El apuñalamiento de una estudiante de Medicina por un compañero sobre el que pesaban denuncias de acoso y violencia durante su etapa liceal llevó a colectivos de la Universidad de la República a reclamar formación obligatoria en género. La evidencia aconseja distinguir entre lo que esos cursos pueden aportar y lo que ninguna capacitación aislada está en condiciones de resolver.

El brutal ataque contra una estudiante de 19 años dentro de un aula de la Facultad de Medicina volvió a colocar la violencia contra las mujeres en el centro de la discusión pública. La joven fue apuñalada por un compañero de la misma edad, detenido como presunto autor de un intento de femicidio. Según los testimonios recogidos, estaba obsesionado con ella porque no respondía sus mensajes ni había aceptado salir con él. La intervención de otros estudiantes permitió reducirlo y evitó consecuencias todavía peores.

El episodio adquirió una dimensión aún más inquietante cuando excompañeros y madres de alumnas del Liceo N.º 1 de Salinas afirmaron que durante su etapa en secundaria el joven había protagonizado conductas de acoso, amenazas y tocamientos sin consentimiento. Se trata de denuncias y testimonios públicos, no de hechos judicialmente probados, pero fueron lo suficientemente graves como para que la ANEP dispusiera un informe de Inspección. El decano de Medicina, Arturo Briva, reconoció además que la Universidad no cuenta con un sistema que permita dar “trazabilidad” a esos antecedentes entre los distintos niveles de la enseñanza.

Como reacción, estudiantes, trabajadores y colectivos vinculados a la Universidad de la República reclamaron formación obligatoria en género, según informó la diaria. La Universidad dispuso talleres de reflexión y concientización, aunque aclaró que su participación sería voluntaria. El reclamo es comprensible, pero precisamente porque el problema es grave corresponde preguntar qué efectividad real tienen esos cursos para impedir la violencia contra las mujeres.

¿Un curso obligatorio habría evitado el ataque? No existe base seria para afirmarlo. Tampoco puede asegurarse lo contrario. Lo que sí puede decirse es que, si se confirman las advertencias realizadas durante la etapa liceal, el problema no habría sido únicamente la incapacidad para reconocer ciertas conductas, sino la ausencia de una respuesta eficaz después de que fueron señaladas. Un curso puede ayudar a detectar una señal; no garantiza que la institución actúe cuando la señal aparece.

El primer error consiste en colocar bajo la etiqueta de “cursos de género” actividades completamente diferentes. No es igual capacitar a un policía para evaluar el riesgo de una denunciante que intentar modificar las convicciones de miles de estudiantes o someter a un agresor a un programa de reeducación. En un caso se procura mejorar una competencia profesional; en otro, transformar actitudes; en un tercero, evitar la reincidencia. Cada objetivo exige métodos e indicadores distintos.

La formación de quienes deben recibir denuncias, disponer medidas de protección o atender a las víctimas tiene una utilidad clara. Policías, médicos y docentes necesitan conocer procedimientos y canales institucionales, por lo que la obligatoriedad puede ser razonable. Aun así, las revisiones disponibles muestran que la capacitación mejora sobre todo el conocimiento, la confianza y la capacidad declarada para identificar situaciones de violencia; sus efectos sobre las derivaciones efectivas y la respuesta concreta son mucho menos seguros. Saber qué hacer no garantiza que se haga.

La evidencia es más cautelosa todavía respecto de los cursos generales de sensibilización. Un metaanálisis de Mark V. Roehling, Dongyuan Wu, Mahl Geum Choi y James H. Dulebohn, publicado en 2022 en la revista académica Personnel Psychology, encontró que la capacitación contra el acoso sexual producía un efecto considerable sobre la adquisición de conocimientos, moderado sobre las actitudes y las destrezas, pero muy pequeño sobre su traslación a la conducta real. En la escala empleada por los investigadores, el efecto fue de 1,06 sobre el conocimiento declarativo y de apenas 0,14 sobre los resultados de transferencia. Los participantes aprendían a contestar mejor, pero había pocas pruebas de que después actuaran de manera sustancialmente diferente.

Las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos llegaron a una conclusión semejante: la capacitación puede mejorar el conocimiento de las normas y la identificación de conductas indebidas, pero no se ha demostrado que por sí sola prevenga el acoso o cambie comportamientos y creencias. Advirtió además que los cursos genéricos, obligatorios y concebidos para acreditar el cumplimiento de una exigencia pueden provocar rechazo, reforzar estereotipos o aumentar la tendencia a responsabilizar a las víctimas. Su recomendación fue orientarlos hacia habilidades concretas para intervenir y adaptarlos a cada población.

La obligatoriedad permite llegar a quienes nunca concurrirían voluntariamente, pero resuelve el problema de la presencia, no el de la disposición a aprender. Un estudio sobre cursos obligatorios en universidades estadounidenses encontró pequeñas mejoras en conocimientos y actitudes, pero después de la capacitación las mujeres manifestaron una intención de denunciar una eventual agresión aproximadamente doce puntos porcentuales menor. El curso pudo haberlas hecho más conscientes de los costos y represalias asociados a la denuncia, dejando al descubierto su desconfianza en el sistema que debía protegerlas.

Esto no significa que toda formación fracase. Las experiencias más prometedoras son interactivas, se extienden en el tiempo, practican respuestas ante situaciones concretas y forman parte de intervenciones más amplias. Los programas de espectadores activos, por ejemplo, enseñan a terceros a interrumpir una situación, pedir ayuda o acompañar a la víctima. También existen evaluaciones favorables de programas dirigidos a adolescentes y de iniciativas comunitarias prolongadas. Lo decisivo es que no consisten en una charla aislada ni miden su éxito por la cantidad de certificados entregados.

Una revisión internacional de 52 evaluaciones sobre violencia en el noviazgo halló efectos preventivos en al menos un indicador en la mitad de los casos, pero solo cinco programas mostraron resultados durante un año o más. Otra revisión global, realizada con participación de la Organización Mundial de la Salud y publicada en 2025, examinó 178 estudios de síntesis. Su conclusión fue que la violencia puede prevenirse, pero mediante estrategias que combinan formación, habilidades para la vida, fortalecimiento de las mujeres, intervención comunitaria, servicios accesibles y transformación del entorno. Los tratamientos uniformes impuestos a agresores, en cambio, siguen ofreciendo resultados inconsistentes.

Uruguay posee desde 2017 una legislación que ordena la capacitación permanente del personal educativo y policial en violencia basada en género. Pero la Ley N.º 19.580 no reduce la respuesta estatal a esa formación: también exige protocolos de detección temprana, mecanismos de denuncia, intervención y derivación oportuna, investigación, sanción, registros actualizados y evaluación de las políticas. La capacitación fue concebida como una pieza de un sistema integral, no como sustituto del sistema.

Por eso, ante el reclamo surgido en la Universidad de la República, corresponde definir qué formación se propone, a quiénes estaría dirigida y qué resultado se espera. Si el objetivo es reconocer señales de acoso, conocer dónde denunciar o aprender cómo acompañar a una compañera, el curso puede ser útil. Si se supone que una unidad curricular obligatoria convertirá a un eventual agresor o impedirá por sí misma un ataque, se le estará atribuyendo una capacidad que la evidencia no respalda. Y en el caso de Medicina subsisten preguntas más incómodas: si hubo advertencias en secundaria, ¿fueron registradas?, ¿qué actuaciones se dispusieron?, ¿existió seguimiento?, ¿cómo pueden comunicarse señales de riesgo con las debidas garantías?

Responder esas preguntas obliga a revisar procedimientos, distribuir responsabilidades y asignar recursos. Organizar un curso es más sencillo y visible. De allí el riesgo de que la capacitación funcione como coartada institucional: prueba que se hizo algo, aunque no que ese algo evitará la próxima agresión. La Comisión de Género del Sindicato Médico del Uruguay resumió el problema con precisión: “detectar sin actuar no es prevenir”. Una política seria debe medir intervenciones oportunas, protección efectiva y confianza de las víctimas, no solamente asistentes y respuestas correctas al terminar una clase.

Los cursos de género no son inútiles, pero tampoco son una vacuna contra la violencia. Pueden abrir los ojos de quien no sabía ver, ofrecer herramientas a quien está dispuesto a actuar y fijar los límites que una institución debe defender. No convertirán a todos los asistentes ni detendrán por sí solos a un agresor decidido. Para proteger a las mujeres hacen falta conocimientos, pero también autoridad, recursos, canales confiables, seguimiento y consecuencias. Los certificados prueban que alguien estuvo presente; la prevención comienza cuando las instituciones demuestran qué hicieron con lo que ya sabían.

Por Julio María Sanguinetti

La fotografía política y social del Uruguay de hoy resulta extraña. Sus contornos esenciales lucen como siempre: democracia, separación de poderes, libertad de conciencia, rotación normal de los partidos políticos en el gobierno, paz. También se preservan los ribetes de los últimos años: calma económica, baja inflación, crecimiento bajo, crédito internacional, desocupación en valores tradicionales, déficit fiscal permanente pero aún administrable.

Cuando el zoom hace una aproximación y se va más a los detalles, la mirada es preocupante. Mucho más preocupante. La violencia social es un fenómeno hoy inocultable. La delincuencia notoriamente ha crecido. El fenómeno de la droga envenena progresivamente la sociedad uruguaya, con una pasividad alarmante de la autoridad pública. Es evidente que no hay joven que crea que la marihuana es dañina, como se ha probado en el terreno científico de modo incuestionable. No se trata hoy de ir a un prohibicionismo que probablemente agravaría la situación, pero sí a una acción informativa y pedagógica en serio. En serio quiere decir involucrar ante todo al sistema educativo, convencer a sus actores para que se comprometan. Ni hablar del cuerpo médico. Seamos honestos: cualquier entrevista médica arranca preguntando si el paciente fuma, pero casi nunca si ello es con marihuana u otro estupefaciente.

Naturalmente, la marihuana está en la periferia de la cuestión, pero por allí empezó el contagio y por allí empezará a caer si se logra hacer lo debido.

El tema nos lleva a otros ámbitos. Uno fundamental es el de la educación. Los liceos hoy son una fuente de violencia y tráfico menor que los docentes reconocen. No todos los establecimientos son iguales, pero hay zonas donde los incidentes entre los estudiantes son casi a diario. Y se terminan involucrando padres que por cierto tampoco responden a conductas ejemplares. Lo hemos escuchado de profesores, incluso lesionados por intentar apartar a los que se pelean.

La policía actúa en esos casos. Se labra algún acta, pero no pasa nada, salvo que se afecte a algún dirigente gremial y entonces viene la respuesta clásica: el paro. El mágico paro. El repetitivo, inservible y desalentador paro. Luego, nada, porque las autoridades no asumen el rol de autoridad que les es obligatorio. Hay un terror pánico, paralizante, a ser acusado de autoritario o fascista.

Estos días nos sacudimos por la agresión a puñaladas de una joven estudiante por un compañero. Es un caso aleccionador, pero que no está aislado. Es parte de un clima.

Pasemos a otro ámbito, ya clásico: el del fútbol. Este domingo pasado ocurrió con Peñarol, antes con Nacional. En lo personal nos duele particularmente lo de Peñarol, por obvios motivos. En los últimos tiempos el club ha pagado millones de dólares por las estupideces nacionales e internacionales de una famosa “barra”, que desprestigia y desalienta al aficionado real. Vemos los estadios llenos y sin problemas en Europa. Con el público al lado de la cancha. Hubo una época de agresiones e inseguridad. Se superó. Aquí seguimos sin asumir el tema. Se toman medidas notoriamente insuficientes. Se les concede a “las barras” una legitimidad representativa que no se merecen.

Digamos también con voz clara que la deserción policial fue en su momento una declaración de impotencia inaceptable e insostenible. Si no podemos mantener la seguridad de una cancha de fútbol, ¿es lógico imaginar éxito en el enfrentamiento al crimen organizado? Cada día resulta más ridícula la teoría de que un partido de fútbol es apenas una reunión privada y que ese espectáculo abierto y multitudinario no compromete el orden público. La prueba está en que es imprescindible actuar en los alrededores de los estadios.

Se le endilga a los clubes una responsabilidad que les desborda. Contratar seguridad privada cuesta una fortuna, sin ofrecer respuesta, porque sus funcionarios son avasallados y carecen de autoridad. Multar y multar a los clubes tampoco ha llevado a nada. Si un imbécil tira una bengala, ¿es responsable el club? No ignoramos que muchos dirigentes se callan por temor y que algunos otros no actúan por intereses electorales. Si vieran a la autoridad pública con real compromiso, naturalmente actuarían con una libertad que hoy está limitada en los hechos.

No se trata de salir a buscar culpables. De un modo u otro, todos podemos haber tenido alguna responsabilidad, aunque haya quienes tienen la mayor por haber retirado a la fuerza pública. El hecho es que en estos días todo luce peor, porque está la droga y un clima generalizado de violencia que se percibe a ojos vistas. Hasta en la intolerancia en el tránsito y en actitudes sindicales extremistas.

Es imprescindible una reacción colectiva de la sociedad que tiene que liderar el Estado. De lo contrario, la fotografía empezará a mostrar fragilidades, quiebres, rupturas, en lo que han sido nuestras fortalezas.

La agenda colorada vuelve a moverse en varios frentes: Andrés Ojeda presentó la Ley del Herido para reforzar la protección de los policías lesionados en acto de servicio; Ope Pasquet rescata la figura de Manuel Herrera y Obes y recuerda la victoria colorada en la Guerra Grande; el Senado aprobó la Ley de Justicia Terapéutica impulsada por Rodrigo Martínez; nuestros lectores colocaron a la seguridad al frente de las prioridades para el futuro del país; y esta semana la encuesta pone el foco en el dólar por noche que Montevideo cobra a los turistas extranjeros alojados en la ciudad. Política, historia, seguridad, justicia, opinión ciudadana y mucho más.


LA SEMANA
 

El jueves 10 de septiembre, a las 19 horas, el ex Presidente Julio María Sanguinetti y el Lic. en Comunicación y escritor Pablo Cohen presentarán los libros: “90 años de imágenes, vida y memoria” editado por Penguin Random House y “Habla Julio” de editorial Planeta. La cita será en el Espacio Cultural San José (calle 18 de julio 1803), con entrada libre.
 

Una nueva charla virtual para repasar un episodio clave de la historia política nacional.

El grupo Reivindicación Rivera y Los Republicanos continúa su ciclo de charlas virtuales con la exposición “Manuel Herrera y Obes: victoria colorada en la Guerra Grande”, a cargo del doctor Ope Pasquet y moderada por el diputado Juan Martín Jorge. La actividad tendrá lugar hoy viernes 4 de setiembre, a las 19:30 horas, a través de Zoom. La participación es gratuita y abierta a todas las personas interesadas: solo hay que ingresar al enlace el día y a la hora indicados.

Enlace a conferencia vía Zoom

https://us06web.zoom.us/j/87364697588?pwd=p5rQbgYV1G9KJCSuIJ78A961lpO3l3.1

En esta segunda parte de la entrevista de nuestro editor, Santiago Torres, a Henrique Cymerman, éste analiza el impacto del 7 de octubre sobre la sociedad israelí, la conducción política y militar de Netanyahu, la guerra en Gaza, las acusaciones de genocidio y antisemitismo, y expone su visión sobre las condiciones necesarias para volver a encaminar una paz posible entre israelíes y palestinos.

La primera parte de esta entrevista recorrió la trayectoria personal de Henrique Cymerman, la transformación de Israel en el último medio siglo, las oportunidades perdidas del proceso de paz y su conocimiento directo de dirigentes palestinos y de Hamás. A partir de aquí, la conversación cambia de registro: deja atrás buena parte de la mirada histórica y se concentra en las consecuencias políticas, sociales y morales de la etapa abierta por el 7 de octubre de 2023.

CORREO: Después de octubre de 2023, ¿cambió algo en cómo conciben los israelíes su relación con los palestinos?

Henrique Cymerman: Yo creo que se redujo el número de israelíes que creen en una solución política. Se escucha eso cada vez más, incluso por parte de gente que siempre apoyó el proceso de paz. Debo decirte que también hay gente que ha ido en la otra dirección. Yo lo veo en alguno de mis hijos, por ejemplo, que hoy son más pacifistas de lo que eran antes del 7 de octubre. Ocurrió también lo contrario. Hay un movimiento cuyas representantes estuvieron aquí recientemente y se encontraron con el presidente Orsi: “Mujeres a favor de la paz”, una organización israelí-palestina de mujeres que intentan convencer a sus gobiernos de pactar y que son candidatas al Premio Nobel de la Paz.

Son mujeres extraordinarias y están haciendo un trabajo fantástico. Creo que lograron crear allí un auténtico lobby de mujeres en los dos lados, más en el israelí, pero también en el palestino.

CORREO: Y en el lado palestino para esas mujeres no debe ser nada fácil.

Henrique Cymerman: Están amenazadas. A veces por sus maridos, por sus vecinos, por gente de su entorno social. Es muy duro para ellas, pero hay mujeres muy valientes que dicen que no hay otra alternativa.

CORREO: ¿Y qué pasó con la izquierda israelí, habitualmente considerada “paloma”(en cotraposición a los “halcones), después del 7 de octubre?

Henrique Cymerman: Ha ido más a la derecha, se ha debilitado, pero hay que esperar las elecciones. Por otra parte, creo que las encuestas son muy coherentes y dan una mayoría al sector que yo no llamaría de izquierda, pero sí liberal, o si quieres “anti-Bibi”, que va desde el centroderecha hasta el centroizquierda. Veo que hoy, según las encuestas, Gadi Eisenkot es el candidato que tiene más apoyo en este momento. Es un hombre de centro; creo que proviene del laborismo, pero hoy no se presenta como laborista. Es el sector que tiene más posibilidades de formar gobierno. Aunque, como te digo, dos meses es mucho tiempo y todo puede ocurrir.

CORREO: Volviendo justamente a la política israelí, mucha gente se ha preguntado si la conducción de la guerra por parte de Netanyahu obedeció exclusivamente a los intereses estratégicos del Estado de Israel o si ahí no había también intereses políticos propios, personales, de Netanyahu. La oposición lo acusó más de una vez de tomar determinadas medidas por intereses políticos personales.

Henrique Cymerman: Yo debo decirte que, si eso ocurrió —y puede que haya ocurrido, porque, como decía Henry Kissinger, un país como Israel no tiene política exterior, tiene solo política interior—, creo que ocurrió en pasos tácticos dados por Netanyahu. En lo que concierne a la estrategia, y me refiero por ejemplo a la política en relación con Hamás en Gaza, al intento de liberar a los rehenes que Hamás se llevó a Gaza y lograr un alto el fuego, o a todo lo que concierne a la guerra con Irán, creo que hubo mayoritariamente consenso en la sociedad israelí en que no había otra alternativa que tomar esas decisiones.

Sin embargo, es verdad que Netanyahu despierta un antagonismo en un sector israelí que a veces hasta me parece exagerado, porque no puede ser que un país como Israel, que tiene logros de dimensión bíblica —lo dice alguien que no es religioso— pero también desafíos de dimensión bíblica, sea visto todo en función del prisma “Bibi/anti-Bibi”. Es una figura muy polarizante, lo sé. Pero Israel va más allá de Netanyahu; Israel estará después de Netanyahu. Por lo tanto, hay que pensar en el futuro y en el presente, no solamente en función de Netanyahu sino de la nueva generación. Israel tiene una población muy joven, mucho más joven que la de Europa o la de América Latina, y eso es muy importante: hay que darle una esperanza de futuro.

CORREO: Tú mencionaste en algún momento, rechazando la calificación de “genocidio” para la forma en que Israel llevó la guerra en la Franja de Gaza, que sí podrían haberse cometido crímenes de guerra.

Henrique Cymerman: Yo no creo que haya habido una guerra en la historia de la humanidad en la que no se hayan cometido crímenes de guerra. Sin embargo, debo decirte algo de la forma más directa y recta de la que soy capaz.

Decir que lo que ocurrió en Gaza es un genocidio es resultado de una de dos cosas: o de una enorme ignorancia o de unos estereotipos muy profundos. Hay algo morboso en acusar al pueblo que sufrió el mayor genocidio de la historia de la humanidad de “genocidio”. Y creo que a más de uno le dan muchas ganas de sacarse la bilis desde dentro. Debo decirte a qué me refiero porque, repito, voy a ceñirme a los hechos.

¿Qué es un genocidio? Un genocidio es, según Naciones Unidas, la intención. Lo fundamental es la intención: la intención de liquidar a un pueblo, a un grupo étnico o religioso, de exterminarlo, de eliminarlo en su generalidad.

CORREO: Como los islamistas con los cristianos en Nigeria, que quieren erradicarlos.

Henrique Cymerman: O Darfur, en Sudán. O Bosnia. O el Congo. No faltan intentos de genocidio. Sin embargo, cuando se dice que los israelíes cometen un genocidio y no se señala que la mitad de los muertos que hay en Gaza son terroristas de Hamás, ni que Israel tiene un poderío militar importante, que fue suficiente para controlar el espacio aéreo de Irán, un país 75 veces más grande, durante 40 días consecutivos, entonces hay un problema. Ese mismo ejército, si quisiera cometer un genocidio —supongamos que los israelíes quisieran hacerlo—, ¿cuánto tardaría en Gaza? ¿Un día? ¿Medio día? ¿Ocho horas? Con su fuerza aérea, con todos los misiles y armas que tiene.

¿Tú crees que Israel, si quisiera cometer un genocidio, habría matado decenas de miles de personas? Israel podría haber eliminado un millón de personas en horas, en días. En ningún momento hubo intención, ni mucho menos, de llevar a cabo un genocidio. Ahora, yo no tengo la más mínima duda —no porque lo haya visto con mis ojos, sino porque no existe una guerra sin crímenes de guerra— de que algún individuo, algún soldado o algún oficial puede haber cometido crímenes de guerra. Yo sé que las unidades militares israelíes llevan con ellas a abogados de la fiscalía militar. Estuve en Gaza dos veces.

Una de las veces, de repente empezó a llover algo; era verano, hacía calor y no entendía qué era. Vi cientos de miles de papeles que caían: comunicados que decían: “Atacamos a tal hora, en tal barrio, en tal lugar; evacuen este lugar”. Palestinos me cuentan también que reciben SMS y llamadas telefónicas: “Este edificio va a ser atacado dentro de dos horas, porque hay dentro almacenes y arsenales de Hamás; váyanse de allí si no quieren ser afectados”. Y les dicen la hora en que va a ocurrir.

Otra cosa: junto con un periodista estadounidense estuve en un jardín de infantes en el norte de Gaza. Era impresionante porque estaba todo destruido y había un jardín de infantes intacto. Entré; los muebles eran nuevos aún, o sea que no había sido muy utilizado antes de la guerra. Los soldados que nos acompañaban eran chicos de 18 o 19 años. Yo fui más rápido, vi una escalera, bajé y llegué a un balcón donde encontré 12 misiles preparados para disparar.

La familia Cunio, ¿escuchaste hablar de la familia Cunio? Es una familia argentino-israelí. Ocho miembros de esta familia fueron secuestrados y llevados a Gaza, entre ellos dos bebés de dos años, dos gemelas. Todos fueron encadenados en un hospital en el que estaba Sinwar, el líder de Hamás, y toda la plana mayor de Hamás, por debajo del hospital.

Ellos estaban en jaulas, encadenados, en las que no se podían mover, y allí estuvieron 40 días. La abuela de estos chicos es Esther Noemí Cunio —que estudió con el papa Francisco en Buenos Aires— y fue secuestrada durante diez horas. Lo que logró liberarla fue decir que era argentina y que Messi es argentino; había un adepto de Messi y él la liberó antes de que su compañero la ejecutara. Le apuntó con la Kaláshnikov; hay una foto mítica de ese momento en el que le ponen la Kaláshnikov encima y obligan a la señora, de 89 años, pequeñita, extraordinaria, a hacer la V de la victoria.

Todo esto para decirte que es muy fácil hablar a 10.000 kilómetros de distancia y decir “genocidio”. Cuando repites muchas veces una mentira no la conviertes en verdad. Que haya gente aquí que incluya la palabra “genocidio” cada dos frases cuando habla de Gaza no lo convierte en un genocidio.

Tragedia, sí: es una enorme tragedia. Pero el culpable de esta tragedia es quien la provocó, no quien se defendió y respondió para liberar 251 rehenes. Y aquí quien lo hizo fue Hamás, que mantiene aún, de cierta forma, a dos millones de personas como rehenes. Hamás se coloca, como política, en el corazón de la población civil. Yo espero que la próxima generación de israelíes y palestinos no tenga que volver a vivir esta tragedia.

Pero hablar de “genocidio” empieza a ser una caricatura de la realidad.

CORREO: ¿Cómo distinguir entre una crítica legítima, aunque sea muy dura, a las políticas del Estado de Israel y el antisemitismo? Y, a la inversa, ¿no existe también el riesgo de que la acusación de antisemitismo sea una carta muy fácil de jugar para descalificar toda crítica hacia Israel?

Henrique Cymerman: Absolutamente. Sin embargo, hay mucho antisemitismo. Hoy di una conferencia y dije que uno de mis grandes errores en 30 años de carrera ha sido pensar que el antisemitismo estaba mucho más superado de lo que está. Me he dado cuenta de que, en el momento en que algunos —muchos— en Occidente tuvieron el pretexto y dejó de ser políticamente incorrecto, aquello que estaba metido salió de una forma... Yo pensaba que estaba mucho más superado de lo que estaba realmente. Ahora te voy a dar la mejor respuesta que tengo a tu pregunta. Es lo que me dijo 30 veces el papa Francisco. Él me decía: criticar la política de un gobierno, refiriéndose al gobierno de Netanyahu, es legítimo en una democracia.

Israel es una democracia y los propios israelíes lo hacen. Por lo tanto, criticar a un gobierno es aceptable. Lo que no es aceptable —decía él— y es antisemitismo, es decir que Israel no tiene derecho a existir.

CORREO: Ahí está la línea roja.

Henrique Cymerman: En mi opinión, esa es totalmente la línea. Además, él añadía otra cosa. Voy a publicar un libro que saldrá en diciembre en España y Portugal, y espero que el año que viene aquí, que se llama “Querido hermano”. Es como él me llamaba en los correos que me escribía. Siempre empezaba con “Querido hermano”. Recibí ciento y pico de correos personales de él. Voy a publicar algunos, no todos. Y él me decía: “No nos olvidemos de una cosa: el antisemitismo, cuando existe, es un pecado”. Eso lo decía Francisco como un añadido. De hecho, en mi libro voy a publicar un correo electrónico que dirige al rabino argentino Abraham Skorka, su gran amigo, y a mí, en el que dice exactamente esto.

Y lo otro que mencionabas, utilizar el mote de antisemita para descalificar una opinión, es algo a lo que me opongo absolutamente. Porque lo que hace es descafeinar, si quieres, debilitar el argumento del antisemitismo cuando es real. Infelizmente lo vemos como algo real en demasiados lugares.

CORREO: Es la misma frivolización que utilizar la palabra “genocidio” para aquello que no lo es.

Henrique Cymerman: Es un error garrafal y a lo mejor hay algunos que pecan de él. Mi pedido, incluso a otros judíos que lo hacen, es: señores, piensen tres veces antes de acusar de antisemitismo, porque la palabra que tú, Santiago, utilizaste es la correcta: es frivolizar algo muy grave y contra lo que tenemos que luchar con todos los medios a nuestra disposición. Te diré algo más: no solamente por los judíos, sino por la propia sociedad de cada uno de estos países, en este caso la sociedad uruguaya. El antisemitismo no es solamente un problema de los judíos; es un problema de los países en los que ocurre y esos países tienen la obligación de luchar contra él por todos los medios.

En general, si hay algo que estoy haciendo, y la doctora Nirit Ofir está a la cabeza de todo esto, es la lucha por la educación, por la paz. Estamos ayudando a reconstruir el sistema educativo en Gaza. Nirit, con un equipo de pedagogos árabes, sirios y de otros lugares, está escribiendo libros de estudio que reemplacen los libros terribles que Hamás tenía, en los que se incita al suicidio, al terrorismo y a matar judíos, algo verdaderamente inaceptable en el mundo en el que vivimos. Están intentando, con el apoyo del Consejo de la Paz de Estados Unidos, reconstruir toda la educación. No va a ser fácil; es una misión titánica, complicada, pero alguien tiene que empezar y cuanto antes mejor.

CORREO: ¿Qué tendría que ocurrir para que vuelva a ser imaginable la paz en Oriente Medio?

Henrique Cymerman: Acabar con esta guerra. Que Hamás entregue sus armas, como se comprometió a hacer. Que Hezbolá entregue sus armas, como se comprometió a hacer. Que Israel tenga un gobierno sin [Itamar] Ben-Gvir y [Bezalel] Smotrich; que esté basado en una coalición liberal o de unidad nacional, incluso con la derecha más moderada. Y que la administración norteamericana y los países árabes del Golfo se involucren en todo esto. Yo no creo que el tema palestino se pueda resolver sin ellos.

CORREO: Sin los países árabes del Golfo…

Henrique Cymerman: Sí. Ellos tienen que ser los mentores de lo que dentro de 10 o 20 años se convertirá en un Estado palestino. Hay que empezar a construir en serio desde la base, empezando por la educación, y construir instituciones. Y te voy a decir una cosa. Yo provengo de la izquierda. Fui candidato laborista a ministro de Exteriores en Israel en una época determinada. Luego decidí que mi camino era otro. Pero invito a la izquierda verdaderamente progresista, la que verdaderamente quiere la paz y no utiliza a Israel como una especie de Viagra para su impotencia, a ayudar a acercar posiciones entre árabes —entre ellos los palestinos— e israelíes.


Foto: En la ciudad de Doha, Qatar.

Y eso no se hace con declaraciones de genocidio, no se hace con flotillas que no tienen ningún significado más allá de la propaganda, no se hace con manifestaciones con kefia de moda, con el pañuelo palestino de moda. Se hace trabajando duro por crear escuelas, universidades e instituciones, la base de un Estado futuro. Y eso hay que hacerlo ayudando a la negociación. En un país como Uruguay hay una comunidad judía extraordinaria y una comunidad árabe importante y fuera de serie. Hay aquí una convivencia que yo veo en países como Uruguay, Argentina o Brasil que es muy inusual. Utilicen esos modelos, utilicen a esos descendientes o a esas personas que tienen un vínculo con aquella tierra.

Piensen de forma creativa en aproximar posiciones. Dejen de condenar a un lado, sea cual sea, y de ponerse en una posición de juez que no lleva a nada más que a perpetuar el conflicto.

CORREO: Te voy a llevar ahora a una pregunta tal vez un poco complicada. Parte del proceso que podría llevar —ojalá ocurriera— a la solución de los dos Estados es qué ocurre con los colonos de los asentamientos, que han sido un factor distorsionante; por lo menos, eso es lo que uno percibe.

Henrique Cymerman: Otro tema de gran, gran, gran ignorancia. Es increíble. Fíjate en los hechos. Hay hoy cuatrocientos y pico mil colonos en Cisjordania. Israel evacuó todos los asentamientos de Gaza en 2005. Quedan en Cisjordania cuatrocientos y pico mil colonos y las bases militares. Un 98% o 99% de ellos son gente pacífica. Yo voy allí continuamente y lo veo. En este momento se calcula que hay entre 800 y 1.000 jóvenes que ya nacieron allí, llamados “los jóvenes de las colinas”, que son en porcentaje absolutamente nada, pero son los troublemakers, la causa de muchos de los enfrentamientos que estamos viendo. Este gobierno israelí actual comete el gravísimo error de no ser suficientemente firme ante crímenes que esos jóvenes han cometido.

Es verdad que fueron atacados por palestinos, es verdad que hubo atentados terroristas contra ellos, pero nada justifica que se tomen la ley en sus manos. Están manchando el nombre y la reputación del resto de los colonos, que son gente pacífica. Yo creo que una de las primeras misiones del próximo gobierno tendrá que ser ocuparse de esos tipos.

La segunda cosa que la gente no sabe es que, en todas las negociaciones que hubo entre israelíes y palestinos hasta hoy, el problema de los colonos nunca fue un obstáculo para lograr la paz. ¿Sabes por qué? Porque la gente se imagina que los asentamientos ocupan la mitad de Cisjordania, 40%, 30%. Estamos hablando de un porcentaje de entre 3% y 4%. Esos son todos los asentamientos actuales y las bases militares.

Te invito a leer lo que escribe un coronel que apoya la creación de un Estado palestino, Shaul Ariely, que sigue por satélite toda la construcción en Cisjordania. Lo veo con frecuencia y él me dice: “Henrique, explícalo, porque eso no será el obstáculo para crear un acuerdo de paz”. ¿Por qué? Porque él participó en todas las negociaciones con los palestinos y ya estaba pactado que, a cambio del porcentaje donde viven los colonos, se entregan territorios israelíes. Se llama swap of territories, intercambio de territorios.

Esto fue pactado con Arafat y con Mahmud Abás. Ninguno de ellos se opuso. En este tema hay un acuerdo.

CORREO: O sea, no es un obstáculo.

Henrique Cymerman: No. Es un tema que habrá que negociar al detalle porque, como hubo más construcción y más asentamientos desde la última vez que hubo negociación, probablemente haya que hacer una adaptación. O sea, habrá que dar más territorio a cambio de esto. Sin embargo, no es el gran obstáculo como algunos intentan presentarlo. Es un tema que será negociado cuando llegue el momento. Y espero que llegue lo más rápidamente posible.

CORREO: Y, para cerrar, Henrique: vos has sido un protagonista muy activo de la política de Oriente Medio. ¿Dónde termina el periodista y comienza el protagonista? No debe ser fácil establecer esos límites.

Henrique Cymerman: Para mí fue muy fácil. Tengo muy claro, uno, que se sepa lo que hago, la base de lo que hago. Y dos, hay un término en hebreo que viene de miles de años: Pikúaj Néfesh, que quiere decir “salvar una vida”. Salvar una vida viene antes que todo lo demás. La ética periodística, mi éxito como periodista, que alguno me critique porque crucé una línea... Como decimos en España, me importa un rábano. Si yo puedo salvar una sola vida, haré todo lo necesario para hacerlo. Ese es un principio que me acompaña desde mucho antes de ser periodista y con mucha más fuerza desde que gané el oído de muchos líderes y de mucha gente en Oriente Medio.


Foto: Cubriendo en la Liga Mundial Musulmana en Riad, Arabia Saudita.

Creo que hasta hay algunos que me respetan por ello. El periodismo es muy importante porque puede ser un vehículo de paz también. Puede romper los estereotipos de aquellos que quieren destruir y no construir. Yo quiero construir. Lo más importante para mí son las próximas generaciones. Tengo un hermano palestino, se llama Ziad Darwish, y nosotros hablamos de esto. Él piensa igual que yo. Estamos los dos entre los dos mundos, el del periodismo y el de la acción diplomática de alguna forma no oficial; en inglés se llama track two. Y los dos decimos: si podemos acercar, si podemos educar para la paz...

Yo estuve involucrado en los Acuerdos de Abraham y creo profundamente en ellos. Quiero que mis hermanos palestinos se unan a los Acuerdos de Abraham. Quiero que otros países, entre ellos Arabia Saudita, normalicen las relaciones con Israel. Lo mismo países musulmanes como Indonesia. Yo no soy naíf, no soy inocente. Sé que las fuerzas contra la paz van a continuar actuando: la Hermandad Musulmana, Daesh, Al Qaeda, los grupos salafistas, yihadistas. Todos ellos, mientras tú y yo charlamos, están intentando ver cómo pueden boicotear cualquier posibilidad de paz. Pero creo que hay que llegar a una coalición entre las fuerzas que quieren un futuro distinto en el mundo israelí y en el mundo árabe.

Tenemos que unir esfuerzos e intentar aislar a los radicales de todos los bandos.

CORREO: Henrique, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, ha sido interesantísimo. Un placer enorme.

La reducción de la semana laboral puede ser una aspiración legítima, pero no puede discutirse como si fuera gratuita. Menos horas con el mismo salario supone un aumento del costo laboral por hora que alguien termina pagando. Si Uruguay quiere avanzar en esa dirección, deberá hacerlo junto con una agenda de productividad, flexibilidad y una reforma profunda de sus relaciones laborales.

La reducción de la jornada laboral ya está instalada en la agenda uruguaya. El convenio alcanzado en la industria de la construcción, que establece un proceso hacia las 40 horas semanales sin reducción salarial, probablemente sea apenas el comienzo de una discusión que irá extendiéndose hacia otros sectores.

El economista Ignacio Umpiérrez lo planteó con claridad en un artículo publicado en el suplemento Economía&Mercados de El País: el verdadero problema no es trabajar menos horas. El problema es trabajar menos horas cobrando lo mismo sin preguntarse previamente cómo se financiará esa diferencia.

Porque no hay magia.

Si una persona trabaja menos tiempo por el mismo salario, su remuneración por hora aumenta. Para que eso no se traduzca en un incremento del costo por cada unidad producida, deberá producir más durante cada hora trabajada.

Es decir: deberá aumentar la productividad.

Y la productividad, como bien señala Umpiérrez, no puede establecerse por decreto ni surgir automáticamente de una negociación colectiva.

Alguien paga

Este aspecto suele quedar sorprendentemente ausente de algunas discusiones públicas.

Cuando aumenta el costo laboral sin un aumento equivalente de la productividad, la diferencia no se evapora. La paga alguien.

Puede pagarla la empresa reduciendo sus márgenes. Puede pagarla el consumidor mediante mayores precios. Puede aparecer bajo la forma de menor inversión. Puede traducirse en menos contrataciones o directamente en pérdida de puestos de trabajo.

Y también puede terminar pagándola el contribuyente si el Estado intenta compensar el aumento de costos mediante subsidios, exoneraciones o tratamientos especiales.

Umpiérrez resume correctamente el problema: “el costo cambia de bolsillo, pero no desaparece”.

Uruguay debería tener especial cuidado frente a esta realidad porque enfrenta desde hace años serios problemas de competitividad. Agregar costos permanentes sin aumentar simultáneamente la capacidad de producir más y mejor puede ser una combinación particularmente inconveniente.

Productividad antes que voluntarismo

La reducción histórica de la jornada laboral fue posible precisamente porque aumentó la productividad.

Las sociedades pasaron de jornadas interminables a ocho horas diarias, vacaciones pagas y mejores condiciones laborales porque el desarrollo tecnológico, la inversión, el capital y una mejor organización permitieron producir mucho más en menos tiempo.

Ese es el camino lógico.

La discusión actual corre el riesgo de invertirlo: reducir primero las horas y esperar que después aparezca la productividad necesaria para financiar la decisión.

Puede ocurrir. Pero no hay ninguna garantía.

Una empresa puede reorganizar turnos, digitalizar procesos, automatizar tareas, reducir tiempos muertos o capacitar mejor a sus trabajadores y conseguir producir lo mismo en menos horas.

Pero eso exige precisamente aquello que pocas veces acompaña al debate: flexibilidad para organizar el trabajo.

No puede pretenderse simultáneamente reducir el tiempo trabajado, mantener intacta la remuneración y conservar estructuras laborales rígidas que dificultan reorganizar horarios, funciones y procesos.

Si se exige más eficiencia a las empresas, habrá que permitirles también gestionar con mayor eficiencia.

Una negociación colectiva que reconozca la realidad

Hay otro problema que Umpiérrez señala y que Uruguay debería tomarse seriamente: la negociación colectiva suele tratar como iguales a empresas que son profundamente diferentes.

Dentro de un mismo sector conviven grandes compañías y pequeñas empresas familiares; firmas altamente tecnificadas y otras intensivas en mano de obra; empresas de Montevideo y del interior; actividades exportadoras y negocios dependientes exclusivamente del mercado interno.

Sus niveles de productividad y su capacidad para absorber costos pueden ser radicalmente distintos.

Sin embargo, las decisiones adoptadas por rama tienden a establecer condiciones uniformes.

Lo que para una empresa grande puede ser perfectamente manejable puede resultar extremadamente gravoso para una pequeña.

Y cuando una empresa no puede absorber un aumento de costos, la realidad termina imponiéndose aunque el convenio no lo contemple: se invierte menos, se contrata menos, se informaliza, se terceriza o se cierra.

La protección laboral no puede construirse ignorando la economía real.

También hay que discutir las relaciones laborales

Si Uruguay pretende abrir seriamente la discusión sobre las 40 horas, debería aprovechar la oportunidad para discutir algo bastante más incómodo: su modelo de relaciones laborales.

No alcanza con hablar de horas.

Hay que discutir también productividad, presentismo, ausentismo, licencias, categorías, polifuncionalidad, organización de turnos, mecanismos de contratación y desvinculación, ultraactividad de convenios, representatividad sindical y sistemas de remuneración vinculados al desempeño.

Y habrá que discutir, naturalmente, el papel de los sindicatos.

Los sindicatos cumplen una función legítima y necesaria en cualquier democracia. Representan trabajadores, negocian condiciones laborales y equilibran relaciones de poder que de otro modo podrían ser profundamente asimétricas.

Pero esa legitimidad no debería transformarlos en actores inmunes a cualquier discusión sobre productividad, responsabilidad o costos.

Una política laboral moderna exige derechos, pero también obligaciones.

Si una empresa debe comprometerse a mejorar salarios y reducir jornadas cuando sus condiciones lo permiten, los trabajadores y sus organizaciones deberían asumir también compromisos vinculados con productividad, capacitación, cumplimiento de horarios, reducción del ausentismo injustificado y adaptación a nuevas formas de organización del trabajo.

La negociación colectiva no debería limitarse a distribuir beneficios. También debería discutir cómo generar los recursos que permiten financiarlos.

Derechos sin empresas no existen

Hay una verdad elemental que muchas veces se pierde en el debate laboral: no existen empleos sin empresas capaces de sostenerlos.

Puede escribirse en una ley cualquier cantidad de derechos. Pero si el costo de ejercerlos supera sistemáticamente la productividad que puede generar una actividad, el resultado final no será una sociedad más justa sino una economía con menos empresas formales, menos inversión y menos empleo.

La legislación laboral debería proteger al trabajador sin convertir la contratación de trabajadores en una decisión crecientemente riesgosa.

Ese equilibrio es particularmente importante en pequeñas y medianas empresas, donde cada nueva contratación representa una decisión económica significativa.

Si Uruguay quiere más empleo formal, deberá preguntarse también si su legislación facilita o desalienta contratar.

Una reforma laboral del siglo XXI

En este punto, la propuesta de Umpiérrez adquiere especial importancia.

No tiene demasiado sentido seguir introduciendo cambios parciales sobre un sistema laboral construido para otra época.

La forma de producir cambió. Cambió la tecnología. Cambiaron los mercados. Aparecieron el teletrabajo, las plataformas digitales, los horarios flexibles, nuevas profesiones y modalidades de prestación que hace algunas décadas ni siquiera existían.

Sin embargo, buena parte del marco normativo continúa respondiendo a una organización industrial mucho más rígida.

Una reforma laboral moderna debería preservar derechos esenciales y simultáneamente permitir mayor adaptación.

Debería reconocer las diferencias entre sectores y empresas, facilitar nuevas modalidades de trabajo, promover acuerdos vinculados a productividad y asegurar una negociación colectiva verdaderamente representativa.

También debería permitir que empresas y trabajadores puedan organizar el tiempo de trabajo con mayor libertad cuando ambas partes estén de acuerdo.

Porque reducir la jornada sin permitir reorganizarla sería una contradicción.

Una oportunidad, si se discute todo


Las 40 horas pueden convertirse en una buena noticia si el debate obliga a Uruguay a enfrentar problemas que lleva demasiado tiempo evitando.

El país necesita producir más por hora trabajada. Necesita invertir más. Necesita incorporar tecnología. Necesita mejorar la capacitación. Y necesita unas relaciones laborales más maduras, donde la negociación no consista únicamente en determinar cuánto paga una parte y cuánto recibe la otra.

La discusión debería ser cómo crear más valor y cómo repartirlo mejor.

Lo que sería un error es transformar la reducción de la jornada en una nueva puja distributiva donde simplemente se decida quién absorbe el costo.

Porque entonces volveremos al interrogante planteado por Umpiérrez: alguien pagará la diferencia.

La reducción de la jornada laboral puede ser perfectamente compatible con una economía moderna y competitiva.

Pero no por voluntarismo.

Trabajar menos sin producir menos requiere productividad. Y aumentar la productividad requiere inversión, tecnología, flexibilidad, capacitación y una reforma laboral capaz de acompañar las nuevas formas de producir.

El objetivo puede ser trabajar menos.

El requisito inevitable es producir más.

Los economistas consultados por Fabiana Culshaw para El País coinciden, con distintos matices, en un diagnóstico difícil de disimular: la economía uruguaya perdió dinamismo, el empleo dejó de crecer como lo hacía y la industria retrocede. Las previsiones privadas sitúan el crecimiento de 2026 en torno a 1%, claramente por debajo del 1,6% que todavía proyecta el Ministerio de Economía y Finanzas.

La economía uruguaya está enviando señales que deberían encender luces de advertencia. No se trata del pronóstico aislado de una consultora ni de una lectura particularmente pesimista de la coyuntura. Los economistas consultados por la periodista Fabiana Culshaw, en un informe publicado [https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/economistas-advierten-por-un-freno-en-la-economia-de-uruguay-los-indicadores-en-empleo-e-industria-que-lo-confirman] por El País, llegan por caminos distintos a un punto bastante parecido: el crecimiento se ha frenado hasta niveles mínimos y los principales indicadores adelantados no permiten atribuir el fenómeno exclusivamente a una circunstancia pasajera.

Aldo Lema, socio de Vixion Consultores, sostiene que el Producto Interno Bruto está, con algunos vaivenes, “previsiblemente” estancado desde fines de 2024. El crecimiento registrado en el primer trimestre de este año, advierte, obedeció a factores puntuales y quedó posteriormente revertido.

“Durante el segundo trimestre de este año se revirtió completamente el rebote del primer trimestre y, aun con recuperación en el segundo semestre, el crecimiento promedio de 2026 sería inferior a 1%”, señaló.

La cifra contrasta con el 1,6% que mantiene como previsión el Ministerio de Economía y Finanzas.

Pero el problema no termina en el PIB. Lema llama la atención sobre el debilitamiento del mercado laboral: el número de ocupados aumentó en junio apenas en 1.000 personas respecto de igual mes de 2025 y, según su estimación, “en agosto la cifra interanual ya sería negativa”.

Marcelo Sibille, gerente senior de Consultoría de KPMG, llega a una conclusión semejante al observar los indicadores adelantados de actividad. A partir del comportamiento registrado en abril y mayo, estima que el segundo trimestre mostrará una caída desestacionalizada de por lo menos 1% respecto del primero.

Para la segunda mitad del año espera cierta recuperación impulsada fundamentalmente por nuevas inversiones y, en menor medida, por el consumo. Pero tampoco allí aparece un escenario de crecimiento vigoroso. “Nuestra proyección de crecimiento promedio anual para 2026 es del orden del 1%”, resumió.

Ramón Pampin, gerente de Consultoría Económica de PwC, utiliza acaso la expresión que mejor sintetiza el cuadro. Su consultora comenzó el año proyectando una expansión de 1,5% y terminó reduciéndola a 1,1%.

“La tasa de crecimiento no está estancada pero es prácticamente vegetativa”, afirmó.

La sequía tuvo evidentemente responsabilidad en el deterioro, especialmente por su efecto sobre los cultivos de verano. Pero sería demasiado tranquilizador atribuirle todo el problema. Pampin es particularmente explícito al respecto: “Ahora nos está pegando fuerte la sequía desde fines de 2025 y principios de 2026, pero no solo en el agro, ya que el resto de la economía también está muy baja”.

Más todavía: según los cálculos de PwC, si se excluye el sector agropecuario, la economía permanecería “planchada” tanto en 2026 como en 2027.

Ese dato cambia sustancialmente la naturaleza del diagnóstico. Una cosa es explicar un trimestre débil por un fenómeno climático adverso. Otra muy distinta es comprobar que, aun quitando del análisis al sector directamente castigado por la sequía, el resto de la economía tampoco logra despegar.

Luciano Magnífico, gerente de Exante, introduce algunos matices importantes. Recuerda que los niveles absolutos de empleo siguen siendo elevados en perspectiva histórica y que el consumo privado ha mostrado resistencia. Pero tampoco su diagnóstico sobre la evolución reciente resulta tranquilizador.

“Los datos disponibles pautan que la actividad en el segundo trimestre tuvo un desempeño peor de lo que estimábamos”, señaló.

Los números industriales resultan especialmente significativos. La producción manufacturera acumuló una caída desestacionalizada de 1,5% entre abril y junio respecto del primer trimestre, mientras que el llamado núcleo industrial retrocedió 2%, con fuerte incidencia de la industria frigorífica.

En materia laboral, Magnífico señala que la población ocupada continúa en máximos históricos y que las tasas de actividad, empleo y desempleo permanecen en niveles comparativamente favorables. Pero introduce la advertencia fundamental: “los registros sugieren que la fase alcista del empleo está agotada”.

Es decir, todavía no existe un desplome del mercado de trabajo, pero sí se habría terminado el proceso que venía permitiendo incorporar nuevos trabajadores. Ese cambio resulta especialmente relevante porque empleo, salarios y consumo son precisamente algunos de los pilares que podrían sostener la demanda interna mientras otros sectores pierden dinamismo.

El problema va más allá de la sequía

Los cuatro análisis presentan diferencias, pero el cuadro conjunto es difícil de relativizar.

Lema proyecta menos de 1% de crecimiento para 2026. KPMG calcula aproximadamente 1%. PwC, 1,1%. Exante venía trabajando también con 1% y ahora reconoce incluso un posible sesgo a la baja.

Más que las décimas que separan una estimación de otra, importa la coincidencia general: Uruguay atraviesa un año de crecimiento extraordinariamente débil.

Y aparecen simultáneamente varios síntomas: caída de la actividad en el segundo trimestre, producción industrial a la baja, desaceleración del empleo y una economía no agropecuaria prácticamente inmóvil.

La sequía explica una parte. No explica todo.

Tampoco las perspectivas para 2027 permiten esperar, por ahora, un salto cualitativo. Lema prevé recuperación, aunque “con escaso dinamismo”. Pampin proyecta 1,7%. Exante, 1,5%. Sibille es el más optimista, con 2,3%, apoyado en el efecto rebote y en inversiones como la planta potabilizadora y nuevos contratos viales.

Las inversiones son, precisamente, la principal esperanza que aparece hacia adelante. También lo es el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida impulsado por el gobierno, que procura reducir burocracia y mejorar las condiciones para invertir. Pampin lo calificó de “buenísima”, aunque dejó una metáfora que también describe la magnitud del desafío: “va a empujar a un elefante, pero es lo que hay que hacer”.

La imagen es elocuente.

Uruguay no enfrenta hoy una crisis recesiva de dimensiones dramáticas ni un derrumbe del empleo. Ese no es el diagnóstico que surge del informe de El País. Y sería incorrecto presentarlo de esa manera.

Pero tampoco está ante una simple pausa irrelevante.

Cuando prácticamente todas las estimaciones privadas convergen alrededor de un crecimiento de apenas 1%; cuando la industria retrocede; cuando el ciclo de creación de empleo parece agotarse; cuando, excluido el agro, la actividad aparece prácticamente inmóvil, y cuando incluso las previsiones para el año siguiente dependen en buena medida de un rebote estadístico y de inversiones todavía por desplegarse, hay un problema económico que merece bastante más atención que la discusión sobre si técnicamente corresponde o no utilizar la palabra “estancamiento”.

Pampin eligió otra expresión.

Crecimiento “prácticamente vegetativo”.

Tal vez sea menos estridente. Pero no por eso resulta menos preocupante.

Juan Castillo volvió a discrepar públicamente con Alejandro Sánchez. Esta vez no fue por un conflicto sindical sino por los votos de Cabildo Abierto para aprobar la Rendición de Cuentas. El ministro comunista sugirió que detrás del acuerdo pudo haber embajadas, directorios y otras cosas que “no se ven”. Desde Presidencia respondieron que no hubo cargo alguno. Todo dentro de la más absoluta armonía, naturalmente.

En el gobierno de Yamandú Orsi parece estar naciendo una tradición: cada tanto el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el secretario de la Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, explican públicamente dos versiones bastante distintas de lo que hace el mismo gobierno.

La ventaja es que el ciudadano puede elegir.

El episodio más reciente comenzó el 25 de agosto en el comité de base Chucarro, en Pocitos, durante la celebración del Día del Comité de Base. Castillo, dirigente histórico del Partido Comunista, hablaba ante unos cincuenta militantes sobre las dificultades que había enfrentado el Frente Amplio para aprobar la Rendición de Cuentas en Diputados.

El oficialismo no tenía mayoría propia y necesitaba dos votos. Los encontró en los dos diputados de Cabildo Abierto.

Hasta allí, ninguna novedad escandalosa. En un Parlamento sin mayorías automáticas se negocia. Cabildo Abierto presentó una serie de planteos y el Poder Ejecutivo aceptó varios: modificaciones en las transferencias destinadas a niños y adolescentes, recursos para el sistema penitenciario, medidas sobre cooperativas de vivienda, una campaña sobre los efectos del consumo de marihuana y el retiro de disposiciones que reasignaban recursos de las Fuerzas Armadas, entre otros puntos. También quedaron compromisos para futuras instancias presupuestales.

Alejandro Sánchez había presentado aquello como un éxito del diálogo. Negociar, explicó, significa precisamente que cada parte deja algo por el camino. Incluso sostuvo que “pactar”, palabra que a veces parece adquirir en Uruguay resonancias de actividad clandestina, es sencillamente “la base de la democracia”.

Castillo, sin embargo, aportó una versión algo menos bucólica.

“Conseguir dos votos ahora te va costando embajadas, directorios y vaya a saber cuántas cosas que no se ven públicamente”, dijo. Y agregó que “algunos entienden la política de esta manera también”. La información fue publicada originalmente por Búsqueda.

No es exactamente la descripción de una negociación parlamentaria en la que dos partidos intercambian modificaciones a una ley.

Es, más bien, la descripción de otra cosa.

Porque una cosa es conceder veinte millones de pesos para infraestructura penitenciaria, aceptar una campaña contra el consumo de cannabis o retirar artículos que afectaban partidas militares. Todo eso puede gustar o no, pero está a la vista y forma parte del toma y daca normal de cualquier negociación legislativa.

Otra muy distinta es sugerir que los votos se consiguen repartiendo embajadas, directorios y quizás algunas otras mercancías que permanecen fuera del escaparate.

El problema adicional es que Castillo no es un senador opositor ni un comentarista de radio. Es ministro de Trabajo del gobierno cuya negociación estaba poniendo bajo sospecha.

Y la negociación no fue conducida por un oscuro funcionario escondido en algún subsuelo de Torre Ejecutiva. Participaron directamente el presidente Yamandú Orsi y, con especial protagonismo, Alejandro Sánchez. Según Búsqueda, Castillo incluso había manejado que algunos ministros participaran en las conversaciones con Cabildo Abierto, pero Presidencia optó por conducirlas por su cuenta.

De modo que el Pacha tuvo que salir una vez más con el extinguidor.

Consultado el lunes 31, Sánchez afirmó que “en política y en democracia se negocia, porque la democracia es la gestión de las diferencias, no de las unanimidades” y negó expresamente que hubiera cargos como moneda de cambio: “No hay ningún cargo de por medio”.

Quedan entonces dos posibilidades, ninguna particularmente cómoda.

O Castillo posee información sobre embajadas, directorios y otras compensaciones no reveladas, en cuyo caso sería interesante que la compartiera con el resto de los uruguayos.

O no posee esa información y simplemente decidió insinuar ante un comité de base que sus compañeros de gobierno negocian votos mediante cargos públicos.

Puede haber una tercera explicación: que Castillo estuviera hablando con esa libertad retórica que a veces aparece cuando un dirigente abandona Torre Ejecutiva, entra en un comité de base y recupera por unas horas la condición de militante.

El inconveniente es que después vuelve a ser ministro.

Ya había pasado

Además, no es el primer cortocircuito entre ambos.

Pocas semanas antes, durante el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata, Castillo había marcado la declaración de esencialidad como un límite político. Sánchez, en cambio, dejó claro que si para resolver la situación el gobierno debía recurrir a ella, lo haría, y que si ese era el límite del ministro, este tendría que renunciar. Después hubo conversación telefónica, aclaraciones sobre el contexto de las declaraciones y Castillo aseguró que había entendido las explicaciones.

Asunto terminado.

Hasta el siguiente.

No parece existir entre Castillo y Sánchez una disputa personal irreconciliable. Hay algo políticamente bastante más interesante: representan sensibilidades diferentes dentro de un gobierno que debe administrar simultáneamente al Frente Amplio, al movimiento sindical, las restricciones presupuestales, una Cámara de Diputados sin mayoría propia y la necesidad de conseguir votos allí donde los encuentre.

Sánchez ocupa el lugar del negociador pragmático. Si faltan dos votos, hay que buscarlos. Si para obtenerlos hay que modificar artículos, asumir compromisos o conversar con Guido Manini Ríos, se conversa.

Castillo conserva mucho más el lenguaje de la militancia comunista y sindical, donde determinadas concesiones producen urticaria y Cabildo Abierto no aparece precisamente entre los parientes ideológicos más cercanos.

Las dos almas pueden convivir.

Lo que resulta algo más complicado es que una de ellas sugiera públicamente que la otra anda comprando voluntades con embajadas.

Mientras tanto, Cabildo Abierto consiguió modificaciones que considera importantes, el gobierno consiguió sus dos votos y la Rendición de Cuentas fue aprobada en general.

Todos ganaron algo.

Salvo, tal vez, la teoría de que en Torre Ejecutiva todos dicen lo mismo.

El gobierno fue advertido antes de designar a Óscar Caputi como subsecretario de Ambiente. Lo nombró de todos modos, intentó resolver el conflicto mediante una excusación administrativa y ahora lo respalda después de conocerse que había sido técnico y apoderado de Eduardo Costantini. No hay pruebas de un acto de corrupción, pero sí una sucesión de hechos que habría provocado un terremoto político si el protagonista perteneciera a un gobierno de la Coalición Republicana.

El problema no consiste en afirmar que Óscar Caputi haya cometido un delito, recibido un beneficio indebido o intervenido personalmente para favorecer el megaproyecto inmobiliario que Eduardo Costantini impulsa junto a los Bañados de Carrasco. Nada de eso está probado y, por lo tanto, no corresponde sostenerlo.

El problema es otro, bastante más sencillo: si era razonable colocar como número dos del Ministerio de Ambiente a quien venía de trabajar durante años en una de las consultoras que tramitaban autorizaciones ante ese mismo ministerio; si una excusación limitada podía neutralizar una puerta giratoria tan evidente; y si resulta admisible que el jerarca se pronunciara favorablemente sobre las oportunidades ofrecidas por una inversión encabezada por quien había sido su cliente y poderdante.

Para responder no hace falta fabricar conspiraciones. Basta con ordenar los hechos.

La controversia no comenzó ahora. El 18 de junio de 2025, cuando Caputi apenas había sido anunciado como sustituto de Leonardo Herou, la Red Unión de la Costa —integrada por más de cien agrupaciones, movimientos sociales, comisiones vecinales y técnicos— manifestó su “gran preocupación” y rechazó la designación.

La organización sabía que Caputi mantenía desde 2009 una relación profesional con Enviro Consultores, empresa dedicada, entre otras actividades, a elaborar los estudios que luego son presentados ante el Ministerio de Ambiente para obtener autorizaciones. La red afirmó tener numerosos expedientes en los que el futuro subsecretario figuraba como técnico responsable y calificó la situación como un ejemplo de “puerta giratoria” capaz de comprometer la imparcialidad de la Administración. Entre los proyectos cuestionados aparecían El Milagro, Reserva del Mar y un fraccionamiento en Guazuvirá.

No se trató, por tanto, de una objeción retrospectiva fabricada después del escándalo. Orsi y el ministro Edgardo Ortuño fueron advertidos antes de que el nombramiento se formalizara. Pese a ello, el Poder Ejecutivo designó a Caputi el 10 de julio de 2025.

La trayectoria oficial del jerarca confirma esa coexistencia entre actividad pública y consultoría privada. Ingeniero agrónomo con orientación forestal, Caputi ingresó en la Intendencia de Montevideo en 1984 y ocupó sucesivamente cargos en Áreas Verdes, Viveros, Limpieza y otras dependencias municipales. Al mismo tiempo, fue responsable técnico de estudios de impacto ambiental y del seguimiento de proyectos entre 2009 y 2025.

Nada indica que esa actividad profesional haya sido ilícita. Pero tampoco hace falta que lo sea para advertir el problema institucional. Caputi pasó de preparar y tramitar expedientes para particulares ante la autoridad ambiental a ocupar la subsecretaría de esa misma autoridad. Es la definición más elemental de una puerta giratoria: quien conocía el regulador desde el lado de los regulados pasó a integrar la cúpula del organismo regulador.

El 11 de julio de 2025, un día después de ser designado, Caputi comunicó al ministerio las empresas con las que había trabajado. El 31 de julio, Ortuño aceptó su excusación y lo relevó de participar en actuaciones administrativas relacionadas con PIMEFIL S.A. —la sociedad vinculada a Enviro Consultores— y ONTEMAR S.A. La resolución invocó los principios de imparcialidad, objetividad y buena fe.

La excusación demuestra que el conflicto no era una fantasía de los ambientalistas. Existía y requirió una resolución expresa. Pero también revela la debilidad de la solución: el problema no se reducía a dos razones sociales. Enviro había trabajado para numerosas empresas, particulares y desarrolladores; Caputi había conocido proyectos, estrategias, técnicos y clientes que podían aparecer bajo otras denominaciones societarias.

Un subsecretario, además, no es un funcionario perdido en una oficina que puede ser apartado de un expediente sin que eso afecte su tarea cotidiana. Participa en la conducción política de la cartera, integra ámbitos de decisión, representa institucionalmente al ministerio, conoce su agenda y sustituye al ministro durante sus ausencias. De hecho, Caputi fue designado varias veces ministro interino. La idea de que puede dirigir el ministerio y, simultáneamente, permanecer aislado de todo lo relacionado con sus antiguos clientes exige una fe bastante superior a la que suele reclamar la buena administración.

Mucho más que un trabajo ocasional

La investigación publicada por Rosario Touriño en Brecha agregó una dimensión que no era conocida cuando se produjo el nombramiento. Caputi no había realizado simplemente un informe técnico para una empresa que, por casualidad, tuvo entre sus clientes a Eduardo Costantini.

En abril de 2021 fue uno de los tres apoderados designados por el empresario argentino para representarlo ante dependencias de los ministerios de Vivienda y Ambiente y realizar gestiones administrativas relacionadas con la construcción de su residencia en José Ignacio. La carta poder fue certificada el 5 de abril de aquel año e incorporada al expediente oficial.

Caputi también fue responsable del estudio de impacto ambiental de la vivienda: una construcción de 1.647 metros cuadrados, con una inversión declarada de 5,6 millones de dólares, que obtuvo una clasificación ambiental categoría B. El trabajo fue elaborado por Enviro Consultores, donde Caputi se desempeñó como consultor sénior hasta un mes antes de asumir la subsecretaría.

El vínculo profesional con la familia Costantini tampoco terminó allí. En 2023, Caputi fue técnico responsable del estudio de impacto ambiental de una residencia ubicada en San Vicente, Maldonado, dentro de un desarrollo de Rodolfo Costantini, hermano de Eduardo. Y en 2012 había intervenido en el estudio y la tramitación ambiental de Las Cárcavas, un emprendimiento de chacras marítimas desarrollado por Edo Costantini, hijo del empresario.

No fue, en consecuencia, un contacto fugaz. Hubo una relación profesional documentada con distintos integrantes de la familia y, en el caso de Eduardo Costantini, una representación formal ante el Estado.

El bañado que desapareció de la lista

Esta historia adquiere relevancia por el megaproyecto que Costantini impulsa ahora junto a los Bañados de Carrasco mediante Bislun S.A.S.

La propuesta abarca 228 hectáreas —casi dos veces la superficie de Ciudad Vieja— y prevé unas 3.000 viviendas, comercios, edificios bajos, casas, instalaciones educativas, deportivas y culturales, un centro cívico y un parque lineal. La inversión anunciada asciende a 1.248 millones de dólares a ejecutarse durante unos quince años. El 55% del terreno sería destinado a viviendas y actividades comerciales y el resto a espacios comunes, lagunas y áreas naturales.

Actualmente esos terrenos están categorizados como suelo rural y no poseen el atributo de potencialmente transformables. Para que el emprendimiento pueda avanzar, la Junta Departamental debe declarar de interés el comienzo de un Programa de Actuación Integrada. Después vendrían los estudios ambientales y urbanísticos, la audiencia pública y una nueva votación para decidir la eventual transformación del suelo.

Los promotores presentan el proyecto como una oportunidad para restaurar un ecosistema degradado, extender el saneamiento, mejorar el arroyo Chacarita y crear un parque metropolitano. Vecinos y académicos de la Universidad de la República advierten, en cambio, sobre la pérdida de la función reguladora del humedal, el aumento del escurrimiento y de las inundaciones, la afectación de la biodiversidad y una nueva expansión de la mancha urbana sin que exista crecimiento demográfico que la justifique.

En medio de esa discusión ocurrió algo difícil de explicar.

La Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos había propuesto declarar de importancia ambiental 38 humedales. Entre ellos figuraban 937 hectáreas de los Bañados de Carrasco. La propuesta había sido sometida a consulta pública y, todavía el 23 de setiembre de 2025, la Asesoría Jurídica del ministerio mantenía los 38 ecosistemas.

Sin embargo, el 2 de octubre el expediente fue y volvió de Jurídica en menos de una hora. En ese lapso desaparecieron los Bañados de Carrasco. La abogada interviniente se limitó a escribir: “No se incluye en esta instancia”, sin dejar expresada la fundamentación del cambio. El decreto aprobado el 20 de octubre terminó protegiendo 37 humedales. Al día siguiente, Bislun presentó ante la Intendencia de Montevideo un nuevo documento técnico para impulsar el proyecto inmobiliario.

La coincidencia temporal no prueba que Caputi haya intervenido en la exclusión. No existe información pública que permita atribuírsela. Pero la ausencia de pruebas contra el subsecretario no convierte en satisfactoria la explicación institucional. El humedal entró al proceso y salió sin fundamentación conocida, mientras avanzaba un proyecto encabezado por un antiguo cliente del número dos del ministerio.

Ortuño sostuvo posteriormente que la cartera necesitaba más tiempo para estudiar las particularidades de la zona y anunció un nuevo decreto para incorporar los bañados al régimen de protección. También afirmó que esa medida permitiría “despejar las dudas y manejos” surgidos alrededor del proyecto.

Pero las dudas no eran un invento opositor. Habían nacido dentro del propio expediente administrativo.

La inoportuna “oportunidad”

El episodio más difícil de justificar ocurrió el 18 de agosto de 2026. Entrevistado por Pilar Teijeiro en TV Ciudad, Caputi sostuvo que el desarrollo inmobiliario podía ser una oportunidad para obtener capital privado destinado a conservar y poner en valor el humedal.

La periodista le preguntó si esa no era precisamente una obligación del Estado. Caputi insistió en que una inversión de esa naturaleza “siempre puede ser una oportunidad para mejorar con aportes de capital privado”.

La declaración no fue una resolución administrativa. Pero tampoco fue una conversación de café. La pronunció el subsecretario de Ambiente en un medio público, al referirse a un proyecto que previsiblemente deberá pasar por controles ambientales y cuyo principal inversor había sido su cliente y le había otorgado un poder para representarlo ante el propio ministerio.

Caputi no se limitó a decir que el proyecto sería evaluado con rigor e independencia. Ofreció un encuadre favorable: la inversión podía ser una oportunidad para el humedal. Antes de que los técnicos se expidieran, el número dos de la cartera ya había encontrado el lado positivo.

Cuando la relación con Costantini se hizo pública, Caputi reconoció que no debió hablar. “Hoy, con el diario del lunes, entiendo que no”, declaró. Aseguró que su vínculo con el empresario había terminado en 2023, que solo lo había visto personalmente una vez y que el poder recibido era una exigencia instrumental para tramitar la autorización de la residencia. También afirmó que, si el proyecto de los Bañados de Carrasco llega al ministerio, él no intervendrá y actuarán los técnicos.

Las explicaciones pueden ser ciertas y seguir siendo insuficientes.

Que el poder haya tenido una finalidad administrativa no lo vuelve inexistente. Que Caputi haya visto una sola vez a Costantini no elimina el vínculo profesional ni la representación formal. Que el proyecto todavía no esté a estudio del ministerio tampoco reduce el problema: simplemente significa que el jerarca emitió un juicio favorable antes de que comenzara la evaluación en la que deberá excusarse.

Y decir que “actuarán los técnicos” no responde quién fijará las orientaciones políticas, quién tendrá acceso a la información, quién representará a la cartera ni cómo se garantizará que la opinión adelantada por su subsecretario no pese sobre el proceso.

El Código de Ética de la Función Pública no se limita a castigar el beneficio económico. Su artículo 13 obliga a preservar la preeminencia del interés público y a evitar incluso acciones que exterioricen la apariencia de una violación ética. El artículo 14 considera contraria a la probidad la intervención en decisiones sobre asuntos en los que el funcionario haya participado privadamente como técnico. Y el artículo 19 exige separar radicalmente los intereses personales de los públicos y adoptar todas las medidas necesarias para prevenir el conflicto.

En sentido jurídico estricto, el proyecto de los Bañados de Carrasco no es el mismo expediente de la residencia de José Ignacio. Tampoco se ha probado que Caputi haya tomado una decisión administrativa sobre él. Pero la ética pública no comienza recién cuando aparece una resolución firmada. También comprende la confianza, la imparcialidad aparente y la prudencia de quien ejerce autoridad.

Asamblea Uruguay y un reflejo conocido

Asamblea Uruguay reaccionó con el automatismo habitual: expresó su “total respaldo” a Caputi y sostuvo que su actuación estuvo orientada por la responsabilidad, la transparencia y el compromiso. Destacó su desvinculación de Enviro, la excusación de 2025 y el hecho de que el emprendimiento todavía no está a consideración del Ministerio de Ambiente.

El sector parece considerar que la transparencia consiste en respaldar primero y averiguar después.

La reacción recuerda inevitablemente al caso de Juan Carlos Bengoa. No porque las conductas sean equiparables —sobre Caputi no existe una imputación penal—, sino por el reflejo corporativo de cerrar filas ante el compañero cuestionado.

En diciembre de 2007, cuando Bengoa fue procesado con prisión por las irregularidades en los casinos municipales, Danilo Astori afirmó que no se había alterado su confianza en la honestidad del dirigente y que lo creía inocente. El Consejo Político de Asamblea Uruguay calificó de “débiles” las argumentaciones jurídicas del fallo y entendió que el avance de la izquierda y la candidatura de Astori estaban siendo atacados por la derecha y por otros sectores del Frente Amplio.

La historia terminó de una manera menos favorable para aquella enfática defensa política. Bengoa fue condenado por fraude, concusión y conjunción del interés personal y el público; el Tribunal de Apelaciones mantuvo sustancialmente la condena y la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación.

La lección no debería ser que todo dirigente respaldado por Asamblea Uruguay terminará condenado. Sería una conclusión absurda e injusta. La lección es que la solidaridad partidaria no sustituye la investigación, y que proclamar la honorabilidad de un compañero nunca ha sido una respuesta suficiente frente a hechos que comprometen la confianza pública.

El experimento de la coalición

Basta modificar las filiaciones políticas para comprobar la magnitud de la doble vara.

Imaginemos que un gobierno de la Coalición Republicana hubiese nombrado subsecretario de Ambiente a un profesional que, hasta pocas semanas antes, trabajaba para una consultora con decenas de expedientes ante la cartera. Imaginemos que organizaciones ambientalistas hubieran advertido públicamente el conflicto antes de la designación y que el gobierno las hubiese ignorado.

Agreguemos que luego se descubriera que el subsecretario había sido apoderado de un millonario extranjero ante el ministerio, que había elaborado el estudio ambiental de su mansión y trabajado en otros desarrollos de su familia. Supongamos también que ese empresario impulsara una inversión de más de 1.200 millones de dólares junto a un humedal que desapareció sin fundamentación de una lista de áreas especialmente protegidas.

Y completemos el cuadro con el jerarca elogiando públicamente la “oportunidad” que ofrecía la inversión de su antiguo cliente.

¿Qué habría dicho el Frente Amplio?

Habría denunciado captura del Estado, conflicto de intereses, entrega del patrimonio ambiental, subordinación al gran capital y corrupción institucional. Habría exigido la renuncia inmediata del subsecretario, convocado al ministro al Parlamento y presentado el caso como demostración de que la derecha gobernaba para los poderosos. Probablemente no habría aceptado que todo quedara resuelto mediante una excusación administrativa archivada en algún despacho.

Tampoco Asamblea Uruguay habría pedido paciencia para estudiar los matices. Difícilmente hubiera considerado suficiente que el jerarca afirmara haber visto una sola vez al empresario o que el proyecto todavía no hubiera llegado formalmente al ministerio.

Lo que en un gobierno de la coalición habría sido un escándalo intolerable, bajo el Frente Amplio se ha convertido en un “error” de comunicación cometido por un compañero que cuenta con el respaldo del ministro, de su sector, del secretario de la Presidencia y, según el propio Caputi, del presidente Yamandú Orsi.

La honestidad como eslogan

En agosto de 2024, durante la proclamación de la fórmula presidencial, Orsi afirmó: “Hoy nos planteamos que gobierne la honestidad”. En el cierre de campaña agregó que no podía haber nada para ocultar ni para barrer debajo de la alfombra.

Aquella consigna no fue neutra. El Frente Amplio la utilizó para contrastarse moralmente con el gobierno de Luis Lacalle Pou y explotar cada episodio controvertido de la administración de la coalición. Se presentó como propietario de una virtud y no simplemente como otro partido sometido a las mismas fragilidades humanas e institucionales.

Precisamente por eso no puede rebajar ahora el estándar.

La honestidad no consiste únicamente en no robar. También exige evitar situaciones que hagan razonable dudar de la imparcialidad del Estado. Supone escuchar las advertencias antes de nombrar, revelar completamente los antecedentes, apartarse de toda manifestación sobre asuntos vinculados a antiguos clientes y aceptar responsabilidades políticas cuando la confianza ha quedado comprometida.

Caputi pudo haber cumplido formalmente con el deber de informar. Pero el gobierno conoció el problema, lo designó de todas maneras y permitió que continuara como segunda autoridad de la cartera. Más tarde, el jerarca habló favorablemente de una inversión asociada a su antiguo cliente. Y cuando los antecedentes completos fueron revelados por la prensa, la respuesta no fue una investigación independiente ni un apartamiento preventivo, sino una sucesión de respaldos partidarios.

Orsi tiene ahora una decisión bastante menos compleja que cualquier estudio de impacto ambiental. Puede aceptar que el cargo de Caputi quedó ética y políticamente comprometido y pedirle la renuncia. O puede mantenerlo y admitir que “Que gobierne la honestidad” era apenas una frase concebida para exigirles a los adversarios aquello que el Frente Amplio no está dispuesto a exigirse a sí mismo.

Porque, a esta altura, la honestidad prometida no parece estar gobernando. Apenas intenta no hundirse en el bañado.

Por Luis Hierro López

Mientras Estados Unidos demuestra descarnadamente que le interesa más el acceso al petróleo que imponer la democracia, la “revolución bolivariana” de Venezuela termina sin gloria ni coraje en una rendición sin condiciones.

El acuerdo petrolero de Estados Unidos y Venezuela puede significar una oportunidad de recuperación económica para Venezuela, ya que se anuncia un aluvión de inversiones, pero no garantiza el retorno del país caribeño al sistema democrático. Estados Unidos se asegura el suministro de petróleo por cien años según ha anunciado Trump —la encargada de la presidencia venezolana, Delcy Rodríguez, informó por su lado que el convenio durará 25 años—, pero no impuso a Caracas exigencias democráticas para terminar con los presos políticos, la censura de prensa y tantas otras coacciones que envilecen la convivencia.

Aunque Delcy Rodríguez asegura que Venezuela mantiene su soberanía, es claro que Estados Unidos tendrá el control absoluto de 17 yacimientos que albergan más de 65.000 millones de barriles de crudo venezolano. Esa cifra representa el 21,5% de las reservas totales. El acuerdo implica que Venezuela atraerá inversiones por más de 100.000 millones de dólares y se generarán aproximadamente 209.300 millones de dólares en ingresos para el país por impuestos y regalías.

La industria petrolera venezolana, que estaba deshecha tras décadas de despilfarros y mala administración, recobrará sin duda su pujanza, pero a un costo que puede resultar ruinoso, ya que, según El País de Madrid [https://elpais.com/america/2026-09-03/los-acuerdos-petroleros-de-estados-unidos-y-venezuela-opacos-y-millonarios.html] las negociaciones se concretaron gracias a Alejandro Bentancourt, un empresario chavista de 46 años que tiene una pésima reputación y está siendo investigado por España y por Suiza por el presunto lavado de miles de millones de dólares. El gobierno venezolano le concede a su empresa, North American Blue Energy Partners, la explotación exclusiva de los yacimientos. El gobierno de Estados Unidos tendrá, además, una influencia decisiva sobre la compañía, ya que posee el 35 % de la matriz de NABEP a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra. Tanto en Venezuela como en Estados Unidos se ha levantado una oleada de críticas y hay parlamentarios norteamericanos que aseguran que el acuerdo se revisará y que finalmente no podrá aplicarse.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez aseguró que por ahora no habrá elecciones, postergación con la que coincidió Donald Trump, con lo que los restos oprobiosos del chavismo intentan mantener su predominio. Según una organización especializada [https://diarioversionfinal.com/mundo/rick-scott-asegura-que-todavia-hay-presos-politicos-en-venezuela-y-exige-liberacion-sin-condiciones/] al 31 de agosto pasado había todavía 328 presos políticos, con la triste evidencia de que en las últimas semanas se siguieron apresando opositores. Al mismo tiempo, Trump aseguró que “los sacamos de una dictadura”..., tras elogiar a Delcy Rodríguez y sostener que los venezolanos no están en condiciones de votar.

Estados Unidos vuelve así a su peor modalidad internacional, aquella que le significó el repudio de millones de latinoamericanos por décadas. Si la intervención contra Maduro fue vista con alguna expectativa por quienes siempre celebramos la caída de un dictador, el panorama que se ha abierto posteriormente no es alentador. Se han excluido expresamente de las negociaciones a Edmundo González y a María Corina Machado, los principales referentes de la oposición que reivindica el triunfo electoral de González en 2024, y a quienes se ha mantenido apartados de la transición. El aparato político y militar del chavismo no se ha anulado y no existen todavía condiciones de competencia política plena ni una efectiva libertad de prensa.

La “revolución bolivariana” termina su trágica peripecia entregándose a su enemigo. Tras décadas de ataques a la libertad y de haber empobrecido a la población, su final es el de los traidores.

Por Santiago Torres

La dirigente colombiana Clara López advierte que los gobiernos a los que la izquierda —y casi todo el periodismo— califica como de “extrema derecha” amenazan la democracia latinoamericana. El problema de su diagnóstico es que omite dos de los procesos de destrucción institucional más profundos de las últimas décadas: el chavismo venezolano y el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Clara López Obregón estuvo recientemente en Montevideo para participar del Tercer Congreso Panamericano, encuentro que reunió a dirigentes y parlamentarios progresistas de distintos países del continente. En una extensa entrevista concedida a la diaria, la veterana dirigente de la izquierda colombiana expresó su preocupación por el avance de los gobiernos que define como integrantes de una “internacional reaccionaria” y sostuvo que “están erosionando los principios básicos de la institucionalidad democrática”.

La afirmación merece ser discutida. No porque la democracia esté inmunizada frente a eventuales amenazas provenientes de la derecha —no lo está frente a ninguna corriente política—, sino porque el diagnóstico de López parece sufrir de una llamativa hemiplejia histórica.

Hay algo particularmente revelador en la propia entrevista. Cuando se refiere al recién instalado gobierno del derechista radical Abelardo de la Espriella, López reconoce que algunas de las conductas que le preocupan permanecen todavía en el terreno de las declaraciones. Critica sus posiciones sobre Israel, su anunciada revisión de políticas del gobierno de Gustavo Petro, su rechazo a continuar determinados diálogos con grupos armados y sus planteamientos culturales. Algunas de esas posiciones pueden naturalmente discutirse, rechazarse o incluso considerarse inconvenientes.

Pero eso no equivale a demoler una democracia.

De la Espriella llegó a la Presidencia después de unas elecciones en las que derrotó por estrecho margen al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Hay oposición organizada, Congreso, tribunales, prensa crítica, movilización sindical y una izquierda que acaba de constituir incluso un gabinete alternativo. López puede conceder una entrevista acusando al presidente de poner en peligro la democracia, Petro puede encabezar la oposición y sus partidarios pueden anunciar movilizaciones contra las decisiones del nuevo gobierno.

Eso, precisamente, es la democracia funcionando.

Algo semejante puede observarse cuando se mira a otros gobiernos habitualmente colocados bajo la muy elástica etiqueta de “extrema derecha”. Javier Milei gobierna Argentina sometido a un Congreso que le aprueba unas iniciativas y le rechaza otras, a una Justicia que puede revisar sus decisiones, a gobernadores opositores, sindicatos capaces de paralizar el país y una prensa que lo critica cotidianamente.

Chile, ahora presidido por José Antonio Kast, continúa siendo una de las democracias más sólidas de América Latina. Las discrepancias con sus políticas —por profundas que sean— no convierten automáticamente a esos gobiernos en dictaduras en gestación.

La vara utilizada para medir la calidad democrática no puede ser la coincidencia con el programa de la izquierda.

Venezuela, el caso que no admite distracciones

Hugo Chávez llegó al poder mediante elecciones en 1999. Precisamente por eso su experiencia resulta tan importante para comprender cómo mueren muchas democracias contemporáneas: no necesariamente mediante un golpe militar, sino desde el propio poder conquistado en las urnas.

Durante los años siguientes se produjo una paulatina concentración del poder, el sometimiento de instituciones de contralor, el debilitamiento de la independencia judicial, la presión sobre los medios de comunicación y una utilización cada vez más abusiva del aparato estatal en favor del oficialismo.

El proceso se aceleró bajo Nicolás Maduro.

Cuando la oposición obtuvo en 2015 una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, el gobierno no aceptó simplemente convivir con un Poder Legislativo adverso. El Tribunal Supremo, controlado por el oficialismo, fue vaciando de competencias al Parlamento. En 2017 se instaló una Asamblea Nacional Constituyente concebida para sustituir en los hechos a la institución que los venezolanos habían elegido.

Luego llegaron la proscripción o inhabilitación de dirigentes opositores, la persecución política, los presos, el exilio y unas elecciones cada vez más alejadas de cualquier estándar democrático.

No estamos hablando de declaraciones altisonantes ni de una ministra conservadora de Cultura. Estamos hablando del desmontaje efectivo de los mecanismos que permiten que un gobierno pueda perder el poder.

La degradación fue de tal magnitud que Freedom House registra a Venezuela entre los países que experimentaron las mayores caídas democráticas del mundo durante los últimos veinte años. El proceso, señala la organización, comenzó bajo Chávez y se agravó dramáticamente con Maduro.

Curiosamente, para buena parte de la izquierda latinoamericana resultó durante años mucho más difícil pronunciar la palabra “dictadura” frente a Caracas que emplear la expresión “extrema derecha” para caracterizar a un presidente elegido democráticamente con el que discrepa.

Nicaragua: de la revolución al régimen familiar

El segundo ejemplo es todavía más difícil de eludir.

Daniel Ortega regresó a la Presidencia de Nicaragua en 2007 mediante elecciones. Desde entonces, el antiguo líder del Frente Sandinista fue construyendo pacientemente un sistema en el que cada contrapeso institucional terminó subordinado al Ejecutivo.

Se eliminaron los límites que impedían su reelección indefinida, se controlaron los poderes del Estado, se restringió el funcionamiento de organizaciones civiles y medios independientes y se persiguió a la oposición.

En 2018, cuando una ola de protestas desafió al gobierno, la respuesta fue la represión. Hubo muertos, detenciones arbitrarias, denuncias de torturas y una persecución que empujó a numerosos opositores, periodistas e intelectuales al exilio. Entre ellos, connotados antiguos sandinistas, como el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez.

Antes de las elecciones de 2021, el método se volvió todavía más sencillo: varios de quienes podían competir contra Ortega fueron encarcelados.

Posteriormente el régimen llegó al extremo de despojar de la nacionalidad nicaragüense a centenares de críticos y adversarios. Y las reformas constitucionales aprobadas en 2025 terminaron por institucionalizar la concentración del poder en Daniel Ortega y Rosario Murillo, convertidos en copresidentes, mientras la Presidencia quedó colocada por encima de los organismos legislativos, judiciales y electorales.

Eso sí es erosión democrática. Mejor dicho: es lo que ocurre cuando la erosión ya ha consumido prácticamente el edificio entero.

Una dirigente con larga historia

Clara López no es una recién llegada a la política ni una observadora ocasional. Nacida en Bogotá en 1950, pertenece además a una familia profundamente vinculada con la historia política colombiana. Es sobrina del expresidente Alfonso López Michelsen y descendiente de una de las tradicionales familias liberales del país.

Estudió Economía en Harvard, donde participó en el movimiento estudiantil contrario a la guerra de Vietnam, y posteriormente se graduó en Derecho en la Universidad de los Andes. Su trayectoria comenzó en el liberalismo colombiano y terminó ubicándola claramente en la izquierda.

Fue concejal de Bogotá, contralora distrital, auditora general de la República, secretaria de Gobierno y alcaldesa encargada de Bogotá. En 2010 acompañó como candidata a vicepresidenta a Gustavo Petro. Cuatro años después fue candidata a la Presidencia por una alianza del Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica. Más tarde integró como ministra de Trabajo el gobierno de Juan Manuel Santos y entre 2022 y 2026 ocupó una banca en el Senado por el Pacto Histórico.

Es, por tanto, una dirigente experimentada, culta y conocedora de las instituciones. Precisamente por eso llama más la atención la selectividad de su diagnóstico.

La democracia no tiene ideología

No sería serio sostener la tesis inversa y afirmar que todo gobierno de derecha es necesariamente respetuoso de las instituciones. No lo es. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ofrece señales y hechos suficientemente preocupantes: concentración de poder, debilitamiento de contrapesos y eliminación de límites a la reelección. La democracia debe ser defendida frente a cualquiera que pretenda erosionarla.

Pero justamente de eso se trata.

Si el criterio es realmente democrático, debe aplicarse sin preguntarle al gobernante si se define como socialista, progresista, conservador o liberal.

Y cuando se hace ese ejercicio, resulta imposible escribir la historia latinoamericana reciente como el enfrentamiento entre una izquierda democrática y una derecha que amenaza las instituciones.

Dos de las experiencias más severas de degradación democrática de este siglo surgieron de gobiernos que llegaron al poder reivindicando explícitamente a la izquierda: el socialismo del siglo XXI venezolano y el sandinismo de Ortega. Ambos comenzaron con votos. Ambos invocaron la voluntad popular. Ambos denunciaron a sus adversarios como representantes de intereses reaccionarios. Y ambos fueron desmontando después los controles capaces de limitar su poder.

Hay allí una enseñanza bastante más importante que las etiquetas.

Una democracia no desaparece porque gane las elecciones alguien que nos desagrada. Tampoco porque un presidente anuncie políticas conservadoras, liberales o socialistas. Comienza a desaparecer cuando quien gana decide que ya no puede permitirse perder; cuando somete a los jueces, neutraliza al Parlamento, controla las elecciones, persigue a la prensa y convierte a la oposición en enemiga del Estado.

Eso ocurrió en Venezuela.

Eso ocurrió en Nicaragua.

Y ocurrió bajo gobiernos de izquierda.

Quizás antes de organizar una internacional para salvar a la democracia de quienes piensan distinto, convendría empezar por reconocer a quienes, pensando parecido, ya consiguieron destruirla.

Por Tomás Laguna

Entre el fárrago de discusiones y contrapuntos que son habituales en cada negociación de una Rendición de Cuentas, pasó relativamente inadvertido el reclamo por mayores partidas presupuestales para el Instituto Nacional de la Leche (INALE). Una reivindicación más en la pulseada por los recursos destinados a la institucionalidad agropecuaria.

La solución con la que llegó el planteo en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas resultó controvertida, como suele ocurrir en estos casos. Se propuso desviar hacia el INALE recursos que hoy van para el LATU en cumplimiento, este último, de sus responsabilidades en el análisis y certificación de productos lácteos con destino a los mercados externos. Con argumentos a atender de ambos lados, en la pulseada por la partida en cuestión.

El tema en sí merece previamente una referencia a nuestra rica institucionalidad agropecuaria y la racionalidad presupuestal de su financiamiento. Desde la creación del Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional de La Estanzuela en 1911, la institucionalidad agropecuaria fue evolucionando en apoyo al desarrollo del sector, siendo razón sustantiva del mismo a través de la historia. No obstante, esa institucionalidad ha padecido en los últimos años cuestionamientos, y de la peor forma: mediante la afectación de su financiamiento desde el Ministerio de Economía. En algunos casos al punto de poner en riesgo su propia existencia. Y esto ha sido parejo en los últimos gobiernos, variando los énfasis.

Hay dos casos paradigmáticos. Para el funcionamiento del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) el legislador logró una modalidad de financiamiento que fue motivo de referencia a nivel mundial. La producción hacía su aporte a partir de un adicional del 4‰ al impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios en tanto desde rentas generales el Estado “debía” aportar una partida al menos similar. Este principio sustantivo ha sido mañosamente tergiversado al haber reducido el Estado su aporte, al punto que a la fecha el 70% del financiamiento responde al aporte de los productores. De esta manera se ha afectado su funcionamiento a la vez de desvirtuar la jerarquía de su presidencia, designada por cada gobierno de turno cuando hoy debería estar en manos de los productores. El otro caso de referencia es INAC, íntegramente financiado desde la producción mediante un gravamen del 0,6% a la exportación de carne y 0,7% a las ventas en el mercado interno. Cumplir con sus exigentes objetivos de proyección a los mercados externos, permitiendo acceder a nuevos mercados a nuestro principal producto del agronegocio de exportación, pero aún más importante, permaneciendo en ellos una vez abiertos, justifica la magnitud de sus recursos financieros. No obstante, está hoy en la mira codiciosa de tantos que pretenden desviar parte de esos generosos recursos para otros fines que no son los previstos. Acaso puede resultar de recibo la pretensión de que con fondos INAC se financien iniciativas dirigidas al desarrollo productivo de la misma ganadería de carne (tanto con el MGAP como con el INIA). Como sea, la abundancia de recursos exige saber gastarlos en consonancia con los objetivos institucionales a riesgo de perderlos en la encarnizada lucha presupuestal. No en vano desde la producción ha habido planteos para bajar las alícuotas del gravamen que nutre al instituto.

Otro caso para mencionar es el Instituto Nacional de Semillas. En tiempos del desarrollo biotecnológico de la producción vegetal, en la misma ley de semillas (16.811 de 1997) se construyó la formalidad y la institucionalidad necesaria para la producción y comercialización de semillas y material de reproducción vegetativa. Como aspecto sustantivo se atendió el resguardo de la propiedad intelectual para el obtentor original de cada nuevo material genético registrado, exigencia internacional para que nuestro país mereciera la atención de las principales empresas semilleristas del mundo. La evaluación de nuevos cultivares y el registro de los mismos es parte de los objetivos del INASE. Para cumplir con esos cometidos el legislador le asignó al instituto una partida anual de 20.000 Unidades Reajustables más los proventos por las tarifas de sus servicios. En sus inicios, rentas generales financió el 40% del presupuesto en tanto que el 60% lo aportaban los proventos. Durante el anterior gobierno el MEF “pesificó” la partida en UR, reduciendo el aporte del Estado al 20%. Hoy este aporte no pasa del 11%. El instituto se las ingenia para sobrevivir ajustando sus tarifas, mientras el tractor utilizado para los ensayos de validación que necesariamente debe hacer el instituto con cada nuevo cultivar inscripto data de la misma fundación, año 1997. También la sembradora…

Una historia distinta es la del Instituto Nacional de la Granja, reclamado con énfasis desde este sector de la producción. La Ley de Urgente Consideración (julio de 2020), apenas asumido el anterior gobierno, mandató al MGAP para su creación en un plazo de 180 días. Gestación que pronto abortó luego de una negociación con las gremiales granjeras, donde fue razón de fondo la discusión por los recursos presupuestales y la necesidad de reactivar el Fondo Nacional de la Granja. Un aborto consentido. Fue tema de esta columna en aquellos momentos.

Existen otras historias de supervivencia presupuestal, en particular merece referencia el Instituto Plan Agropecuario. Pero en atención al espacio volvamos al objetivo de esta nota.

El INALE fue creado por ley 18.442 del año 2007. Hasta entonces la lechería era atendida desde el MGAP donde, con apoyo de OPYPA, operaba la Junta Nacional de la Leche (Decreto Ley N° 15.640 de 1984). Ya entrado el presente siglo se entendió que la lechería nacional merecía un instituto sectorial por sí mismo, con ambiciosos objetivos que atendieran desde la producción hasta la etapa industrial, definiendo las formas de comercialización, proponiendo líneas de investigación y capacitación, incluso con cometidos en el acceso a la tierra (los objetivos son aún más vastos, sugerimos recurrir a la ley original).

Para cumplir con sus cometidos, el legislador estableció que el novel instituto se financiara con una partida presupuestal anual de valor similar al recaudado por el impuesto del tres por mil (en aquel momento) sobre el valor de exportación en aduana (VAE) de leche y de productos lácteos (la ley 18.442 hace mención al artículo 458 de la ley Nº 16.226, de 1991, previsto para la financiación del LATU desde sus orígenes). La ley de creación del INALE no le quitaba recursos al LATU sino que hacía referencia al tributo para establecer el monto mínimo a recibir de rentas generales. Pero con una trampa para el INALE, el mismo texto legal indicaba “a valores del año 2007”. Esto implica que hoy, según esa premisa e inflación de por medio, el instituto percibe un aporte equivalente aproximadamente a la cuarta parte del previsto en su creación, en tanto el LATU, si bien redujo del 3‰ al 2‰ del valor VAE, lo recibe a valores actuales.

La cuestión no se puede dilucidar a partir de una discusión donde se desviste un santo para vestir a otro. Resulta una discusión inconducente. Si el INALE tiene un objetivo que cumplir, si lo ha justificado a lo largo de todos estos años, esa debería ser la consideración de fondo. Por lo pronto las gremiales lecheras defienden su vigencia y mayor protagonismo en la promoción de la lechería nacional en el mercado mundial. Para lo cual, convengamos, no tiene hoy recursos. La industria láctea, en particular CONAPROLE, tal vez no lo vea con tanto “cariño”. Acaso una competencia protagónica esté solapada en estas diferencias.

En tanto no se resuelve la proyección institucional del INALE, no hay nada más inicuo que ahogarlo sometiéndolo a una muerte lenta por inanición.

Así como van las cosas, ya es una constante que la institucionalidad agropecuaria está siendo maltratada toda vez que su consideración ingresa en el terreno político. De una buena vez se hace impostergable acordar su adecuado financiamiento y consecuente viabilidad.

Por Fitzgerald Cantero Piali

El cambio demográfico ya no es una cuestión remota ni meramente estadística: condiciona la productividad, el empleo, los cuidados y la sostenibilidad de los sistemas sociales. Uruguay debe abordarlo como una dimensión central de su estrategia de desarrollo.

Los debates demográficos han sido tratados como asuntos de especialistas. Durante mucho tiempo se los asoció con estadísticas de población, proyecciones de largo plazo o diagnósticos relativamente abstractos. Sin embargo, el cambio demográfico ha dejado de ser una cuestión lejana. Hoy incide directamente en la economía, en el mercado de trabajo, en la educación, en los sistemas de cuidados, en las pensiones, en la productividad y en la capacidad de los países para sostener su desarrollo.

La reciente Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, en el marco de la CEPAL y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), volvió a colocar este tema en el centro de la agenda. El punto de partida es claro: la región atraviesa una transformación profunda. Caen las tasas de fecundidad, aumenta la esperanza de vida, se reduce el tamaño de los hogares, cambian las estructuras familiares, crecen los movimientos migratorios y se acelera el envejecimiento de la población.

La tentación es resumir todo en una frase sencilla: “nacen pocos niños”. Pero esa mirada es insuficiente.

El problema demográfico no se reduce a cuántas personas nacen. También importa saber cuántas estudian, cuántas trabajan, qué capacidades tienen, cuántas emigran, cuántas regresan, cuántas llegan desde otros países, cuánto produce cada trabajador, cómo se organiza el cuidado y cómo se financia una sociedad en la que habrá, proporcionalmente, más personas mayores.

La demografía, en definitiva, no puede separarse del desarrollo.

Un país que envejece enfrenta al menos tres grandes desafíos. El primero es económico: si la población en edad de trabajar crece poco o disminuye, el crecimiento futuro dependerá cada vez más de la productividad. No bastará con tener más trabajadores; habrá que lograr que cada persona, cada empresa y cada territorio puedan generar más valor. Eso exige educación técnica, innovación, tecnología, infraestructura, logística, energía competitiva y una mejor articulación entre formación y empleo.

El segundo desafío es social. El envejecimiento no debe ser visto como una carga. Es el resultado de un logro civilizatorio: vivimos más años. Pero vivir más exige adaptar las instituciones, el mercado laboral, las ciudades, el sistema de salud y los sistemas de cuidado. Una sociedad longeva necesita pensar cómo las personas mayores pueden vivir con autonomía, participar, seguir aportando y recibir cuidados cuando los necesiten.

El tercer desafío es intergeneracional. La sostenibilidad de los sistemas de pensiones, la organización del cuidado y la distribución de oportunidades entre generaciones serán temas cada vez más sensibles. Si no se abordan con anticipación, pueden convertirse en fuentes de tensión. Si se trabajan con inteligencia, pueden dar lugar a nuevos acuerdos sociales.

Por eso, una política demográfica moderna no debería reducirse a incentivos aislados para aumentar la natalidad. Ese puede ser un componente, pero no agota el problema. También se necesita mejorar las condiciones para que las familias puedan desarrollar sus proyectos de vida, fortalecer la conciliación entre trabajo y crianza, reducir barreras para los jóvenes, atraer talento, facilitar el retorno de quienes emigraron, integrar de manera inteligente a nuevos migrantes, promover la formación permanente y adaptar el trabajo a trayectorias vitales más largas.

En este punto hay una idea que conviene subrayar: la respuesta demográfica más importante quizá no resida en una única política demográfica, sino en un conjunto coherente de políticas de desarrollo.

Una buena educación técnica es política demográfica, porque permite que los jóvenes encuentren oportunidades reales.

Una economía más productiva es política demográfica, porque sostiene mejores salarios y financia mejores servicios.

Una estrategia de inserción internacional es política demográfica, porque genera oportunidades de empleo y proyectos de vida vinculados al mundo.

Una política de vivienda accesible es política demográfica, porque incide en la capacidad de formar hogares.

Un sistema de cuidados bien diseñado es política demográfica, porque libera tiempo, reduce desigualdades y permite que más personas participen del mercado laboral.

Una estrategia para atraer y retener talento también es política demográfica, porque ningún país puede enfrentar el envejecimiento únicamente mirando hacia adentro.

El cambio demográfico nos obliga a mirar más lejos. Y, sobre todo, nos obliga a abandonar la comodidad de los debates fragmentados. No se puede discutir pensiones sin discutir mercado laboral. No se puede discutir natalidad sin discutir vivienda, ingresos, cuidados y expectativas de futuro. No se puede discutir productividad sin discutir educación técnica, innovación e infraestructura. No se puede discutir migración sin discutir integración, empleo y desarrollo territorial.

Las sociedades que se anticipen a este cambio llegarán mejor preparadas. Las que lo traten como una preocupación secundaria terminarán reaccionando tarde.

América Latina envejece más rápido de lo que muchos imaginan. Uruguay, por su propia historia demográfica, conoce bien este desafío. Pero el hecho de conocerlo no significa que ya esté resuelto. Al contrario: obliga a pensar con más profundidad.

La pregunta de fondo no es solamente cuánta población tendrá un país en las próximas décadas. La pregunta decisiva es otra:

¿qué capacidades tendrá esa población para vivir mejor, producir más, cuidar mejor, innovar más y sostener un proyecto de desarrollo?

La demografía no es destino. Pero sí es advertencia.

Y los países inteligentes toman las advertencias a tiempo.

Por Juan Carlos Nogueira

Juan Carlos Nogueira analiza las condiciones que debería reunir la Coalición Republicana para transformar su caudal electoral en una mayoría política efectiva. A partir de la experiencia de 2024 y de algunos conceptos de la teoría de juegos, advierte sobre los riesgos de la fragmentación, los intereses partidarios y la falta de una estrategia común de cara a 2029.

Napoleón Bonaparte supo hacer algo extraordinariamente bien: derrotar a sus enemigos atacándolos por separado.

Mientras las potencias europeas combatían cada una por su cuenta, Napoleón podía concentrar sus corps d’armée contra una de ellas, derrotarla y luego dirigirse contra la siguiente. La respuesta de sus adversarios fue entender que necesitaban actuar como una coalición coordinada. La Séptima Coalición lo derrotó definitivamente en Waterloo, el 18 de junio de 1815.

Uruguay enfrenta hoy, en otro escenario, un problema estratégicamente parecido.

La oposición puede seguir siendo una suma de partidos o convertirse en una fuerza política real. De esa decisión dependerá, en buena medida, su capacidad para disputar el gobierno en 2029.

El primer problema de la Coalición Republicana no es electoral. Es político: el egoísmo de sus propios integrantes.

Cada partido tiene razones lícitas para defender su identidad, sus dirigentes y su espacio. Pero el problema aparece cuando esa defensa de los intereses propios termina haciendo imposible la cooperación.

La teoría de juegos describe este problema como el dilema del prisionero: incluso cuando cooperar beneficia a ambos, cada jugador tiene incentivos para desconfiar del otro.

Cada líder debería preguntarse de qué sirve que su partido gane una pequeña ventaja si, para conseguirla, hace perder la elección a toda la coalición. Esto requiere grandeza política. Ninguna arquitectura institucional será suficiente si los dirigentes no están dispuestos a subordinar sus intereses particulares a un objetivo mayor. Ganar una pequeña batalla partidaria y perder el gobierno es, en definitiva, una forma sofisticada y mezquina de derrota.

La cooperación debe ser franca y leal. Los dirigentes tendrán que aceptar que ganar juntos exige, algunas veces, ceder. Esa renuncia es precisamente lo que distingue el liderazgo del cálculo partidario.

La cooperación tampoco puede depender de la buena voluntad. Necesita reglas claras para resolver candidaturas, representación, programa y conflictos. La Coalición debe preservar la identidad de sus integrantes, pero también dejar claro que ningún interés partidario puede estar por encima de la victoria del conjunto.

En octubre de 2024, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido Constitucional Ambientalista sumaron unos 90.000 votos más que el Frente Amplio. Un mes después, el candidato del Frente Amplio derrotó al candidato apoyado por la Coalición por unos 93.000 votos.

La Coalición tenía en octubre una base electoral potencialmente mayor que el Frente Amplio, pero no consiguió convertirla en una fuerza suficientemente cohesionada para ganar el balotaje.

¿Por qué ocurrió? Porque los votos separados no producen necesariamente el mismo resultado que los votos coordinados. La fragmentación tiene su precio.

La teoría de juegos ofrece aquí otro concepto útil: la coalición ganadora. No importa cuánto pesa cada jugador, sino si la combinación alcanza el umbral necesario para ganar. Y existe además el concepto de jugador pivote, aquel cuya incorporación puede transformar una coalición perdedora en ganadora.

Ya no alcanza con saber cuánto pesa electoralmente cada partido, sino qué capacidad tiene para modificar el resultado del juego. Allí aparecen dos casos particulares: un partido que perdió buena parte de su caudal electoral y una corriente política todavía pequeña, pero con posibilidades de crecimiento. Cabildo Abierto y Eduardo Lust representan, por razones distintas, dos actores cuyo peso futuro puede ser diferente del que indica la última elección.

Cabildo Abierto muestra con claridad el problema. En 2019 obtuvo 11,46 % de los votos. En 2024 cayó a alrededor del 2,6 %. No estamos, por tanto, ante el mismo actor electoral.

Sería un error calcular el futuro de la Coalición sumando mecánicamente el caudal que Cabildo Abierto obtuvo en 2019.

Tampoco resulta relevante retener a Manini o a sus dos diputados. Los partidos pueden crecer, reducirse, transformarse o desaparecer. Los electores, en cambio, pueden cambiar de partido. Por eso la Coalición no debería obsesionarse con conservar determinadas estructuras partidarias. Su preocupación debería ser representar al electorado necesario para construir una mayoría. En el caso de Cabildo Abierto, el objetivo no es tanto conservar su estructura como recuperar a quienes alguna vez confiaron en ella.

El caso de Eduardo Lust es diferente. El Partido Constitucional Ambientalista obtuvo una votación pequeña en 2024. Pero medir su futuro exclusivamente por ese resultado sería ignorar el crecimiento de una audiencia que todavía no se ha convertido en votos.

Lust está construyendo una presencia propia a través de redes sociales, YouTube, entrevistas, reuniones y recorridas por el país. Lo que sí puede observarse es que está captando electores antes que estructura electoral. Si logra convertir esa audiencia en organización, podría convertirse en uno de los dirigentes con mayor capacidad para atraer votantes desencantados de distintos partidos.

Además, ha defendido la idea de que la Coalición Republicana debería competir bajo un lema común, preservando a los distintos partidos como sublemas. Si esa propuesta prosperara, Lust podría convertirse en un jugador pivote. Aunque su votación de 2024 haya sido pequeña, su capacidad para modificar el juego podría ser considerablemente mayor.

Una coalición política no tiene solamente magnitud; también tiene dirección. Por eso la mejor metáfora no es la suma aritmética, sino la suma de vectores. Si sus fuerzas apuntan en direcciones diferentes, pueden neutralizarse. Si convergen hacia un objetivo común, la fuerza resultante es mayor.

Esa es la diferencia entre una alianza electoral coyuntural y una alianza política perdurable. Porque si la Coalición llega al gobierno y los partidos vuelven inmediatamente a competir entre ellos, la victoria habrá sido solamente circunstancial. La verdadera victoria es sobrevivir a la victoria.

Quienes votamos para impedir que el Frente Amplio vuelva a gobernar estamos atentos.

Observamos qué hacen y qué están dispuestos a sacrificar los dirigentes de cada uno de los partidos que integran la Coalición Republicana. No les pedimos que renuncien a sus identidades ni a sus convicciones. Pero les exigimos que estén a la altura de las circunstancias. Ninguna ventaja partidaria, candidatura personal o cálculo de corto plazo puede justificar poner en riesgo la posibilidad de una mayoría.

Porque si la Coalición no se concreta, el problema no será solamente de sus dirigentes. Será de todos los que queremos una alternativa al Frente Amplio. Los votos que hoy parecen suficientes pueden volver a dispersarse y terminar, una vez más, en una derrota. Por eso la ciudadanía no debería limitarse a esperar: debe hacerles saber a sus representantes qué espera de ellos. Hay que llamarlos, escribirles, exigirles.

La elección de 2029 no empieza a disputarse el día de los comicios. Puede empezar a perderse mucho antes, cada vez que un dirigente anteponga su interés partidario a la construcción de una mayoría. Es ahora cuando debemos hacerles saber a quienes nos representan que la Coalición no es propiedad de sus dirigentes: también pertenece a los ciudadanos que vemos en ella la posibilidad de una mayoría.

Por Angelina Rios

En pocos días, distintos episodios volvieron a exponer algunas de las caras más complejas de la inseguridad, como lo son las balaceras con armas de importante poder de fuego, disparos aun con policías presentes y un cargamento de drogas y celulares que llegó oculto hasta las puertas del ex-Comcar en un vehículo del sistema penitenciario. Son hechos diferentes y no necesariamente relacionados, pero plantean una misma pregunta: ¿qué capacidad tiene hoy el Estado para anticiparse, controlar y desarticular estructuras criminales?

Hay imágenes que consiguen sintetizar un problema.

En el barrio Marconi, periodistas habían llegado para cubrir una balacera ocurrida horas antes. La Policía preservaba la escena cuando volvieron a escucharse disparos.

Policías y periodistas tuvieron que buscar refugio. Algunos se tiraron al piso. La secuencia recorrió rápidamente los medios.

El episodio venía precedido por otra intensa balacera en la zona, donde se había recogido una importante cantidad de indicios balísticos de distintos calibres.

Pero esta vez apareció un elemento especialmente inquietante. Quienes volvieron a disparar lo hicieron sabiendo que había efectivos trabajando a pocos metros.

Ya no quedó expuesto solamente el poder de fuego de determinados grupos sino también el grado de desafío que están dispuestos a ejercer frente a la autoridad.

El incidente generó rápidamente reacciones políticas.

El senador colorado Andrés Ojeda reclamó recuperar el control territorial y propuso presencia permanente de la Guardia Republicana en los barrios más comprometidos por la violencia.

“¿Tenemos que lamentar la muerte de un periodista para tomar acción real?”, preguntó.

Desde la Jefatura de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo respondió que la Policía Nacional ya brinda servicios las 24 horas.

Pero agregó una frase que lleva la discusión más allá de la cantidad de efectivos: “Cuando avanzamos, ellos están de alguna manera tratando de evitar que nosotros sigamos interrumpiendo su actividad criminal”.

Las dos posiciones no necesariamente se contradicen. Una reclama recuperar el control territorial; la otra describe una Policía que asegura estar desplegada y encuentra resistencia cuando avanza sobre las actividades delictivas.

La cuestión, entonces, no es solamente cuántos policías hay, sino qué capacidad tiene el Estado para impedir que organizaciones criminales consoliden espacios de poder y pretendan imponer sus propias reglas.

La presencia policial es imprescindible, pero cuando comienza una balacera una parte del problema ya ocurrió.

Las armas llegaron, las municiones circularon y los grupos se organizaron.

Por eso una política de seguridad no puede comenzar con la respuesta al hecho consumado.

La inteligencia criminal, la investigación, el seguimiento de las organizaciones, el control de armas y municiones, la identificación de fuentes de financiamiento y la capacidad de anticipación son parte de la respuesta.

Recuperar territorio tampoco consiste exclusivamente en aumentar patrullajes. Requiere continuidad y una presencia estatal capaz de impedir que, terminado un operativo, las mismas estructuras vuelvan a funcionar.

Mientras Marconi concentraba la atención pública, otro episodio colocó el foco sobre el sistema penitenciario.

Días atrás un camión del Instituto Nacional de Rehabilitación llegó a la Unidad N.º 4, el ex-Comcar, trasladando materiales provenientes de la antigua cárcel de mujeres de Colón. Durante el control se encontraron ocultos en un termotanque más de cinco kilos de droga y decenas de teléfonos celulares.

Esta vez el control funcionó. El cargamento fue descubierto antes de ingresar al establecimiento.

Pero quedan preguntas. ¿Cómo consiguió llegar hasta las puertas de una cárcel una cantidad semejante de droga y teléfonos escondida en un vehículo perteneciente al propio sistema penitenciario? ¿En qué momento se incorporó el cargamento? ¿Qué controles atravesó previamente? ¿Quiénes participaron?

La investigación deberá determinarlo.

Las cárceles no constituyen un mundo separado de la seguridad pública.

Un teléfono puede permitir mantener contactos con el exterior, transmitir órdenes o continuar con actividades delictivas.

Controlar lo que sucede dentro de una prisión también forma parte de la seguridad de quienes están afuera.

El crimen organizado funciona como una cadena que necesita recursos, armas, comunicaciones, personas, dinero y capacidad para adaptarse a las respuestas del Estado.

Por eso también la respuesta debe funcionar como una cadena.

Más policías pueden ser necesarios. Más recursos y tecnología, también.

Pero ninguna herramienta, por sí sola, resuelve un fenómeno que combina narcotráfico, armas, territorios, cárceles y organizaciones con capacidad de adaptación.

La seguridad necesita actuar antes, durante y después.

No puede empezar cuando suena el primer disparo ni terminar cuando un control consigue detectar un cargamento.

El desafío está en conseguir que el Estado no se limite a reaccionar frente al delito consumado, sino que tenga capacidad para anticiparlo, interrumpirlo y desarticular las estructuras que permitan que vuelva a ocurrir.

Por Eduardo Irigoyen García

Eduardo Irigoyen García recorre, con humor y autocrítica, las adicciones digitales, la degradación del debate público y la conversión de la política en espectáculo. El problema, advierte, no pertenece a una sola tribu: el algoritmo se alimenta de nuestras ganas de tener razón.

Tengo varias adicciones. Algunas más presentables que otras.

El chocolate, por ejemplo. El mate también: esa costumbre que convierte a cualquier uruguayo promedio en un reactor soviético con termo bajo el brazo o sobre la mesa. Después vienen las dependencias menos químicas, pero igual de peligrosas: la lectura, Peñarol, el cine, la música —candombe, murga y rocanrol— y, finalmente, la peor de todas: la pantalla de mi PC.

No la computadora. La pantalla.

Porque por ahí entra todo. Música, noticias, discusiones, estupideces, artículos brillantes, videos absurdos, documentales sobre los Esteros de Farrapos y tipos que aseguran que los aviones fumigan con productos químicos para que no pensemos y así es más fácil dominarnos.

La pantalla es una ventana al conocimiento universal y, al mismo tiempo, un contenedor que, a diferencia del que tengo en la esquina, no recibe basura: te la tira sin pudor.

Basura mental, muy bien presentada y colorida. La consumo con gran entusiasmo masoquista y antropológico.

Entre esas drogas digitales hay una particularmente rioplatense: el debate político argentino. Los uruguayos tenemos una relación profundamente enfermiza con Argentina. No podemos dejar de mirar a los argentinos para criticarlos y envidiarlos, ni de admirarlos por las mismas razones.

Es imposible.

Argentina es nuestro reality show geopolítico favorito: una mezcla de asamblea universitaria ruidosa, programa de chimentos escandaloso y terapia grupal televisada. Y tiene algo que Uruguay no produce en cantidades industriales: farándula.

Nuestro ecosistema mediático es demasiado pequeño y austero. Acá lo más parecido a una celebridad escandalosa suele ser un diputado diciendo una barbaridad en comisión o un intendente peleándose por una amante colocada a dedo. Entonces llenamos ese vacío convirtiendo a los políticos argentinos en figuras de espectáculo. La pantalla uruguaya no se inunda de modelos peleándose en un set, sino de diputados, ministros, politólogos, economistas, sindicalistas, intendentes y, de tanto en tanto, algún terraplanista antivacunas que aparece porque faltaba completar el panel. A veces también un exfutbolista indignado.

Y ahí estamos nosotros. Mirando. Opinando. Sufriendo. Gozando.

Algoritmo libertario o compañero

En ese ecosistema de sobreexcitación permanente me crucé hace un tiempo con un hilo de Adrián Ramírez, consultor de comunicación y estratega de marketing. En uno de sus posteos llama a “peronizar el algoritmo”, frase que ya de por sí es bastante definitoria.

No lo conocía.

Probablemente discrepemos en varias cosas. Pero tengo una costumbre vieja y poco rentable en redes: cuando alguien presenta un argumento atendible, intento reconocerlo aunque nos separen toneladas de diferencias y un Río de la Plata entero. Y Ramírez, en buena parte de su diagnóstico sobre la degradación del debate público, tiene razón. Describe muy bien tres fenómenos que hoy se practican como deporte extremo:

El galope de Gish: abrumar al oponente con una ráfaga rápida de afirmaciones dudosas, medias verdades o mentiras para que no pueda responder a todas.

La ley de Brandolini: la cantidad de energía necesaria para refutar una tontería es mucho mayor que la requerida para crearla.

La erística: el arte de discutir no para acercarse a la verdad, sino para ganar la disputa a cualquier costo.

Cualquiera que haya pasado más de siete minutos en redes sociales lo reconoce. Hoy el debate muchas veces no consiste en pensar mejor, sino en impedir que el otro piense. No gana quien argumenta con más claridad, sino quien genera más ruido. El objetivo ya no es persuadir: es fatigar, saturar, convertir la conversación en una licuadora cognitiva donde ya nadie distingue entre dato, meme, ironía, propaganda o simple esquizofrenia digital. Y eso no es exclusivo de ningún sector. Es una enfermedad transversal de época.

Ahora bien, también hay algo que me gustaría decirle amistosamente a Adrián.

El liberalismo no son esos energúmenos reaccionarios que han tomado la palabra “libertad” como quien secuestra un ómnibus. Igualito que en Máxima velocidad, pero Milei no es Keanu Reeves ni Karina es Sandra Bullock.

Eso no es liberalismo.

O, por lo menos, no es el liberalismo que uno aprendió a respetar.

La versión uruguaya

Tenemos influencers y militantes digitales del Frente Amplio capaces de convertir una media verdad en una verdad absoluta, atribuirle al adversario intenciones que nunca tuvo o construir, a partir de un dato real, una conclusión completamente disparatada.

Lamentablemente también los tenemos en el Partido Colorado.

Y en el Partido Nacional, bueno... ahí ya existe una larga tradición levantisca de emoción, nativismo, rebeldía y romanticismo blanco que a veces lleva a subirse a la cuchilla, lanza en mano, y decir unos cuantos disparates sin necesidad de que nadie los obligue.

La camiseta cambia. El mecanismo es el mismo.

Cada tribu tiene sus propios fabricantes de indignación, sus expertos en seleccionar solamente los datos que les sirven, sus influencers que confunden opinión con información y sus militantes capaces de defender cualquier cosa siempre que la haya dicho “uno de los nuestros”.

Y eso debería preocuparnos bastante más que la identidad partidaria del mentiroso.

Porque el problema no es solamente que alguien mienta.

El problema es que nosotros queremos creerle.

El algoritmo aprendió algo que los políticos descubrieron hace mucho: la indignación moviliza más que la razón. Una explicación compleja recibe menos “me gusta” que una acusación brutal. Una duda razonable circula poco. Una certeza absurda vuela.

Y así vamos construyendo pequeñas comunidades donde todos reciben confirmación permanente de que tienen razón y de que los demás son unos imbéciles.

¿Querías liberalismo? ¡Tomá!

El liberalismo clásico fue una tradición intelectual enorme, compleja y contradictoria. Nació de la desconfianza hacia el poder, de la defensa de las libertades individuales, de la libertad de conciencia, de la tolerancia y de la convicción de que ningún gobierno debería disponer arbitrariamente de la vida de los ciudadanos.

Locke, Montesquieu o Mill no eran enemigos de la democracia, de la cultura ni de la solidaridad social. Por eso me cuesta bastante llamar “liberalismo” a una corriente que convierte cualquier preocupación social en una enfermedad, cualquier regulación en una dictadura y cualquier política pública en comunismo.

Ahí hay mucho de conservadurismo, bastante de fundamentalismo económico y una buena dosis de rebeldía adolescente. Sobre todo, una enorme confusión entre defender la libertad y tener siempre razón. Porque el liberalismo, si algo debería enseñarnos, es precisamente a desconfiar de quienes están demasiado seguros de poseer la verdad.

Después llegaron algunos muchachos que se creen traders, con canales de streaming, gráficos de cotización y una comprensión emocional comparable a la de una calculadora Casio, y transformaron todo eso en una secta donde el ser humano pobre parece un error estadístico que molesta entre las curvas de crecimiento. Convirtieron la economía en metafísica o, peor, en teología.

El problema no es discutir impuestos, mercado o regulación. Eso es sano y necesario. El problema empieza cuando toda conversación humana termina reducida a índices, productividad y eslóganes recitados como si fueran versículos.

Porque una sociedad no es solamente eficiencia. También es cultura. Fragilidad. Humor. Contradicciones. Charla amable. Mate. Amistad. Gente perdiendo tiempo en cosas inútiles y hermosas.

A la uruguaya.

Y quizá ahí esté parte del drama contemporáneo: hemos creado tecnologías prodigiosas para comunicarnos mientras destruimos lentamente la capacidad de conversar, dialogar, discutir y ponernos de acuerdo.

Mientras tanto, seguimos mirando debates argentinos y pensando que quizá el problema no sea solamente político.

Quizá están todos un poco rotos.

Nosotros también.

Y además online.

Por Marcela Pérez Pascual

Un cuchillo en un aula de Medicina no es solo una tragedia individual. Es la prueba de que dos sistemas, el de salud mental y el de seguridad, están fallando al mismo tiempo.

El martes 1.º de setiembre, un estudiante de 19 años atacó con un cuchillo a una compañera de clase en el anexo de la Facultad de Medicina. La joven, aparentemente, evoluciona físicamente bien. El caso se investiga como tentativa de femicidio, y si esa hipótesis se confirma, no admite matices: cualquier violencia por razón de género merece rechazo absoluto y sin condiciones. Pero limitar la lectura del episodio a esa única clave corre el riesgo de tapar dos fallas estructurales que el hecho también deja al desnudo, y que atraviesan a toda la sociedad uruguaya, no solo a esta aula.

La primera es la salud mental. Según trascendió a partir de declaraciones de su entorno y de fuentes judiciales consultadas por la prensa, el agresor atravesaría problemas de salud mental. El miércoles 2, tras sufrir una descompensación, fue internado en una clínica psiquiátrica y no había podido declarar mientras era evaluado por especialistas. Sin especular sobre lo que todavía no está confirmado —entre otras cosas, si había tenido contacto previo con el sistema—, el episodio vuelve a plantear una pregunta que no es nueva: ¿qué capacidad tiene hoy el sistema de salud mental para detectar, asistir y contener situaciones de riesgo antes de que desemboquen en hechos irreversibles, cuando la transformación prometida por la ley uruguaya hace casi una década sigue incompleta?

La Ley 19.529, de 2017, dispuso el cierre progresivo de las “estructuras asilares y monovalentes” y su sustitución por dispositivos alternativos, con una red de servicios de salud mental integrados en los barrios, cerca de la gente y conectados con el resto del sistema de salud. El plazo para completar ese cambio era, originariamente, 2025, pero en diciembre de ese año, la Ley de Presupuesto extendió ese plazo hasta 2029, antes incluso de que el plazo original se cumpliera. No hubo incumplimiento, hubo una fecha que se corrió hacia adelante.

La última vez que una Rendición de Cuentas destinó fondos específicos a esa transformación fue en 2022, con $240 millones anuales para ASSE y otro tanto para el MSP. En la Rendición de Cuentas que la Cámara de Diputados terminó de aprobar este agosto, la salud mental de la población no mereció una sola línea. La única mención a “salud mental” en todo el proyecto es un artículo que destina $7 millones a un programa de bienestar para el personal policial. Ni ASSE, ni el MSP, ni la red de centros barriales que la ley de 2017 prometió completar aparecen mencionados.

La salud mental uruguaya no carece de ley, ni siquiera de plazo: tiene ley y tiene, desde diciembre, un nuevo plazo hasta 2029. Lo que no tuvo, este año, fue un lugar en la agenda de la Rendición de Cuentas, y esa ausencia es exactamente el tipo de vacío donde un caso como este puede gestarse sin que nadie lo detecte a tiempo.

La segunda falla es la inseguridad, y acá tampoco hace falta interpretar nada: los números son oficiales. El Ministerio del Interior informó que en el primer semestre de 2026 se registraron 195 homicidios en Uruguay, un aumento del 6,6% respecto al mismo período de 2025. Tres de cada cuatro de esos homicidios se cometieron con arma de fuego. Y no hace falta ir a las estadísticas nacionales para ver la otra cara de esa inseguridad: trabajadores de la propia Facultad reconocieron, tras el ataque, que el edificio no cuenta con cámaras en los pisos y que en el momento del hecho había una sola persona de vigilancia, insuficiente para intervenir. Un episodio de violencia extrema pudo desarrollarse dentro de un aula, sin ningún mecanismo institucional de contención, hasta que estudiantes y funcionarias lograron reducir al agresor. Que la reacción inmediata haya recaído en estudiantes y funcionarias de la Facultad, y no en un dispositivo institucional de seguridad capaz de intervenir a tiempo, no es un detalle menor: es la prueba de que la sensación de vulnerabilidad que ya generan las cifras nacionales de homicidios se extendió también a espacios que hasta hace poco se percibían como protegidos.

Ninguna de las dos fallas exime a la otra. Uruguay puede tener, a la vez, una ley de salud mental cuya transformación no encontró lugar este año en la agenda de la Rendición de Cuentas y una infraestructura de seguridad institucional que no logra contener un episodio de violencia ni siquiera dentro de un edificio universitario. Son dos políticas públicas distintas, con responsables distintos, pero comparten el mismo síntoma: promesas normativas bien escritas y una agenda de prioridades que, cuando tiene que elegir, elige otra cosa. El propio decano de la Facultad lo reconoció al anunciar que se reforzarán las medidas de seguridad, un anuncio que llega, como casi siempre, después del hecho y no antes.

Lo ocurrido en la Facultad de Medicina no necesita un culpable ideológico ni una lectura única. Necesita que el Estado deje de tratar la salud mental y la seguridad como capítulos separados de la gestión pública y empiece a tratarlas como lo que son: la misma responsabilidad de proteger a los ciudadanos, antes de que el próximo hecho vuelva a demostrar que no se está cumpliendo.

Sin salud mental accesible y sin seguridad efectiva, no hay prevención, solo el próximo episodio que ya se está gestando en algún lugar que todavía nadie está mirando.

Por Alicia Quagliata Rienzi

El plan municipal de limpieza de Montevideo divide la ciudad en dos zonas con reglas distintas. Y los datos que la propia gestión elige mostrar no siempre corresponden al conjunto de la ciudad.

Camino Cerrillos tiene el mismo cúmulo de basura en la cuneta. No cambia de lugar, cambia de tamaño. Lo recorro cada semana por trabajo y lo mismo veo en Villa Colón, Villa Española, Pajas Blancas, Casavalle, Manga, Peñarol, Maroñas y Punta de Rieles: contenedores desbordados, basurales que no se levantan, cunetas que nadie limpia. Hay una explicación para eso, y la propia Intendencia ya la puso por escrito.

El plan municipal Nuestro Barrio Limpio divide Montevideo en dos ciudades con reglas distintas: la zona sur recibe intervenciones manuales sobre el espacio público, mientras la zona norte, que abarca los municipios A, D, F y G, desde Belvedere hasta Punta de Rieles, queda catalogada directamente como territorio de grandes puntos de disposición irregular, cuyo abordaje exige maquinaria pesada y acciones complejas. La comuna ya firmó que buena parte de la ciudad va a seguir funcionando peor que la otra.

La Intendencia, mientras tanto, elige qué mostrar. En agosto, el intendente Bergara presentó una encuesta con un 85 % de aprobación al nuevo sistema de contenedores, pero esa medición corresponde únicamente a los barrios donde el sistema ya se instaló. La misma consultora había revelado semanas antes que la desaprobación de la gestión de la limpieza en el conjunto de la ciudad llegó al 72 %, la cifra más alta desde 1999: misma empresa, mismo mes, dos resultados que la gestión decidió no mostrar juntos.

La transparencia no admite recortes: el gobierno departamental debe medir y comunicar con el mismo rigor en toda la ciudad, no solo donde conviene a la foto. Catalogar una zona como la de los basurales grandes y salir después a celebrar un 85 % que no la incluye no es comunicación de resultados: es ocultar la mitad que no conviene mostrar.

La próxima vez que alguien anuncie un 85 % de éxito en la limpieza de Montevideo, que muestre primero un mapa. Ahí se va a ver qué mitad de la ciudad quedó afuera de la cuenta.

Por Susana Toricez

La autora recrea, con humor y una memoria poblada de marcas, modas y costumbres, un día cualquiera de aquellos años en que la gomina resistía huracanes y la modernidad llegaba a la oficina en forma de máquina de escribir eléctrica.

Desperté como nuevo, me lavé la cara con energía y me puse el equipo de alta gala: mi gabán de corte señorial, los pantalones oxford, con un vuelo que abanicaba los tobillos a cada paso, y, por si refrescaba, sobre la camisa Porex lavada con Lavol Azul, el gamulán bien abrigado. Parecía un extra del cine de oro o un espía internacional atrapado en los años setenta.

Agarré el portafolios con solemnidad ejecutiva —listo para la batalla diaria de ir a marcar tarjeta—, pero decidí hacer una escala técnica en la peluquería.

Salí de allí impecable, reluciente y con tanta gomina en el pelo que ni un huracán hubiera movido un solo cabello de su sitio.

En el quiosco de la esquina me detuve a comprar una cajilla de Philip Morris y un paquete de pastillas Trineo de eucaliptus y menta.

Así, balanceando el vicio con la frescura glacial en el aliento, eché a andar a paso firme.

Antes de llegar, saludé al diariero con un gesto de galán, compré el diario El Día y seguí mi camino.

Entré a la oficina y marqué la tarjeta con la frente en alto.

Mi melena, inmune a la gravedad, combinaba a la perfección con la estela de mi perfume Old Spice y mi reloj Citizen.

Al verme tan elegante, no faltó quien me dijera que estaba muy churro y se lamentara de no tener su cámara Polaroid.

Adentro, mis compañeros estaban de fiesta probando una novedad tecnológica: la máquina de escribir eléctrica.

El debate estaba picado; varios pensaban que la máquina era un fiasco y un cachivache, jurando que la fiel Remington no se cambiaba por nada. Al fondo, entre papeles carbónicos, sonaban bajito Los Iracundos, y en la Spica de alguien se oía la música del Sexteto Electrónico Moderno, mientras la charla fluía alegremente.

Uno de ellos repartía candels para todos y contaba que había ido a bailar a Ton Ton; otro presumía de haber tomado un helado en cucurucho en Papito, en 18 y Río Negro; y no faltaba quien recordara su ida a la playa luciendo sus Ray-Ban, short, romanitas y la piel reluciente de aceite de coco.

Cuando terminó la jornada, el clima se vino abajo y, como no había traído trinchera, tuve que estrenar el pilot para proteger el gamulán.

Tras un día frío de aquellos, llegué a mi casa, abrí el portón y me dispuse a tomar un vermut como aperitivo reparador.

Acomodé la antena sobre el televisor hasta enganchar la señal y, mientras cenaba un buen plato caliente y tomaba una Teem, miré el informativo.

El día terminó felizmente y me fui directo a descansar, sabiendo que mi nuevo colchón, mi acolchado Alondra y mis frazadas de La Aurora me estaban esperando.

Siempre es bueno que la nostalgia nos haga sonreír.

¿Verdad?

Desde filas del Frente Amplio surgió la exhortación a apoyar la reelección de Lula da Silva en Brasil y a frenar así el supuesto avance regional del “fascismo”. El entusiasmo es comprensible desde el punto de vista ideológico. Lo que cuesta bastante más entender es qué diablos significa, en términos prácticos, que un uruguayo “milite” en una elección brasileña.

Hay consignas políticas que tienen la virtud de sonar formidables mientras nadie cometa la imprudencia de preguntar qué significan.

“Militar por Lula”, por ejemplo.

La expresión surgió en los últimos días entre dirigentes del Frente Amplio preocupados por la elección presidencial brasileña del próximo 4 de octubre. La preocupación existe y tiene una explicación perfectamente racional: Luiz Inácio Lula da Silva es hoy el gran aliado ideológico del gobierno uruguayo en una región que se ha ido desplazando electoralmente hacia la derecha. Una victoria de Flávio Bolsonaro cambiaría apreciablemente el paisaje político regional y dejaría al Frente Amplio bastante más solo de lo que ya se siente.

Hasta ahí, nada especialmente misterioso. Lo interesante comienza después.

Según informó Joaquín Silva en El País, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, dijo ante militantes frenteamplistas que había que hacer algo e incluso “prender velas para que Lula gane en Brasil”. Constanza Moreira llevó su entusiasmo todavía más lejos y bromeó con que sacaría “credenciales falsas para ir a votar, si pudiera”. Blanca Rodríguez resumió el estado de ánimo con una frase casi dramática: toda la esperanza estaba puesta en Brasil.

La primera propuesta, hay que reconocerlo, parece la más operativa: prender velas.

Porque entre encender una vela en Villa Española y colocar una lista de Lula dentro de una urna brasileña existe aproximadamente la misma distancia electoral que entre rezar para que Peñarol gane el campeonato y presentarse en Los Aromos dispuesto a jugar de nueve.

Los uruguayos, pequeño detalle burocrático inventado por la democracia, no votamos en Brasil.

Brasil tiene más de 158 millones de electores habilitados para las elecciones de 2026. Los brasileños residentes en el exterior también pueden votar, exclusivamente para presidente y vicepresidente, y la Justicia Electoral registra 918.876 ciudadanos habilitados fuera del país. En Uruguay existen lugares de votación en Montevideo, Artigas, Chuy y Río Branco.

De modo que, sí, un frenteamplista podría eventualmente localizar a un brasileño habilitado para votar en Uruguay, explicarle las bondades del cuarto mandato de Lula y confiar en que el hombre no estuviera ya perfectamente enterado de quiénes son Lula y Bolsonaro después de varias décadas de polarización política brasileña.

También podría escribir en X, compartir videos en Instagram, reenviar propaganda por WhatsApp, ponerse una camiseta roja, cantar alguna canción del PT o explicarle al almacenero de la esquina que el futuro de América Latina depende del resultado del 4 de octubre.

Todo perfectamente legítimo. La incógnita es cuántos votos mueve.

La elección brasileña, además, no parece precisamente necesitar del auxilio electoral de un comité de base montevideano. Lula y Flávio Bolsonaro están librando una competencia de dimensiones continentales, con campañas nacionales, estructuras partidarias gigantescas, televisión, redes sociales, actos multitudinarios y millones de electores. Una encuesta de RealTime Big Data divulgada el 1º de setiembre ubicó a Lula en 38% y a Bolsonaro en 30% para la primera vuelta y a ambos empatados en 44% en una eventual segunda vuelta.

No parece sencillo imaginar que semejante elección vaya a resolverse porque desde el comité de base de La Comercial salieron quince compañeros particularmente inspirados.

Naturalmente, todo esto no significa que el resultado brasileño sea irrelevante para Uruguay. Es exactamente al revés.

Brasil es nuestro principal vecino, una de nuestras mayores contrapartes comerciales y el socio decisivo del Mercosur. Que gobierne Lula o Flávio Bolsonaro importa. Mucho. También importa al gobierno de Yamandú Orsi, que mantiene una evidente afinidad política con Lula y que observa con preocupación cómo los gobiernos afines ideológicamente se han ido haciendo más escasos en la región. El País recogió incluso la expresión de una fuente oficial según la cual el escenario regional sería muy diferente “con Lula” que “sin él”.

Eso es política exterior.

Otra cosa es transformar esa preocupación razonable en una especie de convocatoria a las brigadas internacionalistas del mate y la torta frita.

Porque quizá allí esté la verdadera utilidad de “militar por Lula”.

No en Brasil. En Uruguay.

La consigna sirve para la política doméstica frenteamplista. Permite recuperar un lenguaje épico que siempre resultó eficaz para cohesionar a la izquierda: hay una batalla continental, avanza el fascismo, las fuerzas progresistas resisten y cada militante vuelve a sentirse parte de una causa histórica que supera largamente la discusión mucho menos romántica sobre crecimiento económico, seguridad pública, empleo, déficit fiscal o gestión.

El adversario ya no es solamente un senador brasileño que aspira a la Presidencia. Es “el fascismo que viene a pasos agigantados”, según Castillo.

Y contra el fascismo, como se sabe, nadie quiere quedar como el compañero que faltó a la reunión porque tenía dentista.

La palabra también cumple otra función interesante: borra la frontera entre solidaridad y eficacia.

Uno puede apoyar a Lula desde Uruguay. Puede preferir que gane Lula. Puede desear fervorosamente que gane Lula. Puede incluso —como sugirió Castillo— apelar al departamento celestial correspondiente y prender velas.

Pero “militar” supone otra cosa. Supone intervenir políticamente para conseguir votos.

Y ahí aparecen algunas dificultades logísticas:

Los electores están en Brasil.
Las urnas están en Brasil.
Los candidatos están en Brasil.
La campaña se desarrolla fundamentalmente en Brasil.
Y los uruguayos siguen estando, por esas obstinaciones de la geografía, en Uruguay.

Constanza Moreira percibió perfectamente el inconveniente cuando bromeó con las credenciales falsas. Es una buena broma precisamente porque contiene la respuesta: para que la militancia uruguaya tuviera una influencia electoral directa verdaderamente interesante habría que empezar por conseguirle derecho al voto.

Sería además bastante curioso imaginar la situación inversa.

Supongamos que dentro de cuatro años Flávio Bolsonaro fuera presidente de Brasil y exhortara públicamente a miles de militantes del PL a “militar” en Uruguay para impedir que el Frente Amplio ganara las elecciones.

Es probable que en Montevideo se descubrieran rápidamente palabras algo distintas a “solidaridad internacional”.

“Injerencia” podría ser una de ellas.

Por eso quizá convenga dejar las cosas en su verdadera dimensión.

El Frente Amplio quiere que gane Lula. El gobierno uruguayo preferiría relacionarse con un Brasil gobernado por Lula. Muchos frenteamplistas consideran que una victoria de Bolsonaro sería una pésima noticia para la región.

Todo eso es perfectamente comprensible.

Pero de allí a convocar a los uruguayos a “militar por Lula” hay un pequeño salto hacia la grandilocuencia.

Los brasileños decidirán quién gobierna Brasil.

Los frenteamplistas uruguayos podrán mirar, alentar, publicar mensajes, cruzar los dedos y, si siguen el consejo del ministro Castillo, prender alguna vela.

Aunque acaso esto último sea, de todas las formas de militancia propuestas, la que tenga exactamente las mismas posibilidades de cambiar el resultado que casi todas las demás.

La posibilidad de conectar por ferrocarril la producción paraguaya con el puerto de Montevideo representa una oportunidad logística de enorme valor. Pero para aprovecharla no alcanza con completar algunos kilómetros de vía: Uruguay debe ofrecer un corredor competitivo, una terminal confiable y una continuidad operativa que hoy no está en condiciones de garantizar.

El portal El Observador informó, en un artículo titulado Paraguay quiere llegar en tren al puerto de Montevideo y sumar una opción frente a Zárate, sobre la aspiración del gobierno paraguayo de incorporar una salida ferroviaria por Uruguay a las alternativas logísticas de un país que, por carecer de litoral marítimo, soporta costos de transporte considerablemente superiores a los de sus competidores.

La propuesta fue planteada en Montevideo por el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme. No consiste simplemente en hacer llegar un tren desde Asunción hasta nuestro puerto, como podría sugerir una lectura apresurada, sino en construir un corredor internacional en el que cada país deberá cumplir una parte y cuya viabilidad dependerá de que todas ellas funcionen coordinadamente.

Paraguay proyecta desarrollar en los próximos tres o cuatro años una red ferroviaria de cargas que conecte Naranjal con Villeta, en las cercanías de Asunción, y disponga de ramales hacia Ciudad del Este y Encarnación. Esta última conexión permitiría enlazar la producción paraguaya con la Línea Urquiza argentina.

En la actualidad, algunas cargas líquidas, granos y contenedores son trasladados en camiones hasta el centro ferroviario de Encarnación. Allí pasan al tren, atraviesan territorio argentino y llegan al puerto de Zárate. El gobierno paraguayo no pretende necesariamente sustituir ese corredor, sino agregar una segunda opción que le permita elegir, para cada operación, según los costos, los tiempos y la confiabilidad ofrecidos.

La alternativa uruguaya utilizaría también la Línea Urquiza, pero se desviaría hacia Concordia, cruzaría el río Uruguay por Salto Grande y continuaría por la red ferroviaria nacional hasta empalmar con el Ferrocarril Central y alcanzar el puerto de Montevideo.

La primera condición, por tanto, depende de Paraguay: debe construir su red interna, asegurar las inversiones y generar volúmenes de carga suficientes para sostener económicamente el servicio. La segunda corresponde a Argentina: deberá mantener operativa la Línea Urquiza, establecer condiciones razonables de acceso y permitir un tránsito internacional fluido. Esto último está sujeto, además, al proceso de concesión al sector privado impulsado por el gobierno argentino.

No es un detalle menor. Una vía puede existir en el mapa y, sin embargo, resultar comercialmente inútil si las tarifas son imprevisibles, escasean las locomotoras, los trenes circulan a velocidades mínimas o las cargas quedan detenidas durante días en una frontera. Paraguay necesita que la futura concesión argentina transforme al Urquiza en un corredor efectivo, no simplemente que preserve los rieles.

La tercera condición corresponde a Uruguay y es bastante más exigente de lo que permite imaginar la referencia de Riquelme a la necesidad de construir “menos de 50 kilómetros” de vías dentro de nuestro territorio.

La conexión ferroviaria internacional por Salto Grande ya existe. El problema es que no existe hoy un corredor plenamente operativo, continuo y con prestaciones homogéneas entre la frontera y Montevideo. La información oficial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vigente a julio de 2026, registra como clausurados los aproximadamente 80 kilómetros comprendidos entre Queguay y Salto, así como los casi 13 kilómetros entre Salto y Salto Grande. Otros sectores de la línea del litoral admiten velocidades de apenas 30 o 40 kilómetros por hora y cargas por eje inferiores a las que soporta el nuevo Ferrocarril Central.

Por eso, los kilómetros nuevos mencionados por el ministro paraguayo no representan la totalidad del desafío uruguayo. Será necesario recuperar los tramos clausurados, reparar puentes, homogeneizar la capacidad de carga, asegurar desvíos y cruces, instalar sistemas de señalización y resolver la integración entre la vieja red del litoral y el corredor moderno que llega al puerto.

El propio presidente Yamandú Orsi ha reconocido que la prioridad es conectar Paso de los Toros con el litoral oeste y que todavía debe resolverse el puente ferroviario sobre el río Negro. El Ferrocarril Central constituye una infraestructura moderna, pero no convierte automáticamente en moderno al resto del sistema.

También habrá que demostrar que existe capacidad disponible para sumar trenes paraguayos. En sus dos primeros años, el Ferrocarril Central transportó ocho millones de toneladas, siete millones de ellas de celulosa y el resto de insumos para la planta de UPM. La capacidad oficialmente anunciada es de hasta cuatro millones de toneladas anuales. Esto no significa que cada franja horaria esté saturada, pero sí que la incorporación de cargas regionales exige estudiar frecuencias, apartaderos, prioridades de circulación, material rodante y acceso de nuevos operadores. No alcanza con suponer que los trenes paraguayos encontrarán lugar porque la vía ya está construida.

Luego aparece el puerto. Uruguay deberá ofrecer capacidad para recibir los trenes, descargar y almacenar la mercadería, transferir contenedores y asegurar conexiones marítimas frecuentes. Tendrá que culminar las ampliaciones previstas, mantener el canal de acceso y los muelles con profundidad suficiente, disponer de equipamiento adecuado y establecer procedimientos aduaneros y fronterizos que no conviertan la ventaja ferroviaria en una sucesión de esperas burocráticas.

Pero el requisito principal es todavía más elemental: el puerto debe funcionar.

Riquelme empleó dos palabras que deberían ser escuchadas con particular atención: “previsibilidad” y “estabilidad”. Paraguay no está buscando un socio al cual favorecer por simpatía diplomática. Está buscando una salida al mar que reduzca sus costos y, sobre todo, que no deje su producción inmovilizada. Si Zárate ofrece mayor certeza, las cargas irán a Zárate. Si Montevideo funciona mejor, vendrán a Montevideo.

En otro artículo, titulado Los problemas portuarios de Argentina y Uruguay que le complican la vida a Paraguay, El Observador recogió las advertencias de los armadores paraguayos sobre los paros en la terminal montevideana. Una interrupción de cuatro o cinco días provoca costos gigantescos que luego deben absorber las empresas de transporte. A ello se agregó el conflicto comercial entre Terminal Cuenca del Plata y la naviera MSC, que llevó a desviar operaciones de tránsito hacia Buenos Aires.

Las cifras resultan elocuentes. En julio, las principales organizaciones empresariales uruguayas advertían que el puerto había acumulado más de 30 días de disrupciones operativas durante 2025 y ya llevaba 25 en 2026. Al finalizar agosto, el conflicto por el convenio colectivo de Terminal Cuenca del Plata continuaba sin una solución definitiva.

Nadie puede exigir que en un puerto no existan conflictos laborales. Lo que un país que aspira a convertirse en plataforma logística regional debe impedir es que cada disputa particular paralice durante días una infraestructura de la cual depende su comercio exterior y el de sus socios. Se necesita un acuerdo institucional duradero entre el gobierno, la Administración Nacional de Puertos, las terminales y los sindicatos, con cláusulas de paz, procedimientos rápidos de negociación y servicios mínimos que eviten la interrupción total de las operaciones.

Uruguay tampoco controla las decisiones comerciales de las navieras, pero sí puede ofrecer reglas estables, tarifas competitivas, transparencia en el acceso a las terminales y condiciones que hagan atractivo mantener escalas regulares en Montevideo. De poco servirá que un contenedor llegue en tren desde Paraguay si después debe esperar indefinidamente un buque o si la compañía marítima decide que le resulta más conveniente concentrar sus operaciones en Buenos Aires.

La oportunidad paraguaya es real. Permitiría captar cargas, generar actividad portuaria, aprovechar mejor la inversión realizada en el Ferrocarril Central y consolidar a Montevideo como puerto de tránsito regional. También reduciría la dependencia paraguaya de la hidrovía, sometida a peajes, restricciones de navegación y decisiones argentinas que periódicamente alteran sus costos.

Pero la oportunidad no se concretará mediante declaraciones ni reuniones bilaterales. Uruguay deberá comprometer inversiones, establecer plazos verificables y ofrecer garantías operativas. Tendrá que asegurar que el tren pueda cruzar Salto Grande, recorrer el litoral, empalmar con el Ferrocarril Central, entrar al puerto, descargar sin demoras y encontrar un servicio marítimo disponible.

Paraguay está dispuesto a poner la carga. Argentina deberá permitir que circule. Uruguay, si realmente quiere quedarse con una parte de ese negocio, tendrá que aportar algo que hoy ofrece de manera intermitente: la certeza de que sus vías y su principal puerto estarán funcionando cuando el cliente los necesite.

Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez anunciaron un entendimiento que compromete 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano, inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares y el desarrollo de 17 campos durante al menos 25 años. Pero el contrato no se conoce, no hubo licitación y ni siquiera está enteramente clara la estructura empresarial y financiera de una operación que Donald Trump presentó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

El acuerdo petrolero anunciado el viernes 28 de agosto por Donald Trump y confirmado desde Caracas por Delcy Rodríguez es extraordinario por su dimensión. Estados Unidos obtendría, según el presidente norteamericano, el “control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano mediante una asociación con capital privado. La cifra equivale a algo más del 21% de las reservas de Venezuela, que superan los 300.000 millones de barriles y son las mayores conocidas del mundo.

Trump sostuvo que la operación “más que duplica” las reservas petroleras estadounidenses y que permitirá aumentar el suministro y reducir sustancialmente el precio de la gasolina a largo plazo. La afirmación debe entenderse, sin embargo, en términos de acceso o control económico: los 65.000 millones de barriles continúan físicamente bajo territorio venezolano y no pasan a convertirse, por el acuerdo, en reservas geológicas de Estados Unidos. Para Washington, además, el petróleo venezolano adquiere un valor estratégico adicional en momentos en que sus reservas estratégicas se encuentran en niveles muy bajos y la guerra con Irán ha presionado nuevamente sobre el precio de los combustibles.

Delcy Rodríguez aportó algunos detalles. El entendimiento tendrá una duración de por lo menos 25 años, abarcará 17 campos petroleros —principalmente en la Faja del Orinoco y en la zona del lago de Maracaibo— y demandaría inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares. Caracas proyecta llevar la producción vinculada al proyecto a más de 1,5 millones de barriles diarios y calcula que el Estado venezolano obtendrá unos 209.335 millones de dólares en regalías e impuestos durante la vigencia del acuerdo. Tomando como referencia un barril a 65 dólares, Rodríguez estimó que aproximadamente 19 dólares de cada barril producido quedarían en Venezuela.

El volumen involucrado es formidable. Venezuela produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, muy lejos de su potencial y de los niveles que alcanzó antes del derrumbe de su industria bajo los gobiernos chavistas. La consultora Gas Energy Latin America calculó que los campos incluidos en la operación contienen cerca de 63.700 millones de barriles recuperables suponiendo un factor de recuperación del 20%. Incluso en condiciones técnicamente favorables, extraer ese petróleo demandaría décadas. Por eso los especialistas advierten también que el acuerdo difícilmente pueda producir en el corto plazo la caída del precio de la gasolina prometida por Trump: hacen falta enormes inversiones en pozos, electricidad, oleoductos, puertos y capacidad de procesamiento del crudo pesado venezolano.

Pero el aspecto que comienza a generar más interrogantes no es su tamaño sino su opacidad.

El pacto fue negociado durante meses en secreto y solo se conoció cuando Trump decidió anunciarlo. No hubo una licitación internacional ni un procedimiento competitivo conocido. Tampoco se ha publicado el contrato, no se conocen íntegramente sus cláusulas y la Casa Blanca inicialmente no explicó cómo se ejercerá ese llamado “control mayoritario”, quiénes serán todos los operadores ni cuál será exactamente la estructura jurídica de la asociación. Reuters señaló este lunes que expertos en energía y juristas reclaman a ambos gobiernos que hagan públicos los documentos del acuerdo.

La cuestión se vuelve todavía más delicada porque Washington parece haber obtenido capacidad para determinar el modelo de operación y seleccionar las empresas que participarán en el desarrollo de los campos. Es precisamente allí donde algunos especialistas encuentran un problema institucional: en vez de crear condiciones transparentes y generales para atraer inversiones hacia Venezuela, el acuerdo podría terminar sustituyendo la discrecionalidad que durante años caracterizó al chavismo por una nueva discrecionalidad, esta vez ejercida bajo tutela estadounidense. La especialista Luisa Palacios, de la Universidad de Columbia, advirtió que, si la intención era reducir el riesgo de invertir en Venezuela, la operación podría conseguir precisamente lo contrario debilitando todavía más su frágil marco institucional.

En el centro de las informaciones aparecidas hasta ahora figura además North American Blue Energy Partners —NABEP—, compañía encabezada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Betancourt fue investigado por presunto lavado de dinero en España y Suiza, aunque no ha sido formalmente acusado, y se convirtió en los últimos años en un actor importante del nuevo escenario petrolero venezolano. Su empresa es señalada por distintos medios como uno de los vehículos principales del gigantesco acuerdo.

Y aquí la falta de claridad produce una situación particularmente llamativa. The Wall Street Journal informó que el gobierno de Estados Unidos adquiriría una participación pasiva del 35% en NABEP y conseguiría además derechos preferenciales para comprar al costo el 20% del petróleo producido por la compañía. Según esa versión, la operación sería estructurada mediante warrants por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. Pero el portavoz principal del Departamento de Defensa, Sean Parnell, respondió a Reuters que esa oficina no tiene autoridad legal para adquirir participaciones accionarias en empresas privadas y que sus competencias se limitan a préstamos, garantías y asistencia técnica. La estructura de uno de los mayores acuerdos energéticos anunciados en décadas es, por tanto, objeto de versiones contradictorias incluso dentro de Estados Unidos.

Tampoco están despejadas las dudas jurídicas en Venezuela. El petróleo pertenece constitucionalmente a la República y la legislación venezolana reserva al Estado un papel decisivo en la explotación de los hidrocarburos. Juristas consultados por Reuters advirtieron que un acuerdo en el que Estados Unidos seleccione el modelo y los operadores podría ser cuestionado judicialmente en el futuro. Juan Carlos Apitz, decano de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, señaló que el reconocimiento estadounidense del acuerdo no impide que posteriormente pueda ser impugnado ante los tribunales venezolanos.

También existen interrogantes sobre cuánto recibirá efectivamente Venezuela. El gobierno de Rodríguez habla de 209.335 millones de dólares en tributos a lo largo de la operación. Sin embargo, el economista petrolero Francisco Monaldi, del Baker Institute de Rice University, calificó de extraordinariamente baja la carga tributaria anunciada y cuestionó la falta de transparencia de la nueva política petrolera. La dimensión del negocio hace todavía más indispensable conocer no solo cuánto dinero ingresará al Estado, sino quién cobrará qué, qué inversiones serán reconocidas como costos, qué mecanismos de auditoría existirán y cómo se distribuirán los riesgos y las ganancias.

La propia situación política venezolana vuelve más sensible el asunto. Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, Washington ejerce una influencia determinante sobre el gobierno interino encabezado por Rodríguez y ha situado la reconstrucción del sector petrolero entre sus primeras prioridades. La celebración de elecciones y la normalización democrática quedaron relegadas a etapas posteriores del esquema diseñado por la administración Trump. Al mismo tiempo, Estados Unidos administra aspectos decisivos de la comercialización petrolera venezolana y ha recaudado miles de millones de dólares mediante la venta de crudo, sin que exista una auditoría pública integral de esas operaciones.

Ese contexto explica que la palabra “opacidad” no aluda simplemente a que falten algunos detalles técnicos. Lo que se desconoce afecta elementos esenciales: el texto contractual, el mecanismo de selección de empresas, la estructura societaria, el papel exacto del gobierno estadounidense, las obligaciones de inversión, el régimen fiscal definitivo, los controles sobre los recursos obtenidos y hasta la fórmula jurídica mediante la cual Washington ejercerá el “control mayoritario” proclamado por Trump.

Edmundo González Urrutia introdujo otro aspecto de la discusión. El candidato de la oposición venezolana en las elecciones de 2024 evitó concentrarse solamente en la disputa sobre porcentajes y reservas y planteó qué destino tendrá finalmente la riqueza obtenida.

“La recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir”, escribió en X.

González Urrutia recordó que Venezuela ya dispuso en el pasado de cantidades enormes de dinero petrolero y que el ingreso de recursos al país no significa necesariamente que esos recursos mejoren la vida de sus habitantes. Se preguntó, por eso, si esta vez el petróleo beneficiará realmente a todos los venezolanos o solamente a algunos. Para él, recuperar la industria es indispensable, pero la verdadera recuperación solo podrá medirse cuando vuelvan a funcionar hospitales, escuelas y servicios públicos, cuando los docentes puedan vivir de su trabajo y cuando una familia pueda otra vez hacer planes para su futuro.

El planteo toca el problema central. No parece razonable objetar que Venezuela necesita capital, tecnología y empresas capaces de recuperar una industria devastada por décadas de mala gestión, expropiaciones, corrupción, falta de inversión y sanciones. Tampoco puede desconocerse que la llegada de inversión estadounidense puede generar producción, empleo e ingresos que hoy el país necesita desesperadamente.

Pero precisamente porque el acuerdo puede representar una oportunidad extraordinaria, debería estar rodeado de garantías también extraordinarias de transparencia.

Sesenta y cinco mil millones de barriles no pertenecen a Delcy Rodríguez, ni a Donald Trump, ni a Alejandro Betancourt, ni a ninguna empresa escogida en Washington. Constituyen una parte formidable del patrimonio venezolano. Un negocio que compromete esa riqueza durante décadas necesita contratos públicos, reglas conocidas, controles institucionales, competencia entre operadores y cuentas que cualquier venezolano pueda examinar.

El petróleo puede ayudar a reconstruir Venezuela. La opacidad, en cambio, recuerda demasiado a una de las causas que contribuyeron a destruirla.

Donald Trump volvió a mostrar una concepción inquietante de los límites del poder presidencial. Molesto porque la periodista Kristen Welker describió como “mixtos” los resultados de sus respaldos electorales, el presidente anunció que la denunciará ante la Comisión Federal de Comunicaciones para que reciba una “reprimenda o castigo”. El episodio sería apenas otro encontronazo con la prensa si no fuera porque Trump pretende convertir a un organismo regulador del Estado en instrumento para disciplinar a quienes publican opiniones o informaciones que le disgustan.

Donald Trump tiene todo el derecho del mundo a considerar que Kristen Welker se equivoca. Puede responderle, discutir sus números, acusarla de parcialidad e incluso sostener que NBC hace mal periodismo. Lo que un presidente de los Estados Unidos no debería hacer es preguntarse cómo puede permitirse que una periodista diga algo semejante y reclamar a un organismo del Estado que la castigue por haberlo dicho.

Y eso es exactamente lo que hizo.

El domingo 30 de agosto, Trump reaccionó en Truth Social a una intervención de Welker, conductora de Meet the Press, en la filial de NBC de Washington. La periodista había señalado que el presidente tendría un papel importante en las elecciones legislativas de noviembre y agregó que los candidatos respaldados por él habían obtenido “algunos resultados mixtos”. Inmediatamente mencionó, por otra parte, una victoria reciente de Darline Graham, candidata apoyada por Trump al Senado por Carolina del Sur.

Trump replicó que su porcentaje de éxito alcanzaba el 100% entre sus candidatos al Senado y el 98% entre los aspirantes a la Cámara de Representantes. Y formuló la pregunta que desnuda el problema mucho mejor que cualquier interpretación posterior: “¿Cómo se puede permitir que alguien diga esto, trabajando en ondas públicas que se conceden gratuitamente?” Luego anunció: “Por esta inexactitud deliberada, será denunciada ante la FCC para que reciba una reprimenda o castigo”.

El asunto no consiste, por tanto, en determinar si Trump tiene un excelente récord de apoyos electorales. Lo tiene. Tampoco en negar que pueda cuestionar la caracterización empleada por Welker. Pero hablar de resultados “mixtos” no carecía de sustento: candidatos respaldados por el presidente habían sufrido derrotas recientes en primarias de Iowa, Georgia, Wyoming y Minnesota, entre otros Estados. NBC había contabilizado seis derrotas durante agosto.

Aun suponiendo que Welker hubiese estado completamente equivocada, la respuesta democrática es refutarla. No castigarla.

Ahí aparece nuevamente un rasgo preocupante de Trump: su dificultad para distinguir entre combatir una opinión y emplear el poder público contra quien la expresa.

Una periodista difícil de presentar como improvisada

Kristen Welker no es precisamente una comentarista llegada ayer al periodismo político estadounidense.

Nacida en Filadelfia en 1976, se graduó en Historia estadounidense en Harvard en 1998. Había comenzado a acercarse al periodismo televisivo durante sus años universitarios, cuando realizó una pasantía en Today. Después recorrió el camino tradicional del periodismo estadounidense: trabajó en emisoras locales de California y Rhode Island y, desde 2005, en WCAU, la filial de NBC en su ciudad natal. En 2010 pasó a NBC News como corresponsal nacional y en diciembre de 2011 fue destinada a la Casa Blanca.

Desde allí cubrió las presidencias de Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, además de varias campañas electorales. Llegó a ser corresponsal jefa de la Casa Blanca de NBC y en 2020 se incorporó como copresentadora de la edición sabatina de Today. Ese mismo año recibió uno de los encargos periodísticos más delicados de la campaña presidencial: moderar el último debate entre Trump y Biden, el 22 de octubre en Nashville. Su desempeño fue ampliamente elogiado.

En setiembre de 2023 sucedió a Chuck Todd como decimotercera moderadora de Meet the Press, el programa televisivo más antiguo de Estados Unidos todavía en emisión. Se convirtió en la segunda mujer en conducirlo y en la primera periodista negra al frente del histórico espacio dominical. A lo largo de su carrera recibió además un Emmy nacional por la cobertura de la tragedia del vuelo MH17 de Malaysia Airlines.

Trump la conoce perfectamente. Y sus choques tampoco comenzaron esta semana.

En junio pasado, durante una entrevista de Meet the Press, Welker insistió en pedirle pruebas de sus acusaciones sobre supuestos fraudes electorales. Trump terminó llamándola “corrupta” y le dijo que era “o corrupta o estúpida” antes de dar por terminada abruptamente la entrevista. También acusó de “corruptos” a NBC, ABC, CBS y CNN.

Dos meses después, el conflicto dio un salto cualitativo. Ya no se trata únicamente del insulto.

Del enojo presidencial al poder del Estado

La Comisión Federal de Comunicaciones —FCC por sus siglas en inglés— regula, entre otras cosas, las licencias mediante las cuales las estaciones de radio y televisión utilizan el espectro radioeléctrico. Precisamente por eso, cualquier insinuación presidencial de utilizar esas facultades para premiar o castigar contenidos periodísticos resulta particularmente delicada.

La propia doctrina de la FCC establece que su intervención frente a denuncias de parcialidad o inexactitud periodística es extremadamente limitada, porque sustituir el criterio editorial de las emisoras por el del gobierno sería incompatible con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. La Comisión distingue además entre una falsificación deliberada de noticias y una simple discusión sobre interpretaciones, exactitud o puntos de vista.

Trump, sin embargo, lleva tiempo reclamando que la FCC actúe contra medios que lo disgustan. Ha pedido revisar o revocar licencias vinculadas a ABC, mientras el presidente de la Comisión, Brendan Carr —designado por Trump— ordenó este año revisiones anticipadas de licencias de emisoras de esa cadena, algo que no ocurría desde hacía más de medio siglo. La FCC también mantiene investigaciones que afectan a Comcast, propietaria de NBC.

Por eso sería equivocado reducir el episodio Welker a otra salida temperamental del presidente.

Trump no se limitó a decir que una periodista mintió. Preguntó cómo podía “permitirse” que dijera aquello y reclamó que el organismo público encargado de regular las emisoras la sometiera a “reprimenda o castigo”.

La palabra importante es precisamente esa: permitirse.

En una democracia liberal, al gobierno no le corresponde decidir qué puede permitirse decir un periodista sobre el desempeño político del presidente. Puede existir información falsa, periodismo malo, sesgo, hostilidad y hasta irresponsabilidad profesional. Para todo eso existen la réplica, el debate público, la competencia entre medios, las rectificaciones y, cuando corresponda, los tribunales.

Lo que no debería existir es el castigo administrativo del poder político.

Criticar duramente a la prensa no convierte a nadie en autoritario. Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden tuvieron relaciones conflictivas con distintos medios y periodistas. Un presidente conserva también su libertad de expresión.

La frontera se cruza cuando quien dispone del aparato estatal pretende utilizarlo para disciplinar a quien lo critica.

Trump todavía gobierna dentro de un sistema de contrapesos institucionales robusto. Eso importa y evita exageraciones fáciles. Pero precisamente porque las instituciones cuentan, tampoco conviene minimizar cada intento de empujarlas un poco más hacia la función de servir al gobernante.

El episodio con Kristen Welker es pequeño en sus dimensiones inmediatas. En lo que revela sobre la concepción del poder presidencial, no lo es en absoluto.

La relación entre Pedro Sánchez y Felipe VI mantiene las formas que exige la Constitución, pero acumula episodios de fricción cada vez más difíciles de disimular. Paiporta dejó una fotografía incómoda, Notre Dame expuso problemas de coordinación y la crisis de Ceuta acaba de abrir un nuevo capítulo: el presidente anunció lo que hará el Rey y, al día siguiente, su gobierno tuvo que aclarar que no había querido reprocharle nada.

No hay una crisis constitucional entre La Moncloa y La Zarzuela. Pedro Sánchez y Felipe VI se reúnen, despachan, aparecen juntos cuando corresponde y ambos aparatos institucionales se esfuerzan periódicamente en proclamar que las relaciones son normales. Precisamente por eso resulta llamativo que cada pocos meses sea necesario reiterarlo.

El último episodio se produjo con Ceuta. En una entrevista con la Cadena SER el lunes 31 de agosto, Sánchez anunció que Felipe VI visitaría la ciudad autónoma —y también Melilla— “cuando se den las condiciones”, después de subrayar que él sí había viajado a ambas ciudades y que el actual monarca todavía no lo había hecho. Incluso cometió un pequeño lapsus al hablar de los “20 años” de reinado de Felipe VI, cuando lleva doce en el trono.

La observación podía presentarse como un dato histórico. Pero políticamente sonó de otra manera. El presidente no se limitaba a anunciar una iniciativa institucional coordinada con la Casa Real: parecía señalar públicamente una ausencia del jefe del Estado y, al mismo tiempo, comunicarle al país que esa ausencia terminaría porque había llegado el momento de hacerlo.

Veinticuatro horas después apareció la habitual brigada de desactivación. La portavoz del gobierno, Elma Saiz, aseguró que Sánchez no había formulado ningún reproche al Rey, que las relaciones con Zarzuela eran “buenas” y que tampoco existía ningún veto del Ejecutivo a una visita real a Ceuta. El asunto, explicó, ya había sido hablado entre Moncloa y Zarzuela, aunque todavía no existía fecha.

Cuando es necesario explicar con tanto entusiasmo que nadie ha reprochado nada a nadie, alguna electricidad circula por los cables.

Ceuta, Marruecos y un Rey que se adelantó

El contexto hace el episodio especialmente delicado. Tras la gigantesca entrada de migrantes desde Marruecos a fines de julio, Felipe VI tomó una iniciativa pública poco habitual. Habló con Sánchez, con los presidentes de Ceuta y Melilla y posteriormente con Alberto Núñez Feijóo. El 1º de agosto, Zarzuela difundió además un mensaje en el que el monarca expresaba su “preocupación e indignación” por lo sucedido y reclamaba que el Estado adoptara las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las dos ciudades autónomas.

No era una rebelión del Palacio Real, por supuesto. Pero el tono era más rotundo que el que durante buena parte de la crisis había empleado el gobierno respecto de Marruecos.

Ahí reside una de las claves del nuevo cortocircuito. Sánchez ha intentado preservar con extraordinario cuidado su relación con Rabat y ha descartado públicamente que el gobierno marroquí estuviera detrás de la avalancha, mientras un informe policial conocido ahora apunta precisamente a una posible implicación de Marruecos.

Una visita de Felipe VI a Ceuta sería cualquier cosa menos turística. Juan Carlos I sólo estuvo allí como Rey en 2007 y Marruecos reaccionó airadamente. La presencia del jefe del Estado en un territorio cuya soberanía Rabat cuestiona históricamente constituye por sí misma un mensaje político.

Por eso la visita debe ser coordinada entre el gobierno y la Casa Real. La Constitución define al Rey como jefe del Estado y máximo representante de España en las relaciones internacionales, pero sus actos están sometidos al sistema de refrendo: el monarca reina, representa y simboliza; quien responde políticamente es el gobierno.

Lo que resulta menos elegante es convertir públicamente esa coordinación en una especie de recordatorio presidencial de que Felipe VI todavía no fue y ahora deberá ir.

El PP lo interpretó inmediatamente así. Su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, acusó a Sánchez de estar todavía “escocido” con el Rey y de arrastrar “ciertos complejos” desde Paiporta. Es, naturalmente, una valoración partidaria y no un hecho comprobable. Pero puso sobre la mesa el episodio que probablemente más daño hizo a la relación entre ambos.

El barro de Paiporta

El 3 de noviembre de 2024 los Reyes, Sánchez y el entonces presidente valenciano Carlos Mazón visitaron Paiporta, devastada por la DANA.

La comitiva fue recibida con insultos, barro y lanzamiento de objetos. Los servicios de seguridad evacuaron rápidamente a Sánchez después de que un objeto pasara cerca de él. Felipe VI y Letizia, en cambio, permanecieron en el lugar, cubiertos de barro, hablando durante largo rato con vecinos enfurecidos.

Desde el punto de vista estrictamente policial, no hay nada reprochable en que un equipo de seguridad retire al presidente cuando entiende que existe riesgo físico. Y tampoco puede afirmarse seriamente que Sánchez “huyera” por decisión personal mientras el Rey heroicamente desobedecía a todo el mundo.

Pero la política también está hecha de imágenes.

Y aquella fue demoledora.

El presidente abandonaba la escena; el Rey se quedaba. Sánchez desaparecía rodeado de escoltas; Felipe VI escuchaba insultos cubierto de barro y trataba de contener a vecinos desesperados.

La fotografía hizo el resto.

El País informó después que la visita había sido impulsada por la Casa Real y que en el gobierno existían dudas sobre si era oportuno acudir en ese momento, aunque Zarzuela subrayó que nada se había hecho contra el criterio del Ejecutivo y que el acto había sido coordinado entre las instituciones.

Desde entonces han aparecido repetidamente informaciones que describen un deterioro personal entre Sánchez y Felipe VI. Algunas van bastante más lejos de lo que puede demostrarse y hablan directamente de una relación “rota”. Lo comprobable es más modesto, pero suficiente: desde Paiporta los desencuentros han sido más visibles y varias fuentes próximas tanto al gobierno como a la Corona han reconocido fricciones. Incluso El País señalaba a comienzos de este año que las relaciones entre Moncloa y Zarzuela “no son las mejores”, apuntando especialmente al episodio valenciano.

Notre Dame: un “malentendido” bastante elocuente

Un mes después llegó otra chispa.

Felipe VI y Letizia fueron invitados a la reapertura de Notre Dame en París, convertida en una gran cita internacional con decenas de dirigentes mundiales. No asistieron. España tampoco envió finalmente una representación política de primer nivel.

El Ministerio de Asuntos Exteriores dejó trascender su malestar porque, según sus fuentes, se había enterado por la prensa de que los Reyes habían recibido la invitación y la habían declinado. Algunas voces de Exteriores agregaron que no era la primera vez que tenían problemas de coordinación con la Casa Real.

Zarzuela y el ministro José Manuel Albares terminaron rebajándolo todo a un “malentendido”. La Casa Real explicó que la ausencia obedecía a razones de agenda y que los Reyes estaban preparando una visita de Estado a Italia.

Otro malentendido resuelto. Otra relación excelente que necesitaba ser reparada públicamente.

Franco tampoco ayudó

En enero de 2025 volvió a haber ruido cuando Felipe VI decidió no asistir al acto inaugural del programa España en libertad, con el que Sánchez conmemoraba los 50 años de la muerte de Francisco Franco.

La explicación oficial fue perfectamente razonable: coincidía con la recepción de cartas credenciales de varios embajadores, una ceremonia programada con mucha antelación. Además, Zarzuela confirmó que el Rey participaría en otras actividades vinculadas a la conmemoración y tanto Moncloa como la Casa Real aseguraron que existía “sintonía total”.

Sin embargo, El País constató malestar en sectores socialistas, donde la ausencia fue interpretada como una voluntad de Felipe VI de evitar verse asociado a una iniciativa que el PP y Vox rechazaban.

Nada concluyente por sí solo. Pero otra pieza en el álbum.

Una convivencia inevitable

Felipe VI tiene un problema que también es su principal obligación constitucional: no puede pelearse públicamente con Pedro Sánchez.

Y Sánchez tiene otro: tampoco puede permitirse una pelea abierta con un monarca cuya valoración social, especialmente en momentos de crisis como Paiporta, puede superar ampliamente la suya.

El Rey debe mantener una neutralidad extrema. Puede sugerir, advertir y conversar en privado durante sus despachos con el presidente; no puede convertirse en líder de una oposición institucional. Sánchez, por su parte, dispone de prácticamente toda la capacidad política efectiva, pero debe recordar que la Corona no es un ministerio más de su gabinete.

Ahí aparecen los cortocircuitos.

No parece haber una conspiración palaciega contra Sánchez ni una guerra declarada entre Zarzuela y Moncloa. Hay algo más prosaico: dos hombres de personalidades muy diferentes, colocados por el sistema constitucional en una relación obligatoria, que han atravesado episodios en los que sus intereses, sus tiempos y hasta sus imágenes públicas no coincidieron.

Paiporta fue probablemente el punto de inflexión porque produjo algo que ningún gabinete de comunicación podía corregir: una comparación visual inmediata entre ambos.

Ceuta recupera ahora aquella tensión bajo otra forma.

Sánchez quiso demostrar que controla la situación y anunció la futura visita del Rey. Zarzuela no lo contradijo. El gobierno insiste en que todo está perfectamente coordinado. Felipe VI guarda silencio.

Formalmente, entonces, no pasa nada.

Y seguramente esa sea la frase que mejor permite sospechar que pasa algo.

Después de más de cuatro años de invasión a Ucrania, Rusia empieza a mostrar signos visibles de fatiga social, dificultades económicas e inquietud dentro de sectores de su propia élite. Nada indica todavía una rebelión contra Vladimir Putin. Pero allí aparece una paradoja inquietante: cuanto más vulnerable pueda sentirse el presidente ruso, mayores pueden ser sus incentivos para escalar antes que aceptar un desenlace que parezca una derrota y termine poniendo en cuestión su propio poder.

La guerra contra Ucrania está dejando de ser para muchos rusos aquel conflicto lejano que durante sus primeros años podía seguirse por televisión sin alterar demasiado la vida cotidiana. Los muertos se acumulan, la economía pierde dinamismo, los ataques ucranianos llegan cada vez más profundamente al territorio ruso y las consecuencias del conflicto empiezan a sentirse en cuestiones tan concretas como el precio de los alimentos, el crédito, los aeropuertos o el abastecimiento de combustible.

Pero sería equivocado concluir que Rusia está al borde de una revuelta contra la guerra o contra Vladimir Putin.

Los datos disponibles muestran algo bastante más complejo: crece el deseo de que la guerra termine, pero sin que Rusia aparezca derrotada.

El Centro Levada, una de las pocas organizaciones independientes que todavía realizan encuestas dentro de Rusia, constató en julio que el 62% de los consultados consideraba que había llegado el momento de pasar a negociaciones de paz, frente a sólo un 28% que quería continuar las operaciones militares. Entre los menores de 25 años, los partidarios de negociar llegaban al 76%.

Sin embargo, la misma encuesta comprobaba que el 66% seguía apoyando las acciones de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania y sólo una cuarta parte estaba dispuesta a realizar concesiones a Kiev y Occidente para alcanzar la paz. Más de la mitad, incluso, apoyaba intensificar los ataques.

La contradicción es sólo aparente.

Lo que esos números describen no es una sociedad que se haya vuelto pacifista, sino una sociedad cansada. Quiere que la guerra termine, pero una parte importante de ella pretende que termine en condiciones que puedan presentarse como favorables a Rusia.

Y allí comienza el problema de Putin.

Después de años de presentar la invasión no sólo como una disputa territorial con Ucrania, sino como una confrontación histórica con Occidente y una lucha por la supervivencia de Rusia, cualquier acuerdo debe poder ser vendido internamente como una victoria.

Una guerra que ya se siente en Rusia

Hay otros síntomas de desgaste. En julio, apenas la mitad de los entrevistados por Levada consideraba que la llamada “operación militar especial” avanzaba exitosamente. Un año antes lo pensaba el 69%.

La aprobación de Putin continúa siendo elevada, pero también ha sufrido una erosión: después de alcanzar el 84% en enero, cayó al 74% en junio y julio, para recuperarse parcialmente hasta el 76% en agosto.

No hay allí una crisis del régimen. Sí el final de una parte del extraordinario impulso político que la guerra proporcionó al Kremlin durante sus primeros años.

A ello se suma algo mucho más tangible: Ucrania ha conseguido trasladar progresivamente parte del conflicto al interior de Rusia.

Los ataques contra refinerías, depósitos petroleros, fábricas, aeródromos y otras instalaciones han aumentado en profundidad y frecuencia. A fines de agosto, según Reuters, la producción rusa de gasolina había caído hasta cubrir aproximadamente el 70% de la demanda interna como consecuencia de los ataques contra refinerías, obligando a Moscú a aumentar importaciones y establecer restricciones.

Para una población habituada a que la guerra ocurriera lejos de Moscú y San Petersburgo, los cierres de aeropuertos, los problemas de combustible y las noticias sobre drones que penetran cientos de kilómetros dentro del territorio ruso modifican inevitablemente la percepción del conflicto.

La cuestión deja de ser solamente cuánto territorio puede conquistar Rusia. Empieza a ser también hasta qué punto Putin sigue siendo capaz de garantizar aquello que constituyó durante décadas una de las bases de su legitimidad: orden, estabilidad y seguridad.

El malestar llega a la élite

Más difícil es medir lo que ocurre dentro de las capas superiores del régimen.

No puede afirmarse seriamente que la mayoría de la élite rusa se haya vuelto contra la guerra. En un sistema autoritario es imposible conocer con precisión qué piensan oligarcas, altos funcionarios, militares o integrantes de los servicios de seguridad.

Sí existen, en cambio, señales cada vez más visibles de malestar.

En el Foro Económico de San Petersburgo de junio, algunos de los empresarios más poderosos del país realizaron críticas inusualmente abiertas sobre la situación económica. Roman Trotsenko habló de una “trampa” provocada por las elevadas tasas de interés. Alexei Mordashov señaló que la demanda interna de acero había caído alrededor de 30% en tres años. German Gref, presidente de Sberbank y figura histórica de la política económica rusa, consideró casi un “milagro” que el país todavía consiguiera registrar algún crecimiento.

En agosto, Andrei Klepach, economista jefe del banco estatal VEB, dejó su cargo después de advertir que Rusia estaba perdiendo la competencia económica y tecnológica con Occidente y China y que tampoco estaba ganando la “guerra de desgaste”. También alertó sobre el riesgo de una futura crisis social.

No son opositores liberales hablando desde el exilio.

Son hombres del propio sistema.

La investigadora Alexandra Prokopenko, del Carnegie Russia Eurasia Center y antigua funcionaria del Banco Central ruso, ha señalado una característica esencial del régimen: la élite posee riqueza, privilegios y acceso al poder, pero ha perdido en gran medida su capacidad política autónoma.

Puede discrepar. Puede considerar equivocada la guerra. Puede temer por sus negocios. Pero carece de mecanismos para transformar ese desacuerdo en una alternativa al presidente.

El Centro de Estudios Orientales de Varsovia llegó recientemente a una conclusión semejante: existen crecientes tensiones económicas y políticas dentro de la élite, pero no hay evidencia de que una rebelión sea inminente.

Ese punto es fundamental.

Un régimen autoritario no necesita que todos sus integrantes estén satisfechos.

Necesita que ninguno crea que puede sobrevivir siendo el primero en desafiar al jefe.

La lección de Prigozhin

Putin, además, dispone de un antecedente que difícilmente haya olvidado: la rebelión de Yevgeny Prigozhin y el Grupo Wagner, en junio de 2023.

Prigozhin no era un opositor. Era una criatura del sistema.

Empresario de San Petersburgo enriquecido gracias a contratos con el Estado y conocido durante años como “el cocinero de Putin”, terminó convirtiéndose en la figura central del Grupo Wagner, una organización militar privada utilizada por Moscú en Ucrania, Siria, Libia y varios países africanos.

Con la invasión de Ucrania, Wagner adquirió una importancia mucho mayor. Reclutó decenas de miles de combatientes, incluidos presos rusos, y desempeñó un papel decisivo en la sangrienta conquista de Bajmut.

El éxito incrementó el poder de Prigozhin y agravó su enfrentamiento con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, a quienes acusaba públicamente de incompetencia y de negar municiones a sus hombres.

Detrás de aquella disputa había una cuestión decisiva: el Ministerio de Defensa pretendía colocar a Wagner bajo su control directo. Para Prigozhin, eso significaba perder su principal fuente de poder.

El 23 de junio de 2023 anunció una “marcha por la justicia”. Miles de hombres de Wagner entraron en territorio ruso, ocuparon prácticamente sin resistencia Rostov del Don —sede del comando militar que dirigía buena parte de la guerra— y una columna comenzó a avanzar hacia Moscú.

Durante horas recorrió cientos de kilómetros.

Putin apareció por televisión, calificó la acción como una “traición” y evocó incluso el peligro de una guerra civil.

Pero no hubo batalla final: el presidente bielorruso Alexander Lukashenko intervino como mediador. Prigozhin detuvo la columna y el Kremlin anunció que no sería procesado y que podría trasladarse a Bielorrusia.

La historia, sin embargo, no terminó allí. Poco después Prigozhin volvió a aparecer en Rusia y el propio Kremlin reconoció que Putin lo había recibido junto con varios comandantes de Wagner después de la rebelión.

Putin puede invitar a cenar a quien lo desafió; otra cosa es que lo haya perdonado.

El 23 de agosto de 2023, exactamente dos meses después del motín, el avión privado en el que viajaban Prigozhin, el comandante militar de Wagner Dmitry Utkin y otros dirigentes del grupo cayó cerca de Moscú. Todos murieron.

Nunca se estableció de manera independiente que Putin hubiera ordenado su eliminación. Pero políticamente el resultado fue inequívoco: Wagner dejó de constituir un centro autónomo de poder y sus estructuras terminaron desmanteladas o absorbidas por el Estado.

Para Putin, sin embargo, la enseñanza más inquietante posiblemente no haya sido que un antiguo aliado pudiera rebelarse.

Fue comprobar qué hizo el resto del sistema mientras se rebelaba.

Durante aquellas horas, una fuerza armada ocupó una ciudad estratégica y avanzó hacia Moscú sin que apareciera una movilización visible de gobernadores, empresarios, altos funcionarios o sectores sociales dispuestos a defender personalmente al presidente.

El aparato permaneció finalmente leal.

Pero muchos parecieron limitarse a esperar.

Prigozhin mostró así algo particularmente peligroso para cualquier régimen personalista: la distancia que existe entre obediencia y lealtad.

Cuando retroceder también es peligroso

Ese antecedente ayuda a entender por qué una eventual debilidad interna podría llevar a Putin no a moderarse, sino a escalar.

No existe forma responsable de afirmar que conocemos sus intenciones personales. Pero la lógica política del régimen hace plausible esa posibilidad.

Putin construyó durante más de dos décadas su autoridad sobre la idea de que sólo él podía garantizar estabilidad, impedir el caos, reconstruir el Estado y devolver a Rusia su condición de gran potencia.

Una derrota militar dañaría cada uno de esos pilares.

Y después de Prigozhin sabe que perder la imagen de invulnerabilidad puede tener consecuencias imprevisibles dentro del propio sistema.

Una paz que pueda presentarse como victoria podría consolidarlo.

Una paz percibida como capitulación podría provocar exactamente la pregunta que el régimen necesita evitar: si Putin ya no garantiza victoria, seguridad ni prosperidad, ¿por qué continuar pagando el costo de sostenerlo?

Allí aparece la paradoja.

Cuanto más incómodo resulte continuar la guerra, más peligroso puede parecerle terminarla en condiciones desfavorables.

Y cuanto mayor sea el temor a exhibir debilidad, mayor puede ser la tentación de redoblar la apuesta.

La escalada no necesita significar un ataque directo contra la OTAN. Puede adoptar formas más graduales: campañas aéreas todavía más intensas contra Ucrania, nuevas movilizaciones, ataques contra infraestructura energética, ciberataques, sabotajes en Europa o provocaciones cuidadosamente calculadas para mantenerse por debajo del umbral de una respuesta militar directa occidental.

Nada permite afirmar que Putin haya decidido avanzar en esa dirección para resolver sus problemas internos.

Pero tampoco está actuando como un dirigente que considere urgente disminuir la presión militar.

El verdadero riesgo

Sería prematuro imaginar un Kremlin próximo al colapso.

Putin conserva el control de los servicios de seguridad, de las Fuerzas Armadas y de los principales mecanismos del Estado. No existe una oposición organizada capaz de disputarle el poder. La mayoría de los rusos continúa aprobando su gestión. Y los empresarios, funcionarios y tecnócratas que expresan malestar siguen obedeciendo.

El fenómeno es otro.

La guerra empieza a costarle más política, económica y socialmente que antes.

La población quiere crecientemente que termine. Menos rusos creen que las operaciones avanzan exitosamente. Los ataques ucranianos demuestran que el Kremlin ya no puede mantener el conflicto completamente fuera de su territorio. Sectores importantes del empresariado y la tecnocracia comienzan a advertir que el modelo económico se deteriora.

Y Prigozhin dejó una enseñanza difícil de olvidar: un régimen aparentemente sólido puede pasar en pocas horas de la obediencia absoluta a una situación en la que muchos comienzan simplemente a observar quién ganará.

Putin necesita terminar la guerra algún día.

Pero necesita todavía más terminarla sin parecer derrotado.

Y allí reside quizá el mayor peligro de esta etapa del conflicto: el momento en que Putin comience a sentirse menos seguro no tiene por qué ser el momento en que Rusia se vuelva menos agresiva. Puede ser exactamente lo contrario.

Los rumores sobre el gravísimo estado de salud de Raúl Castro coinciden con versiones según las cuales parte de la «nomenklatura» cubana estaría preparando una salida hacia España ante un eventual derrumbe del régimen. El operativo no está probado y La Habana guarda silencio. Pero la crisis terminal de la isla, las negociaciones de miembros de la familia Castro con Estados Unidos y el temor ya expresado en España a convertirse en refugio de jerarcas hacen que la historia resulte bastante menos extravagante de lo que parece.

Hay noticias que parecen escritas por un guionista con cierta inclinación por la ironía histórica. Durante casi siete décadas, el castrismo explicó a los cubanos las virtudes del sacrificio, las bondades de la escasez, la dignidad de resistir al capitalismo y la necesidad de soportar cuanto fuera necesario antes que rendirse ante el imperialismo.

Ahora resulta que, llegado el momento de hacer personalmente el último sacrificio, algunos integrantes de la familia revolucionaria podrían estar considerando una solución algo menos heroica: España.

No precisamente la Sierra Maestra.

La historia comenzó a adquirir espesor en las últimas horas a raíz de las versiones sobre la salud de Raúl Castro. Diario Las Américas informó, citando una fuente confidencial en Cuba, que el hermano menor de Fidel, de 95 años, habría sufrido un accidente cerebrovascular y se encontraría en estado muy grave, asistido por equipos médicos. Otros medios, entre ellos La Nación de Argentina y la televisión Local 10 de Miami, recogieron la información. Este último agregó que fuentes vinculadas al Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami daban cuenta de su hospitalización. Hasta ahora, sin embargo, el gobierno cubano no confirmó ni el ACV ni la gravedad del cuadro.

Conviene, por tanto, no matar periodísticamente a Raúl Castro antes de tiempo. El castrismo tiene antecedentes suficientes como para que los rumores sobre enfermedades y fallecimientos deban tratarse con prudencia. Apenas el 13 de agosto, Castro apareció públicamente en el teatro Karl Marx durante el acto por el centenario del nacimiento de Fidel. El propio Granma informó de su presencia junto a Miguel Díaz-Canel.

Pero la parte verdaderamente interesante de la historia comienza después.

El director de Infobae América, Laureano Pérez Izquierdo, publicó que en círculos de La Habana y Washington se habla desde hace meses de un posible plan para trasladar fuera de Cuba a Raúl Castro, familiares, allegados y miembros de la cúpula del régimen. El destino preferido sería España, especialmente Galicia, donde los Castro mantienen profundos vínculos familiares e históricos. Según esas fuentes, un eventual traslado médico del anciano general podría proporcionar la cobertura para iniciar una evacuación más amplia de integrantes del clan.

Aquí corresponde colocar una raya gruesa entre lo sabido y lo supuesto.

Infobae afirma que la familia posee distintas propiedades en Galicia. Esa afirmación no ha podido ser corroborada hasta ahora por otros grandes medios ni mediante documentación registral pública citada en las informaciones consultadas. Los vínculos de los Castro con Galicia, en cambio, son indiscutibles: Ángel Castro Argiz, padre de Fidel y Raúl, nació en Láncara, Lugo; Fidel visitó la localidad y Raúl hizo lo propio, y la familia conservó durante décadas la casa natal del padre hasta cederla para un proyecto museístico.

Dicho de otro modo: Galicia es biográficamente verosímil; el supuesto patrimonio inmobiliario que serviría de plataforma al exilio todavía necesita pruebas.

Pero hay otros elementos que vuelven interesante la versión.

Dos semanas antes de que apareciera la información de Infobae, Foro Madrid —una organización promovida por la Fundación Disenso, vinculada a Vox— presentó un informe sobre Cuba en el que reclamaba expresamente al gobierno español que evitara que el país pudiera convertirse en refugio de miembros de la nomenklatura castrista y sus familiares y que incrementara la vigilancia sobre eventuales operaciones de blanqueo de capitales. Es una organización con una posición política inequívocamente contraria al régimen cubano y su documento debe leerse teniendo eso presente. Pero resulta llamativo que la hipótesis del refugio español estuviera circulando públicamente antes del rumor sobre la salud de Castro.

Más sólido todavía es lo que está ocurriendo alrededor de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, nieto de Raúl Castro.

EFE informó en junio que el joven había pasado de su discreto papel como guardaespaldas de su abuelo a convertirse en contacto cubano en el diálogo con Washington. Es hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien presidió durante años GAESA, el gigantesco conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas que controla sectores fundamentales de la economía cubana. Reuters confirmó posteriormente que Rodríguez Castro había declarado a USA Today estar dispuesto a negociar incluso directamente con Donald Trump.

Es una peculiar manera de construir el socialismo científico.

Después de 67 años denunciando dinastías, oligarquías y privilegios hereditarios, el interlocutor con Washington resulta ser el nieto del antiguo presidente, hijo del hombre que controló el conglomerado económico militar más poderoso del país y guardaespaldas del patriarca.

Marx deberá disculpar las modificaciones introducidas al manual.

Lo que nadie discute es la magnitud de la crisis cubana.

En agosto volvió a colapsar la red eléctrica nacional. Reuters ha documentado apagones masivos, escasez extrema de combustible, alimentos y medicamentos y una infraestructura energética deteriorada. Esta semana, incluso el inicio de las clases mostró la dimensión del desastre: Cuba dispone apenas del 73% de los docentes necesarios y la industria sólo pudo producir uniformes para alrededor del 12% de los alumnos de primaria. AP describió escuelas funcionando entre problemas de transporte, agua, electricidad y alimentación.

Las sanciones estadounidenses, y en particular el endurecimiento de las restricciones energéticas de 2026, han agravado objetivamente esta situación. Negarlo sería hacer propaganda en dirección contraria.

Pero convertirlas en explicación universal tampoco alcanza.

Human Rights Watch recuerda que Cuba continúa siendo un Estado que reprime la disidencia, practica detenciones arbitrarias, mantiene encarcelados a cientos de críticos y manifestantes, persigue a periodistas y opositores y carece de tribunales independientes del Poder Ejecutivo. La propia organización señala que el embargo estadounidense proporciona al gobierno una excusa política para sus problemas y abusos, sin que por ello desaparezca la responsabilidad del régimen.

Ese pequeño detalle suele perderse en cierta literatura romántica sobre Cuba.

Durante décadas hubo intelectuales, políticos, artistas y militantes occidentales capaces de encontrar una explicación verdaderamente creativa para cualquier fracaso del castrismo. Si faltaba comida, era culpa del bloqueo. Si faltaba electricidad, también. Si alguien terminaba preso por protestar, seguramente Washington estaba detrás. Si millones de cubanos abandonaban el país, aquello demostraba, misteriosamente, la maldad de Miami.

Sesenta y siete años después, la excusa empieza a padecer cierto desgaste por fatiga de materiales.

Y de confirmarse algún día que quienes administraron aquella gigantesca pedagogía del sacrificio popular estaban al mismo tiempo preparando residencias, cuentas o refugios europeos para ellos mismos, la ironía alcanzaría dimensiones difícilmente superables.

Porque una cosa es exigirle al trabajador cubano que resista doce horas sin luz.

Otra, bastante distinta, es resistirlas personalmente cuando existe la posibilidad de hacerlo en Madrid.

El final de Raúl Castro —sea inmediato o todavía demore— tendrá además una importancia que trasciende su biografía. Aunque abandonó formalmente la presidencia en 2018 y la dirección del Partido Comunista en 2021, EFE señalaba todavía en junio que seguía siendo considerado el verdadero decisor final dentro del sistema. Su desaparición eliminaría al último Castro de la generación que protagonizó directamente la revolución y podría acelerar las tensiones entre militares, dirigentes partidarios, administradores económicos y una nueva generación familiar instalada en posiciones estratégicas.

El politólogo Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta advertía ya a comienzos de este año, en declaraciones a El País, que probablemente nunca la élite cubana había atravesado un momento tan difícil: crisis económica, deterioro de la cohesión interna, agotamiento generacional y pérdida de apoyos externos. La muerte de Raúl sería, en ese contexto, mucho más que un acontecimiento biológico.

Por eso la pregunta importante no es si mañana aterrizará un avión procedente de La Habana cargado de generales jubilados y valijas sospechosamente pesadas.

Eso, hoy, no está demostrado.

La pregunta es por qué una versión semejante resulta perfectamente creíble después de tantos años.

Tal vez porque pocas cosas describen mejor el fracaso moral del castrismo que la posibilidad de este epílogo: un régimen que convirtió la salida del país en sueño de millones de sus ciudadanos podría terminar viendo a quienes lo gobernaron buscando exactamente lo mismo.

Sólo que ellos viajarían en mejores condiciones.

Para el cubano común fueron balsas, aeropuertos, fronteras y familias separadas.

Para la nomenklatura, si las versiones terminan siendo ciertas, podría haber residencia europea, protección privada y casa confortable.

Y seguramente quedará todavía algún admirador del régimen dispuesto a explicarnos que también eso forma parte de la lucha antiimperialista.

La revolución siempre tuvo una enorme capacidad de adaptación.

Hasta podría terminar descubriendo las virtudes de la propiedad privada.

Siempre que la propiedad esté en España.

El informe remitido por la Policía Nacional a la Audiencia Nacional no demuestra todavía que Mohamed VI o el gobierno marroquí ordenaran la entrada masiva en Ceuta. Pero sí aporta elementos que hacen cada vez más difícil sostener, como hace Pedro Sánchez, que no existe prueba alguna de una intervención marroquí. La diferencia no es semántica: una cosa es no haber establecido todavía la cadena de mando de una operación y otra muy distinta ignorar los indicios de participación de agentes del Estado vecino. La rebelión de decenas de alcaldes socialistas contra la consigna de Ferraz muestra que la crisis ya ha dejado de ser únicamente fronteriza para convertirse también en un problema interno del PSOE.

Pedro Sánchez se ha refugiado en una frase jurídicamente prudente pero políticamente cada vez más incómoda: “no está probado” que Marruecos haya organizado la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

La afirmación tiene una parte indiscutible. Hasta ahora no ha aparecido una orden escrita del gobierno de Rabat, una grabación de una reunión del servicio de inteligencia marroquí ni un documento que permita reconstruir una cadena de mando que termine en el palacio real. El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) tampoco llega hasta allí. La investigación judicial recién comienza y sería irresponsable presentar como judicialmente probado lo que todavía es una conclusión policial sometida a comprobación.

Pero ese no es exactamente el problema.

El problema es que el informe conocido esta semana dice bastante más que “no sabemos qué ocurrió”.

Describe la entrada como una acción planificada y no espontánea. Habla de una organización cuyo nivel de complejidad excedería el habitualmente atribuido a las mafias de inmigración clandestina. Registra lo que denomina una actitud de “total permisividad” de las fuerzas marroquíes. Y, sobre todo, sostiene que gendarmes y agentes de paisano marroquíes participaron en el terreno, llegando a guiar a personas hacia los lugares por donde podían cruzar a Ceuta a través del agua.

Ese detalle cambia sustancialmente el debate.

Porque ya no estamos discutiendo únicamente si Marruecos fue incapaz de impedir una estampida de decenas de miles de personas. Estamos discutiendo si funcionarios de sus propios aparatos de seguridad cooperaron de alguna manera con ella.

El informe añade elementos igualmente sugestivos. La Policía analizó la movilización previa a través de redes sociales y grupos de mensajería y concluyó que hubo una campaña organizada de enorme intensidad. Según los datos conocidos, el 90,8% de los teléfonos identificados entre los principales dinamizadores de los mensajes tenía prefijo marroquí. El CENIF entiende, además, que la dimensión de la operación exigió conocimientos y herramientas que difícilmente se corresponden con una convocatoria improvisada.

Nada de esto prueba, repetimos, que Mohamed VI se levantara una mañana y ordenara “manden 70.000 personas contra Ceuta”.

Pero tampoco parece compatible con despachar la cuestión afirmando simplemente que “no hay pruebas” de participación marroquí.

Hay una diferencia bastante elemental entre no haber probado todavía la responsabilidad del Estado marroquí como autor intelectual y no disponer de indicios de participación de agentes marroquíes.

Lo primero es cierto. Lo segundo ya no.

La curiosa avería de diez horas

En su comparecencia ante el Congreso, Sánchez ha admitido incluso que durante aproximadamente diez horas se produjo un colapso de la actuación marroquí en la frontera. Su posición continúa siendo que nadie le ha aportado pruebas concluyentes de que Marruecos planificara u orquestara lo ocurrido y que todavía debe establecerse si durante esas horas existió incapacidad de actuar o voluntad de no hacerlo.

Es una pregunta pertinente.

Pero también es una pregunta formidablemente incómoda.

Marruecos posee un Estado con una enorme capacidad para controlar movimientos de población, vigilar carreteras, estaciones y ciudades y actuar sobre concentraciones muchísimo menores que la formada en torno a Ceuta. De hecho, cuando posteriormente circularon nuevas convocatorias para intentar cruzar la frontera, las propias evaluaciones españolas señalaron que la actuación preventiva marroquí sería determinante.

Que decenas de miles de personas puedan converger prácticamente al mismo tiempo sobre una de las fronteras políticamente más sensibles del reino sin que los servicios de seguridad adviertan, impidan o desarticulen el movimiento exigiría aceptar una incompetencia verdaderamente extraordinaria.

Que, además, haya imágenes que el CENIF interpreta como agentes uniformados y de paisano observando, tolerando e incluso guiando movimientos vuelve todavía más difícil esa explicación.

Y existe un antecedente imposible de ignorar.

En mayo de 2021, alrededor de 9.000 personas entraron en Ceuta después de que la policía marroquí relajara sus controles. Aquella vez ni siquiera fue necesario hacer demasiada arqueología interpretativa. El Parlamento Europeo sostuvo expresamente que las autoridades marroquíes habían reducido los controles fronterizos, abierto accesos y permitido las entradas, en el contexto de la crisis diplomática provocada por la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.

Es decir: la utilización de la presión migratoria como instrumento de política exterior contra España no constituye una fantasía conspirativa inventada en 2026.

Ya ocurrió.

Eso tampoco demuestra que el episodio actual haya sido ordenado desde Rabat. Pero convierte la hipótesis en algo bastante menos extravagante de lo que el gobierno español pretende presentar.

Sánchez y la necesidad de que Marruecos sea inocente

Existe además una dificultad política que afecta personalmente a Pedro Sánchez.

Después de la crisis de 2021, España modificó sustancialmente su posición histórica sobre el Sáhara Occidental. En marzo de 2022 Sánchez comunicó a Mohamed VI que consideraba el plan marroquí de autonomía “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto. A cambio se anunció una nueva etapa bilateral basada —entre otras cosas— en el respeto mutuo y en la “abstención de toda acción unilateral” que pudiera provocar nuevas crisis.

Sánchez defendió entonces el giro precisamente por razones de seguridad, estabilidad y control migratorio.

Por eso admitir ahora que Marruecos pudiera haber utilizado nuevamente la frontera como mecanismo de presión tendría un costo que va mucho más allá de Ceuta.

Significaría reconocer que la gran apuesta estratégica realizada por su gobierno en 2022 no consiguió eliminar uno de los principales instrumentos de coerción de Rabat.

Y probablemente por eso resulta tan llamativo el contraste entre la cautela extrema utilizada respecto de Marruecos y la facilidad con la que Sánchez señaló públicamente a redes vinculadas con Rusia e Israel como participantes en las campañas de desinformación relacionadas con la crisis. Moscú y Jerusalén rechazaron esas acusaciones.

Con Marruecos se exige prácticamente una confesión firmada.

Con otros países parece alcanzar con bastante menos.

El informe tampoco es palabra revelada

Conviene introducir una precaución que fortalece, y no debilita, el análisis.

El documento del CENIF no es una sentencia judicial ni un producto infalible de inteligencia. Buena parte de sus conclusiones procede del análisis de imágenes, vídeos, publicaciones abiertas y testimonios difundidos por medios. El propio gobierno sostiene que el CNI, que dispone de fuentes sobre el terreno, no ha encontrado por ahora elementos que permitan atribuir a Rabat la organización de la operación.

Esa discrepancia deberá aclararse.

Puede perfectamente ocurrir que posteriores investigaciones rebajen algunas de las conclusiones del CENIF.

Pero lo que resulta difícilmente sostenible es el juego verbal desplegado por Interior. El director general de la Policía, Francisco Pardo, aseguró que no existe un informe que “atribuya a Marruecos la planificación o ejecución” de lo sucedido, algo técnicamente compatible con que ese mismo documento describa participación de agentes marroquíes sin identificar quién ordenó sus acciones.

Es una defensa basada en la precisión de las palabras.

Y a veces las palabras son precisas precisamente para evitar hablar de los hechos.

Los alcaldes que pisan la calle

La segunda derivación política del caso se produjo dentro del propio PSOE.

La Federación Española de Municipios y Provincias convocó para el 2 de setiembre, Día de Ceuta, concentraciones delante de los ayuntamientos en apoyo a la ciudad autónoma. La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, del PP, sostuvo que se trataba de una demostración institucional de solidaridad, no de una movilización partidista.

Ferraz no lo vio así.

El PSOE envió una circular a sus cargos municipales con una consigna inequívoca, escrita en mayúsculas: “NO PARTICIPAR”. La dirección socialista argumentó que el PP pretendía transformar las concentraciones en manifestaciones contra Sánchez.

Y entonces ocurrió algo políticamente bastante interesante.

Alcaldes socialistas comenzaron a decir que acudirían igual.

León, Chiclana, Moguer, Sagunto, Mérida, Almendralejo, Espartinas y otros municipios se desmarcaron de Ferraz. El alcalde de León, José Antonio Díez, reclamó “altura de Estado”. El socialista Melchor León, desde la propia Ceuta, llegó a exhortar a diputados y senadores a que no tuvieran “miedo de Ferraz”.

Finalmente fueron contabilizados 72 alcaldes socialistas participantes. Conviene no exagerar: representan apenas alrededor del 3% de los más de 2.300 municipios gobernados por el PSOE. No estamos ante una insurrección general del partido.

Pero el dato relevante es otro.

Setenta y dos alcaldes consideraron electoral y políticamente más peligroso obedecer a su partido que aparecer en una concentración que Ferraz había definido como una operación contra Pedro Sánchez.

Los alcaldes poseen una característica que a veces se pierde en los despachos nacionales: conocen personalmente a quienes los votan.

Perciben antes que las direcciones partidarias cuándo una posición empieza a resultar inexplicable fuera de la burbuja política.

Y explicar por qué un alcalde español no debe participar en un acto de solidaridad con una ciudad española que acaba de sufrir la entrada irregular de más de 70.000 personas no es precisamente una tarea sencilla.

El problema ya no es solamente Marruecos

La cuestión de fondo, por tanto, no consiste en afirmar apresuradamente que “Marruecos invadió Ceuta” ni en convertir un informe policial preliminar en verdad revelada.

Consiste en algo bastante más grave.

Hay un informe de una unidad de la Policía Nacional que considera que la entrada fue planificada, identifica una conducta extraordinariamente permisiva de las fuerzas marroquíes y sostiene que agentes de ese país llegaron a guiar los cruces. Existe un antecedente reciente —2021— en que Marruecos utilizó efectivamente la apertura de la frontera para presionar políticamente a España. Y existen inconsistencias que todavía deben ser explicadas entre lo que afirman distintas instituciones españolas.

Ante eso, un gobierno responsable debería querer saber qué ocurrió.

No demostrar a toda costa que Marruecos no tuvo nada que ver.

Porque si finalmente se establece que hubo participación de organismos marroquíes, la pregunta dejará de ser únicamente qué hizo Rabat.

Habrá otra inevitable:

¿por qué Pedro Sánchez parecía tan seguro de la inocencia de Marruecos antes de que hubiera terminado siquiera la investigación?

Y quizá esa sea la razón por la cual algunos alcaldes socialistas, mucho antes que Ferraz, ya entendieron que en Ceuta no estaba en juego solamente una frontera.

También estaba en juego la credibilidad del gobierno.