Correo de los Viernes - Prohibido olvidar

Prohibido olvidar

Viernes 7 de marzo de 2025. Lectura: 5'

Culminado el mandato de la Coalición Republicana el pasado 1º de marzo, corresponde hacer un balance ponderado de estos cinco años (2020-2025) a la luz de las políticas públicas que marcaron la ruta. El documento “Uruguay más libre” –difundido recientemente por la Coalición– deja en claro que hubo avances sustantivos, pese a un escenario adverso: pandemia, conflictos internacionales, inflación global y sequía histórica. Contra todos los vaticinios, el país no solo resistió, sino que también registró crecimiento, fue una “isla de estabilidad”.

Tal vez lo más notable de este período haya sido el concepto rector de la administración: la libertad. Más que una consigna, fue la piedra angular desde la cual se tomaron las decisiones más importantes, incluso en los días más críticos de la emergencia sanitaria. Se apostó a la “libertad responsable” en lugar de imponer cuarentenas totales u otras restricciones extremas que, a la vista quedó, fueron desastrosas.

La pandemia exigió respuestas ágiles en materia de salud y empleo. En esta línea, se generaron programas de seguro de paro flexible y subsidios a microempresas, se ofreció un régimen innovador de cobertura a trabajadores independientes y se reforzaron partidas de transferencias sociales a sectores vulnerables (Tarjeta Uruguay Social y Asignaciones Familiares-Plan de Equidad). La red de protección social del país se expandió en un 40 % en términos de beneficiarios, una medida ineludible al inicio de la crisis. Ese respaldo, sumado a los regímenes especiales para la reactivación, dio resultado: para fines de 2024, la cantidad total de empleos se ubicó entre 110.000 y 115.000 puestos más que en 2019, y el salario real terminó siendo mayor al de la prepandemia.

Durante el período 2020-2022, el gasto financiado con el Fondo Solidario Covid-19 totalizó US$ 2.430 millones, de los cuales US$ 807 millones se destinaron a medidas sanitarias, US$ 418 millones a medidas sociales y US$ 1.205 millones a medidas económicas y de empleo. Además, el programa especial de seguro de desempleo parcial tramitó 8.452 expedientes y amparó a más de 43.000 trabajadores, con un gasto de US$ 415 millones en 2020 (241 millones por encima del gasto prepandemia).

En materia económica, el manejo responsable de la política fiscal y monetaria fue otro hito. El gobierno de Coalición fijó la “regla fiscal” en la Ley de Urgente Consideración (LUC), con metas claras de equilibrio presupuestal y de deuda, y alentó la inversión privada a través de incentivos que, según datos oficiales, beneficiaron más de 13.700 empresas en tiempos de pandemia. No es casual que Uruguay haya logrado la calificación crediticia más alta de su historia y el riesgo país más bajo de la región. En concreto, a través de la línea SIGA se garantizaron US$ 506 millones y se otorgaron créditos por US$ 689 millones, apoyando a 13.700 empresas (principalmente mipymes) y protegiendo aproximadamente 110.000 puestos de trabajo.

Un punto angular de la gestión de la Coalición fue la recién mencionada LUC, iniciativa ratificada por la ciudadanía en un recordado referéndum pandémico. Las reformas abarcadas por dicha norma, más allá de su diversidad temática (seguridad ciudadana, educación, empleo, libertad financiera, régimen de adopciones, entre otras), pivotaron en torno a la idea de ampliar la libertad individual. Por ejemplo, se potenció la legitimidad de la policía para combatir el delito, se respaldó la acción policial en caso de flagrancia, se fortalecieron las penas a encubridores y se prohibieron los piquetes que impidieran la libre circulación. Pese a las críticas, las cifras de seguridad mejoraron significativamente, reflejando una caída en rapiñas, hurtos y otros delitos.

En la parte educativa, el gobierno impulsó la llamada Transformación Educativa. Luego de décadas de parálisis, se incorporaron cambios en la gobernanza del sistema, potenciando la autonomía de los directores y reforzando el rol de la Anep y el Codicen. Se inició una reforma curricular para que los planes de estudio se adapten a la realidad tecnológica y social, y se jerarquizaron los institutos de formación docente. “Más libertad en los centros, menos burocracia en el sistema” fue la consigna repetida por las autoridades del área. Además, en el marco de la pandemia, Uruguay fue pionero en el retorno a la presencialidad tras la primera ola de covid, y gracias a un despliegue logístico sin precedentes, administró cerca de 7.000.000 de dosis de vacuna en 2021, superando las 7.600.000 a inicios de 2022; para ese entonces, el 83,6% de la población contaba con al menos una dosis, el 76,9% con dos y más de 1.915.000 personas con tres.

Tampoco puede obviarse la reforma de la seguridad social. A través de una comisión de expertos, se trazó un diseño previsional común, avanzando en la sostenibilidad de las jubilaciones sin perder justicia social. Se elevó gradualmente la edad de retiro, a la vez que se cuidó a las personas con trayectorias laborales frágiles. Durante años se anunciaba la urgencia de esta reforma; la Coalición, con alto costo político, decidió enfrentarla (veremos, ahora, qué es lo que sucede…).

En paralelo, la agenda de obras dio un salto significativo. Desde vialidad a la mejora de puertos, se informó de más de 1.500 intervenciones en todo el territorio (georreferenciadas en la plataforma UyMap). El rubro vivienda tampoco quedó al margen: se habilitaron esquemas de alquiler sin garantía y se reforzó la acción de Mevir, extendiendo su radio a los centros poblados de hasta 5.000 habitantes. En la ciudad, se incorporaron 315 cupos de respuesta en centros de 24 horas para la población en situación de calle, además de 159 cupos para personas que debieron guardar cuarentena.

Los datos económicos y sociales confirman que no hubo un “descontrol” de gasto en la recta final y que, pese a dos crisis prácticamente encadenadas –la pandemia y la sequía–, Uruguay mantuvo su índice de competitividad y siguió captando inversiones extranjeras. Por otro lado, el ingreso medio de los hogares recuperó y superó niveles prepandemia; la inflación se mantuvo por 20 meses consecutivos en el rango meta del Banco Central; y se afrontó una reforma que, se sabe, será clave para la siguiente generación.

¿Quedó algo en el debe? Sí, por supuesto. Siempre hay cosas por hacer. Con todo, el gobierno saliente deja la vara alta. Un punto de partida valioso que el nuevo gobierno, esperemos, sepa aprovechar y potenciar.