Denuncias acumuladas contra Alejandra Casablanca
Viernes 28 de noviembre de 2025. Lectura: 3'
 Las nuevas denuncias por maltrato reavivan un patrón que la administración ya no puede minimizar: el liderazgo de Alejandra Casablanca vuelve a quedar bajo serio cuestionamiento.
Las denuncias contra la periodista Alejandra Casablanca volvieron a sacudir a la administración pública, esta vez desde la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, de la que es titular, donde varios funcionarios la acusan de acoso laboral, destrato y violencia psicológica. La presentación formal ante Presidencia describe un clima laboral “intimidatorio, tenso e inestable”, con episodios de gritos, presiones indebidas, descalificaciones y hostilidad reiterada.
Juan Pablo Dos Santos, uno de los denunciantes, sostuvo que vivió “momentos oscuros”, que la situación afectó directamente su salud emocional y que dio el paso de denunciar “por salud, por dignidad profesional y por todos los trabajadores que merecen un ambiente de respeto”. Afirmó además: “No estoy solo”, subrayando que lo ocurrido excede su caso individual y forma parte de una dinámica que, según los testimonios, se consolidó en apenas unos meses de gestión.
Este no es, sin embargo, un hecho aislado en la trayectoria de Casablanca. En 2021, cuando dirigía TV Ciudad, la periodista Denisse Legrand la denunció por violencia laboral tras un episodio que describió como una reunión cargada de gritos, presiones para que renuncie y maltrato. Aunque la investigación administrativa de la Intendencia de Montevideo terminó sin atribuir responsabilidades, el conflicto no desapareció de la memoria institucional: el caso generó un ruido considerable dentro del canal y dejó instaladas dudas sobre su estilo de conducción. Que cuatro años después surja un nuevo grupo de trabajadores alegando comportamientos similares no puede considerarse una coincidencia menor.
La acumulación de denuncias provenientes de distintos ámbitos públicos —desde TV Ciudad hasta la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente— obliga a evaluar con seriedad el patrón que parece repetirse. Las instituciones no pueden permitirse liderazgos que erosionen la confianza interna ni climas laborales que afecten la salud de los funcionarios. En cualquier organismo del Estado, y más aún en áreas sensibles como la memoria histórica y los derechos humanos, la integridad del vínculo jerárquico no es un detalle: es la base de la legitimidad. Cuando quienes están al frente reproducen dinámicas de intimidación, el daño no se limita a las personas directamente involucradas, sino que se extiende al prestigio y al funcionamiento de toda la estructura.
Las denuncias contra Casablanca, tanto las de 2021 como las de 2025, revelan señales que no pueden seguir siendo relativizadas ni diluidas en trámites administrativos. El Estado tiene la obligación de proteger a sus trabajadores y de garantizar que quienes ocupan cargos de conducción sean capaces de ejercer el poder sin degradar a los subordinados. Ignorar estas advertencias, o tratarlas como meros choques personales, sería un error que terminaría reproduciendo el mismo ambiente tóxico que ya fue descrito en más de una oportunidad. La evidencia acumulada invita a cuestionar si asignarle posiciones de autoridad a Casablanca es compatible con el resguardo institucional que el servicio público exige. En un país que se precia de tener estándares democráticos sólidos, mirar para otro lado ante reiteradas denuncias de maltrato no es una opción.
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