente institucional, estuvo centrada en ensalzar los logros de su primer año de gobierno, advertir de riesgos y proyectar una visión de Estados Unidos como fuerza incomparable en el mundo.

La narrativa de “hemos ido de lo peor a lo mejor”

El discurso fue dominado por una narrativa repetida a lo largo de su carrera: la idea de que su gestión ha resuelto, o está resolviendo, problemas que otros presidentes no supieron atender. Trump insistió en que heredó una situación catastrófica y que, bajo su liderazgo, los Estados Unidos han pasado “de lo peor a lo mejor”.

Aunque este tono triunfalista buscó proyectar confianza, numerosas exageraciones fueron señaladas por la prensa internacional. Por ejemplo, se hicieron afirmaciones amplias sobre la economía y la inmigración sin un sustento claro en datos verificables, repitiendo el estilo de discursos anteriores donde se mezclan hechos con interpretaciones altamente tendenciosas.

Un enfoque autocentrado y polarizante

En su dirección, Trump dedicó gran parte de su retórica a culpar a su predecesor, Joe Biden, por la situación económica y otros desafíos internos. La crítica explícita al “desorden” dejado por los demócratas se combinó con promesas vagamente formuladas sobre un “boom económico” futuro y beneficios como un pago de $1.776 a miembros del servicio militar antes de Navidad, que relacionó con ingresos arancelarios, aunque con pocos detalles concretos.

En materia de inmigración, el presidente recurrió a una retórica de confrontación, acusando a inmigrantes indocumentados de “robar empleos” y aumentar costos para los contribuyentes —un argumento repetido en discursos previos y que carece de respaldo empírico sólido según múltiples informes económicos independientes.

La “pax americana”: proyección de poder y tensiones globales

Si bien gran parte del discurso se centró en asuntos internos, el contexto internacional no estuvo ausente. Los últimos días previos al discurso estuvieron marcados por una escalada de tensiones con Venezuela, donde la administración Trump anunció una “bloqueo total” de buques petroleros sancionados y desplegó activos navales en la región, una medida que ha sido interpretada por críticos como una forma de presión encubierta más que como una decisión estratégica clara.

Estas acciones refuerzan una idea de Trump de una “pax americana” basada en la capacidad geoestratégica y militar de Estados Unidos, en la que Washington se sitúa como árbitro global capaz de imponer condiciones y castigar gobiernos que considera adversarios. Esta lógica remite a concepciones tradicionales de supremacía estadounidense —una interpretación de influencia global que puede entenderse como derivada de la Doctrina Monroe, el rol de grupo occidental tras la Segunda Guerra Mundial y, más recientemente, de la hegemonía posterior a la Guerra Fría—, pero adaptada a una visión mucho más unilateral.

Falsedades, simplificaciones y megalomanía retórica

El discurso de Trump no fue ajeno a exageraciones y afirmaciones cuestionables —una característica que se observa en muchos de sus discursos anteriores, tanto en contextos de campaña como institucionales—. Por ejemplo, las descripciones de un futuro económico resplandeciente, o la atribución de todos los problemas anteriores a un solo gobierno demócrata, carecen de la contextualización o matices necesarios para ser considerados análisis rigurosos.
Históricamente, investigaciones sobre el estilo discursivo de Trump muestran que utiliza patrones repetitivos, lenguaje polarizador y acusaciones simplificadoras que tienden a enfatizar lo conflictivo y lo emocional por encima de lo analítico. Este tipo de retórica es consistente con estudios que encuentran un uso atípico del lenguaje político, caracterizado por mayor antagonismo y repetición de frases breves que apelan a emociones fuertes.

Lo que refleja políticamente hoy

El discurso recogió la tónica actual de la política estadounidense: una sociedad dividida, con un presidente que busca energizar a su base argumentando que está rescatando al país de un caos previo y que su liderazgo es indispensable para el futuro. Esta narrativa se sostiene en la polarización política: el adversario —ya sea un partido o un grupo demográfico— es presentado como causa de casi todos los males, mientras que el propio liderazgo se idealiza sin suficientes explicaciones concretas o planes detallados.

Esa estrategia comunica una visión del poder en la que Estados Unidos debe ser grande de nuevo, no solo internamente, sino externamente a través de la fuerza y la presión política y militar. La proclamación de una supuesta “pax americana” autoimpuesta no solo remarca la confianza en la superioridad estadounidense, sino que también sugiere una disposición a ejercer liderazgo global sin mucha consulta multilateral, lo que puede tensionar relaciones con América Latina, Europa y Asia.

Expectativas futuras: ¿estabilidad o mayor polarización?

Políticamente, este estilo discursivo tiene dos efectos simultáneos: por un lado, consolida el apoyo del núcleo duro de su base electoral, al presentarse como la figura que se enfrenta a enemigos internos y externos; por otro, amplía la brecha con sectores moderados y opositores que ven en este discurso una falta de realismo y una tendencia a simplificar problemas complejos.

En términos de políticas públicas, la combinación de mensajes grandilocuentes y declaraciones a veces poco precisas dificulta la construcción de consensos amplios, tanto dentro de Estados Unidos como en el plano internacional. Esto plantea un futuro político en el que las divisiones internas podrían traducirse en una diplomacia más asertiva o incluso más confrontacional, con menor margen para la cooperación tradicional que caracterizó a la política exterior estadounidense durante décadas.