¿Punto final?
Viernes 17 de julio de 2026. Lectura: 4'
 El archivo de una investigación administrativa no equivale a la desaparición de los hechos que la motivaron. Cuando las denuncias son reiteradas, se arrastran desde distintos ámbitos de la función pública y describen patrones similares de conducta, la decisión de clausurar el procedimiento sin una explicación convincente deja más interrogantes que certezas.
La decisión del presidente Yamandú Orsi de dar por terminada la investigación administrativa sobre las denuncias de violencia laboral contra Alejandra Casablanca, en el marco de la reestructura que unificó las secretarías de Derechos Humanos y de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, resulta difícil de comprender desde la perspectiva de la buena administración pública.
No se trata aquí de discutir la potestad del Poder Ejecutivo para reorganizar dependencias o reasignar funciones. Esa competencia existe y forma parte de las atribuciones del gobierno. Lo que cuesta entender es por qué una modificación administrativa debería traducirse en el cierre de una investigación originada en denuncias concretas formuladas por funcionarios públicos.
Las denuncias no desaparecen porque cambie el organigrama.
Los hechos denunciados tampoco.
Y, sobre todo, las personas que los denunciaron continúan existiendo.
Un patrón que viene de lejos
El caso Casablanca nunca fue un episodio aislado. Antes de llegar a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, ya habían existido denuncias de trabajadores durante su actuación en la Intendencia de Montevideo, donde también se señalaron situaciones de abuso y violencia laboral. Correo de los Viernes documentó oportunamente esos antecedentes y la preocupación que generaban. La reiteración de episodios semejantes convertía las denuncias actuales en algo que merecía, precisamente, una investigación seria y concluyente.
Posteriormente se sumaron cinco denuncias formales de funcionarios de Presidencia, quienes describieron un ambiente de hostigamiento, destratos, presiones y persecución laboral. La existencia misma del procedimiento administrativo respondía a que las autoridades entendieron que las acusaciones ameritaban ser investigadas.
El informe elaborado por el Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo describió un "clima laboral hostil" con naturalización de conductas violentas, aunque también sostuvo que ese deterioro no podía atribuirse exclusivamente a Casablanca y recomendó una renovación integral del equipo.
Precisamente por esa complejidad resultaba necesario que la investigación culminara con una resolución de fondo.
No con su archivo.
El archivo no responde las preguntas
La resolución presidencial adopta las recomendaciones del informe técnico y clausura las actuaciones administrativas. Jurídicamente puede ser una decisión posible.
Políticamente resulta mucho más difícil de explicar.
Porque el archivo deja sin respuesta cuestiones esenciales.
¿Se concluyó que no existió violencia laboral?
Si esa fue la conclusión, ¿por qué el propio informe habla de un “clima laboral hostil” y de “conductas violentas naturalizadas”?
¿Se entendió que existieron problemas pero que no correspondía atribuir responsabilidades?
¿O simplemente se decidió que, al desaparecer la estructura administrativa donde ocurrieron los hechos, ya no tenía sentido continuar?
Ninguna de esas preguntas parece recibir una respuesta suficientemente clara.
Cambiar de oficina no cambia los antecedentes
Existe además un aspecto práctico que el gobierno parece haber soslayado.
Alejandra Casablanca no dejó la función pública. Fue destinada a otras tareas dentro de la nueva estructura.
Entonces surge inevitablemente una pregunta que trasciende este caso particular. ¿Por qué debería suponerse que los problemas denunciados no volverán a repetirse?
Si durante años aparecen denuncias similares en distintos ámbitos de trabajo; si distintos funcionarios, en momentos diferentes, describen patrones parecidos de relacionamiento; si incluso un informe oficial reconoce un ambiente laboral gravemente deteriorado, ¿qué elemento objetivo permite concluir que el simple cambio de destino elimina el problema?
La respuesta no parece estar en el decreto.
Una señal preocupante
La violencia laboral constituye una de las materias respecto de las cuales el Estado exige mayores estándares a los empleadores públicos y privados.
Con razón.
El propio Estado impulsa protocolos, capacitaciones y procedimientos destinados a prevenirla y sancionarla.
Por eso llama la atención que, cuando las denuncias alcanzan a una jerarca de Presidencia de la República, el procedimiento termine archivado en coincidencia con una reestructura administrativa.
La mejor manera de proteger tanto a los denunciantes como a la propia denunciada habría sido llegar a una conclusión definitiva, fundada y transparente.
Si las denuncias eran infundadas, correspondía decirlo claramente.
Si existían responsabilidades, también.
Lo que resulta difícil de justificar es que un expediente desaparezca administrativamente mientras las dudas permanecen intactas.
Porque el problema nunca fue el nombre de una secretaría.
El problema era determinar si quienes denunciaban años de violencia laboral tenían razón.
Y esa pregunta, lejos de haber sido respondida, parece haber quedado simplemente archivada.
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