Mientras el mundo compite por abrir mercados, atraer inversiones y generar empleo industrial exportando más, la Confederación de Sindicatos Industriales insiste en recetas proteccionistas que ya fracasaron en todas partes. Ahora, incluso, traslada a la Cancillería sus prevenciones sobre el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico: un acuerdo que puede abrir nuevas oportunidades para la industria y el trabajo nacional.

La Confederación de Sindicatos Industriales volvió a exhibir una preocupante desconexión con la realidad económica internacional. En una nota publicada por La Diaria el 15 de mayo, la organización sindical expresó su rechazo y preocupación ante el proceso de adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) y anunció además que solicitó una reunión con la vicecanciller Valeria Csukasi para trasladarle sus objeciones al proceso de inserción internacional que impulsa el gobierno.

El problema no es solamente la oposición al acuerdo. El verdadero problema es que detrás de ese rechazo aparece, otra vez, una concepción económica cerrada, defensiva y anacrónica, que parece no haber aprendido nada de las últimas décadas. Mientras el mundo compite por integrarse a cadenas globales de valor, captar inversiones y abrir mercados para exportar más, la CSI sigue aferrada a la lógica del proteccionismo, la desconfianza hacia el comercio internacional y la idea de que el Estado puede blindar artificialmente sectores que ya no son competitivos.

La CSI propone, por ejemplo, una “moratoria regulatoria” de entre 36 y 60 meses para los capítulos vinculados a compras públicas y empresas estatales. Es decir: retrasar durante años la aplicación de reglas de competencia e integración económica para preservar privilegios y zonas protegidas.

También reclama un “blindaje” de las empresas públicas, con reservas explícitas para preservar el rol de Ancap, UTE y Antel, además de excluir infraestructura estratégica y servicios esenciales de las obligaciones de competencia comercial. Traducido al lenguaje real: mantener mercados cautivos, reducir competencia y perpetuar estructuras estatales protegidas de cualquier presión modernizadora.

Como si eso fuera poco, la central sindical propone una reserva obligatoria del 20% de las compras públicas para pymes nacionales. La idea puede sonar atractiva desde lo discursivo, pero en los hechos implica encarecer adquisiciones del Estado, restringir competencia y consolidar sistemas de protección artificial que terminan castigando al consumidor y al contribuyente.

El capítulo más revelador es quizás el relativo a la “defensa del empleo industrial”. Allí la CSI plantea negociar plazos de desgravación arancelaria de entre 15 y 20 años para la manufactura. Es decir: mantener barreras proteccionistas durante dos décadas más para sectores que, justamente, necesitan competir, innovar y modernizarse.

El problema es que esa receta ya fracasó.

Uruguay no pierde empleos industriales porque comercie demasiado con el mundo. Los pierde, justamente, porque durante años tuvo enormes dificultades para insertarse competitivamente en los mercados más dinámicos. Los países que hoy generan empleo industrial de calidad no son los que se encierran: son los que exportan más, innovan más y participan más activamente del comercio internacional.

La experiencia internacional es contundente. Economías pequeñas y medianas que apostaron a la apertura inteligente —desde Nueva Zelanda hasta Vietnam— multiplicaron exportaciones, atrajeron inversiones y desarrollaron industrias más sofisticadas. En cambio, los modelos basados en barreras, subsidios permanentes y protección corporativa terminaron produciendo industrias ineficientes, productos caros y, finalmente, destrucción de empleo.

El propio debate sobre el CPTPP revela la magnitud del atraso conceptual. El acuerdo reúne cerca del 15% del comercio mundial y ofrece acceso preferencial a mercados estratégicos de Asia y Oceanía. Distintos análisis económicos han señalado que el ingreso de Uruguay podría incrementar significativamente las exportaciones nacionales.

Sin embargo, desde ciertos sectores sindicales se sigue mirando la economía con categorías de los años setenta: cerrar, proteger, regular más y desconfiar del comercio exterior. El resultado inevitable de ese enfoque es menos inversión, menos competitividad y menos trabajo.

Además, existe una contradicción evidente. Los sindicatos industriales dicen defender el empleo, pero las medidas que promueven terminan encareciendo costos, alejando inversiones y dificultando precisamente la creación de puestos laborales sostenibles. Ninguna empresa industrial relevante decide instalarse o expandirse en un país que transmite hostilidad hacia la apertura comercial y rigidez permanente.

La discusión tampoco debería plantearse como una falsa dicotomía entre trabajadores y comercio internacional. El verdadero desafío es cómo insertar a Uruguay en el mundo generando condiciones para que la industria pueda competir mejor: capacitación, innovación, infraestructura, reducción de costos logísticos y acceso a mercados. Pero para eso primero hay que aceptar un hecho elemental: el aislamiento no protege el empleo; lo condena lentamente a desaparecer.

La CSI parece seguir sin entender cómo funciona el mundo actual. Y mientras insiste en fórmulas agotadas el riesgo es que Uruguay vuelva a perder oportunidades históricas de integrarse a los grandes circuitos comerciales, atraer inversiones y generar empleo industrial genuino y sostenible.