Las urnas también están para cumplirse
Edición Nº 1090 - Viernes 24 de julio de 2026. Lectura: 2'
 El PIT-CNT acusa al gobierno de incumplir los acuerdos del Diálogo Social sobre la reforma previsional. Sin embargo, la mayor obligación de un gobierno democrático no es ejecutar recomendaciones surgidas de una mesa de negociación, sino respetar el mandato que le otorgaron las urnas, incluso cuando ese mandato contradice las aspiraciones del Partido Comunista y de la central sindical.
Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT y dirigente del PCU, sostiene que “los acuerdos están para cumplirse”. La frase suena impecable. Lo que resulta mucho menos convincente es que quienes hoy la enarbolan parezcan olvidar que, en una democracia, el acuerdo supremo no nace de una mesa de negociación sino de las urnas.
La controversia surgió porque el gobierno decidió no incorporar las principales recomendaciones del llamado “Diálogo Social. La central sindical calificó esa decisión como un incumplimiento, anunció un paro general para el 11 de agosto y sostuvo que se lesionó la credibilidad del proceso de diálogo.
Sin embargo, el Diálogo Social nunca sustituyó al sistema democrático. Fue, a lo sumo, un ámbito consultivo para acercar posiciones y formular recomendaciones. La decisión política corresponde al Poder Ejecutivo y, en última instancia, al Parlamento, ambos surgidos del voto ciudadano. Ningún documento elaborado en una mesa de diálogo puede colocarse por encima del mandato popular.
La paradoja es evidente. Quienes reclaman el cumplimiento irrestricto de un acuerdo parcial son los mismos sectores que promovieron, hace menos de dos años, un plebiscito para desmontar el régimen previsional vigente. La ciudadanía rechazó esa propuesta con claridad. Ese pronunciamiento también fue un acuerdo nacional, pero alcanzado con el instrumento más legítimo de todos: el sufragio universal.
No sorprende, entonces, que el Partido Comunista del Uruguay vuelva a situarse en el centro de esta presión. La historia del comunismo internacional muestra una constante: la aceptación de la democracia suele durar mientras los resultados le son favorables. Cuando las urnas contradicen sus objetivos políticos, aparecen nuevas instancias, nuevas interpretaciones o nuevas formas de presión para obtener por otros caminos aquello que los ciudadanos negaron en las elecciones o en las consultas populares.
El derecho a discrepar y a movilizarse forma parte de cualquier democracia. También lo hace el derecho del gobierno a gobernar conforme al mandato recibido y a ejercer su criterio frente a recomendaciones que no está obligado a convertir en ley.
Los acuerdos, por supuesto, merecen respeto. Pero antes que cualquier acuerdo sectorial está el veredicto de los ciudadanos. Y ese sí, sin excepciones, está para cumplirse.
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