Orsi se apropia de sus futuros tropiezos, reconoce fortalezas heredadas y reivindica al sector privado, pero enfrenta ostensibles resistencias internas que comprometen su hoja de ruta.

El presidente Yamandú Orsi llegó al tradicional almuerzo de ADM con la decisión clara de fijar el tono de su gobierno antes de que lo fijaran otros por él. Y lo hizo con una jugada políticamente inteligente: adelantarse a los próximos “porrazos”, reivindicándolos como parte de un estilo personal al que —dicho como un gran mérito— no piensa renunciar. Al apropiarse de la categoría, mantiene el control del relato y evita quedar a la defensiva. Es una señal de astucia: hacer del defecto una virtud. Sin embargo, más allá del ardid discursivo, esperamos que el presidente advierta que en el futuro debe esforzarse en ser menos “espontáneo” en sus comunicaciones públicas, porque acá no se trata del ciudadano Yamandú Orsi —que puede hablar como se le de la real gana— sino del primer mandatario, cuyas palabras no lo comprometen sólo a él sino al Estado todo. La diferencia es abismal. Abrigamos la esperanza que en el fondo inescrutable de su conciencia así lo reconozca.

El otro acierto estuvo en reconocer las fortalezas económicas heredadas. Fue un gesto que lo distingue: pudo haber insistido en una lectura exclusivamente crítica, ignorando que todos los gobiernos reciben luces y sombras de sus predecesores. Usando sus propias palabras, “ni un desastre, ni un paraíso”. Pero sus observaciones sobre la situación fiscal —válidas— se saltaron a la torera la pandemia y la sequía, circunstancias que fueron no sólo extraordinarias sino objetivamente imprevisibles, pero ni siquiera las consideró como factores atenuantes. En suma, sensatez política pero al estilo “frenteamplista”: Allegro ma non troppo...

Quizá lo más llamativo de su intervención fue la promesa de abandonar “la lógica del parche” para pasar a “la lógica del proyecto”, sea lo que fuere que ello significa en su magín. En ese plan, anunció —genéricamente— reformas estructurales y una mirada de largo aliento, algo que el país necesita sin dudas. Sin embargo, por ahora esa intención es más declamación que hoja de ruta. No se visualizan todavía iniciativas concretas que marquen ese giro copernicano. Antes bien, la dinámica diaria del gobierno muestra señales opuestas, atrapada en urgencias y tironeos internos. Ojalá nos equivoquemos, pero en la ocasión vale recordar aquel viejo adagio que dio título a una célebre comedia de Lope de Vega: “Obras son amores y no buenas razones”.

En materia educativa, el discurso dejó —para variar— interpretaciones encontradas. Orsi valoró al sistema educativo como motor de igualdad y movilidad social. Imposible no coincidir con esa valoración. Pero, por eso mismo y sin dejar de justipreciar la ampliación del Bono Escolar, no podemos evitar señalar la contradicción entre aquella afirmación valorativa y, a un tiempo, haber convertido al sistema público en la primera víctima de la “consolidación fiscal”. Tampoco es consistente con aquella valoración el viraje emprendido por las autoridades de la ANEP que parece encaminado a desmontar los intentos de reforma ensayados en el período anterior, privilegiando la colusión objetiva con los sindicatos de la educación, invariablemente alineados con posiciones retardatarias y ferozmente corporativas. Allí se ubica una de las mayores contradicciones: se celebra la voluntad de cambio, pero se empodera a quienes históricamente lo han bloqueado.

En materia de seguridad pública, el presidente propuso una postura distinta a la tradicional división entre “mano dura” y políticas sociales. También sostuvo que “un enemigo complejo exige un Estado inteligente” y que combatir el crimen organizado “no se hace gritando más fuerte”, sino atacando “donde duele: en la plata, en la logística y en el territorio”.

Todo ello es compartible de cabo a rabo, digámoslo sin vacilaciones. El “pequeño” gran problema —análogo al de la educación— es que el ministro Carlos Negro no contribuye a despejar dudas. Su notoria escasa sintonía con la Policía, sus declaraciones contradictorias y la sensación de que no se embarra los zapatos, abonan esa valoración. Tanto como el anuncio ministerial de un plan de seguridad para aplicar recién en febrero de 2026 (¡a un año de iniciado el gobierno!), confirmando que el Frente Amplio no tenía diseñado un camino en la materia antes de acceder al gobierno y recién ahora pareciera tenerlo, porque recién sabremos de su eficacia concreta a partir de febrero...

Otro capítulo relevante del discurso fue la defensa explícita del sector privado como aliado del desarrollo, un mensaje necesario en un contexto de desconfianza latente. Orsi recogió incluso el reclamo empresarial de que “el Estado no estorbe”. Pero la práctica gubernamental, hasta ahora, no va en esa dirección, más allá de los discursos del presidente y del ministro Oddone, que estimamos sinceros. El anuncio del ministro Juan Castillo, avanzando en la idea de un proyecto que obligue a las empresas a preavisar antes de cerrar y despedir trabajadores, sugiere más intervención, no menos. Es cierto que el presidente matizó el anuncio de Castillo: “se traducirá en un proyecto de ley o no”. Pero la sola intención revela una tensión interna entre el espíritu proinversión privada que Orsi intenta transmitir y la pulsión regulatoria de una parte de su coalición.

En lo global, corresponde ponderar que tono del presidente fue positivo, moderado, casi conciliador. Buscó ocupar el centro político-ideológico, ese terreno desde el cual se construye gobernabilidad y donde se encuentran, históricamente, las soluciones duraderas. El problema no reside en sus palabras ni en sus intenciones, sino en su fuerza política y sus aliados sindicales —especialmente esos que el expresidente Sanguietti denominó “sindicatos suicidas”— y “sociales” en general. El núcleo militante del Frente Amplio y de esos aliados ostensiblemente no comparte ese talante; antes bien, se sitúa en la orilla opuesta: más estatismo, más confrontación y menos disposición al acuerdo con quienes no parecen percibir como adversarios sino como enemigos a los cuales hay que contener y acorralar.

En suma, el discurso del presidente Orsi mostró claridad y buena intención. Pero la interrogante es si podrá gobernar desde ese centro en el que aspira a ubicarse cuando muchos de los que lo rodean empujan hacia uno de los bordes. Entre el presidente que habló en ADM y el entramado político que lo sostiene hay, todavía, una tensión no resuelta. El éxito de su proyecto dependerá, en última instancia, de cuál de esas dos fuerzas prevalezca.

Entre acusaciones graves y versiones cambiantes, el gobierno quedó atrapado en su propia improvisación. Y en el medio dejaron al presidente Orsi en falsa escuadra.

La interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por parte del senador nacionalista Javier García fue una jornada que desnuda, de cuerpo entero, la inconsistencia, el desconcierto y la falta de seriedad con que el gobierno del Frente Amplio ha manejado el caso del contrato con el astillero español Cardama. La instancia no solo resumió semanas de controversia política y jurídica en torno a la adquisición de las dos patrulleras oceánicas para la Armada, sino que confirmó que el oficialismo, por un oportunismo político de poca monta, ha venido minando la credibilidad del Estado uruguayo frente a socios estratégicos y al mundo empresarial.

Desde el inicio de la interpelación, García fue directo en su acusación: el Ministerio de Defensa ha decidido destruir lo que él calificó como un proyecto crucial para la soberanía marítima. La oposición, con los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado, presentó dos mociones claras: una que señaló que consideró las respuestas de la ministra como “insatisfactorias y peligrosas” y demandó evaluación jurídica de su conducta, y otra que proponía la creación de una comisión especial para representar al Parlamento en la negociación que el gobierno dice estar llevando con Cardama.

Frente a ellas, el bloque oficialista por amplia mayoría aprobó la tercera moción que respaldó a Lazo y al gobierno, pese a las graves inconsistencias de fondo y forma expuestas en sala.

Las imputaciones de García se centraron, con dureza, en lo que calificó de “plan maquiavélico” para boicotear un contrato que es estratégico para la Armada y la defensa nacional. Denunció que los oficiales técnicos designados por la Armada para supervisar la construcción de las patrulleras fueron desplazados: “No hay ninguna institución de la Armada Nacional que durante estos ocho meses haya participado en el análisis técnico de la construcción de las OPV. Fueron expresamente sacados del análisis técnico por la ministra de Defensa”.

Los oficiales técnicos de la Armada —denunció el interpelante— sustituidos por dos oficiales navales que operaron como representantes políticos de la ministra, que actuaron con criterios ad hoc para desprestigiar la compra y que realizaron “tareas de inteligencia” sobre la empresa Cardama en suelo europeo —una imputación de extrema gravedad en términos de respeto a la soberanía y a las normas diplomáticas— con el propósito de abonar un relato que propiciara la terminación el acuerdo. Para el senador, esto no es una falla técnica sino una decisión política deliberada para destruir el proyecto, una conducta que excede cualquier lógica de resguardo contractual y roza lo temerario.

La ministra Lazo, por su parte, durante largos pasajes de su defensa reconstruyó la cronología del proceso, intentando justificar la postura del gobierno en torno a las irregularidades detectadas en la garantía de fiel cumplimiento —un aval por cerca de US$ 4,5 millones que, según peritajes oficiales, sería resultado falso— y defendió la decisión de “no confirmar” la rescisión definitiva del contrato. En una frase que quedará como síntoma de la confusión oficial, Lazo afirmó repetidamente que “al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato” pese al anuncio ante todos los medios del presidente Obre la decisión de romper el acuerdo con Cardama, dejándolo en falsa escuadra, lo cual da cuenta del escaso respeto que en el propio gobierno tienen por la investidura presidencial.

Este extremo —que el propio Ministerio de Defensa, después de un anuncio presidencial tajante de ruptura, diga ahora que no hay decisión tomada— revela la grave falta de coordinación interna del gobierno y explicita la profunda improvisación que domina el caso. El propio Prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, había ratificado la actuación oficial afirmando que no existe actualmente proceso de mediación con el astillero y que se recorrerán “los caminos previstos en el contrato” para su rescisión.

A su vez, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, había señalado [https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Para-Oddone-el-contrato-con-Cardama-esta-vigente-pese-a-controversia-de-la-garantia-uc941348] que si la garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, el contrato podría continuar. Es más: aseguró en Madrid —nada menos— que Uruguay “trabaja para encontrar una solución con Cardama”.

En términos políticos y diplomáticos, estas inconsistencias y contradicciones de discurso y estrategia —sumadas a la prolongada indefinición sobre si el contrato se rescinde o no— no solo debilitan la posición del gobierno ante la opinión pública interna, sino que afectan la imagen internacional de Uruguay como socio confiable. Las relaciones con España —país del astillero implicado y uno de los principales aliados europeos— se tensan en un contexto donde la seguridad jurídica y el respeto a los contratos son elementos clave para la inversión extranjera. El gobierno, por un interés político subalterno y menor, ha puesto en juego no solo la defensa nacional sino también el prestigio del país ante los mercados y las contrapartes internacionales.

En última instancia, la interpelación a Lazo no fue solo un acto de control parlamentario: fue una advertencia sobre cómo la improvisación, la falta de coherencia y las motivaciones políticas subalternas por encima del interés nacional pueden erosionar la soberanía, la seguridad y la credibilidad internacional de Uruguay.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) distinguió con el título Doctor Honoris Causa al presidente Julio María Sanguinetti como reconocimiento a su labor republicana.

El acto se realizó ayer el jueves 11, a la hora 17, en el auditorio del Centro Cultural UNC.

Posteriormente, el Dr. Sanguinetti, el ex juez Ricardo Gil Lavedra y el dirigente y político chileno Sergio Bitar, birndaron una conferencia sobre la transición democrática en América Latina.

La UNC se fundó en el año 1613, es la más antigua del Río de la Plata y una de las primeras universidades de América Latina. Precisamente, el apodo La Docta la ciudad de Córdoba se lo ganó a que durante más de dos siglos la suya fue la única universidad de la región.

Treinta años después de la declaratoria de UNESCO, Colonia del Sacramento reafirma su condición de puente entre la historia local y las grandes corrientes geopolíticas que le dieron origen.

El Centro Cultural Bastión del Carmen fue escenario, el pasado viernes 5, de una conmemoración cargada de historia y significados: los 30 años de la inclusión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Con la sala colmada y una intensa presencia de público local y visitantes, el acto reunió autoridades nacionales, departamentales y figuras vinculadas a la cultura y a la preservación patrimonial, en una instancia que combinó emoción, balance histórico y reflexión sobre el porvenir.

El acto fue encabezado por el Guillermo Rodríguez, intendente de Colonia, y contó con la participación del expresidente de la República Julio María Sanguinetti, del exintendente del departamento Carlos Moreira Reisch, del ministro de Turismo Pablo Menoni y del director de la oficina regional de UNESCO, Ernesto Fernández Polcuch, entre otras autoridades nacionales, departamentales y diplomáticas.

Las oratorias estuvieron a cargo del intendente Guillermo Rodríguez, del director de la oficina regional de UNESCO, Ernesto Fernández Polcuch, del exintendente Carlos Moreira y del Ministro Menoni. A ellos se sumó, como invitado central, el expresidente Julio María Sanguinetti, encargado de dictar la conferencia magistral de la jornada, titulada “Los Imperios y las Repúblicas”.

Sanguinetti y la historia larga de Colonia del Sacramento

El punto culminante del encuentro fue la conferencia del expresidente Sanguinetti, quien ofreció un recorrido profundo y documentado por la historia del enclave, su significado y su proyección. Su exposición se articuló en dos grandes dimensiones: la historia del proceso moderno de conservación y las raíces geopolíticas —imperiales, económicas y culturales— que explican la existencia misma de Colonia.

Sanguinetti recordó que la actual valoración patrimonial del Barrio Histórico tuvo un origen claro en 1968, cuando el historiador Fernando O. Assunção concibió la idea de rescatar el casco colonial en un momento en que ni el país ni la región tenían internalizada la noción moderna de patrimonio. Assunção persuadió al entonces ministro de Educación y Cultura Federico García Capurro, y formó una comisión a la que incorporó a los arquitectos Miguel Ordriozola —un referente colonienste— y Antonio Mauricio Cravotto. Ese impulso inicial atravesó incluso el período dictatorial y, ya en 1986, durante la primera presidencia de Sanguinetti, se envió y aprobó la ley que dio marco legal a la comisión responsable del proceso.

También evocó la colaboración internacional, desde la relación con UNESCO y las visitas del director general Federico Mayor Zaragoza, hasta el apoyo del entonces presidente portugués Mário Soares, quien obsequió la estela de hierro ubicada junto a la Catedral como homenaje a la memoria histórica compartida con Lugo.

Desde allí, el expresidente llevó la mirada aún más atrás, remontándose al debate imperial que siguió al viaje de Colón. Explicó cómo, tras el descubrimiento de 1492 y la disputa por el “espacio”, los imperios español y portugués solicitaron al papa Alejandro VI la bula que fijó la primera línea divisoria, antecedente del Tratado de Tordesillas, cuyo trazado —390 kilómetros al oeste de Cabo Verde— separó las zonas de expansión de ambas coronas. Esa línea, “errática” y reinterpretada una y otra vez por españoles y portugueses, es la clave geopolítica que explica por qué Colonia existiría siglos después como una avanzada lusa en la cuenca del Plata.

Al reconstruir este contexto, Sanguinetti contrastó las motivaciones imperiales: mientras Portugal, mirando al este, había llegado ya a Sudáfrica y a las zonas de las especias —clave para el mercantilismo y la conservación de alimentos—, España orientaba su interés hacia el Pacífico y la extracción de plata y oro. El Río de la Plata se integraría más tarde a esa puja, marcando el destino de Colonia como fortín, ciudad disputada y pieza estratégica.

El expresidente subrayó un punto esencial: Colonia del Sacramento no es parte de un “país joven”, sino un testimonio de 345 años de historia, casi cuatro siglos que anteceden con holgura a 1811 y que conectan a Uruguay con debates universales sobre imperios, fronteras y repúblicas. En esa doble dimensión —patrimonial y geopolítica—, afirmó, reside la singularidad del sitio y su proyección contemporánea.

Una celebración que mira hacia adelante

El acto constituyó con un mensaje que resonó entre todos los participantes: Colonia del Sacramento no solo celebra tres décadas como Patrimonio Mundial, sino que reafirma un compromiso colectivo con la preservación de su autenticidad y con la transmisión de un legado que excede fronteras. Es un patrimonio que pertenece a Uruguay, pero también al mundo; y cuya conservación sigue siendo una tarea compartida entre instituciones, comunidad y Estado.

En la noche del Bastión del Carmen, historia y presente convivieron con naturalidad, recordando que Colonia —como señaló Sanguinetti— es a la vez obra humana paciente y resultado de fuerzas históricas globales, un enclave donde los siglos dialogan sin interrupción. Un sitio cuyo valor no se agota en sus muros, sino en la conciencia —nacional e internacional— de su significado.

 Martes 16 de diciembre
 19:00 horas
 Casa del Partido Colorado 

La consultora traza un escenario de estabilidad, pero alerta que sin inversiones de impacto el país corre riesgo de estancamiento.

La consultora KPMG cerró 2025 con una presentación en sus oficinas donde repasó los desafíos que enfrentará Uruguay en 2026. Para su gerente senior de Asesoramiento Económico y Financiero, Marcelo Sibille, el país encara un año de oportunidades, pero también con “plomo en el ala” si no prosperan inversiones que impulsen el crecimiento.

Para KPMG, hay factores positivos: la inflación —que rondaba 4,09 % en los 12 meses a octubre— debería mantenerse dentro del rango meta del 4,5 % anual en los próximos dos años. Además, la tasa de empleo logró niveles elevados recientemente, con una mejora en el salario real alrededor del 1 %, lo que permitió al banco central bajar su tasa de interés de referencia, hoy en 8 %, y existe expectativa de una nueva baja de 25 puntos básicos en la última reunión del año.

También hay factores externos favorables: la adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) y la esperada ratificación del acuerdo Mercosur-UE, lo que podría ampliar mercados y atraer inversión extranjera.

En ese contexto, KPMG anticipa que 2026 será un año propicio para fusiones y adquisiciones (M&A) en Uruguay. Según sus datos, 2025 cerraría con un notable número de transacciones; el año próximo podría continuar esa tendencia, especialmente en sectores como tecnología, retail, servicios e industria manufacturera.

No obstante, las advertencias son contundentes. El principal riesgo para la economía uruguaya radica en el débil nivel de inversión: sin proyectos de escala que se concreten pronto —como el ambicioso plan de hidrógeno verde para Paysandú, que aún está en fase incipiente— no será posible “pegar un salto productivo”.

A eso se suma un problema estructural: la competitividad del país se deteriora a causa del costo operativo, la carga de impuestos y la incertidumbre regulatoria, en momentos en que el gobierno propone nuevos gravámenes como el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) —resultado de normas globales adoptadas en el marco de la OCDE— que, según KPMG, “afectará la competitividad fiscal” y puede desalentar inversiones.

En cuanto a la obra pública y la infraestructura, la consultora ve un espacio para avanzar: proyectos como la expansión del ferrocarril central, mejoras en infraestructura fluvial y costera, opciones de energía renovable, nuevos sistemas de transporte, y obras bajo el formato +Cremaf podrían reactivar inversiones internas, siempre que se concrete el financiamiento y se garantice estabilidad normativa.

Pero claro: para que estos escenarios positivos se materialicen, Uruguay necesita algo más que buenas intenciones. Las “reformas estructurales” son indispensables: atraer inversión real, mejorar productividad, corregir distorsiones fiscales, modernizar la regulación, y garantizar un clima atractivo para los negocios. Si no se actúa, el panorama será de estancamiento.

El diagnóstico de KPMG —coincidente con el del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras organizaciones internacionales que en 2025 evaluaron la economía del país— es claro: Uruguay sigue siendo relativamente resiliente, pero su crecimiento potencial se encuentra limitado ante la ausencia de una ola de inversiones que transforme su base productiva.

En definitiva, 2026 aparece como un año bisagra: con condiciones externas relativamente benignas, expectativas de estabilidad monetaria, y una ventana para atraer capitales y realizar inversiones de impacto. Pero también como un año en que quedará a prueba la capacidad del país para traducir promesas en hechos, proyectos en realidades, y oportunidades en crecimiento sostenible. Si no se aprovecha, Uruguay podría perder la chance de desbloquear su potencial.

Un informe jurídico del Parlamento despeja todas las dudas sobre la actuación profesional del senador Andrés Ojeda.

La polémica en torno al senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, generó esta semana un giro significativo luego de que la Comisión Administrativa del Poder Legislativo emitiera un informe jurídico en su favor, concluyendo que su actuación como abogado mientras ejercía su banca no violó la Constitución de la República. La cuestión se había convertido en un foco de debate porque algunas interpretaciones, como la de la fiscal Sylvia Lovesio, apuntaban a que al presentar un escrito ante la Fiscalía solicitando el reexamen de una causa penal, Ojeda habría infringido el artículo 124 de la Carta Magna, que prohíbe a legisladores “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”.

Frente a esa inquietud —y ante denuncias concretas sobre una presunta violación constitucional que incluso podrían haber implicado la pérdida inmediata de su banca—, Ojeda solicitó el análisis de la División Jurídica del Parlamento para aclarar si su conducta encuadraba dentro de las prohibiciones del artículo 124. El resultado fue un documento amplio elaborado por los abogados legislativos que sostiene que la intervención profesional de Ojeda como abogado penalista ante la Fiscalía no se encuentra prohibida por la Constitución y que, por ello, “no correspondería hacer cesar de forma inmediata al señor Andrés Ojeda en su calidad de senador de la República”. Este análisis se apoya en la finalidad de la norma, en el principio de proporcionalidad y en la razón de que su intervención fue en el marco de una defensa técnica penal en nombre de un cliente, no como gestor de un trámite de un tercero.

El informe jurídico también enfatiza que la letra y el espíritu de la disposición constitucional original no estaban diseñados para abarcar la participación de un legislador en su calidad profesional ante dependencias como la Fiscalía, pese a que esta última —desde su reforma de 2015— es considerada un servicio descentralizado. Además, los letrados destacaron que la sanción prevista en el artículo 124 —la pérdida del cargo legislativo— es de extrema gravedad y, por tanto, su aplicación exige una interpretación ponderada y razonable que contemple los principios de la democracia representativa.

En conferencia de prensa realizada ayer tras la difusión de este informe, Ojeda calificó el documento como “el cierre del tema” y aseguró que se siente “tranquilo” porque, en su opinión, actuó siempre “acorde a la norma” constitucional vigente. Hizo hincapié en que la interpretación jurídica que respalda su actuación desmonta las críticas que sostenían que había infringido la Carta Magna y rechazó las voces que, por lectura literal, planteaban que su conducta contravenía la prohibición impuesta a los legisladores.

Durante su intervención ante la prensa, el senador también expresó que algunos de los cuestionamientos habían sido “disparates” y que, ante la ausencia de una posición jurídica clara, era necesario que el propio Parlamento —con su División Jurídica— se pronunciara sobre el caso para dar un marco de certeza jurídica. Para Ojeda, la conclusión del informe elimina la base de las acusaciones que exigían medidas extremas, como la pérdida de su banca, y robusteció su defensa frente a quienes interpretan de manera literal y restrictiva la norma en discusión.

El caso no termina ahí, pese al informe claro contundente de la Jurídica del Parlamento: la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se encuentra ahora abocada al estudio formal de la denuncia presentada por el Frente Amplio, que reclama una posición propia sobre si existió o no violación constitucional en la actuación del legislador.

En lo inmediato, sin embargo, el informe jurídico favorable ha brindado al senador colorado un respaldo sólido ante la controversia, dejando a salvo su actuación como profesional del derecho mientras sigue ejerciendo como legislador electo.

Por Luis Hierro López

El libro del historiador Padrón Favre sobre Frutos Rivera es irrebatible y debería concluir para siempre las polémicas en torno a la figura del héroe.

Oscar Padrón Favre es seguramente el historiador más dedicado a estudiar la vida y la trayectoria de Rivera. Son incontables sus publicaciones sobre Durazno, la cuestión indígena, la cultura del interior y las hazañas de Frutos. A ese bagaje agrega, en este tomo de más de 600 páginas, el dominio extraordinario de los documentos, muchos de los cuales son reproducidos para fundamentar sus interpretaciones.

El autor define desde el título su análisis: Rivera personaliza el artiguismo posible, el artiguismo que se pudo aplicar a través de la personalidad ricamente política y pragmática de don Frutos.

Padrón Favre no se distrae especulando respecto a la relación entre Artigas y Rivera y, en cambio, describe con enorme detalle y precisión las políticas de tierras, de poblamiento y defensa del territorio, de autonomía respecto a Buenos Aires y de afianzamiento, en definitiva, de Uruguay como nación independiente.

Para mantener la política fijada por Artigas, Rivera le impuso a Lecor y a las autoridades de la Cisplatina la condición de que se mantuviera el criterio de reparto de tierras, que fue intensificado durante la primera presidencia de Frutos a través de la incansable acción del ministro Lucas Obes, quien fue el principal asesor jurídico y administrativo del caudillo, “el compañero de acción política más leal y lúcido que tuvo Frutos”.

Al igual que Artigas, Rivera no confiaba en Buenos Aires, cuyos dirigentes pusieron precio a su cabeza y lo persiguieron para fusilarlo. Refiriéndose a las leyes de 1825, Padrón sostiene que “siempre hemos tenido la impresión de que las mismas no lo entusiasmaron mucho a Frutos, aunque tampoco se opuso ni conocemos documentos donde las cuestionara”. Era razonable que, en esa medida, Rivera tuviera una concepción del territorio mirando hacia Brasil, no para obedecerlo sino para detenerlo, como quedó claro en Rincón, Sarandí y la invasión de las Misiones.

En ese contexto se inscribe su impulso decidido y constante hacia las ciudades fronterizas, como Bella Unión, Salto, Tacuarembó y la actual Río Branco. Tras invadir las Misiones y a su retorno, Rivera se quedó en el Cuareim —Brasil quería que bajara hasta el Arapey— y en los hechos fijó la frontera. Como interpretaba el historiador Pivel Devoto, los caudillos y los pueblos que los seguían hicieron mucho más por fijar los límites que los “doctores” de Montevideo.

El vínculo con Lavalleja no fue fácil, porque este conspiraba permanentemente contra Frutos. Pero eso no impidió actos de acercamiento político por parte de Rivera, como los que tuvo con muchos de sus adversarios. En 1827, al invitarlo a que lo acompañara en la campaña de las Misiones, Rivera le escribe a don Juan Antonio y le pide que “se deje usted de sus manías y que uniformemos nuestros esfuerzos e ideas, y restauramos a la patria lo que ella ha perdido por nuestras rencillas”. Había un tono de crítica en la misiva, pero también un reconocimiento a su propia participación en “nuestras rencillas”.

Ese gesto y muchos otros similares que tuvo a lo largo de su lucha de décadas son expresivos de una personalidad cordial y generosa. Frutos nunca dio lugar a los rencores y ponía límites a sus rencillas en favor del interés general, como lo hizo al aceptar, sin rebelarse como podría haberlo hecho, el destierro que le impuso el gobierno de Montevideo.

Según el autor, Rivera era un hombre actualizado en sus lecturas e informaciones internacionales, según surge de varias de sus misivas con Lucas Obes, quien lo había suscripto a “los periódicos principales de Europa para que de ellos sepamos cómo va el mundo”. Frutos se hacía tiempo para leer esos periódicos con avidez.

De ese intercambio de cartas surge claramente que “el gran sistema” que Rivera promovía era el liberal republicano, el mismo que puso en práctica desde la presidencia, respetando las libertades y los derechos. Como dice Padrón, “tenía un espíritu democrático, dado que reconocía en el apoyo popular una poderosa fuerza. Siendo militar, nunca creyó que la sociedad debía ser gobernada como un cuartel”.

La obra de Padrón Favre daría para comentarios más extensos, imposibles de resumir en esta nota. Alcanza con decir que se trata de un libro muy importante, tanto por su valor documental como por la fidelidad del relato.

Es oportuno señalar que esta publicación se produce en momentos en que han aparecido a la vida pública dos grupos históricos de reivindicación de Rivera, que reúnen a centenares de estudiosos y simpatizantes, quienes intercambian análisis y documentos para divulgarlos en reuniones populares o en las redes. Es una especie de renacer riverista que le hace mucho bien a la República.

Por Santiago Torres

El nota publicada ayer en “Búsqueda” vuelve a exponer la fragilidad estructural del sistema de inteligencia uruguayo y la necesidad de contar con una agencia profesional, independiente y sometida a control político efectivo, tal como exigen las democracias plenas.

El artículo de Juan Francisco Pittaluga publicado ayer por el semanario Búsqueda (“El gobierno prevé crear una agencia de inteligencia con funciones operativas, entre ellas contravigilancia”) vuelve a instalar un debate que Uruguay a dado en forma incompleta: cómo debe organizarse, controlarse y profesionalizarse la inteligencia en una democracia plena.

La inteligencia, en términos democráticos, no es espionaje cinematográfico ni vigilancia masiva. No es la Stasi [https://www.dw.com/es/la-stasi-c%C3%B3mo-la-rep%C3%BAblica-democr%C3%A1tica-alemana-vigilaba-a-sus-ciudadanos/a-73489660]. Es el proceso sistemático de obtención, análisis, evaluación y producción de información relevante para la toma de decisiones estratégicas del Estado.

No se trata de reunir datos al azar, sino de generar conocimiento procesado que permita anticipar riesgos, neutralizar amenazas, detectar vulnerabilidades y apoyar decisiones de alto nivel político, militar, diplomático y económico.

La inteligencia es un insumo imprescindible para la seguridad nacional, porque reduce incertidumbre en un entorno cada vez más complejo (ciberdelito, crimen organizado transnacional, injerencias externas, terrorismo, vulnerabilidades críticas, amenazas híbridas, etc.).

Todo Estado serio necesita servicios de inteligencia confiables, altamente profesionalizados y técnicamente competentes. Pero, por la sensibilidad intrínseca de su trabajo, dichos servicios deben operar con dos garantías simultáneas:
 

1. Rigurosa supervisión política y parlamentaria,

2. Estricto resguardo de la independencia técnica interna.

• Sin el control democrático, la inteligencia derivaría en arbitrariedades y desviaciones de poder.

• Sin independencia técnica, quedaría sometida al vaivén partidario o al uso político coyuntural.

El equilibrio entre ambos factores distingue a las democracias plenas de los sistemas opacos o autoritarios.

Uruguay necesita consolidar ese equilibrio.

La contrainteligencia, a su vez, es el conjunto de acciones destinadas a detectar, neutralizar o prevenir las actividades de inteligencia de actores hostiles (Estados, organizaciones criminales, actores híbridos, grupos extremistas). Su objetivo es impedir que terceros accedan a información sensible, penetren estructuras estratégicas del Estado o influyan ilícitamente sobre procesos institucionales.

La contravigilancia, por su parte, refiere a técnicas y procedimientos para identificar y evitar que personas o instalaciones sean observadas, monitoreadas o seguidas clandestinamente. Es un componente táctico indispensable para proteger fuentes, operaciones, autoridades y zonas críticas.

Ambas funciones requieren una profesionalización técnica que va mucho más allá de las capacidades policiales ordinarias.

La inteligencia estratégica, a su vez:

• analiza riesgos y amenazas de mediano y largo plazo,

• evalúa comportamientos geopolíticos,

• estudia actores transnacionales,

• proyecta escenarios,

• define alertas tempranas,

• asesora al Poder Ejecutivo en decisiones críticas.

La actual Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), creada por la Ley 19.696 y modificada parcialmente por la LUC, supuso un avance institucional, pero quedó a mitad de camino.

Hoy, la SIEE:

• carece de estructura profesional suficiente,

• no integra plenamente la información proveniente de todas las agencias,

• no ejerce una conducción efectiva sobre los servicios sectoriales,

• no cuenta con un marco operativo comparable al de las agencias de inteligencia de las democracias plenas.

Se necesita, entonces, transformar la SIEE en una agencia nacional de inteligencia, con estándares internacionales, régimen funcional propio, conducción técnica profesionalizada, personal especializado, protocolos estrictos, auditorías permanentes y, sobre todo, control parlamentario serio, no meramente formal (¿cuántos legisladores uruguayos se han especializado en el tema o, cuando menos, cuentan con asesores en la materia?).

En ese marco, la iniciativa del gobierno de avanzar hacia una reorganización profunda del sistema de inteligencia —tal como recoge Búsqueda— es correcta y necesaria.

Uruguay no puede seguir funcionando con un esquema fragmentado y subdimensionado. Requiere, en cambio:

• un organismo nacional de inteligencia estratégica,

• servicios sectoriales coordinados y especializados,

• protocolos claros de contrainteligencia y contravigilancia,

• independencia técnica garantizada,

• control político estricto pero responsable,

• y una cultura institucional acorde a las exigencias contemporáneas.

La seguridad nacional de un país pequeño depende, más que nunca, de su capacidad de anticipación. Y la anticipación solo es posible con inteligencia profesional, moderna y democrática.

La reforma, por consiguiente, es imprescindible. Y apoyar su implementación no es una cuestión partidaria, sino un imperativo republicano.

Por Juan Carlos Nogueira

La falta de claridad verbal puede terminar convirtiéndose en falta de claridad política.

En la retórica del presidente Orsi se percibe un patrón persistente de dificultades para articular ideas con precisión, especialmente en situaciones espontáneas. Incluso en discursos preparados y leídos —donde el margen de error debería ser mínimo— incurre en tropiezos que refuerzan la percepción de falta de control sobre su propio mensaje.

En entrevistas y declaraciones públicas, la escena se repite. Al responder, demora en alcanzar el concepto central, encadena muletillas (“bueno, en realidad, lo que pasa es que…”), inicia frases que abandona a mitad de camino o corrige sobre la marcha ideas apenas esbozadas. Con frecuencia resulta difícil identificar una oración completa con sujeto, verbo y predicado claramente definidos.

El efecto más evidente es que cada pregunta parece tomarlo por sorpresa. Da la impresión de que va construyendo sus ideas mientras habla, en lugar de comunicar conceptos previamente madurados.

Sus balbuceos —esa combinación de autocorrecciones, búsquedas de palabras, silencios rellenados con latiguillos y una gestualidad excesiva— terminan sustituyendo la claridad por un esfuerzo visible, aunque estéril, por alcanzarla.

El lenguaje corporal tampoco ayuda. La postura, los movimientos ansiosos y los gestos amplificados transmiten incomodidad y cierta inseguridad discursiva. Frente a preguntas concretas, suele responder desde lo anecdótico, derivar hacia asuntos tangenciales o extenderse sin dirección clara. Y cuando la narrativa se diluye, la autoridad también.

Esta forma de comunicación impacta negativamente en entornos donde se valora la precisión, la firmeza y la capacidad de síntesis. La impresión que queda es la de alguien que habla mucho, pero concreta poco.

El problema no es meramente estético: es político. La claridad verbal suele asociarse —con justicia o no— a claridad mental. Un líder que no concreta puede ser percibido como alguien poco preparado. En un contexto donde la ciudadanía exige definiciones rápidas y contundentes, esta indecisión expresiva alimenta interpretaciones negativas amplificadas por redes sociales y opositores. Los clips editados de sus vacilaciones se viralizan con rapidez, consolidando una imagen difícil de revertir, de líder que no está listo para el puesto.

Habiendo reconocido su “estilo” retórico en el reciente almuerzo de ADM, en lugar de buscar alguna forma de fortalecer esa flaqueza, redobla la apuesta anunciando que seguirá fiel a su forma de comunicación.

Para cierto público, su estilo puede interpretarse como espontáneo o humilde. Pero para un observador neutral, la impresión dominante es la de improvisación y escasa preparación.

Otra evidencia de esta fragilidad comunicacional es la frecuencia con que sus allegados deben salir a aclarar declaraciones que generan ruido. Las aclaraciones son herramientas válidas cuando son oportunas, sinceras y hechas por quien corresponde. Pero cuando se convierten en una rutina de “apagar incendios” tras cada intervención presidencial, el problema deja de ser coyuntural para volverse estructural. Los mensajes poco meditados y un estilo reactivo crean controversias en lugar de evitarlas.

En política, este comportamiento se interpreta como falta de dominio del mensaje, y peor aún, como falta de rigor. La consecuencia es inmediata: disminuye la percepción de fiabilidad. El público termina dudando si lo dicho refleja realmente su postura o si se trata de un desliz más.

Incluso entre simpatizantes, este tipo de comunicación erosiona la confianza. Un líder que improvisa en exceso se percibe como alguien que no domina los temas que aborda. Y cuando sus voceros terminan ocupando más espacio que el propio presidente, la percepción de debilidad termina desplazando cualquier otro atributo discursivo, algo difícil de revertir.

Lo inquietante es que esta fragilidad comunicacional emerge cuando el presidente Orsi aún no cumple un año en el cargo. En un tiempo político que exige definiciones claras, cada vacilación erosiona su autoridad. Y mientras el país reclama certezas, el presidente sigue buscando las palabras.

Por Jonás Bergstein

El caso de los dos adolescentes perseguidos por ser judíos interpela a un país que acumula advertencias sin respuestas efectivas.

A esta altura los hechos resultan bastante conocidos. Dos estudiantes de liceo, de 13 y 14 años, habían salido a tomar un helado. Era el fin de cursos, y celebraban el cumpleaños de uno de ellos. A la salida de la heladería, otros dos muchachos, algo mayores y más corpulentos, advirtieron —al parecer por el uniforme de los estudiantes— que los dos liceales eran judíos. Sin decir agua va, los empezaron a insultar: “Judíos de m…., corran porque se la vamos a dar”. No solamente los persiguieron: uno de ellos los perseguía con una baldosa en la mano, no fuera cosa que la golpiza no causara daños mayores. Quiso el destino que la madre de uno de ellos, de manera completamente fortuita, se topara con los malhechores. Sin pensarlo dos veces, ahora era ella quien perseguía a estos últimos. Los perseguidores se desbandaron. Pero la historia tendría un giro de tuerca. Aprestándose para ingresar a su casa, la madre divisó a la distancia a uno de los malvivientes, que sin pelos en la lengua le dijo: “Ya sabemos dónde vivís”. Esa noche, la madre y los liceales terminaron declarando en la policía.

El episodio tuvo lugar un martes 25 de noviembre, unas dos semanas atrás.

La pregunta cae por su peso: ¿los responsables de la persecución habrán de ser formalizados, o por el contrario esta persecución se sumará a la larga saga de actos de antisemitismo que terminan en la mayor de las nadas, anquilosados en un estante de la Fiscalía?

Porque el episodio que hoy nos convoca no ha sido el primero. Desgraciadamente, tememos que tampoco haya de ser el último. La saga de actos de odio que los uruguayos hemos vivido en estos dos últimos años —más precisamente: a partir del 7 de octubre de 2023— es mucho más larga de lo que uno quisiera: el monstruo diabólico del 8M —al decir de una de las funcionarias que había intervenido en el caso, “arte callejero” (sic; sobre gustos no hay nada escrito)—, la proscripción de Spectorowsky en la Facultad de Ciencias, las pintadas en el cementerio judío, las mismas pintadas en el local de la B’nai B’rith, las expresiones odiosas vertidas por Parodistas Caballeros en la exhibición de El mercader de Venecia en el marco del Carnaval, la concentración de un conjunto de personas ante una escuela judía, las referencias raciales efectuadas por la profesora María Noel Sosa en la Facultad de Información y Comunicación de la UdelaR —y su penosa exculpación por la decana, invocando la libertad de expresión—. Hasta donde nos consta, ninguna de ellas se tradujo en una investigación a fondo, mucho menos en una formalización (con una única excepción: las imágenes de Mariana Wainstein —por entonces directora de Cultura del MEC— subidas a las redes por un docente grado 5, bajo la leyenda: “NAZI”).

Algunas preguntas caen por su peso.

La primera: ¿qué estamos esperando, que caiga la primera víctima y haya que lamentar un David Fremd II?

La sabiduría popular viene como anillo al dedo: no aguardemos al incendio para crear el cuerpo de bomberos.

La segunda: ¿cómo se explica esa proliferación de actos antisemitas en nuestro medio? Acá y en todo el mundo, las expresiones de antisemitismo no afloran de la nada, sino que florecen cuando el contexto les es propicio (y en cierta forma lo fomenta), a saber:

(i) la moda del antisemitismo en el mundo —único tema en el cual en Uruguay la izquierda ha optado por emular lo que está pasando en EE. UU.—;
(ii) la ausencia de una verdadera condena de estos episodios —sin medias tintas— desde la cúpula del gobierno y desde la coalición oficialista;
(iii) el paciente trabajo del mundo islámico durante años (con Irán, Hezbollah, Venezuela y Qatar a la cabeza), cuya prédica parece haber calado hondo en la FEUU, UdelaR, PIT-CNT y afines; y
(iv) por último, la crisis del Derecho, el inmovilismo de nuestra Fiscalía y el deterioro de nuestra democracia.

El lector desprevenido podría pensar que estas cuestiones solo competen a los colectivos aludidos. Se equivoca.

Por eso, el combate contra el antisemitismo no puede ni debe ser acometido únicamente por los judíos, sino por todos. Y por eso mismo también, tal como decía Don Justino Jiménez de Aréchaga, ese combate impone a la sociedad la urgente necesidad de activar todas sus defensas ante la amenaza que él representa. El Derecho no puede permanecer ajeno a ese combate. Si la legislación antidiscriminatoria dejara de aplicarse —tal como creemos que es el estado actual del tema— habremos infringido un daño irreparable a la democracia uruguaya.

Por Susana Toricez

Donde la frescura de los productos se mezcla con la de los vínculos.

El término “feria” proviene del latín “feriam”, que significa “día de fiesta”. De ahí sus connotaciones con celebraciones en lugares públicos y en días señalados.

La feria del barrio, ese lugar tan nuestro donde se saludan los vecinos y se mezclan los aromas de la fruta fresca con las verduras recién llegadas del mercado. ¡Qué símbolo tan auténtico de democracia es la feria! Allí, desde muy temprano en la mañana, conviven jóvenes ágiles con veteranos más lentos; uruguayos, cubanos, blancos, negros, venezolanos, todos en alegre actividad, a veces mucho antes de que salga el sol.

Quesos, pollos, sardinas, medias, juguetes, zapatos viejos y ropa usada se mezclan con yuyos medicinales, piononos y huevos caseros.

Recorrer la feria es tomarse un rato de recreo. Es como pasear por una granja o como salir a pescar para comer pescado fresco. He observado a algunos jóvenes ir directamente a un puesto, comprar lo necesario y volver a su casa rápidamente porque hay que ir a trabajar.

Se entremezclan las voces de quienes vocean sus productos. ¡Qué maravilla!
“¡Morrones, morrones, acelgas, melones, lleve, lleve, señor vecino!”

Por otro lado, da gusto ver cómo disfrutan las personas mayores de esa tarea sin horarios. Se encuentran con amigos del barrio, se abrazan y saludan con alegría a los puesteros: son casi familia. Es un grato reencuentro semanal.

Ir a la feria es la dosis de buena vibra que uno debería tomar a diario.

Un extranjero, seguramente europeo por su acento, se asombra y me comenta que en Europa, desde hace muchos años, para poder ver frutas recién arrancadas del árbol, e incluso con hojitas como acá (mientras me muestra un durazno), hay que ir al lugar mismo donde se cosechan. Las manzanas, las mandarinas, los limones, etc., que se venden al público ya no conservan esa frescura de recién tomadas del árbol.

Sin embargo, en la feria del barrio, sí. Y es verdad. ¡Qué afortunados somos! Debemos agradecer tener todavía tan cerca la naturaleza, protegidos en parte de la contaminación de la ciudad que nos rodea.

No conozco a nadie, pero a nadie, que vaya sin ganas a la feria vecinal, esa reina del barrio.

El Nobel de la Paz 2025 reconoce la lucha de María Corina Machado por la democracia en Venezuela, en un acto que simboliza resistencia, dignidad y proyección política.

La venezolana María Corina Machado fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025 en reconocimiento a su incansable liderazgo en la defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en su país, hoy dominado por un régimen autoritario. La noticia coronó una trayectoria de resistencia política que, lejos de amilanarse frente a la represión, se proyecta ahora con mayor proyección internacional y simbolismo para millones de venezolanos y defensores de la libertad en toda la región.

La ceremonia de entrega del Nobel, celebrada el 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, fue un momento histórico. Aunque Machado no pudo asistir en persona a recoger su galardón, su hija, Ana Corina Sosa Machado, lo hizo en su nombre y leyó el discurso de aceptación que su madre había preparado. En esa intervención, Sosa evocó la larga lucha del pueblo venezolano por la libertad y la democracia, afirmando que el premio “recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz” y que corresponde a quienes han sufrido represión y han defendido los derechos humanos.

La entrega fue precedida por una odisea que hoy forma parte de la narrativa de resistencia de Machado. Tras más de un año en la clandestinidad en Venezuela por las amenazas del régimen de Nicolás Maduro, la líder opositora logró salir de forma secreta y extremadamente peligrosa por mar hacia Curazao, desde donde viajó a Oslo. La complejidad del escape —navegar por el Caribe en un pequeño barco bajo el riesgo de ser capturada— marcó una peripecia que subraya el nivel de riesgo que enfrentan los defensores de la libertad en Venezuela.

En Oslo, Machado fue recibida con entusiasmo por parte de la diáspora venezolana y por ciudadanos que corearon consignas a favor de la libertad mientras ella saludaba desde la calle, abrazaba seguidores y vivió un reencuentro profundamente emotivo con su familia tras casi dos años de ausencia. En un momento ampliamente difundido, la dirigente compartió un abrazo significativo con Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien la acompañó en la capital noruega mostrando la solidaridad regional con la causa venezolana. Al fundirse en un abrazo Machado y Abdala, se escuchó decir a una mujer: “El uruguayo más venezolano”.

El significado político de este Nobel es múltiple. En primer lugar, coloca a Machado como protagonista indiscutible de la oposición democrática venezolana y legitima internacionalmente su lucha frente a la dictadura.

La lectura del discurso de aceptación por parte de su hija no fue solo un acto ceremonial: fue un mensaje político potente. “Venezuela volverá a respirar”, decía el texto de Machado recogido por su hija, subrayando que la lucha democrática de su país no termina con el premio, sino que se fortalece con él. Recordó que su pueblo ha protagonizado una “larga marcha hacia la libertad” y dedicó el galardón “a quienes defienden los derechos humanos”, señalando al mismo tiempo la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela tras décadas de autoritarismo y miseria.

Este reconocimiento mundial no solo honra a una líder valiente sino que refuerza el reclamo regional por una transición democrática en Venezuela. Para muchos analistas, el premio representa un voto de confianza internacional en el proyecto democrático encabezado por Machado, y un estímulo para que la oposición venezolana mantenga su unidad y su agenda de reformas políticas. Asimismo, establece un precedente político: que la causa de un pueblo oprimido puede sobresalir incluso ante los más formidables obstáculos, y que la comunidad global de democracias está atenta a estos valores fundamentales.

En términos geopolíticos, el Nobel de la Paz 2025 también contribuye a robustecer la presencia de la causa venezolana en los foros internacionales, aumentando la presión sobre el régimen de Maduro y fortaleciendo apoyos en gobiernos, parlamentos y organizaciones civiles que comparten la aspiración de restaurar el estado de derecho y las libertades en Venezuela. Para sus seguidores, este premio no es solo un honor personal para María Corina Machado, sino un acto de justicia para un país que no ha dejado de luchar por su futuro democrático.

Pese a las ensoñaciones de Milei, no será Argentina, que figurará más lejos que hoy en el ranking de economías del mundo.

Los estudios recientes de PwC y Standard Chartered alimentaron un debate que ya dejó de ser especulativo: el centro de gravedad económico del mundo se está desplazando, y para 2050 dos países latinoamericanos —Brasil y México— figuran entre las potencias llamadas a reordenar el mapa global, un patrón que desafía la estructura tradicional del poder económico, dominada durante más de un siglo por Estados Unidos y Europa, y que más recientemente había girado hacia Asia. Según estas proyecciones, las economías emergentes serán responsables de la mayor parte del crecimiento mundial y, dentro de ese grupo, América Latina tendrá un peso mayor del que muchos anticipaban.

La estimación de PwC, actualizada en su análisis de largo plazo, sugiere que para mediados de siglo la economía global será irreconocible respecto de su configuración actual. El ascenso de las potencias emergentes obedece a factores demográficos, aumentos en productividad, urbanización acelerada y una reorganización de los flujos comerciales. En ese escenario, Brasil y México aparecen como actores centrales, no solo por su tamaño poblacional sino también por su creciente integración a cadenas globales de valor, el reposicionamiento industrial y la llegada de inversiones estratégicas que, según Standard Chartered, les permitirán consolidar posiciones entre las diez economías más grandes del mundo.

Los informes insisten en que el predominio económico ya no estará estrictamente ligado a pertenecer al hemisferio norte o a ser parte del viejo orden industrial. Para PwC, países que hoy son considerados “emergentes” concentrarán cerca de la mitad del PIB mundial en términos de paridad de poder adquisitivo. En ese marco, América Latina ya no aparece como una región periférica sino como un bloque con capacidad de incidencia global. Brasil, con su sector agroindustrial de escala planetaria y un proceso de industrialización que podría acelerarse con las nuevas estrategias de nearshoring, es señalado como un jugador decisivo. México, por su parte, se beneficia de un fenómeno similar y, en opinión de Standard Chartered, su proximidad a Estados Unidos y la relocalización de fábricas harán que su crecimiento sea más robusto y sostenido de lo que indican las tendencias históricas.

El lugar que podrían ocupar otras economías latinoamericanas también es contemplado, aunque con un peso menor en la clasificación general. El ranking de PwC proyecta que, para 2050, las mayores economías del mundo estarán encabezadas por China, India y Estados Unidos, seguidas por mercados emergentes que ganan escala y competitividad. En la lista, Brasil y México se consolidan como los representantes regionales mejor posicionados, un fenómeno que generó titulares en medios internacionales por el impacto simbólico y geopolítico que tendría ver a dos países latinoamericanos insertos de manera estructural en la primera línea económica mundial.

Las 10 economías más grandes en 2050 (Proyección de PwC)

El eventual ascenso de estas dos potencias de la región no supone una caída inmediata de los actores tradicionales, pero sí una convivencia distinta, donde las alianzas y los equilibrios estratégicos serán cada vez más fluidos. Los análisis coinciden en que la competencia por recursos, inversiones y mercados ya está empujando a los países latinoamericanos a fortalecer marcos institucionales, mejorar la infraestructura y acelerar reformas que permitan aprovechar las oportunidades que surgirán. También advierten que estos escenarios no están garantizados: dependerán de la estabilidad política, de la capacidad de reducir desigualdades persistentes y de sostener ritmos de crecimiento que históricamente han sido volátiles.

Aun así, el mensaje central permanece firme: si las tendencias globales se mantienen, América Latina no será simplemente un territorio que acompaña el avance de otros, sino un espacio donde se definirá una parte sustancial del futuro económico mundial. Y de acuerdo con PwC y Standard Chartered, Brasil y México serán los países llamados a liderar ese nuevo capítulo.

Con su victoria en segunda vuelta, Eileen Higgins pone fin a casi 30 años de dominio republicano en Miami y marca un giro político con efectos más allá de la ciudad.

El pasado 9 de diciembre, la ciudad de Miami vivió una elección poco habitual en Estados Unidos: una segunda vuelta para definir su alcalde. En la primera ronda, celebrada el 4 de noviembre, ningún candidato superó el 50 % de los votos; por eso, los dos aspirantes más votados —Eileen Higgins y Emilio González— avanzaron al balotaje.

Eileen Higgins encabezó la primera vuelta con aproximadamente 36 % de los votos, frente al 19-20 % obtenido por Emilio González. El 9 de diciembre, en la segunda vuelta, Higgins triunfó con el 59,29 % de los votos contra el 40,71 % de González.

El triunfo de Higgins representa un giro histórico: será la primera mujer alcaldesa de Miami y la primera representante del Partido Demócrata en ocupar ese cargo en casi treinta años. Aunque la alcaldía es oficialmente “no partidista”, la carrera atrajo atención nacional —Donald Trump y otros referentes republicanos respaldaron a González; mientras demócratas y dirigentes progresistas apoyaron a Higgins—.

Durante su campaña, Higgins centró su propuesta en temáticas que resonaron con amplios sectores de la comunidad: vivienda accesible, transparencia en la administración municipal, políticas inclusivas para inmigrantes y una apuesta por servicios públicos más eficientes. En su victoria, declaró: “Esta noche, la gente de Miami hizo historia. Juntos dejamos atrás años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva etapa”.

El resultado adquiere relevancia más allá del plano local. En una ciudad históricamente dominada por líderes hispanos de derecha —especialmente vinculados a la comunidad cubanoamericana—, esta victoria sugiere un posible cambio en la correlación de fuerzas entre electores latinos, sectores urbanos y temas sociales como vivienda, inmigración y costo de vida.

También la forma: la necesidad de una segunda vuelta pone en evidencia tensiones profundas en el electorado, con divisiones marcadas —reflejadas en los trece candidatos que compitieron en la primera ronda— y una fragmentación que, por primera vez en décadas, permitió que una alternativa no tradicional revirtiera la hegemonía dominante.

Más allá del nombre que encabece la Alcaldía, el resultado podría marcar el inicio de una nueva etapa política en Miami, con mayor énfasis en las demandas sociales, una agenda de vivienda, inclusión e integridad institucional. Para sectores que cuestionan las políticas actuales —en materia de inmigración, costo de vida, acceso a servicios y desigualdades—, la elección representa una señal de esperanza: que el gobierno local puede articular respuestas más sensibles y representativas.

Sin embargo, la baja participación —alrededor del 20–22 % del padrón— también interpela: la transformación no será automática. El éxito de la nueva administración dependerá de su capacidad de traducir promesas en políticas efectivas, y de movilizar no solo a sus votantes, sino a los muchos que hasta ahora se mantuvieron al margen. Además, dada la composición multicultural de Miami y su peso demográfico latino, este es un experimento político con repercusiones para todo el sur de Florida —e incluso para las elecciones nacionales de 2026.

La elección en Miami deja al descubierto que, bajo ciertas condiciones —desgaste del poder conservador, inquietudes sociales reales y un electorado dispuesto a reconfigurar viejos equilibrios—, incluso en bastiones tradicionales el cambio es posible. Pero no basta con ganar: lo que viene es el verdadero desafío.

Esta columna de Juan Pablo Sáenz fue publicada en pasado domingo 7 en la revista digital Seúl y estimamos de interés su publicación en CORREO. En la misma, Sáenz expresa que el nuevo libro del filósofo coreano-alemán lo confirma como un pensador reaccionario y superficial que critica a las redes sociales y el capitalismo mientras los imita y los usa en su propio beneficio.

Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han
Paidós, 2025
144 páginas, AR$27.699

En el paisaje saturado de la teoría contemporánea, los libros de Byung-Chul Han poseen una cualidad física inconfundible. Su pulcritud clínica, su brevedad anoréxica y la tipografía flotando en el espacio negativo de sus tapas no son accidentes editoriales: son una declaración estética de principios. Han ha dejado de ser un académico inserto en la tradición dialéctica alemana para convertirse en algo mucho más contemporáneo y vendible: es el sastre oficial del malestar occidental. Como un diseñador de modas que anticipa la temporada de ansiedad otoño-invierno, confecciona aforismos a medida para una clase intelectual fatigada, que anhela sentirse crítica sin pagar el peaje de la incomodidad que exige el pensamiento riguroso.

El libro funciona menos como un dispositivo de interpelación intelectual y más como un objeto de diseño, un accesorio de moda que señala la sofisticación y la angustia existencial de su propietario con la misma eficacia con la que una silla de diseño señala su gusto por el modernismo. La filosofía de Han se consume, se exhibe y, fundamentalmente, se siente, pero no se estudia con la fricción que demandaría un compendio de ideas estimulantes, escandalizantes o mínimamente interesantes.

Su última entrega, Sobre Dios. Pensar con Simone Weil no es una desviación de esta trayectoria, sino su apoteosis paródica. Acá, el filósofo surcoreano-alemán orquesta lo que denomina un «diálogo» con la mística y filósofa francesa Simone Weil (1909-1943), que combinó misticismo religioso, anarquismo, budismo, tradición cristiana y el ascetismo extremo que la llevó a la muerte. El lector avezado notará pronto que no asistimos a un intercambio dialógico, sino a una operación de ventriloquía intelectual. Han se apropia de la aplastante gravedad de Weil —una pensadora que llevó la coherencia entre vida y obra hasta la inmolación física— y la reduce a un repertorio de citas descontextualizadas, usadas como contrapunto nostálgico a sus bestias negras habituales: la dictadura digital, el régimen neoliberal (¡sic!) y «la sociedad del rendimiento». Lejos de ofrecer una teología política o una mística negativa que se apoye en Weil para desafiar al presente, Han nos entrega un producto de consumo perfectamente acabado, un kitsch teológico diseñado para proporcionar un alivio estético momentáneo. El libro critica la lógica de la mercancía y la superficialidad del like, pero lo hace operando —irónica y fatalmente— bajo esa misma lógica de seducción, inmediatez y superficialidad que pretende impugnar.

Weil es reducida aquí a una marioneta de lujo, un accesorio vintage de alta costura teórica destinado a otorgar gravedad a las quejas habituales de Byung-Chul Han sobre la modernidad tardía. Pero la filosofía de Weil no se escribió en la comodidad de un despacho climatizado: se forjó entre la suciedad y el ruido ensordecedor de las fábricas, dentro de las trincheras de la Guerra Civil Española y en un ayuno autoimpuesto en solidaridad con la Francia ocupada. Cuando Weil habla de dolor o desdicha, no está usando metáforas: está describiendo el calvario que tuvo que atravesar y sufrir en carne propia hasta llegar a su muy particular iluminación. Su pensamiento es pesado, sucio, incómodo y aterradoramente real.

Por el contrario, la aproximación de Han a estos conceptos es de una liviandad insoportable. Desde su posición de académico estrella, Han toma el concepto weiliano de, por ejemplo, «descreación» —un proceso violento, casi aniquilador, de vaciamiento del yo para permitir la entrada de la «gracia»—, y lo lija, lo pule y lo barniza hasta convertirlo en una inofensiva propuesta de higiene mental frente al burnout digital. En manos de Han, la «aniquilación mística del ego» de Weil deja de ser un drama teológico para convertirse en una suerte de contra-estrategia frente al hastío que su lector siente luego de maratonear una serie en Netflix.

Esta instrumentalización alcanza cotas inéditas de cinismo cuando aborda el sufrimiento. Este autor, que siempre se nos presentó como el gran crítico de la «sociedad paliativa» y de la algofobia, nos ofrece, paradójicamente, una versión del dolor totalmente anestesiada. Escribe sobre el sufrimiento con la asepsia de quien observa una radiografía, nunca de quien padece la herida. Convierte el pathos desgarrador de Weil en un eslogan estético: «Sin dolor no hay realidad». Esta frase aislada en la página, como un haiku, está diseñada para ser subrayada, fotografiada y compartida en las mismas redes sociales que el autor desprecia.

Acá radica la ironía y falla del libro: Han estetiza el sufrimiento de Weil para vender libros. Transforma la experiencia radical de una mujer que buscaba desaparecer, que anhelaba ser “nadie, nada” para no obstaculizar la luz divina, en una marca personal, en un fetiche cultural. Y al hacerlo, perpetra exactamente aquello que critica del capitalismo: la mercantilización de lo sagrado. Weil se convierte en un commodity, una especia exótica importada directamente del momento más oscuro del siglo XX para dar sabor a la insípida sopa del presente.

La nueva jerga de la autenticidad

Al leer Sobre Dios uno se ve asaltado por un glosario que parece sacado de un saldo de liquidación teológica: alma, gracia, eternidad, silencio, salvación y un sinfín de etcéteras. El texto despliega estos términos no como categorías analíticas que deban ser definidas, disputadas o situadas históricamente, sino como talismanes lingüísticos. Son palabras-fetiche que irradian una falsa aura de trascendencia, creando una atmósfera de sacralidad artificial alrededor del texto. Cuando escribe que la inacción es “la pasividad activa del pensamiento” –haciendo un contraste negativo con el mandato de la “acción productiva” del capitalismo–, no nos está ofreciendo una proposición filosófica: nos está vendiendo una emoción. Nos está ofreciendo el consuelo de sentirnos profundos por el mero hecho de leer la frase, eximiéndonos de la tarea de comprender qué diablos significa eso en el contexto de una economía de la atención depredadora. Al envolver los problemas contemporáneos en este papel de regalo metafísico, los despolitiza: la alienación digital deja de ser un problema de diseño tecnológico, de propiedad de los datos o de legislación laboral, para convertirse en una «pérdida del alma» o un «olvido del ser». Esta elevación del tono transforma déficits sociales y tecnológicos concretos en tragedias metafísicas inmutables. Y el lector, seducido por la cadencia litúrgica de estas oraciones cortas y sentenciosas, cae en la trampa de confundir la estética de la palabra con la ética del concepto. Así, Han no escribe para ser entendido, sino para ser sentido.

Si la forma es el mensaje, el mensaje de Han es una paradoja irresoluble. Su mundo se divide en dos bloques monolíticos, enfrentados en una guerra estática y sin matices: de un lado el Pasado (el reino del silencio, la atención, el ritual, Dios, el aura) y del otro el Presente (el infierno del ruido, la distracción, el smartphone, los datos, la transparencia y la indefensión del individuo ante las corporaciones). Esta dicotomía simplista revela una carencia fundamental: la ausencia total de pensamiento dialéctico. Para ponerlo en términos marxistas (que es el andamiaje retórico preferido y cansino de Han), su crítica carece de materialismo: ignora que la tecnología no es un demonio metafísico que ha poseído nuestras almas, sino una fuerza productiva incrustada en un espacio de evolución socio-tecnológica muy específico. Al demonizar el smartphone como un objeto ontológicamente maligno —un «vampiro de la atención»—, incurre en una forma inversa de fetichismo de la mercancía. Le otorga al objeto tecnológico una agencia mágica y oculta las estructuras económicas y humanas que lo impulsan. Marx decía que hay que mirar detrás del velo de la mercancía para encontrar el trabajo humano y la explotación; Han mira detrás del iPhone y ve a Satanás. Su análisis, vendido como crítica política, es un pueril ejercicio de exorcismo cultural.

Los críticos de la modernidad como Benjamín veían en la tecnología un peligro alienante, es cierto, pero no dejaban de ser dialécticos: sabían que no había vuelta atrás. Entendían que el progreso tecnológico, con todo su poder (destructivo según ellos), también abría nuevas posibilidades políticas y perceptivas como la democratización de la imagen, el cine, el shock. Han, en cambio, es un reaccionario en el sentido literal de la palabra: quiere rebobinar la cinta de la historia hasta un tiempo pre-moderno imaginario donde las catedrales estaban llenas y el silencio dominaba los atardeceres.

El golpe de gracia, la ironía que devora al propio libro, reside en su formato. Han critica ferozmente la economía de la atención, la fragmentación de la experiencia y la superficialidad de la lectura digital. Sin embargo, ¿qué son estas notas sobre dios sino el producto perfecto para la era de Twitter? El libro es breve; sus sentencias aforísticas, contundentes y aislables. Han escribe en tuits glorificados. Su estructura fragmentaria no desafía al lector distraído: lo acomoda y lo arropa. No exige la paciencia monástica de leer a Hegel o a la propia Weil: ofrece píldoras de sabiduría instantánea listas para ser subrayadas y compartidas en Instagram.

La filosofía como ansiolítico

Al despojar al libro de su revestimiento estético, su fetichismo místico y su impostura reaccionaria, nos queda entre manos un vacío que no tiene nada de místico. El libro no aporta una sola idea que no sea un lugar común de la teología negativa (Dios como silencio, Dios como nada) diluido para el consumo masivo. No ofrece una sola herramienta que nos permita comprender la mutación del capitalismo más allá de la repetición ad nauseam de que «estamos cansados».

Lo que este vendedor de libros nos ofrece no es conocimiento, sino un estado de ánimo. Su intención no es crítica; es terapéutica. Estamos ante la filosofía como ansiolítico. En un mundo frenético, hiperconectado y brutalmente competitivo, leer a Han funciona como una microdosis de validación moral. El texto no desafía al lector, no pone en crisis sus convicciones ni le obliga a confrontar su propia complicidad con los sistemas que critica. Al contrario: lo absuelve. Le dice exactamente lo que quiere oír: que su malestar no es culpa suya sino de un sistema demoníaco y vulgar del que él o ella, gracias a este libro, se ha distanciado espiritualmente. Aquí yace la trampa del sentimentalismo disfrazado de teoría crítica. La verdadera crítica duele: desmonta, incomoda y exige un arduo trabajo intelectual para reconstruir la realidad bajo nuevas categorías. El sentimentalismo, en cambio, busca la emoción inmediata. Byung-Chul Han sustituye el análisis de las contradicciones de la sociedad de la información por el requiem de un mundo perdido. En este sentido, nos ofrece una negación absoluta de la complejidad. Reduce la maraña tecnológica, económica y espiritual de nuestro tiempo a fábulas morales de buenos y malos, de silencios puros y ruidos profanos.

Al final, el libro opera como un placebo epistémico: tiene la forma del pensamiento, el sabor del pensamiento y el envase del pensamiento, pero carece de su principio activo. Nos hace sentir que hemos comprendido algo profundo sobre Dios y la tecnología, cuando en realidad solo hemos consumido una emoción empaquetada, lista para ser olvidada en cuanto volvamos a desbloquear la pantalla del celular.

Byung-Chul Han no es un filósofo —alguien por definición controvertido, molesto y peligroso para el statu quo— sino el primer gran influencer del pesimismo cultural. Al igual que los creadores de contenido que saturan las redes, opera bajo la lógica de la marca personal: repetición de eslóganes, estética cuidada y una producción frenética de contenido que, en el fondo, es siempre el mismo. Su éxito global no se debe a que su pensamiento sea una “amenaza para el neoliberalismo”, sino a que es su complemento perfecto. El sistema necesita a alguien que le diga, con palabras hermosas y cultas, pero vacías, que todo está mal, para así convertir ese malestar en un producto editorial de superventas

Al cerrar el libro, el lector puede quedarse un momento en silencio, tal vez conmovido por la belleza de alguna frase prestada de Simone Weil. Pero ese silencio no es el silencio atronador de la descreación mística; es simplemente la pausa necesaria antes de volver a entrar en el ruido, con la conciencia tranquila de quien ha consumido su dosis de profundidad. El libro volverá a la estantería, inmaculado y perfecto, un monumento fúnebre al pensamiento crítico que yace, ahora sí, en paz.