Las políticas sociales pueden discutirse desde muchas perspectivas: su cobertura, su monto, su eficacia o su financiamiento. Pero hay un principio que debería estar fuera de toda controversia: cuando el Estado destina recursos públicos a un objetivo específico, tiene la obligación de poder demostrar que esos recursos efectivamente sirvieron para alcanzarlo. Ese principio es el que el gobierno parece dispuesto a abandonar.

La Rendición de Cuentas propone sustituir, para miles de hogares vulnerables, un sistema que al menos conservaba cierto grado de trazabilidad del gasto por otro en el que el dinero llegará mediante transferencias bancarias o efectivo, sin restricciones sobre su utilización. El argumento oficial es conocido: las familias deben tener libertad para decidir cuáles son sus necesidades y controlar ese gasto sería una forma de paternalismo.

El planteo resulta atractivo como consigna política, pero profundamente equivocado como criterio de administración pública.

Porque la trazabilidad no existe para controlar a los pobres: existe para controlar al Estado.

Los recursos que financian esas prestaciones no pertenecen al gobierno. Son recursos aportados por toda la sociedad mediante impuestos con una finalidad claramente definida por el Parlamento: proteger el desarrollo de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Cuando el Estado renuncia a verificar si esos recursos efectivamente contribuyen a ese objetivo, deja de administrar una política pública para convertirse simplemente en un distribuidor de dinero.

Y esa diferencia no es menor.

Una política pública no se define por el monto que distribuye, sino por los resultados que obtiene.

Para saber si esos resultados existen es indispensable poder evaluar. Y para evaluar es imprescindible contar con algún grado de trazabilidad. No porque todos los beneficiarios vayan a utilizar mal los recursos, sino porque el administrador público tiene el deber de demostrar que los fondos públicos cumplieron el propósito que justificó extraerlos del bolsillo de los contribuyentes.

Ese es el verdadero debate.

No se trata de sospechar de las familias. Se trata de exigir responsabilidad al Estado.

El falso argumento del “paternalismo” y el “clasismo”

El ministro Gonzalo Civila advirtió contra el riesgo de caer en una forma de “paternalismo”. Y el ministro Gabriel Oddone hizo lo mismo, agregando advertía en esos planteos “un tema de clase”.

Sin embargo, esa caracterización confunde dos planos completamente distintos.

El paternalismo supone sustituir la voluntad de una persona por la decisión de otro respecto de su propia vida. Aquí nadie propone eso.

Lo que se plantea es algo mucho más elemental: si un programa presupuestal fue creado para mejorar la alimentación, la salud, el desarrollo o las condiciones de vida de niños vulnerables, el Estado debe poder acreditar que los recursos asignados mantienen una razonable vinculación con esos fines.

No se controla a la persona: se controla el cumplimiento del objetivo de la política pública.

La diferencia es sustancial.

En cuanto a la caracterización de “clasismo”, hasta parece indigno del ministro Oddone.

Ninguna otra política pública funciona sin evaluación

Resulta llamativo que quienes reclaman indicadores, monitoreos y auditorías para prácticamente todas las áreas del Estado sostengan ahora que resulta improcedente verificar el destino de recursos destinados específicamente a la infancia.

El Estado controla de todo un poco. ¿Por qué habría de ser inadmisible controlar la eficacia de una política dirigida precisamente a quienes se pretende proteger?

La respuesta parece ser que hacerlo implicaría desconfiar de los beneficiarios. Pero esa conclusión no se sigue de ninguna parte.

Las auditorías, por ejemplo, no existen porque todos sean deshonestos. Existen porque toda administración responsable debe poder rendir cuentas.

Libertad y responsabilidad no son incompatibles

El secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, sostuvo que una madre puede necesitar utilizar esos recursos para pagar una pensión o un boleto para ir a trabajar. Nadie discute que esas situaciones existan.

Lo discutible es construir toda una política pública sobre ejemplos individuales. Porque las políticas públicas deben diseñarse para millones de decisiones, no para casos particulares.

Naturalmente, ninguna regulación puede prever todas las necesidades de una familia. Pero tampoco puede concluir, por esa razón, que toda trazabilidad carece de sentido.

Entre el control absoluto y la ausencia total de control existe un amplio espacio para mecanismos inteligentes de seguimiento, evaluación y corrección.

Renunciar a ellos no amplía derechos: reduce la capacidad del Estado para saber si está cumpliendo su misión.

La escuela no es una condición burocrática: es la salida de la pobreza

Hay un aspecto que sorprendentemente ha quedado relegado en este debate.

La verdadera política contra la pobreza no consiste en transferir dinero. Consiste en romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y para ello no existe instrumento más poderoso que la educación.

Durante décadas Uruguay entendió que las asignaciones familiares —creadas por iniciativa del gobierno de Amézaga en 1943— no han sido simplemente una ayuda económica. Han sido también un mecanismo para vincular a los niños con la escuela y con los controles de salud. No son un castigo ni una sanción: son el reconocimiento de que el interés superior del niño exige algo más que un ingreso monetario.

La escuela pública, laica, gratuita y obligatoria no es apenas una institución educativa. Es el principal instrumento de igualdad que ha construido la República desde José Pedro Varela.

Cuando un niño abandona la escuela, la pobreza deja de ser una circunstancia y comienza a convertirse en destino.

Por eso resulta tan preocupante que el debate se concentre exclusivamente en la libertad para gastar el dinero y no en la obligación del Estado de garantizar que ningún niño quede fuera del sistema educativo.

La experiencia demuestra, además, que cuando la escuela sale a buscar al niño que desertó logra recuperar a una parte muy importante de esos alumnos. Eso significa que todavía existe una oportunidad de cambiar trayectorias de vida.

Sin escuela, ninguna política social alcanza. Sin escuela, las transferencias alivian el presente, pero no modifican el futuro.

Combatir la pobreza infantil exige mucho más que distribuir recursos. Exige asegurar que cada niño permanezca dentro del sistema educativo y acceda efectivamente a los controles de salud que hacen posible su desarrollo.

Porque el verdadero objetivo nunca fue repartir dinero. Siempre debió ser ampliar oportunidades.

La evidencia no sustituye la obligación de administrar

El gobierno invoca estudios que muestran que la inmensa mayoría de las familias beneficiarias utiliza adecuadamente las transferencias y no incrementa consumos considerados superfluos. Esa evidencia merece ser tenida en cuenta.

Pero aun aceptándola plenamente, la conclusión sigue siendo la misma. Las políticas públicas no se diseñan únicamente para los casos promedio. Se diseñan para asegurar que los recursos públicos lleguen de la manera más eficiente posible al objetivo que los justifica.

La buena fe de la mayoría nunca elimina la obligación de administrar correctamente.

Si así fuera, tampoco serían necesarias auditorías, controles financieros o tribunales de cuentas.

Tampoco es correcto presentar esta reforma como si inaugurara un sistema más moderno. Las asignaciones aamiliares existen en Uruguay desde hace más de cuatro décadas y siempre estuvieron asociadas al cumplimiento de obligaciones vinculadas a la educación y la salud de los menores. Incluso el propio sistema que el gobierno propone unificar mantiene parcialmente esas contraprestaciones.

La verdadera novedad no consiste en fortalecer esas exigencias, sino en eliminar los instrumentos que permitían conservar un grado razonable de trazabilidad sobre una parte importante de las prestaciones destinadas específicamente a la infancia.

Lo verdaderamente importante

Existe, además, una discusión mucho más profunda.

Las transferencias monetarias alivian situaciones urgentes. Pero difícilmente transformen por sí solas las causas estructurales de la pobreza.

Educación, empleo, salud, vivienda, cuidados y desarrollo territorial siguen siendo los verdaderos instrumentos para quebrar la transmisión intergeneracional de la vulnerabilidad.

Precisamente por eso, cuanto más limitada es la capacidad transformadora de una transferencia de dinero, mayor debería ser la preocupación por verificar que cumpla efectivamente el objetivo para el cual fue concebida.

La política social no puede reducirse a depositar dinero y esperar que todo salga bien. Porque entonces deja de ser una política pública y pasa a ser, simplemente, una transferencia sin responsabilidad.

La libertad de las familias merece todo el respeto. La renuncia del Estado a rendir cuentas sobre el destino y la eficacia del dinero público, no.

Pero, reiteramos, la política social no puede reducirse a transferir dinero. Debe crear capacidades. Y la primera de ellas sigue siendo la misma que la República descubrió hace casi ciento cincuenta años: que un niño en la escuela vale infinitamente más que cualquier transferencia que lo mantenga fuera de ella.

La asistencia puede aliviar la pobreza; sólo la educación puede derrotarla.

Por Julio María Sanguinetti

El expresidente Julio María Sanguinetti sostiene que el intento del gobierno de recurrir al Ejército para reforzar la seguridad pública terminó diluido por las resistencias ideológicas dentro del Frente Amplio. A su juicio, el dogmatismo del oficialismo desactiva una y otra vez las iniciativas de cambio, incluso frente a problemas tan urgentes como la creciente violencia vinculada al narcotráfico.

La mentalidad frentista, su núcleo duro de pensamiento, hecho de emociones y corsés ideológicos, es inconmovible. Es de acero. Puede ocurrir lo que ocurra, que no la mueve nada ni nadie. Si Cuba es una catástrofe social y política sin igual, no importa; la idea se mantiene, la ejecución fue equivocada...

Naturalmente, la ciudadanía votante del Frente es más amplia que ese “núcleo”, pero este condiciona toda apertura, todo aquello que de algún modo afecte ese imaginario anacrónico que sigue en la Revolución de Octubre de San Petersburgo.

Los ejemplos se multiplican, pero hoy estamos ante uno muy simbólico de cómo opera. Nos referimos al apoyo militar a la acción policial contra una criminalidad que, vinculada a la droga, ha transformado nuestra realidad con una crueldad desconocida. La reciente matanza de cinco personas es emblemática.

El Presidente y el Ministro del Interior resolvieron que, ante el agravamiento de la situación, era necesario poner todos los recursos disponibles del Estado al servicio de la seguridad pública. Esa decisión involucraba al Ejército, para que apoyara la acción policial con sus medios.

La decisión respondía claramente a un reclamo ciudadano particularmente fuerte en los barrios más pobres, donde una parada de ómnibus es un desafío permanente o, simplemente, andar por la calle es vivir el riesgo de una balacera que alcanza a cualquiera.

El Ministro lo dijo en el Parlamento y todo el país imaginó que saldrían a la calle todos los blindados militares, en una presencia disuasiva que fortalecería la acción policial, intentaría mejorar el clima ambiente y mostraría una necesaria determinación de enfrentar el tema.

Las primeras noticias referían al uso de unos fantásticos blindados estadounidenses y se instaló el debate de si se requería permiso porque no estaban afectados sino a misiones de paz. Y, a partir de allí, comenzó una zarabanda kafkiana de dudas jurídicas mientras los guardianes de la ortodoxia iban limando el tema, paso a paso, estimulando el viejo reflejo antimilitarista que viene desde mucho antes de la dictadura y que, luego de ella, ha sobrevivido pese al Ministerio de Defensa de Eleuterio y la Presidencia de Mujica.

Por supuesto, nadie estaba planteando poner al Ejército en funciones policiales. Era algo análogo a su custodia perimetral de las cárceles, que en su tiempo se instaló exitosamente para impedir una cadena de fugas.

Seguramente habría que dictar un decreto para deslindar las responsabilidades y que quedara claro que el Ejército actuaba en apoyo de acciones policiales.

Algunos comenzaron a hablar de la militarización de los barrios e inmediatamente se salió a aclarar que nada de eso ocurriría. Y, como el propio Ministro Castillo dijo que era una mala señal la presencia del Ejército en la calle, se aclaró que no se trataba de eso.

Con esa aclaración ya quedó en claro que todo se iría licuando, porque justamente de lo que se trataba era de que la delincuencia sintiera que se iba en serio y la ciudadanía tuviera una sensación más reconfortante de su seguridad.

Pasan los días, las semanas, y se sigue hablando y hablando y aclarando.

Hoy lo único que sabemos es que hay cuatro vehículos dispuestos para ese operativo.

La licuadora ha logrado su objetivo y el gobierno pierde otra batalla en sus intentos de responder a los desafíos con cierta sensatez.

A esta altura ya se perdió el impacto psicológico. Lo que se pensaba que era algo importante, fuerte, removedor, que se advirtiera claramente, ha terminado en una iniciativa difusa, de corto alcance.

En este caso ha sido el reflejo antimilitarista. En otros, el prejuicio antiempresario, el antiyanquismo o la mentalidad colectivista, pero al final el dogmatismo casi siempre logra reducir todo cambio a poco y nada.

El viejo sueño revolucionario hace rato que murió. Pero desde el más allá sigue operando.

El gobierno de a ratos intenta. A veces el Ministro de Economía, que es el que alguna vez logra saltar la valla; en este caso, el Ministro del Interior. Pero al final todo queda como está.

A golpes de prejuicio o agitando los fantasmas de una dictadura que se fue hace cuarenta años, el dogmatismo marxista logra impedir que el país avance, aun en asuntos elementales del Estado.

El desafío no es convencer a los inconvencibles. Es hacer las cosas a su pesar. Mientras no se entienda y asuma, seguirán las temidas encuestas reflejando peligrosos estados de ánimo. No solo contra el gobierno. A veces contra el propio sistema, acusado de ineficacia.

Julio será, desde este año, el Mes de la República. Bajo la consigna “Cuatro fechas, cinco hitos, un mismo ideal”, el Partido Colorado convoca a todos los ciudadanos a celebrar los valores que han forjado nuestra tradición: la libertad, la democracia y el espíritu republicano.

A lo largo del mes recordamos cuatro fechas que marcaron la historia de Occidente y del Uruguay: la Independencia de los Estados Unidos y el nacimiento de Giuseppe Garibaldi (4 de julio), la Independencia de la Argentina (9 de julio), la Revolución Francesa (14 de julio) y la Jura de la primera Constitución de la República Oriental del Uruguay (18 de julio). Cinco hitos unidos por un mismo ideal: la defensa de la libertad y de las instituciones republicanas.

La actividad central se realizará el 24 de julio, a las 18.00, en la Casa del Partido Colorado, y contará con las exposiciones de María Eugenia Roselló, Fabrizio Pucciarelli, Conrado Rodríguez, Paula de Armas y Felipe Schipani, junto con la participación de Andrés Ojeda y Julio María Sanguinetti.

Los invitamos a ser parte de esta celebración y a renovar, entre todos, el compromiso con los principios que dieron origen a nuestra República y que siguen siendo el mejor camino para construir su futuro.

¡Los esperamos para celebrar juntos el Mes de la República!

El miércoles 15 de julio se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Luis Batlle Berres, una de las figuras más influyentes de la historia política uruguaya del siglo XX. A más de seis décadas de su muerte, su legado continúa suscitando debates, adhesiones y críticas, pero hay un punto en el que la historia parece haber alcanzado un consenso: Don Luis fue un líder de enorme talla, que interpretó como pocos las posibilidades y los desafíos del Uruguay de la posguerra.

Hablar de Luis Batlle Berres exige, antes que nada, comprender la época que le tocó vivir. Fue un hombre profundamente marcado por las circunstancias de un mundo que salía de la Segunda Guerra Mundial convencido de que el crecimiento económico, la expansión de los derechos sociales y la acción decidida del Estado podían garantizar prosperidad y cohesión. Su proyecto político no nació en el vacío ni fue una extravagancia ideológica: fue la expresión uruguaya de un clima intelectual que predominaba tanto en Europa occidental como en buena parte de América.

Heredero político de su tío, José Batlle y Ordóñez, Luis Batlle supo darle al batllismo un nuevo impulso. Si el primer batllismo había construido el Estado moderno, el segundo procuró adaptarlo a las condiciones de mediados del siglo XX, impulsando la industrialización, ampliando las oportunidades para las clases medias y fortaleciendo la capacidad del país para producir más allá de sus tradicionales exportaciones agropecuarias.

Pero Don Luis fue mucho más que un gobernante. Antes de llegar a la Presidencia ya era un dirigente popular formado en la radio y el periodismo. Desde Radio Ariel defendió apasionadamente la causa de la República Española frente al franquismo, apoyó a los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial y denunció con firmeza el fascismo y el nazismo cuando esas posiciones todavía exigían coraje político. También fue uno de los primeros líderes latinoamericanos en respaldar la creación del Estado de Israel, convencido de que la democracia y la libertad debían prevalecer sobre los totalitarismos.

Su llegada a la Presidencia en 1947, tras la muerte de Don Tomás Berreta, abrió uno de los períodos de mayor optimismo de la historia contemporánea del Uruguay. Fueron años de crecimiento económico, expansión de la enseñanza media, fortalecimiento de las clases medias, construcción de infraestructura y confianza en el futuro. El país vivía convencido de que podía desarrollarse mediante el trabajo, la educación y la incorporación de tecnología. No era casual que Luis Batlle hablara de “vivir una revolución”: entendía que la transformación económica y social podía lograrse dentro de la democracia y las instituciones republicanas.

Su política industrial suele analizarse hoy con la perspectiva que ofrece el tiempo. La estrategia de sustitución de importaciones sería posteriormente cuestionada por sus limitaciones y por las distorsiones que generó en economías pequeñas como la uruguaya. Sin embargo, juzgar aquellas decisiones exclusivamente con los parámetros actuales sería un ejercicio injusto. En los años cuarenta y cincuenta, prácticamente todo el mundo occidental apostaba por una fuerte participación estatal en la economía. Las restricciones derivadas de la guerra habían obligado a producir localmente numerosos bienes y, terminado el conflicto, muchos gobiernos entendieron que preservar ese tejido industrial era condición necesaria para el desarrollo nacional. Luis Batlle actuó, precisamente, como un hijo de ese tiempo.

Al mismo tiempo, mostró una fuerte vocación internacional. Defendió con energía el derecho del Uruguay a industrializarse frente a las grandes potencias económicas, sostuvo posiciones independientes en Naciones Unidas y mantuvo una firme defensa de la soberanía nacional. Su discurso nunca fue aislacionista: buscó insertar al país en el mundo sin resignar su capacidad de decisión.

También dejó una impronta muy clara en el plano institucional y político. Era un caudillo popular, cercano a la gente, capaz de recorrer el país entero conversando con trabajadores, comerciantes y productores. Esa cercanía explica, en parte, el afecto con que generaciones enteras lo llamaban simplemente “Luisito”. El apodo nreflejaba una relación de confianza y familiaridad pocas veces alcanzada por un dirigente político. Incluso adversarios históricos reconocieron esa dimensión humana. El historiador nacionalista Lincoln Maiztegui Casas llegó a definirse como “luisista”, reconociendo en Don Luis cualidades personales y políticas que trascendían las fronteras partidarias.

La derrota colorada de 1958 marcó el fin de una época. Sin embargo, incluso en la adversidad, Don Luis conservó intacta su voluntad de lucha y continuó recorriendo el país hasta los últimos días de su vida.

Su fallecimiento, el 15 de julio de 1964, conmocionó al Uruguay. Desaparecía un líder que había marcado durante casi dos décadas la vida nacional y que representaba una forma de entender la política basada en la acción permanente, el contacto con la ciudadanía y una inquebrantable fe en el país.

Recordar hoy a Luis Batlle Berres no significa ignorar que muchas de sus ideas económicas pertenecen a otro tiempo. Significa reconocer que los hombres públicos deben ser comprendidos en el contexto histórico que les tocó enfrentar. Por eso, más allá de las discusiones contemporáneas, permanece la figura de un dirigente excepcional: un demócrata convencido, un defensor de la libertad frente a los totalitarismos, un caudillo profundamente popular y un gobernante que vivió con la certeza de que el Uruguay podía aspirar siempre a un destino mejor. Ese fue, quizá, el rasgo más perdurable de Don Luis: haber encarnado, como pocos, el optimismo de toda una generación.

Durante años, Uruguay fue presentado como una excepción regional por la estabilidad de sus reglas de juego y la confianza que despertaba entre los inversores. Hoy, esa ventaja comparativa comienza a erosionarse. El último Índice de Clima Económico de la prestigiosa Fundación Getulio Vargas confirma un deterioro tan marcado que el país pasó a una zona desfavorable, consolidando una tendencia que ya advertían analistas privados y que amenaza con traducirse en menos inversión, menor crecimiento y menos empleo.

La semana pasada señalábamos, a partir de los análisis del Citi y del decano de la UCU Business School, Marcos Soto, que la inversión no espera. Cuando quienes deben decidir dónde colocar miles de millones de dólares perciben incertidumbre, simplemente buscan otros destinos. Esa advertencia encuentra ahora un respaldo particularmente significativo en un indicador internacional de enorme prestigio.

La Fundación Getulio Vargas (FGV), una de las instituciones académicas y de investigación económica más respetadas de América Latina, cuya producción es referencia habitual para gobiernos, organismos internacionales y empresas, acaba de publicar una nueva edición de su Índice de Clima Económico (ICE). El diagnóstico para Uruguay es preocupante.

El país registró el mayor deterioro de toda la región. Su indicador cayó hasta 77,5 puntos, casi 35 puntos menos que al cierre del año pasado, perforando el umbral de los 100 puntos que separa un clima favorable de uno desfavorable. Más aún: el índice quedó muy por debajo del promedio de la última década y lejísimos de los 139,4 puntos que exhibía apenas dos años atrás.

No se trata únicamente de una fotografía del presente. El informe también refleja un fuerte deterioro de las expectativas. La evaluación sobre la situación actual descendió de 100 a 80 puntos, mientras que las perspectivas para los próximos seis meses se desplomaron de 125 a apenas 75 puntos. Es decir, los especialistas consultados por la FGV no solo consideran que la coyuntura empeoró; también creen que el horizonte inmediato luce considerablemente menos atractivo.

Lo verdaderamente revelador es la comparación histórica.

Durante la pandemia, cuando prácticamente toda América Latina atravesaba una crisis sin precedentes, Uruguay seguía siendo destacado precisamente por la calidad de su clima de negocios. Incluso en medio de aquella incertidumbre global, el país aparecía como uno de los pocos mercados de la región que conservaba condiciones favorables para invertir, gracias a la fortaleza institucional, la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad de sus políticas. Esa fortaleza volvió a ser resaltada durante el último año del gobierno anterior, cuando distintos indicadores internacionales colocaban nuevamente a Uruguay entre los países con mejor ambiente para hacer negocios en América Latina.

Ese contraste debería llamar la atención.

No estamos comparando gobiernos separados por décadas, ni ciclos económicos completamente distintos. Estamos hablando de un país que hace muy poco era presentado como una excepción positiva en la región y que hoy aparece como el que más retrocede en materia de confianza empresarial.

Naturalmente, ningún índice explica por sí solo todas las causas del fenómeno. Pero cuando distintas señales comienzan a apuntar en la misma dirección conviene prestar atención.

Primero fueron las advertencias sobre la desaceleración de la inversión privada. Luego llegaron los cuestionamientos respecto a la falta de señales claras para impulsar nuevos proyectos productivos. Ahora aparece un indicador internacional elaborado por una institución de enorme credibilidad que muestra un deterioro especialmente intenso precisamente en el terreno donde Uruguay había construido una reputación durante décadas: la confianza para invertir.

Porque el clima de negocios no depende únicamente de variables macroeconómicas.

Importan, por supuesto, la inflación, el déficit fiscal o la estabilidad financiera. Pero también pesan las expectativas sobre el rumbo económico, la previsibilidad regulatoria, la seguridad jurídica, la actitud hacia la inversión privada y la percepción de que las reglas del juego permanecerán estables.

La inversión siempre mira hacia adelante.

Quien decide construir una planta industrial, instalar un centro logístico o desarrollar un proyecto tecnológico no evalúa únicamente la realidad del presente. Lo hace pensando en los próximos diez o veinte años. Por eso las expectativas son tan importantes como los datos actuales.

La paradoja es evidente. Uruguay continúa conservando fortalezas estructurales muy valiosas: instituciones sólidas, baja inflación, grado inversor y una larga tradición de respeto por los contratos. Sin embargo, esas fortalezas pueden resultar insuficientes si las expectativas comienzan a deteriorarse y el mensaje político deja de transmitir confianza a quienes deben asumir riesgos y generar empleo.

Los países no pierden su prestigio de un día para otro. Pero tampoco lo conservan automáticamente.

La confianza es un activo que lleva décadas construir y apenas unos pocos años comenzar a erosionar.

Y cuando organismos tan prestigiosos como la Fundación Getulio Vargas empiezan a registrar ese cambio de percepción, conviene tomar nota antes de que el deterioro del clima de negocios termine reflejándose, inevitablemente, en menos inversión, menor crecimiento y menos oportunidades para los uruguayos.

La nueva encuesta de «Equipos» confirma una tendencia que ya no puede atribuirse a un episodio aislado ni a un simple problema de relato. Cuando la desaprobación crece de forma persistente, insistir en que el gobierno solo necesita “comunicar mejor” implica ignorar el verdadero mensaje de la ciudadanía.

Cada vez que aparece una encuesta desfavorable para el gobierno, emerge casi automáticamente la misma explicación desde filas oficialistas: el problema no sería la gestión, sino la comunicación. Habría que explicar mejor, mostrar más, instalar los logros, ordenar el relato. Como si la opinión pública fuera el resultado de una falla de marketing.

La última medición de Equipos Consultores, divulgada el miércoles 15, vuelve a poner en cuestión esa lectura. El estudio registra apenas un 26% de aprobación frente a un 53% de desaprobación, llevando el saldo neto del presidente Yamandú Orsi a -27, el peor desde que comenzó la serie y profundizando un deterioro que ya venía observándose en las mediciones anteriores.



Lo significativo no es únicamente el número. Es la tendencia.

En marzo, Equipos mostraba un saldo negativo de -7. En abril ese saldo descendía hasta -21. Ahora cae a -27. La aprobación, lejos de recuperarse, permanece estancada, mientras la desaprobación continúa creciendo. No se trata de un accidente estadístico ni del efecto pasajero de una controversia puntual. Es un proceso sostenido.

En política, cuando una tendencia se consolida durante varios meses, el análisis debe desplazarse desde la comunicación hacia las causas.

Porque las encuestas no generan los problemas: simplemente los reflejan.

Resulta llamativo que, frente a datos cada vez más preocupantes, buena parte de la discusión oficial siga girando alrededor de cómo comunicar mejor. Esa reacción contiene, además, un presupuesto bastante discutible: supone que los ciudadanos no están evaluando la realidad, sino que simplemente no han comprendido las explicaciones del gobierno.

Es una hipótesis difícil de sostener.

Los uruguayos forman su opinión conviviendo diariamente con la evolución de la economía familiar, la seguridad, el funcionamiento de los servicios públicos, las noticias políticas y las señales que transmite el propio gobierno. No necesitan una campaña de comunicación para advertir cuándo perciben incertidumbre, falta de rumbo o contradicciones.

Pensar que una caída persistente de la aprobación presidencial puede revertirse únicamente mejorando la narrativa equivale, en cierto modo, a considerar que el electorado es fácilmente manipulable mediante técnicas de comunicación. Es una explicación cómoda para quienes gobiernan, pero profundamente insuficiente para comprender el fenómeno político.

Más aún cuando el propio presidente había reconocido hace algunos meses, tras conocerse las primeras mediciones negativas, que “algo no está saliendo bien”. Aquella reacción parecía apuntar en la dirección correcta: identificar problemas de gestión antes que buscar culpables en la comunicación.

Sin embargo, esa autocrítica parece haber ido cediendo lugar nuevamente al diagnóstico más superficial.

Existe una diferencia importante entre comunicar una gestión y sustituir la gestión por comunicación.

La primera fortalece al gobierno. La segunda termina debilitándolo.

Los gobiernos suelen caer en esa tentación cuando las dificultades comienzan a acumularse. En lugar de preguntarse por qué determinadas decisiones generan rechazo, prefieren preguntarse cómo presentarlas mejor. En vez de revisar prioridades, revisan campañas publicitarias. En lugar de corregir políticas, corrigen discursos.

Pero la experiencia comparada demuestra que las estrategias de comunicación pueden amplificar una buena gestión o atenuar parcialmente una mala noticia, aunque difícilmente logren revertir durante mucho tiempo una percepción social construida sobre hechos concretos.

La comunicación puede administrar expectativas. No puede reemplazar resultados.

La encuesta de Equipos, además, aporta un dato políticamente sugestivo: la desaprobación resulta particularmente elevada en Montevideo, un territorio históricamente favorable al Frente Amplio. Ese fenómeno sugiere que el desgaste ya no se limita al electorado opositor y alcanza incluso espacios donde tradicionalmente el oficialismo encontraba su mayor respaldo.

Ese tipo de señales merecen un análisis político profundo, no un nuevo manual de comunicación.

La ciudadanía suele ser bastante más sofisticada de lo que muchas veces supone la dirigencia política. Puede aceptar errores cuando percibe capacidad de corregirlos. Puede tolerar dificultades cuando advierte liderazgo. Incluso puede acompañar medidas impopulares si entiende que responden a un rumbo claro.

Lo que resulta mucho más difícil es convencerla de que aquello que experimenta todos los días simplemente es producto de una mala explicación.

Las encuestas nunca gobiernan. Pero ignorarlas o interpretarlas únicamente como un problema de relato suele conducir exactamente al error que pretenden evitar.

Cuando los ciudadanos expresan reiteradamente su descontento, el mensaje no suele ser que el gobierno necesita hablar más.

Generalmente significa que necesita hacer algo diferente.

Las advertencias ya no provienen únicamente de la oposición o de los órganos de contralor fiscal. Ahora también llegan desde una de las principales calificadoras de riesgo del mundo. Moody’s considera insuficiente la estrategia de consolidación fiscal del gobierno para estabilizar la deuda pública, en un diagnóstico que coincide con las observaciones formuladas por el Consejo Fiscal Asesor y con las críticas que la Coalición Republicana viene realizando desde la presentación de la Rendición de Cuentas.

Durante las últimas semanas el gobierno procuró transmitir tranquilidad respecto de la evolución de las cuentas públicas. Sin embargo, tres voces de naturaleza muy distinta —una agencia calificadora internacional, el Consejo Fiscal Asesor y la oposición parlamentaria— terminaron coincidiendo en un mismo diagnóstico: la estrategia fiscal presentada en la Rendición de Cuentas no alcanza para estabilizar la trayectoria de la deuda pública.

La observación resulta especialmente relevante porque no proviene de un debate político doméstico, sino de Moody’s, una de las agencias cuya evaluación condiciona el costo del financiamiento del país y, por extensión, la confianza de los mercados internacionales.

Su conclusión es clara: la consolidación fiscal proyectada por el Poder Ejecutivo es insuficiente para detener el crecimiento de la deuda bruta del gobierno, que superaría el 65% del PIB hacia 2030.

Una deuda que sigue creciendo

El punto central del informe de Moody’s no consiste en afirmar que Uruguay enfrenta una crisis de deuda. Muy por el contrario, la calificadora mantiene la nota soberana del país dentro del grado inversor.

Precisamente por eso sus advertencias adquieren mayor importancia.

Lo que Moody’s señala es que el deterioro es gradual. El menor crecimiento económico reduce la capacidad de generar ingresos, mientras que la estructura del gasto permanece extremadamente rígida. Según la agencia, salarios públicos, jubilaciones y transferencias sociales representan aproximadamente el 86% del gasto primario, dejando muy escaso margen para realizar ajustes cuando aparecen desviaciones fiscales o shocks externos.

A ello se suma otra observación particularmente significativa: buena parte del incremento de la recaudación previsto para 2027 depende de mejoras administrativas y de cambios técnicos cuya eficacia todavía debe demostrarse. En otras palabras, la consolidación fiscal descansa sobre ingresos inciertos más que sobre una reducción estructural del gasto.

Lo mismo había dicho el Consejo Fiscal Asesor

Las conclusiones de Moody’s no aparecen en el vacío.

Días antes, el Consejo Fiscal Asesor había cuestionado las proyecciones oficiales por considerar que existen riesgos relevantes de incumplimiento de las metas fiscales.
El organismo advirtió que el escenario macroeconómico resulta más desafiante que el previsto originalmente y que, de mantenerse las actuales proyecciones, podrían ser necesarios ajustes adicionales sobre el gasto para preservar la credibilidad de la regla fiscal. También llamó la atención sobre la elevada incertidumbre que rodea las estimaciones oficiales de crecimiento e ingresos.

En esencia, el CFA sostuvo que el espacio fiscal disponible es mucho más reducido de lo que transmite el gobierno.

Moody’s llega ahora a una conclusión prácticamente equivalente desde una perspectiva completamente independiente.

La oposición encuentra respaldo externo

Desde la presentación de la Rendición de Cuentas, la Coalición Republicana sostuvo que el gobierno estaba construyendo un escenario fiscal excesivamente optimista, basado en supuestos de crecimiento e ingresos difíciles de materializar.

Las observaciones de Moody’s fortalecen políticamente esa posición.

No porque la calificadora haga una valoración partidaria —no es su función—, sino porque identifica exactamente los mismos puntos vulnerables: crecimiento menor al previsto, ingresos inciertos, elevada rigidez del gasto y una trayectoria ascendente de la deuda.

La coincidencia entre una agencia internacional especializada en riesgo soberano, un órgano técnico independiente como el Consejo Fiscal Asesor y los cuestionamientos formulados por la oposición constituye un dato político imposible de ignorar.

El desafío de preservar la credibilidad

Uruguay continúa disfrutando de una posición privilegiada dentro de América Latina gracias a la fortaleza de sus instituciones, su acceso al financiamiento internacional y el mantenimiento del grado inversor.

Pero esa fortaleza no es un activo permanente.

Las calificadoras no suelen castigar los problemas cuando aparecen; lo hacen cuando perciben que los gobiernos dejan de corregirlos.

El verdadero mensaje de Moody’s no es que Uruguay haya perdido credibilidad, sino que comienza a exigir señales más contundentes para preservarla.

La historia económica reciente demuestra que el prestigio financiero se construye durante muchos años, pero puede deteriorarse mucho más rápidamente cuando las advertencias reiteradas dejan de traducirse en decisiones de política.

Y cuando una agencia calificadora internacional, el Consejo Fiscal Asesor y buena parte del sistema político llegan, desde lugares distintos, a un diagnóstico sustancialmente coincidente, quizá ya no estemos frente a simples opiniones contrapuestas, sino ante una señal que merece ser tomada con la seriedad que corresponde.

El gobierno insiste en que su programa económico es consistente y sostenible. Sin embargo, dos advertencias independientes apuntan en la dirección contraria. El Consejo Fiscal Asesor cuestionó los supuestos sobre los que descansa el Presupuesto y Moody’s sostuvo que la consolidación fiscal prevista no alcanza para estabilizar la deuda pública. Cuando los organismos técnicos comienzan a coincidir en el diagnóstico, lo prudente es escuchar antes que descalificar.

Una de las fortalezas que Uruguay logró construir durante las últimas décadas fue la credibilidad de su política económica. Esa reputación no nació de los discursos, sino de la existencia de instituciones que permitían controlar el manejo de las cuentas públicas y de un compromiso relativamente amplio con la responsabilidad fiscal.

Precisamente por eso resulta preocupante que las principales observaciones al Presupuesto quinquenal provengan de dos actores cuya independencia difícilmente pueda ponerse en duda: el Consejo Fiscal Asesor (CFA) y la calificadora internacional Moody’s.

Lejos de tratarse de críticas opositoras o de debates ideológicos, ambas instituciones coinciden en advertir que el sendero fiscal presentado por el gobierno descansa sobre supuestos optimistas y que las medidas previstas no bastan para detener el crecimiento de la deuda pública.

Un crecimiento demasiado optimista

El informe del Consejo Fiscal Asesor reconoce algunos avances en el nuevo marco fiscal, pero introduce un conjunto de advertencias que el gobierno no debería minimizar.

La primera refiere al crecimiento económico proyectado para el quinquenio. El CFA entiende que existe incertidumbre respecto de que el Producto Interno Bruto evolucione al ritmo previsto por el Ministerio de Economía y Finanzas. Si ese crecimiento termina siendo menor, automáticamente caerá la recaudación tributaria y las metas fiscales se volverán mucho más difíciles de cumplir.

En otras palabras, buena parte del equilibrio financiero prometido depende de que la economía crezca exactamente como espera el gobierno.

Y la historia económica demuestra que construir un presupuesto sobre escenarios demasiado optimistas suele terminar obligando posteriormente a aumentar impuestos, recortar inversiones o incrementar el endeudamiento.

La deuda sigue subiendo

La segunda observación es todavía más relevante.

El Consejo Fiscal Asesor sostiene que las medidas anunciadas van en la dirección correcta para moderar los desequilibrios, pero no alcanzan para detener el crecimiento de la deuda neta sobre el PIB.

Incluso expresó preocupación por el nuevo ancla de deuda planteada por el Poder Ejecutivo, al entender que podría interpretarse como un margen adicional para seguir incrementando el endeudamiento antes que como un verdadero límite prudencial.

No es un detalle menor.

El objetivo central de cualquier regla fiscal es justamente impedir que la deuda siga creciendo hasta transformarse en un problema para las futuras administraciones.

La respuesta del gobierno

Frente a estas observaciones, el Ministerio de Economía optó por defender íntegramente sus proyecciones y cuestionar algunas de las propuestas formuladas por el Consejo Fiscal Asesor, llegando incluso a sostener que determinadas recomendaciones serían incompatibles con el marco jurídico vigente.

Es una respuesta llamativa.

Las instituciones fiscales independientes fueron creadas precisamente para introducir una mirada técnica que no dependa de las necesidades políticas del gobierno de turno. Su función consiste en señalar riesgos antes de que los problemas aparezcan.

Responder descalificando esas advertencias debilita la institucionalidad que el propio país decidió construir.

Moody’s confirma las dudas

Las observaciones del CFA podrían haber quedado como un debate técnico interno. Pero pocos días después fueron reforzadas por una voz que los mercados internacionales siguen con particular atención.

Moody’s mantuvo la calificación de Uruguay en su máximo histórico, una buena noticia que refleja la fortaleza institucional acumulada durante muchos años. Sin embargo, acompañó esa decisión con una advertencia inequívoca.

La agencia considera que la consolidación fiscal prevista es insuficiente para estabilizar la deuda y proyecta que la deuda bruta continuará aumentando durante los próximos años, superando el 65% del PIB hacia el final de la década. Además, señaló que las rigideces del gasto reducen significativamente el margen de maniobra ante eventuales shocks externos.

Conviene subrayar un aspecto importante.

Moody’s no rebajó la nota precisamente porque Uruguay conserva instituciones fuertes, acceso fluido a los mercados y una larga tradición de cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Pero esa misma credibilidad no es un cheque en blanco.

La agencia deja claro que, si la trayectoria fiscal continúa deteriorándose, esa fortaleza institucional puede dejar de ser suficiente para sostener la actual calificación.

Un llamado de atención

El economista Aldo Lema resumió con claridad el problema al señalar que el nuevo marco fiscal incorpora avances institucionales, pero también riesgos importantes, particularmente porque el presupuesto no logra estabilizar la deuda y porque el nuevo umbral podría transmitir una señal equivocada acerca del espacio disponible para seguir incrementándola.

No se trata de sembrar alarmismo.

Uruguay no enfrenta hoy una crisis de deuda.

Lo que sí enfrenta es un creciente consenso técnico acerca de que la trayectoria fiscal proyectada resulta demasiado optimista y demasiado dependiente de supuestos favorables.

Cuando el organismo asesor creado por el propio Estado y una de las principales calificadoras internacionales coinciden en señalar prácticamente los mismos riesgos, la discusión deja de ser política para transformarse en un problema de credibilidad.

Y la credibilidad fiscal, una vez perdida, es mucho más difícil de reconstruir que de conservar.

Hay silencios que pesan más que los discursos. Y en materia previsional, el del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, resulta particularmente preocupante.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, Castillo anunció que el Poder Ejecutivo enviará este año un proyecto de ley para habilitar una nueva causal de retiro a los 60 años con 30 de aportes, además de modificar el mecanismo de ajuste del suplemento solidario. Lo presentó como una medida destinada a proteger a los sectores más vulnerables y aseguró que todo se hará “en un marco que preserve también su sostenibilidad financiera”.

La afirmación sonó tranquilizadora. El problema es que, cuando llegó el momento de explicar cómo se compatibiliza una expansión de beneficios con la sostenibilidad del sistema, el ministro no dio ninguna respuesta.

Y esa omisión no fue menor.

Quien puso el dedo en la llaga fue el diputado colorado Conrado Rodríguez, que desmontó uno de los principales argumentos del gobierno. Según señaló, no corresponde hablar de una “causal anticipada”, porque el beneficio propuesto carece de los requisitos especiales que caracterizan ese tipo de excepciones.

“No se trata de una causal anticipada, sino de una causal universal que se aplica para todos los trabajadores sin ningún tipo de distinción”, sostuvo el legislador.

La diferencia conceptual no es un tecnicismo. Si todos los trabajadores pueden jubilarse a los 60 años y con 30 de aportes, entonces la edad efectiva de retiro vuelve, en los hechos, a reducirse de manera generalizada. Se estaría desandando uno de los pilares centrales de la reforma previsional aprobada en 2023.

Rodríguez fue todavía más lejos y formuló la pregunta que cualquier responsable de las finanzas públicas debería hacerse antes de promover una medida de este tipo: “Queremos saber cómo se evalúa el impacto en las cuentas públicas de la posibilidad de ir hacia esa causal”.

Y agregó otra interrogante igualmente incómoda: “¿El gobierno tiene estudios en ese sentido, al margen de los del Banco de Previsión Social, dado que lograr lo que dice el informe del Diálogo Social en cuanto a brindar una jubilación igual o mejor a la de la situación previa a la Ley 20.130 implicaría un esfuerzo en las cuentas públicas?”.

La respuesta nunca llegó.

No porque el ministro la hubiera refutado o porque existieran estudios concluyentes que disiparan las dudas. Simplemente, no hubo tiempo. La delegación oficial respondió apenas algunas preguntas y Castillo se limitó a anunciar que las restantes serán contestadas por escrito la próxima semana.

Es difícil imaginar una imagen más elocuente de la forma en que el gobierno está encarando un asunto decisivo para el futuro del país: primero se anuncian beneficios; después —si queda tiempo— se explicará cómo financiarlos.

La sostenibilidad del sistema previsional no puede reducirse a una frase de ocasión incluida en un discurso. Requiere proyecciones actuariales, estimaciones fiscales, escenarios demográficos y decisiones responsables. Nada de eso apareció durante la comparecencia ministerial.

Casualmente, quien hoy ocupa el Ministerio de Trabajo, Juan Castillo, histórico dirigente del Partido Comunista del Uruguay, es la fuerza política que combatió desde el primer día la reforma previsional de 2023 y que nunca ocultó su objetivo de revertir el aumento de la edad jubilatoria.

Más que un ministro preocupado por el delicado equilibrio financiero del sistema, Castillo pareció actuar como el portavoz de una reivindicación ideológica largamente sostenida por el PCU.

El problema es que las consignas partidarias pueden ganar aplausos; las cuentas públicas no funcionan con aplausos.

Uruguay enfrenta un proceso acelerado de envejecimiento poblacional, una menor relación entre activos y pasivos y crecientes presiones sobre el gasto previsional. Precisamente por eso la reforma de 2023 procuró corregir desequilibrios que todos los estudios técnicos venían advirtiendo desde hacía años.

Retroceder sobre esas decisiones exige mucho más que buenas intenciones. Exige demostrar que existen recursos suficientes para sostenerlas sin trasladar el costo a las futuras generaciones o comprometer otras políticas públicas.

Hasta ahora, el ministro no ha demostrado nada de eso.

Las preguntas del diputado Conrado Rodríguez siguen esperando respuesta. Habrá que aguardar a que, la próxima semana, el Ministerio remita por escrito las explicaciones prometidas...

El archivo de una investigación administrativa no equivale a la desaparición de los hechos que la motivaron. Cuando las denuncias son reiteradas, se arrastran desde distintos ámbitos de la función pública y describen patrones similares de conducta, la decisión de clausurar el procedimiento sin una explicación convincente deja más interrogantes que certezas.

La decisión del presidente Yamandú Orsi de dar por terminada la investigación administrativa sobre las denuncias de violencia laboral contra Alejandra Casablanca, en el marco de la reestructura que unificó las secretarías de Derechos Humanos y de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, resulta difícil de comprender desde la perspectiva de la buena administración pública.

No se trata aquí de discutir la potestad del Poder Ejecutivo para reorganizar dependencias o reasignar funciones. Esa competencia existe y forma parte de las atribuciones del gobierno. Lo que cuesta entender es por qué una modificación administrativa debería traducirse en el cierre de una investigación originada en denuncias concretas formuladas por funcionarios públicos.

Las denuncias no desaparecen porque cambie el organigrama.

Los hechos denunciados tampoco.

Y, sobre todo, las personas que los denunciaron continúan existiendo.

Un patrón que viene de lejos

El caso Casablanca nunca fue un episodio aislado. Antes de llegar a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, ya habían existido denuncias de trabajadores durante su actuación en la Intendencia de Montevideo, donde también se señalaron situaciones de abuso y violencia laboral. Correo de los Viernes documentó oportunamente esos antecedentes y la preocupación que generaban. La reiteración de episodios semejantes convertía las denuncias actuales en algo que merecía, precisamente, una investigación seria y concluyente.

Posteriormente se sumaron cinco denuncias formales de funcionarios de Presidencia, quienes describieron un ambiente de hostigamiento, destratos, presiones y persecución laboral. La existencia misma del procedimiento administrativo respondía a que las autoridades entendieron que las acusaciones ameritaban ser investigadas.

El informe elaborado por el Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo describió un "clima laboral hostil" con naturalización de conductas violentas, aunque también sostuvo que ese deterioro no podía atribuirse exclusivamente a Casablanca y recomendó una renovación integral del equipo.

Precisamente por esa complejidad resultaba necesario que la investigación culminara con una resolución de fondo.

No con su archivo.

El archivo no responde las preguntas

La resolución presidencial adopta las recomendaciones del informe técnico y clausura las actuaciones administrativas. Jurídicamente puede ser una decisión posible.

Políticamente resulta mucho más difícil de explicar.

Porque el archivo deja sin respuesta cuestiones esenciales.

¿Se concluyó que no existió violencia laboral?

Si esa fue la conclusión, ¿por qué el propio informe habla de un “clima laboral hostil” y de “conductas violentas naturalizadas”?

¿Se entendió que existieron problemas pero que no correspondía atribuir responsabilidades?

¿O simplemente se decidió que, al desaparecer la estructura administrativa donde ocurrieron los hechos, ya no tenía sentido continuar?

Ninguna de esas preguntas parece recibir una respuesta suficientemente clara.

Cambiar de oficina no cambia los antecedentes

Existe además un aspecto práctico que el gobierno parece haber soslayado.

Alejandra Casablanca no dejó la función pública. Fue destinada a otras tareas dentro de la nueva estructura.

Entonces surge inevitablemente una pregunta que trasciende este caso particular. ¿Por qué debería suponerse que los problemas denunciados no volverán a repetirse?

Si durante años aparecen denuncias similares en distintos ámbitos de trabajo; si distintos funcionarios, en momentos diferentes, describen patrones parecidos de relacionamiento; si incluso un informe oficial reconoce un ambiente laboral gravemente deteriorado, ¿qué elemento objetivo permite concluir que el simple cambio de destino elimina el problema?

La respuesta no parece estar en el decreto.

Una señal preocupante

La violencia laboral constituye una de las materias respecto de las cuales el Estado exige mayores estándares a los empleadores públicos y privados.

Con razón.

El propio Estado impulsa protocolos, capacitaciones y procedimientos destinados a prevenirla y sancionarla.

Por eso llama la atención que, cuando las denuncias alcanzan a una jerarca de Presidencia de la República, el procedimiento termine archivado en coincidencia con una reestructura administrativa.

La mejor manera de proteger tanto a los denunciantes como a la propia denunciada habría sido llegar a una conclusión definitiva, fundada y transparente.

Si las denuncias eran infundadas, correspondía decirlo claramente.

Si existían responsabilidades, también.

Lo que resulta difícil de justificar es que un expediente desaparezca administrativamente mientras las dudas permanecen intactas.

Porque el problema nunca fue el nombre de una secretaría.

El problema era determinar si quienes denunciaban años de violencia laboral tenían razón.

Y esa pregunta, lejos de haber sido respondida, parece haber quedado simplemente archivada.

Por Elena Grauert

La decisión de la Coalición Republicana de no acompañar la Rendición de Cuentas expone las contradicciones de un gobierno que reclama acuerdos mientras impulsa un proyecto sin reformas de fondo, con mayor gasto, más burocracia y un preocupante retroceso en las garantías de los ciudadanos frente al Estado.

No apoyar la Rendición de Cuentas es la consecuencia lógica del incumplimiento que la mayoría de la población expresó en las últimas encuestas. La Rendición de Cuentas es insatisfactoria por el accionar del gobierno durante el año: no se ha alcanzado ninguna de las aspiraciones propuestas, ni a nivel económico ni en temas de seguridad. A esta altura del año, es claro que la negativa a la aprobación es de la gente, dados los porcentajes reiterados de las últimas encuestas sobre el propio gobierno.

Pero, además, en los extensos 365 artículos del proyecto, entre las cuestiones más graves —además del déficit fiscal, la creación de organismos, la falta de propuestas para eliminar organismos deficitarios o el sentido puramente asistencialista, que profundiza la pobreza sin generar verdaderas herramientas de crecimiento— está la modificación, a favor del Estado, de los artículos del proceso de lo contencioso administrativo, quitándoles derechos a los ciudadanos.

El caso más llamativo es el que rodea al Código de lo Contencioso Administrativo —Ley 20.333—, aprobado en setiembre de 2024 con el voto unánime de todos los legisladores, de todos los partidos. Ese código fue una reforma técnica, consensuada por toda la cátedra y muy esperada por los beneficios que traería a los administrados frente al Estado.

La Rendición de Cuentas 2026 propone 14 modificaciones a ese código. La más polémica está en el artículo 310 del proyecto, que en cuatro líneas dice: «Deróganse los artículos 48 y 59 de la Ley 20.333, de 11 de setiembre de 2024». Dichos artículos consagran el derecho al «urgimiento». El fin de esto es que, si el Estado no se pronunció ante una petición de un ciudadano, se reabre el plazo para poder recurrir a la justicia administrativa.

La norma que se pretende derogar es una norma garantista a favor del ciudadano, que sanciona al Estado cuando no cumple con el deber constitucional de responder ante cualquier petición de los ciudadanos. Con lo cual, la motivación de la derogación es simplemente disminuir los derechos de las personas, volviendo a fortalecer el contumaz comportamiento de la Administración de no responder, resguardándose en el silencio y evadiendo el control jurisdiccional. Esto constituye un retroceso en la defensa de los derechos, porque se menoscaba el principio de igualdad entre las personas y el poder estatal.

Por lo que no se trata de una casualidad: la Rendición de Cuentas proyectada tiene una tónica insatisfactoria, ya que se habla de seguridad, pero poco se propone, y los órganos como las Fiscalías o la Justicia ni siquiera son mencionados. Se habla de pobreza infantil, pero la idea es dar plata, no fortalecer incentivos e instituciones como la educación, que rompan con el círculo de pobreza.

Por lo que, lamentablemente, la reforma del Código de Procedimiento Administrativo es una muestra más de la filosofía del proyecto elevado, con una tónica en la que se fortalecen las burocracias, sin poner el centro en las personas, en la generación de riqueza ni en el ahorro necesario, como sería terminar con Portland, ANCAP y AFE. Es absolutamente inaceptable que el gobierno se queje de la posición de la Coalición Republicana, porque se lo viene advirtiendo desde antes y porque no ha dado ni una sola muestra de intentar lograr acuerdos, sino todo lo contrario: lo único que hace es atizar las diferencias, poniendo impuestos, encareciendo el costo de vida o aumentando el déficit.

Llama la atención que, por otro lado, el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado por el Poder Ejecutivo —Ministerio de Economía y Finanzas—, introduce mecanismos de silencio positivo para trámites de bajo riesgo, estableciendo que, si el Estado no responde dentro de los plazos legales, la solicitud se considera aprobada.

Todo lo cual nos hace acordar al otro yo del Dr. Merengue, oscuro personaje de una historieta argentina, que, por un lado, es el hombre serio, educado, pulcro y políticamente correcto; y, por otro, «El Otro Yo», la silueta fantasmal que siente y hace lo contrario, con avaricia o con la maldad contradictoria del deber ser.

La pregunta es: ¿quién será el Dr. Merengue de este gobierno, uno o todos?

Por Fitzgerald Cantero Piali

Antes de proclamar la desaparición del petróleo, conviene observar cómo funciona realmente el sistema energético mundial. Aunque las energías renovables seguirán expandiéndose, los combustibles fósiles continuarán siendo indispensables para sostener la industria, el transporte y buena parte de la economía global.

A menudo aparecen en el universo energético global expertos dicotómicos.

Son divulgadores, generalmente con llegada a los medios de comunicación, que señalan que los recursos fósiles van a desaparecer y que el mundo no los necesita.

Generalmente les gusta enfrentar a las energías renovables con el petróleo y el gas. Como si estos no se necesitaran para la fabricación y traslado de los componentes de las primeras.

«El petróleo va a desaparecer», dicen; «el gas no es un combustible de transición», afirman.

Se equivocan.

Las bondades que tienen unas fuentes no agrandan las externalidades negativas de las otras.

Es más, todas las tecnologías tienen grandes ventajas y aspectos no tan gratos.

Todas.

Cualquier planificación energética tiene que garantizar, como prioridad número uno, la seguridad energética. Es decir, los países necesitan tener energía. No solamente eléctrica.

Sin energía es imposible el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, disponer de la mayor diversidad de fuentes posibles es imperioso.

Quienes abogan sola y exclusivamente por las renovables —en su mayoría lo hacen solamente por la eólica y la solar, rechazando la hidráulica— ponen como contraposición a ese pensamiento las de origen fósil, endemoniándolas. En el bullicio informativo, eso pasa inadvertido y se toma como verdad revelada.

Pero detengámonos un momento. Las energías renovables, muy nobles, por cierto, todas, no solamente la eólica y la solar; también la hidroeléctrica, la geotermia y la biomasa, por nombrar las más usadas, son muy importantes a la hora de generar electricidad. Pero el consumo eléctrico es solamente una parte del consumo energético mundial (entre el 18 y el 20%).

De aquí se derivan ciertas variables. Por un lado, queda mucho camino por recorrer para electrificar la demanda. Segundo, no todos los usos se pueden electrificar; por lo tanto, hay que cubrirlos con otras fuentes, en su mayoría de origen fósil y/o nuclear.

Además, pensemos por un instante en todo lo que deriva de los combustibles fósiles, sobre todo del petróleo. La industria petroquímica nos ha facilitado la vida: medicinas, vestimentas, cosméticos, calles, productos de higiene, tecnología y miles de bienes más.

Uno de mis autores energéticos de cabecera, Vaclav Smil, considerado una de las voces más influyentes en el estudio de los sistemas energéticos, es contundente en su libro 2050. Por qué un mundo sin emisiones es casi imposible.

Invito a todos los interesados en estos temas a leerlo y, por ende, sin ánimo de transcribir textualmente sus conceptos, traigo a colación para esta tesis algunos datos irrefutables.

La inversión necesaria para sustituir al petróleo en su totalidad es inimaginable, tanto que ni los países más poderosos, poniendo todos sus recursos económicos al servicio de este objetivo, podrían lograrlo.

La maquinaria agroindustrial, necesaria para cultivar alimentos, se mueve con combustibles fósiles y su sustitución no solamente es bimillonaria, sino que debería desmantelarse lo que ya funciona y funcionará en el mediano plazo, dados los compromisos comerciales de ventas futuras de maquinarias.

En la aviación civil, son miles las aeronaves que se están construyendo para ser vendidas en 2040 o 2050, contratos mediante —obviamente—, con una vida útil de 25 años, y la mezcla de combustibles sintéticos verdes no sustituirá el 100 % del combustible fósil actual. Y así podríamos seguir.

Sus números y argumentos son contundentes. Lapidarios.

¿Esto quiere decir que hay que abandonar la estrategia de hacer más verde el sector energético? De ninguna manera. Al contrario, lo mejor es diversificar las matrices energéticas, sin prescindir de ninguna.

Nos guste o no, en el mundo se seguirán necesitando combustibles fósiles. Por lo tanto, lo que debemos hacer es asegurar el suministro de todos los energéticos.

Mientras algunos anuncian el fin inminente del petróleo, la realidad muestra que el mundo consume más de 100 millones de barriles diarios. No se trata de una cifra marginal ni de una industria en retirada. Se trata de uno de los pilares sobre los que todavía funciona la economía global.

Para 2050, se estima que el consumo de combustibles fósiles se mantendrá en torno al 85% de los niveles actuales. Difícilmente pueda hablarse de desaparición cuando la demanda seguirá siendo de esa magnitud.

Convivirán, por lo tanto, todas las fuentes que se conocen desde hace siglos y las que puedan aparecer con mínimos de rentabilidad.

Apostar por todas las fuentes disponibles y atender todas las demandas energéticas es la obligación primera de cualquier gobernante.

Como hacedores de políticas públicas, gestores energéticos y formadores de opinión, más que enfrentar una tecnología a otra, debemos fomentar sus aplicaciones, sus mayores usos en función de la disponibilidad de recursos, de las condiciones geográficas y de facilitar que todas las familias, todas las empresas y los propios gobiernos cuenten con energía sin interrupciones, primera prioridad; de la forma más barata posible, segunda prioridad; y, seguidamente, lo más limpia que se pueda.

Poner el debate en líneas paralelas, como si no dialogaran entre sí, no solamente es absurdo; es ineficiente para con los usuarios del sistema.

Es decir, todos nosotros.

Contraponer visiones radicales —si fósiles no y renovables sí, y a la inversa— produce impactantes titulares de prensa, pero tan efímeros como irreales son sus argumentaciones.

La transición energética será una historia de convivencia entre fuentes, no de sustituciones instantáneas. Ignorar esa realidad no acelera el futuro; solamente dificulta comprenderlo.

Por Juan Carlos Nogueira

En política solemos sorprendernos por los acercamientos del presente porque olvidamos los vínculos del pasado.

Las recientes coincidencias entre Guido Manini Ríos y el gobierno del Frente Amplio —particularmente su disposición a negociar la Rendición de Cuentas mientras el resto de la oposición optó por un rechazo político anticipado— han reabierto una pregunta que parecía olvidada: ¿qué tan circunstancial es realmente la relación entre el líder de Cabildo Abierto y algunos sectores de la izquierda?

No hace falta recurrir a teorías conspirativas para plantear esta pregunta. Basta con revisar algunos hechos públicos que, considerados en conjunto, dibujan un cuadro difícil de ignorar.

El punto de partida es la relación entre Guido Manini Ríos y Eleuterio Fernández Huidobro. Fue Huidobro quien impulsó decisivamente su designación como Comandante en Jefe del Ejército. Lo eligió rompiendo el orden de antigüedad, apartándose de la práctica habitual.

No era una decisión menor. Reflejaba un grado de confianza política e institucional poco común entre un exdirigente tupamaro y un oficial de carrera. Esa relación no surgió de la nada.

Encontraron coincidencias en la visión sobre el papel estratégico de las Fuerzas Armadas, la necesidad de fortalecer al Estado y una concepción nacional del desarrollo. Las diferencias sobre el pasado reciente no impedían un diálogo sostenido sobre el futuro del país y la implementación de una estrategia de acercamiento institucional a las FF. AA. impulsada por Fernández Huidobro.

También existían vínculos personales de la familia Manini con el entorno de José Mujica. El hermano de Guido, Hugo Manini, expresó públicamente su simpatía por el expresidente y por el MPP. Más allá de las diferencias políticas, existían canales de relación que desmienten la imagen de dos mundos completamente incomunicados.

Existe otro elemento, probablemente el más profundo y, paradójicamente, el menos analizado: Alberto Methol Ferré.

Methol fue una de las influencias intelectuales que el propio Manini ha reconocido públicamente. Pero también fue una figura respetada por José Mujica y por numerosos dirigentes provenientes del MLN. Su pensamiento proponía un nacionalismo latinoamericano, católico, socialista y profundamente crítico del liberalismo económico. Ese universo intelectual terminó sirviendo como lenguaje común para actores que provenían de tradiciones políticas muy diferentes.

La influencia de Alberto Methol Ferré no terminó en las aulas ni en los libros. También se proyectó en las trayectorias políticas de su propia familia. Su hijo, Marcos Methol, militó primero en el MPP y posteriormente en la Lista 711 de Raúl Sendic. Años después, abandonó el Frente Amplio, participó en la fundación de Cabildo Abierto y pasó a integrar el semanario La Mañana, dirigido por Hugo Manini. Su recorrido personal muestra cómo el pensamiento de Methol terminó constituyendo un punto de encuentro para dirigentes provenientes de tradiciones aparentemente irreconciliables: militares, ex tupamaros, católicos y nacionalistas.

Resulta llamativo que muchas de las posiciones defendidas posteriormente por Cabildo Abierto —estatismo, defensa de empresas públicas, preocupación por la soberanía, crítica a la financiarización y reivindicación de un Estado fuerte— encontraran más puntos de contacto con sectores del MPP que con el liberalismo económico predominante en buena parte de la coalición republicana. En más de una oportunidad, Cabildo Abierto terminó votando en el Parlamento junto al Frente Amplio en proyectos vinculados a cuestiones sociales y económicas, reforzando esa percepción.

Vista en conjunto, esta secuencia de hechos admite una lectura diferente. El acercamiento actual deja de parecer un simple cambio de rumbo y puede interpretarse como la manifestación visible de relaciones que siempre existieron.

Conviene separar los hechos de las interpretaciones. Los hechos son conocidos: la promoción de Manini por Fernández Huidobro, la influencia de Methol Ferré, los vínculos personales entre ambos entornos y las coincidencias programáticas en temas de soberanía, desarrollo y papel del Estado.

La interpretación que surge de esta secuencia de hechos es diferente. No necesariamente existió una estrategia coordinada, pero sí una comunidad de ideas, vínculos personales y afinidades políticas que permanecieron latentes durante años y que hoy vuelven a hacerse visibles.

No hacen falta conspiraciones para explicar este fenómeno. La política suele moverse por afinidades culturales, redes personales e ideas compartidas mucho antes que por acuerdos formales.

Las coincidencias pueden existir. Las afinidades también. Lo difícil es creer que una sucesión tan extensa de episodios públicos carezca por completo de significado.

Quizá la pregunta ya no sea por qué hoy Manini coincide cada vez con mayor frecuencia con el Frente Amplio. La verdadera pregunta es si esas coincidencias son realmente nuevas o si simplemente hoy resulta imposible seguir ignorándolas.

Por Angelina Rios

La incorporación sostenida de ómnibus y taxis eléctricos está transformando el transporte montevideano. Mientras el país avanza hacia una movilidad más eficiente y sostenible, surge una pregunta inevitable: ¿las reglas con las que se calculan las tarifas reflejan adecuadamente esta nueva realidad?

Cada vez que se anuncia un aumento en las tarifas del transporte urbano o del taxi, las explicaciones suelen ser las mismas. Lo justifican diciendo que subieron los combustibles, aumentaron los salarios o que crecieron otros costos de funcionamiento.

Son argumentos válidos, porque forman parte de la estructura de costos del sistema. Sin embargo, el transporte uruguayo ya no es el mismo que hace algunos años y esa nueva realidad invita a abrir una discusión de futuro.

Montevideo acaba de incorporar 50 nuevos ómnibus eléctricos y abrió un llamado para sumar otros 50 taxis eléctricos. Actualmente ya circulan más de 140 taxis eléctricos y la flota continúa creciendo.

Uruguay, además, se posiciona entre los países de América Latina que más decididamente han apostado por la movilidad eléctrica, tanto por razones ambientales como por la búsqueda de una mayor eficiencia energética.

No se trata de un cambio menor. Hace apenas unos años, la movilidad eléctrica era vista como una experiencia piloto. Hoy forma parte de la planificación del transporte público y de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo. Todo indica que esa transformación continuará profundizándose en los próximos años.

Pese a ello, el usuario sigue pagando la misma tarifa, independientemente de si el vehículo funciona con gasoil, nafta o electricidad. Y eso responde a un criterio lógico de equidad: el sistema funciona con una tarifa única para que todos los ciudadanos accedan al mismo servicio, sin importar el tipo de unidad que les toque utilizar.

Sin embargo, detrás de esa tarifa única existe una realidad que está cambiando. Los vehículos eléctricos tienen una estructura de costos diferente. Consumen menos energía, requieren menos mantenimiento y reducen la dependencia de los combustibles fósiles, aunque exigen una inversión inicial más elevada. Por esa razón, el Estado ha desarrollado mecanismos específicos para acompañar esta transición.

La cuestión de fondo, sin embargo, es otra.

Si la movilidad eléctrica reduce parte de los costos operativos, ¿podrá contribuir a que los aumentos de tarifas sean más moderados en el futuro?

A medida que aumenta la participación de unidades eléctricas, el combustible pierde incidencia dentro del costo global del sistema. Eso no significa que las tarifas deban reducirse automáticamente, porque continúan incidiendo otros factores, como los costos que requiere la infraestructura necesaria para prestar el servicio.

Pero sí resulta razonable preguntarse de qué manera esas eficiencias podrán traducirse, con el tiempo, en beneficios para quienes utilizan diariamente el transporte público.

La historia demuestra que los grandes cambios tecnológicos suelen obligar a revisar normas y mecanismos que fueron diseñados para otra realidad. Ocurrió con las telecomunicaciones, con el sistema financiero y con la propia transformación de la matriz energética de nuestro país.

El transporte difícilmente sea la excepción. La discusión ya no pasa solamente por incorporar más vehículos eléctricos, sino también por adaptar las herramientas con las que se calculan los costos y se proyecta el funcionamiento del sistema.

Uruguay fue pionero en transformar su matriz energética y hoy vuelve a ubicarse entre los países de referencia en movilidad eléctrica. El desafío ahora consiste en que esa transformación no se mida únicamente por la cantidad de vehículos incorporados, sino también por su capacidad de generar beneficios concretos para los usuarios, ya sea mediante una mayor eficiencia del sistema, una mejor calidad del servicio o, eventualmente, una moderación en la evolución futura de las tarifas.

Porque, en definitiva, el verdadero éxito de una política pública no se mide solamente por la incorporación de nuevas tecnologías. Se mide, sobre todo, por su capacidad de mejorar la vida cotidiana de las personas. La movilidad eléctrica ya dejó de ser el futuro. El verdadero desafío comienza ahora y consiste en lograr que esa transformación también se refleje, de una u otra forma, en el bolsillo y en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

Por Eduardo Irigoyen

En los años ochenta, mientras Uruguay y buena parte de América Latina recuperaban la democracia después de dictaduras sangrientas, Luca Prodan y Sumo resumían el clima de una generación con la frase del título, que parecía un grito existencial.

Había ansiedad, sin duda, pero también esperanza. Después de años de censura, persecución y miedo, la juventud quería recuperar el tiempo perdido. Libertad. Democracia. Sexo. Pelo largo. Rock. Futuro.

Más de cuatro décadas después, la urgencia sigue intacta, aunque cambió completamente de naturaleza. Ya no es el clamor contra un régimen autoritario, sino el síntoma de una ciudadanía que percibe que las democracias avanzan demasiado despacio frente a problemas demasiado grandes. Vivimos en la época del envío en el día, de las series que se consumen de un tirón, de los videos de quince segundos y de una inteligencia artificial que responde en segundos. Nos acostumbramos a la gratificación inmediata y terminamos esperando que las instituciones funcionen con la velocidad de TikTok. Cuando no lo hacen, muchos concluyen que simplemente no sirven.

“Nadie te pisa, nadie te invita”

Ese cambio cultural tiene consecuencias políticas evidentes. En El Salvador, Nayib Bukele mantiene niveles de aprobación extraordinarios porque millones de personas sienten, por primera vez en décadas, que pueden caminar tranquilas por sus barrios. El cambio es real y sería absurdo negarlo. También lo es que organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian miles de detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y un deterioro creciente de la independencia judicial.

La paradoja no podría ser más clara: la democracia protege derechos, pero la inseguridad cotidiana también los destruye. Cuando el miedo domina la vida diaria, una parte importante de la sociedad empieza a aceptar que algunas garantías constitucionales sean sacrificadas en nombre del orden.

Algo parecido ocurre en México. Claudia Sheinbaum heredó una enorme popularidad de Andrés Manuel López Obrador y la mantiene. Gobierna con un fuerte respaldo ciudadano, mientras diversos analistas, juristas y organismos internacionales advierten sobre una creciente concentración de poder y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. La reforma del Poder Judicial es un riesgo para la independencia de la Justicia y una puerta a la politización de los tribunales. A ello se suman las tensiones con organismos autónomos, las críticas a la prensa independiente y una narrativa que identifica al gobierno con “el pueblo”, relegando a la oposición y a los órganos de control. Es una deriva de rasgos mesiánicos, donde la legitimidad electoral parece utilizarse para justificar una creciente concentración del poder.

No son procesos idénticos (en la competencia de autócratas, Bukele le gana a Sheinbaum por lejos), pero responden a una lógica común: la eficacia inmediata comienza a competir con los límites institucionales propios de una república.

Una democracia no se mide solo por cómo se ganan las elecciones, sino también por cómo se preservan las instituciones que limitan a quienes las ganan.

“Sería bueno que pidieras que la tierra se mueva”

La política siempre tuvo algo de espectáculo. Hoy, además, compite contra Netflix, Instagram, YouTube y un celular que vibra cientos de veces por día. Nunca la atención humana fue un recurso tan escaso. Herbert Simon, premio Nobel de Economía, lo anticipó hace medio siglo: “Una abundancia de información crea una pobreza de atención.”

La política terminó adaptándose a ese ecosistema. Los discursos duran treinta segundos. Los programas de gobierno se condensan en un meme. Los candidatos ya no prometen solamente resolver problemas; prometen resolverlos antes del próximo fin de semana.

Sin embargo, la democracia tiene un problema de marketing: fue diseñada para funcionar lentamente. Una ley necesita discusión. Los jueces investigan. Los fiscales presentan pruebas. El Parlamento negocia. La prensa pregunta. La oposición controla. Todo eso lleva tiempo y, precisamente por eso, limita el abuso del poder.

Karl Popper sostenía que el gran mérito de la democracia no consiste en elegir gobernantes perfectos, sino en poder reemplazarlos sin derramar sangre. Montesquieu había llegado a una conclusión semejante dos siglos antes: la división de poderes existe para impedir que alguien pueda hacer todo lo que quiera. Pero en tiempos dominados por la ansiedad permanente, esos frenos empiezan a verse como obstáculos. La deliberación parece debilidad. Los controles parecen burocracia. Las garantías individuales parecen privilegios.

La frase de Luca Prodan también describe bastante bien a buena parte del electorado contemporáneo.

Queremos menos impuestos, pero mejores hospitales; más policías, pero menos gasto público; jubilaciones más altas, pero menor déficit fiscal; combustibles baratos, pero empresas públicas rentables; universidades de excelencia, pero sin aumentar la inversión.

Queremos vivir como Noruega con la presión tributaria de Paraguay.

Si es posible, para el lunes.

No, mejor… ¡ahora mismo!

¡Ya!

Existe además un componente biológico. Las plataformas digitales fueron diseñadas para producir pequeñas descargas permanentes de dopamina. Cada notificación, cada “me gusta”, cada compra con un clic alimenta la expectativa de una recompensa inmediata. La democracia funciona exactamente al revés. Produce beneficios lentos, acumulativos y muchas veces invisibles.

Las instituciones exitosas suelen ser aburridas. Tal vez esa sea una de las razones por las que sobreviven.

“Para vos, lo peor es la libertad”

En este contexto, Uruguay sigue siendo una excepción valiosa. No porque sea perfecto: tiene homicidios, narcotráfico, pobreza infantil, burocracia, corporativismos y un crecimiento económico menor que el que podría alcanzar. Pero conserva algo extraordinariamente escaso en América Latina: confianza institucional, alternancia pacífica, una Justicia relativamente independiente, libertad de prensa y una cultura política que, pese a todos sus defectos, todavía respeta las reglas del juego. No es poca cosa.

Pero incluso aquí, la impaciencia asoma: cada vez hay más voces que piden soluciones rápidas a problemas como el narcotráfico o la inseguridad, lo que podría poner a prueba la resistencia de sus instituciones.

Cada vez aparecen más voces convencidas de que problemas complejos pueden resolverse con una ley, un decreto o un líder providencial. La experiencia latinoamericana sugiere exactamente lo contrario. Los atajos suelen terminar siendo los caminos más largos.

Quizás el problema ya no sea solamente político, sino profundamente cultural. Vivimos en una civilización que perdió la capacidad de esperar. Si una página demora cinco segundos en cargar, creemos que Internet dejó de funcionar. Si un paquete tarda cuarenta y ocho horas en llegar, sentimos que somos víctimas de una conspiración logística. Si un gobierno no resuelve en un año problemas acumulados durante décadas, concluimos que fracasó.

Nos acostumbramos a que casi todo fuera instantáneo, excepto aquello que realmente importa.

La educación necesita años. La ciencia necesita décadas. La confianza entre ciudadanos requiere generaciones. La democracia también.

Probablemente Luca Prodan nunca imaginó que aquella frase punk terminaría describiendo con tanta precisión el clima político del siglo XXI. Seguimos sin saber exactamente qué queremos, pero seguimos queriéndolo ya.

Quizá el mayor desafío de nuestras democracias sea recordar una verdad incómoda: las soluciones milagrosas casi nunca existen. Las reformas profundas son lentas, los cambios culturales todavía más, y las instituciones que hoy nos parecen tediosas son, muchas veces, las mismas que mañana impedirán que un gobernante haga exactamente aquello que hoy aplaudimos y que, con el tiempo, podríamos lamentar.

Porque la paciencia no es solo una virtud moral: en democracia, también es el precio que pagamos por evitar que el afán de velocidad nos lleve a atajos peligrosos.

Por Marcela Pérez Pascual

Veinte legisladores de los cinco partidos con representación parlamentaria solicitaron a la presidenta de la Asamblea General que convoque una Sesión Extraordinaria para recibir a León XIV, en el marco de su visita oficial a Uruguay en noviembre. La respuesta desde algunas bancadas no se hizo esperar: se habló de “grave violación de la laicidad republicana”.

El pedido invoca, con precisión, la doble condición del Papa: Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y autoridad moral de alcance global. Y esta misma semana el cardenal Daniel Sturla informó que, para no exponer la visita a esa polémica, es probable que el Papa no pronuncie un discurso ante el Parlamento, aunque no descartó que pase a saludar a las autoridades en el Palacio Legislativo. Conviene, de todos modos, distinguir bien de qué estamos hablando.

León XIV no vendría al Parlamento como cabeza de la Iglesia Católica ni como “representante de Dios en la Tierra”, según la fórmula con que algunos caricaturizan el debate para ganarlo por cansancio. Vendría como Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, un Estado soberano, con territorio, gobierno y reconocimiento internacional pleno, con el que Uruguay mantiene relaciones diplomáticas desde 1885. Que esa persona revista además una autoridad espiritual sobre mil cuatrocientos millones de católicos no cambia su investidura protocolar al cruzar el umbral del Palacio Legislativo. Es una particularidad del cargo, no un obstáculo para ejercerlo.

Pensemos el argumento al revés, que es la mejor forma de probar su consistencia. Si mañana visitara Uruguay un pastor protestante que fuera, a la vez, Jefe de Estado de un país con el que tenemos relaciones diplomáticas, ¿alguien dudaría en recibirlo en el Parlamento? Y si viniera el rey Carlos III, que no solo reina sino que es además gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, ¿a alguien se le ocurriría objetar su recepción invocando la laicidad? A nadie, porque todos entenderíamos que se recibe al Jefe de Estado, no al jerarca religioso. Con el Papa debería aplicarse exactamente el mismo criterio. Lo contrario no es defender la laicidad: es aplicarla con vara distinta según de qué religión se trate, lo cual ya no es laicidad sino prejuicio.

Nuestra Constitución establece en su artículo 5 que el Estado no sostiene religión alguna. Es una norma clara, y el batllismo la construyó con orgullo: el Estado no privilegia a ningún culto sobre otro. Pero no sostener una religión no es lo mismo que negarse a recibir, en su investidura de gobernante, a quien profesa una.

Conviene aquí distinguir dos cosas que se confunden con demasiada frecuencia: la laicidad institucional, que es un principio jurídico de neutralidad del Estado frente a los cultos, y el laicismo ideológico, que es una postura que ve en toda manifestación religiosa una amenaza a combatir. La primera es patrimonio de todos los uruguayos, creyentes y no creyentes; la segunda es una opción política respetable, pero que no puede disfrazarse de neutralidad constitucional para imponerse sobre el resto.

Cuando se sostiene que escuchar a León XIV en el Parlamento es “apoyarlo” o “prestigiarlo”, se está deslizando, sin decirlo, del primer terreno al segundo. El propio Parlamento uruguayo es, además, la sede del pluralismo: allí conviven representantes de todas las convicciones sin que la presencia de unos excluya la de otros. Escuchar no es adherir, y no hay motivo para sostener lo contrario cuando quien habla es, también, huésped de Estado.

Hay, además, un antecedente propio. Cuando en 1987 Juan Pablo II visitó Uruguay, el entonces presidente Julio María Sanguinetti mantuvo en pie, en Tres Cruces, la cruz erigida para la misa papal: no como privilegio religioso, sino como reconocimiento de un hecho histórico. La laicidad bien entendida distingue entre lo institucional y lo cultural. Y el precedente internacional, bien mirado, es más elocuente de lo que parece: Estados Unidos, con su Primera Enmienda y su separacionismo estricto, sin concordato ni financiamiento estatal a iglesia alguna, recibió a Francisco en su Congreso en 2015. España, que sí mantiene con la Santa Sede una relación de cooperación institucional desde 1979, recibió a este mismo León XIV hace apenas un mes. Son dos modelos de relación Iglesia-Estado casi opuestos entre sí, y ninguno de los dos entendió resentida su propia neutralidad: en ambos casos se recibió a un Jefe de Estado, no se rindió culto a un jerarca religioso.

Que el Papa termine solo saludando a las autoridades en el Palacio Legislativo, que llegue a dirigirse a la Asamblea General, o que finalmente no pise el Parlamento, es una decisión que corresponde a la Santa Sede y a los tiempos de una gira exigente. Pero esa decisión no le corresponde a Uruguay, y por eso mismo la Asamblea General debe cursar la invitación igual, sin condicionarla a lo que el Vaticano resuelva: invitar es, en sí mismo, el gesto que corresponde a un Estado que recibe a otro, y no algo que dependa de que el Parlamento se deje paralizar por una frase pensada para escandalizar.

Si el Parlamento llega a recibirlo, hable o solo salude, eso no será un homenaje a la Iglesia. Será un acto de política exterior hacia un Estado amigo, y una demostración de que la madurez republicana no necesita cerrarle la puerta a nadie para probar que es laica. Sin esa distinción, no hay debate racional. Solo hay reflejo.

Por Gabriela y Roberto Pena Schneiter

En dos ediciones pasadas (N^os 1085 y 1088), el doctor Julio María Sanguinetti hace un llamado de atención sobre el pabellón nacional usado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 por el incumplimiento de las normas vigentes y de su reproducción fiel, lo cual lleva a reflexionar, más allá de las omisiones de los responsables (autoridades competentes del Estado y de la AUF), sobre “una preocupante claudicación cívica”. Asimismo, la utilización del escudo nacional en los uniformes de la delegación uruguaya diseñados por una marca contratada por la AUF también lleva a reflexionar sobre el adecuado uso de este símbolo nacional.

El deporte como manifestación cultural

El fomento de la cultura física racional para el cultivo y desarrollo del cuerpo humano ha sido de interés nacional desde principios del siglo pasado. Tanto es así, que el Poder Ejecutivo enviaba al Parlamento, el 7 de julio de 1906, un proyecto de ley para el fomento de la educación física, que en su exposición de motivos, entre otras cosas, expresaba: “Los ejercicios físicos, los distintos deportes, no son practicados con la frecuencia y la generalidad que los hacen benéficos y que permiten que tengan verdadera influencia en la vida del pueblo (…) Estimulemos, pues, los deportes recordando que influyen eficazmente en la mayor salud del pueblo, y son además, una escuela insustituible de voluntad y de ánimo” (32ª Sesión Extraordinaria de la Cámara de Representantes, de 04/12/1906).

Con respecto al fútbol, se fue transformando en el deporte más importante del país por la valorización que le ha dado el pueblo a través de la historia, lo cual lo ha llevado a ser una de las manifestaciones más arraigadas en el espíritu popular. Por todo esto es que el gobierno del departamento de Montevideo de 1960 dejó plasmado, en la torre de los homenajes del Estadio Centenario, el siguiente pensamiento, que siempre ha servido de inspiración: “Recordar aquella empresa estimula la voluntad para el mejoramiento físico y espiritual de nuestro pueblo”. Tal es el valor del fútbol en el sentimiento de la sociedad, que por Resolución del Poder Ejecutivo N° 499/003, de 07/05/2003, se declara monumento histórico un par de zapatos de fútbol y una camiseta de la selección uruguaya, ambos utilizados en el Campeonato Mundial de 1950, por el señor Obdulio Jacinto Varela.

En relación con la AUF –asociación civil sin fines de lucro–, entre sus objetivos se encuentra: “promover, difundir e incrementar la cultura en todas sus manifestaciones, especialmente por medio de la cultura física, y a través del fútbol como ejercicio físico, recreativo, educativo e higiénico”. Asimismo, por Decreto del Poder Ejecutivo, de 20/02/1952, se declara que la AUF está comprendida en la exención del artículo 69 de la Constitución de la República, ya que este artículo no discrimina entre las instituciones que fomentan la cultura física, la intelectual, la industrial o la artística; lo que años más tarde se ratifica por el artículo 134 de la Ley N° 12.802, de 30/11/1960. También, el artículo 2° de la Ley N° 19.828, de 18/09/2019, establece que “el deporte constituye una manifestación cultural que, como factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad, debe ser tutelada y fomentada por el Estado”.

El uso del escudo nacional en los uniformes de la AUF

Por el Decreto del Poder Ejecutivo, de 18/02/1952, se reglamenta el uso de los símbolos nacionales, y en su artículo 3° se establece que “los símbolos nacionales son atributos exclusivos del Estado, y el uso de los mismos por particulares estará condicionado a la autorización general o especial que se conceda y al cumplimiento estricto de las normas vigentes y de la reproducción fiel de aquellos”. Y en su artículo 27 se determina que “el uso del escudo y del sello del Estado, salvo con propósitos culturales, científicos o didácticos, queda prohibido a los particulares, pudiéndose usar solamente por la administración pública. (…).” De esto se infiere que el uso del escudo nacional por particulares con “propósitos culturales, científicos o didácticos”, y a pesar de que no se precisan las reglas a que debe sujetarse su uso con dichos propósitos, estaría permitido sin autorización previa y condicionado al cumplimiento estricto de las normas vigentes y de su reproducción fiel.

Por lo tanto, si bien la AUF es una institución cultural y tendría el consentimiento para investir la representación nacional (artículo 8°, Decreto del Poder Ejecutivo N° 418/004, de 25/11/2004, y modificativo) en la Copa Mundial de la FIFA 2026, al publicitar tanto a la marca del diseñador responsable de los uniformes de la delegación como a los productores de un tipo de lana para su confección a medida, cabría preguntarse si el uso del escudo nacional en dichos uniformes sería con un propósito cultural, si sería aplicable por analogía el artículo 4°, numeral 1°, de la Ley N° 17.011, de 25/09/1998, y si estaría permitido utilizarlo sin autorización previa. Cabe recordar que los funcionarios públicos para la utilización de símbolos nacionales en tarjetas y distintivos deberán “estar a lo dispuesto por el Decreto de fecha 18 de febrero de 1952, requiriéndose la autorización previa del Ministerio respectivo, en cada caso” (Decreto del Poder Ejecutivo, de 28/07/1959). Por otra parte, lo que sí está claro es la obligatoriedad del “uso de la escarapela nacional para todos los deportistas, en ocasión de competencias nacionales o internacionales, en el país o en el extranjero, que se desarrollen en fechas patrias” (Decreto del Poder Ejecutivo N° 902/975, de 25/11/1975).

Haciendo un paréntesis, el pasado 4 de junio, el señor Presidente de la República entregó el pabellón nacional a la selección de fútbol de la AUF, por investir la citada representación y como recuerdo de todo lo que simboliza; simbolización que está sintetizada en su juramento de fidelidad. Se supone que la referida entrega es siguiendo el criterio del Manual de Ceremonial de Estado (artículo 113, literal h, Decreto del Poder Ejecutivo N° 435/007, de 14/11/2007), por lo cual, y continuando con esa línea protocolar, se cree que el señor Presidente lo debería haber entregado en un edificio de la Presidencia de la República (artículo 113, literal b, Decreto del Poder Ejecutivo N° 435/007) y no en el Complejo Celeste. Tal vez, habría que reglamentar la entrega del pabellón nacional a todas las delegaciones deportivas que representan al país, incorporándola a los cometidos de la Secretaría Nacional del Deporte.

Más allá de lo discutible del propósito cultural, de si es aplicable la Ley N° 17.011 y de la previa autorización para que la AUF pudiera utilizar en los uniformes el escudo nacional –siempre teniendo presentes el cumplimiento estricto de las normas vigentes y de la reproducción fiel–, se ha observado que este no es una reproducción fiel del patrón oficial. Asimismo, por el tamaño y ubicación del escudo nacional en el detalle personalizado interior de la chaqueta, por debajo de la marca del diseñador responsable de los uniformes, de la denominación de la entidad internacional organizadora de la competencia deportiva y de los nombres de los integrantes de la delegación –los cuales, siguiendo la aludida línea protocolar, tendrían que haber estado por debajo (artículo 22, Decreto del Poder Ejecutivo N° 435/007)–, así como por su tamaño y ubicación en la corbata, se disminuyó su jerarquía, se afectó su prestancia, y no se le dio la preeminencia que le corresponde. También la ubicación del escudo nacional en el mencionado detalle personalizado y en el estampado del forro de la chaqueta podría interpretarse como un branding de la marca responsable del diseño y como medio de propaganda comercial o industrial. Por otra parte, llama la atención la ausencia del escudo de la AUF – selección uruguaya, que hubiera sido el apropiado.

El escudo nacional como símbolo privativo del Estado

Tiempo atrás se decía sobre los símbolos nacionales que: “Tal vez sería oportuno (…) confeccionar un proyecto de ley que coordinara y reformara las normas en la materia, haciendo lo mismo con los decretos reglamentarios” (Correo de los Viernes, edición N° 962, de 15/09/2023). Hoy se sigue pensando que continúa siendo necesaria una mayor precisión de las reglas a que debe sujetarse el uso de los símbolos nacionales. Para el escudo nacional en el caso que se ha desarrollado, a efectos de evitar su utilización por particulares relacionados con marcas de productos o servicios o por las propias marcas, habría que retomar el espíritu expresado en el considerando 3° de la Resolución del Poder Ejecutivo, de 29/03/1909, en el cual se establece que “no puede autorizarse su uso por ningún particular o sociedad, pues su carácter representativo es completamente privativo del Estado”. Porque, en definitiva, en el escudo nacional están representados los blasones que simbolizan, al decir del doctor Julio María Sanguinetti, “los valores permanentes, los ideales constitutivos de nuestro Estado” (Correo de los Viernes, edición N° 1051, de 05/09/2025).

Por Gonzalo Durañona

El avance de Eduardo Lust y Gustavo Salle con su permanente cuestionamiento a los acuerdos políticos reaviva el debate sobre los límites entre la crítica legítima y el discurso antisistema. El autor sostiene —con muy buenas razones— que convertir toda negociación en sospecha erosiona la confianza en las instituciones y termina debilitando la gobernabilidad democrática.

Hay una forma de hacer política que no busca resolver problemas, sino vivir de ellos. No ordena el debate público: lo enturbia. No fortalece la confianza en las instituciones: la erosiona. Su método es antiguo: fragmentar, confundir, dividir para reinar.

En esa lógica parece moverse Lust. Su crítica al gobierno es legítima, como toda crítica política fundada. El problema aparece cuando esa crítica se convierte en una sospecha permanente sobre todos: el gobierno, la oposición, los partidos, el Parlamento y cualquier acuerdo que no termine en ruptura.

Ese discurso puede resultar atractivo en tiempos de cansancio ciudadano. Y ese cansancio existe. Muchos uruguayos sienten que trabajan cada vez más para sostener un Estado más caro, más pesado y no necesariamente más eficiente. Ven crecer el costo de vida, las tarifas, los impuestos y la burocracia, mientras la distancia entre las promesas y los resultados se amplía.

Durante quince años de Frente Amplio, ese problema no se corrigió. El Estado siguió expandiéndose, con más gasto, más estructuras, más déficit y mayor presión sobre quienes producen. Cada peso que el Estado absorbe sin devolver mejores servicios sale del trabajo, del ahorro, del consumo o de la inversión de los uruguayos.

La coalición llegó al gobierno con grandes expectativas. Cumplió compromisos relevantes: frenó nuevas cargas impositivas, aprobó la Ley de Urgente Consideración, enfrentó la pandemia y contuvo el deterioro de la seguridad. No fue un gobierno perfecto, pero gobernó en circunstancias excepcionales.

Aun así, perdió la elección frente a una campaña que hizo de la supuesta superioridad moral su principal bandera. Se presentó a la coalición como insensible o corrupta y se instaló una caricatura de su gestión. De esa derrota quedaron dos lecciones.

La primera es que no alcanza con gobernar razonablemente bien: también hay que explicar, defender y recordar lo hecho. La memoria colectiva es breve y, cuando una mentira no se responde, termina avanzando. Defender la verdad con firmeza no es agresividad; es una obligación democrática.

La segunda es que la honestidad no puede quedarse en un eslogan. El gobierno de Orsi acumuló rápidamente renuncias, cuestionamientos éticos, explicaciones insuficientes, conflictos internos y episodios como el de la camioneta, que golpearon el relato de austeridad y transparencia con el que el Frente Amplio buscó diferenciarse.

No se trata de celebrar esos tropiezos. El país necesita un gobierno que tenga éxito en seguridad, empleo, educación y crecimiento. Pero también corresponde señalar la distancia entre la prédica moral de campaña y la realidad del ejercicio del poder.

Ahora bien, defenderse de la mentira no significa romper todos los puentes. En una democracia parlamentaria, los partidos deben negociar, discutir, ceder y acordar. Eso no es una debilidad del sistema: es precisamente su funcionamiento.

Una democracia seria no puede dejarse capturar por quienes convierten toda negociación en sospecha, toda prudencia en complicidad y todo acuerdo en traición.

La fortaleza de los partidos no protege dirigentes; protege la gobernabilidad. Los partidos fuertes ordenan la representación, procesan diferencias y construyen mayorías. Cuando cada enojo se convierte en una candidatura y cada dirigente en una isla, la política se vuelve más ruidosa, más frágil y menos eficaz.

Un ejemplo lo demuestra. En la discusión sobre el límite para pagos en efectivo, el Frente Amplio proponía un tope de $100.000. El Partido Colorado negoció para elevarlo al entorno de los USD 30.000. Sin esa negociación, la restricción habría sido mucho mayor. Negociar no fue entregarse; fue mejorar una mala propuesta.

Desde la lógica de Lust, sin embargo, ese tipo de acuerdos puede presentarse como connivencia. No es una lectura ingenua. Lust conoce perfectamente cómo funciona el Parlamento y sabe que la oposición no puede limitarse a incendiar todo por cálculo electoral. También sabe que denunciar a todos suele dar más visibilidad que explicar matices.

Llama la atención, además, que esa vara moral no siempre mida a todos por igual. Lust cuestiona con dureza a la oposición responsable, pero rara vez dirige la misma severidad hacia antiguos compañeros de ruta, como Perrone, cuando acompaña al Frente Amplio en asuntos relevantes.

Uruguay ya vio una estrategia similar con Gustavo Salle: un dirigente hábil para canalizar el descontento presentándose como enemigo de todos. Reunió bajo un mismo discurso a sectores muy distintos, ofreciendo a cada frustración un culpable y a cada enojo una consigna.

El desenlace fue menos épico que el relato. El antisistema terminó instalado en el propio sistema. Salle ocupó una banca parlamentaria y también encontró lugar para su hija. Después de denunciar a todos, aceptó sin reparos las ventajas del mismo sistema que decía combatir.

Ese es el problema de estas figuras. No necesariamente buscan resolver el malestar que denuncian; muchas veces buscan administrarlo. Lo convierten en marca personal y capital político. No necesitan que la ciudadanía comprenda mejor la realidad; necesitan que desconfíe cada vez más de todo.

La crítica política es indispensable. El control parlamentario fortalece la República. Pero convertir la sospecha permanente en programa, la indignación en negocio electoral y la destrucción de la confianza pública en método de acumulación personal es otra cosa.

Oficialismo y oposición tienen una responsabilidad superior: ofrecer soluciones. El gobierno debe gobernar con transparencia y asumir sus errores. La oposición debe controlar, denunciar cuando corresponda, proponer alternativas y cuidar la institucionalidad. Nada de eso mejora con gritos, insinuaciones o moralina.

Una democracia seria necesita partidos serios. Necesita debate y confrontación, pero también estabilidad, gobernabilidad y responsabilidad. El Parlamento no existe para representar purezas individuales, sino para transformar diferencias en decisiones posibles.

Por eso conviene mirar con atención lo que Lust representa. No estamos simplemente ante un legislador crítico. Estamos ante una forma de hacer política que se alimenta de la fragmentación, necesita confundir para crecer y busca dividir para reinar.

Y eso, en un país que necesita seriedad, trabajo y responsabilidad, no es rebeldía democrática. Es oportunismo disfrazado de virtud.

Por Susana Toricez

La construcción de un hogar, ya sea con ladrillos o con barro, revela una misma verdad: el futuro se edifica con esfuerzo, paciencia y perseverancia. A partir de una escena cotidiana, la autora reflexiona sobre las distintas maneras en que la adversidad puede convertirse, según quién la enfrente, en obstáculo o en oportunidad.

Hay observaciones cotidianas que reflejan, como espejos, la condición humana.

Pequeñas postales de la vida misma que nos devuelven una lección de aprendizaje y dignidad.

Hoy fui testigo de dos formas idénticas de tenacidad que se cruzaron bajo el mismo cielo encapotado.

En el terreno vecino, una pareja joven le hace frente al porvenir con lo que tiene: sus propias manos y el resto de energía que les queda tras la jornada laboral. Los veo llegar cansados, despojarse del rol de empleados y calzarse el de constructores de su propio destino. No esperan nada de nadie.

Hay un sacrificio enorme en cada ladrillo puesto, en cada pincelada que dan robándole horas al descanso, midiendo cada gasto en un país donde levantar paredes cuesta hasta el alma.

Hoy, la lluvia llegó sin aviso. Y con ella, la lógica impotencia, y la rabia contenida de ver cómo el agua frena el trabajo, estropea la mezcla y posterga el sueño. Para ellos, el cielo gris fue un freno, una tregua obligada en su carrera contra el tiempo.

Sin embargo, a pocos metros, en el árbol de mi jardín, la misma lluvia dictaba una sentencia contraria.

Una pareja de horneros trabajaba en su propia arquitectura silenciosa.

Al caer las primeras gotas, lejos de refugiarse, ¡parecieron celebrar!

Para estas aves, el agua no es un límite, sino la materia prima indispensable; es la que ablanda la tierra y les permite moldear el barro, poquito a poco, con una paciencia milenaria.

Con lo que el cielo le quitaba a los jóvenes, las aves bendecían su jornada con gorjeos, acarreando el lodo con el que sellan las paredes de su hogar.

¡Qué notable paradoja la de estos dos nidos en construcción!

Unos renegando del agua, los otros celebrándola, pero ambos impulsados por la misma fuerza soberana: el instinto noble de fundar un refugio para la vida.

Una lección de persistencia que nos recuerda que, aún bajo la tormenta y a distintos ritmos, el porvenir sólido siempre se construye desde abajo, con amor y mucha paciencia.

Por Diego Papic

En esta columna de la revista “Seúl”, el periodista Diego Papic —editor de Seúl y crítico de cine— analiza lo que percibe, con buenas razones, una campaña antiargentina combinada con un antisemitismo rampante.

Nos dicen el Israel del fútbol como insulto y, sin querer, aciertan: el odio que estamos recibendo es el mismo que persigue a los judíos desde siempre.

El 16 de junio, cuando todavía no había terminado el primer partido de Argentina en el Mundial, un usuario de X oriundo de Paquistán, con las banderitas de Portugal y de Palestina y el arroba del Real Madrid en su bío, tuiteó: «ARGENTINA ES EL ISRAEL DEL FÚTBOL!!!!!!!». Que el madridismo es una religión, ya lo sabía, pero nunca se me había ocurrido que podía existir una cruza con el islamismo. Me pareció una curiosidad, atribuible quizás a que estábamos jugando contra Argelia, un país en el que la religión oficial es el islam sunita.

De todas maneras, no entendí por qué Argentina sería el Israel del fútbol. ¿Por su poderío? ¿Porque, según ellos, hacemos trampa? ¿Porque estamos protegidos por el establishment? ¿Por el mismísimo Dios? Cuando terminó el partido, el mundo estaba enloquecido con Argentina y en particular con Lionel Messi, que, a pocos días de cumplir 39 años, había convertido tres goles (se puso de moda decir hat trick, expresión que aprendí jugando al FIFA 99, pero que nunca se había usado seriamente en Argentina hasta ahora).

Con el correr de los días, cuando empecé a meterme en el submundo del periodismo deportivo mejicano, me di cuenta de que muchos estaban reclamando una tarjeta roja para Messi por un pisotón al defensor Aïssa Mandi cuando el partido iba recién 1 a 0. El runrún de que Argentina estaba siendo beneficiada empezó a crecer, alimentado luego por el golazo anulado al egipcio Mostafa Ziko y por la expulsión del suizo Breel Embolo. Los anti-Messi, madridistas, pro-Cristiano, mejicanos y uruguayos anti-Argentina contribuyeron a construir en las redes la narrativa de que la FIFA quería que ganara Messi. Es cierto que no era una novedad, pero las voces que habían dicho eso durante el Mundial de Qatar eran más bien marginales.

Todo esto se cruzó con la otra narrativa, que se viene repitiendo hace varios mundiales, de que la Selección argentina no tiene negros y de que, por lo tanto, somos un país racista. Los partícipes necesarios fueron muchos progres locales, claro, aunque me parece que ahora están percibiendo que la jodita se les fue de las manos. Porque entonces lo deportivo se mezcló con lo social y lo político, y de golpe el blanco de las acusaciones no es un jugador de fútbol o un equipo, sino un país entero y todos los ciudadanos. Muchos de nosotros, seguramente, nos vimos en la situación de tener que aclarar, estas últimas semanas, que no todos somos racistas, que Argentina es un país que recibió muchos inmigrantes, etc.

¿Por qué pasa esto? ¿Será casualidad que nos haya tocado jugar (y ganar) contra Argelia, Jordania y Egipto, tres países de mayoría musulmana? Yo creo que contribuyó, que se dio una tormenta perfecta. Anteayer, la cuenta de X de Al Jazeera (rebrandeada como AJ+), el conglomerado de medios qatarí, con más de un millón de followers, publicó un video con el texto: “Algunos hinchas latinoamericanos en el Mundial han reabierto los debates sobre raza y colonialismo en América Latina”. En el video, una mujer con hiyab dice: “¿Por qué algunos hinchas latinoamericanos en el Mundial están tan ansiosos por mostrar lo racistas que son?” y muestra imágenes de hinchas argentinos cantando la famosa canción de Francia y Angola. Aprovecha eso para decir que en Argentina hubo una “limpieza étnica”, que “se borró a los negros de nuestra historia” y todas las cosas que ya sabemos.

Los de Al Jazeera no son tontos. Son muy prolijos. Pero son la punta de lanza de un ejército (no voy a decir de trolls, porque seguramente es gente real que lo hace gratis y orgánicamente) que disemina mentiras e injurias.

Si ponen “Argentina is the Israel of football” en el buscador de X, van a ver que hay un montón de tuits, no solamente el primero que vi yo durante el partido contra Argelia. Algunos incluyen fotos modificadas de Messi con nariz grande y kipá, o de Messi con Netanyahu o de Messi en el Muro de los Lamentos. El periodista egipcio Mohammed Nour publicó un video en el que dijo: “Jugamos contra Argentina, pero también contra la FIFA e Israel. La Selección argentina es el equipo israelí por excelencia. Messi fue a Israel varias veces, hasta usó kipá y fue al Muro de los Lamentos”.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, que agitaba una bandera de Palestina al final de cada partido (a pesar de que su país tiene la frontera cerrada con la Franja de Gaza), hizo la seña de que estaba sufriendo insultos racistas cuando vio una bandera de Israel en la tribuna argentina. Recibió una tarjeta amarilla por esto.

Por si fuera poco, el viernes el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también dijo que a Egipto lo habían “robado” en el partido. Por supuesto que Mamdani no tiene ni la menor idea de la forma que tiene una pelota de fútbol, pero su batallón de asesores está siempre atento a los trends de las redes y el tipo se sube a todas. Y, ¿de qué lado se iba a subir? Del del Eje del Mal.

Lionel Messi es famoso por su silencio respecto de cuestiones políticas. Él y sus compañeros (con ayuda del Chiqui Tapia, hay que reconocerlo) gambetearon a Wado de Pedro y todo el Gobierno kirchnerista en 2022, y nunca ha expresado opiniones sobre ningún tema, ni ha posteado en redes sociales nada demasiado jugado. Fue muy criticado por el progresismo vernáculo cuando fue a la Casa Blanca y le dio la mano a Donald Trump, pero eso no implicó adhesión alguna: fue como capitán del equipo campeón de la MLS en una visita protocolar al presidente de los Estados Unidos.

Incluso me acuerdo de que, en junio de 2018, antes del Mundial de Rusia, la Selección iba a jugar un amistoso con Israel en Haifa, pero la ministra de Cultura y Deportes israelí, Miri Regev, lo movió a Jerusalén sin consultar con nadie, con lo que se puso en marcha un boicot que incluyó amenazas a los familiares de los jugadores, que prefirieron cancelar el partido. En ese momento, me enojé con el equipo, pero se me pasó enseguida, antes del primer partido con Islandia. Hoy, a la distancia, entiendo que era una estupidez y hasta diría un acto de egoísmo insensato pedirles que hicieran la heroica. Pero, sobre todo, lo más probable es que a ellos les chupara un huevo Israel. Ni a favor ni en contra.

Pero para los islamonazis, un neutral es lo mismo que un sionista. Un argentino que festejó la victoria sobre Egipto es un infiel que forma parte del lobby judío. Las teorías conspirativas son el fermento que está alimentando este antiargentinismo organizado, al que están sucumbiendo no sólo termos profesionales como el mejicano Álvaro González, sino tipos inteligentes y hasta ahora racionales como Garry Kasparov o el economista egipcio-estadounidense Mohamed El-Erian, a quien el viceministro de Economía José Luis Daza se tomó el trabajo de contestarle con un largo tuit.

Es que desmontar las teorías conspirativas es muy trabajoso. Después de que el medio mejicano Indie 505, con 600.000 seguidores en X, posteara “En las últimas 48 horas, publicaciones anti-Messi y anti-Argentina están alcanzando rápidamente 200 - 300 MIL me gusta en X” (fuente: de ravioles), alguien respondió con un video de la influencer Delfi Maccari en el que aplica los que se conocen vulgarmente como los principios de la propaganda de Goebbels (simplificación y enemigo único, contagio, transposición) a lo que está ocurriendo con Argentina: todos los argentinos somos racistas y genocidas, todos nos odian, nos acusan de una cosa y cuando empezamos a defendernos nos acusan de otra cosa, etc.

Vi el video y me corrió un escalofrío por lo parecido que es a los miles que veo a diario de influencers judíos que intentan desmontar las teorías conspirativas antisemitas. No es un genocidio, no todos los judíos son tacaños, un judío de Villa Crespo no es responsable de lo que hace el Estado de Israel.

Entonces, al final, ¿Argentina es el Israel del fútbol? Bueno, no. Supongo que este hateo se va a terminar cuando se termine el Mundial. Argentina no está en guerra con nadie. Todo es infinitamente más soft. Pero, como argentinos, recibimos por unas semanas el mismo odio que reciben (recibimos) los judíos desde siempre. No abrigo la esperanza de que ningún antisemita, blanco ahora de teorías conspirativas parecidas a las que ellos creen de los judíos, tenga una epifanía. Pero quizás esto despierte la empatía de algún neutral. Quizás.

La ratificación de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú demuestra que, aun en medio de una política convulsionada, existen dirigentes capaces de entender que la estabilidad económica depende de preservar las instituciones y respetar la competencia técnica. Una lección que explica buena parte del éxito peruano de las últimas dos décadas.

En América Latina abundan los ejemplos de gobiernos que, al llegar al poder, sienten la necesidad de reemplazar todo lo que heredaron, aun aquello que funciona correctamente. Perú acaba de demostrar que existe otro camino. La presidenta electa, Keiko Fujimori, confirmó la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), un cargo que ocupa desde 2006 y desde el cual se ha convertido en uno de los banqueros centrales más respetados del mundo.

La decisión tiene un significado que trasciende los nombres propios. Es, sobre todo, una señal de inteligencia política.

Perú lleva casi una década ofreciendo un espectáculo institucional desolador. Presidentes destituidos, renuncias, procesos judiciales, enfrentamientos permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso, fragmentación partidaria y una inestabilidad que haría pensar en un país condenado al estancamiento. Sin embargo, mientras la política se desordenaba, la economía seguía exhibiendo una capacidad de resistencia que sorprende incluso a los analistas internacionales.

No se trata de un milagro.

Buena parte de esa resiliencia tiene una explicación sencilla: existe un consenso transversal respecto a que el Banco Central no debe convertirse en un botín político. Los gobiernos pasan; la estabilidad monetaria permanece.

Julio Velarde ha sobrevivido políticamente a gobiernos de todas las orientaciones. Ha sido ratificado por presidentes ideológicamente muy distintos porque todos comprendieron que su continuidad generaba un activo invaluable: credibilidad. Durante dos décadas el BCR peruano mantuvo una política monetaria prudente, preservó la estabilidad del sol, controló la inflación, acumuló importantes reservas internacionales y construyó una reputación que hoy constituye uno de los principales patrimonios institucionales del país.

La ratificación anunciada por Keiko Fujimori no significa que Velarde sea infalible ni que todas las decisiones económicas peruanas hayan sido acertadas. Significa algo mucho más importante: que existe conciencia de que ciertas instituciones deben quedar protegidas de las disputas partidarias.

Ese tipo de decisiones no suele despertar entusiasmo militante. No genera grandes titulares ni moviliza multitudes. Pero tranquiliza a los mercados, reduce la incertidumbre, abarata el financiamiento del Estado y transmite previsibilidad a quienes deben invertir y generar empleo.

La política latinoamericana suele enamorarse de los gestos refundacionales. Cada administración pretende comenzar desde cero, como si la continuidad fuese una forma de debilidad. La experiencia peruana demuestra exactamente lo contrario: a veces la mayor fortaleza consiste en conservar aquello que ya ha probado funcionar.

Paradójicamente, la estabilidad económica peruana ha convivido con una de las democracias políticamente más turbulentas del continente. Esa aparente contradicción confirma una enseñanza que muchos países todavía no terminan de aprender: las instituciones económicas sólidas pueden amortiguar buena parte de los daños producidos por la mala política, aunque no puedan reemplazarla indefinidamente.

Ningún banco central puede resolver por sí solo la corrupción, la fragmentación política o la debilidad de los partidos. Pero sí puede impedir que esas crisis desemboquen además en inflación descontrolada, pérdida de reservas, fuga de capitales y destrucción del ahorro de millones de ciudadanos.

Por eso la continuidad de Velarde constituye un mensaje mucho más profundo que un simple nombramiento administrativo. Es el reconocimiento de que la competencia técnica también merece estabilidad y que la confianza se construye durante años, pero puede destruirse en pocos meses.

América Latina suele buscar explicaciones complejas para entender por qué algunos países logran resistir mejor las crisis que otros. A veces la respuesta es bastante más simple: consiste en comprender que existen ámbitos donde el sectarismo debe ceder paso al profesionalismo.

La política peruana puede seguir siendo una de las más caóticas de la región. Sus gobiernos continuarán enfrentando enormes desafíos institucionales. Pero hay una diferencia fundamental respecto de muchos de sus vecinos: en Perú, al menos cuando se trata del Banco Central, todavía parece prevalecer una convicción elemental.

Con la economía no se juega.

Y esa inteligencia, silenciosa y poco espectacular, hace años que viene pagando dividendos.

Los ataques ucranianos contra la denominada “flota fantasma” rusa en el Mar de Azov marcan un cambio de escala en la guerra. Al golpear la red de petroleros y buques logísticos que permite a Moscú financiar y abastecer su esfuerzo militar eludiendo las sanciones occidentales, Kiev deja de concentrarse exclusivamente en los objetivos militares tradicionales y lleva la ofensiva al corazón de la economía de guerra rusa, demostrando que ni siquiera el hasta ahora protegido Mar de Azov permanece fuera del alcance de sus drones.

Durante más de dos años, el Mar de Azov había permanecido relativamente al margen de los grandes episodios navales de la guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras el Mar Negro concentraba los hundimientos de buques de guerra, el bloqueo de puertos y la disputa por las rutas marítimas, el Azov se había convertido en una especie de retaguardia logística rusa, protegida por la geografía y por el dominio militar que Moscú ejerce sobre sus costas desde la ocupación de Mariúpol y Berdiansk.

Esa situación acaba de cambiar.

La ofensiva lanzada por Ucrania contra decenas de petroleros, remolcadores, cargueros y embarcaciones auxiliares en el Mar de Azov constituye uno de los movimientos estratégicos más importantes de la guerra durante 2026. No porque destruya grandes unidades navales rusas, sino porque apunta directamente al sistema económico y logístico que mantiene funcionando la maquinaria bélica del Kremlin.

¿Qué es la “flota fantasma”?

El término “flota fantasma” (o shadow fleet) no hace referencia a barcos militares invisibles ni clandestinos en sentido estricto.

Se trata de una red internacional de centenares de petroleros —muchos de ellos antiguos, registrados bajo banderas de conveniencia, con propietarios difíciles de identificar y empresas pantalla— utilizados por Rusia para eludir las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania.

Su funcionamiento combina varias prácticas destinadas a ocultar el origen del petróleo:

• apagado deliberado de los sistemas AIS de identificación automática;
• falsificación de documentación sobre el origen de la carga;
• transferencias de petróleo entre buques en alta mar;
• utilización de aseguradoras y empresas registradas en terceros países.

La imposición de un arancel del 25% por parte de Estados Unidos no sólo abre un nuevo frente comercial con Brasil: también irrumpe de lleno en la campaña presidencial. Lo que parecía una herramienta de presión económica podría terminar fortaleciendo a Lula al alimentar un reflejo nacionalista y colocar al bolsonarismo ante el incómodo dilema de elegir entre su cercanía con Donald Trump y la defensa de los intereses brasileños.

La decisión de la administración de Donald Trump de imponer un arancel adicional del 25% a una amplia gama de productos brasileños trasciende el plano estrictamente comercial. Aunque el fundamento formal es una investigación sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil, el impacto político puede ser incluso más relevante que el económico. A menos de tres meses de las elecciones presidenciales de octubre, el conflicto comercial amenaza con convertirse en uno de los principales ejes de la campaña entre Luiz Inácio “Lula” da Silva y Flávio Bolsonaro.

La paradoja es evidente: una medida concebida para presionar al gobierno brasileño podría terminar fortaleciendo precisamente al presidente al que busca debilitar.

Un arancel con fuerte contenido político

Desde el punto de vista jurídico, Washington fundamenta la decisión en la Sección 301 de la Trade Act de 1974, tras una investigación que concluyó que diversas políticas brasileñas —desde el comercio digital hasta la propiedad intelectual, la regulación ambiental y aspectos de la política anticorrupción— perjudican a las empresas estadounidenses.

Sin embargo, el contexto político resulta imposible de ignorar.

Las relaciones entre Trump y Lula vienen deteriorándose desde hace meses. La Casa Blanca acusa al gobierno brasileño de no negociar “de buena fe”, mientras Brasil interpreta la decisión como una forma de presión política en plena campaña electoral. Lula incluso ha vinculado el endurecimiento de Washington con la cercanía entre la familia Bolsonaro y la administración republicana.

No se trata, por tanto, únicamente de una disputa comercial. Se trata también de una disputa narrativa.

El “efecto bandera”

La ciencia política conoce desde hace décadas un fenómeno denominado rally around the flag: cuando un país percibe una presión externa, buena parte del electorado tiende a cerrar filas detrás de su gobierno, aun cuando mantenga diferencias con él.

Lula parece haber comprendido rápidamente esta lógica.

Su respuesta ha sido desplazar el debate desde la economía hacia la soberanía nacional. En lugar de discutir exclusivamente los efectos de los aranceles, presenta la controversia como una defensa de la dignidad de Brasil frente a una potencia extranjera.

Ese encuadre resulta especialmente eficaz porque obliga a la oposición a caminar por una cuerda muy delgada.

El dilema de Bolsonaro

Flávio Bolsonaro enfrenta un problema político complejo.

Si respalda las medidas de Trump, corre el riesgo de aparecer defendiendo intereses extranjeros frente a los productores brasileños.

Si las critica, se distancia del principal referente internacional del bolsonarismo.

Ese equilibrio es particularmente delicado porque una parte importante del electorado conservador brasileño mantiene una fuerte identificación ideológica con Donald Trump.

La consecuencia es que Bolsonaro queda parcialmente atrapado entre la lealtad política internacional y el interés económico nacional.

Diversos analistas brasileños ya señalan que esta situación podría terminar beneficiando electoralmente a Lula, precisamente porque el oficialismo logra presentarse como el único defensor inequívoco de los intereses nacionales.

¿Será realmente grave el impacto económico?

Paradójicamente, probablemente no tanto como sugieren los titulares.

Estados Unidos excluyó del nuevo arancel varios productos estratégicos para su propia economía y para las cadenas de suministro estadounidenses.

Entre las excepciones figuran productos como café, carne vacuna, componentes aeronáuticos y otros bienes considerados críticos para el mercado norteamericano.

Eso limita considerablemente el impacto macroeconómico inmediato.

Brasil, además, cuenta hoy con una estructura exportadora bastante más diversificada que hace veinte años, con China consolidada como su principal socio comercial.

Por ello, el daño económico probablemente será administrable.

Pero la política rara vez sigue la lógica de la economía.

La campaña se nacionaliza

Hasta hace pocas semanas, la elección brasileña giraba principalmente alrededor de temas internos: inflación, seguridad pública, crecimiento económico y corrupción.

Los aranceles introducen un nuevo eje: la política exterior. Y ese cambio favorece a quien ocupa la Presidencia.

El oficialismo puede convertir cada crítica estadounidense en un argumento para reforzar la idea de que Brasil necesita un liderazgo firme frente a presiones externas.

La oposición, en cambio, deberá convencer simultáneamente de dos cosas difíciles de compatibilizar:

• que los aranceles son perjudiciales para Brasil;
• y que la estrecha identificación de Trump con el bolsonarismo no tiene responsabilidad política alguna en esa situación.