Correo de los Viernes - La rendición de cuentas y el riesgo de repetir errores

La rendición de cuentas y el riesgo de repetir errores

Viernes 29 de mayo de 2026. Lectura: 4'

Con una economía menos dinámica, un déficit persistente y proyecciones oficiales que ya comenzaron a mostrar fisuras, la rendición de cuentas se convertirá en una prueba decisiva para el gobierno de Yamandú Orsi. Mientras el equipo económico intenta preservar la credibilidad fiscal, sectores del Frente Amplio y el PIT-CNT presionan por más gasto en un momento donde el margen para equivocarse prácticamente desapareció.

La primera rendición de cuentas del gobierno de Yamandú Orsi se transformará en mucho más que una discusión presupuestal. Será, en los hechos, una prueba decisiva sobre la capacidad política y técnica del oficialismo para administrar una situación fiscal que ya luce más frágil de lo que el propio Poder Ejecutivo admitía hace apenas unos meses.

El gobierno insiste en que la rendición mantendrá una línea de “responsabilidad fiscal”, con prioridades acotadas y foco en infancia, seguridad, salud mental y protección social. Pero detrás de los mensajes tranquilizadores empieza a asomar una realidad más incómoda: el escenario macroeconómico empeoró, el crecimiento será menor al previsto y el margen fiscal es mucho más estrecho del que el oficialismo proyectó al elaborar el Presupuesto de 2025.

El problema central es político y económico a la vez. El gobierno diseñó su presupuesto sobre supuestos de crecimiento relativamente optimistas y sobre una expectativa de ingresos que hoy aparece difícil de concretar. La desaceleración económica comenzó a erosionar esas previsiones y obligó al Ministerio de Economía a revisar metas, estudiar postergaciones de gasto e incluso analizar ajustes temporales.

Eso deja a la administración de Orsi ante una contradicción delicada. Por un lado, el equipo económico encabezado por Gabriel Oddone procura transmitir moderación y continuidad institucional. Por otro, la coalición política que sostiene al gobierno —y especialmente varios sectores del Frente Amplio— presiona para expandir el gasto social, incrementar transferencias y acelerar compromisos asumidos en campaña.

La tensión ya empezó a hacerse visible. El Ejecutivo anunció partidas adicionales para políticas de infancia y otras prioridades sociales, al tiempo que descarta hablar de “gasto cero”. Sin embargo, los recursos disponibles no acompañan el volumen de demandas que comienzan a acumularse dentro de la izquierda y del movimiento sindical.

Allí aparece un actor decisivo: PIT-CNT. La central sindical ya dejó claro que reclamará aumentos presupuestales en educación, salud, salarios públicos y políticas sociales. El problema es que muchas de esas reivindicaciones parten de un diagnóstico equivocado: la idea de que Uruguay dispone de espacio fiscal suficiente para expandir el gasto sin consecuencias relevantes.

Los números muestran otra cosa. El déficit del Sector Público Global ronda el 4% del PIB y supera el 4,5% si se excluyen ingresos extraordinarios asociados al fideicomiso de la seguridad social. En términos prácticos, el Estado uruguayo sigue gastando sistemáticamente más de lo que recauda, en un contexto internacional menos favorable y con crecimiento debilitado.

Eso importa porque Uruguay conserva todavía una reputación de seriedad financiera construida durante décadas. Esa credibilidad no es un detalle técnico: es la razón por la cual el país mantiene acceso relativamente barato al financiamiento, estabilidad monetaria y niveles de riesgo moderados en comparación con buena parte de América Latina. Dilapidar esa fortaleza por razones ideológicas o electorales sería un error costoso.

La oposición ya comenzó a cerrar filas contra cualquier intento de financiar mayores gastos mediante nuevos impuestos o incrementos de presión tributaria. Y probablemente allí se configure el principal eje político de la discusión: cuánto puede gastar el gobierno sin deteriorar aún más la situación fiscal y sin enviar señales negativas a la inversión y al empleo.

El propio Oddone ha reconocido que algunas iniciativas impulsadas desde sectores de izquierda pueden afectar la inversión privada y el mercado laboral. Esa advertencia revela algo importante: dentro del oficialismo conviven dos almas económicas muy distintas. Una entiende que Uruguay necesita preservar estabilidad, competitividad y disciplina fiscal. La otra sigue viendo al Estado como herramienta casi ilimitada de expansión social, aun cuando las cuentas públicas ya muestran señales de agotamiento.

La rendición de cuentas será el punto donde esas dos visiones choquen de frente.

Y allí el gobierno enfrenta una responsabilidad que excede la interna partidaria. Después de haber sobreestimado el escenario económico en el Presupuesto de 2025, el margen para equivocarse otra vez prácticamente desapareció. Persistir en aumentos de gasto sin respaldo genuino sería profundizar un desequilibrio que luego terminarán pagando los contribuyentes, el crecimiento y el empleo.

Uruguay no enfrenta una crisis inmediata. Pero sí enfrenta algo más peligroso a largo plazo: la tentación de creer que la solvencia acumulada durante años permite ignorar los límites fiscales. La historia regional muestra que ese camino suele empezar con pequeños desvíos “transitorios” y terminar con ajustes mucho más dolorosos.

La verdadera prueba para Orsi no será aprobar la rendición. Será demostrar que su gobierno puede resistir las presiones de su propia base política y sindical cuando esas presiones chocan contra la realidad de las cuentas públicas.