Más ministerios y una universidad
Viernes 29 de mayo de 2026. Lectura: 3'
Por Julio María Sanguinetti
Mientras el país discute nuevas estructuras estatales y más burocracia, el verdadero debate debería centrarse en las prioridades fiscales y la eficiencia del Estado. Julio María Sanguinetti cuestiona la creación de nuevos ministerios y de una Universidad de la Educación en un contexto de déficit creciente, gasto rígido y escaso margen para atender las áreas esenciales.
Están en discusión dos nuevos ministerios. Ya no es sólo el tan llevado y traído de Justicia. Ahora hemos añadido el de Ciencia y Tecnología.
Por supuesto, no es un debate dogmático. Que exista un ministerio dedicado a los temas tecnológicos a nadie le puede parecer mal. Que haya otro de Justicia no es tampoco una extravagancia uruguaya, porque los hay en otros países.
El tema es, para variar, la cuestión de las prioridades. Un ministerio no es solo un ministro, un subsecretario y un director general. Requiere asesoramiento jurídico, una contabilidad, desde ya un local y suma y sigue. Por más que recojan las numerosas instituciones ya existentes, con sus estructuras, el proceso es acumulativo, ya que creada la institución tendrá que legitimarse con acciones. De donde saldrán nuevas cargas fiscales para un país cuyos números están en tensión.
Añadamos a esto la propuesta de Universidad de la Educación. Como ya hemos dicho y explicado más de una vez, es un error conceptual grave: vuelve a quebrar la coherencia del sistema. Un nuevo organismo autónomo formará los docentes que su criterio estime, seguramente distintos de los del Codicen, que es quien luego requerirá de esos docentes para cumplir sus cometidos. Aparte del concepto, generaremos otra presión más en el gasto público. Una universidad no será simplemente el cambio de nombre del actual Consejo para la Formación en Educación. Será un enorme cambio institucional.
Por mi formación batllista, no tengo una actitud reactiva a las instituciones del Estado, con las que históricamente nos hemos identificado. El tema es que no se trata de defender cualquier institución y en cualquier momento. Un país con el déficit del nuestro tiene que ir con pies de plomo justamente para que el Estado opere como un gran órgano regulador y no como un pesado elefante al que hay que alimentar. Se trata de tener un Estado que preste sus servicios esenciales y que hoy, notoriamente, tiene sus prioridades en la seguridad y la primera infancia.
La cuestión es que el déficit fiscal es importante. Fue el año pasado un 4,7% del PBI, o sea alrededor de 3.500 millones de dólares, que se suman a los del 2024, solo un poco menos, y a los que habrá que agregar los del año que ya va corriendo y que andarán por ahí. Ya estamos pagando 2,3% del PBI de intereses por la deuda pública, que seguimos acrecentando. Es más que la inversión pública.
Allí está el otro problema. El 83% del gasto primario (o sea, antes de pagar intereses) corresponde a remuneraciones, por sueldos, jubilaciones o transferencias. Solo el 17% atiende todo el resto de las necesidades del Estado.
Hay un enorme desafío de eficiencia. De fina administración de las prioridades del Estado. Si seguimos creando instituciones al impulso de buenas intenciones pero que no son gratuitas, no llegaremos lejos. Cada día se hará más difícil administrar un Estado cuya urgencia es lograr más inversiones, mejor competitividad y una creciente incorporación a esa nueva economía que nos desafía.
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