Prohibir los monoambientes en nombre de la “dignidad” suena noble, pero encierra una verdad incómoda: cuando el Estado elimina la opción más accesible del mercado, no mejora la vida de nadie, simplemente la encarece. La iniciativa frenteamplista corre el riesgo de convertir un problema habitacional en una crisis de exclusión, todo por legislar desde el gusto personal y no desde la realidad económica.

El senador frenteamplista Gustavo González (PS) impulsa un proyecto de ley que busca prohibir la construcción de monoambientes en Uruguay. La iniciativa, según explicó, parte de la premisa de que “no puede un ser humano vivir en un ambiente”, argumentando que se trata de espacios “horribles” que afectan la calidad de vida y la salud mental.

La propuesta apunta a establecer un metraje mínimo superior al actual para las nuevas unidades habitacionales, lo que en la práctica eliminaría los apartamentos de un solo ambiente del mercado formal. El razonamiento es simple: si se obliga a construir unidades más grandes, se garantizaría —según sus promotores— una vivienda “más digna”.

El problema es que esa lógica parte de una concepción profundamente paternalista del Estado y desconoce cómo funciona el mercado inmobiliario.

La matemática que el proyecto ignora

En un terreno determinado caben determinadas unidades. No es ideología, es geometría. Si se obliga a que cada apartamento tenga más metros cuadrados, el desarrollador deberá construir menos unidades. Menos oferta frente a una demanda constante implica una consecuencia inevitable: aumento de precios.

Cuando el legislador sostiene que agregar algunos metros “no cuesta nada”, omite que el costo del suelo se distribuye entre cada unidad. Si el edificio tiene menos apartamentos, cada uno absorbe una porción mayor del terreno. Además, en zonas céntricas donde el metro cuadrado es más caro, el monoambiente es muchas veces la única forma de viabilizar proyectos y mantener precios relativamente accesibles.

Eliminar esa tipología no genera viviendas más amplias para todos; genera menos viviendas para quienes hoy solo pueden pagar las más pequeñas.

La puerta de entrada a la independencia

Para miles de jóvenes, estudiantes, trabajadores recién independizados o personas solteras, el monoambiente no es un lujo: es la única opción viable para vivir cerca del trabajo, del estudio o de servicios urbanos esenciales.

Prohibirlos no hará que quienes hoy alquilan 25 metros cuadrados pasen mágicamente a uno de 40 o 50. Lo más probable es que sean desplazados hacia la periferia, compartan vivienda forzadamente o, en el peor de los casos, queden fuera del mercado formal.

Paternalismo socialista

El trasfondo ideológico del proyecto es claro: el legislador asume que el ciudadano no está en condiciones de decidir qué es mejor para sí mismo. Si alguien elige vivir en un espacio pequeño para privilegiar ubicación o precio, el Estado interviene para decirle que esa elección no es válida.

Ese enfoque transforma la preferencia individual en una decisión tutelada. Bajo la bandera de la “dignidad”, se elimina una opción del menú. Y cuando se elimina el escalón más bajo de la escalera habitacional, lo que se restringe no es la indignidad, sino la movilidad social.

El verdadero problema de la vivienda

El acceso a la vivienda en Uruguay está tensionado por múltiples factores: costo del suelo, presión fiscal, cargas regulatorias, costos laborales, burocracia, exigencias técnicas y limitaciones urbanísticas. Sumar otra prohibición no alivia ninguna de esas variables; las agrava.

Reducir la oferta en nombre de la calidad puede sonar bien en el discurso, pero en la práctica encarece el sistema entero. Y los precios más altos no los paga el “gran capital”: los paga el inquilino.

Legislar la preferencia personal

Transformar una preferencia estética en norma jurídica es una forma de arrogancia política. Si a un senador le resulta desagradable vivir en 25 metros cuadrados, está en su derecho de no hacerlo. Lo que no parece razonable es utilizar la fuerza de la ley para impedir que otros lo hagan.

El mercado no obliga a nadie a vivir en un monoambiente. Lo que obliga es el presupuesto disponible. Y si ese presupuesto ya es ajustado, la respuesta no puede ser eliminar la opción más accesible.

La historia económica es clara: cuando el Estado cierra puertas en nombre de la protección, muchas veces termina empujando a los más débiles hacia la informalidad o la exclusión.

El proyecto contra los monoambientes no amplía derechos; los restringe. No crea dignidad; impone un estándar único. Y en el camino, corre el riesgo de encarecer aún más un problema que ya es suficientemente complejo.

La vivienda digna no se construye prohibiendo lo posible, sino ampliando lo viable.