A tres años de la masacre perpetrada por Hamás en Israel, el recuerdo de las víctimas obliga a reafirmar principios fundamentales: el rechazo al terrorismo, el derecho de Israel a defenderse y la necesidad de distinguir entre las responsabilidades de quienes desencadenaron la guerra y las obligaciones de quienes la libran.

Otros artículos de opinión en esta edición de Correo evocan el 7/10. Pero no podemos obviar el tema en nuestro editorial.

El 7 de octubre de 2023 quedó grabado como una de las jornadas más atroces de la historia de Israel. Terroristas de Hamás irrumpieron en territorio israelí, asesinaron a civiles, atacaron comunidades enteras, cometieron atrocidades y secuestraron a hombres, mujeres y niños. No fue una operación militar convencional. Fue una masacre deliberada, dirigida en buena medida contra una población indefensa.

Tres años después, corresponde recordar una verdad fundamental: esta guerra no la inició Israel. La desencadenó Hamás con un ataque terrorista de una brutalidad difícil de concebir. Israel tenía, y tiene, el derecho a defender a su población y a impedir que semejante horror vuelva a repetirse.

Ese respaldo no supone desconocer el sufrimiento de la población palestina. Las muertes de civiles inocentes son siempre una tragedia, cualquiera sea su nacionalidad. Pero tampoco corresponde confundir las consecuencias devastadoras de una guerra con la existencia de un genocidio. Este último es un delito específico que exige acreditar la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Eso eso algo que no puede sostenerse en este caso.

También deben investigarse, con absoluta independencia y hasta sus últimas consecuencias, los gravísimos fallos de seguridad que permitieron la tragedia del 7 de octubre. Las responsabilidades políticas, militares e institucionales deben establecerse sin contemplaciones. Defender a Israel no significa dispensar de responsabilidades a sus gobernantes.

La paz exige reconocer los derechos y la dignidad de israelíes y palestinos, pero también rechazar inequívocamente el terrorismo y el antisemitismo, que ha vuelto a manifestarse con inquietante intensidad en distintas partes del mundo, incluyendo Uruguay y avergüenza señalarlo.

El 7 de octubre no admite relativizaciones ni justificaciones. Recordar a sus víctimas es un deber moral. Y preservar su memoria exige no perder de vista quiénes perpetraron aquella masacre, qué responsabilidades deben esclarecerse y por qué la seguridad de Israel y la protección de todas las vidas civiles siguen siendo condiciones indispensables para una paz duradera.

Y tener siempre presente que, como dijera el expresidente Sanguinetti, Israel es la trinchera de Occidente.

Por Julio María Sanguinetti

Que la elección final en Brasil era pareja resultaba bastante notorio. Y que en la primera vuelta Lula predominaba resultaba un valor entendido para todas las encuestas. Datafolha y Quaest, las dos más importantes, le atribuían un 4% de ventaja al Presidente y esa mayoría venía largamente precedida de una machacona reiteración que le daba poco menos que la nota de lo indiscutible. No fue así, sin embargo, y dos millones largos dieron ventaja a Flávio Bolsonaro. “Sorprendente”, dijo Lula y la misma palabra se ha usado en el mundo entero.

Todo está servido para que el Senador derrote al Presidente. Ha obtenido más votos que su padre, la diferencia en el Sur es abrumadora, ganar en Minas Gerais es la prenda de la corona (porque nadie ha ganado perdiendo allí) y en definitiva —algo que me parece relevante— la imagen de Flávio Bolsonaro sale razonablemente bien en lo personal. Luce discreto, leal a su padre, pero de talante claramente más moderado. No brilló, pero no desentonó en la difícil posición de candidato vicario de un padre preso. Su desafío ahora es no cometer errores de campaña, que suelen ser más importantes que los eventuales aciertos.

El primer obstáculo será si acepta o no un debate mano a mano con Lula. Puede rehuirlo amparándose en el precedente de su rival, o aceptarlo y correr el riesgo de enfrentar a un viejo lobo de mar que, si bien no es el de antes, mantiene todavía su brío personal. Quizás lo que más le juegue en contra a Lula sea su estilo más agresivo, un malhumor que antes no aparecía, la pérdida de la gracia pícara que le definió. En todo caso, aceptar o no aceptar, debatir o no debatir, tendrá su peso no bien se muevan las primeras piezas de este complejo ajedrez.

Aun asumiendo el riesgo de adelantarnos, un aspecto muy importante es que la centroderecha brasileña marca la posibilidad de un futuro. Flávio Bolsonaro es una continuidad válida de su padre y Tarcísio, el gran triunfador de San Pablo, ya es una figura presidencial. A la inversa, en la izquierda, de perder, es el ocaso final de Lula y de su delfín, Haddad, vapuleado en la elección paulista.

La elección parlamentaria, por otra parte, ha sido relevante. Si gana Bolsonaro tendrá una cuasimayoría en Diputados y una posición muy favorable en el Senado, en un Parlamento donde el famoso “centrão” ha sido el fiel de la balanza. El tal “centrão” es un espacio informal, ubicado en el centro mismo, en general muy vinculado a los Gobernadores, que se caracteriza por su permanente negociación en función de los intereses de sus Estados.

Otra comprobación inequívoca es que Brasil profundiza su diferenciación territorial. El Norte con la izquierda, el Sur con la centroderecha. Ese mapa electoral hoy se define más sociológica que ideológicamente. El Sur es el Brasil de la industria, la agricultura, el comercio, la ganadería. El Norte es el Brasil más folklórico, más turístico, más simpáticamente musical, pero muy dependiente del Estado y sus beneficios sociales.

Esta división se ha ido consolidando. En algún momento se hablaba de Belindia, una combinación de Bélgica e India, visiones muy dispares ante el mundo del trabajo y la visión del Estado.

El Estado de San Pablo, por ejemplo, es un Estado adentro del Estado. Cuando Bolsonaro Padre desalentaba la vacunación, San Pablo no sólo vacunaba sino que producía sus vacunas. Es decir, posee una enorme autonomía. Tiene 46 millones de habitantes, el 22% de la población de Brasil, pero un tercio del PBI brasileño, que es más que el de Argentina. Es natural, entonces, que vote con una lógica muy propia.

Las hipótesis que se ofrecen para explicar el “sorprendente” resultado son muchas. Está claro que aumentar la Bolsa Familia a última hora de nada le sirvió a Lula, porque tenía un aroma de oportunista compra de voto que no parece haber alterado el ánimo de nadie. Las historias de corrupción y la notoria parcialidad de el Supremo Tribunal Federal y su juez Alexandre de Moraes, en cambio, hicieron mella en las mayoritarias clases urbanas de las ciudades del Sur. Con Bolsonaro y sus internaciones hospitalarias se ofrecía un espectáculo de verdadera persecución personal.

En los Estados más desarrollados pesa también la fortísima tributación estatal y el altísimo nivel de los intereses, que poco se mencionan, pero hacen mella en un Sur que siente que con su trabajo debe sostener al resto. Lo mismo con el tema de la seguridad, que en las grandes ciudades es muy determinante.

También da la impresión de que este Lula enojado, de aire vengativo, ha fatigado a la ciudadanía y que ya no llega a la generalidad como antes, en que hacía un corte transversal en la sociedad brasileña. A lo que se añade la cuestión religiosa, con un activismo evangélico de incuestionable peso y que no es afín al PT.

Para Uruguay no hay cambios dramáticos. La relación del gobierno de Lacalle Pou con el de Lula fue excelente. Por eso ha sido disparatada la militancia frentista en favor de Lula, como si al Uruguay le fuera la vida, cuando sólo parece írsela a una izquierda uruguaya que se siente asfixiada por un síndrome de aislamiento. Un mapa latinoamericano a la derecha deja al Uruguay como una mancha solitaria. No nos hiere particularmente, pero nos obliga a ser muy prudentes. El mismo Frente Amplio debería asumir que es un partido de gobierno y no una banda de excitados militantes como luce ahora. Todo es una sensación, porque un gobierno brasileño de derecha no cambiará su actitud, salvo que el izquierdismo “infantil” de que hablara Lenin nos llevara a una situación ríspida. Y esto compromete al país todo, especialmente en el comercio.

Es cada día más claro que para compensar la ortodoxia económica el Frente cae en la variable de ajuste de la política exterior. Levanta el perfil político de la Embajada ante la Autoridad Palestina, no condena al terrorismo de Hamás, habla del publicitario “bloqueo” de Cuba en los EE. UU.… Y con eso va calmando a sus iracundos. Pero también desnuda ante la ciudadanía la contradicción en la que vive, porque si es de izquierda no es dictadura…

El Frente Amplio está desolado. Se ve venir una derrota del “gran hermano” en que se refugiaba. Pero también comienza a vislumbrar, a través de Brasil, su propia caída.

La nueva edición de La Semana, el boletín informativo del Partido Colorado, recoge las principales noticias y actividades de la colectividad.

La edición de este jueves 8 de octubre incluye: Andresito y el legado guaraní, una mirada a las raíces indígenas del Uruguay; Ojeda advirtió sobre el avance de los «barrios narco»; Juri pedirá informes por la reducción de la operativa de MSC en Montevideo; Matías Duque ya recorrió 26 municipios de Canelones; Martín Cantera impulsa «Soy UY», la billetera digital de documentos; llega el Bootcamp COMPOL al Partido Colorado, y más.

Leé la edición completa de La Semana aquí

 

El expresidente será homenajeado mañana, sábado 10 de octubre, durante la entrega de los Premios Bartolomé Hidalgo. La ceremonia tendrá lugar a las 19 horas, con entrada libre y gratuita.

El expresidente Julio María Sanguinetti recibirá un reconocimiento especial en el marco de la ceremonia de entrega de los Premios Bartolomé Hidalgo, que organiza la Cámara Uruguaya del Libro durante la 48.ª Feria Internacional del Libro de Montevideo.

El homenaje constituye una distinción a su extensa trayectoria intelectual y literaria, que acompaña una vida pública de singular protagonismo en la historia contemporánea del país.

La ceremonia tendrá lugar en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo (piso 1 y 1/2), con entrada libre y gratuita. En la oportunidad también se darán a conocer los ganadores de las distintas categorías de los Premios Bartolomé Hidalgo 2026.

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, mantuvo esta semana reuniones con la senadora argentina Patricia Bullrich y con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en un encuentro del que también participó el expresidente Julio María Sanguinetti. El combate al narcotráfico y la recuperación del control territorial estuvieron entre los principales asuntos abordados.

El senador Andrés Ojeda desarrolló esta semana una agenda de encuentros internacionales centrada en las políticas de seguridad pública y el combate al crimen organizado, con especial atención a las experiencias de Argentina y El Salvador.

El miércoles, en Buenos Aires, se reunió con la senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad argentina, para analizar los resultados del denominado Plan Bandera, aplicado en Rosario contra las organizaciones del narcotráfico.

Ojeda destacó especialmente la estrategia de recuperación del control territorial en los barrios afectados por la delincuencia organizada y reiteró su propuesta de establecer una presencia permanente, durante las 24 horas, de la Guardia Republicana en las zonas más conflictivas de Uruguay.

También abordaron el proyecto de ley presentado por los senadores colorados Ojeda, Robert Silva y Gustavo Zubía para crear un listado nacional de organizaciones terroristas, que podría comprender tanto a grupos internacionales como a organizaciones criminales regionales.

Al día siguiente, Ojeda participó, junto al expresidente Julio María Sanguinetti, en una reunión con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, celebrada en el domicilio del exmandatario uruguayo.

Durante el encuentro se intercambiaron opiniones sobre las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Nayib Bukele, particularmente la recuperación de territorios anteriormente dominados por las pandillas y la utilización de establecimientos penitenciarios de máxima seguridad para impedir que los jefes criminales continúen dirigiendo sus organizaciones desde prisión.

“Creo que sí hay herramientas concretas de la política de seguridad de El Salvador altamente utilizables en Uruguay”, afirmó Ojeda, quien subrayó la importancia de estudiar esa experiencia en profundidad, sin trasladar mecánicamente modelos ajenos a la realidad institucional uruguaya.

Por su parte, Ulloa destacó los avances que atribuye a la política de seguridad salvadoreña y señaló que su país está dispuesto a compartir experiencias con Uruguay si así se le solicita.

Los encuentros tuvieron como denominador común el análisis de estrategias para enfrentar al narcotráfico, fortalecer la presencia del Estado y recuperar espacios afectados por la violencia criminal, asuntos que ocupan un lugar central en el debate nacional sobre seguridad pública.

El gobierno anuncia como un avance la incorporación de la historia reciente a la formación militar, pero se saltea un dato fundamental: esa incorporación ya se había realizado en 2021, durante la administración de la Coalición Republicana.

La Presidencia de la República anunció la conformación de una comisión destinada a dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre sus cometidos, según la comunicación oficial, estará la incorporación del pasado reciente a los programas de formación militar, una cuestión que, se afirma, fue observada por la Corte debido a una omisión del Estado uruguayo.

Lo que no se entiende es de qué omisión se está hablando.

En efecto, en 2021, durante el gobierno de la Coalición Republicana, el Ejército revisó sus planes de estudio y adecuó los contenidos referidos a la historia reciente, incorporando expresamente el tratamiento de ese período a la formación de sus oficiales.

No se trata de una interpretación política ni de una afirmación sin respaldo. La revisión fue informada públicamente en diciembre de aquel año y recogida por distintos medios de comunicación, entre ellos Subrayado y la diaria.

Más aún, en agosto de 2021, el reconocido historiador Gerardo Caetano, intelectual identificado con la izquierda, brindó una conferencia ante oficiales jóvenes del Ejército en el Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES).

Es decir, no solamente se modificaron los programas de enseñanza, sino que también se promovieron instancias de reflexión con académicos de reconocida trayectoria y distintas sensibilidades políticas.

Por supuesto, el Estado debe cumplir las sentencias de la Corte Interamericana y continuar perfeccionando la formación de sus militares en materia de derechos humanos. Eso no está en discusión. Lo que resulta inadmisible es presentar como una omisión persistente algo sobre lo cual ya se había actuado, sin explicar qué aspectos concretos siguen pendientes.

Si la Corte ha señalado deficiencias específicas que subsisten pese a las reformas de 2021, corresponde identificarlas con precisión. Pero si se pretende anunciar como novedad una incorporación que ya se produjo, estamos ante una injustificable omisión de los antecedentes.

La secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Iliana da Silva, afirmó que se está dando “un paso más en la construcción del nunca más”. Pero el nunca más también exige rigor histórico, honestidad institucional y reconocimiento de lo realizado, cualquiera haya sido el gobierno responsable.

La polémica en torno al proyecto de ley de competitividad ha puesto de manifiesto las dificultades para reducir los costos de la economía uruguaya. El sector privado debe aceptar una mayor competencia y revisar sus propias prácticas, pero el Estado tampoco puede eludir su responsabilidad en materia de presión fiscal, gasto público y déficit.

El proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, impulsado por el gobierno y actualmente a estudio de la Cámara de Representantes, ha provocado una controversia entre el equipo económico y distintos sectores empresariales. Aunque existe un acuerdo bastante extendido sobre la necesidad de abaratar los costos de nuestra economía, las diferencias aparecen cuando se discuten las medidas concretas para conseguirlo.

La iniciativa contiene disposiciones destinadas a simplificar trámites, reducir obstáculos burocráticos, facilitar el comercio exterior y promover una mayor competencia. Son objetivos razonables en un país donde las regulaciones excesivas, la lentitud administrativa y los costos de funcionamiento constituyen obstáculos conocidos para la actividad económica.

El principal enfrentamiento se ha producido alrededor del artículo 140, que facilita la participación de nuevos importadores de productos sujetos a registros técnicos o sanitarios. El propósito es evitar que determinados procedimientos administrativos terminen otorgando, en los hechos, una posición de exclusividad a quienes primero introducen un producto en el mercado.

La Cámara de Industrias ha reclamado la eliminación o separación de esa disposición, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias para la producción nacional, particularmente frente a mercaderías provenientes de países vecinos. También se han planteado preocupaciones vinculadas con los controles sanitarios y las condiciones de competencia.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, respondió con firmeza. Sostuvo que algunas empresas se benefician actualmente de rentas monopólicas y cuestionó que se reclame una economía más abierta y barata mientras se resisten medidas destinadas precisamente a incrementar la competencia. El subsecretario Martín Vallcorba, por su parte, defendió el artículo como una pieza central de la propuesta gubernamental.

La discusión tiene además otra dimensión: el proyecto contempla modificaciones institucionales en materia de defensa de la competencia, que han generado reparos parlamentarios acerca de las atribuciones y los controles del organismo encargado de aplicarlas.

Es evidente que el sector privado tiene responsabilidades que asumir. No resulta coherente reclamar permanentemente mejores condiciones de competitividad y, al mismo tiempo, pretender la conservación indefinida de protecciones regulatorias que restringen el ingreso de competidores. La apertura, la innovación, la productividad y la eficiencia deben formar parte de una estrategia empresarial orientada al crecimiento.

Pero también sería un error reducir el problema de la competitividad uruguaya a las conductas del sector privado.

El Estado tiene una responsabilidad igualmente importante, que no puede quedar relegada. La presión fiscal, los costos energéticos, las cargas que pesan sobre la producción y el empleo, y las ineficiencias del aparato público inciden directamente sobre la capacidad de las empresas para competir, invertir y generar puestos de trabajo.

A ello se agrega el problema del déficit fiscal. Su corrección requiere una política sostenida de disciplina presupuestal, revisión del gasto y mejora de la eficiencia estatal. No alcanza con procurar mayores ingresos tributarios: también es necesario examinar cómo se utilizan los recursos que aportan los contribuyentes y qué resultados obtiene la sociedad a cambio.

La Federación Rural, por ejemplo, ha respaldado la orientación general del proyecto, pero advirtió que deja sin resolver cuestiones fundamentales, entre ellas los costos de la energía, la carga tributaria, las relaciones laborales y los problemas cambiarios. Son observaciones que merecen consideración y que exceden largamente la controversia sobre los importadores.

Una política de competitividad verdaderamente integral debe actuar sobre ambos lados de la ecuación. Debe promover mercados abiertos, impedir privilegios injustificados y estimular la eficiencia empresarial, pero también avanzar hacia un Estado menos costoso, más ágil y fiscalmente responsable.

La controversia actual puede ser una oportunidad para discutir estas cuestiones sin simplificaciones. Ni todas las dificultades de la economía uruguaya son consecuencia de las regulaciones estatales ni todos sus problemas se explican por la conducta de los empresarios.

Uruguay necesita más inversión, más productividad y mejores condiciones para competir. Alcanzarlas exige responsabilidades compartidas. Y el esfuerzo que se reclama al sector privado debe tener su contrapartida en una revisión seria de los costos y las obligaciones del propio Estado.

El presidente de ASSE vuelve a quedar en el centro de una controversia por incumplir las normas que regulan la función pública. La oposición exige su renuncia, mientras el oficialismo pretende reducir el episodio a un simple error administrativo.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, suma un nuevo y grave episodio a su ya cuestionada gestión. El pasado 4 de junio firmó una resolución para contratar camas de CTI en cuatro mutualistas, entre ellas la Asociación Española, institución en la que había trabajado hasta noviembre de 2025.

El artículo 72 del TOCAF es terminante: los jerarcas públicos deben abstenerse de intervenir en contrataciones con empresas con las que hayan mantenido vínculos laborales durante los doce meses anteriores. Danza incumplió esa disposición. Y lo hizo después de haber protagonizado una prolongada polémica por sus múltiples empleos privados y sus incompatibilidades con la presidencia de ASSE.

Los diputados nacionalistas Amin Niffouri y Federico Casaretto exigieron nuevamente su renuncia y anunciaron actuaciones ante la Jutep, el Parlamento y el presidente Yamandú Orsi. Niffouri describió el episodio como «una perla más de un collar cargado de ilegalidades e ilicitudes», mientras Casaretto lo calificó como «una mancha más al tigre».

La respuesta de Danza resulta tan preocupante como la irregularidad misma. Reconoció el error, pero pretendió repartir responsabilidades afirmando que «todo el mundo se lo comió». El presidente del Tribunal de Cuentas, Francisco Gallinal, rechazó expresamente esa insinuación y recordó que identificar sus propias incompatibilidades es responsabilidad del jerarca.

Desde el oficialismo se insiste en que se trató de un simple error administrativo, subsanable mediante una nueva resolución. Pero una irregularidad no desaparece porque se corrija el expediente que la contiene, ni la responsabilidad política se extingue con una explicación burocrática.

Lo verdaderamente escandaloso es la reiteración. Danza parece considerar que las normas son obstáculos que pueden sortearse y corregirse después, cuando alguien descubre el incumplimiento. Y el gobierno continúa respaldándolo.

ASSE atiende a casi un millón y medio de uruguayos. Merece una conducción concentrada en sus responsabilidades, respetuosa de la ley y ajena a esta interminable sucesión de controversias. La permanencia de Danza se ha vuelto políticamente insostenible. Y cada día que el presidente Orsi demora una decisión, hace suya la responsabilidad de sostenerlo.

Por Luis Hierro López

El Foro de San Pablo, fundado en 1990 por Lula y Fidel Castro, llega a su previsible ocaso tras haber amparado a las peores dictaduras de América Latina

El Foro de San Pablo se fundó tras la caída del Muro de Berlín para reunir a los partidos y movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe, supuestamente para afianzar el “progresismo”, levantar una alternativa al modelo neoliberal y servir de paraguas para grupos de centroizquierda y movimientos revolucionarios y violentistas. Dictadores como Hugo Chávez, el nicaragüense Ortega y Raúl Castro encontraron en el Foro de San Pablo una armadura protectora y eficiente.

Con su cinismo habitual, sus portavoces hablaban de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, cuando estaban construyendo una organización supranacional para imponer en todos ellos políticas de copamiento de la Justicia, la prensa y las Fuerzas Armadas. Hay varios documentos emanados del Foro de San Pablo con instrucciones precisas sobre las operaciones que sus dirigentes debían llevar a cabo en sus países para someter a los poderes constituidos. La “caja” venezolana permitió además financiar, sin control, varias de esas maniobras, sosteniendo a partidos y a grupos afines.

Pero la pesada carga del Foro no sólo tiene que ver con el apoyo a los dictadores, haciéndose el distraído con los presos políticos y las persecuciones, sino con la inmoralidad de la corrupción, signo distintivo de todos los gobiernos “izquierdistas” de la época, desde los Kirchner a Venezuela. La supuesta superioridad moral de la izquierda ha sufrido un traspié vergonzoso. No hay uno que se salve: todos los integrantes del Foro de San Pablo han protagonizado, inexorablemente, procesos de corrupción.

Para Uruguay, el Foro de San Pablo no ha significado nada ventajoso, ni siquiera por la supuesta solidaridad de Lula para con los gobiernos del Frente Amplio. Brasil y Lula se olvidaron de nosotros cuando sufrimos la prepotencia de los Kirchner a propósito de las fábricas de celulosa, y durante todo este tiempo las fronteras brasileñas impusieron a nuestras exportaciones todas las trabas imaginables, con pretextos bromatológicos o de otra índole, pero a la orden del día para trabar nuestros pequeños negocios.

A eso, nuestra Cancillería respondió casi siempre con indolencia, sumándose a la perniciosa tendencia oficialista de subirnos al estribo de Brasil, como si ello fuera útil. Resultó ser indigno e inútil.

Tampoco es alentadora la respuesta de una derecha cerril que también intenta llevarse todo por delante. Ni Trump con sus agresiones ni Milei con sus extravagancias son las respuestas adecuadas. No es posible imaginar a toda América Latina del mismo color político —así la pintan las novelerías en boga, toda roja o toda azul—, pisoteando su diversidad y su riqueza, que es precisamente una de sus potencialidades.

América Latina necesita otra cosa que esta burda división entre izquierdas anacrónicas y derechas reaccionarias. Hace décadas que venimos entreverados entre la violencia política, los golpes de Estado, los populismos, los relatos ideológicos y el dogmatismo. Y hemos perdido el tiempo con la retórica de la integración regional, pero evitando los mecanismos concretos de liberación y cooperación comercial y económica. La región necesita partidos políticos democráticos, dispuestos a cumplir las normas y a manejarse con transparencia, sometiéndose con normalidad a la alternancia que es la mejor garantía republicana. Estamos en una revolución del conocimiento y de la inteligencia artificial, y deberíamos ingresar a ese tiempo con equipaje más liviano que el que nos ofrecen los dogmas ideológicos y las alianzas partidarias continentales, que han traído intervenciones indebidas y negociados turbios como los que promovió la brasileña Odebrecht con patrocinio oficial. Es tiempo de superar esa época.

Por Manuel Flores Silva

El Prof. Flores Silva, resumiendo una exposición realizada el pasado 3 de octubre en Fray Bentos, cuestiona duramente el enfoque del gobierno sobre el legado indígena en el Día del Patrimonio. Denuncia que la exaltación de los charrúas invisibiliza a etnias fundamentales en la historia de la Banda Oriental, especialmente guenoas, guaraníes y chanás, visión que responde a intereses político-ideológicos antiliberales.

Invitados por el Partido Colorado de Río Negro, expusimos en su casa este sábado de Patrimonio.

Nos referimos allí al legado indígena en la Banda Oriental según todas las etnias.

El gobierno elige lo paleolítico y lo no originario

Y señalamos la inconsistencia con que el actual gobierno aborda el tema.

Según Daniel Vidart, principalísimo antropólogo uruguayo, sólo el 5% de los descendientes de indígenas de la Banda Oriental viene de los charrúas.

El 95% desciende de los guenoas, originarios; de los guaraníes, mayoritarios; y de los chanás, los más desarrollados, todos ellos neolíticos.

Es decir, con rudimentos agrícolas, algo de domesticación de animales, tendencias más sedentarias, cerámica, etc.

Pero nada de eso existe para el gobierno uruguayo. Sólo existen los paleolíticos charrúas, muy minoritarios y nada originarios, de un fenomenal atraso, sólo compatible con su condición de cazadores recolectores, hombres de las cavernas sin cavernas.

Félix de Azara y Augusto de Saint-Hilaire, ambos científicos y sabios, así como José Brito del Pino, nos han dejado descripciones directas y acabadas de los charrúas y su estado paleolítico.

Su hedor, por ejemplo, no permitía acercarse a menos de 100 metros (Azara), eran necesariamente nómadas porque ellos mismos no aguantaban su olor y debían trasladarse (Saint-Hilaire) y tenían una costra de materia pegada a la piel que ellos mismos contribuían a mantener y que generaba los efectos antes dichos. Materia “inmunda”, dice Brito del Pino. Entre otras barbaridades, hablando literalmente. Así fue el paleolítico de todos nosotros.

El tiempo del desprecio a lo indígena

El Estado uruguayo frentista ignora e invisibiliza las etnias de donde provienen 19 de cada 20 descendientes. Muy curiosa forma de honrar el legado indígena. Despreciar a casi todos. Histórico error, un desastre identitario e intelectual. Descalificante.

Sólo entendible desde el pobre ideologismo cultural que anima a la mediocridad gobernante. En este terreno, como en todos los demás: la narrativa, la poesía, el ensayo, el periodismo, etc. El futuro verá el tiempo actual de la hegemonía cultural populista como el tiempo de la esterilidad.

Sostener que se hace un homenaje y despreciar en la ocasión a la mayoría abrumadora de los indígenas precolombinos es culturalmente atroz, realmente.

Se invisibilizan etnias cuyas lenguas conocemos, así como sus culturas y objetos. Lenguas que nombran, por ejemplo, a la totalidad de la toponimia uruguaya, ríos, cerros, parajes, etc., empezando por el nombre del país.

Como se sabe, se conservan bastantes elementos de la lengua guenoa, dada la existencia de un “catecismo guenoa” de 1787, de la lengua chaná por lo que recogió Dámaso Larrañaga a la vuelta de su viaje a ver a Artigas, así como se conservan el guaraní vivo y el guaraní antiguo. El chaná antes mencionado fue ratificado y ampliado por un chaná hablante conocido hace 15 años y que muriera el mes pasado. De la lengua charrúa se conservan sólo 30 palabras que recogió Teodoro Vilardebó.

Homenaje a los esclavistas y exterminadores de indígenas

Es decir, el gobierno deja fuera del legado al 95% de los indígenas de la Banda Oriental y apela a un legado charrúa inexistente. Como dijo el reputado antropólogo Renzo Pi Ugarte: “no hubo legado charrúa salvo algunas boleadoras”.

El mismo prestigioso antropólogo afirmó también, por ejemplo, que los charrúas habían exterminado a los chanás.

Paradójicamente, los chanás, los guenoas y los guaraníes eran enemigos mortales de los charrúas y, frecuentemente, sus víctimas. Lo dijo el diputado de la Banda Oriental en la Corte Constituyente de Cádiz (1812) Rafael Zufriategui: “Nadie ha matado tantos indios como los charrúas”.

Como está registrado en el Archivo de Indias, en Sevilla, durante más de 200 años los charrúas capturaban a otros indígenas autóctonos —hoy también humillados por el gobierno al invisibilizarlos— y los vendían como esclavos a Buenos Aires y a San Pablo. Si se resistían, morían.

Los descendientes de las víctimas, paradójicamente, hoy homenajean a los asesinos de sus ancestros. ¡Ancestricidio!

Algo así como que los descendientes judíos de los campos de exterminio homenajearan a Hitler.

Tal es el tamaño de la ignorancia que distribuye la hegemonía cultural antiliberal vigente que tergiversa radicalmente la verdad histórica. Mitología populista propia de ignaros, fabricada para hacer marketing populista falso y demagógico en sacrificio de la verdad.

De paso, el Estado uruguayo ignora a los verdaderos originarios, los guenoas.

Politizando el pasado precolombino

Desde que Carolina Cosse, la señora-grieta, anunció de modo politizado y agresivo que iba a celebrarse el legado indígena y lo hizo atacando de una al fundador de la República, Fructuoso Rivera, todos sabíamos que la verdad histórica no le importa al gobierno sino que cree encontrar con el tema la oportunidad de embestir contra el republicanismo y a sus líderes históricos.

Cada vez que el ministro de Educación y Cultura habla sobre legado indígena de manera “charrúa-exclusiva”, desde la absoluta ignorancia, uno siente lástima por los alumnos que lo tuvieron de profesor de historia en Canelones.

Víctimas inocentes del desconocimiento del ministro (de incultura y de deseducación) en la materia histórica.

La intolerancia de “buenos” y “malos”

Cuando debatimos del pasado indígena también aparece, obviamente, la intolerancia. Los de cabeza autoritaria “fabrican” inevitablemente a un “bueno” y a un “malo”, ambos falsos. Un cuadrado mental que aplican para todas las épocas con el interesante tino de equivocarse siempre pues lo que está mal es el modo con que carburan.

Los intolerantes, claro, harán lo mismo cuando traten la historia nacional completa. Son los mismos intolerantes que luego apoyan a Cuba, a Maduro o a la barbarie homicida del socialismo real. Los mismos.

Ahora llevan la grieta al pasado y censuran a guaraníes, guenoas, chanás y otros. Prohibidos. Usan al Estado para hacer obligatoria una versión totalmente falaz del legado indígena.

Ayer mismo un señor disfrazado de indígena en el Palacio Legislativo, que alberga tanta gloria y es ahora arrastrado por el barro, empezó su discurso en un acto oficial diciendo que los charrúas llevaban 15.000 años en el país. La vicepresidenta, en el éxtasis. Como no sabe de indígenas de verdad, creía que esa farsa era indígena. Hacia el disparate apretando el acelerador a fondo. Buscando votos con plumas.

El Estado cobija así una “charrulandia” (Vidart dixit) para inventar que unos poquitos individuos que habían venido a esta Banda lo habían hecho hace miles de años. En realidad lo habían hecho unos pocos años antes del español. Y el grueso de ellos, que nunca pasó de unos cientos, venidos cuando los “redujeron” en Santa Fe hacia 1750.

En efecto, los criollos los fueron corriendo de Santa Fe, donde el ejército criollo mató a 200 charrúas y encerró a 400 en la “reducción” de Cayastá. Los charrúas venían del sur, en realidad, pues eran de origen patagónico.

Es que el caso de la etnia charrúa fue un curioso caso de paleolítico fortalecido en su salvajismo por la llegada del caballo, la vaca y el metal. Atraso reforzado se cristalizó en siglos de crueldad matando hombres y niños o esclavizándolos y secuestrando mujeres y niñas. De las pocas que se rescataron existen los relatos.

La vicepresidenta feminista homenajeando a los secuestradores de mujeres, mero capital reproductor para los paleolíticos. Las secuestradas durante siglos no volvían, pero algunas que escaparon, como Francisca Elena Correa y su niña chica, u otras rescatadas, como Isabel Franco, dejaron testimonios espantosos. Hoy homenajeado por la ignorancia.

Tenemos, pues, a los sobrevivientes de las etnias no charrúas de la Banda Oriental festejando a los asesinos de sus ancestros, mientras el Estado uruguayo celebra siglos de esclavismo y el rapto de mujeres.

Los guaraníes de Artigas

Olvidan, desde luego, que los guaraníes de Andresito eran los indígenas artiguistas y los charrúas fueron los indígenas que Lecor apostó en el litoral para que combatieran a Artigas si llegaba a volver. Contra Artigas. Los guaraníes murieron, por ejemplo, 800 en la batalla final de Tacuarembó y, desde luego, acompañaron a Artigas hasta la frontera misma del Paraguay.

Olvidan también que el capitán de Blandengues, en salvaguardia de las vidas de los criollos, combatió a los charrúas. En el Archivo Artigas, oficial del Estado, se recogen diferentes partes en que Artigas da cuenta de que mató a 20 charrúas, o a 12, o a 6 o a 2. Entre 1799 y 1804.

Olvidan asimismo que el 6 de abril de 1828 se produjo el mayor pacto de la historia entre criollos e indígenas en Guaviyú. Ese acuerdo posibilitó que Rivera, con 83 hombres, conquistara las Misiones Orientales (se fueron alistando a sus órdenes hasta 2.000 guaraníes) y ello terminaría decretando la creación de nuestro país. Nada más y nada menos.

En Guaviyú, Rivera fue nombrado jefe indígena, único criollo que mereciera tal distinción. Los guaraníes obtuvieron la ciudadanía y, por ello, fueron alcaldes y diputados bajo el gobierno de Rivera en las Misiones. Todos elegidos entonces por voto universal.

Cuando Rivera vuelva al país le acompañarán unos 8.000 guaraníes (un 15% de la población nacional de entonces) fundando Bella Unión.

Eso sí, a los indígenas de Artigas hoy no se los homenajea. Se los invisibiliza. La señora Vicepresidente prefiere pasear farsantes por las instituciones del Estado.

También los seudoindígenas embusteros le reclaman dinero al Estado. “La economía, estúpido”, decía un presidente de Estados Unidos para explicar una situación política. El presidente del llamado Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), apellido italiano y portador de pluma, hizo unas declaraciones muy claras a El País el día 27 de octubre de 2017: si se les dan 2.000 hectáreas “se terminan todos los problemas entre el Estado uruguayo y los descendientes de los charrúas”. Las patas de la sota.

El mismo indigno tajo

Siempre un mismo tajo divide a los defensores de la verdad de la mera propaganda y de la tergiversación. Un tajo que separa a los defensores de la República y de la libertad de quienes las denostan y admiran y adoran a los autoritarios.

No quieren levantar a los charrúas ahora sino que, en realidad, intentan hundir al liberal. En el terreno que sea. Imponer un dogma que anule raciocinio e información. Y lo difunden por las escuelas en el peor Uruguay intelectual de todas las épocas.

El gobierno ha abordado, entonces, el importante tema del pasado indígena con error, tapándose un ojo o los dos para poder vilipendiar a los fundadores del republicanismo uruguayo.

La historia tergiversada utilizada como arma arrojadiza al servicio del presente político deforma los hechos, irrespeta la verdad y hace lo que la izquierda siempre hizo: alzar autoritarios y tratar de abatir republicanos.

En suma, usan un homenaje indígena muy sesgado para tratar de tumbar republicanos. Lamentable. El Estado uruguayo, a través de personeros de ocasión —la vicepresidenta, el ministro de Educación y la Com

Y en el ridículo paquete que divulgan hemos visto en las últimas décadas un disparatario sin límites. Ahora, sin embargo, es el Estado el que baila a ese ritmo. Algún autor, por ejemplo, ha dicho que los charrúas eran 100.000 y que eran socialistas. Cualquier cosa.

La Asociación de Profesores de Historia publicó en su boletín oficial una foto de los charrúas que resultó ser una imagen de indígenas putumayos encadenados en 1905.

Muchos profesores de historia, incluso, les cuentan a sus alumnos, como si fuera real, una historia de ficción escrita por Eduardo Acevedo Díaz, excelente escritor blanco, en la que se relata una fantasiosa historia de traición y engaño, y mueren varios jefes charrúas que, en realidad, siguieron viviendo. El apogeo de la mitología equívoca.

Los charrúas, suelen agregar, tenían una filosofía y sabiduría naturista. Esto último tal vez se refiera a cuando, según el testimonio de Brito del Pino, eran adictos a beber la sangre de los caballos vivos, antes de comerse el contenido de sus estómagos. Eso sí, en el paleolítico había poca “polución”.

En fin, el Estado lanzado al absurdo. Y la ignorancia feliz festejando el éxito de la irracionalidad.

Por Santiago Torres

Estos días reúnen acontecimientos de muy distinta naturaleza, pero —de un modo u otro— todos ellos significativos para nuestra historia y nuestra identidad. Desde la afirmación de la soberanía oriental y las victorias de la independencia hasta la reconciliación nacional, pasando por episodios de violencia política y controversias sobre nuestra herencia cultural, estas fechas ofrecen una buena oportunidad para recordar, reflexionar y, también, cuestionar algunas interpretaciones interesadas del pasado.

8 de octubre de 1851: la paz sin vencidos ni vencedores

Después de más de ocho años, el 8 de octubre de 1851 terminó la Guerra Grande, que había enfrentado al Gobierno de la Defensa, colorado, con el Gobierno del Cerrito, encabezado por Manuel Oribe. La paz consagró una expresión destinada a convertirse en principio de nuestra convivencia: «Entre las diferentes opiniones en que han estado divididos los orientales, no habrá vencidos ni vencedores, pues todos deben reunirse bajo el estandarte nacional, para el bien de la patria y para defender sus leyes e independencia».

No era una simple fórmula diplomática: reconocía que la nación estaba por encima de sus divisiones. Aquel espíritu quedó perpetuado en la Villa de la Unión, antes Villa de la Restauración, y en la avenida 8 de Octubre. Aunque sobrevendrían nuevas guerras civiles, esa vocación de convivencia terminaría siendo uno de los fundamentos de nuestra democracia.

8 de octubre de 1969: la mal llamada «toma de Pando»

Ciento dieciocho años después, otro 8 de octubre tuvo un significado opuesto. El MLN-Tupamaros perpetró en Pando una operación armada, pésimamente planificada, durante la cual ocupó transitoriamente la comisaría, el cuartel de bomberos, la central telefónica y varios bancos.

La mal llamada «toma de Pando», presentada luego como una hazaña revolucionaria, no liberó ninguna ciudad: fue un ataque contra las instituciones de un país constitucional, con autoridades elegidas democráticamente, para obtener recursos e imponer por las armas un proyecto político.

Hubo varios muertos, entre ellos Carlos Burgueño, un ciudadano ajeno al enfrentamiento que había ido a inscribir a su hijo recién nacido. Mientras se exalta la audacia de los guerrilleros y se recuerda a sus muertos, Burgueño suele quedar relegado cuando no omitido. El contraste es elocuente: en 1851 se procuró superar la violencia mediante la concordia; en 1969 se buscó quebrar la convivencia democrática mediante la violencia revolucionaria.

9 de octubre de 1967: la ejecución del Che Guevara

Capturado el día anterior en Bolivia, Ernesto Che Guevara fue ejecutado el 9 de octubre de 1967 en La Higuera, por decisión del general René Barrientos, dictador de turno. Su muerte alimentó uno de los mitos del siglo XX: la imagen romántica del guerrillero terminó por ocultar al revolucionario autoritario que concebía la violencia como herramienta política.

En febrero de 1957, en Sierra Maestra, ejecutó de un disparo en la cabeza a Eutimio Guerra, guía campesino acusado de colaborar con las tropas de Batista. Según una frase atribuida a una carta dirigida a su padre, habría confesado: «Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar». Años después exaltaría al revolucionario como «una fría máquina de matar».

Su gestión económica en Cuba fue desastrosa y su aventura guerrillera boliviana fracasó militar y políticamente. Su ejecución como prisionero violó, sí, las normas de protección a los combatientes capturados, pero no borra el trato no menos salvaje que él dispensó a otros. La posteridad convirtió en símbolo de libertad a quien procuró imponer un Estado policial. Su legado debe juzgarse por las consecuencias de sus ideas, no por las camisetas que reproducen su rostro.

10 de octubre de 1811: Artigas, general en jefe de los orientales

El 10 de octubre de 1811, en la quinta de La Paraguaya, cerca del actual Parque Central, los representantes de los pueblos orientales reconocieron a José Gervasio Artigas como «General en Jefe de los Orientales». Tras la victoria de Las Piedras, Buenos Aires negociaba con el virrey Elío un armisticio que impondría levantar el sitio de Montevideo y dejaría expuestos a los orientales.

El nombramiento tuvo un significado político decisivo: Artigas recibió su título de los representantes de los propios pueblos de la Provincia Oriental, no de Buenos Aires ni de ninguna autoridad exterior. Era una afirmación de soberanía popular y autonomía; el jefe militar de la revolución rioplatense pasaba a ser conductor de un pueblo que empezaba a reconocerse como tal.

12 de octubre de 1811: el fin del primer sitio y el nacimiento de un pueblo

El 12 de octubre de 1811 comenzó a levantarse el Primer Sitio de Montevideo, iniciado después de la victoria de Las Piedras. El armisticio entre Buenos Aires y las autoridades españolas, formalizado el día 20, obligaba al retiro de las fuerzas porteñas y dejaba a los orientales ante españoles y portugueses.

En lugar de limitarse a una retirada militar, miles de hombres, mujeres y niños, con carretas, animales y escasas pertenencias, siguieron a Artigas hacia el norte. Fue la Redota, el Éxodo del Pueblo Oriental. La decisión se afirmó especialmente en la asamblea del 23 de octubre y culminó con el establecimiento de los emigrados en el Ayuí.

Aquella marcha fue un acontecimiento fundacional: un pueblo prefirió abandonar sus hogares antes que resignar su voluntad de decidir su destino. Si en La Paraguaya había elegido a su jefe, en la Redota ratificó la elección con sus propios pasos. Así comenzó a afirmarse una conciencia de nacionalidad oriental.

12 de octubre de 1825: la victoria de Sarandí

El 12 de octubre de 1825, en el actual departamento de Florida, las fuerzas patriotas de Juan Antonio Lavalleja derrotaron a las tropas brasileñas comandadas por Bento Manuel Ribeiro. Entre los jefes orientales se contaban Fructuoso Rivera, Manuel Oribe y Pablo Zufriategui.

La victoria, lograda en un combate fundamentalmente de caballería, consolidó la campaña iniciada con el desembarco de los Treinta y Tres Orientales y demostró la capacidad militar de los orientales para enfrentar al Imperio del Brasil. También reunió, bajo una causa compartida, a hombres que antes y después protagonizarían profundas divisiones políticas.

12 de octubre: de la Hispanidad a la «diversidad cultural»

El 12 de octubre de 1492, la llegada de Colón a América inició una de las mayores transformaciones de la historia. La fecha se celebró durante generaciones como Día de la Raza, expresión referida a la comunidad histórica, lingüística y cultural surgida del encuentro entre España y América, no a una supuesta superioridad racial.

En las últimas décadas, cierta euforia refundacional de la izquierda latinoamericana impuso la denominación Día de la Diversidad Cultural, junto con una lectura que reduce la presencia española a una empresa genocida y etnocida. Bajo una consigna en apariencia irreprochable se reedita así la vieja leyenda negra antiespañola, mostrando a España sólo como verdugo y a los pueblos americanos exclusivamente como víctimas.

La conquista tuvo violencia, explotación y crueldades, pero también hubo pueblos indígenas que colaboraron con los españoles para sacudirse el dominio de otros pueblos originarios. Reducir cinco siglos a un relato de exterminio desconoce la lengua común, el derecho, las instituciones, universidades, hospitales, imprentas, artes y tradiciones intelectuales que España aportó. Dentro de la propia España surgieron tempranamente debates sobre los derechos indígenas, con figuras como Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria.

Hispanoamérica nació de un vasto mestizaje cultural y humano, enriquecido también por aportes africanos y sucesivas inmigraciones. Resulta paradójico celebrar la diversidad mientras se descalifica una parte esencial de ella, aplicando además categorías actuales a sociedades de hace cinco siglos. El 12 de octubre debería servir para reconocer todas nuestras raíces, no para demoler simbólicamente una de ellas. Porque, nos guste o no a algunos, sin España no existiría la América hispana tal como la conocemos, ni seríamos nosotros lo que somos.

Por Elena Grauert

La autora analiza el proyecto de ley sobre servicios esenciales presentado por el Partido Colorado en el Senado y sostiene que representa un cambio de paradigma en la regulación de los conflictos laborales. Destaca la necesidad de compatibilizar el derecho de huelga con el interés general, mediante reglas claras, servicios mínimos y mecanismos de negociación que contribuyan a la paz social y la seguridad jurídica.

Regular la esencialidad no es atacar el derecho de huelga. Es evitar que un conflicto legítimo termine afectando derechos aún más básicos de la población y determinar con claridad qué es esencial y qué no, debiendo probar y transparentar el conflicto.

La organización sindical en Uruguay es fuerte y claramente empoderada, con una fuerte presencia en la política; por lo tanto, tiene un poder-deber: asumir plenamente sus responsabilidades y llevar adelante los conflictos en un marco reglado, evitando causar perjuicios evitables en el marco de la buena fe. Lo mismo se podría decir de las cámaras empresariales, aunque normalmente los conflictos se plantean con las empresas y no con sus organizaciones gremiales.

Otro tema importante es destacar que las gremiales, en general —sean de trabajadores o de empresas—, protegen sus intereses sectoriales o corporativos y no velan por el interés general. Por lo tanto, es deber del Estado legislar en tal sentido, evitando que, por cuestiones de poder o fuerza, termine imperando la posición del más fuerte o se generen daños a terceros, en lugar de prevalecer el justo medio, el interés general y el deber ser. No hacerlo, como hasta ahora, por mero capricho, constituye, en realidad, una omisión institucional, dado que el artículo 57 de la Constitución establece que se promoverán tribunales de conciliación y arbitraje y que la huelga se deberá reglamentar.

La falta de reglas claras genera incertidumbre y muchas veces termina afectando al país y al ciudadano de a pie, que puede quedar expuesto a interrupciones en su movilidad, en el abastecimiento o en el funcionamiento básico del país. También puede afectar a industrias que incluso pueden llegar a cerrar, dejando en la calle a miles de trabajadores.

El proyecto sustituye la discrecionalidad por un sistema de categorías, procedimientos y plazos: la esencialidad estricta, la esencialidad sobreviniente y los servicios públicos de importancia trascendental. No todo conflicto debe tener la misma regulación.

No es lo mismo una interrupción que puede poner en peligro inmediato la vida o la salud que una medida que afecta gravemente una actividad económica estratégica, pero que puede ser compatible con un servicio mínimo.

Por ello, se establece una graduación que tiende a compatibilizar el derecho de huelga y el interés general, mediante la fijación de niveles mínimos de funcionamiento.

El proyecto afirma que el diálogo mediante la negociación colectiva es una herramienta fundamental para evitar o solucionar conflictos, buscando acuerdos. El procedimiento prevé que el Ministerio de Trabajo convoque a empleadores y organizaciones sindicales para acordar el contenido, el alcance, las dotaciones y la duración de la medida. Sólo si no existe acuerdo dentro de los plazos establecidos deberá resolver la autoridad competente. Esto fortalece, sobre todo, el diálogo y las buenas relaciones entre las partes, y evita que la intervención administrativa sea la primera respuesta.

En defensa de la seguridad jurídica y la paz, explicitar la necesidad de fundamentar las resoluciones, establecer claramente el objeto del conflicto, fijar un plazo y permitir recursos administrativos y acciones judiciales representa un avance. La autoridad no podrá limitarse a invocar genéricamente la importancia de un servicio: deberá explicar los riesgos, buscar soluciones y establecer límites, generando una mediación activa.

Sin duda, la discusión parlamentaria podría enriquecer el texto, definiendo mejor la metodología para medir el «perjuicio grave» y determinar el porcentaje de actividad que debe mantenerse. También podría prever un mecanismo de revisión judicial urgente, mediante un procedimiento similar al amparo, para que las partes puedan obtener una respuesta rápida cuando cuestionen una declaración de esencialidad o un servicio mínimo.

Es destacable que la exigencia de un preaviso resulta importante, porque permite negociar previamente, evitar llegar a la esencialidad y organizar la continuidad del servicio mediante sistemas de autogestión.

El proyecto no elimina el derecho de huelga. Lo regula de acuerdo con la Constitución, la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios públicos y los criterios internacionales sobre servicios esenciales. Su aporte principal consiste en abandonar el esquema de «huelga sin límites» y construir respuestas graduadas, temporales y revisables.

Uruguay necesita esta ley. Necesita que los conflictos laborales se desarrollen dentro de reglas conocidas, que los servicios indispensables no queden paralizados y que los trabajadores, los empleadores y la ciudadanía sepan de antemano cuáles son sus derechos y obligaciones.

El proyecto viene a cumplir con la Constitución y las normas internacionales, ya que cualquier abuso de derechos implica daños, y eso hace que los poderes del Estado deban tomar cartas en el asunto y brindar soluciones en protección del interés general.

Este proyecto es un cambio de paradigma: reconoce la existencia de problemas significativos en la negociación colectiva y establece mecanismos para resolver conflictos que muchas veces rebasan la cuestión de las demandas de los trabajadores frente a las negativas de la patronal, con el objetivo de alcanzar la paz social.

Lo sucedido este año en el puerto de Montevideo o el año pasado con la pesca podría haberse evitado si existieran procedimientos claros, en los que la decisión última quedara sometida a normas que eviten males mayores, con participación activa de los trabajadores en la decisión mediante voto secreto. Asimismo, establecer que las partes deban fundamentar sus posiciones en el marco del principio de realidad y la ley, sin utilizar el derecho de huelga como forma de venganza ni cambiar constantemente las reglas de juego, y con la posibilidad de recurrir a la Justicia, aportará al sistema mayor madurez y transparencia.

Por eso, enhorabuena: llega el proyecto, pone el tema en la discusión pública y, aunque puede ser mejorado, esperemos que no se encajone y que, por fin, Uruguay cuente con un régimen moderno de esencialidad y definición de servicios mínimos que traiga paz social y certeza jurídica al inversor, lo que significa más trabajo para todos.

Por Tomás Laguna

Entre los múltiples capítulos y temas que aborda la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, se incluyen siete artículos (214 al 220 en el proyecto original ingresado al Senado) dedicados a modificar disposiciones de la ley madre del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Todos ellos merecen una discusión fuera del ámbito en que se los propone.

Resulta insólito que la ley madre de un instituto de investigaciones que llevó tres años de discusiones, intercambios y acuerdos, sea modificada entre gallos y buenas noches utilizando para ello un proyecto de ley “ómnibus” de 240 artículos diversos. Los orígenes de la iniciativa son inciertos: ¿salió de los contubernios del MEF? ¿Acaso del MGAP? ¿O bien fue de la interna del propio INIA, de la agenda privada de algún jerarca? ¿Acaso es el antojo novelero de alguien que pretende trascender más allá de su cargo? Lo cierto es que las gremiales rurales representadas en la Junta se enteraron a través del proyecto de ley, y no por su delegación en la directiva del instituto. Alguien parió esta propuesta que subestima y hasta casi desprecia la institucionalidad de la investigación agropecuaria.

A nadie escapa que el INIA es de las instituciones públicas consideradas fundamentales en el desarrollo productivo agropecuario del país y, como tal, tiene resultados directos en la economía nacional. Sus orígenes se vinculan con los años inmediatos al retorno del país a la democracia, cuando a través del consenso entre partidos políticos, gremiales rurales y la academia, incluida la Universidad, luego de tres años de discusión se establecieron los fundamentos para la reformulación institucional de la investigación agropecuaria. Uno de los acuerdos de mayor resonancia fue el relativo a su forma de financiamiento, con aportes de los productores a partir de un adicional al impuesto a las ventas agropecuarias y una partida similar por parte del Estado. Este precepto se basa en que no sólo los productores se benefician de los resultados de la investigación agropecuaria, sino que también lo hace la sociedad por el aporte del agronegocio a la economía de nuestro país. La nueva institucionalidad fue reconocida por organismos internacionales y considerada de avanzada en el continente.

Pero el respeto hacia esa nueva y competitiva institucionalidad no duró mucho. Ya entrado el siglo XXI, el instituto comenzó a cargar con la “culpa” de las instituciones que son percibidas desde el Estado como “ricas” en recursos, a la vez de exigentes en presupuesto. Ni que hablar de la mirada de “reojo” desde la academia, en particular la Universidad, que veía al INIA como el primo rico. Así se fue alentando un creciente cuestionamiento a su funcionamiento, subestimando sus resultados a nivel de campo. Hasta que desde los sucesivos gobiernos se comenzó a incumplir con el precepto legal del cofinanciamiento, aceptándose que desde el Estado se pueden incumplir las leyes vigentes. Los incumplimientos se camuflaron a través de sucesivas leyes de presupuesto en cada gobierno, hasta que llegamos a los tiempos que corren, en los que la producción financia más del 70% —hay quienes dicen que hasta el 90%— del funcionamiento del instituto.

Así es que se llega al actual proyecto de ley, en el cual con indisimulable animosidad “atienden” a nuestro INIA. Son varias disposiciones que se pueden englobar en dos grandes capítulos.

Primero: dilución de las potestades de gobernanza, lo que se explica por la sumisión del instituto al Poder Ejecutivo de turno (en detrimento de los productores, quienes hoy están financiando al instituto) y la dependencia de un Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria, originalmente previsto como órgano externo de asesoramiento y coordinación (ley 16.065, art. 33) pero nunca con atribuciones ejecutivas. Se trata de un “colegiado” multifacético integrado por distintos ministerios además de las facultades de Agronomía y Veterinaria. En resumen y como hecho de extrema gravedad, se le quitan atribuciones de gobernanza a la Junta Directiva diluyendo sus potestades en la conducción del instituto.

El otro gran tema refiere a las pretensiones de que un instituto de derecho público no estatal se involucre en actividades empresariales mediante el aporte de capital de riesgo. Para muchos, en tiempos de subestimación del Estado y devoción por la actividad privada (les pasa a los mismos zurdos, o ¿de dónde salió esta propuesta?), puede ser esta la gran novedad a promover. Pero ocurre que el INIA es una empresa pública; esto significa que no compite en el mercado por los recursos con los que se financia y debe dar respuesta al productor que los aporta, este último sin posibilidad de negarse a hacerlo. Como tal, como empresa pública, es generadora de bienes públicos. El conocimiento técnico que genera tiene esa condición. Esto significa que no es de “uso exclusivo”, no se puede impedir que lo utilice quien desee hacerlo. No hay rivalidad en su uso: que alguien lo utilice no impide que otros también lo hagan. Finalmente, es indivisible, no se puede ofrecer particionado y como tal se puede acceder al mismo como un todo. Ingresar en el mundo de las grandes empresas tecnológicas generando productos apropiables colisiona con estos principios básicos que definen un instituto público de investigación. Cuidado que para casos muy específicos el INIA ya tuvo en el pasado asociaciones con empresas privadas, creemos recordar una en particular, en el tema de las forrajeras. Fue puntual, aprobado por la Junta Directiva en su momento, potenciando al instituto sin desvirtuar su fin último.

Los temas expuestos son muy gruesos, extremadamente pesados para que una ley ómnibus, sin discusión previa ni conocimiento de la Junta Directiva, sean aprobados así como así. Cuando menos, los siete artículos que atienden estos aspectos deberían ser derivados a la comisión sectorial que atiende los temas del agro en ambas cámaras.

La última perla, lo que demuestra el desapego con que se ha tratado al INIA en esta pomposa ley de “competitividad”, está expresada en el artículo 230 de la misma. Se le adjudica al INIA un rol protagónico en el desarrollo e innovación acuícola, léase industria de la pesca. Grosera tergiversación de sus potestades como instituto científico al servicio de la producción agropecuaria. Se ve que el legislador, o quien le susurra a la oreja, con “espíritu creativo” consideró al INIA como una plasticina moldeable a lo que sea necesario.

Si existe un poco de conocimiento de la importancia institucional y estratégica de la investigación agropecuaria, en un país que cada vez más la necesita, todos los artículos mencionados deberían ser desglosados del proyecto de ley y sometidos a una discusión seria y de amplia representación, en particular, de los productores, usuarios directos de la investigación. Si no, pregunten a los granjeros qué relevancia atribuyen a la Estación Experimental Las Brujas …

El INIA merece respeto.

Por Fitzgerald Cantero Piali

La eficiencia energética constituye un componente indispensable de cualquier transición, independientemente de las fuentes y tecnologías elegidas. El autor analiza su importancia para América Latina y el Caribe y plantea la necesidad de convertirla en una política estructural de desarrollo, capaz de mejorar la competitividad, reducir costos y fortalecer la seguridad del abastecimiento.

Los países pueden elegir distintas fuentes, tecnologías y ritmos de transformación. Ninguna estrategia energética será sólida si no contempla cómo utilizar mejor la energía disponible.

Una represa puede fotografiarse; un parque solar o eólico también modifica el paisaje. La eficiencia, en cambio, suele permanecer invisible: una central que no fue necesario construir, un combustible que no se importó, una empresa que redujo sus costos o una factura familiar que dejó de crecer.

Esa invisibilidad ayuda a explicar por qué ocupa un lugar secundario en las discusiones energéticas, aunque ninguna transición pueda prescindir de ella. La reciente presentación del Libro Blanco de Eficiencia Energética de América Latina y el Caribe de OLACDE invita a preguntarnos cómo atender las necesidades de desarrollo utilizando mejor cada unidad de energía.

El mundo atraviesa una reconfiguración energética. Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados, los compromisos climáticos y la necesidad de asegurar un suministro accesible llevan a los países a revisar sus estrategias. Algunos refuerzan el papel de los combustibles fósiles; otros aceleran las renovables, la electrificación, el almacenamiento y el hidrógeno. Hay quienes amplían sus programas nucleares y muchos combinan alternativas según sus recursos y prioridades.

No existe una única transición. Cada sociedad construirá la suya. Pero hay un componente que debería estar presente en todas: la eficiencia energética.

Es necesaria en sistemas dependientes de combustibles fósiles y en aquellos que incorporan más renovables; en países importadores y exportadores; en industrias y hogares. También será indispensable en un mundo más electrificado, donde la movilidad eléctrica, la climatización, la digitalización y los centros de datos elevarán la demanda.

Responder a ese crecimiento sólo con nueva generación no siempre será lo más rápido ni lo más económico. También debemos preguntarnos cuánto podemos obtener mediante mejores equipos, edificios adecuados, procesos industriales eficientes, redes modernas y una gestión más inteligente de la demanda.

Una fuente que no aparece en el paisaje

La eficiencia no produce energía como una represa o una central, pero puede liberar energía y capacidad instalada para otros usos. Una industria puede reducir su consumo sin producir menos; una vivienda bien aislada necesita menos energía para ser confortable; una red con menores pérdidas entrega más electricidad sin aumentar en igual proporción la generación.

Por eso, la eficiencia puede planificarse como un recurso energético. Reduce costos, fortalece la seguridad del abastecimiento, mejora la competitividad, disminuye emisiones y alivia la presión sobre las redes. También puede evitar o postergar inversiones en infraestructura.

No se trata de consumir menos por obligación ni de renunciar al bienestar. Tampoco de limitar el crecimiento de los países que necesitan ampliar el acceso a servicios energéticos de calidad. Se trata de obtener más valor económico y social por cada unidad de energía utilizada.

Una agenda para América Latina y el Caribe

La región cuenta con recursos diversos y una de las matrices eléctricas más renovables del mundo. A la vez, enfrenta desafíos de acceso, calidad, costo y seguridad del suministro, y necesita elevar la productividad y modernizar su infraestructura. La eficiencia puede contribuir a esos objetivos.

En países importadores de combustibles, reduce la vulnerabilidad externa y la salida de divisas. En los exportadores, libera recursos para nuevos usos productivos o para vender al exterior. En empresas y hogares, ayuda a reducir costos; en los sistemas eléctricos, permite gestionar la demanda y aprovechar mejor la infraestructura disponible.

Sin embargo, persisten brechas regulatorias e institucionales. Muchos países aún carecen de estándares suficientes para motores y electrodomésticos o de códigos energéticos para los edificios. A esto se suman dificultades de financiamiento, información, capacidades técnicas y continuidad. La eficiencia suele abordarse como una suma de proyectos aislados; debe convertirse en una política estructural de desarrollo.

Para diseñarla, primero hay que medir. Los balances energéticos muestran los flujos generales; los balances de energía útil permiten identificar cuánto se pierde en las transformaciones y con qué eficiencia se satisfacen necesidades como iluminación, climatización, movilidad, cocción y producción industrial. Auditorías e indicadores ayudan a reconocer oportunidades y verificar resultados. Con datos, instituciones responsables y seguimiento, el ahorro puede convertirse en política, inversión y resultado comprobable.

Una tarea compartida

Los gobiernos tienen una responsabilidad central: establecer normas, estándares, etiquetado, códigos de construcción e incentivos adecuados; facilitar financiamiento y formación; fijar metas y darles seguimiento. La renovación de edificios, equipos, sistemas de transporte y procesos industriales supera los ciclos políticos. Por eso, la eficiencia debe sostenerse como política de Estado.

Las empresas también deben incorporarla a sus decisiones de inversión e innovación. Gestionar mejor la energía reduce costos y fortalece la competitividad. Esto es especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas, que suelen tener oportunidades de ahorro sin concretar por falta de diagnósticos, asistencia técnica o financiamiento.

Las familias pueden mejorar sus consumos, pero no corresponde trasladarles toda la responsabilidad. Necesitan información clara, viviendas adecuadas y tecnologías accesibles. La eficiencia es una tarea colectiva que requiere gobiernos que generen condiciones, empresas que inviertan, instituciones financieras que comprendan los proyectos, centros de conocimiento que formen capacidades y ciudadanos informados.

Cada país debe definir el lugar de los combustibles fósiles, las renovables, la energía nuclear, la electrificación y las nuevas tecnologías en su matriz. Esas decisiones serán distintas porque también lo son sus realidades. Pero cualquiera sea el camino elegido, la eficiencia debe formar parte de la planificación, las políticas productivas y las estrategias de desarrollo.

La energía más estratégica no es solamente la que un país puede producir, importar o almacenar. También es la que puede utilizar mejor. Hacer de la eficiencia una prioridad contribuye a economías más competitivas, sociedades más inclusivas y sistemas más seguros y sostenibles. Las transiciones podrán seguir caminos diferentes; la eficiencia deberá atravesarlas a todas.

Por Juan Carlos Nogueira

Releyendo a Cicerón, Juan Carlos Nogueira reflexiona sobre el deterioro de las costumbres republicanas y la confianza en las instituciones uruguayas. A partir de los datos de Latinobarómetro, plantea interrogantes sobre el ejercicio del poder, la responsabilidad de la oposición y los deberes éticos que exige la democracia.

Volví a leer a Cicerón. No fue por nostalgia de Roma ni por curiosidad histórica. Quise distraerme de las noticias políticas durante un fin de semana.

No fue una buena idea.

Para Cicerón, una República no dependía únicamente de sus leyes. Me llamó la atención su insistencia en los mores: esas formas de comportamiento que no figuran en ninguna Constitución, pero que determinan cómo funcionan realmente las instituciones. Cuando se deterioran, una República puede conservar sus instituciones mientras pierde aquello que les da sentido.

Me pregunté cuánto de lo que damos por supuesto en nuestra convivencia depende de esas costumbres que nadie escribe y que, sin embargo, todos esperamos que los demás respeten.

Y ahí empezó el problema.

En los últimos años he percibido cambios profundos en algunas costumbres políticas y sociales de Uruguay: en la forma de entender la autoridad, en el respeto por las decisiones expresadas en las urnas y en ciertos límites morales que durante mucho tiempo parecieron formar parte de nuestra convivencia. También los advierto en cuestiones como la legalización de la marihuana o la llamada ideología de género.

Cuestiono que esos cambios constituyan necesariamente expresiones de una sociedad que evoluciona. En algunos de ellos veo factores que están debilitando costumbres que durante mucho tiempo contribuyeron a nuestra convivencia republicana.

Las preguntas que se planteaba Cicerón hace más de dos mil años terminaron llevándome, contra mi voluntad, a la política uruguaya. Y el fin de semana que había reservado para desconectarme empezó a parecerse demasiado a un día cualquiera.

Mi sospecha fue confirmada por una noticia que no pude evitar escuchar en la radio mientras manejaba. Latinobarómetro divulgó una encuesta sobre la democracia y, en el caso de Uruguay, la proporción de quienes afirman que no les importaría un gobierno no democrático si resolviera los problemas pasó de 37% a 45%.

Como soy escéptico por naturaleza y formación, no bien llegué a casa, busqué la letra chica. La encuesta utiliza una muestra de 1.200 casos en Uruguay y aplica una metodología comparable a lo largo del tiempo. Como toda encuesta, no está exenta de error.

Con esas precauciones, me puse a leer el informe completo. Y ahí el titular sobre ese 45% empezó a relativizarse.

No significa que exista una tendencia creciente favorable a una dictadura. Al cruzar esta pregunta con otras variables de la encuesta (apoyo a la democracia, satisfacción con ella y confianza en Parlamento, partidos, gobierno y Justicia) aparece una relación cada vez más estrecha entre democracia y eficacia. Una proporción creciente de uruguayos parece estar condicionando el valor de la democracia a la capacidad del sistema para producir resultados. En el caso uruguayo, esa proporción aumentó ocho puntos durante el gobierno de Orsi.

Otro dato llamativo aparece en los niveles de confianza en las instituciones:


La confianza cae por debajo del 40% en varias de las instituciones centrales del sistema político (38% para el gobierno, 36% para el Parlamento, 35% para el presidente y apenas 23% para los partidos políticos). El Poder Judicial se ubica en 39%.

Más llamativa todavía es la evolución desde 2024. Mientras la confianza en la Policía y las Fuerzas Armadas no cambió significativamente, la caída se concentra en las instituciones políticas y judiciales.

La confianza en la Corte Electoral cayó ocho puntos. El Poder Judicial, diez. El gobierno, once. El Parlamento, el presidente y los partidos políticos, trece puntos cada uno.

Hay otros datos que completan el cuadro. Apenas el 29% dice sentirse representado por el Parlamento, mientras el 65% afirma lo contrario. Sólo el 27% considera que Uruguay marcha en la dirección correcta y el 75% desconfía de que el Estado gaste adecuadamente el dinero recaudado mediante impuestos.

Las cifras plantean una pregunta que me hizo volver a Cicerón: ¿hasta qué punto puede una República conservar su vitalidad cuando una parte tan importante de sus ciudadanos no se siente representada por sus instituciones políticas?

Pero la encuesta deja otra pregunta, aún más difícil: ¿de dónde viene ese deterioro?

No sería riguroso atribuirlo a una sola causa ni pretender que los números demuestran por sí mismos una degradación ética de la política. Sí permiten advertir que la confianza en las instituciones no se sostiene únicamente con leyes, elecciones o resultados de gestión. También depende de la conducta de quienes las representan.

En De re publica, la República no se reduce a una estructura institucional. Es una comunidad unida por el derecho y por intereses compartidos. Las leyes importan, pero no bastan si quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas olvidan los deberes que acompañan al poder.

Para Cicerón, el poder no convierte por sí solo a quien lo ejerce en representante legítimo de la comunidad. Ganar una elección es necesario, pero no suficiente. La República requiere algo más que la legalidad formal.

El gobernante recibe el poder por un tiempo limitado. No lo posee. Lo administra. Quien gobierna no debería preguntarse solamente qué puede hacer dentro de la ley, sino qué corresponde hacer con aquello que le fue confiado durante su mandato.

Por eso empecé a recordar varios episodios de la política uruguaya que parecían contradecir estos principios. No los voy a enumerar. Prefiero que cada lector arme su propia lista.

Al recordarlos, advertí que, aunque cada uno pudiera discutirse desde el punto de vista jurídico, muchos no resistían una pregunta más sencilla: ¿son esas conductas apropiadas para quien ejerce el gobierno?

Cicerón sabía que ninguna forma de gobierno está a salvo de su propia corrupción. Por eso defendía el equilibrio entre los distintos componentes del poder. Ciertas decisiones, aun siendo legales, pueden debilitar la confianza de los ciudadanos. La autoridad, por sí sola, no alcanza. También hace falta responsabilidad en su ejercicio.

Cuando Cicerón habla de la prudencia, vuelvo a encontrar motivos para pensar en nuestra política. La prudencia exige sopesar las consecuencias de las decisiones, pero también revisar las propias convicciones.

Reconocer un error y rectificar el rumbo no debería ser una derrota personal. Lo preocupante es persistir en él para evitar el costo político. Cuando el interés de la República queda postergado ante la defensa de una ideología o del prestigio de quien gobierna, aparece una grieta que una democracia debería vigilar.

Pero Cicerón no miraría solamente al gobierno. Si la República necesita equilibrio entre los poderes, también hay que preguntarse qué hacen quienes tienen la responsabilidad de controlar al poder. La oposición no está para esperar que el desgaste del oficialismo se convierta en votos. Tiene que controlar, cuestionar y ofrecer una alternativa.

La formación de una Coalición Republicana ya ha generado espacios de coordinación parlamentaria y política. Para consolidarse como alternativa de gobierno, deberá acordar un rumbo común, establecer reglas para resolver sus diferencias y subordinar los intereses particulares de los partidos a ese propósito. Eso implica también superar los acuerdos circunstanciales y, electoralmente, concurrir a la elección bajo un lema común.

Mientras leía, pensaba que las grietas no aparecen solamente cuando una institución se rompe. También pueden surgir en la forma en que se ejerce el poder, en la manera en que se hace oposición y en lo poco que, a veces, exigimos de quienes nos representan.

La res publica no pertenece al presidente, ni a los ministros, ni al partido de gobierno. Tampoco a la oposición. Es del pueblo. Quienes reciben temporalmente la responsabilidad de gobernar o de controlar al gobierno deberían recordar que el poder no es una propiedad, sino un mandato del que algún día deberán rendir cuentas.

Quizá por eso la pregunta que deberíamos hacernos hoy no sea solamente si el gobierno de Yamandú Orsi está gestionando bien o mal, ni si la oposición está siendo más o menos eficaz. La pregunta de fondo es otra: ¿Estamos comportándonos como una República?

Yo había buscado en las páginas de Cicerón una manera de olvidarme de la política durante un fin de semana. Terminé encontrando preguntas que siguen siendo incómodas para el Uruguay de hoy.

Tal vez por eso valga la pena volver a leerlo.

Por Eduardo Zalovich

El autor cuestiona duramente la política exterior del gobierno, denuncia su silencio selectivo frente a las dictaduras latinoamericanas y critica la gestión del canciller Mario Lubetkin. El resultado electoral de Brasil, los viajes del ministro y la apertura de una representación diplomática en Ramala alimentan una reflexión sobre el rumbo internacional del Uruguay.

Una política exterior admite cambios, pero precisa también coherencia y principios claros. Uruguay la tuvo, pero la ha perdido. Con Yamandú Orsi y Mario Lubetkin, la cancillería elige a quién criticar según la afinidad ideológica, no según los hechos.

El 24 de setiembre, en la ONU, el presidente Orsi habló del "férreo bloqueo" a Cuba y de "las tiranías", sin nombrarlas. No mencionó a Nicaragua ni a Venezuela, como le reprocharon el senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda y el presidente del directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado. Su respuesta fue: "No hablé del régimen cubano; a buen entendedor, pocas palabras". En casos tan graves la diplomacia no funciona con sobreentendidos. Un régimen con siete décadas sin elecciones libres, presos políticos y opresión debe ser nombrado.

Silencio selectivo

Con Nicaragua ocurrió lo mismo. Daniel Ortega anunció en julio que "nunca" volvería a haber elecciones; Brasil, Chile y Panamá lo condenaron de inmediato. Uruguay emitió su comunicado —siete días después— y sólo habló de "preocupación".

La ciudadanía democrática percibe la contradicción, incluidos los votantes del FA desconformes con este rumbo. El expresidente Luis Lacalle Pou reclamó para Venezuela "gobernantes electos legítimamente" y una "transición real". El senador Javier García dijo que dicha posición "llena un espacio que Uruguay dejó vacío en su política internacional". Valeria Ripoll ya había declarado que "la política exterior no es pasear y sacar fotitos". "Es abrir mercados, lograr acuerdos, sentir orgullo cuando tu presidente habla en un organismo internacional".

Esta política tiene un costo regional. Apostar por Lula fue un grave error. Brasil irá a segunda vuelta, con Flávio Bolsonaro como favorito con el 47% frente al 45% de Lula. Pero el mapa político ya ha cambiado en torno a Uruguay: Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia tienen gobiernos de centro o derecha, más cercanos a Estados Unidos y a Occidente. Uruguay, sin rumbo, está más aislado que nunca en Sudamérica.

Roma en el corazón

Lubetkin acumuló unos 160 días de misión oficial, de los cuales el 30% transcurrió en Italia. Cobró 80.500 dólares en viáticos. Ante el Senado, dijo que devolvió "más del 40%" y que no toda la agenda fue pública. Una semana después se supo que la cancillería había entregado dos versiones oficiales de los viajes. El senador blanco Rodrigo Blás lo resumió así: "Roma es un pasaje permanente en la vida del canciller, sin actividad aparente". Se le reprocha, pues, no explicar en qué empleó el tiempo y el dinero de los uruguayos. Pablo Mieres declaró que "esta situación se está convirtiendo en un escándalo". En julio de 2025, tras el tema del pasaporte, el diputado colorado Felipe Schipani escribió: "Si algo de vergüenza le queda al canciller después de este papelón, debería renunciar". Como vemos, toda la oposición critica a Lubetkin y, por lo bajo, también lo hacen muchos de sus "compañeros".

En el tema de Israel, la vara cambia. La Cancillería calificó de "masacre" lo ocurrido en Gaza. Un país soberano puede criticar a otro gobierno, pero contrasta con el silencio ante las dictaduras. La vicecanciller Valeria Csukasi dijo que "por supuesto" Benjamín Netanyahu debería ser detenido si pisara Uruguay. Orsi la desautorizó, como había hecho en otras ocasiones con el ministro Castillo. Pero un presidente no puede limitarse a un suave reproche. Si su autoridad es desafiada, debe pedir la renuncia inmediata del jerarca. Es básico.

Por su parte, Hamás —autor de la masacre que provocó la respuesta israelí— sigue sin ser designado como organización terrorista. Ojeda recordó que ya había pedido su registro al gobierno anterior. El 7 de octubre de 2023, el grupo islámico asesinó a 1.200 personas y secuestró a 251. El resultado es muy negativo. Se descuida a un país con el que Uruguay mantiene lazos históricos de amistad y se apuesta por la Autoridad Palestina, con un gobierno de facto que no aporta nada al Uruguay.

La embajada que querían Almagro y el embajador Greiver

Consultado en Montevideo sobre la utilidad de mantener una embajada allí, un diplomático —cuyo nombre no podemos revelar— aclaró: "No puedo cuestionar decisiones de mi gobierno" y, a continuación, explicó que iba a contestar con una pregunta. Mirando a su interlocutor, le dijo: "¿Qué utilidad ve usted en una embajada donde no viven ciudadanos uruguayos, no tenemos comercio ni tampoco intercambio cultural?" El hombre, sin dudar, le dijo: "Ninguna". A lo que el diplomático respondió: "Bueno, lo dijo usted, no yo".

Ahora, el gobierno anunció que enviará a Ramala, en 2027, a Marcos Carámbula, amigo personal de Orsi. El expresidente Julio María Sanguinetti objetó: "Yo lo veo mal, no tiene ningún sentido en estos momentos darle esta visibilidad al tema". Y el peso de Carámbula en la zona será nulo.

La política exterior debe ser de Estado, no una cuestión de barras militantes. Uruguay tuvo una cancillería respetada porque defendía principios. Ahora es dirigida por un canciller sin brillo ni sentido común, que permite declaraciones de fanáticos totalitarios que amenazan con enfrentarse a Brasil si gana Bolsonaro e imaginan un fraude dirigido desde Washington. Uno no sabe si reírse o llorar ante el disparate. Parece que los brasileros fueron valientes e ignoraron tan peligrosa amenaza.

Lo grave es que la respetada tradición uruguaya no sobrevivirá a un canciller soberbio e incompetente.

Por Raúl Roca

Tres años después de la matanza de Hamás, Israel se detuvo para recordar a sus muertos. En el kibutz Reim y en Tel Aviv, las familias y los supervivientes compartieron una noche de homenaje. El regreso de los rehenes cambió este aniversario, pero no borró las consecuencias de aquel día.

A las 18:29 del miércoles 7, la música volvió a sonar en Reim, en el mismo lugar donde quedó interrumpida aquella mañana de octubre de 2023. No fue una fiesta. Fue un homenaje.

La hora no era casual. Las 18:29 evocan, doce horas después, las 6:29 de aquella mañana en la que comenzó el ataque terrorista. A esa hora, la comunidad del festival Nova volvió a encontrarse allí donde cientos de jóvenes habían llegado para bailar y escuchar música al amanecer y donde, poco después, la celebración se convirtió en tragedia.

Unas tres horas más tarde, a las 21:15, otro homenaje reunió en el parque Yarkon de Tel Aviv a familiares, sobrevivientes y ciudadanos. Dos escenarios y una misma fecha. El calendario ha avanzado tres años, pero para quienes vivieron aquella jornada la distancia respecto del pasado no es fácil de medir.

El gobierno había celebrado su ceremonia el día 5 en el cementerio militar del monte Herzl, en Jerusalén, de acuerdo con la conmemoración oficial vinculada al calendario hebreo. Las familias escogieron, en cambio, el 7 de octubre, la fecha que quedó grabada en la historia reciente de Israel.

El ataque de Hamás dejó 1.192 muertos y 251 personas secuestradas y trasladadas a Gaza. Los atacantes entraron en kibutzim -comunidades- del sur de Israel, en viviendas familiares y en el festival musical Nova, matando y secuestrando sin piedad ni límite. Los hermanos Kfir, de nueve meses, y Ariel, de cuatro años, fueron asesinados junto a su madre, Shiri Bibas. Su caso fue uno entre cientos de ejemplos de la crueldad ejercida aquel día. En 2025, los asesinos fueron eliminados por la unidad de élite Nili, creada especialmente para ubicar a todos los terroristas que asesinaron israelíes y turistas el 7 de octubre. De los 6.000 que ingresaron, unos 4.000 ya fueron eliminados.

Human Rights Watch documentó asesinatos deliberados de civiles y toma de rehenes, entre otros crímenes contra la humanidad. Detrás de las cifras había personas que estaban desayunando en sus casas, padres que intentaron proteger a sus hijos y jóvenes que habían acudido a bailar y escuchar música. Muchos salvaron otras vidas y perdieron la suya en actos de heroísmo.

Donde todo se detuvo

Este tercer aniversario tuvo una diferencia decisiva respecto a los anteriores. Los últimos veinte rehenes vivos regresaron en octubre de 2025. Once de ellos habían sido secuestrados en Nova. Por primera vez, la comunidad pudo reunirse con algunos de quienes permanecieron secuestrados durante meses. Hasta hace poco parecía imposible. Pero el regreso tampoco devuelve las cosas a su punto de partida. Quienes vuelven traen consigo la experiencia del cautiverio y deben afrontar una vida que siguió adelante mientras ellos estaban ausentes.

"Volvemos al lugar donde todo se detuvo", explicó a The Times of Israel Reef Peretz, director de la Comunidad Tribu Nova. Era, según señaló, la primera ocasión desde el ataque en la que podían encontrarse todos juntos los familiares de las víctimas y quienes regresaron del cautiverio. La asociación acompaña actualmente a unas 15.000 personas entre supervivientes y familias.

Durante meses, los que volvieron vivos tuvieron que recordar a quienes no regresaron. Ahora algunos de aquellos rostros que aparecían en fotografías y campañas por su liberación estaban físicamente presentes. Otros viven en el recuerdo de sus seres queridos. Quizás en el olam haba —mundo venidero—, el reino espiritual en el que cree el judaísmo tras la muerte.

Entre quienes estuvieron en Reim figuraba Yuval Raphael, la cantante que representó a Israel en Eurovisión en 2025. Sobrevivió escondida durante horas en un refugio junto a una carretera. Esta vez regresó al lugar donde comenzó su historia de superviviente. Ella misma ha reconocido que volver resulta doloroso y aterrador. Pero también ha dicho que es allí donde debía estar.

En Tel Aviv, uno de los presentadores fue Eli Sharabi, superviviente del cautiverio. Su esposa y sus dos hijas fueron asesinadas en su casa del kibutz Beeri. Su presencia en el escenario resume una de las realidades más duras del 7 de octubre: algunos rehenes regresaron, pero no a la vida que habían dejado atrás. Algunos volvieron para abrazar a sus familias. Otros descubrieron que su familia había desaparecido.

Cuando las ceremonias terminan

Después de los homenajes comenzó la parte menos visible de esta historia.

El director de la Fundación Tribu Nova describió algunas de las dificultades que siguen enfrentando supervivientes y familiares: depresión, ansiedad, estrés postraumático y dificultades para retomar el trabajo y las obligaciones cotidianas. No todos reaccionan de la misma manera ni necesitan la misma ayuda. Pero sus testimonios muestran que regresar a la rutina es un proceso largo y desigual.

Para algunos, una canción, un sonido o una carretera pueden despertar recuerdos de aquella mañana. Otros intentan reconstruir sus horarios, volver al trabajo y recuperar relaciones que quedaron alteradas por lo ocurrido. Por eso, el homenaje pretendía también recaudar apoyo para continuar ayudando a los liberados y a los familiares. El acompañamiento no termina con la ceremonia: requiere atención psicológica, apoyo y tiempo.

El grupo Kumu («Levántense»), nacido de los supervivientes y familias de las víctimas, ha colocado su voz en el centro de los homenajes los últimos dos años. Sus organizadores mantienen abiertas las preguntas sobre las circunstancias que hicieron posible la magnitud de la tragedia y sobre la responsabilidad gubernamental, que debe ser esclarecida. Para las familias, recordar a los muertos y exigir respuestas forman parte de la misma necesidad: saber qué ocurrió y cómo impedir que una tragedia así pueda repetirse.

Este tercer aniversario ofrece una ventana hacia una dimensión de Israel que a menudo queda escondida detrás de los debates políticos, las operaciones militares y la negociación. Una parte de la prensa deforma los hechos y victimiza a los terroristas que causaron todo. La reacción de Israel fue dura y asestó un golpe demoledor a Hamás, aunque no terminó con la organización, refugiada en túneles subterráneos y viviendas de familias gazatíes, en escuelas, hospitales y mezquitas. La guerra siempre es una tragedia, pero no existió objetivamente ningún "genocidio", como sostiene la propaganda de Hamás y muchos medios.

La realidad aquí tiene nombre y apellido. Es una casa en un kibutz, una familia, una foto y una carretera. Tiene también una pista de baile donde una celebración terminó de modo brutal. Son hechos, no relatos. El miércoles, las familias llegaron con fotografías y nombres. Algunos volvieron a encontrarse con personas que no veían desde antes del ataque. Otros ocuparon, una vez más, el lugar de quienes faltan. Hubo música y discursos, pero también silencio.

En Reim, los supervivientes volvieron a caminar por el escenario de aquella mañana. En Tel Aviv, miles escucharon a quienes han tenido que reconstruir su vida después de un acontecimiento que la dividió para siempre.

Después llegó la noche y cada uno regresó a su casa. El acto terminó, pero queda la tarea diaria de acompañar a quienes siguen aquí y preservar la memoria de quienes ya no están. Ese es el sentido más concreto del aniversario: volver a pronunciar los nombres, escuchar a los que se salvaron y permitir que todos comprendan qué ocurrió aquel día. Con la certeza de que hay demasiadas personas inocentes que nunca volverán.

Por Orlando Cuicar Ortiz

El autor —político venezolano— analiza cómo la pérdida de empleos industriales y las transformaciones de la economía mundial alimentan discursos políticos que responsabilizan a los inmigrantes, en lugar de ofrecer soluciones para los trabajadores desplazados.

Alberto comenzó a trabajar a los 18 años en una fábrica en Estados Unidos. Entró como obrero y, después de años de experiencia, esfuerzo y constancia, llegó a convertirse en líder de una línea de producción. Conoce su trabajo, cumple sus metas y ha logrado alcanzar un salario cercano a los 7.000 dólares mensuales. Poco a poco, siente que está alcanzando su sueño americano.

Un día llega a trabajar y es convocado, junto con sus compañeros, a una asamblea general. Allí reciben una noticia inesperada: la planta cerrará y ese será su último día de trabajo. Los propietarios han decidido que resulta más rentable importar desde Asia productos similares, a una fracción de lo que cuesta fabricarlos en Estados Unidos.

Alberto sale decepcionado y molesto, pero entiende que debe buscar otro empleo. Entonces descubre una realidad para la cual no estaba preparado. Para algunas posiciones está sobrecalificado por su experiencia; para otras, no posee el nivel de formación académica exigido. Los empleos que encuentra le ofrecen regresar prácticamente al punto de partida: trabajar como obrero básico por un salario que no supera los 2.500 dólares mensuales.

Su nivel de vida se derrumba.

Alberto necesita encontrar una explicación y, sobre todo, un responsable. Observa a su alrededor y ve inmigrantes trabajando. Muchos de ellos, paradójicamente, ocupan puestos de bajos salarios que poco tienen que ver con el empleo industrial que él perdió.

Es entonces cuando aparece el político que le ofrece una respuesta sencilla para un problema complejo: “Tu problema son los inmigrantes”.

El mensaje funciona.

Alberto termina convencido de que perdió su empleo por culpa del inmigrante y de que tampoco consigue un salario acorde con su experiencia porque alguien venido de otro país está ocupando su lugar. Frustrado, decide apoyar electoralmente al político que ha identificado para él un enemigo visible, aunque nunca le haya explicado las verdaderas razones por las cuales cerró su fábrica.

¿Quién destruyó realmente el empleo de Alberto?

Durante décadas, buena parte de los partidos políticos tradicionales de las naciones industrializadas hicieron de la defensa del empleo uno de sus grandes compromisos. Sin embargo, muchos no supieron anticipar completamente las consecuencias de la globalización, la automatización, los cambios tecnológicos y la transformación de las cadenas mundiales de producción.

La tecnología destruye determinadas ocupaciones, pero también crea otras.

Cuando apareció la televisión, muchos pensaron que la radio estaba condenada a desaparecer. No ocurrió. La radio se transformó, encontró nuevos espacios y continúa vigente. Según datos de Nielsen Audience Insights para el primer trimestre de 2026, la radio AM/FM alcanza semanalmente aproximadamente al 87% de los adultos estadounidenses. Incluso entre los adultos de 18 a 34 años alcanza al 81%.

Algo similar sucede repetidamente en la historia económica: desaparecen actividades, otras se transforman y nacen nuevas ocupaciones. El verdadero problema surge cuando la transformación económica ocurre más rápido que la capacidad del trabajador y de la sociedad para adaptarse.

Los países industrializados que durante décadas desarrollaron poderosas estructuras manufactureras se enfrentan ahora a una economía mundial donde empresas y consumidores pueden acceder a bienes producidos a miles de kilómetros a costos considerablemente menores.

La industria automotriz europea constituye un buen ejemplo.

Volkswagen y otros fabricantes europeos apostaron durante décadas por el gigantesco mercado chino. Pero China dejó de ser solamente una plataforma de producción y un enorme mercado consumidor. Sus empresas aprendieron, innovaron y desarrollaron una poderosa industria de vehículos eléctricos capaz de competir internacionalmente.

El consumidor chino ya no depende necesariamente del automóvil europeo.

Cuando una empresa pierde participación de mercado, competitividad o rentabilidad, las consecuencias terminan llegando a sus trabajadores: reducción de personal, reestructuraciones y, en determinados casos, disminución de la capacidad productiva o cierre de plantas.

Sin embargo, al trabajador que pierde su empleo es mucho más fácil decirle “la culpa es del inmigrante” que explicarle las profundas transformaciones que están ocurriendo en la economía mundial.

El inmigrante como enemigo conveniente

El inmigrante puede competir en determinados segmentos del mercado laboral, como ocurre con cualquier incorporación de nuevos trabajadores. Negarlo sería simplificar también el problema. Pero convertirlo en responsable general de la pérdida del empleo, los bajos salarios o el deterioro económico de una comunidad significa ignorar fenómenos mucho más amplios.

El inmigrante también es un actor económico.

Trabaja, consume, alquila o compra vivienda, utiliza transporte, adquiere alimentos y servicios, crea empresas y, dependiendo de su situación laboral y migratoria, paga impuestos y contribuciones. También puede aportar conocimientos, experiencia y capital humano que el país receptor necesita.

Un médico venezolano que abandona su país después de años de formación puede llegar a otra nación y aportar precisamente allí donde existe escasez de profesionales. Su incorporación genera valor económico y social. Sin embargo, también puede despertar desconfianza entre quienes lo perciben exclusivamente como un competidor y no como un posible aliado dentro de una sociedad que está cambiando.

El caso de Panamá ayuda a comprender que cuando una sociedad estigmatiza al inmigrante no solamente pone en riesgo una fuente de mano de obra, sino también de inversión, consumo y actividad económica.

En diciembre de 2015, La Prensa de Panamá, citando cifras oficiales de la Contraloría General de la República, informó que empresarios venezolanos habían invertido US$427 millones entre 2012 y 2014, equivalentes aproximadamente al 3,7% de toda la inversión extranjera recibida por el país durante esos tres años.

Posteriormente, en medio de un clima migratorio más restrictivo, las autoridades panameñas reportaron una reducción de hasta 70.000 venezolanos en el flujo hacia el país, mientras algunos que incluso habían iniciado procesos de residencia optaron por trasladarse a Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

El ejemplo recuerda algo que con frecuencia se olvida en el debate político: detrás de la palabra “inmigrante” no existe solamente un trabajador que busca empleo; también puede existir un consumidor, profesional, empresario, inversionista y generador de actividad económica. Cuando ese inmigrante se marcha, no se lleva únicamente su maleta: también puede llevarse su capacidad de trabajar, consumir, invertir y generar riqueza.

Chile constituye otro ejemplo de cómo la inmigración debe analizarse también desde su aporte económico y no únicamente desde el costo que pueda representar para el Estado. Estudios respaldados por el Banco Mundial muestran que los inmigrantes venezolanos presentan un balance fiscal positivo: por cada peso recibido en beneficios públicos, aportan aproximadamente 1,63 pesos en impuestos. Otro estudio sobre el impacto económico de la migración venezolana estimó una recaudación cercana a US$410 millones en impuestos directos e indirectos, cifra que podría superar los US$510 millones bajo mejores condiciones de regularización e integración laboral.

Estos números ayudan a cuestionar la idea de que el inmigrante es simplemente una carga para el país receptor. Quien llega también trabaja, consume, paga impuestos, cotiza, emprende y genera demanda.

Integrar en lugar de estigmatizar

La experiencia alemana después de la caída del Muro de Berlín ofrece una reflexión interesante. Helmut Kohl entendía que después de aproximadamente cuatro décadas viviendo bajo sistemas políticos, económicos y sociales diferentes, la reunificación no podía limitarse simplemente a eliminar una frontera. Era necesario construir integración entre personas que, siendo parte de una misma nación, habían desarrollado experiencias y formas de vida distintas.

En 1993, Kohl expresó una idea especialmente poderosa: “No debemos permitir nuevos muros, ni en el lenguaje, ni en el pensamiento y mucho menos en nuestras acciones”.

Salvando las enormes diferencias históricas, existe allí una enseñanza aplicable al debate migratorio: integrar es más inteligente que estigmatizar.

Pero la integración no corresponde únicamente a la sociedad receptora. Quien llega también tiene responsabilidades: debe comprender y respetar las leyes, valores, costumbres, instituciones y cultura laboral del país que lo recibe. Integración significa un esfuerzo de ambas partes.

Las sociedades modernas no deberían observar automáticamente al inmigrante como escoria, intruso o enemigo, sino analizar cómo incorporar productivamente a quien llega, exigirle el cumplimiento de sus responsabilidades y aprovechar aquello que puede aportar.

Después de todo, buena parte de nuestras sociedades americanas son precisamente el resultado de siglos de encuentros, migraciones y mezclas entre pueblos indígenas, europeos, africanos y posteriores corrientes migratorias provenientes de numerosos lugares del mundo.

Buscar al verdadero responsable

Los políticos pueden seguir buscando enemigos visibles para explicar problemas difíciles. El inmigrante resulta particularmente conveniente: tiene otro acento, otras costumbres y, muchas veces, poca capacidad política para defenderse.

Pero señalarlo no recuperará la fábrica de Alberto.

Tampoco hará competitiva nuevamente una industria que dejó de innovar, impedirá que una empresa traslade su producción, capacitará al trabajador desplazado para una nueva profesión ni resolverá por sí solo los efectos de la automatización y de la competencia internacional.

Para enfrentar esos problemas hacen falta políticas mucho más difíciles: educación, capacitación y reconversión laboral, innovación tecnológica, incentivos a la inversión productiva, apoyo al emprendimiento y estrategias industriales capaces de competir en una economía global.

La inmigración tampoco desaparecerá simplemente por un discurso político. Los movimientos humanos forman parte de nuestra historia desde mucho antes de que existieran nuestras actuales fronteras nacionales. Incluso las tradiciones religiosas judeocristianas están llenas de historias de migración, exilio y búsqueda de una nueva tierra.

Por eso, cuando Alberto pierde su empleo, la pregunta correcta no debería ser:

“¿Qué inmigrante me quitó mi trabajo?”

La pregunta debería ser:

“¿Por qué desapareció mi empleo y qué están haciendo nuestros líderes para que yo pueda formar parte de la nueva economía?”

Tal vez cuando el ciudadano comience a formular esa pregunta, algunos políticos tendrán que dejar de buscar enemigos y comenzar, finalmente, a ofrecer soluciones.

Por Dante Steffano

El autor reflexiona sobre la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, la preservación de su patrimonio y la necesidad de conciliar el desarrollo urbano con el interés general. Reivindica, además, el legado del reformismo batllista y la responsabilidad del Partido Colorado en este debate.

La Intendencia de Montevideo impulsa el Plan Montevideo 300, un proceso de revisión y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado en 1998. Es una oportunidad para discutir algo más profundo que las alturas de los edificios, los usos del suelo o las normas de construcción: definir qué departamento queremos, para quiénes y bajo qué principios deberá desarrollarse en las próximas décadas.

Montevideo no es simplemente una acumulación de edificios, calles, infraestructuras y espacios productivos. Es una construcción histórica, social y cultural, en la que se expresan relaciones de poder, desigualdades, conflictos y posibilidades de convivencia y desarrollo. Como planteaba Henri Lefebvre, el derecho a la ciudad implica participar en su construcción y transformación.

Nuestro departamento posee un patrimonio extraordinario: la rambla, los parques, las plazas, los barrios, la costa y un territorio rural de enorme valor ambiental y productivo. Esa identidad montevideana, construida durante generaciones, constituye un patrimonio colectivo que debemos preservar y proyectar hacia el futuro.

La rambla merece una consideración especial. Es uno de los espacios más representativos de nuestra identidad, un patrimonio paisajístico, cultural y social, y un lugar privilegiado de encuentro y convivencia. La presión inmobiliaria sobre su entorno, particularmente en materia de alturas y densidades constructivas, exige especial atención. Protegerla supone preservar sus espacios públicos, el paisaje, las visuales y la relación de Montevideo con el Río de la Plata.

El Partido Colorado, especialmente a través del reformismo batllista, desempeñó un papel fundamental en la modernización de Montevideo, mediante el impulso de servicios públicos, infraestructuras y espacios de convivencia. Ese legado constituye también una responsabilidad frente a los desafíos actuales.

Como han señalado, desde distintas perspectivas, Jordi Borja y Saskia Sassen, la ciudad es un espacio de ciudadanía que no debería subordinarse a las lógicas de rentabilidad inmobiliaria.

En este contexto, el nuevo POT debe abordar una cuestión fundamental: la relación entre las normas urbanísticas, el poder económico y el interés general. ¿Qué sentido tiene establecer límites de altura, densidad o edificabilidad si luego pueden flexibilizarse mediante excepciones o compensaciones económicas? ¿Qué sucede cuando determinadas infracciones pueden regularizarse mediante el pago de una multa?

Sin desconocer que pueden existir excepciones justificadas, debemos cuestionar una lógica según la cual aquello que está prohibido para algunos termina siendo posible para quienes disponen de mayores recursos. Cuando la norma se vuelve negociable en función de la capacidad económica, el ordenamiento territorial corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de reproducción de privilegios. La ciudad no puede organizarse bajo el principio de que todo tiene un precio.

No se trata de oponerse a la inversión privada ni al crecimiento urbano, sino de establecer quién orienta ese desarrollo, bajo qué controles y en beneficio de quiénes. El nuevo POT debe reafirmar la función social del suelo, la protección del patrimonio, la sostenibilidad ambiental y la primacía del interés general.

Desde su tradición republicana y reformista, el Partido Colorado tiene la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a este debate. Sus organismos deben asumirlo como una tarea política y programática, aportando ideas, propuestas y el trabajo de sus equipos a esta iniciativa, con una mirada de largo plazo.

Defender Montevideo no significa inmovilizarla ni convertirla en un museo. Significa orientar sus transformaciones sin renunciar a aquello que la distingue. Porque Montevideo no es solamente un territorio donde invertir y construir: es un patrimonio compartido, una forma de convivencia y una responsabilidad con las próximas generaciones.

Por Darío Peña

El autor advierte sobre las posibles consecuencias de un episodio intenso de El Niño para Uruguay y reclama medidas preventivas de las autoridades nacionales y departamentales, especialmente ante el riesgo de inundaciones y pérdidas en la producción agropecuaria.

Al lector que está dudando en abrir este artículo porque lo del clima le suena a discurso de moda, le propongo un trato. No voy a aburrirlo con osos polares ni a pedirle que deje el asado. Voy a hablarle del agua que va a caer en los próximos meses y de lo que nos va a costar a los uruguayos, piense lo que piense sobre el cambio climático.

A El Niño lo bautizaron pescadores peruanos hace más de un siglo, porque el mar se les calentaba cerca de Navidad, mucho antes de que existieran los congresos de burócratas en Bruselas o las ONG internacionales. Es un ciclo natural, tan viejo como el continente.

Cada tanto, aumenta la temperatura del Pacífico ecuatorial y se evapora más agua. Esa humedad viaja hacia el sur a través de lo que los meteorólogos llaman un “río atmosférico”, que descarga sobre el sur de Brasil y Uruguay. Con más calor en el océano, hay más energía en el aire, que se libera en forma de lluvias torrenciales y granizo. Es la misma física que hace hervir el agua de la jarra cuando nos preparamos el mate.

Lo distinto esta vez es la magnitud, porque todo indica que estamos ante el fenómeno de El Niño más intenso que hemos visto en nuestras vidas. A mediados de año, la agencia oceánica de Estados Unidos registró en el Pacífico una temperatura 2,2 grados por encima de lo normal, lo que se traduce en más evaporación y en tormentas más violentas. Hay meteorólogos brasileños que hablan del más intenso en 150 años. Con un fenómeno de El Niño bastante menos intenso que este, el aeropuerto de Porto Alegre quedó bajo el agua.

El desafío para Uruguay es grande, y quiero ser claro sobre cómo se va a presentar. El problema empezará por el norte del país y, entre noviembre y diciembre, se extenderá al resto, con efectos que pueden durar hasta abril de 2027. Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro van a sentir primero la crecida del río Uruguay. Los demás departamentos sufrirán sus propias lluvias.

Para dimensionarlo, alcanza con recordar que en diciembre de 2015 la crecida dejó a unas 25.000 personas fuera de sus casas en el litoral. En abril de 2016 fueron otras 17.000, repartidas en casi todo el país, Montevideo incluido. La diferencia es que esta vez todavía hay tiempo para tomar decisiones que mitiguen las consecuencias de un fenómeno que, lamentablemente, no podemos evitar.

Además de las familias evacuadas, habrá un golpe económico, porque la producción agropecuaria va a sufrir. En Salto, el viento y el granizo afectarán los invernaderos, y en pocas semanas el tomate y el morrón van a subir en todas las ferias del país. En los campos bajos de Treinta y Tres y Rocha es muy probable que haya que mover miles de cabezas de ganado. Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Durazno figuran con el riesgo más alto de lluvias intensas. Quien vive en la Rambla de Mercedes o en una chacra sobre el río Uruguay lamentablemente tendrá que planificar adónde se va a mudar por un tiempo y qué hacer con sus cosas.

Hasta ahora tuvimos una tregua, y nadie sabe bien cuánto va a durar. Los fríos del comienzo de la primavera frenaron el avance del fenómeno hacia el sur, y cada semana sin diluvio le permite al productor terminar la cosecha de trigo y sembrar soja y maíz. Ojalá se estire lo más posible, aunque eso no depende de ninguno de nosotros.

Esa tregua es también el margen que tienen nuestros gobernantes y legisladores. A nivel departamental, el primer trabajo es saber, familia por familia, quién vive por debajo de la cota de inundación y quién le va a avisar cuando haya que salir. Después viene la limpieza de bocas de tormenta, cunetas y cañadas. Los refugios tienen que estar equipados y coordinados con el MIDES y el Ejército antes de que suba el agua, porque un gimnasio armado a las apuradas nunca funciona bien.

En este sentido, los ediles también tienen mucho para hacer. Pueden convocar al CECOED, pedir por escrito el plan de contingencia y preguntar cuántas familias están relevadas y cuánto dinero hay previsto.

La caminería rural también necesita atención, ya que por esos caminos pasan los alimentos y la ambulancia. Los traslados de ganado y el apoyo a la granja se pueden acordar hoy con el MGAP. Hay que prever además lo que llega después de cada inundación, sobre todo la leptospirosis y los mosquitos. Y, desde mi punto de vista, conviene reservar en octubre una partida presupuestal que evite tener que declarar la emergencia en enero.

Estamos a tiempo de tomar medidas paliativas que reduzcan al mínimo el daño de lo que viene. El cambio climático existe y nos viene dando señales año tras año. Son fenómenos físicos y químicos, y ponerles un tinte ideológico es tan tonto como etiquetar de derecha o de izquierda la ley de gravitación universal de Newton.

Por Angelina Rios

El cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas y la experiencia de Minas de Corrales sirven a la autora para reflexionar sobre las consecuencias que tiene para una comunidad la desaparición de una actividad productiva y las posibilidades de construir un futuro después de ella.

El cierre de una fábrica puede medirse en puestos de trabajo, traslados, retiros y acuerdos. Pero hay otra cuenta más difícil de hacer. Cuando una actividad productiva desaparece, también cambia el lugar que creció a su alrededor. Minas enfrenta hoy esa realidad ante el cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza. A más de 400 kilómetros, Minas de Corrales conoce bien esa historia.

Durante décadas, una fábrica puede terminar formando parte de una ciudad tanto como sus calles o sus comercios. Genera empleo, pero también rutinas, proveedores, consumo y decisiones familiares construidas alrededor de la certeza de que ese trabajo estará allí al día siguiente.

Por eso, cuando cierra, contar los puestos afectados es indispensable, pero no suficiente.

Eso ocurre hoy en Minas, Lavalleja. Fábricas Nacionales de Cerveza decidió cerrar definitivamente su planta y concentrar la producción en Montevideo. Allí trabajaban 59 personas. Después de meses de negociación, empresa y sindicato avanzaron en soluciones para cada una de ellas. Unos 28 trabajadores continuarán en la empresa y deberán trasladarse a la capital. Los restantes accederán a retiros, jubilaciones o prejubilaciones. 

Es un acuerdo importante porque evita que decenas de familias queden de un día para otro sin una respuesta. Pero también deja planteada otra cuestión.

El empleo puede trasladarse. La fábrica no.

Lo que queda en el lugar

Para quien acepta continuar trabajando en Montevideo, conservar el empleo supone reorganizar buena parte de su vida. Para Minas, además, significa perder una actividad industrial que hasta ahora se desarrollaba allí.

No es la primera vez que la planta enfrenta una situación crítica. En 2024, un anuncio de cierre pudo revertirse después de negociaciones que redujeron personal y trasladaron parte de la producción a Montevideo. Esta vez, la decisión fue definitiva. 

La pregunta entonces deja de ser solamente qué ocurre con los trabajadores y alcanza a la ciudad.

Hay lugares del interior que ya atravesaron procesos similares.

Minas de Corrales, en Rivera, creció estrechamente vinculada a la explotación del oro. Cuando la producción industrial se detuvo en 2018, la localidad perdió una actividad que durante mucho tiempo había definido parte de su identidad y de su economía. 

La historia minera, sin embargo, comenzó a convertirse también en otra posibilidad. La Ruta del Oro, las ruinas y la represa de Cuñapirú pasaron a integrar una propuesta turística vinculada al patrimonio, mientras distintos organismos trabajan actualmente en la recuperación del histórico complejo para consolidarlo como atractivo del departamento. 

Volver a empezar

Ahora Minas de Corrales atraviesa un nuevo momento. Domo Minerals comenzó tareas de recuperación y acondicionamiento de la planta de producción de oro, cerrada desde 2018, como paso previo a una posible reactivación. La expectativa vuelve a estar puesta en el empleo y en el movimiento que podría generar la actividad. 

Pero los años transcurridos dejaron algo más. La localidad aprendió a mirar su pasado minero no solamente como una fuente de producción, sino también como patrimonio capaz de generar otras oportunidades.

No se trata de presentar a Minas de Corrales como una receta para Minas. Las dimensiones, las actividades y las circunstancias son diferentes. Tampoco el turismo sustituye automáticamente los puestos que desaparecen cuando cierra una industria.

La comparación sirve para otra cosa. Obliga a mirar qué ocurre con una comunidad después de que termina el último turno.

Quizás el desafío no sea solamente conservar lo que existe, sino crear las condiciones para imaginar qué viene después.

Alejandro Lerner lo escribió en Volver a empezar: “¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos?”.

Para localidades que alguna vez vieron apagarse una fábrica, una mina o una fuente de trabajo, la pregunta también puede ser sobre su futuro.

Por Eduardo Irigoyen García

A propósito de la recurrente afirmación de que Uruguay no celebra la Navidad, el autor recuerda el origen de la denominación oficial del 25 de diciembre como Día de la Familia y reivindica la laicidad del Estado, sin desconocer las tradiciones y celebraciones de los uruguayos.

Falta bastante para las Fiestas, pero me adelanto al tema que suele ocuparnos a fines de diciembre.

Cada tanto aparece la misma discusión. Algún portal, alguna agencia internacional, algún periodista extranjero descubre Uruguay y publica, con asombro, que somos “el único país de América Latina que no celebra la Navidad”. Y enseguida aparecen uruguayos indignados: “¡Es mentira! ¡Si nosotros festejamos como todo el mundo!”

Bueno: sí y no. Depende de qué entendamos por “celebrar” y, sobre todo, de quién hablamos cuando decimos Uruguay. Hay una diferencia elemental entre lo que hacen los uruguayos y lo que hace el Estado uruguayo. Los uruguayos celebramos la Navidad. El Estado, oficialmente, no la celebra como festividad religiosa. No es una sutileza semántica: es una de las expresiones históricas más interesantes de nuestra laicidad.

Lo que hizo la Ley N.º 6.997

En 1919, mediante la Ley N.º 6.997, Uruguay reorganizó sus festividades oficiales y eliminó del calendario estatal las denominaciones religiosas. El 25 de diciembre dejó de figurar como Navidad y pasó a ser Día de la Familia. Lo mismo ocurrió con otras fechas: el Día de Reyes pasó a ser Día de los Niños, el Día de la Virgen pasó a ser Día de las Playas y la Semana Santa se convirtió en Semana de Turismo.

Es decir: Uruguay no prohibió la Navidad. No persiguió a los cristianos. No cerró las iglesias. No prohibió los pesebres, los árboles, los villancicos ni los regalos. Hizo algo más sencillo y, a mi juicio, más civilizado: el Estado dejó de tener religión.

Lo que pasa en diciembre

Cuando un medio titula “Uruguay no celebra la Navidad”, el titular es atractivo pero incompleto. Induce a imaginar un país donde el 24 de diciembre nadie hace nada, no hay árboles ni regalos ni reuniones, y la gente mira la pared mientras el resto del mundo come turrón, pan dulce y brinda con sidra. Nada más alejado de la realidad.

Llega la época y aparecen las luces, las cartas a Papá Noel, las mesas que se arman en cada casa.

Es cierto: nos deseamos “Feliz Navidad”, no “Feliz Día de la Familia”. (Yo deseo “Feliz Día de la Familia” para provocar a mis amigos cristianos).

El 24 a la noche nos juntamos con la familia y los parientes. Comemos a lo bestia: lechón, cordero, el vitel toné que preparó la abuela que vino de Argentina. Brindamos con sidra berreta pero no falta la botella de caballito. Nos abrazamos, incluso con aquel que nos jodió y se mandó alguna trapisonda. Llamamos a los que están lejos y largamos el moco, inevitablemente, y prometemos encontrarnos, cosa que nunca hacemos. Mandamos mensajes a gente con la que no hablamos desde hace seis meses. Tiramos algunos fuegos artificiales, aunque cada vez menos, por suerte, porque nos putean (con razón): por los gurises con TEA y por las mascotas, que se asustan. Después algunos bailan, otros siguen comiendo, otros toman más de lo recomendable y más de uno termina abrazado a alguien a quien probablemente no habría abrazado en circunstancias normales. Unos cuantos, discretamente, se fuman un porro y no joden a nadie. Y en determinados barrios somos capaces de hacer una fiesta colectiva con vecinos, música, comida, beberaje y botijas corriendo y tirando los clásicos peditos de vieja por todos lados, que cada vez hacen menos ruido.

¿Eso es Navidad? Culturalmente, sí.
¿Es una celebración religiosa para todos? No.

Ahí está la cuestión.

Una tradición sobrevive a su religión

Una tradición puede sobrevivir a la religión que le dio origen. La Navidad nació como festividad cristiana vinculada al nacimiento de Jesús. Ese origen no desaparece porque hoy mucha gente la viva de otra manera. Pero tampoco significa que todo aquel que arma un árbol esté haciendo profesión de fe.

Un agnóstico puede poner un árbol. Un ateo puede regalarles algo a sus hijos. Una persona que no pisa una iglesia puede preparar la cena. Una familia sin práctica religiosa puede reunirse el 24, levantar la copa a medianoche y decir “Feliz Navidad”.

Nadie debería escandalizarse.

Las culturas tienen una capacidad notable para secularizar las tradiciones: una fiesta puede desprenderse de su significado religioso y adquirir otros: familiares, afectivos, gastronómicos, comerciales, infantiles, sentimentales o simplemente festivos.

Con la Navidad uruguaya ocurrió, en buena medida, exactamente eso.

Para muchísimos uruguayos, Navidad no significa “celebrar el nacimiento de Cristo”. Significa reunirse, volver a ver a la familia, recordar a quienes ya no están, preparar determinada comida, regalar algo, mirar con ternura a los gurises que esperan los regalos de Papá Noel. Significa brindar en una noche diferente y hasta puede significar comerse un buen asado o los sándwiches que morfaremos recalentados, al otro día, tras la resaca.

Nada de eso tiene, necesariamente, algo de religioso.

Laicidad no es antirreligiosidad

La laicidad no consiste en eliminar las religiones de la sociedad. Consiste en que el Estado no tome partido por ninguna. El Estado no necesita decirle al ciudadano qué creer sobre el 25 de diciembre. No necesita imponer la Navidad ni combatirla. Simplemente deja que los ciudadanos crean, celebren, no celebren, recen, armen un pesebre o hagan un asado.

Eso es libertad.

A veces la discusión se plantea como si la secularización del calendario hubiese sido una guerra contra el cristianismo.

No. Fue una decisión institucional acerca de qué debe celebrar oficialmente el Estado. Hay una diferencia enorme entre decir “Los uruguayos no pueden celebrar la Navidad” y decir “El Estado uruguayo no denomina Navidad al feriado del 25 de diciembre”. La primera afirmación es falsa. La segunda es verdadera.

Si queremos discutir seriamente sobre laicidad, deberíamos empezar por no confundirlas.

Hay algo casi paradójico: Uruguay hizo hace más de un siglo una operación institucional asombrosamente moderna: sacó la religión del calendario oficial sin sacarla de la sociedad. El católico siguió teniendo su misa. El creyente siguió pudiendo celebrar el nacimiento de Cristo. El no creyente pudo disfrutar de la reunión, los regalos y la fiesta sin fingir una fe que no tenía. Eso es más interesante que discutir si Uruguay festeja o no.

Una sociedad plural no necesita que todos atribuyan el mismo significado a una misma fecha. Podemos estar sentados en la misma mesa y que para uno sea el nacimiento de Jesús, para otro una tradición familiar, para otro la oportunidad de reencontrarse con sus hijas, y para otro simplemente una buena excusa para comer y brindar. Ninguna de esas lecturas tiene derecho a imponerse sobre las demás.

Por eso no me preocupa que alguien diga: “¡Pero yo sí celebro la Navidad porque soy cristiano!”. Perfecto. Celebrala. Hacé tu pesebre. Andá a misa. Rezá. Cantá villancicos. Celebrá el nacimiento de Jesús con toda la intensidad que quieras.

Esto también es libertad.

Lo que no corresponde es pretender que el Estado haga lo mismo. Y al revés: que el Estado no celebre oficialmente una festividad religiosa no significa que tenga que impedir que vos la celebres.

Ahí está la diferencia entre laicidad y antirreligiosidad. La laicidad no dice “la religión es mala”. Dice algo más modesto y más importante: “Tu religión es tuya. La ausencia de religión es mía. Y el Estado es de todos”.

Un brindis por el Día de la Familia

Me hacen gracia esos titulares que cada diciembre siguen asombrándose de que Uruguay “no celebra la Navidad”, y la indignación que desatan entre los cristianos.

Querido periodista: los uruguayos festejamos, pero a nuestro modo. Lo que no hace el Estado es obligarnos a celebrarla como Navidad, y justamente por eso podemos celebrarla como se nos canta.

Algo para el final.

No quiero ser el Grinch de la Navidad, pero confieso que extraño el tiempo en que en los almanaques —desde el del almacén del barrio hasta el del Banco de Seguros del Estado— el 25 de diciembre estaba marcado como “Día de la Familia”.

Estaría bueno volver a esa costumbre.

Porque una cosa es que una fiesta religiosa no forme parte del calendario del Estado, y otra muy distinta es que haya desaparecido de la vida de la gente.

La Navidad uruguaya existe.

Lo que no existe, por suerte, es una celebración religiosa oficial del Estado.

Gracias, Don Pepe Batlle.

Por Alicia Quagliata Rienzi

La autora cuestiona que el gobierno mantenga proyecciones económicas optimistas mientras aplica restricciones a las empresas públicas, y reclama transparencia en las decisiones que afectan el gasto y las inversiones del Estado.

El 22 de setiembre, el Senado aprobó la Rendición de Cuentas sin cambiarle una coma. El oficialismo rechazó todas las modificaciones de la oposición para no tener que volver a Diputados, donde había conseguido los votos por escaso margen. Una semana antes, el Banco Central había informado que la economía se achicó entre abril y junio. Aun así, la ley siguió apoyada en un crecimiento de 1,6% para este año. Los analistas prevén ahora un crecimiento del 1%, y este martes el Banco Mundial redujo su pronóstico al 1,2%.

El gobierno eligió sostener su cifra. El ministro de Economía atribuyó la caída a la sequía, proyectó un segundo semestre más favorable y aclaró que, si la meta no se cumple, se corregirán el gasto y las previsiones. Es decir: primero se aprueba, después se ve.

No es un tropiezo aislado: el año pasado, la economía también creció menos de lo previsto, y la corrección llegó cuando el dato ya estaba sobre la mesa. Los números se corrigen cuando ya no queda nada que prever.

Incluso antes de que se votara la ley, el ajuste ya había comenzado en las empresas públicas por vía interna. En abril, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto les envió un instructivo que congela sus compras, limita sus inversiones y obliga a suprimir una de cada cuatro vacantes. El documento se conoció en junio, cuando un diario accedió a él.

El problema no es el recorte. Es la forma. Que se les pongan topes no es nuevo. Lo que no cierra es que el ajuste avance por circular mientras la ley sigue atada a un número que los pronósticos ya no acompañan. Cuando se acotan las inversiones de UTE, OSE o Antel, lo que está en juego son servicios que usamos todos, y tenemos derecho a saber qué se posterga y por qué.

En casi treinta años de trabajo en proyectos, aprendimos que todo presupuesto descansa en un supuesto. Cuando el supuesto falla, el profesional serio no sigue adelante igual: rehace los números y se los presenta a quien paga la obra, aunque la noticia sea mala. Al Estado hay que exigirle al menos lo mismo, porque esa obra la pagamos todos.

Este país construyó una tradición en la que el Estado se explicaba ante la gente, las finanzas públicas se discutían a la vista y el gasto se defendía en voz alta. Recuperarla es sencillo: que el instructivo se presente ante el Parlamento y que el gobierno revise de cara a todos el supuesto sobre el que se apoya la ley.

La fiesta de las proyecciones optimistas terminó. Recortar en silencio es posible. Rendir cuentas exige hacerlo de frente, con las cifras de hoy y no con las de ayer.

Por Susana Toricez

La autora cuestiona la intolerancia de algunos consorcios de edificios hacia las mascotas y denuncia la persistencia de reglamentos que desconocen el lugar que los animales ocupan en la vida afectiva de las personas. Reclama una convivencia más respetuosa, acorde con la sensibilidad de nuestro tiempo.

Hay discusiones que en Uruguay parecen haberse quedado congeladas en el tiempo, aferradas a un rigor que choca de frente con la sensibilidad del mundo actual.

Mientras en las principales capitales europeas se entiende —y se legisla— con la certeza de que las mascotas no son cosas, sino seres sintientes que integran la vida cotidiana de las personas, de este lado del Atlántico seguimos empantanados en querellas menores.

Allá se les reconocen derechos, buscan sobrevivientes en los terremotos, entran a hospitales a llevar alivio, suben a cabinas de aviones y pasean por centros comerciales mientras que acá, la llegada de un perro al ascensor de un edificio sigue desatando tempestades entre los vecinos.

Se ha demostrado hasta el cansancio el impacto positivo que los animales tienen en la salud física y emocional de todos nosotros.

La protección de los más vulnerables (que con justicia aplicamos a niños y ancianos) debe extenderse, por coherencia moral, a esos seres inocentes que sólo dependen de nuestro cuidado.

Sin embargo, persiste en buena parte de nuestra sociedad una resistencia sorda, un rechazo casi ideológico a cualquier signo de apertura hacia la convivencia respetuosa con los animales.

Resulta desolador ver cómo se imponen prohibiciones absurdas por el sólo placer de ser intransigentes, desconociendo además que seguramente a su lado camina un ciudadano responsable.

Es una aberración cotidiana que alguien pueda recorrer el mundo junto a su perro y que, al regresar a su propio edificio, se le impida atravesar un jardín o se hostigue a una persona mayor cuya única compañía e ilusión es un pequeño animal.

Esas tiranías de algunos consorcios uruguayos, alimentadas por la intolerancia de unos pocos, no son más que atropellos amparados en reglamentos obsoletos, de espaldas al mundo de hoy.

Ha llegado el momento de plantarse con firmeza frente a esa visión estrecha.

La convivencia urbana no se construye a fuerza de proscribir la afectividad, sino de ampararla.

Aceptar que todo ser vivo tiene derecho a habitar un espacio digno, junto a quien lo protege, no es una moda pasajera ni una concesión caprichosa: es, sencillamente, una muestra de civilidad que ya no admite más postergaciones.

Para unos pocos, el perro sigue siendo un “bicho”, pero para muchos es el ser vivo más leal que existe sobre la Tierra.

Y es por eso que debemos valorarlo, protegerlo y, por sobre todas las cosas, respetarlo.

La primera vuelta brasileña no dejó solamente a Flávio Bolsonaro por delante de Lula. Mostró una modificación más profunda del mapa político, que alcanza al Congreso y a los gobiernos estaduales y que ahora se proyecta sobre un balotaje todavía competitivo.

La sorpresa de la primera vuelta brasileña fue mayor que la estrecha diferencia presidencial. Flávio Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos válidos frente a 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva y consiguió mejorar, en prácticamente todo el país, el desempeño alcanzado por su padre cuatro años atrás.

El fenómeno excede al candidato. El Partido Liberal llegará a 28 de los 81 integrantes del Senado y se convirtió en el gran beneficiario de una elección en la que la derecha amplió también su presencia territorial y parlamentaria. El resultado permite hablar de un desplazamiento político que va bastante más allá de la tradicional división entre el Nordeste lulista y el Brasil más conservador del Sur, Sudeste y Centro-Oeste.

La primera encuesta posterior a la elección confirmó, por ahora, la ventaja obtenida en las urnas. Datafolha atribuye a Flávio 52% de los votos válidos frente a 48% de Lula. Es una diferencia estrecha —la encuesta tiene dos puntos de margen de error—, pero muestra que la sorpresa del domingo no se evaporó al comenzar la segunda vuelta. Lula conserva una enorme base electoral, aunque ahora es él quien necesita recuperar terreno.

La campaña, además, vuelve a desarrollarse bajo la sombra judicial que acompaña a la familia Bolsonaro. Este jueves el ministro Alexandre de Moraes ordenó la prisión de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato, condenado por coacción vinculada a sus gestiones en Estados Unidos para presionar a las autoridades brasileñas. Eduardo permanece en ese país y Flávio respondió que la orden “no va a dar en nada”.

Al mismo tiempo, Lula procura trasladar la discusión hacia las políticas sociales y las consecuencias de un eventual ajuste fiscal. Flávio, consciente de ese flanco, prometió mantener los aumentos de las jubilaciones por encima de la inflación y preservar los principales programas sociales, mientras sus asesores hablan de reducir otros gastos del Estado.

Faltan todavía más de dos semanas para el balotaje del 25 de octubre y sería imprudente darlo por resuelto. Pero una conclusión ya parece firme: Brasil no asistió simplemente al buen desempeño electoral de otro Bolsonaro. La elección mostró una derecha más numerosa, más territorialmente extendida y mucho más fuerte en el Congreso que la que existía cuando Jair Bolsonaro llegó al gobierno en 2019.

Sea quien sea el próximo presidente, gobernará ese nuevo Brasil.

Portugal y España enfrentan una crisis semejante de acceso a la vivienda, pero han comenzado a recorrer caminos casi opuestos: Lisboa apuesta a aumentar la oferta dando mayores incentivos y seguridad al propietario; Madrid profundiza la regulación para proteger al inquilino.

La vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas sociales de la península ibérica. Los precios de compra y de alquiler han aumentado con fuerza tanto en España como en Portugal, mientras la construcción ha resultado insuficiente para absorber una demanda creciente. Pero ante un diagnóstico parcialmente común, los dos países ensayan respuestas cada vez más diferentes.

Portugal ha optado por colocar el acento en la oferta. El gobierno de Luís Montenegro parte de la idea de que buena parte del problema reside en que se construye poco y muchos propietarios prefieren no ofrecer sus viviendas en alquiler ante la escasa rentabilidad o la inseguridad jurídica. De allí los incentivos fiscales a la construcción y al alquiler y una reforma, aprobada ya en primera instancia por el Parlamento, que elimina restricciones sobre los precios de los nuevos contratos y acelera los desalojos por incumplimiento. El argumento oficial es sencillo: si resulta más atractivo y seguro alquilar, habrá más viviendas disponibles.

España transita la dirección contraria. El gobierno de Pedro Sánchez viene ampliando los mecanismos de control sobre los alquileres, especialmente en las llamadas zonas tensionadas, limitando actualizaciones, regulando también contratos temporales y por habitaciones y reforzando la protección de los inquilinos vulnerables. El nuevo paquete aprobado por el Ejecutivo insiste además en prolongar contratos y dificultar los desahucios cuando no existe alternativa habitacional. Parte de esas medidas sigue sometida a una intensa disputa parlamentaria.

La diferencia no puede reducirse simplemente a mercado contra Estado. Portugal también destina recursos públicos a vivienda y España también procura aumentar la construcción. Pero el énfasis es inequívocamente distinto.

Portugal intenta modificar los incentivos para que aparezcan más viviendas en el mercado. España intenta modificar las reglas para que las viviendas existentes resulten más accesibles y sus inquilinos estén más protegidos.

Son, en cierto modo, dos experimentos económicos realizados casi simultáneamente sobre un problema muy parecido.

Todavía es pronto para saber cuál producirá mejores resultados. Pero la comparación será particularmente reveladora. Porque, detrás de todas las disposiciones fiscales, jurídicas y administrativas, se encuentra la pregunta decisiva: cuando faltan viviendas, ¿la respuesta principal consiste en controlar más estrechamente su precio o en crear las condiciones para que haya muchas más?

Formularse la pregunta es contestársela.

Las protestas que comenzaron en los liceos franceses por problemas concretos de la enseñanza terminaron convirtiéndose en algo mucho mayor. Detrás de las barricadas y los disturbios aparecen algunas de las fracturas sociales y políticas más profundas de Francia.

Las imágenes impresionan: jóvenes encapuchados, contenedores incendiados, enfrentamientos con la Policía, destrozos y centenares de detenidos. Ante ellas surge inevitablemente una pregunta: ¿estamos realmente frente a una revuelta estudiantil?

La respuesta es sí, pero sólo en parte.

El movimiento nació efectivamente en los liceos. Las primeras protestas respondieron a problemas muy concretos: falta de profesores, docentes que no son sustituidos durante meses, deterioro de los establecimientos, clases superpobladas y malestar con el sistema de acceso a la enseñanza superior. Desde allí, la movilización se extendió rápidamente por centenares de centros educativos.

Pero comenzó en las periferias urbanas de París y ése no es un dato menor. En muchos de esos barrios buena parte de los alumnos son franceses hijos o nietos de inmigrantes, fundamentalmente magrebíes y africanos. Por eso resulta engañoso mirar una fotografía y concluir que quienes aparecen en ella «no son franceses». Muchos lo son, aunque su origen familiar revele la enorme transformación demográfica experimentada por Francia durante las últimas décadas.

Al mismo tiempo, tampoco sería correcto negar lo evidente: no todos los que participan en los disturbios son estudiantes. Las propias autoridades, periodistas y alumnos han denunciado la aparición de grupos ajenos a los liceos que se incorporan a los bloqueos, levantan barricadas y buscan el enfrentamiento con la Policía. Son los tradicionales casseurs, presentes desde hace años en numerosas protestas francesas, aunque también hay estudiantes que participan directamente de los episodios violentos.

No estamos, entonces, ante una supuesta invasión de inmigrantes que los medios presentan falsamente como estudiantes. Pero tampoco simplemente ante adolescentes preocupados porque les falta un profesor de Matemática.

Lo que comenzó como una protesta educativa encontró rápidamente un terreno social inflamable. En las banlieues se superponen pobreza, problemas educativos, inmigración, dificultades de integración, resentimiento hacia el Estado y una relación particularmente conflictiva entre determinados jóvenes y la Policía. Basta una chispa para que todos esos elementos aparezcan juntos.

A ello se agrega ahora el factor político. Francia celebrará elecciones presidenciales dentro de poco más de seis meses y La Francia Insumisa ha comprendido rápidamente el potencial de la movilización. Sus dirigentes han acudido a bloqueos, sus banderas aparecen entre los manifestantes y Jean-Luc Mélenchon mantiene su respaldo al movimiento, aunque procurando desmarcarse de una violencia que puede terminar perjudicándolo.

El gobierno acusa directamente a LFI de instrumentalizar las protestas. Es una afirmación interesada y difícil de demostrar en esos términos. Pero sería igualmente ingenuo desconocer que, a pocos meses de una elección presidencial, la izquierda radical intenta convertir una protesta nacida de reivindicaciones educativas en una expresión mucho más amplia de rechazo al poder.

La operación tiene su lógica. Un movimiento protagonizado por jóvenes, nacido en las periferias, enfrentado a la Policía y alimentado por un profundo malestar social constituye un terreno particularmente fértil para La Francia Insumisa. También entraña un riesgo evidente: cuanto más se identifique al partido con los bloqueos, más deberá cargar con el costo político de los incendios, saqueos y agresiones.

Las redes sociales completan la distorsión. El algoritmo no muestra al centenar de adolescentes que reclama profesores delante de un liceo: muestra al encapuchado que arroja una botella incendiaria. Y algunos de los videos más espectaculares difundidos en estos días ni siquiera corresponden a las actuales protestas.

Nada de ello disminuye la gravedad de la violencia real. Hay policías heridos, miles de detenidos y daños importantes. Pero reducir lo que ocurre a una revuelta de inmigrantes sería tan equivocado como describirlo simplemente como una protesta estudiantil.

Francia está viendo algo bastante más profundo: ciudadanos jurídicamente franceses que no siempre se sienten plenamente integrados a la sociedad francesa, barrios que viven una realidad muy distinta de la del resto del país, generaciones jóvenes profundamente desconfiadas del Estado y fuerzas políticas dispuestas a disputar la representación de ese descontento.

La falta de profesores encendió la mecha. La pólvora estaba allí desde mucho antes. Y ahora, a seis meses de las urnas, también hay quienes procuran aprovechar la explosión.

Pedro Sánchez decidió poner fin a una legislatura agotada y convocó elecciones para el 29 de noviembre. Las encuestas parten hoy claramente favorables a PP y Vox, pero el presidente español vuelve a apostar a una campaña corta, polarizada y capaz de modificar un escenario que le es adverso.

La caída en el Congreso de los dos decretos sobre vivienda fue el detonante, pero no la causa profunda. Cuando Junts volvió a votar junto con PP y Vox, Pedro Sánchez terminó de comprobar que la heterogénea mayoría que había permitido su investidura en 2023 ya no constituía una mayoría efectiva de gobierno. Sin presupuestos y con crecientes dificultades para aprobar sus iniciativas, la legislatura había entrado en una suerte de parálisis.

Sánchez resolvió entonces hacer lo que ya hizo otras veces: romper una dinámica política desfavorable mediante una convocatoria electoral inesperada. Las elecciones serán el 29 de noviembre y el objetivo socialista consiste en transformar la vivienda en el gran asunto de la campaña. El argumento resulta evidente: el gobierno quiso aumentar la protección de los inquilinos y PP, Vox y Junts se lo impidieron. De hecho, esas tres fuerzas han coincidido ya varias veces en rechazar decretos vinculados con la vivienda.

El problema es que Sánchez parte desde bastante atrás. Los sondeos disponibles colocan al PP en torno al 33%, al PSOE cerca del 26% y a Vox alrededor del 18%. Más importante todavía, la suma de PP y Vox aparece hoy ampliamente por encima de la mayoría absoluta en diversas proyecciones.

Pero una encuesta realizada casi dos meses antes de una elección no es el resultado electoral. Sánchez lo sabe perfectamente: en 2023 también llegó a las generales después de una dura derrota y consiguió finalmente conservar el gobierno gracias a una compleja mayoría parlamentaria.

Esta vez, sin embargo, la dificultad es mayor. Vox ha crecido considerablemente, mientras el espacio situado a la izquierda del PSOE llega debilitado y dividido. Y el sistema electoral español castiga particularmente esa fragmentación en las provincias pequeñas. El problema de Sánchez, por tanto, no consiste únicamente en recuperar votos para el PSOE, sino en conseguir que todo el bloque de izquierda conserve suficientes escaños.

Del otro lado existe también una incógnita importante. Si PP y Vox alcanzan juntos los 176 diputados, la discusión dejará de ser quién puede gobernar para convertirse en cómo gobernarán juntos o qué acuerdo establecerán. Y cuanto más fuerte salga Vox de las urnas, mayor será su capacidad para condicionar a Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez intenta que España vote sobre vivienda, políticas sociales y el temor de una parte del electorado a un gobierno condicionado por Vox. PP y Vox procurarán que vote sobre corrupción, inmigración, amnistía, independentismo y agotamiento del sanchismo.

Ahí estará buena parte de la elección.

Porque antes de contar los votos del 29 de noviembre habrá que ver quién consigue imponer durante estas semanas la pregunta que los españoles creerán estar contestando cuando entren al cuarto secreto.

Simon Andriesz conocía desde adentro el mundo financiero de Howard Lutnick, el secretario de Comercio de la administración Trump. Ese conocimiento le permitió encontrar documentos que contradecían la imagen de una relación apenas circunstancial entre Lutnick y Jeffrey Epstein. Andriesz murió por suicidio el 23 de setiembre, después de años de denuncias, litigios y una batalla también contra quienes debían protegerlo.

Simon Andriesz sabía dónde buscar.

Había sido alto ejecutivo de BGC Group. Cuando millones de páginas relacionadas con Jeffrey Epstein comenzaron a hacerse públicas, Andriesz no se limitó a buscar el apellido del funcionario. Conocía las costumbres internas de la compañía y buscó sus iniciales: HWL, Howard William Lutnick.

Así aparecieron documentos incómodos.

Durante mucho tiempo, Lutnick presentó su relación con Epstein como episódica y poco significativa. Sin embargo, la documentación conocida posteriormente reveló una relación más prolongada. Entre otras cosas, quedó establecida una visita de Lutnick y su familia a Little St James, la isla privada de Epstein, en 2012, cuatro años después de que éste hubiera sido condenado por delitos sexuales.

También aparecieron comunicaciones de 2018, diez años después de aquella condena, en las que Lutnick y Epstein hablaban de Adfin, una empresa en la que ambos tenían intereses financieros.

Nada de esto demuestra que Lutnick haya participado en los delitos sexuales de Epstein, ni existe acusación alguna en ese sentido. El problema es otro: hasta qué punto la documentación resulta compatible con la versión de una relación prácticamente irrelevante que Lutnick había ofrecido públicamente.

Andriesz puso el material en conocimiento de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes antes de que Lutnick declarara allí el 6 de mayo pasado. La comparecencia acrecentó la controversia. Los demócratas de la comisión reclamaron luego la renuncia del secretario de Comercio, mientras el gobierno rechazó las acusaciones como una ofensiva política.

Pero la historia de Andriesz había comenzado mucho antes de Epstein.

En 2016 había denunciado irregularidades dentro de BGC y al año siguiente fue despedido. Algunas de aquellas denuncias desembocaron en actuaciones regulatorias estadounidenses. A partir de entonces comenzó una batalla que se extendería durante casi una década contra su antigua empresa y, cada vez más, contra el propio sistema encargado de proteger a quienes denuncian irregularidades.

El episodio más revelador ocurrió en Gran Bretaña. La Financial Conduct Authority llegó a comunicarle erróneamente que no tenía derecho a la protección correspondiente a un informante porque su identidad ya se conocía. Luego tuvo que disculparse.

Andriesz sostuvo que aquella sucesión de conflictos había destruido su carrera profesional, deteriorado sus finanzas y afectado profundamente su vida personal.

El 23 de setiembre murió en Tailandia, a los 57 años. Su familia confirmó que se había suicidado y expresó que no había indicios de participación de terceras personas.

Conviene detenerse ahí.

La combinación de las palabras Epstein, informante y suicidio constituye combustible perfecto para cualquier teoría conspirativa. Pero no existe hasta ahora evidencia seria que permita relacionar su muerte con las revelaciones que realizó. Sugerirlo sería convertir una historia documentada y grave en otra cosa mucho más fácil de desacreditar.

Porque lo verdaderamente inquietante no necesita conspiraciones.

Tras su muerte, la propia Financial Conduct Authority abrió una revisión sobre la forma en que trató a Andriesz. Parlamentarios británicos consideran insuficiente que el organismo se investigue a sí mismo y reclaman una indagación independiente.

El caso deja entonces dos preguntas que no son menores.

La primera es qué tan distinta fue en realidad la relación entre Lutnick y Epstein de la que el secretario de Comercio procuró transmitir públicamente.

La segunda es todavía más incómoda: qué protección real tiene un informante cuando se enfrenta durante años a organizaciones poderosas, pierde su empleo, consume sus recursos en litigios y descubre que hasta los organismos creados para protegerlo pueden fallarle.

Andriesz no dejó sólo documentos incómodos sobre Lutnick. Dejó también al descubierto otra falla: la de un sistema que necesita informantes para conocer lo que ocurre puertas adentro, pero que puede terminar dejándolos solos cuando más necesitan protección.

Eso es lo que vuelve perturbadora esta historia.

No hace falta imaginar una conspiración.

Alcanza con mirar lo que está documentado.

La investigación de CNN sobre las inversiones de Jared Kushner vuelve a exhibir una característica inquietante del segundo gobierno de Donald Trump: la creciente dificultad para distinguir entre la política exterior de Estados Unidos y los negocios privados de la familia presidencial.

CNN no probó que Jared Kushner —yerno de Trump— haya recibido un soborno ni que modificara una decisión diplomática para favorecer sus inversiones. Pero lo que reveló quizá sea institucionalmente más perturbador: el hombre al que Donald Trump confía algunas de las negociaciones internacionales más delicadas mantiene intereses económicos multimillonarios directamente vinculados con los países y mercados sobre los que negocia.

Kushner fundó Affinity Partners apenas abandonó la Casa Blanca, en 2021. Poco después recibió US$2.000 millones del fondo soberano de Arabia Saudita, pese a las objeciones planteadas por técnicos del propio fondo. Luego llegaron capitales de Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Ahora CNN reveló otra pieza del rompecabezas. Affinity se convirtió en el principal accionista de Phoenix Financial, uno de los grandes grupos financieros israelíes. Phoenix posee, entre muchas otras inversiones, participaciones en empresas relacionadas con la industria militar de Israel, incluida Elbit Systems y proveedores de equipamiento utilizado por sus Fuerzas Armadas.

Kushner no decidió esas inversiones, según su defensa, y CNN no encontró pruebas de que lo hubiera hecho. Pero Affinity gana dinero con la valorización de Phoenix. Y Kushner, al mismo tiempo, participa de negociaciones diplomáticas que involucran directamente a Israel y a varios de los gobiernos que financiaron su empresa.

El conflicto de interés es difícil de disimular.

No hace falta encontrar un sobre debajo de una mesa para que exista un problema. Basta con que quien representa a Estados Unidos ante determinados gobiernos tenga, simultáneamente, una relación económica extraordinariamente lucrativa con esos mismos gobiernos.

Durante décadas Washington exigió —a veces con considerable arrogancia— transparencia, separación entre negocios y poder político y reglas estrictas contra los conflictos de interés en otros países. Resulta difícil sostener ese discurso cuando un familiar directo del presidente puede negociar cuestiones de guerra, paz e inversiones mientras administra un fondo financiado fundamentalmente por Estados extranjeros interesados en las decisiones norteamericanas.

Y Kushner es apenas una parte del problema.

Durante el segundo mandato de Trump se han multiplicado las controversias por negocios internacionales de su familia, propiedades, inversiones y criptomonedas. El fenómeno ya no puede describirse simplemente como la existencia de empresarios que ingresaron a la política. Se ha creado un sistema en el que poder político y negocios privados conviven permanentemente y en ocasiones resultan prácticamente imposibles de separar.

La investigación de CNN no demuestra corrupción penal. Conviene decirlo con claridad.

Pero también conviene decir otra cosa con igual claridad: una democracia no debería necesitar demostrar un delito para considerar intolerable que quienes conducen su política exterior puedan enriquecerse gracias a actores directamente afectados por ella.

Porque llegado cierto punto el problema deja de ser solamente qué decisión tomó Kushner.

El problema es que nunca debería haber quedado en situación de obligar a los estadounidenses a preguntarse para quién estaba negociando.