El gobierno anuncia la jubilación a los 60 años como una conquista social, pero intenta demostrar su sostenibilidad mediante incentivos para que pocos la utilicen. Mientras tanto, relativiza la reforma de 2023, el pronunciamiento ciudadano de 2024 y las dificultades reales de los trabajadores con menos aportes.

El gobierno de Yamandú Orsi propone una nueva causal jubilatoria desde los 60 años, con 30 de aportes, y la presenta como un avance social. Sin embargo, el diseño anunciado contiene una contradicción fundamental: mientras se celebra el derecho al retiro anticipado, se establecen incentivos económicos para que los trabajadores permanezcan activos hasta los 65 años.

La pregunta resulta inevitable: ¿se busca resolver un problema previsional o exhibir una conquista política que pocos encontrarán conveniente utilizar? Si muchos adelantan su retiro, habrá que financiar sus consecuencias. Si casi nadie lo hace, habrá que explicar para qué se modifica una reforma estructural aprobada apenas tres años atrás.

El problema que no desaparece

Uruguay envejece, registra una natalidad persistentemente baja y deberá financiar jubilaciones durante períodos cada vez más prolongados. Esa realidad impulsó la reforma de 2023 y la transición gradual hacia los 65 años. Un retiro anterior significa, en principio, menos años de aportación y más años de prestaciones, salvo que existan ajustes compensatorios suficientes. Y tales ajustes implican beneficios menores para quien se jubila anticipadamente.

El gobierno sostiene que sus proyecciones actuariales preservan la sostenibilidad del sistema. Pero ha reconocido un costo máximo anual de 0,16% del PIB entre 2040 y 2045. No se trata, pues, de una reforma gratuita. Corresponde conocer las hipótesis sobre cantidad de beneficiarios, edad efectiva de retiro, prestaciones y escenarios alternativos. Que un costo resulte financiable tampoco demuestra que sea necesario ni prioritario.

Una ley para la tribuna

Aquí aparece el elemento político decisivo. El Frente Amplio combatió la reforma previsional anterior y algunos de sus sectores mantuvieron la reivindicación del retorno a los 60 años. La nueva causal les permite proclamar una victoria. Entretanto, el equipo económico procura limitar su utilización mediante incentivos para postergar el retiro, especialmente entre los trabajadores de ingresos medios y altos.

Así, unos pueden celebrar la conquista y otros tranquilizar sobre su costo. Pero la seguridad social no puede legislarse para satisfacer disputas internas del oficialismo. Y existe otro riesgo: si la causal resulta poco atractiva, mañana podrían reclamarse mejores prestaciones, menos restricciones o menores años de aportación. Entonces cambiarían también los cálculos sobre los que hoy descansa su supuesta inocuidad financiera.

Los que podrían quedar afuera

El gobierno invoca a los trabajadores de menores ingresos y a quienes desempeñan tareas exigentes. Sin embargo, para acogerse a esta causal no basta con tener 60 años: hay que acreditar 30 de aportes. Precisamente los trabajadores con empleos precarios, interrupciones e informalidad suelen encontrar mayores dificultades para reunirlos.

Una nota técnica de Nicolás Bene, elaborada para la Comisión de Expertos en Seguridad Social y publicada por el BPS en 2021, mostró que la densidad de cotización del quintil de menores ingresos era de apenas 48,2%, frente al 84,3% del quintil superior. Son datos de 2019 y no permiten determinar cuántos accederán a la nueva causal, pero muestran una desigualdad contributiva difícil de ignorar. La justicia social debe juzgarse por los beneficiarios efectivos, no por la espectacularidad del anuncio.

Una voluntad popular a conveniencia

En octubre de 2024, los uruguayos rechazaron una reforma constitucional que incluía el retorno general de la jubilación a los 60 años. El nuevo proyecto no es idéntico al plebiscitado, pero comparte ese objetivo. La contradicción oficialista se vuelve aún más evidente al recordar lo dicho por Alejandro Sánchez sobre los allanamientos nocturnos, rechazados en otra consulta de aquel mismo día: «La ciudadanía ya se expidió sobre ese instrumento».

¿Por qué aquel pronunciamiento serviría para cerrar una discusión y el rechazo de la reforma previsional podría relativizarse? Un plebiscito rechazado no impide jurídicamente legislar después, pero ese criterio debe valer para ambos asuntos. Para la izquierda, pareciera que la voluntad ciudadana queda grabada en piedra cuando coincide con sus posiciones y pierde todo valor orientativo cuando las contradice.

La contradicción final

La iniciativa se apoya, además, en incentivos vinculados con el suplemento solidario introducido por la reforma de 2023, aquella que el Frente Amplio tanto cuestionó. Es una paradoja elocuente: se utiliza parte de la arquitectura de la reforma anterior para desalentar el uso de la nueva causal que se presenta como una gran conquista.

La conclusión es sencilla. Si el retiro anticipado se utiliza ampliamente, el gobierno deberá demostrar cómo solventará sus efectos. Si las condiciones hacen que pocos lo elijan, deberá explicar qué problema real resuelve. Y si quienes más lo necesitan no reúnen los aportes, deberá reconocer los límites de su proclamada justicia social.

La seguridad social compromete recursos y derechos durante generaciones. No admite improvisaciones, concesiones ideológicas ni triunfos meramente simbólicos. No se gobierna el futuro previsional de un país legislando para la tribuna.

Una agenda cargada de iniciativas políticas, propuestas legislativas, encuentros internacionales y actividades partidarias marca la nueva edición de La Semana, el boletín informativo del Partido Colorado.


La edición de esta semana incluye: Ojeda se reunió con Patricia Bullrich y el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa para analizar estrategias contra el narcotráfico; la Casa del Partido Colorado fue escenario del Bootcamp COMPOL, con destacados especialistas internacionales en comunicación política; se convocó a la Convención Nacional para el 31 de octubre; el diputado Carlos Rydström presentó una iniciativa para fortalecer la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad; la Comisión Nacional de Asuntos Migratorios presentará su equipo de trabajo, con una disertación de Julio María Sanguinetti; y el Partido Colorado rendirá homenaje a Jorge Batlle en Tacuarembó, al cumplirse diez años de su fallecimiento.

Leé la edición completa de La Semana aquí

 

La Cámara Uruguaya del Libro distinguió al expresidente Julio María Sanguinetti por su extensa producción intelectual, literaria y periodística. El reconocimiento fue uno de los momentos destacados de la ceremonia de los Premios Bartolomé Hidalgo 2026, celebrada el sábado pasado en Montevideo.

En el marco de la 48.ª Feria Internacional del Libro de Montevideo, el expresidente Julio María Sanguinetti recibió el Premio Bartolomé Hidalgo a la Trayectoria, una de las principales distinciones de la cultura nacional. El galardón le fue entregado por el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Risso, durante la ceremonia realizada el sábado 10 de octubre en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo.

El reconocimiento distingue una obra intelectual desarrollada a lo largo de más de siete décadas, en las que Sanguinetti ha conjugado el periodismo, el ensayo histórico, la reflexión política, la biografía y la crítica de arte. Su extensa producción escrita constituye una dimensión fundamental de su trayectoria, que trasciende su condición de dos veces presidente de la República.

Entre sus numerosos libros figuran La agonía de una democracia, dedicado al proceso que condujo al golpe de Estado de 1973; La reconquista, sobre la recuperación democrática; El doctor Figari, una aproximación a la personalidad artística, intelectual y humana del gran pintor uruguayo; Luis Batlle Berres. El Uruguay del optimismo; y El cronista y la historia, que recoge parte de su dilatada actividad periodística.

Más recientemente publicó Memorias de una pasión, testimonio de su estrecha vinculación con el arte y los artistas, y este mismo año, al cumplir nueve décadas de vida, presentó 90 años de imágenes, vida y memoria, un recorrido por su biografía personal y pública, entrelazada con buena parte de la historia contemporánea del Uruguay.

El Bartolomé Hidalgo no es, por otra parte, una distinción nueva para Sanguinetti. En 2009 ya había recibido este galardón en la categoría Ensayo político-periodístico, precisamente por La agonía de una democracia. Diecisiete años después, el reconocimiento alcanza al conjunto de su obra.

Durante la ceremonia, Sanguinetti agradeció la distinción y evocó a los maestros que influyeron en su formación intelectual, política y jurídica, especialmente a quienes le trasmitieron los valores de la libertad, la democracia y la tradición republicana. Según consignó Búsqueda, también introdujo una nota de humor al relatar una experiencia con la inteligencia artificial Gemini, antes de reivindicar el valor de la palabra como una expresión esencial de la condición humana.

La edición de este año de los Bartolomé Hidalgo distinguió asimismo a Cecilia Ríos en Narrativa, Héctor Bardanca en Poesía, Leonardo Haberkorn en Crónica e investigación periodística y Fernando López D’Alesandro en Historia, entre otros autores.

A sus 90 años, Sanguinetti continúa ejerciendo el periodismo y cultivando una vocación intelectual que ha acompañado toda su vida pública. El premio a la Trayectoria reconoce justamente esa labor sostenida, que ha contribuido a enriquecer el pensamiento político, la historiografía y la vida cultural del Uruguay.

Es, en definitiva, un reconocimiento al hombre de las ideas y de la palabra, dos instrumentos que han sido inseparables de su actuación pública y de su compromiso con los valores republicanos.

La Facultad de Psicología exhibirá la misma película vinculada a Hamás cuya proyección fue suspendida en agosto por la Facultad de Información y Comunicación. Esta vez, la actividad contará con la participación de altas autoridades universitarias y un supuesto foro de discusión en el que no aparece ninguna voz que represente una posición contrapuesta. La propaganda encuentra así un nuevo espacio, ahora revestida de legitimidad académica.

Lo que hace apenas dos meses provocó un escándalo en la Universidad de la República vuelve a presentarse, esta vez con mayor respaldo institucional. El próximo lunes 19 de octubre, la Facultad de Psicología proyectará La gran Palestina, del director mexicano Rafael Rangel, la misma película cuya exhibición en la Facultad de Información y Comunicación (FIC) fue suspendida en agosto tras las denuncias de legisladores blancos y colorados por sus vínculos con la organización terrorista Hamás.

Como advertimos entonces desde Correo de los Viernes [https://www.correodelosviernes.com.uy/La-propaganda-terrorista-no-tiene-lugar-en-la-Universidad-de-la-Republica-2026-08-14.asp], no estamos ante una simple controversia sobre la libertad de expresión ni ante el legítimo derecho de denunciar el sufrimiento de la población palestina. Estamos ante una obra cuya realización contó con la colaboración de integrantes de una organización responsable de algunas de las peores atrocidades terroristas de nuestro tiempo.

La película fue promocionada originalmente mediante un afiche que mostraba a hombres armados y encapuchados, identificados como integrantes de Hamás, presentados bajo la denominación de «combatientes de la resistencia». Lejos de tratarse de una acusación infundada, el propio director reconoció posteriormente, en una entrevista con Revista FILM [https://www.revistafilm.com/la-gran-palestina-de-rafael-rangel-y-la-noticia-deseada/], que dos de los doce fotógrafos que participaron en la realización pertenecían a Hamás. Aunque sostuvo que éstos no portaban armas y afirmó que no justificaba los ataques del 7 de octubre de 2023, confirmó expresamente esa colaboración.

El dato es sustancial. Hamás no es una organización humanitaria ni un movimiento político convencional. Es el grupo terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023, cuando fueron asesinadas unas 1.200 personas en Israel y centenares fueron tomadas como rehenes. Presentar a sus integrantes bajo una estética de resistencia heroica implica, cuando menos, una gravísima banalización de su naturaleza y sus métodos.

Sin embargo, la presentación oficial de la Facultad de Psicología omite toda referencia a esa colaboración. Prefiere describir la película como un testimonio colectivo realizado con fotógrafos palestinos y atribuirle un carácter de «resistencia cultural» y un compromiso ético. Ninguna explicación sobre la participación reconocida de integrantes de Hamás, ninguna advertencia sobre las controversias que rodearon la obra.

Un foro donde todos miran hacia el mismo lado

Pero el episodio adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se examina la composición del denominado foro de discusión que seguirá a la proyección.

Según la propia convocatoria universitaria [https://www.psico.edu.uy/eventos/cine-foro-13], participarán Ahmad Salem Ahmad Al-Sweis, embajador palestino en Uruguay; Enrico Irrazábal, decano de la Facultad de Psicología; Agustín Cano, secretario técnico del Rectorado; Ana María Araújo, docente universitaria y vocera de la Coordinación por Palestina; y Gabriel Eira, profesor del Instituto de Psicología Social.

La actividad, además, está organizada conjuntamente por ese instituto universitario y la propia Coordinación por Palestina.

¿Dónde está la contraparte? ¿Dónde aparece alguien que pueda representar la perspectiva israelí, cuestionar el relato de la película, examinar críticamente sus vínculos con Hamás o aportar una interpretación diferente de los acontecimientos?

No existe ninguna voz expresamente identificada con esas posiciones entre los cinco participantes anunciados. Y, aunque no corresponde presumir que todos los académicos comparten idénticas opiniones, resulta evidente que los organizadores no se preocuparon por asegurar una representación plural de las perspectivas enfrentadas.

Un foro universitario debería servir para contrastar argumentos, discutir evidencias y someter las afirmaciones al examen crítico. Lo que aquí se anuncia tiene, por el contrario, todas las características de una actividad concebida para reforzar una determinada interpretación del conflicto, sin garantizar una verdadera contradicción intelectual.

La presencia del embajador palestino resulta perfectamente comprensible en una actividad dedicada a esa cuestión. Lo incomprensible es que no se haya considerado igualmente pertinente convocar a una voz que exponga una perspectiva diferente. Si se pretende organizar un acto de solidaridad política, corresponde presentarlo como tal. Lo que no resulta aceptable es revestirlo de la apariencia de un debate académico plural que su propia integración desmiente.

De la iniciativa estudiantil al respaldo institucional

Hay, además, una diferencia fundamental respecto del episodio de agosto. Entonces, la iniciativa había partido del Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (Ceico), que terminó suspendiéndola. Ahora son una dependencia académica de la Facultad de Psicología y una organización militante las que promueven conjuntamente la actividad.

Y no estamos hablando de autoridades menores: participan el propio decano y el secretario técnico del Rectorado.

Su presencia no significa necesariamente que respalden cada afirmación de la película, pero otorga a la convocatoria una indudable legitimidad institucional. Por eso mismo, sus responsabilidades son mayores.

En agosto reclamábamos explicaciones sobre los mecanismos que habían permitido programar aquella exhibición. Dos meses después, lejos de haberse despejado las dudas, la misma película regresa a las instalaciones universitarias en condiciones que hacen todavía más pertinente aquel reclamo.

La autonomía universitaria, conquista fundamental de nuestra tradición democrática, protege la libertad de pensamiento, la investigación y el debate frente a las interferencias del poder político. Pero no convierte a las autoridades académicas en árbitros exentos de responsabilidad sobre las actividades que promueven ni justifica que una institución pública confunda deliberadamente el debate con la militancia.

Defender los derechos de los palestinos, denunciar el padecimiento de los civiles de Gaza o criticar severamente las decisiones del gobierno israelí son posiciones absolutamente legítimas. Nada de ello exige silenciar los crímenes de Hamás, relativizar su condición terrorista o prescindir del pluralismo cuando se convoca a una supuesta discusión académica.

La universidad pública pertenece a todos los uruguayos, no a una corriente ideológica determinada. Precisamente por eso debe extremar su cuidado cuando presta sus instalaciones, sus símbolos y el prestigio de sus autoridades a actividades sobre conflictos internacionales profundamente controvertidos.

Nadie discute que una película pueda ser examinada críticamente, incluso cuando contiene elementos propagandísticos. Lo cuestionable es organizar su exhibición sin ofrecer una instancia genuina de confrontación de perspectivas y pretender que semejante convocatoria constituye un ejercicio de pluralismo académico.

La Universidad de la República tiene derecho a debatir sobre Palestina e Israel. Tiene también el deber intelectual de distinguir entre la solidaridad con las víctimas y la legitimación de quienes practican el terrorismo.

Lo que no debería hacer es convertir sus aulas en escenarios de propaganda política bajo la apariencia de foros universitarios.

Porque, si sólo se convoca a quienes se identifican con una de las partes o no se asegura una contraparte reconocible, eso no es un foro de discusión: es un acto de afirmación ideológica con ropaje académico.

El gobierno anunció con gran despliegue una inversión que sería la mayor de la historia del Uruguay. Sin embargo, los balances de la empresa española Solaria, sus antecedentes y el contenido de la comunicación presentada ante el regulador bursátil español dejan importantes interrogantes. ¿Quiénes aportarán efectivamente los capitales? ¿Qué compromisos asumirá UTE durante 40 años? A estas incertidumbres se suma una cuestión ambiental de enorme importancia: el potencial consumo de millones de litros de agua para refrigerar los centros de datos, en un país que todavía recuerda la crisis hídrica de 2023. ¿Y por qué los uruguayos no pueden conocer los términos del acuerdo?

El presidente Yamandú Orsi anunció este miércoles, con toda la solemnidad de las grandes ocasiones, una inversión de US$ 5.700 millones de la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente, destinada a instalar centros de datos y parques fotovoltaicos en Canelones, San José y Florida. Según las cifras oficiales, se crearían 3.100 empleos durante la construcción y 1.500 permanentes.

La noticia sería extraordinaria. Uruguay necesita inversiones, empleo y desarrollo tecnológico. Pero una cosa es anunciar US$ 5.700 millones y otra demostrar que esos capitales están comprometidos y que los acuerdos firmados garantizan su efectiva inversión.

Una empresa real, pero con otros números

Solaria no es una empresa fantasma. Fundada en 2002, cotiza en la Bolsa española desde 2007, integra el IBEX 35 y desarrolla proyectos de energía renovable en diversos países. Incluso opera instalaciones solares en Young y Mercedes que venden electricidad a UTE.

La familia Díaz-Tejeiro reúne aproximadamente el 36,4% de sus acciones. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez preside la compañía y Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga integra su dirección. Otro accionista relevante es el grupo Stoneshield.

Los interrogantes aparecen al examinar sus números. Según sus estados financieros al 30 de junio de 2026, Solaria tenía activos por 2.786 millones de euros, un patrimonio neto de 1.088 millones, efectivo disponible por 209 millones y una deuda financiera neta cercana a 1.329 millones.

La inversión anunciada para Uruguay equivale a unos 5.080 millones de euros: más de cuatro veces y media el patrimonio neto de la compañía y aproximadamente 24 veces sus disponibilidades de efectivo.

Su capitalización bursátil al cierre del jueves 15 de octubre rondaba los 2.068 millones de euros, también muy inferior a la inversión anunciada. Sus acciones retrocedieron un 3,80% el miércoles y otro 0,83% el jueves, aunque no existen elementos suficientes para atribuir esas caídas al anuncio uruguayo.

Naturalmente, las grandes inversiones pueden financiarse mediante créditos, fondos internacionales y asociaciones empresariales. Solaria ha demostrado capacidad para obtener capital en los mercados. Pero hasta ahora no se han identificado públicamente los bancos, fondos o socios que aportarían los miles de millones necesarios.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó que estos proyectos se financian con inversores internacionales y entidades bancarias. La explicación es razonable, pero no responde a la pregunta fundamental: ¿quiénes aportarán concretamente el dinero?

Los antecedentes de Solaria

La trayectoria internacional de la compañía presenta episodios que merecen atención.

El caso brasileño. En noviembre de 2010, Solaria anunció una alianza con la eléctrica brasileña Cemig para construir una planta fotovoltaica de aproximadamente 3 megavatios en Sete Lagoas, Minas Gerais, con participación de la Universidad Federal de Minas Gerais y la fundación pública de investigación FAPEMIG.

La planta debía terminarse en 2011. Posteriormente, Solaria anunció que esperaba conectarla a la red en julio de 2012. Sin embargo, los informes de Cemig todavía la presentaban como una instalación en construcción en 2015.

En 2017, el municipio de Sete Lagoas inició acciones para recuperar un terreno de casi ocho hectáreas donado a Solaria Brasil, alegando incumplimientos de las condiciones y los plazos establecidos. La Justicia concedió una medida cautelar que permitió al municipio tomar posesión del inmueble.

Por su parte, Cemig había iniciado actuaciones judiciales contra Solaria Brasil, en cuyo marco se autorizó la venta de equipos y otros activos de la planta. El Diario Oficial de Sete Lagoas del 26 de abril de 2019 señalaba que todavía era posible terminar la instalación si aparecían interesados en adquirir esos activos. Ocho años después de la fecha inicialmente anunciada, el proyecto seguía sin concretarse plenamente.

En 2022, FAPEMIG abrió una investigación administrativa después de rechazar la rendición financiera de recursos públicos destinados al emprendimiento. En octubre de 2023, el Tribunal de Cuentas de Minas Gerais declaró prescriptas las pretensiones sancionatorias y de resarcimiento, cerrando el expediente sin establecer definitivamente responsabilidades.

No hubo, por tanto, una condena por fraude, ni corresponde atribuir automáticamente a la matriz española las actuaciones de su filial brasileña. Pero los retrasos, litigios y cuestionamientos sobre la rendición de fondos públicos son antecedentes que justifican preguntar qué evaluación realizó nuestro gobierno sobre su nuevo socio.

Una controversia en España. En julio de 2023, el diario El Debate informó que Solaria había contratado a Iván Molinero Camacho, esposo de Isabel Rodríguez, ministra del gobierno socialista de Pedro Sánchez, poco después de su nombramiento. También planteó interrogantes sobre ayudas públicas a la empresa.

Solaria aclaró que Molinero no ocupaba un cargo directivo y que una cifra de 1.625 millones de euros mencionada en la controversia correspondía a una manifestación de interés, no a una subvención concedida. En junio de 2026, la compañía informó la adjudicación de aproximadamente 41 millones de euros en ayudas públicas para proyectos de almacenamiento energético.

No existen elementos que permitan atribuir irregularidades a esas ayudas ni vincular aquel episodio con el emprendimiento uruguayo.

Lo que realmente se firmó en Uruguay

Este jueves 15 de octubre, Solaria comunicó oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), bajo el registro 43176, que desarrollará y operará una zona franca en Uruguay, preparando terrenos, infraestructura, conexiones eléctricas y servicios destinados a operadores de centros de datos.

La formulación es significativa: no identifica a esos operadores ni a los inversores que financiarían la parte sustancial del emprendimiento. Tampoco menciona los US$ 5.700 millones anunciados en Montevideo.

La propia empresa ha caracterizado el documento firmado como un memorando de entendimiento, mientras que ante la CNMV lo denomina acuerdo estratégico. Ninguna de esas expresiones demuestra que la financiación esté cerrada o los desembolsos garantizados.

Alejandro Sánchez aportó otras precisiones relevantes: Solaria todavía debe adquirir los terrenos, presentar el proyecto ante el Ministerio de Ambiente y gestionar ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) los beneficios tributarios correspondientes.

El propio secretario de Presidencia reconoció que lo firmado constituye un preacuerdo a partir del cual comienza una hoja de ruta.

Es decir, faltan los terrenos, las autorizaciones ambientales, los trámites tributarios y, sobre todo, la identificación de quienes financiarán y operarán los centros de datos.

¿Se firmó realmente un compromiso de inversión por US$ 5.700 millones o apenas se acordó desarrollar un proyecto cuyos inversores y financiación todavía deben concretarse?

El verdadero negocio puede estar en UTE

El aspecto energético del acuerdo podría resultar tan importante como los propios centros de datos.

En su comunicación a la CNMV, Solaria afirma expresamente que el acuerdo contempla un contrato por el cual UTE compraría la energía generada por las plantas fotovoltaicas durante un plazo de hasta 40 años.

Cuarenta años. Ocho períodos de gobierno.

No se trata solamente de la electricidad que UTE vendería a los centros de datos, sino también de la que se comprometería a adquirir a Solaria. Dos operaciones cuyos precios, condiciones y obligaciones todavía no se conocen públicamente.

La comunicación no demuestra que ese contrato ya esté firmado, pero sí que forma parte del esquema económico previsto.

Además, los centros de datos requieren electricidad permanentemente, mientras que la generación solar es intermitente. Los 350 megavatios fotovoltaicos proyectados no equivalen a un suministro continuo de esa potencia.

Alejandro Sánchez explicó que los centros de datos comprarán electricidad a UTE a tarifas dentro del rango acordado con Google y aseguró que la empresa pública obtendrá ingresos. Sin embargo, reconoció que el contrato tarifario todavía está pendiente.

¿A qué precio comprará UTE la energía de Solaria y a qué precio la venderá? ¿Quién proporcionará el suministro cuando no haya generación solar? ¿Qué sucederá si la demanda prevista no se concreta?

Nadie puede afirmar que el negocio resulte perjudicial. Pero tampoco que sea conveniente para UTE y sus usuarios mientras se desconozcan sus condiciones contractuales.

El agua: otra incógnita fundamental

El impacto ambiental, particularmente el consumo de agua, plantea interrogantes igualmente importantes.

Los centros de datos generan enormes cantidades de calor y requieren sistemas de refrigeración que, según la tecnología utilizada, pueden consumir millones de litros de agua diariamente.

Uruguay tiene un antecedente cercano. El proyecto original del centro de datos de Google en Canelones contemplaba consumir 7,6 millones de litros de agua potable por día, aproximadamente el equivalente al consumo de 55.000 personas. La controversia, especialmente durante la crisis hídrica de 2023, llevó a modificar el proyecto y adoptar refrigeración por aire.

Alejandro Sánchez afirmó que los centros de datos vinculados a Solaria utilizarán un circuito cerrado de agua, por lo que su impacto hídrico sería limitado.

La explicación es atendible, pero insuficiente. Los circuitos cerrados pueden reducir considerablemente el consumo, aunque algunas configuraciones utilizan refrigeración evaporativa y requieren reposición de agua.

¿Cuánta agua necesitarán las instalaciones? ¿De dónde provendrá? ¿Se utilizará refrigeración evaporativa? ¿Qué sucederá durante las sequías?

No corresponde atribuir a Solaria el consumo inicialmente previsto por Google, pero tampoco dar por probadas las virtudes ambientales del emprendimiento sin conocer sus especificaciones técnicas y estudios de impacto.

Utilizar electricidad renovable no convierte automáticamente a un centro de datos en una instalación ambientalmente inocua.

Otra vez el secreto

Según informó El Observador, el acuerdo suscrito entre el gobierno y Solaria es confidencial. Las negociaciones se desarrollaron durante meses con participación de Presidencia, el Ministerio de Industria y altos funcionarios de UTE.

El director de la empresa pública por el Partido Nacional, Darío Castiglioni, denunció que no había sido informado del proyecto y que se le había negado información sobre las gestiones realizadas. De confirmarse, sería especialmente grave: un integrante del propio Directorio no habría podido conocer asuntos que pueden comprometer a UTE durante décadas.

El senador Sebastián Da Silva presentó un pedido de informes sobre la solvencia de Solaria, la financiación, los compromisos estatales, los beneficios fiscales, los intermediarios y el fundamento de la confidencialidad.

La legislación uruguaya de acceso a la información pública no puede quedar subordinada a cláusulas genéricas de reserva impuestas por particulares. Los secretos comerciales legítimos no habilitan a ocultar indiscriminadamente las condiciones bajo las cuales el Estado asume obligaciones o concede beneficios.

Además, el proyecto funcionaría bajo el régimen de zona franca, con las correspondientes ventajas tributarias. Aunque la inversión fuera íntegramente privada, sus consecuencias para el Estado y los recursos públicos merecen ser conocidas.

El país necesita inversiones, no actos de fe

Sería excelente que Solaria concretara el proyecto y Uruguay recibiera esos US$ 5.700 millones. Nadie razonable puede desear lo contrario.

Pero hoy tenemos una empresa con dimensiones financieras muy inferiores a la inversión anunciada; antecedentes empresariales que merecen explicaciones; inversores finales sin identificar; financiación no acreditada públicamente; terrenos y autorizaciones pendientes; un eventual compromiso eléctrico de hasta 40 años y un impacto ambiental todavía sin evaluar completamente.

Todo ello fue presentado como si la mayor inversión de la historia nacional fuera ya una realidad prácticamente consumada.

No alcanza con exhibir una cifra impresionante en una conferencia de prensa. Hay que demostrar quién pondrá el dinero, bajo qué condiciones, qué recibirá a cambio, cuáles serán los costos ambientales y qué obligaciones asumirá el Estado uruguayo.

La inversión extranjera merece ser bienvenida. La transparencia, exigida. Y la credibilidad de los anuncios oficiales, preservada mediante hechos verificables y no mediante promesas.

Porque Uruguay no está para convertirse, una vez más, en escenario de grandes ceremonias y mayores expectativas que después nadie sabe cómo financiar.

Los US$ 5.700 millones están anunciados. Ahora falta saber quién tiene la plata.

Un reciente informe del banco Citi identifica condiciones excepcionalmente favorables para el crecimiento de América Latina. Sin embargo, Uruguay aparece en el último lugar de su clasificación regional sobre las posibilidades de aprovechar esta oportunidad. Una advertencia que obliga a reflexionar sobre las dificultades estructurales de nuestra economía.

América Latina podría encontrarse ante una oportunidad económica como no se presentaba desde hace dos décadas. Así lo sostiene un reciente informe del banco Citi, que identifica una combinación particularmente favorable de circunstancias internacionales: debilitamiento del dólar, precios elevados de las materias primas, reconfiguración del comercio mundial y mayores oportunidades para atraer inversiones.

El diagnóstico es alentador para la región. Pero contiene una advertencia inquietante para nuestro país: Uruguay ocupa el último lugar en el indicador elaborado por el banco para evaluar las condiciones de cada economía latinoamericana a efectos de aprovechar este nuevo ciclo de crecimiento. El Salvador, Chile y República Dominicana encabezan la clasificación.

Conviene precisar que no se trata de una evaluación general de la calidad de las economías ni de sus instituciones, sino de una medición de las oportunidades de crecimiento y de las condiciones existentes para aprovecharlas. Pero la distinción no le quita relevancia al resultado. Por el contrario, obliga a preguntarse por qué un país tradicionalmente reconocido por su estabilidad aparece tan rezagado.

El Citi reconoce expresamente algunas de nuestras fortalezas: Uruguay presenta el mayor nivel de preparación en inteligencia artificial de la región, se destaca por su Estado de derecho y mantiene el grado inversor, acompañado de un perfil crediticio favorable. Son ventajas importantes, construidas a lo largo de muchos años y que distinguen al país en el contexto latinoamericano.

Sin embargo, esas virtudes no se traducen automáticamente en crecimiento económico. Y allí reside, precisamente, el núcleo del problema uruguayo.

Nuestra economía arrastra dificultades conocidas: problemas de competitividad, costos de producción elevados, insuficiente dinamismo de la inversión y un crecimiento que desde hace años resulta demasiado modesto para sostener aspiraciones de desarrollo más ambiciosas. A ello se agregan las restricciones fiscales, que reducen el margen de maniobra de los sucesivos gobiernos.

El propio Citi había formulado otra advertencia en julio pasado, cuando ubicó a Uruguay entre los países que enfrentan mayores dificultades políticas para concretar las reformas necesarias. En aquella oportunidad, señaló las limitaciones derivadas de la situación fiscal y de las condiciones políticas para impulsar transformaciones, en un contexto de mayorías parlamentarias insuficientes.

Los dos informes, aunque elaborados desde perspectivas diferentes, convergen en una cuestión fundamental: Uruguay dispone de fortalezas institucionales indiscutibles, pero encuentra dificultades para convertirlas en crecimiento sostenido.

La experiencia histórica de América Latina debería servir de advertencia. Según el Citi, en 1990 el producto por habitante de la región equivalía al 28% del estadounidense. En 2025 había descendido al 26,4%. Más de tres décadas después, lejos de acercarse a los niveles de prosperidad de las economías desarrolladas, América Latina había retrocedido en términos relativos.

No alcanza, entonces, con que los vientos internacionales soplen a favor. Las condiciones externas pueden facilitar el crecimiento, pero no sustituyen las decisiones internas. La competitividad, la productividad, la calidad de la educación, la modernización del Estado y la capacidad para atraer inversiones dependen, fundamentalmente, de lo que cada país sea capaz de hacer.

En Uruguay, además, el problema no puede atribuirse exclusivamente a una administración. Buena parte de sus dificultades son estructurales y vienen acumulándose desde hace tiempo. Pero ello no exime al actual gobierno de la responsabilidad de enfrentarlas. Por el contrario, cuanto más favorable resulte el contexto internacional, menos justificable será resignarse a tasas de crecimiento mediocres.

La estabilidad institucional y la seguridad jurídica, que tanto nos distinguen, deben ser una plataforma para el desarrollo y no un motivo de complacencia. Preservarlas es indispensable, pero también lo es encarar reformas que mejoren la competitividad, eleven la productividad y permitan recuperar un ritmo de expansión más vigoroso.

El informe del Citi no constituye una sentencia sobre el futuro uruguayo. Es una advertencia sobre las condiciones presentes y, por lo tanto, sobre la necesidad de modificarlas.

Si América Latina está efectivamente ante una oportunidad histórica, Uruguay no puede conformarse con ser un país confiable que crece poco. Tiene que aspirar a ser también un país dinámico, competitivo y capaz de generar prosperidad.

Porque lo verdaderamente preocupante no sería que la región volviera a desaprovechar una oportunidad. Sería que esta vez América Latina consiguiera despegar y Uruguay permaneciera en tierra.

Un estudio técnico del Banco de Previsión Social revela una realidad frecuentemente ignorada en el debate jubilatorio: los trabajadores de menores ingresos son quienes tienen mayores dificultades para acumular años de cotización. La investigación, presentada ante la Comisión de Expertos en Seguridad Social, demuestra que las desigualdades laborales se trasladan al sistema previsional y condicionan las posibilidades reales de acceder a una jubilación.

En el debate sobre la edad jubilatoria suele prestarse especial atención a los años que una persona debe tener para retirarse, pero bastante menos a una condición igualmente decisiva: cuántos años de aportes ha logrado acumular durante su vida laboral.

Una investigación del contador Nicolás Bene, integrante de la Asesoría Económica y Actuarial del Banco de Previsión Social (BPS), permite comprender la dimensión del problema. El trabajo, titulado Densidad de cotización al Banco de Previsión Social, fue presentado en febrero de 2021 ante la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) y publicado posteriormente en Comentarios de Seguridad Social, la publicación técnica del organismo.

El estudio analizó las historias laborales de 87.329 trabajadores que habían registrado aportaciones durante 2019, procurando determinar qué proporción del tiempo potencial de trabajo había estado efectivamente cubierta por contribuciones a la seguridad social.

Sus resultados revelan diferencias profundas entre los trabajadores según sus ingresos, sexo y trayectorias laborales.

Una diferencia de más de 36 puntos

La investigación estableció que la densidad promedio de cotización de los trabajadores analizados era de 66,1%. Esto significa que, durante el período considerado para cada persona, habían efectuado aportes por aproximadamente dos tercios del tiempo potencial.

Pero el promedio general esconde desigualdades particularmente significativas.

Entre los trabajadores pertenecientes al 20% de menores ingresos, la densidad de cotización alcanzaba apenas el 48,2%. En el segundo quintil era del 55,7%, mientras que en el tercero llegaba al 66,6%.

La situación mejoraba considerablemente entre los trabajadores de mayores ingresos: 76,4% en el cuarto quintil y 84,3% en el quinto.

Es decir, los sectores de mayores ingresos presentaban una continuidad contributiva muy superior a la de los más pobres. La diferencia entre los extremos alcanzaba nada menos que 36,1 puntos porcentuales.

No se trata de una diferencia menor ni de una simple curiosidad estadística. El acceso a una jubilación depende, entre otros factores, de acreditar una cantidad mínima de años de servicios. Por lo tanto, cuanto más discontinua sea la trayectoria de aportaciones, mayores serán las dificultades para cumplir los requisitos exigidos.

Quienes atraviesan períodos de desempleo, informalidad o interrupciones laborales pueden encontrarse, al alcanzar la edad jubilatoria, con que no reúnen los años necesarios para retirarse.

Así, las desigualdades del mercado de trabajo terminan reproduciéndose en el sistema previsional.

Las mujeres enfrentan una dificultad adicional

El estudio también encontró diferencias significativas entre hombres y mujeres.

Mientras la densidad promedio de cotización masculina alcanzaba el 68,8%, entre las mujeres descendía al 63%, una brecha de 5,8 puntos porcentuales.

La desigualdad se mantenía en prácticamente todas las edades analizadas.

Aunque el trabajo no identifica exhaustivamente las causas de esa diferencia, sus resultados son compatibles con los efectos que pueden tener las interrupciones laborales, la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y otras dificultades de inserción y permanencia en el empleo formal.

En cualquier caso, muestran que las condiciones para acumular años de aportes tampoco son iguales para hombres y mujeres.

Quienes se jubilan y quienes no pueden hacerlo

Otro hallazgo especialmente importante aparece al comparar las trayectorias de quienes lograban jubilarse con las de aquellos que permanecían sin hacerlo a edades similares.

Entre los 60 y los 70 años, los trabajadores que accedían a la jubilación presentaban densidades de cotización superiores a las de quienes no se jubilaban. Las diferencias oscilaban entre 10 y 18 puntos porcentuales, según la edad.

El propio estudio señalaba que esa brecha podía indicar dificultades de acceso a la jubilación para los trabajadores con menor continuidad contributiva.

En otras palabras, alcanzar determinada edad no garantiza haber reunido los requisitos necesarios para obtener una pasividad.

La situación resulta especialmente relevante para los sectores más vulnerables, cuyos antecedentes laborales pueden incluir largos períodos sin aportaciones registradas.

Una advertencia para el debate actual

Los resultados adquieren renovada importancia frente a la iniciativa del gobierno de Yamandú Orsi de establecer una nueva causal jubilatoria desde los 60 años, con 30 años de aportes.

La propuesta se presenta como una respuesta especialmente dirigida a los trabajadores de menores ingresos. Sin embargo, la investigación del BPS pone de manifiesto una dificultad que no puede soslayarse: precisamente esos sectores son los que registran menores densidades de cotización.

Esto no significa que todos los trabajadores de ingresos bajos estén imposibilitados de reunir 30 años de aportes ni que el estudio permita calcular cuántos accederían a la nueva causal. Sus datos corresponden a 2019, y el propio autor advierte sobre las limitaciones derivadas de la selección de la muestra y de la disponibilidad de historias laborales.

Pero la evidencia obliga a formular una pregunta fundamental: ¿cuántos trabajadores de menores ingresos estarán efectivamente en condiciones de jubilarse a los 60 años?

Responderla exige conocer no sólo la distribución de los ingresos, sino también las trayectorias contributivas de quienes se acercan a esa edad y la proporción que ya reúne los años exigidos.

Sin esa información, cualquier afirmación sobre el alcance social de la nueva causal resulta necesariamente incompleta.

El verdadero desafío previsional

La investigación de Bene tiene un valor que trasciende la discusión actual sobre la edad de retiro. Demuestra que la protección jubilatoria no depende exclusivamente de las reglas del sistema previsional, sino también de la calidad y estabilidad de las trayectorias laborales.

Un trabajador puede haber desarrollado actividades durante décadas sin haber acumulado una cantidad equivalente de años de aportación formal.

La seguridad social debe enfrentar esa realidad mediante instrumentos que procuren preservar su cobertura, sin desconocer las exigencias de sostenibilidad financiera.

El desafío consiste, por tanto, en combinar reglas jubilatorias responsables con políticas que favorezcan el empleo formal, reduzcan las interrupciones contributivas y contemplen adecuadamente las dificultades de quienes tienen trayectorias laborales más vulnerables.

El estudio del BPS proporciona una base empírica particularmente útil para esa discusión.

Y deja una enseñanza que debería estar presente en cualquier reforma previsional: no alcanza con establecer a qué edad puede jubilarse un trabajador. También hay que considerar si su historia laboral le permitirá hacerlo.

La propuesta del senador frenteamplista Nicolás Viera de sustituir las 19 intendencias por ocho o nueve gobiernos regionales provocó un rechazo generalizado. Una ocurrencia que, además de centralista, tiene antecedentes poco recomendables.

El senador del MPP Nicolás Viera considera «ilógico» que Uruguay tenga 19 departamentos y propone eliminar las actuales intendencias y juntas departamentales para sustituirlas por ocho o nueve gobiernos regionales. La iniciativa, que atribuye a una vieja idea de José Mujica, buscaría reducir el gasto público y mejorar la eficiencia administrativa. Promete, eso sí, preservar las identidades departamentales, aunque pretende suprimir las instituciones que las representan.

Conviene recordar, de paso, que en 1977, durante la dictadura, ya se había propuesto reorganizar el país en ocho regiones. Ni siquiera aquel régimen terminó concretando semejante reforma.

Las críticas fueron contundentes. El presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, calificó la propuesta de «cortina de humo»; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, de «absolutamente centralista y regresiva»; el senador Sebastián Da Silva, de «un divague», mientras Sergio Botana denunció una «ofensiva política» contra el interior. Hasta el intendente frenteamplista de Lavalleja, Daniel Ximénez, reconoció que la iniciativa marcha a contramano de la descentralización.

El país tiene problemas bastante más urgentes que satisfacer las fantasías de rediseño territorial de un senador. La eficiencia del Estado no se consigue liquidando gobiernos departamentales ni desconociendo dos siglos de historia, arraigo y pertenencia. Y mucho menos confundiendo descentralizar con concentrar el poder en menos manos.

La actuación de Alfredo Asti al frente de la JUTEP acumula controversias que comprometen la credibilidad de un organismo esencial para la República. El interrogatorio dirigido al senador Pedro Bordaberry, en un asunto de competencia electoral, ha provocado el anuncio de una denuncia penal por abuso de funciones. Lejos de ser un episodio aislado, se suma a una sucesión de decisiones cuestionadas por su falta de imparcialidad.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) fue creada para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Sin embargo, bajo la conducción de su mayoría frenteamplista, integrada por Ana Ferraris y Alfredo Asti, corre el riesgo de transformarse en exactamente lo contrario: un instrumento de hostigamiento político, más preocupado por vigilar a los adversarios que por preservar la ética de la función pública.

El último episodio resulta particularmente grave. Alfredo Asti, vicepresidente de la JUTEP, firmó un oficio dirigido al senador Pedro Bordaberry para interrogarlo acerca de la participación de Robert Bouvier, director de AFE por la oposición, en una reunión realizada el 1.º de agosto en Florida. El encuentro tenía como motivo celebrar la recuperación del diputado Walter Cervini, quien había atravesado una enfermedad de extrema gravedad. La denuncia que originó el expediente sostiene que allí hubo actividad político-partidaria, extremo controvertido por sus participantes.

La Constitución es inequívoca al atribuir a la Corte Electoral la competencia para conocer y aplicar sanciones por los delitos electorales previstos en su artículo 77. La JUTEP podrá recibir denuncias y examinar cuestiones comprendidas en sus atribuciones legales, pero eso no la habilita a sustituir al órgano constitucional competente ni a extender discrecionalmente su jurisdicción.

Bordaberry lo expresó con precisión: “Un órgano de control que actúa fuera de su competencia deja de controlar y pasa a necesitar ser controlado”. Y agregó, en su respuesta escrita: “Responder su oficio, sería convalidar, con mi firma de Senador de la República, una actuación que la Constitución no autoriza”.

La reacción del legislador fue durísima, incluso con expresiones personales que no compartimos como método de debate. Pero el fondo de su planteo no admite ser despachado como un exabrupto, fruto del enojo entendible: ¿con qué fundamento jurídico pretende la JUTEP investigar una eventual infracción de naturaleza electoral e interrogar sobre ella a un senador de la República?

La explicación ofrecida desde el oficialismo constituye casi una agravante política. Según trasladó la senadora Bettiana Díaz, Asti sostuvo que el oficio no representaba una intimación personal y que esos documentos los firma el director que se encuentre presente. Es decir, se pretende reducir la responsabilidad del firmante a una cuestión de trámite.

Si Asti firmó sin leer suficientemente lo que suscribía, como sugiere esa defensa, estaríamos ante una irresponsabilidad inadmisible. Si conocía su contenido, debe asumir enteramente sus consecuencias. En cualquiera de las dos hipótesis, la explicación resulta descalificante para quien ocupa la vicepresidencia de un organismo encargado de velar por la conducta de los funcionarios públicos. La firma de un jerarca no es una formalidad administrativa vacía.

Tampoco estamos ante un hecho aislado. La mayoría integrada por Ferraris y Asti decidió mantener abiertas las actuaciones contra el senador Andrés Ojeda, pese a la recomendación de archivo formulada por la Asesoría Letrada de la propia JUTEP. Otro tanto ocurrió con la denuncia del exsenador Charles Carrera contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. El director Luis Calabria cuestionó expresamente el apartamiento de los informes técnicos y la inconsistencia de los criterios aplicados.

La reiteración resulta inquietante. Cuando el asesoramiento jurídico recomienda prudencia, la mayoría política insiste en avanzar. Cuando se cuestionan sus competencias, responde con interpretaciones expansivas. Y cuando debe explicar una actuación controvertida, pretende diluir las responsabilidades entre procedimientos burocráticos.

Andrés Ojeda denunció que varios legisladores habían sido “objeto de persecuciones por parte del señor Asti” y calificó la conducta de la JUTEP con una expresión deliberadamente extrema: “Gestapo persecutoria”. El senador Javier García, por su parte, describió al organismo como un “comité de base”. Son juicios políticos muy severos, pero revelan la magnitud de la desconfianza que la actuación de su mayoría ha generado entre los representantes de la oposición.

También Sergio Botana fue particularmente contundente al comparar la conducta de Asti con la mesura institucional del presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. Sostuvo que Asti actúa como un delegado deportivo que procura defender su camiseta y conseguir una sanción para el adversario. Y reclamó al Frente Amplio: “¡sáquenlo ya!”, advirtiendo que su conducta perjudica al sistema político, a la institucionalidad republicana y al propio partido de gobierno.

Asti, entretanto, respondió a El País: “El senador tiene fueros y yo inhibiciones políticas que respeto”. La afirmación, por sí sola, no esclarece el fundamento legal del oficio ni disipa los cuestionamientos acumulados. La imparcialidad no se proclama: se demuestra mediante decisiones fundadas, criterios uniformes y estricto respeto por los límites de la competencia propia.

La Coalición Republicana anunció que llevará estos hechos a Fiscalía para que se determine si existió abuso de funciones. Corresponderá a la Justicia establecer si se configura algún delito. Pero la responsabilidad política e institucional no depende de una eventual condena penal.

El Frente Amplio tiene, por tanto, un problema que no puede seguir ignorando. La permanencia de Asti en la vicepresidencia de la JUTEP, después de tantas controversias, compromete la autoridad moral de una institución que debería permanecer por encima de las disputas partidarias.

La ética pública comienza por quienes tienen el cometido de custodiarla. Y cuando un órgano creado para controlar los abusos del poder comienza a ser cuestionado por sus propios excesos, son sus autoridades las que deben rendir cuentas.

Por Luis Hierro López

Mientras el presidente Orsi habló en Naciones Unidas sólo del “bloqueo” —que en realidad es un embargo— a Cuba, la dictadura castrista sigue persiguiendo a disidentes y los amenaza con años de cárcel; el régimen nicaragüense ejerce una represión feroz con cientos de desaparecidos y Venezuela aumenta sus presos políticos. Uruguay debería protestar ante estos atropellos; lamentablemente, el oficialismo los convalida o los aplaude.

La Fiscalía cubana pidió en estos días 10 años de cárcel para dos jóvenes disidentes que hicieron una tímida campaña opositora en las redes, con dibujitos y caricaturas que los servicios de seguridad califican de “contenido de carácter contrarrevolucionario que instaba a las personas a que no aceptaran el orden social y político consagrado en la Constitución, [...] ultrajaban a los principales dirigentes del país, al Gobierno y a las organizaciones políticas como el partido comunista”. Esta novedad se registra en un país que tiene, por lo menos, otros 1260 presos políticos.

Al mismo tiempo, se supo que en Venezuela se siguen apresando y torturando a opositores tras la caída de Maduro. Según La Nación, de Buenos Aires, siguen vigentes leyes para criminalizar la disidencia y las fuerzas de seguridad mantienen esencialmente las mismas estructuras y prácticas de antes. De hecho, se reportaron 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero, día de la captura de Nicolás Maduro.

Los investigadores de la ONU documentaron “patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos. Entre otros, verificaron un método de tortura no registrado, llamado «la máquina del tiempo», consistente en confinar a grupos de unos 15 detenidos en un tanque subterráneo sellado, donde se les obligaba a permanecer desnudos y en total oscuridad por períodos que oscilaban entre unos pocos días y tres meses, sin acceso siquiera a instalaciones sanitarias”.

Maduro y su esposa serán acusados en Estados Unidos por ser los responsables de estas torturas. Pero el drama sigue. A los Estados Unidos de Trump les interesa más el acceso al petróleo que la eliminación de las torturas.

También en estos días hubo noticias dramáticas desde Nicaragua. Según Infobae, un documento de la WOLA, Washington Office on Latin America, organización dedicada al seguimiento de derechos humanos en la región, indica que al 31 de julio de este año había en ese país 60 presos políticos y 23 personas en situación de desaparición forzada. Hubo 199 detenciones por motivaciones políticas en los primeros meses de este año. Desde 2018 se han confirmado 161 casos de desaparición de opositores.

Pese a estas aberraciones, el gobierno uruguayo se mantiene callado. El canciller Lubetkin informó que no se retomarán las relaciones plenas con Venezuela mientras dure la presidencia de la “encargada” Delcy Rodríguez, la nueva amiga de Trump. Pero no se dijo una palabra de estas nuevas persecuciones. De Cuba, ni hablar: sigue siendo el altar de los comunistas y varios dirigentes del Frente Amplio y del PIT-CNT visten sus camisetas o portan sus banderas. El violador Ortega sigue siendo “ciudadano ilustre”... de la Intendencia de Montevideo. Y la mayoría de los portavoces frentistas sigue invocando la vigencia de los derechos humanos. Una vergüenza.

Por Santiago Torres

El sabotaje informático que afectó a cientos de supermercados franceses constituye una advertencia que Uruguay no debería ignorar. Nuestro país acumula ataques contra organismos públicos, filtraciones masivas de información y accesos ilegales a sistemas sensibles. Mientras la digitalización avanza, los riesgos se multiplican. La pregunta es si estamos desarrollando las capacidades necesarias para proteger los datos de los ciudadanos y, sobre todo, el funcionamiento de los servicios esenciales.

El reciente sabotaje informático contra cientos de supermercados franceses demostró que los ataques cibernéticos pueden trascender ampliamente el robo de información o la interrupción de una página web. Los delincuentes lograron intervenir a distancia los sistemas de refrigeración, alterar sus temperaturas y provocar la pérdida de enormes cantidades de alimentos, con perjuicios económicos millonarios.

El episodio, que también encendió las alarmas en otros países europeos, puso de manifiesto una realidad inquietante: equipos industriales aparentemente ajenos al mundo de la informática pueden convertirse en objetivos de sabotaje cuando sus sistemas de control están conectados a Internet.

¿Podría ocurrir algo semejante en Uruguay? No existe fundamento para afirmar que nuestras instalaciones industriales estén expuestas a las mismas vulnerabilidades. Pero tampoco sería prudente descartar esa posibilidad, especialmente cuando nuestro país tiene un historial de incidentes informáticos que debería preocuparnos mucho más de lo que parece que lo está haciendo.

Una sucesión de ataques preocupante

En los últimos años, diversos organismos públicos uruguayos han sido objeto de accesos no autorizados, robos de información, filtraciones y ataques contra sus plataformas digitales.

Durante 2025, por ejemplo, se conocieron denuncias de filtraciones que afectaron al Ministerio de Desarrollo Social, con más de 37.000 documentos expuestos; a la Dirección Nacional de Migración, con información correspondiente a unas 15.000 solicitudes de visa, incluyendo documentos de identidad y fotografías; y a la Universidad de la República, con datos personales de centenares de docentes.

También circularon informaciones personales del presidente Yamandú Orsi y se denunciaron ataques contra distintas dependencias estatales.

A ello se sumó la difusión atribuida al grupo de ciberdelincuentes denominado Tacuara de unos 170 gigabytes de documentación vinculada a organismos públicos, entre ellos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entre los materiales señalados figuraban comunicaciones internas, documentos administrativos, liquidaciones salariales y antecedentes presupuestales.

El mismo grupo afirmó haber obtenido cientos de miles de registros relacionados con la Corte Electoral, aunque en ese caso las autoridades no habían constatado una filtración de sus sistemas y pusieron en duda aspectos de la información difundida.

La distinción importa: no todas las denuncias de los atacantes han sido verificadas, ni toda información expuesta procede necesariamente de una intrusión directa en el organismo mencionado. Pero el conjunto de episodios revela un problema persistente y de considerable magnitud.

Un antecedente particularmente grave fue el ataque sufrido por el Banco Hipotecario del Uruguay en setiembre de 2025. Los delincuentes sustrajeron una enorme cantidad de información y exigieron un rescate. El banco no lo pagó y debió emprender una costosa reconstrucción de sus sistemas. En julio de este año, sus autoridades informaron al Parlamento que habían destinado unos 12 millones de pesos a tareas de recuperación.

Más recientemente, en mayo de 2026, Antel reconoció un acceso no autorizado a su plataforma de identidad digital TuID. La investigación posterior determinó que podían haberse comprometido datos biométricos de hasta 163 usuarios, correspondientes a registros antiguos de huellas dactilares. La empresa aseguró que no fueron vulneradas las contraseñas ni las claves de firma digital. Sin embargo, el episodio alcanzó un sistema particularmente sensible por su función en la identificación electrónica de personas.

Ni siquiera puede considerarse que los ataques respondan exclusivamente a grandes organizaciones criminales internacionales. En octubre de 2025, el Ministerio del Interior informó sobre la condena de un individuo responsable de múltiples intrusiones, alteraciones de sitios web y difusión de información personal obtenida ilegalmente.

Las cifras que deberían encender las alarmas

Los datos oficiales permiten dimensionar el problema.



Según el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy), en 2022 se registraron 4.169 incidentes; en 2023 fueron 4.968; en 2024, 14.264; y en 2025, nada menos que 42.768.

Durante los primeros seis meses de 2026 ya se habían contabilizado otros 32.399 incidentes. Aunque sólo una pequeña proporción fue clasificada como de severidad alta o muy alta, el crecimiento resulta suficientemente significativo como para reclamar atención.

Las cifras reflejan tanto la evolución de las amenazas como la capacidad de detección y registro. No permiten concluir, por sí solas, que todos los sistemas sean cada vez menos seguros. Pero tampoco admiten indiferencia.

Del robo de datos al sabotaje de servicios esenciales

Hasta ahora, buena parte de la atención pública uruguaya se ha concentrado en la sustracción de información personal, los fraudes electrónicos y las filtraciones de documentos estatales.

El episodio francés obliga a ampliar esa perspectiva.

¿Qué ocurriría si un ataque coordinado alterara los sistemas de refrigeración de nuestros frigoríficos, las cámaras de conservación de alimentos o los depósitos de medicamentos? ¿Qué consecuencias tendría una intrusión en los controles industriales de las instalaciones de OSE o de UTE? ¿Están suficientemente protegidos los sistemas informáticos que sostienen las operaciones portuarias, los servicios de salud y las comunicaciones?

No se trata de afirmar que esas instalaciones sean inseguras. Se trata de exigir que sus niveles de protección sean evaluados, comprobados y actualizados periódicamente.

Uruguay cuenta con Agesic, CERTuy y una Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024-2030. También ha desarrollado un marco normativo que obliga a determinadas entidades públicas y privadas vinculadas a servicios críticos a comunicar sus incidentes informáticos. Son avances importantes que corresponde reconocer.

Pero la existencia de organismos, estrategias y normas no equivale necesariamente a disponer de sistemas suficientemente protegidos. La verdadera prueba consiste en conocer si se realizan auditorías independientes, si las vulnerabilidades detectadas se corrigen oportunamente, si existen mecanismos alternativos para mantener los servicios y si las instituciones están preparadas para responder coordinadamente ante un ataque de gran escala.

Una cuestión de seguridad nacional

Uruguay ha hecho de su desarrollo digital un motivo legítimo de orgullo. La informatización del Estado, la extensión de los trámites electrónicos y la modernización de los servicios constituyen conquistas que nadie debería poner en discusión.

Precisamente por eso, su protección debe convertirse en una prioridad nacional.

La ciberseguridad no puede seguir siendo considerada una responsabilidad exclusiva de los técnicos informáticos, ni un gasto secundario que se atiende después de sufrir un ataque. Requiere inversiones sostenidas, personal especializado, controles exigentes y responsabilidades institucionales claramente establecidas.

También exige una participación activa del sector privado. Los supermercados franceses demostraron que la vulnerabilidad de un proveedor tecnológico puede comprometer simultáneamente a cientos de establecimientos. Una empresa puede haber protegido adecuadamente sus sistemas administrativos y, sin embargo, mantener expuestos los equipos industriales de los que depende su actividad.

El país necesita saber si sus infraestructuras críticas están preparadas para enfrentar esa clase de amenazas y qué planes existen para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Los antecedentes uruguayos muestran que los delincuentes informáticos ya han logrado penetrar sistemas sensibles y sustraer información de enorme valor. Francia acaba de recordarnos que el siguiente paso puede ser mucho más grave: intervenir el funcionamiento de instalaciones físicas y provocar daños económicos y materiales.

La pregunta ya no es si Uruguay puede ser atacado. Eso ha quedado sobradamente demostrado. La pregunta es si estamos haciendo lo suficiente para impedir que el próximo ataque tenga consecuencias mucho más graves que una filtración de datos.

Por Tomás Laguna

En la anterior edición nos referimos a los cambios en la ley madre del INIA incluidos en el articulado del extenso y muy variopinto proyecto de ley de competitividad, tal como se lo conoce. Si bien mantenemos las objeciones y por encima de todo cuestionamos la oportunidad, corresponde rectificar algunas afirmaciones equivocadas de aquella columna de opinión.

En la edición pasada se expresó desde este espacio que las gremiales rurales representadas en la Junta Directiva del INIA se habían enterado de las modificaciones a su ley madre a través del mismo proyecto de ley, y no por su delegación en la directiva del instituto, presuponiendo que no se había discutido en ese ámbito. Se nos hizo ver, después de la publicación, que eso no fue así. Las modificaciones propuestas para incorporar al cuerpo de la ley de competitividad se conocieron en la propia Junta Directiva del INIA y, en el caso particular de la Asociación Rural del Uruguay, fue su delegado quien informó, a su vez, a la directiva de la gremial.

No se nos escapa un cierto tono de molestia con que se nos reclamó por esta imprecisión. Corresponde, por lo tanto, hacer la rectificación y solicitar las disculpas del caso.

No obstante, mantenemos las objeciones por entonces presentadas. La más sentida, que compartimos con las mismas gremiales rurales, se refiere a la pérdida de gobernanza de la Junta Directiva, quedando sometida a los designios del Poder Ejecutivo de turno, en una suerte de regreso a los tiempos del viejo CIAAB y su dependencia de la administración central. Más aún, se crea una suerte de dependencia burocrática de un variopinto Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria, mecanismo seguramente previsto para involucrar a la Universidad en la interna del INIA.

Pero también, y en acuerdo con lo expresado por la Federación Rural en su concurrencia al Parlamento, entendemos que merecen mayor discusión las disposiciones para que el INIA concurra con sus activos y capacidades, incluyendo su capital humano, en proyectos asociados a empresas privadas, seguramente multinacionales vinculadas al desarrollo productivo.

Se nos ha hecho ver que es necesario habilitar estas asociaciones de carácter empresarial a partir de la investigación pública. En particular, se hace referencia a los acuerdos o contratos denominados spin-off. Estos tienen por objetivo transformar el conocimiento generado a partir de la investigación aplicada en productos con valor económico. O dicho en buen romance, lograr que la investigación pública orientada al desarrollo productivo del agro sea capaz de generar renta concurriendo en el mercado de los insumos requeridos para producir. Para ello se ha previsto que incluso el personal técnico del INIA, altamente calificado a partir de posgrados en el exterior gracias al esfuerzo del propio instituto, concurra con sus capacidades a estos nuevos emprendimientos de participación público-privada. Una propuesta audaz y controvertida por los imprescindibles compromisos con la investigación pública para la cual fue convocado y formado ese mismo personal técnico y científico. Valga esta referencia para demostrar que la propuesta, tanto en sus detalles instrumentales como en sus objetivos finales, merece una discusión más allá del ámbito del proyecto de ley en cuyo marco se plantea.

Hecha la aclaración del principio, insistimos en que el INIA, en su condición de institución pública financiada por el aporte obligado de los mismos productores, y, como tal, comprometida con la generación de tecnología como bien público, merece una discusión mucho más amplia que la que se da hoy y que, para peor, se desarrolla en forma apresurada. Discusión que debe incluir a otros muchos actores del agro con necesaria y relevante opinión en cuanto a la modernización institucional de la investigación agropecuaria.

Hay motivos suficientes para desglosar estos artículos de la ley de competitividad y generar el imprescindible diálogo que permita a la amplia sociedad vinculada a la producción agropecuaria considerar y avalar los cambios propuestos.

Por Jonás Bergstein

La referencia del Frente Amplio a unas supuestas fronteras acordadas en 1967 sirve de punto de partida para revisar los antecedentes históricos del conflicto de Medio Oriente y cuestionar el rigor técnico y político de su Mesa Política Nacional.

Días pasados cayó en nuestras manos la resolución de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, mediante la cual se convocó a la movilización del 8 de octubre “por Palestina” (en adelante, la Resolución).

Entre los fundamentos invocados para sustentar la convocatoria, la referida Resolución —fechada el 14 de setiembre— expresaba:

“Por la promoción de una solución de paz duradera, que garantice la existencia de dos estados basado en las fronteras acordadas en 1967”.

Me temo que en el texto transcripto se deslizó una inexactitud que merece ser señalada:

Hasta donde nos consta, en el 67’ no hubo ninguna clase de “fronteras acordadas”. Más bien todo lo contrario. De hecho, mal podría haber sido de otra manera.

Hagamos un poco de historia y vayamos a los olvidados de siempre —los hechos—, aunque más no sea por un instante:

Tras la victoria israelí en la Guerra de los Seis Días (concluida el 10 de junio de 1967), Israel ofreció a los países árabes vecinos (Egipto, Jordania y Siria) el retiro de todos los territorios legítimamente ganados en la guerra -léase la Península del Sinaí, Cisjordania (Judea y Samaria) y los Altos del Golán- a cambio de acuerdos de paz que respetaran (i) las fronteras reconocidas a Israel por el Derecho internacional; y (ii) las necesidades de seguridad de Israel. En síntesis, nada que no fuera sentido común puro.

Vale la pena detenerse en la fecha de la resolución del gabinete israelí: 19 de junio de 1967. No es un detalle menor: cuando aún no habían siquiera transcurrido diez días de finalizada la guerra; cuando Israel estaba todavía bajo los efectos de la embriaguez de su triunfo; y sobre todo, cuando de la noche a la mañana Israel se había hecho de territorios que triplicaron su tamaño (y con los cuales -y por lo mismo- nadie en Jerusalem tenía la menor idea de qué hacer con ellos), Israel ratificó una vez más, bajo el liderazgo de Leví Eshkol, su vocación de paz: la disposición a “devolver todo contra un acuerdo de paz”.

Una vez más, la respuesta de los países vecinos no se hizo esperar (Al decir del recordado Abba Eban, los árabes jamás dejaron de desechar una oportunidad en todas y cada una de las ocasiones en que una oportunidad se presentara): reunida en Jartum (Sudán), el 1 de setiembre de 1967, la Liga Árabe emitió su famosa declaración de los “tres no”: no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones con Israel.

Quiere decir que, contra lo que dice la Resolución que nos convoca, en 1967 no se acordaron fronteras de ningún tipo y ésa fue -y sigue siendo- una parte importante del problema.

En tren de especulaciones, uno podría conjeturar que la Resolución apuntó a la famosa Resolución 242 de Naciones Unidas, del 22 de noviembre de 1967. Excepto que la Resolución 242 —que marcó un punto de referencia en el derecho internacional sobre el tema—no fijó ninguna clase de fronteras en el mapa; por el contrario, se limitó a dejar sentados los mismos principios generales vigentes aún al día de hoy: a saber, “el derecho de los Estados de la zona a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenazas”.

En suma. Hace ya tiempo que el FA se ha apartado de los nobles ideales de justicia social que inspiraran su fundación. Hace ya tiempo que ha dejado de aglutinar a los sectores más ilustrados de la intelectualidad uruguaya. Y hace tiempo también que no ha vacilado en abrazar las causas de algunos de los regímenes más recalcitrantemente reaccionarios del planeta; es el caso de Hamás, que, bajo los auspicios de la Hermandad Musulmana, se ubica en las antípodas de la protección de los derechos humanos de la mujer, de las comunidades homosexuales y, más ampliamente, de la libertad en general (A fin de cuentas, todo es parte de lo mismo).

Por eso, nada sorprendió cuando la honorable Mesa Política adhirió a una marcha que nada tuvo que ver con los postulados de paz y derechos humanos que decía promover.

Sin embargo, que lo haya hecho sin el menor rigor técnico, sin siquiera detenerse a corroborar la exactitud de los hechos -hubieran bastado 30 segundos para consultar a la IA y rectificar el texto-, se nos hace lisa y llanamente inaceptable. Y sobre todo, nos dice muy poco del pretendido genocidio que la convoca, y mucho del estado actual de esa mesa política: el franco deterioro de su factura técnica, y su más absoluta irresponsabilidad a la hora de convocar a este tipo de movilizaciones.

Por Fitzgerald Cantero Piali

Las grandes obras que heredamos pueden adquirir un nuevo valor en la transformación energética. Modernizarlas y prepararlas para un clima más incierto es una responsabilidad con las próximas generaciones.

Hay decisiones cuyo verdadero alcance sólo puede comprenderse muchas décadas después de haber sido tomadas. Una central hidroeléctrica pertenece a esa categoría. Quienes la proyectan saben que sus beneficios se extenderán mucho más allá de un período de gobierno y que buena parte de sus usuarios todavía no ha nacido.

Uruguay conoce esa experiencia. Rincón del Bonete, Baygorria, Palmar y Salto Grande forman parte de nuestra historia productiva y de nuestra vida cotidiana. Detrás de esos nombres hay ingeniería, financiamiento, trabajadores, interconexión regional, acuerdos e instituciones. Hay, sobre todo, una sociedad que destinó recursos a construir capacidades para el futuro.

Hoy, cuando la conversación energética se concentra en paneles solares, aerogeneradores, baterías e inteligencia artificial, corresponde volver a mirar esas obras. Su contribución puede adquirir nuevas dimensiones precisamente por las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo.

Una pregunta atraviesa ese debate: ¿estamos preparando la infraestructura que heredamos para las necesidades que vienen?

El nuevo valor de una obra conocida

Durante mucho tiempo, la principal manera de valorar una central eléctrica fue observar cuánta energía producía. Esa sigue siendo una medida fundamental. Sin embargo, en un sistema con una participación creciente de fuentes variables, también importa cuándo puede producir, con qué rapidez puede responder y cómo contribuye a mantener el equilibrio entre generación y consumo.

El sol y el viento aportan electricidad según la disponibilidad del recurso. La demanda, mientras tanto, sigue los ritmos de los hogares, las fábricas, el comercio y el transporte. Hacer coincidir ambos lados exige redes, almacenamiento, intercambios y capacidad de ajustar la operación.

Allí, las centrales hidroeléctricas con embalse tienen un valor particular. Dentro de sus condiciones técnicas, ambientales y de disponibilidad de agua, pueden reservar recursos para otro momento y modificar su generación con rapidez. Esa capacidad ayuda a aprovechar mejor otras fuentes renovables y a sostener el abastecimiento.

Una obra concebida hace décadas puede cumplir así nuevas funciones en un sistema mucho más diverso. Su valor debe considerar tanto la electricidad que entrega como los servicios que presta para que el conjunto funcione.

Para Uruguay, esta reflexión tiene especial sentido. La diversificación de nuestra generación permite pensar las distintas fuentes como partes de un mismo sistema. La complementariedad entre ellas constituye un activo que requiere planificación y actualización permanente.

Modernizar también es construir futuro

La necesidad de modernizar las instalaciones hidroeléctricas existentes y aprovechar su capacidad de aportar flexibilidad a los sistemas eléctricos ha sido objeto de una prédica constante.

Renovar turbinas y generadores, actualizar controles, incorporar mejores herramientas de pronóstico y reforzar la seguridad puede prolongar la vida útil de una central y mejorar su desempeño. En determinados casos, también permite obtener más energía del agua disponible o responder mejor a las necesidades de la red. Salto Grande es un buen ejemplo en este sentido.

Cada intervención exige estudios y una evaluación económica rigurosa. No todas las centrales tienen las mismas posibilidades ni todas las inversiones ofrecen los mismos beneficios. Pero existe una pregunta que debería formar parte de cualquier estrategia: ¿cuánto podemos mejorar el aprovechamiento de lo que ya tenemos?

La discusión trasciende al sector energético. Construir una obra crea también una obligación de mantenimiento, conocimiento y renovación. Su costo real incluye los recursos necesarios para que siga prestando un buen servicio durante décadas.

Gobernar también es mantener. Es presupuestar una reparación antes de que la falla interrumpa el servicio. Es conservar equipos técnicos, actualizar información y evitar que el deterioro silencioso termine imponiendo decisiones urgentes y más costosas.

Esa tarea merece reconocimiento público. De ella depende una parte considerable del valor de nuestro patrimonio colectivo.

El agua exige una mirada más amplia

La hidroenergía tiene, además, una condición que obliga a ser especialmente cuidadosos: depende del agua.

Las sequías recuerdan que la potencia instalada no equivale a energía disponible en cualquier circunstancia. Un sistema puede contar con grandes centrales y enfrentar restricciones si los aportes hídricos resultan insuficientes.

Por eso, modernizar también significa revisar supuestos. Las series históricas son indispensables, pero la planificación debe incorporar escenarios de variabilidad y cambio climático, fortalecer los pronósticos y evaluar cómo responder ante períodos secos prolongados o eventos extremos, como los que nuestra región está padeciendo. El llamado Super Niño presenta situaciones dispares según las subregiones, con sequías extremas en algunas y lluvias incesantes en otras.

A su vez, el agua cumple múltiples funciones. Abastece a las personas, sostiene ecosistemas, permite producir alimentos y, según la cuenca, sirve a otras actividades económicas. La operación de los embalses debe reconocer esa realidad y las prioridades que corresponden en cada caso.

La legitimidad de la hidroenergía requiere seguridad de las instalaciones, cuidado ambiental, información pública y una relación responsable con los territorios. En los proyectos compartidos entre países, exige también cooperación sostenida.

Para América Latina, esta es una agenda de desarrollo. Aprovechar sus recursos hídricos demanda instituciones capaces de coordinar usos, gestionar riesgos y sostener decisiones durante muchos años.

Lo que dejaremos en funcionamiento

La discusión sobre infraestructura suele organizarse alrededor de lo que falta construir. También deberíamos preguntarnos qué queremos dejar en funcionamiento.

Una central renovada, una red preparada para nuevas demandas o una cuenca mejor gestionada pueden parecer resultados menos visibles que una inauguración. Sus efectos se expresan en la continuidad del servicio, en los costos que se evitan y en la capacidad de una economía para crecer.

Esto requiere reglas que reconozcan los servicios que necesita el sistema eléctrico, financiamiento adecuado y equipos profesionales. También exige preservar el conocimiento acumulado y formar a quienes asumirán su operación en las próximas décadas.

En Uruguay, las represas permiten observar el vínculo entre generaciones de una manera concreta. Recibimos obras que hicieron posible parte de nuestro desarrollo. Nos corresponde conservarlas, actualizarlas y complementarlas con las inversiones que demandará el país que viene.

La medida de una política pública también está en lo que sigue funcionando muchos años después de que sus responsables hayan dejado el cargo.

Quienes construyeron aquellas centrales trabajaron para un Uruguay que todavía no conocían. Nuestra responsabilidad es actuar con una perspectiva semejante: cuidar lo recibido, prepararlo para nuevas exigencias y ampliar las capacidades que heredarán otros.

El futuro también se construye con las represas del pasado y depende de las decisiones que tomemos hoy sobre ellas.

Por Juan Carlos Nogueira

La reciente suba de la tasa de interés, las controversias sobre el sistema previsional y los mensajes contradictorios acerca del ahorro plantean interrogantes sobre la coherencia de la política económica. La estabilidad es indispensable, pero sin previsibilidad y confianza difícilmente llegue la inversión necesaria para impulsar el crecimiento.

El Banco Central del Uruguay (BCU) elevó la Tasa de Política Monetaria del 5,75% al 6% y revirtió así la tendencia a la baja.

En un escenario de crecimiento muy débil, la decisión llama la atención. En la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Oddone destacó la estabilidad macroeconómica del país. Se refirió al cumplimiento de las metas fiscales, a la deuda neta inferior al 65% del PBI, al menor riesgo país de la región, a la desdolarización de la deuda pública y a expectativas de inflación alineadas con la meta a 24 meses. Son fortalezas importantes, pero todavía no se reflejan en el crecimiento que Uruguay necesita.

Preservar la estabilidad de precios es una responsabilidad del BCU. La cuestión es si la suba se justifica en una economía que necesita recuperar el crecimiento. Aunque el Banco Central sostiene que la política monetaria sigue siendo expansiva, el aumento reduce el estímulo y puede encarecer el crédito, desalentar el consumo y postergar inversiones. El costo no es irrelevante cuando la actividad económica muestra escaso dinamismo.

El BCU fundamenta su decisión en el riesgo de que factores externos, como las variaciones del precio de los combustibles o los efectos de las sequías y de un eventual fenómeno de El Niño, provoquen presiones inflacionarias. Prevé que la inflación pueda superar transitoriamente la meta del 4,5%, aunque considera que permanecerá dentro del rango de tolerancia. Si bien el riesgo existe, hay que explicar por qué justifica reducir el estímulo monetario cuando el propio Banco Central afirma que no existen presiones inflacionarias generalizadas.

La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para crecer, pero no basta para impulsar la inversión y la productividad. El Ministerio de Economía proyecta un crecimiento del PBI del 1,6% en 2026, lejos del 2,5% que Oddone considera necesario. El Fondo Monetario Internacional prevé una expansión aún menor, del 1,3%. Al mismo tiempo, en setiembre la inflación interanual fue del 4,7%, apenas dos décimas por encima de la meta del 4,5%, y las expectativas a 24 meses permanecen próximas al objetivo.

El BCU podría argumentar que la tasa de interés continúa por debajo de su nivel neutral, es decir, del nivel que no estimula ni restringe la actividad económica. Pero ese nivel no se observa directamente, se estima. Estar por debajo de él no demuestra, por sí solo, que subir la tasa sea conveniente en las actuales circunstancias. La decisión requiere explicar qué ha cambiado en las perspectivas de inflación y por qué el beneficio esperado justifica el costo de moderar una actividad económica muy débil.

Oddone ha insistido en la necesidad de atraer inversiones. En agosto de 2025 anunció medidas para agilizar trámites y ofrecer incentivos fiscales a empresas de distintos tamaños. Este mes volvió a dirigirse a los empresarios para pedirles que ayuden a «mover la aguja» y advirtió: «No digamos después que el país no crece y que es caro».

Oddone reclama más inversión y crecimiento, mientras el BCU sube la tasa para contener los riesgos inflacionarios. Ambos objetivos son legítimos, pero la coexistencia de esas decisiones exige explicar cómo se ponderan sus beneficios y costos en una economía prácticamente estancada.

La controversia en torno a las AFAP, en abril, abrió otro frente de incertidumbre. Tras el rechazo que generaron las propuestas surgidas del Diálogo Social, Oddone debió retractarse y aclarar que las AFAP no se eliminarían, que no se estatizaría el sistema y que se mantendrían las cuentas individuales. Pero más allá de que las propuestas no se concretaran, la controversia dejó planteada la duda de si se evaluaron suficientemente sus posibles consecuencias sobre el ahorro previsional y la confianza en las reglas del sistema. La incertidumbre sobre esas reglas influyó en las decisiones de inversión, el funcionamiento del sistema financiero y la posibilidad de colocación de deuda pública.

El BCU procura promover el ahorro y el crédito en moneda nacional, una estrategia razonable para reducir la dolarización financiera. Pero en esta materia los mensajes son difíciles de conciliar y también generan incertidumbre. El presidente del BCU, Tolosa, ha cuestionado el ahorro en dólares. Sin embargo, reconoce que él mismo ahorra en esa moneda porque opera en bolsa. El público tiene derecho a sospechar de un presidente del BCU que recomienda una conducta, pero actúa en sentido opuesto cuando se trata de sus propias operaciones financieras.

En materia de crecimiento, Oddone parece haber desplazado la responsabilidad hacia el sector privado. «La pelota está del otro lado de la cancha», afirmó. Es cierto que sin inversión privada Uruguay difícilmente alcance un crecimiento sostenido. Pero el gobierno tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que esas inversiones se concreten.

El Nobel de Economía de este año fue otorgado a Robert E. Hall y Michael Woodford por sus aportes a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica. Sus investigaciones ayudan a comprender cómo las expectativas de hogares y empresas influyen en las decisiones de consumo e inversión y en la eficacia de las políticas públicas.

Esta perspectiva permite entender por qué las señales contradictorias pueden tener consecuencias concretas. Ante la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica o la estabilidad de las reglas, las empresas pueden postergar inversiones y los hogares moderar sus gastos. Si las decisiones y los anuncios no configuran una estrategia reconocible y consistente, la incertidumbre que generan puede terminar frustrando los objetivos de crecimiento que el propio gobierno se propone alcanzar.

Cada decisión puede tener sus razones. Lo que no aparece con claridad es cómo se articulan entre sí.

Oddone pide confianza a los empresarios, pero esta no se obtiene tan sólo con exhortarlos a invertir. También requiere que las reglas sean previsibles y las decisiones del gobierno guarden coherencia con los objetivos que proclama.

La cuestión es si el gobierno está haciendo lo necesario para que las inversiones privadas se concreten. Si el crecimiento no llega, no bastará con señalar que la pelota estaba del otro lado de la cancha. También habrá que explicar qué hizo el gobierno con la suya.

Por Gonzalo Durañona

Un anuncio oficial convirtió una reducción estimada de la indigencia en motivo de celebración política, sin reparar en los márgenes de error. El autor cuestiona el uso selectivo de las estadísticas y advierte que superar la pobreza exige más que mejorar un indicador.

Presidencia de la República anunció que "la indigencia se redujo 33%" durante el primer semestre de 2026. Fernando Pereira salió a festejar los resultados en las redes sociales. Todo parecía justificar una celebración. El pequeño inconveniente es que, para conseguir semejante contundencia, hubo que dejar afuera una parte bastante importante de la estadística: el margen de error.

El INE estimó que la indigencia pasó del 1,8% en el primer semestre de 2025 al 1,2% en 2026. La cuenta es fácil: la diferencia entre ambos números equivale a una caída del 33%. Hasta ahí, ningún misterio.

El problema es que una encuesta no es un censo. El INE consulta una muestra de hogares y, a partir de ella, estima qué ocurre en todo el país. Por eso sus resultados tienen márgenes de error. En 2025, aquel 1,8% tenía un margen aproximado de ±0,4 puntos; en 2026, el 1,2%, de ±0,3.



Y entonces el espectacular 33% empieza a caerse a pedazos.

Si tomamos los extremos de esos rangos solamente para entender la magnitud de la incertidumbre, los mismos datos son compatibles incluso con un escenario en el que la indigencia hubiera aumentado alrededor de 7%. No significa esto que la indigencia haya aumentado, significa que la diferencia observada no resulta estadísticamente significativa.

Pero nada de eso llegó al titular. Se toma el número que luce, se deja fuera la incertidumbre que molesta y una encuesta que pide cautela termina convertida en un contundente anuncio de gobierno. Cabe preguntarse qué habrán pensado los técnicos del propio INE al ver el destino político de su trabajo. Ellos conocen perfectamente esas limitaciones. El INE entrega una estimación; Presidencia hace de ella un relato político.

La indigencia vista desde una ventana

Hay un antecedente que retrata bastante bien el problema. La senadora Blanca Rodríguez, que vino a "jerarquizar la política", aportó en mayo un método bastante más sencillo para evaluar esa situación: mirar por la ventana de su casa. Donde antes veía personas durmiendo en la calle, dijo, ya no las veía. Al día siguiente vinculó esa percepción con las medidas del gobierno y sostuvo que estaban comenzando a dar resultados.

Hay una dificultad bastante evidente: la ventana de la casa de Blanca Rodríguez tampoco es una muestra estadística del Uruguay. Además, indigencia monetaria y situación de calle no son exactamente lo mismo. Pero el episodio resulta ilustrativo de una forma de discutir los problemas sociales: cuando la percepción personal coincide con el relato, alcanza con mirar por la ventana; cuando aparece una encuesta, se toma el número más conveniente y se olvidan sus márgenes.

Quienes vivimos y nos movemos diariamente por Montevideo y otros centros poblados del área metropolitana sabemos que las situaciones de extrema vulnerabilidad no son una abstracción estadística. Las vemos en las calles, en las plazas, en las puertas de comercios y viviendas. Eso tampoco constituye una encuesta, por supuesto, pero debería alcanzar para entender que estamos ante un problema social demasiado serio como para reducirlo a un titular triunfalista.

¿Y la pobreza?

Con la pobreza, el titular también merece que se levante el capó antes de comprar el vehículo. El oficialismo exhibe una caída de 2,9 puntos porcentuales, obtenida al comparar las estimaciones centrales de 17,7% y 14,8%. Esta vez la diferencia sí supera el umbral de significación estadística, pero eso no convierte mágicamente esos 2,9 puntos en una medida exacta de cuánto cayó la pobreza.

También aquí hay márgenes de error:



Si tomamos los extremos más conservadores únicamente para visualizar esa incertidumbre, la diferencia de población en situación de pobreza entre ambos años podría ser de apenas 0,9 puntos porcentuales. El 2,9 que sirve para el festejo es la estimación central, no una cifra tallada en mármol.

Y todavía falta abrir la pregunta políticamente más importante: ¿qué hizo que esos hogares cruzaran la línea de pobreza? Porque una cosa es salir de la pobreza mediante trabajo, inversión, productividad y mejores ingresos; otra bastante distinta es quedar algunos pesos por encima de una línea gracias a transferencias estatales y presentar después ese movimiento estadístico como evidencia de prosperidad.

Si una familia estaba debajo de la línea de pobreza, recibe una transferencia, queda apenas por encima y volvería a caer en cuanto esa ayuda desapareciera, habremos logrado sacarla de una estadística. Todavía no conseguimos sacarla de la vulnerabilidad.

La realidad que no entra en el comunicado

Y ahí es donde el festejo empieza a encontrarse con preguntas bastante menos cómodas. ¿Qué inversiones relevantes están llegando al Uruguay? ¿Cuántas empresas abren y cuántas cierran? ¿Cuántos puestos de trabajo genuinos se están creando? ¿Están creciendo la productividad y los ingresos provenientes del trabajo?

Esas son las variables que permiten saber si estamos construyendo prosperidad o simplemente administrando la pobreza. Un país no supera la pobreza empujando familias unos pesos por encima de una línea; la supera cuando consigue que puedan permanecer allí por sus propios medios: educación, inversión, productividad y trabajo.

El INE hace su trabajo: mide una realidad difícil, publica estimaciones y establece sus limitaciones. Después entra la política. No hace falta cambiar un número para construir un relato político; a veces alcanza con elegir cuidadosamente cuál mostrar y cuál dejar en el cajón. Y por más festejos que haya en las redes sociales, la realidad tiene la desagradable costumbre de no leer los titulares de Presidencia.

Por Eduardo Zalovich

El próximo 27 de octubre son las elecciones generales en Israel. El desgaste del primer ministro, la crisis de confianza abierta el 7 de octubre y la rebelión contra los privilegios ultraortodoxos generaron una batalla electoral decisiva. Gadi Eisenkot encabeza una oposición que quiere cambiar a fondo Israel sin renunciar a la seguridad.

¿Puede el hombre que ha dominado la política israelí durante tantos años conservar el poder cuando gran parte de la sociedad cuestiona su liderazgo, exige responsabilidades por la masacre de Hamás en 2023 y reclama cambios profundos en el funcionamiento del Estado?

Las próximas elecciones pondrán a prueba mucho más que la supervivencia política de "Bibi". Estará en juego el rumbo de Israel después de años de guerra, la confianza en sus instituciones, el reparto de responsabilidades militares y el equilibrio entre religión y Estado. El resultado también influirá en la capacidad del país para recomponer su imagen internacional y afrontar un entorno regional todavía amenazante.

El principal desafío para Netanyahu no procede de la izquierda, sino del centro y la derecha laica. Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor y dirigente de Yashar (Derecho), aspira a reunir votantes moderados y desencantados con el Gobierno. Su trayectoria militar le permite cuestionar al primer ministro desde un terreno especialmente sensible para la sociedad israelí: la seguridad nacional.

En Israel la discusión tiene una dimensión existencial: los fallos de seguridad de 2023 siguen proyectando su sombra y permanece abierta la cuestión de quién debe asumir responsabilidades. Pero el desgaste de Netanyahu no garantiza, por sí solo, una alternativa. Eisenkot deberá superar las rivalidades entre los dirigentes opositores y las diferencias que los separan sobre religión, fronteras y posibles acuerdos con los partidos árabes. En Israel, el cambio político no depende únicamente de ganar votos, sino de convertirlos en una mayoría parlamentaria viable.

Crisis de confianza acorrala a Netanyahu

"Bibi" presenta su experiencia como garantía de seguridad en un Oriente Medio convulsionado. Defiende la superioridad militar israelí, la contención de Irán y la necesidad de mantener una dirección firme frente a Hamás y Hezbolá. Su argumento es que, ante amenazas persistentes, se necesita un liderazgo experimentado y decidido. Pero sus adversarios reclaman una investigación estatal independiente, que esclarezca los errores de inteligencia, defensa y toma de decisiones. El objetivo es determinar responsabilidades y establecer qué cambios necesita el país para evitar una catástrofe similar.

El desgaste del premier también está relacionado con la composición de su coalición. Los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo de la Torá (Biblia) defienden los intereses educativos, religiosos y económicos de sus comunidades. Entre sus principales reivindicaciones figura mantener la excepción al servicio militar para los estudiantes de academias religiosas. La cuestión provoca un rechazo enorme entre quienes consideran injusto que miles de reservistas abandonen sus trabajos y familias para combatir, mientras parte de la población permanece exenta del reclutamiento.

A su derecha, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich representan una corriente nacionalista y religiosa, partidaria de extender la soberanía israelí sobre Judea y Samaria, denominaciones históricas y bíblicas de Cisjordania. Sus argumentos se apoyan en razones de seguridad y en los profundos vínculos del pueblo judío con el territorio.

Estas alianzas han permitido a Netanyahu conservar una base electoral sólida, pero también dificultan su acercamiento a los votantes moderados. La controversia sobre el reclutamiento ultraortodoxo se ha convertido, además, en uno de los principales puntos de fricción política.

Eisenkot: cambio a fondo y defensa

La propuesta de Eisenkot combina experiencia militar, reformas institucionales y una distribución más equitativa de las obligaciones cívicas. Su objetivo es recuperar la confianza pública sin renunciar a una seguridad firme.

En una entrevista publicada el 6 de octubre por The Times of Israel, defendió una investigación estatal sobre los fallos del 7 de octubre, cambios legislativos, la incorporación de ultraortodoxos y árabes al servicio nacional y una nueva relación con la "Autonomía Palestina" (AP), con sede en Ramala. También propuso limitar a 50 días anuales el servicio de los reservistas y priorizar la recuperación de las regiones norte y sur afectadas por la guerra.

Su trayectoria militar le permite defender la seguridad nacional y, al mismo tiempo, reclamar una rectificación política y estratégica. No se presenta como un dirigente pacifista, sino como un militar que considera necesario revisar las decisiones que condujeron a los errores más graves. Su principal dificultad reside en las diferencias entre los dirigentes que podrían acompañarlo. La oposición reúne corrientes con posiciones distintas sobre religión, fronteras y representación árabe en el gobierno.

Bennett, Lapid, Golan y Lieberman: cuatro opositores

La oposición israelí no constituye un bloque homogéneo. Naftali Bennett representa una derecha nacionalista y pragmática, con perfil empresarial y una posición firme en seguridad. Yair Lapid encarna un liberalismo centrista y laico. La alianza Beyajad, creada por ambos dirigentes, busca evitar la dispersión del voto opositor, ampliar el reclutamiento militar, impulsar el matrimonio civil —actualmente sujeto a restricciones religiosas— y reducir el costo de vida.

En la izquierda sionista se sitúan Los Demócratas, dirigidos por Yair Golan. La formación defiende las instituciones democráticas, el pluralismo religioso y una mayor igualdad cívica. También muestra mayor disposición a explorar acuerdos con partidos árabes, aunque sus propuestas generan resistencia entre sectores centristas y conservadores.

Avigdor Lieberman, líder de Israel Beytenu, representa una derecha nacionalista y laica. Combina una línea dura en seguridad con la separación entre religión y Estado, y la incorporación de los ultraortodoxos al servicio militar. Su posición podría otorgarle un papel relevante en las negociaciones posteriores a las elecciones.

Por tanto, un eventual cambio de Gobierno no implicaría un giro hacia la izquierda. Podría desembocar en una fórmula de centro-derecha laica, centrada en las reformas institucionales y una política de seguridad exigente.

Matemática electoral

Los sondeos publicados durante la primera mitad de octubre dibujan una competencia sin un bloque claramente dominante. En el promedio difundido el 11 de octubre, los bloques de Netanyahu y de la oposición sionista rondaban los 52 escaños cada uno, mientras los partidos árabes sumaban 12. Estas cifras reflejan un escenario abierto, condicionado por los márgenes de error y la evolución de la campaña.

Netanyahu aspira a conservar el respaldo del Likud, los partidos ultraortodoxos y la derecha religiosa. La oposición, por su parte, necesita coordinar a sus distintos partidos y resolver las diferencias sobre liderazgo y alianzas.

En ese contexto, Ra'am, el partido árabe dirigido por Mansour Abbas, podría desempeñar un papel importante. Su apoyo sería relevante en unas negociaciones ajustadas. Aunque algunos dirigentes opositores rechazan depender de una formación árabe, la mayoría considera legítima su cooperación parlamentaria.

El resultado no dependerá, por tanto, de una sola candidatura. También estará condicionado por el umbral electoral, la distribución final de los escaños y la capacidad de los partidos para alcanzar acuerdos después de la votación.

Lo que está en juego

La próxima legislatura deberá afrontar cuestiones que van mucho más allá de la disputa personal entre dos dirigentes: las responsabilidades por el 7 de octubre, el reclutamiento de los ultraortodoxos, la recuperación de las regiones afectadas y el equilibrio entre las convicciones religiosas y los derechos civiles.

La oposición tendrá que demostrar que sus diferencias no impiden una gestión estable. Netanyahu, por su parte, deberá convencer a los electores de que su experiencia sigue siendo una garantía suficiente frente a las críticas por los fallos de seguridad y los conflictos internos.

El desenlace definirá no solo quién ocupará la jefatura del Gobierno, sino también qué modelo político prevalecerá en Israel: la continuidad de la actual coalición o una nueva fórmula que intente mejorar las instituciones democráticas sin renunciar a las exigencias de seguridad de un país que —en medio de dictaduras y terroristas— continúa enfrentando amenazas reales.

Por Dante Steffano

La acumulación de intervenciones ha desdibujado el proyecto paisajístico original del Parque Batlle, declarado Monumento Histórico Nacional. Ante las transformaciones previstas para el Estadio Centenario y el transporte metropolitano, resulta indispensable recuperar una visión integral que permita preservar uno de los principales patrimonios públicos de Montevideo.

Las ciudades también se reconocen por aquello que han sabido preservar. París tiene sus jardines históricos, Nueva York su Central Park y Madrid el Retiro. No son simplemente espacios verdes: son parte de su identidad, su memoria y su patrimonio colectivo. Montevideo tiene en el Parque Batlle uno de esos lugares excepcionales. Sin embargo, hace tiempo que venimos perdiendo de vista su verdadero valor.

Sus orígenes se remontan al Plan de Embellecimiento y Ensanche de Montevideo, elaborado a fines del siglo XIX por Édouard André. Posteriormente, Carlos Thays desarrolló su proyecto paisajístico, cuyas plantaciones comenzaron en 1911. Grandes áreas arboladas, paseos y espacios de recreación expresaban una concepción de ciudad que reconocía en los parques públicos un instrumento de bienestar, integración y convivencia. Una visión estrechamente vinculada al espíritu reformista del batllismo.

Con el tiempo, el parque fue incorporando estadios, instalaciones deportivas, edificios y otros equipamientos. Muchos respondieron a necesidades legítimas. Pero la sucesión de intervenciones, sin una visión suficientemente integradora, terminó fragmentando sus espacios, alterando su paisaje y desdibujando progresivamente el proyecto original.

Y cabe preguntarse: ¿alguien imagina que en Central Park, en los Jardines de Luxemburgo o en el Retiro se aceptara con naturalidad que sus espacios se utilizaran para prácticas de conducción, estacionamiento de vehículos, trasiego de mercaderías, depósito de materiales, tratamiento de residuos u otras actividades operativas municipales? ¿Por qué toleramos entonces situaciones semejantes en el Parque Batlle?

Estamos hablando de un Monumento Histórico Nacional, de uno de los espacios públicos más emblemáticos de Montevideo y de un lugar de referencia para quienes visitan nuestra ciudad. Sin embargo, determinados sectores presentan una imagen difícilmente compatible con su valor patrimonial. Quizás lo más preocupante sea que nos hayamos acostumbrado a ello.

Hoy enfrentamos dos desafíos que pueden resultar decisivos. Por un lado, las transformaciones del Estadio Centenario con motivo del Mundial de Fútbol de 2030. Por otro, el proyecto de movilidad metropolitana que tiene en avenida Italia uno de sus ejes principales. Ambas iniciativas pueden representar avances, pero también nuevas presiones sobre el parque. ¿Existe una visión integral que asegure la preservación de su arbolado, su paisaje, sus accesos y su función como espacio público? ¿O seguiremos sumando intervenciones parciales, sin preguntarnos qué parque queremos conservar para las próximas generaciones?

Frederick Law Olmsted, uno de los creadores de Central Park, concebía los grandes parques urbanos como lugares esenciales para el descanso, la naturaleza y la convivencia democrática. Nueva York comprendió que preservar ese patrimonio requería una política sostenida de restauración y gestión. Montevideo debería aprender de esa experiencia.

No se trata de impedir transformaciones ni de regresar al Montevideo de 1911. Se trata de recuperar una visión de conjunto, poner límites a las ocupaciones incompatibles con el carácter del parque y promover un verdadero proyecto de restauración paisajística y patrimonial.

Por su historia, sus principios y su contribución a la construcción del Montevideo moderno, el Partido Colorado tiene una misión que debería asumir y liderar: la recuperación integral del Parque Batlle como uno de los grandes patrimonios públicos de la ciudad. Sus órganos políticos y técnicos deberían impulsar esta tarea, convocar a especialistas, instituciones y vecinos y transformarla en una propuesta concreta para el futuro de Montevideo.

Recuperar el Parque Batlle no es solamente preservar un espacio verde. Es recuperar una parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de una manera de entender la ciudad. Y esa responsabilidad no admite nuevas postergaciones.

Por Angelina Rios

Los niños que hace más de una década comenzaron a participar en una investigación sobre su desarrollo hoy son adolescentes. Los nuevos resultados muestran problemas de salud, desigualdades que persisten y diferencias en sus expectativas de futuro. ¿Qué ocurrió mientras crecían?

El pasado 7 de octubre, el Ministerio de Desarrollo Social presentó los resultados de la cuarta ronda de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS). El estudio, realizado en 2024, permite conocer cómo se encontraban en ese año los adolescentes que comenzaron a participar en esta investigación en 2013, cuando tenían entre cero y tres años.

En aquel momento, las preguntas estaban dirigidas principalmente a los adultos. Se buscaba conocer cómo se alimentaban esos niños, qué cuidados recibían y en qué condiciones vivían sus familias. Once años después, la investigación vuelve a encontrarse con ellos en otra etapa de sus vidas, cuando ya pueden expresar sus propias experiencias, preocupaciones y expectativas.

Los resultados ofrecen una mirada poco frecuente sobre el crecimiento de una misma generación. Y algunos datos merecen especial atención.

El 44,1% presenta sobrepeso u obesidad. El 13,5% reconoce haber dejado de comer o dormir por el tiempo que pasa en internet. Y el 10,9% registra síntomas emocionales de relevancia clínica.

Son situaciones diferentes, pero muestran algunos de los desafíos que atraviesan la adolescencia, relacionados con la salud física y emocional, los hábitos cotidianos y las nuevas formas de relacionarse con el entorno.

Sin embargo, hay dificultades que no comenzaron con las pantallas ni con esta etapa de la vida.

La encuesta revela que el 41,9% de los hogares estudiados experimenta algún grado de inseguridad alimentaria. Entre las familias de menores ingresos, esa proporción alcanza el 69,8%.

Esto significa que para muchos hogares el acceso a una alimentación suficiente y adecuada no está siempre garantizado. También recuerda que las recomendaciones sobre hábitos saludables, aunque necesarias, no pueden separarse de las posibilidades económicas de cada familia.

Las desigualdades también se reflejan en los proyectos educativos de los adolescentes. Mientras el 69,3% de quienes viven en hogares de mayores ingresos aspira a alcanzar la universidad, entre los de menores ingresos ese porcentaje desciende al 46,7%.

La diferencia no significa que unos tengan más capacidad o voluntad que otros. Tampoco permite anticipar qué decisiones tomarán dentro de algunos años. Pero muestra que las condiciones en las que se crece pueden influir en la manera de imaginar las oportunidades futuras.

Hay otro contraste revelador. Mientras el 71,3% de los adultos espera que sus hijos lleguen a la universidad, sólo el 56,7% de los adolescentes menciona esa posibilidad.

Quizá algunos estén pensando en otros caminos. Otros todavía no saben qué quieren hacer. Lo importante es que sus respuestas permiten conocer una perspectiva que no siempre ocupa un lugar central en las decisiones de los adultos.

Durante años, Uruguay ha discutido, con razón, la importancia de invertir en la primera infancia. Los primeros años son decisivos para el desarrollo. Pero las necesidades no terminan cuando un niño empieza la escuela ni cuando llega a la adolescencia.

Cambian los problemas, aparecen nuevas exigencias y se vuelven más visibles las diferencias entre quienes cuentan con mayores recursos y quienes deben enfrentar dificultades cotidianas.

La ENDIS no ofrece por sí sola todas las respuestas, pero deja planteada una responsabilidad. Si conocemos las condiciones en las que una generación nació y sabemos cómo llega a la adolescencia, tenemos mejores herramientas para identificar dónde hacen falta apoyos y qué políticas deben fortalecerse.

También nos recuerda que los adolescentes no son solamente destinatarios de decisiones tomadas por los adultos. Tienen opiniones, preocupaciones y expectativas que merecen ser consideradas.

Aquellos niños de 2013 siguieron creciendo mientras el país discutía presupuestos, prioridades y programas sociales.

Ahora tenemos información sobre cómo están.

La cuestión es qué vamos a hacer con ella.

Por Eduardo Irigoyen García

La polémica entrevista a Eduardo Lust reabrió una discusión sobre los límites del periodismo, el derecho a la intimidad de las figuras públicas y la obligación de formular preguntas incómodas. Entre la reacción de las redes y la posterior rectificación del entrevistado, el episodio deja una enseñanza sobre la independencia periodística.

En el ecosistema periodístico uruguayo se sabe, aunque no siempre se diga en voz alta, que hay figuras públicas con zonas de su vida que prefieren no iluminar. Eduardo Lust, abogado, ex diputado, dirigente partidario y habitual protagonista de los medios y las redes, es una de ellas.

Maneja los conceptos jurídicos con solvencia y habla con una seguridad que impone respeto. Durante años, cuando algún entrevistador se acercaba a determinados asuntos —deudas, embargos o la suspensión de su título de escribano—, respondía con soltura, sacaba la pelota al córner y, casi siempre, el interlocutor pasaba al siguiente tema. Nadie repreguntaba con insistencia. O casi nadie.

Eso cambió en Doble Vía, el programa de Canal 12. Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn no se conformaron con las primeras respuestas. Le preguntaron por una deuda de medio millón de pesos con la Intendencia de Montevideo, consignada en su propia declaración jurada; por embargos de la Dirección General Impositiva, la Caja Notarial y la Scuola Italiana, todos vinculados a información de acceso público; y por la suspensión de su título de escribano.

Lust respondió. Dijo que los asuntos estaban resueltos, que en su momento había priorizado otros pagos y que los embargos seguían vigentes porque nunca había tramitado formalmente su levantamiento. No lo callaron ni le impidieron hablar. Las preguntas fueron incómodas, sí, pero eso no las convierte automáticamente en injustas.

Tener deudas no convierte a nadie en una mala persona. Tampoco constituye, por sí solo, un delito. La cuestión es otra: si existen dudas razonables y hay registros públicos que permiten formular preguntas, ¿por qué no hacerlas?

Lust no es un ciudadano anónimo. Fue legislador, lidera un partido político y opina sobre una amplia variedad de asuntos. Esa exposición no lo priva de sus derechos ni convierte toda su vida privada en un asunto público. Pero sí hace legítimo preguntarle por cuestiones relevantes para evaluar su conducta pública y la coherencia entre lo que exige a los demás y lo que hace él mismo.

La incomodidad se transforma en “ataque”

Lo llamativo llegó después.

En las redes y en su propio espacio de streaming, Lust dedicó casi cuarenta minutos a acusar a los periodistas de querer humillarlo, de hacer un mandado, de invadir su vida privada y de involucrar a sus hijos y a su esposa fallecida.

La reacción de apoyo fue enorme. Hubo miles de mensajes, llamadas de dirigentes y expresiones de solidaridad de quienes interpretaron la entrevista como un ataque personal. Según su propio relato, el presidente Yamandú Orsi le habría dicho que los periodistas “se pasaron los límites”.

También aparecieron publicaciones que calificaron la entrevista de “miserabilismo” o de “mala leche”. Del otro lado, hubo quienes celebraron que, por fin, alguien insistiera en asuntos que otros habían preferido dejar pasar.

En las redes abundaron los peores argumentos: fanatismo, insultos, descalificaciones. A los periodistas, lo mínimo que les dijeron fue “ensobrados”, “comunistas” o “tupamaros”. Cada bando interpretó lo ocurrido según sus simpatías. Para muchos, la incomodidad del entrevistado se convirtió en prueba de que había sido víctima de una injusticia. El periodista pasó a ser el malo de la película.

Pero hay algo elemental: que una pregunta incomode no significa que sea ilegítima, del mismo modo que formular una pregunta incómoda no convierte automáticamente al periodista en un profesional ejemplar. Hay que examinar qué se preguntó, por qué, con qué información se contaba y cómo se permitió responder.

La discusión debería centrarse en eso, no en quién nos cae mejor.

La tradición uruguaya de no hurgar

Durante décadas, una parte del periodismo local se manejó con una regla no escrita: aquello que las figuras públicas consideraban “privado” se respetaba, incluso cuando podía tener interés público. Un artículo publicado en La Diaria en 2009 describía esa práctica: la prensa recibía rumores sobre depresión, alcoholismo o violencia doméstica de figuras políticas y, por lo general, los dejaba pasar.

Cuando alguien se apartaba de esa norma, la reacción solía ser conocida: “se pasaron de rosca”, “es un ataque personal”, “quieren denigrarlo”.

Esa cultura de contención se explica, en parte, por las dimensiones del país y la cercanía entre periodistas, políticos y otros actores del poder. También por el efecto que dejó la dictadura militar-cívica: después de 1985, en un país que reconstruía sus instituciones democráticas, persistieron hábitos de prudencia excesiva y autocensura. Mejor no tocar determinados temas para evitar problemas.

Cuando alguien rompe ese pacto tácito —como hicieron Haberkorn y Hounie al apoyarse en registros públicos y en la propia declaración jurada de Lust—, una parte del público reacciona con indignación moral. En lugar de discutir si la información es correcta y si las preguntas son pertinentes, se concentra en determinar si “correspondía” formularlas.

Y ahí se produce el desplazamiento: se deja de examinar la conducta del entrevistado y se empieza a juzgar la conducta de quien pregunta.

El “gotcha” y el fanatismo de las redes

En el periodismo estadounidense existe una expresión conocida como gotcha journalism: una forma de entrevista que busca atrapar al entrevistado en una contradicción o exhibirlo públicamente. Puede haber casos en los que esa práctica sea tendenciosa, pero no toda pregunta incisiva encaja en esa categoría.

El caso de Lust permite observar un mecanismo parecido. El entrevistado siente —o afirma sentir— que lo quieren humillar. Sus simpatizantes trasladan la atención desde las preguntas hacia los periodistas. Las redes amplifican las reacciones más viscerales. La lealtad política termina pesando más que el análisis de los hechos. Una discusión sobre deudas, embargos y obligaciones profesionales se transforma en una batalla de adhesiones personales.

Este mecanismo no pertenece a un partido ni a una ideología. Se repite en todos los bandos: cuando cuestionan a alguien de los nuestros, hablamos de persecución; cuando cuestionan al adversario, celebramos que por fin alguien lo ponga contra las cuerdas.

En el interior, la cercanía pesa más

En el interior del país, el problema puede agravarse. Periodistas de distintos departamentos han reconocido en privado que no profundizan en determinados asuntos porque dependen de la publicidad de la intendencia o porque mantienen una relación cotidiana con quien ocupa el gobierno departamental. “Acá nos conocemos todos” es una frase que se repite con frecuencia.

El fenómeno no distingue colores políticos. Cuando un medio depende económicamente de una institución sobre la que debería ejercer control periodístico, existe el riesgo de que esa dependencia condicione las preguntas. No hace falta que alguien llame por teléfono para ordenar que una noticia no se publique. A veces alcanza con saber quién paga la publicidad o con quién habrá que compartir una mesa al día siguiente. La autocensura puede funcionar sin órdenes explícitas.

A esto se agrega un fenómeno reciente: la proliferación de influencers que se presentan como periodistas sin respetar las reglas básicas de la profesión. No se trata de negar que alguien pueda informar desde las redes. Se trata de distinguir entre opinar y hacer periodismo.

Investigar exige buscar documentos, contrastar versiones, verificar datos, dar al aludido la oportunidad de responder y corregir los errores. Sin esas prácticas, el debate público se llena de ruido y la ciudadanía tiene cada vez más dificultades para distinguir entre información, propaganda y simple animosidad.

El periodismo no está para cuidar imágenes

Una entrevista incisiva no es necesariamente agresiva. Preguntar con firmeza no equivale a hostigar. Exigir explicaciones sobre hechos de interés público no es lo mismo que invadir la intimidad.

Haberkorn defendió su actuación en su blog con una pregunta directa: “¿Qué hay de privado en todo eso?”. Los asuntos abordados estaban vinculados con registros públicos y con la propia declaración del ex diputado. Además, ya habían sido utilizados por adversarios políticos.

La pregunta de fondo es sencilla: si existen datos verificables que justifican una consulta, ¿por qué el periodista debería callarse? Y si una respuesta no despeja las dudas, ¿por qué tendría que renunciar a repreguntar?

Por supuesto, hay límites. La relevancia pública no habilita a divulgar cualquier detalle de la vida familiar, utilizar el dolor personal como recurso efectista ni formular acusaciones sin fundamento. Un periodista debe respetar la dignidad de las personas y distinguir entre hechos, sospechas y opiniones. Pero esos límites no pueden convertirse en una excusa para impedir preguntas legítimas.

El periodismo no está para cuidar la imagen de nadie ni para ofrecer tribunas sin repreguntas. Su función es preguntar, investigar, contrastar, insistir cuando sea necesario y proporcionar información confiable para que la ciudadanía pueda formarse una opinión propia.

Si el periodismo deja de incomodar por temor a molestar, corre el riesgo de convertirse en propaganda. Y si los ciudadanos confunden una pregunta legítima con una agresión, terminan defendiendo el derecho de las figuras públicas a no dar explicaciones.

Eso vale para Lust, para oficialismo y oposición, para los dirigentes de nuestro propio partido y para quienes están en las antípodas de nuestras ideas.

Una rectificación que no borra la lección

Horas después, Lust reconoció que se había excedido. Se comunicó por WhatsApp con Haberkorn, autorizó la difusión del intercambio y anunció que pediría disculpas públicamente. También admitió que las preguntas correspondían.

Es un gesto que merece reconocerse. Rectificar y reconsiderar una reacción inicial no es poca cosa, especialmente en un ambiente donde muchos prefieren atrincherarse antes que reconocer un error.

Pero esa rectificación no borra la lección. Las zonas oscuras, cuando nadie se anima a iluminarlas, pueden crecer. Los políticos tienen derecho a la intimidad, pero también deben aceptar el escrutinio sobre los asuntos que afectan su responsabilidad pública.

Y el periodismo, cuando trabaja con rigor y sin complacencias, suele molestar. Especialmente a quienes están acostumbrados a que les pregunten poco y les repregunten nada. El que quiera entrevistas cómodas, que se junte con sus amigos. Pero que no confunda eso con periodismo.

Los dos lados del mostrador

A mí me tocó estar, al mismo tiempo, en los dos lados. Trabajaba en Prensa del gobierno de Mario Carminatti y, en paralelo, tenía mi espacio en un canal de cable. Después tuve un semanario, que intenté mantener lejos de las pasiones políticas, a pesar de mi notoria militancia.

Conclusión: en mi opinión, no se puede.

Es bravo mezclar esos dos mundos. Necesitás tener una capacidad de análisis casi ilimitada y yo no la tengo.

Nunca quise hacer periodismo militante, pero sí periodismo de investigación y denuncia, sin complacencias. Para eso hay que estar fuera del gobierno. Lo más independiente posible. Te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza y cuestionamientos a tu ética periodística.

¿Estuve equivocado en ese momento?

Sí. Hoy no tengo problema en reconocerlo.

Por eso, cuando veo a un periodista hacerle preguntas incómodas a una figura pública —especialmente a alguien que ejerce el poder—, no pienso en si me cae bien o mal. Pienso en si yo habría tenido el coraje de hacerlas cuando estaba sentado del otro lado.

Por Alicia Quagliata Rienzi

En un asentamiento, una familia puede recibir hoy una mejora en su casa, un módulo de emergencia o un subsidio para alquilar. Son cosas muy distintas. En las cifras oficiales, las tres cuentan como una solución.

La semana pasada, en una exposición ante dirigentes empresariales, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial recordó que, según datos de diciembre de 2024, Uruguay tenía 667 asentamientos, en los que vivían unas 193.000 personas. Desde entonces, no se han publicado cifras nacionales que permitan saber si disminuyó la cantidad de asentamientos o si surgieron otros. El ministerio anunció una actualización para setiembre u octubre, sin fecha precisa. Cuando se publique, será el primer dato nacional nuevo en casi dos años.

Para atender esa realidad y la emergencia habitacional, el presupuesto asignó 700 millones de dólares en cinco años. La magnitud del problema se mide en personas, pero los resultados se informan en hogares y se agrupan en una sola cifra.

En la Rendición de Cuentas, el ministerio informó 11.491 hogares alcanzados en 2025. Ahí entra todo junto: obras terminadas y obras que recién empiezan, e incluso mejoras de viviendas de MEVIR en el campo. En julio, el mismo ministerio había dado otro dato: las obras de mejoramiento barrial terminadas en 2025 alcanzaron a 661 hogares. Las dos cifras son oficiales. Solo la segunda dice cuánto se terminó.

Sumar todo en un solo número da una cifra más grande que lo terminado. Una obra en curso es un compromiso. Una obra terminada es un resultado.

Contar asentamientos tampoco alcanza: un barrio puede mejorar mucho y seguir en la lista hasta completar su regularización. Aun así, al comienzo del período, el subsecretario de Vivienda dijo que si en cinco años la lista no se achicaba, algo habría fallado. Es una razón para medir mejor, no para dejar de hacerlo.

Cada vez que informa resultados, el ministerio debería responder lo que importa: cuántas personas siguen viviendo en asentamientos y cuántas salieron gracias a una obra terminada. La actualización del registro anunciada para este mes ofrece una oportunidad concreta de hacerlo. Separar lo terminado de lo que está en obra, como ya hace en otras líneas de trabajo, es el primer paso.

La ley que creó el registro nacional prevé su actualización y el acceso público a la información. Que sea todos los años es un pedido razonable. La Intendencia de Montevideo ya lo hace cada cuatro meses. Es un criterio que debería valer para este gobierno y para cualquiera que venga después.

Lo que está en curso se anuncia. Lo terminado se cuenta. Y lo que cuenta son las personas que dejaron de vivir en un asentamiento.

Por Marcela Pérez Pascual

Un asado, un cuestionario y un senador interrogado. Detrás del episodio que encendió el Senado hay algo más serio que una polémica: un organismo de control actuando donde la Constitución no lo llama.

El 6 de octubre llegó al despacho del senador Pedro Bordaberry un oficio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) que incluía un cuestionario y llevaba la firma de su vicepresidente, el contador Alfredo Asti. En él se le preguntaba, entre otras cosas, si el director de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) Robert Bouvier había participado en una reunión realizada a comienzos de agosto en la Asociación Rural de Florida, y si allí había pronunciado un discurso de contenido político partidario. El oficio encuadraba el asunto como una denuncia o noticia de un acto de corrupción.

Según explicaron Bordaberry y el propio Bouvier, aquel encuentro fue un asado de camaradería para celebrar que el diputado Walter Cervini volvía a la actividad después de un grave problema de salud. Amigos y compañeros reunidos en torno a una parrilla para festejar la recuperación de uno de ellos. Pero el problema de fondo no está en Florida. Está en otra pregunta, previa y decisiva: quién tiene potestad para indagar sobre la actividad política de un director de ente autónomo. Y esa respuesta no la da una opinión ni una mayoría circunstancial. La da la Constitución.

El artículo 77, numeral 4º, prohíbe a los directores de entes autónomos y servicios descentralizados, al igual que a magistrados, militares y policías, ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar empleos públicos. Es una regla republicana que nadie discute. Pero el mismo numeral, a renglón seguido, fija el cauce. Califica esas conductas como delitos electorales, atribuye a la Corte Electoral la competencia para conocer en ellas y aplicar las penas, y establece que la denuncia sólo puede formularla una de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los partidos.

El constituyente cerró el círculo con precisión: dijo qué se prohíbe, quién juzga y quién puede acusar. No dejó la puerta abierta a cualquier denunciante ni a cualquier organismo. Y lo hizo por una razón de elemental prudencia: una acusación de actividad política contra un director de la oposición es, en sí misma, un instrumento político. Por eso reservó la acusación a actores institucionales que responden públicamente por ella, y el juicio, al órgano especializado en las garantías del sufragio.

¿Dónde entra entonces la JUTEP? El oficio invoca el artículo 42 del Código de Ética en la Función Pública (Ley 19.823), que obliga a los organismos a crear ámbitos para recibir denuncias de actos de corrupción ocurridos en sus dependencias y derivarlas, si hay mérito, a las autoridades competentes. Pero la palabra corrupción tiene en nuestro derecho un significado preciso. La Ley Cristal (17.060) define la corrupción como el uso indebido del poder público o de la función pública para obtener un provecho económico para sí o para otro. Un asado entre amigos no es, de ninguna manera, corrupción: no hay provecho económico, no hay fondos públicos en juego. Llamarlo así no es un error de vocabulario. Es la llave que permite a un organismo entrar en una habitación que la Constitución reservó a otro.

Desde la JUTEP se ha dicho que el organismo primero investiga las denuncias que recibe y después resuelve si es competente o si corresponde derivarlas. Es exactamente al revés. En derecho público, la competencia no es una conclusión a la que se llega al final del expediente; es el presupuesto que habilita a iniciarlo. Un órgano del Estado sólo puede hacer aquello que una norma expresamente le atribuye. Interrogar primero y preguntarse después si se podía interrogar es invertir el orden del Estado de derecho. Y hay algo más: ni siquiera cabía derivar el asunto a la Corte Electoral como una denuncia, porque la JUTEP no figura entre los tres únicos sujetos que la Constitución habilita para formularla.

Se ha dicho también que Asti se limitó a firmar un texto preparado por la Asesoría Letrada, por ser el director presente en ese momento. El argumento no alivia; agrava. Ningún texto de la Asesoría Letrada llega al despacho de un senador sin que alguien con autoridad decida enviarlo: detrás de cada oficio hay una voluntad que lo impulsa. Y en esta JUTEP, la frontera entre lo técnico y lo político no ha sido precisamente nítida: este mismo año, el propio Asti elaboró un informe anticipado en el expediente sobre las declaraciones juradas del senador Andrés Ojeda, un procedimiento que él mismo admitió en actas que “no fue feliz”. Bordaberry señaló que el oficio lleva una sola firma y no invoca resolución alguna del directorio. Quien firma un acto administrativo lo hace suyo: la firma no es un trámite, es el lugar donde se radica la responsabilidad.

Hay, además, una incoherencia difícil de pasar por alto. La mayoría oficialista de la JUTEP invoca a su Asesoría Letrada cuando le resulta útil y la ignora cuando le incomoda. En el caso de Álvaro Danza, la Asesoría concluyó que el presidente de ASSE acumulaba cargos incompatibles con su función; los dos directores del Frente Amplio resolvieron, por dos votos contra uno, que no había incompatibilidad alguna. En otra denuncia contra el senador Ojeda ocurrió lo inverso: la Asesoría recomendó archivar y la mayoría decidió seguir adelante. Cuando el informe técnico complica a un jerarca del gobierno, se lo deja de lado; cuando sirve para justificar un oficio a un senador de la oposición, se lo esgrime como escudo. Eso no es independencia técnica. Es conveniencia.

Esa doble vara explica el último punto, quizás el más grave: el destinatario. Esta vez, el oficio no fue a un jerarca del gobierno, sino a un senador de la República, a quien se le pide que informe sobre una reunión de amigos y compañeros. ¿Qué mensaje recibe el sistema político cuando un órgano de control interroga a dirigentes de la oposición sobre con quién se reúnen? Bordaberry comunicó por escrito que no respondería, porque hacerlo equivaldría a convalidar con su firma una actuación que la Constitución no autoriza, y advirtió que un órgano de control que actúa fuera de su competencia deja de controlar y pasa a necesitar control. Tiene razón.

Los colorados creemos en los organismos de control; por eso mismo exigimos que actúen dentro de sus límites. No es casual que haya sido el propio Bordaberry quien propuso que integren la JUTEP exministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o de los Tribunales de Apelaciones, o docentes universitarios de grado 5: quien defiende la solvencia técnica de un órgano de control es quien más lo respeta. Una JUTEP que se arroga competencias que no tiene no se fortalece: se desgasta, y arrastra consigo la confianza que la ciudadanía necesita depositar en ella. Defender sus límites es defenderla.

Porque lo que está en juego excede este episodio. La República no se sostiene sólo con leyes; se sostiene con la convicción de que cada institución ocupa su lugar y no otro. La separación de poderes, los controles recíprocos, la garantía de que nadie, por alto que sea su cargo, puede actuar más allá de lo que la norma le permite: eso es lo que distingue a un gobierno republicano de uno que simplemente manda. El Batllismo lo entendió hace más de un siglo, cuando hizo de las instituciones el escudo del ciudadano frente al poder. Una democracia madura no se mide por la cantidad de órganos de control que crea, sino por la independencia, la imparcialidad y el apego a la ley con que esos órganos actúan. Cuando un organismo de contralor se convierte en instrumento de la contienda partidaria, pierde la oposición, pierde el gobierno y pierde, sobre todo, la ciudadanía, que deja de confiar en quienes deberían cuidarla.

Sin respeto por la competencia, no hay control. Sin instituciones que respeten sus límites, no hay República. Hay sólo poder.

Por Susana Toricez

El paso de los años transforma los cuerpos y nos enfrenta a la fragilidad de cuanto amamos. Pero en ese desgaste también puede revelarse una belleza más profunda: la que se construye con la experiencia, la lealtad y el amor.

A veces me detengo a mirar el transcurso de los días y no puedo evitar hacerme la pregunta que a todos, tarde o temprano, nos desvela: ¿por qué todo lo vivo empieza con tanta lozanía y termina debilitado por el peso de los años?

¿Qué sentido tiene que un cuerpo nazca perfecto, suave e indefenso, atraviese la plenitud del vigor y termine transformándose en algo tan distinto, tan frágil, hasta parecer que se encamina hacia la nada?

Ver el deterioro en los seres que amamos —en las manos sabias de nuestros ancianos, en la mirada cansada y los hocicos canosos de nuestros perros, e incluso en las arrugas que el espejo nos devuelve cada mañana— nos estruja el corazón.

Cuesta aceptar que la perfecta belleza del principio no haya sido hecha para durar siempre.

Sin embargo, quizás la enseñanza sea precisamente esa: entender que la hermosura inicial es un regalo del envase, pero la belleza del final es una conquista del alma.

En la juventud, la vida nos regala una belleza involuntaria, hecha de fuerza y de piel lisa.

Pero con los años, el tiempo va desgastando la cáscara hasta que empiece a verse el fruto.

Cada arruga en un rostro no es un defecto, sino el mapa de todo lo que se rió, se lloró y se vivió.

Cada paso lento en un compañero fiel no es la pérdida de su esencia, sino la acumulación silenciosa de años de lealtad y amor compartido.

Si nada se marchitara, no aprenderíamos a valorar el instante.

La fragilidad no existe para castigarnos, sino para recordarnos que el tiempo es sagrado y que lo verdaderamente importante no es retener la forma exterior, sino haber habitado la vida con ganas.

El cuerpo se gasta porque se usó, porque sirvió de templo para amar, para andar y para sentir.

Al final del camino, cuando la materia se pliega y busca el descanso, no nos volvemos nada.

Nos volvemos todo.

La transformación no es una derrota frente al tiempo, sino la lección más profunda del amor: aprender a mirar más allá de la forma y descubrir que lo que fuimos construyendo por dentro es lo único que jamás se deteriora y nos acompañará por siempre.

Un ataque informático contra cientos de supermercados franceses provocó la destrucción de toneladas de alimentos y pérdidas millonarias. La ofensiva, que podría tener ramificaciones en otros países europeos, puso al descubierto una vulnerabilidad inquietante: basta manipular a distancia los sistemas que controlan instalaciones esenciales para provocar daños materiales de gran magnitud. Mientras se desconoce la identidad de los responsables, el episodio plantea interrogantes sobre la seguridad de las infraestructuras de las que depende nuestra vida cotidiana.

No hicieron falta explosivos, incendios provocados ni grupos armados. Bastó una computadora y el acceso remoto a sistemas de refrigeración para causar estragos en cientos de supermercados franceses. En la madrugada del pasado lunes 12 de octubre, los responsables de un ataque informático consiguieron alterar el funcionamiento de cámaras frigoríficas y congeladores, elevando sus temperaturas hasta los 50 grados y, en determinados establecimientos, incluso más.

El resultado fue la destrucción de toneladas de alimentos frescos y congelados, daños en las instalaciones, algunos incendios y pérdidas económicas que podrían alcanzar decenas de millones de euros.

Las víctimas pertenecen a las principales cadenas comerciales de Francia: Intermarché, Carrefour, E.Leclerc, Monoprix, Netto y Coopérative U, entre otras. Según informó el ministro de Economía, Roland Lescure, alrededor de 700 supermercados resultaron afectados, aproximadamente el 7% de los establecimientos del país.

La magnitud del episodio resulta excepcional. Pero todavía más preocupante es el procedimiento empleado, porque demuestra hasta qué punto la digitalización de actividades aparentemente rutinarias ha creado vulnerabilidades que pueden ser explotadas con propósitos destructivos.

Un sabotaje sin presencia física

Los atacantes aprovecharon deficiencias de seguridad en sistemas informáticos utilizados para controlar a distancia los equipos de refrigeración. Mediante la manipulación de sus parámetros, activaron los mecanismos de descongelación y prolongaron su funcionamiento durante varias horas.

En algunos casos, los ciclos que normalmente duran una hora fueron extendidos hasta ocho, retrasando la detección de las anomalías y multiplicando los daños.

Una cámara destinada a conservar alimentos a temperaturas bajo cero terminó convertida, literalmente, en una fuente de calor.

El episodio no se limitó a una única intervención. Durante la noche siguiente se produjeron nuevos ataques contra instalaciones que utilizaban equipos de otro fabricante. En un supermercado próximo a Burdeos, los intrusos llegaron a modificar la temperatura programada de los congeladores de 22 grados bajo cero a 150 grados positivos. La rápida intervención del personal evitó la destrucción de la mercadería.

La Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información de Francia (ANSSI) identificó varias familias de equipos comprometidos, pertenecientes a los fabricantes Danfoss, Dixell y Copeland, y advirtió sobre la posibilidad de que continuaran los ataques.

Se trata, por tanto, de algo más que una falla informática aislada. La extensión de los ataques, la diversidad de equipos afectados y la reiteración de las operaciones revelan un problema de seguridad de considerable alcance.

¿Una ofensiva contra Europa?

Aunque Francia concentró los mayores daños conocidos, especialistas en ciberseguridad detectaron equipos vulnerados también en España, Portugal, Alemania, Polonia y Bélgica.

Paralelamente, se registraron incidentes informáticos en cadenas comerciales de los Países Bajos y Bélgica, pertenecientes al grupo Ahold Delhaize, que ocasionaron interrupciones en servicios digitales y dificultades operativas. Sin embargo, no se ha establecido una relación entre estos episodios y el sabotaje de los sistemas frigoríficos franceses.

La distinción es importante. La coincidencia temporal y la semejanza de determinadas circunstancias no constituyen pruebas de una operación coordinada.

Tampoco se conoce la identidad de los responsables. Hasta el momento no existe una reivindicación pública verificable ni se ha informado de exigencias económicas, como suele ocurrir en los ataques informáticos destinados a obtener rescates.

Las autoridades francesas abrieron una investigación, mientras los especialistas procuran establecer si se trató de una acción oportunista, una demostración de capacidad destructiva o una operación con motivaciones políticas.

En el contexto internacional actual, sería ingenuo descartar de antemano la hipótesis de una operación de desestabilización. Europa enfrenta desde hace años amenazas de naturaleza híbrida, que combinan acciones clandestinas, sabotajes, desinformación y operaciones informáticas. Pero tampoco sería responsable atribuir este episodio a un Estado determinado sin elementos probatorios que lo sustenten.

Lo único establecido es que alguien consiguió provocar daños materiales de gran escala mediante la manipulación deliberada de sistemas conectados a Internet.

La nueva fragilidad de las sociedades modernas

Durante décadas, la preocupación por los ataques informáticos estuvo concentrada principalmente en el robo de información, el espionaje, las estafas y el bloqueo de redes digitales.

Pero la creciente integración de computadoras con instalaciones físicas ha transformado radicalmente el escenario.

Las redes eléctricas, los sistemas de distribución de agua potable, los hospitales, las comunicaciones, los puertos, los ferrocarriles, las plantas industriales y las cadenas de distribución alimentaria dependen crecientemente de tecnologías que permiten supervisar y modificar su funcionamiento a distancia.

Esa transformación ha proporcionado extraordinarias ventajas en eficiencia, productividad y reducción de costos. También ha multiplicado los puntos potenciales de acceso para quienes procuran provocar daños.

El caso francés resulta particularmente ilustrativo porque el objetivo no fue una instalación militar ni una infraestructura tradicionalmente identificada con la seguridad nacional. Fueron los congeladores de supermercados.

Sin embargo, la conservación de alimentos constituye un componente fundamental de la seguridad de abastecimiento. Cuando se interrumpe la cadena de frío, no sólo aparecen pérdidas económicas: también se compromete la disponibilidad de productos esenciales y pueden generarse riesgos sanitarios.

Además, la concentración tecnológica introduce una vulnerabilidad adicional. Si cientos de establecimientos utilizan sistemas semejantes, una misma deficiencia de seguridad puede permitir ataques simultáneos contra numerosos objetivos.

La paradoja es evidente: cuanto más eficiente e interconectada se vuelve una infraestructura, mayores pueden ser las consecuencias de una falla compartida.

El peligro que desaparece de los titulares

Hay, finalmente, un aspecto llamativo en la repercusión internacional del episodio.

El lunes, las imágenes de supermercados franceses retirando toneladas de alimentos de sus góndolas recorrieron los medios de comunicación. La noticia provocó alarma, indignación y declaraciones oficiales. Sin embargo, apenas unos días después, su presencia en la agenda informativa se había reducido considerablemente.

No porque se hubiera identificado a los responsables, esclarecido sus motivaciones o eliminado las vulnerabilidades. Por el contrario, mientras el interés periodístico disminuía, las autoridades francesas continuaban advirtiendo sobre posibles nuevos ataques.

Es una manifestación de la velocidad con que las sociedades contemporáneas consumen y olvidan acontecimientos de enorme trascendencia.

Lo ocurrido en Francia debería dejar una enseñanza duradera. La seguridad de una sociedad no depende únicamente de sus fuerzas armadas, sus cuerpos policiales o sus servicios de inteligencia. También depende de la protección de miles de sistemas informáticos discretos, frecuentemente invisibles para los ciudadanos, de cuyo funcionamiento dependen actividades esenciales.

Un supermercado puede convertirse en objetivo de sabotaje sin que nadie atraviese sus puertas. Una instalación industrial puede sufrir daños sin que nadie se acerque físicamente a ella. Y una operación ejecutada desde un lugar desconocido puede provocar consecuencias económicas a miles de kilómetros de distancia.

La guerra invisible no necesita campos de batalla convencionales. Esta vez llegó a los supermercados franceses. La pregunta es dónde y contra qué instalaciones podría golpear mañana.

A pocas semanas de las elecciones legislativas estadounidenses, Donald Trump ha pactado con Vladímir Putin la flexibilización de las sanciones al diésel ruso para intentar contener los precios de los combustibles. Mientras Washington proporciona un alivio económico al agresor y presiona a Ucrania para que deje de atacar sus refinerías, Europa protesta y Kiev responde militarmente. Las sospechosas restricciones tecnológicas de Starlink, la empresa de Elon Musk, agregan un elemento particularmente inquietante.

La política exterior de Donald Trump acaba de ofrecer una de sus demostraciones más descarnadas de subordinación de los compromisos internacionales a las conveniencias electorales domésticas. A menos de tres semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, el presidente estadounidense ha llegado a un acuerdo con Vladímir Putin para facilitar la comercialización de diésel ruso, flexibilizando las sanciones destinadas a privar al Kremlin de recursos para financiar su invasión de Ucrania.

La explicación es tan sencilla como inquietante: Trump necesita bajar los precios de los combustibles antes de que los estadounidenses concurran a las urnas. Y para conseguirlo está dispuesto a proporcionar oxígeno económico a Rusia y presionar al país invadido para que deje de golpear la infraestructura petrolera de su agresor.

Un salvavidas económico para Putin

El acuerdo anunciado el 9 de octubre contempla la liberación inmediata de más de 300.000 toneladas de diésel ruso, otras 500.000 durante noviembre, un millón adicional posteriormente y hasta tres millones más en una etapa ulterior.

Para hacerlo posible, Washington autorizó una exención de las sanciones estadounidenses sobre el diésel ruso hasta abril de 2027, contradiciendo la estrategia de presión económica que el propio Trump había reforzado pocas semanas antes. Este jueves, el Kremlin confirmó que Rusia ya había reanudado las exportaciones.

La urgencia de la Casa Blanca responde al fuerte encarecimiento de los combustibles, agravado por la guerra contra Irán y sus repercusiones sobre los mercados energéticos. El precio del diésel en Estados Unidos ha experimentado una suba extraordinaria, convirtiéndose en un problema político de primera magnitud para el Partido Republicano.

Ni siquiera está claro que la maniobra consiga su objetivo. Los volúmenes comprometidos representan una proporción relativamente pequeña del consumo estadounidense, por lo que diversos analistas dudan de su capacidad para reducir significativamente los precios. Lo que sí resulta evidente es que Moscú obtendrá nuevas posibilidades de ingresos.

En otras palabras, el beneficio electoral para Trump es incierto; el beneficio económico y político para Putin es mucho más tangible.

La insólita presión sobre la víctima

El acuerdo comercial fue acompañado por otro anuncio desconcertante: Trump proclamó una suerte de tregua energética entre Rusia y Ucrania, sin que Kiev hubiera participado en su negociación ni Moscú confirmado inicialmente su aceptación.

La pretensión estadounidense encerraba una profunda asimetría. Ucrania había desarrollado una capacidad de ataque con drones que le permite alcanzar refinerías situadas a centenares de kilómetros de sus fronteras, afectando la producción de combustibles, la logística militar y los ingresos que financian la guerra rusa.

Impedir esos ataques significa privar a Kiev de uno de sus instrumentos más eficaces para compensar su inferioridad militar.

Trump fue más lejos: responsabilizó a Zelenski de contribuir al encarecimiento de los combustibles y reclamó que Ucrania eligiera un nuevo presidente. Mientras tanto, Rusia continuó bombardeando instalaciones energéticas ucranianas, desmintiendo en los hechos la supuesta tregua.

La reacción de Kiev no se limitó a las protestas. Este jueves 15 de octubre, Ucrania reanudó sus ataques contra las refinerías rusas, después de comprobar que Moscú no respetaba el entendimiento proclamado por Washington.

Zelenski dejó abierta una posibilidad de negociación: reconsiderar esas operaciones si Ucrania recibe más misiles interceptores Patriot para defender sus ciudades. No se niega a negociar, sino que reclama una contrapartida real para cualquier concesión militar.

Europa protesta, pero enfrenta sus propias debilidades

La reacción europea ha sido severa. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, recordó que Rusia inició la guerra y reclamó mantener y aumentar las sanciones, en lugar de proporcionar al Kremlin nuevos ingresos para financiar su agresión.

La Unión Europea anunció que mantendrá sus medidas restrictivas y varios gobiernos reafirmaron su respaldo a Ucrania. El principio es elemental: no puede exigirse a Rusia que abandone su invasión mientras simultáneamente se le proporcionan recursos para sostenerla.

Sin embargo, detrás de las declaraciones aparece una debilidad estructural: Europa continúa dependiendo de Estados Unidos para suministros militares, inteligencia y tecnologías indispensables para la defensa ucraniana. Mantener las sanciones es necesario, pero insuficiente si Washington utiliza esa dependencia para imponer condiciones políticas a Kiev.

Elon Musk y el poder de un interruptor

La controversia ha incorporado un protagonista particularmente inquietante: Elon Musk, propietario de SpaceX y del sistema de comunicaciones satelitales Starlink, esencial para numerosas operaciones militares ucranianas.

Durante la noche del 13 al 14 de octubre, las fuerzas ucranianas detectaron restricciones de conectividad en terminales de la versión militar Starshield cuando se desplazaban a velocidades superiores a aproximadamente 160 kilómetros por hora. Algunas unidades denunciaron dificultades incluso a velocidades menores.

La limitación afectó operaciones con drones, especialmente la interceptación de aparatos rusos de alta velocidad, debilitando una capacidad defensiva fundamental. Según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra, esas restricciones no impedían necesariamente los ataques contra objetivos estacionarios, como las refinerías, pero sí comprometían la defensa frente a determinados drones rusos.

La coincidencia temporal resultó inquietante: mientras Trump presionaba a Zelenski para que suspendiera los ataques contra las instalaciones petroleras rusas, las fuerzas ucranianas sufrían restricciones tecnológicas que comprometían sus operaciones.

Musk sostuvo que las limitaciones de Starshield son responsabilidad de las autoridades militares estadounidenses. Washington negó haber intervenido y posteriormente se informó de una recuperación de las comunicaciones. Pero permanece sin esclarecer quién decidió las restricciones y por qué fueron impuestas precisamente entonces.

No se trata, además, de un episodio sin antecedentes. Una investigación de Reuters, publicada en julio de 2025, reveló que Musk había ordenado personalmente interrumpir la cobertura de Starlink en determinadas zonas de Ucrania durante la contraofensiva de setiembre de 2022, cuando las fuerzas ucranianas intentaban recuperar posiciones ocupadas por Rusia en la región de Jersón.

La decisión provocó fallas de comunicaciones y dificultades en operaciones con drones y artillería, obstaculizando una maniobra contra posiciones rusas. Según aquella investigación, Musk temía que una derrota militar de Moscú pudiera desencadenar una respuesta nuclear.

El antecedente es revelador: un empresario privado, sin legitimidad democrática ni responsabilidad ante los ciudadanos ucranianos, había condicionado directamente operaciones de un ejército que combatía una invasión extranjera.

A ello se agrega otra revelación. En octubre de 2024, The Wall Street Journal informó que Musk había mantenido contactos privados frecuentes con Putin desde fines de 2022, sobre cuestiones personales, comerciales y geopolíticas. Según la investigación, Putin incluso le habría solicitado que evitara activar Starlink sobre Taiwán, como favor a su aliado chino Xi Jinping. El Kremlin negó la existencia de esos contactos regulares.

Así, las sospechas actuales no surgen de la nada. Existe un historial de decisiones tecnológicas de Musk que perjudicaron operaciones ucranianas, investigaciones periodísticas sobre sus contactos con Putin y una estrecha relación política con Trump.

Nada de ello demuestra que los tres hayan coordinado las restricciones recientes. Pero la coincidencia de intereses resulta demasiado significativa para ignorarla: Trump necesita abaratar los combustibles; Putin, preservar sus ingresos petroleros y debilitar a Ucrania; y cualquier restricción a las capacidades militares de Kiev favorece objetivamente al agresor.

La cuestión de fondo trasciende las responsabilidades individuales. Ucrania depende para parte de su defensa de tecnologías controladas por un empresario privado vinculado al poder político estadounidense. Y Europa debería comprender que no basta con disponer de ejércitos y armamentos propios si las comunicaciones y los sistemas indispensables para utilizarlos dependen de decisiones empresariales o políticas adoptadas en Washington.

En el siglo XXI, un interruptor tecnológico puede resultar tan decisivo como una batería de misiles.

Una traición que también divide a Estados Unidos

La decisión de Trump tampoco ha encontrado respaldo unánime dentro de su país. Legisladores demócratas y republicanos cuestionaron el acuerdo, recordando la legislación que prohíbe las importaciones estadounidenses de petróleo ruso y denunciando que la flexibilización de las sanciones beneficia a un adversario de Estados Unidos.

La controversia exhibe una contradicción fundamental: mientras Trump exige a Europa mayores responsabilidades en materia de defensa, adopta decisiones unilaterales que comprometen su seguridad y favorecen económicamente a Rusia.

Todo ello para intentar resolver, mediante un acuerdo con Putin, una crisis energética agravada por otra guerra en la que Washington está directamente involucrado: la de Irán.

El precio de una elección

La cuestión de fondo trasciende ampliamente el mercado del diésel. Estados Unidos ha sido durante décadas uno de los pilares del orden internacional basado en el rechazo a las conquistas territoriales por la fuerza. La invasión rusa de Ucrania puso a prueba esos principios. La conducta de Trump amenaza ahora con erosionarlos desde el interior de la propia alianza occidental.

Naturalmente, un presidente estadounidense tiene la obligación de atender los problemas económicos de sus ciudadanos. Pero esa responsabilidad no justifica cualquier instrumento, mucho menos cuando supone aliviar las dificultades financieras de un régimen agresor y exigir sacrificios militares a la nación invadida.

La situación constituye, además, una advertencia para Europa: su dependencia estratégica de Estados Unidos se ha convertido en una vulnerabilidad que ninguna declaración diplomática puede disimular. Si pretende sostener a Ucrania y garantizar su propia seguridad, deberá transformar su solidaridad en capacidades militares, tecnológicas y financieras efectivas.

Por su parte, Kiev ha demostrado que no está dispuesta a aceptar pasivamente que su supervivencia sea utilizada como moneda de cambio en una campaña electoral extranjera.

La paradoja final es brutal. Putin invade, destruye y bombardea. Zelenski resiste y contraataca. Musk controla tecnologías capaces de condicionar operaciones militares decisivas. Pero Trump negocia con el primero, presiona al segundo y deja graves interrogantes sobre el papel del tercero.

Es una traición a Ucrania, pero también a los principios que Estados Unidos proclamó defender durante generaciones. Y todo por unos centavos menos en el precio del combustible y unos votos más en noviembre.

En una demostración de cinismo difícil de superar, el régimen iraní, responsable de la matanza de miles de manifestantes, convocó al embajador francés para protestar por la represión policial contra las movilizaciones estudiantiles que sacuden Francia desde hace varias semanas.

Hay noticias que parecen escritas por un humorista, pero que, lamentablemente, son rigurosamente ciertas. El régimen de los ayatolás, que ha convertido la represión, la tortura y el asesinato de opositores en instrumentos habituales de gobierno, acaba de darle a Francia una lección de derechos humanos.

El pasado 6 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní convocó al embajador francés en Teherán, Pierre Cochard, para expresarle su «profunda preocupación» por la actuación policial durante las protestas estudiantiles que se desarrollan en Francia desde mediados de setiembre. Las autoridades iraníes denunciaron «violaciones generalizadas de los derechos humanos» y exigieron a París que respetara las libertades fundamentales y el derecho a manifestarse pacíficamente.

No es una broma. Lo dijo, con toda solemnidad, el gobierno de la República Islámica de Irán.

El mismo régimen que, en enero de este año, desató una represión sangrienta contra sus propios ciudadanos, cuando cientos de miles de iraníes salieron a las calles reclamando libertad y mejores condiciones de vida. Las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes, incluidos menores de edad, y dejaron miles de muertos. Según la organización iraní de derechos humanos HRANA, fueron asesinados al menos 6.488 manifestantes, una cifra recogida por Reuters, aunque no pudo verificarla independientemente.

Human Rights Watch denunció auténticas masacres y, en un informe publicado en setiembre, una misión investigadora de las Naciones Unidas concluyó que la represión iraní había incluido crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinatos, encarcelamientos arbitrarios y torturas.

Pero la violencia no terminó allí. Las autoridades iraníes han continuado persiguiendo a los opositores, encarcelando a miles de personas y ejecutando a manifestantes mediante procedimientos judiciales que ofrecen escasas garantías. Una investigación de Reuters, publicada el 8 de octubre, documentó esta campaña sistemática de intimidación, que alcanza incluso a ciudadanos iraníes exiliados.

Y es precisamente ese régimen el que ahora pretende erigirse en defensor de los estudiantes franceses.

Por supuesto, la actuación de la policía francesa no está exenta de cuestionamientos. Pero hay una diferencia esencial entre una democracia que debe responder por los excesos de sus fuerzas de seguridad y una dictadura que organiza desde el propio Estado la eliminación física de quienes se atreven a desafiarla.

En Francia, los manifestantes pueden protestar, los periodistas pueden denunciar los abusos y las instituciones judiciales pueden exigir responsabilidades. En Irán, quienes protestan arriesgan la vida; quienes denuncian pueden terminar en prisión y quienes imparten justicia están frecuentemente al servicio de los represores.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, tuvo incluso el descaro de acusar a Francia de aplicar un «doble rasero» en materia de derechos humanos. Resulta difícil imaginar una expresión más acabada de hipocresía política.

La respuesta francesa no se hizo esperar: París convocó, a su vez, al embajador iraní y calificó las acusaciones de Teherán de provocaciones vergonzosas.

El episodio dejaría lugar a la risa si detrás de semejante impostura no hubiera miles de cadáveres, familias destrozadas y ciudadanos aterrorizados por el aparato represivo de la República Islámica.

Que una dictadura denuncie abusos policiales en una democracia no es, por sí mismo, lo escandaloso. Los derechos humanos son universales, y las denuncias deben juzgarse por sus fundamentos, no por quién las formula. Lo verdaderamente obsceno es que un régimen responsable de masacrar a sus propios ciudadanos pretenda presentarse como autoridad moral en la defensa de las libertades que niega sistemáticamente a su pueblo.

El verdugo no sólo reclama impunidad por sus crímenes. Ahora también pretende dar lecciones sobre cómo deben tratarse las víctimas.

El Premio Nobel de la Paz 2026 ha recaído en una jurista de manifiesta hostilidad hacia Israel, bajo cuya responsabilidad las Naciones Unidas entregaron a China información sobre disidentes perseguidos. La distinción a Navi Pillay constituye un escandaloso ejemplo de la aplicación selectiva de los derechos humanos.

El Comité Noruego del Nobel ha decidido conceder el Premio Nobel de la Paz 2026 a la sudafricana Navi Pillay, de 85 años, en reconocimiento a su trayectoria en defensa del derecho internacional y los derechos humanos. La decisión, presentada como un homenaje a la integridad y al coraje moral, encierra una contradicción difícil de justificar: se premia a una figura caracterizada por su militancia contra Israel, mientras se soslayan gravísimos antecedentes de su actuación frente a la dictadura comunista china.

Porque una cosa es defender los derechos humanos y otra, muy diferente, utilizarlos como instrumento de combate político, aplicándolos con implacable severidad contra determinados países y con una sorprendente indulgencia frente a algunas de las tiranías más brutales del planeta.

La trayectoria de Pillay respecto de Israel resulta particularmente ilustrativa. Mucho antes de presidir la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, había asumido posiciones abiertamente adversas al Estado judío. En 2017 acusó a Israel de practicar el apartheid y, en 2020, suscribió una petición internacional que reclamaba sanciones contra ese país.

Es decir, cuando en 2021 fue designada para encabezar una comisión supuestamente independiente, ya había expresado públicamente conclusiones sobre algunas de las cuestiones que debía investigar con imparcialidad.

La organización UN Watch denunció formalmente esa incompatibilidad en febrero de 2022, mediante una extensa presentación jurídica que solicitaba su apartamiento. El cuestionamiento era elemental: difícilmente puede garantizar una investigación objetiva quien previamente ha tomado partido sobre los hechos y las responsabilidades que corresponde examinar.

Pillay permaneció en el cargo. Y la comisión que presidía concluyó, en 2025, que Israel había cometido genocidio en Gaza, una acusación que el gobierno israelí rechaza categóricamente y que no equivale a una sentencia definitiva de la Corte Internacional de Justicia.

Desde luego, Israel no está exento del cumplimiento del derecho internacional ni sus acciones militares deben quedar al margen del escrutinio. Pero precisamente por eso resulta indispensable que quienes investigan actúen con independencia y sin prejuicios. La justicia internacional pierde legitimidad cuando sus protagonistas parecen más interesados en confirmar sus convicciones que en preservar la necesaria imparcialidad.

Sin embargo, el episodio verdaderamente devastador para la reputación de Pillay no se encuentra en Oriente Medio, sino en China.

Durante su gestión como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre 2008 y 2014, funcionarios de la oficina bajo su responsabilidad facilitaron al régimen de Pekín información sobre activistas chinos y uigures que pretendían participar en actividades del Consejo de Derechos Humanos.

Entre los afectados se encontraba Dolkun Isa, destacado dirigente del Congreso Mundial Uigur. La información proporcionada a las autoridades chinas exponía a los disidentes y a sus familias a riesgos de vigilancia, intimidación y represalias por parte de uno de los aparatos represivos más despiadados del mundo.

No se trata de una acusación surgida ahora por conveniencia política. Human Rights Watch documentó años atrás las presiones de China sobre los mecanismos de derechos humanos de la ONU y las prácticas de comunicación de información sobre activistas.

Además, Emma Reilly, exfuncionaria de Naciones Unidas que denunció internamente estos hechos, ha acusado a Pillay de haber desoído las advertencias sobre sus consecuencias. La ONU ha rechazado las imputaciones de actuación indebida, pero reconoció que existió una práctica, posteriormente discontinuada, de confirmar a determinados Estados la participación de activistas.

No está acreditado que Pillay ordenara personalmente esas comunicaciones. Lo que resulta imposible es desligarla de la responsabilidad institucional por lo ocurrido bajo su autoridad.

La dimensión del escándalo se hizo todavía más evidente este lunes 12 de octubre, cuando el propio Congreso Mundial Uigur expresó públicamente su preocupación por la concesión del Nobel. Su presidente, Turgunjan Alawdun, denunció que Pillay no había protegido adecuadamente a los defensores de los derechos humanos y calificó la entrega de información como una grave quiebra de confianza.

La pregunta es inevitable: ¿qué clase de defensora universal de los derechos humanos permite que una institución creada para proteger a los perseguidos facilite información a quienes los persiguen? ¿Hasta dónde se puede llegar para no incomodar a Pekín?

Hay, además, un antecedente de extraordinario simbolismo. En 2010, cuando el Premio Nobel de la Paz fue concedido al disidente chino encarcelado Liu Xiaobo, Pillay no asistió a la ceremonia de Oslo. Inicialmente se invocó un compromiso en Ginebra y posteriormente ella sostuvo que nunca había recibido una invitación formal. Es cierto que reclamó públicamente la liberación de Liu, pero su ausencia provocó la protesta de decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, mientras China desplegaba una intensa campaña internacional contra aquella premiación.

16 años después, la misma institución que homenajeó a un disidente encarcelado por la dictadura china distingue a una funcionaria bajo cuya gestión se suministró información sobre otros disidentes al régimen que los perseguía. La ironía sería formidable si no fuera tan indignante.

Y aquí reside el problema de fondo. El derecho internacional no puede convertirse en un repertorio de acusaciones reservado para los adversarios ideológicos, mientras las grandes dictaduras reciben un tratamiento cuidadosamente calculado para evitar conflictos diplomáticos.

No hay defensa auténtica de los derechos humanos si se mide con una vara a Israel y con otra a China. No hay superioridad moral posible cuando se denuncia con vehemencia a una democracia y se falla en proteger a quienes arriesgan su libertad y la vida de sus familiares enfrentando a una dictadura.

Pillay puede exhibir una trayectoria destacada en la lucha contra el apartheid sudafricano y en la justicia penal internacional. Nadie necesita desconocer esos antecedentes para advertir que tampoco borran sus responsabilidades, sus contradicciones ni los gravísimos cuestionamientos que pesan sobre su gestión.

El Comité Noruego del Nobel ha optado por exaltar una parte de su biografía y pasar por alto episodios que ponen en duda precisamente la integridad que pretende recompensar.

El resultado es un premio profundamente desacreditado. Porque cuando la defensa de los derechos humanos deja de ser universal para convertirse en selectiva, ya no estamos ante una cuestión de justicia, sino de ideología.

Y cuando esa doble moral recibe el Premio Nobel de la Paz, el desprestigio no alcanza sólo a la galardonada. Alcanza también a quienes decidieron premiarla.

El primer ministro británico, Andy Burnham, atribuyó a la Guardia Revolucionaria iraní un presunto complot contra una base aérea utilizada por Estados Unidos. La denuncia provocó sanciones, una protesta diplomática y una declaración conjunta de 32 países. El episodio vuelve a poner de manifiesto los métodos clandestinos con los que Teherán proyecta su influencia y sus amenazas más allá de sus fronteras.

El primer ministro británico, Andy Burnham, formuló este lunes una gravísima acusación contra el régimen iraní: la operación sospechosa detectada el pasado 27 de setiembre en las inmediaciones de la base aérea de RAF Fairford, en Gloucestershire, habría sido coordinada desde Irán y dirigida por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el poderoso aparato militar e ideológico de la teocracia de Teherán.

Ante la Cámara de los Comunes, Burnham sostuvo que existía una «alta probabilidad de que la operación hubiera sido coordinada desde Irán y casi total certeza de que hubiera sido dirigida por la Guardia Revolucionaria». No se trata, por lo tanto, de una mera especulación periodística, sino de una atribución oficial de responsabilidad formulada por el jefe del gobierno británico.

Los hechos se remontan a la madrugada del 27 de setiembre, cuando cinco ciudadanos británicos de entre 20 y 29 años fueron detenidos cerca de la base, tras llegar a sus inmediaciones en tres camionetas blancas. En los vehículos se encontró combustible, aunque no explosivos. La investigación condujo posteriormente a otras dos detenciones. Los siete sospechosos fueron puestos en libertad bajo fianza policial y permanecen bajo investigación.

Según informaciones recogidas por Reuters de fuentes estadounidenses, los servicios de seguridad investigan la posibilidad de que se estuviera preparando un ataque con drones contra los bombarderos norteamericanos estacionados en Fairford. La amenaza fue considerada suficientemente seria como para que Estados Unidos retirara de esa instalación 12 bombarderos estratégicos B-1.

La elección del eventual objetivo dista de ser casual. Fairford ha desempeñado un papel en las operaciones militares estadounidenses contra Irán. Un ataque contra esa base supondría trasladar el enfrentamiento a territorio europeo, utilizando procedimientos clandestinos y colaboradores locales para eludir la responsabilidad directa de Teherán.

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, agregó un elemento particularmente inquietante: la operación habría sido coordinada por una persona conocida por los servicios de seguridad y situada en territorio iraní. Denunció, además, que el régimen recurre a organizaciones criminales y a intermediarios para ejecutar acciones hostiles en el extranjero, preservando una apariencia de desvinculación oficial.

El gobierno británico respondió convocando al embajador iraní e imponiendo nuevas sanciones a dos individuos vinculados con las operaciones exteriores de Teherán. Uno de ellos, Ruhollah Bazghandi, dirige actividades de contraespionaje de la Guardia Revolucionaria. El otro, Shahram Ali Reza Tamarzadeh Jakki, está relacionado con la red criminal Zindashti, señalada por su participación en operaciones contra disidentes iraníes.

La reacción trascendió el ámbito bilateral. Una declaración conjunta suscrita por 32 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá y Australia, respaldó la atribución británica de responsabilidad a Irán y condenó las operaciones violentas, los sabotajes, los incendios provocados y los ciberataques utilizados contra intereses occidentales. El documento recordó también las recientes agresiones contra comunidades judías, periodistas iraníes y objetivos estadounidenses en Europa.

Teherán negó categóricamente cualquier participación en el episodio y reclamó pruebas. Es cierto que la investigación policial continúa y que todavía no se han presentado públicamente elementos suficientes para establecer judicialmente las responsabilidades individuales. Pero esa necesaria cautela no disminuye la gravedad de la evaluación de inteligencia británica ni de la reacción diplomática que ha provocado.

El caso ilustra una dimensión particularmente preocupante de la actuación del régimen iraní: su capacidad para recurrir a redes clandestinas, organizaciones criminales y grupos interpuestos cuando considera conveniente golpear a sus adversarios fuera de su territorio. Es una modalidad que permite amenazar, intimidar o ejecutar actos de sabotaje sin asumir formalmente sus consecuencias.

La cuestión de fondo excede, entonces, lo ocurrido en una base aérea británica. Se trata de determinar hasta dónde está dispuesto a llegar un régimen que, además de reprimir a su propia población, es acusado reiteradamente de utilizar la violencia clandestina como instrumento de política exterior.

La respuesta de Londres y de sus aliados constituye una señal de que semejantes procedimientos no pueden ser aceptados como una manifestación normal de las relaciones internacionales. Si la investigación confirma las responsabilidades denunciadas, el episodio de Fairford habrá demostrado que la guerra clandestina de Teherán puede alcanzar el corazón mismo de Europa.

La rebaja de las previsiones de crecimiento del FMI confirma las dificultades de la economía argentina. Javier Milei consiguió avances importantes en el ordenamiento fiscal y la lucha contra la inflación, pero la debilidad de la actividad, el deterioro social y la insuficiente recuperación de los ingresos alimentan un creciente malhumor ciudadano. Por ahora, el recuerdo de los desastrosos años del kirchnerismo continúa siendo su principal protección política.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una paradoja cada vez más evidente: ha conseguido ordenar aspectos fundamentales de la economía argentina, pero no logra que esos avances se traduzcan en una mejoría sostenida de la vida cotidiana. La estabilización macroeconómica, imprescindible para superar el desastre heredado, comienza a mostrar sus limitaciones cuando no viene acompañada de crecimiento, empleo y recuperación del poder adquisitivo.

El Fondo Monetario Internacional acaba de proporcionar una señal de alarma. Redujo del 3,5% al 2,1% su previsión de crecimiento para 2026 y del 4% al 3,5% la correspondiente a 2027. Después de haber crecido un 4,5% en 2025, la economía argentina enfrenta una desaceleración mucho más pronunciada de lo esperado. Peor aún, la nueva proyección la sitúa por debajo del crecimiento previsto para América Latina, del 2,3%.

Sería injusto desconocer los méritos de Milei. La eliminación del déficit fiscal crónico y la drástica reducción de la inflación representan conquistas de primera magnitud en un país devastado por décadas de irresponsabilidad económica. El kirchnerismo dejó una herencia de inflación descontrolada, distorsiones cambiarias, subsidios insostenibles, intervencionismo arbitrario y pérdida de confianza. Milei tuvo el coraje de enfrentar problemas que otros gobiernos prefirieron ignorar.

Sin embargo, el ordenamiento de las cuentas públicas no equivale automáticamente al progreso económico. La inflación, aunque considerablemente menor, continúa siendo elevada, mientras los salarios, las jubilaciones y los ingresos familiares siguen sometidos a fuertes presiones. Para millones de argentinos, llegar a fin de mes continúa siendo una tarea angustiante.

Los indicadores sociales y productivos confirman estas dificultades. La pobreza, que había disminuido significativamente durante 2025, volvió a aumentar del 28,2% al 32,3% en el primer semestre de 2026, aunque todavía permanece por debajo de los niveles heredados del gobierno de Alberto Fernández. El desempleo alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre y buena parte de la industria, la construcción y el comercio atraviesa serias dificultades. Mientras la energía y la minería muestran perspectivas favorables, amplios sectores vinculados al mercado interno continúan estancados.

El gobierno parece confiar excesivamente en que la estabilidad macroeconómica generará, casi espontáneamente, una expansión de la inversión y el empleo. Pero la estabilidad, aunque indispensable, no es suficiente. La apertura económica y la competencia resultan necesarias para modernizar una estructura productiva largamente protegida, pero deben acompañarse de condiciones razonables de competitividad, financiamiento e inversión. De lo contrario, existe el riesgo de destruir capacidades productivas antes de que aparezcan otras capaces de sustituirlas.

Todo esto comienza a tener consecuencias políticas. El malhumor ciudadano crece y se refleja en los estudios de opinión. Encuestas recientes registran niveles de desaprobación del gobierno cercanos al 60%, mientras una mayoría expresa preocupación por la marcha de la economía. A ello contribuye el estilo permanentemente confrontativo del Presidente, más dispuesto a descalificar a sus críticos que a reconocer las dificultades de su propia gestión.

Milei cuenta, sin embargo, con una ventaja política formidable: el recuerdo todavía muy vivo de los nefastos años del kirchnerismo. Millones de argentinos no han olvidado la inflación galopante, la corrupción, el despilfarro de recursos públicos y el deterioro institucional. Muchos de quienes hoy cuestionan al gobierno siguen considerando que el regreso del kirchnerismo sería una alternativa todavía peor. Ese recuerdo funciona como un poderoso amortiguador del descontento.

Pero semejante ventaja tiene límites. A medida que transcurre el mandato, la responsabilidad por la situación económica deja de atribuirse exclusivamente a la herencia recibida y comienza a recaer sobre quienes gobiernan. El pasado puede explicar la paciencia de una sociedad, pero no justificar indefinidamente la ausencia de resultados.

La Argentina necesita perseverar en la disciplina fiscal, consolidar la estabilidad monetaria y abandonar definitivamente las recetas populistas que tantas veces la condujeron al fracaso. Pero también necesita crecimiento, empleo y un horizonte de progreso que alcance a sectores mucho más amplios de la población.

El desafío de Milei ya no consiste solamente en demostrar que podía ordenar una economía desquiciada. Consiste en probar que su programa puede construir una sociedad más próspera y menos empobrecida.

Por ahora, el recuerdo del kirchnerismo sigue jugando a su favor. Pero ningún gobierno puede sostener indefinidamente su legitimidad sobre la comparación con un pasado desastroso. Tarde o temprano, los ciudadanos dejarán de preguntarse si están mejor que bajo sus antecesores y comenzarán a exigir, sencillamente, estar mejor.

Ese momento parece estar acercándose.