Correo de los Viernes - La preocupación número uno

La preocupación número uno

Edición Nº 1098 - Viernes 18 de setiembre de 2026. Lectura: 6'

Fernando Pereira dice que la situación de Cuba es la principal preocupación geopolítica del Frente Amplio. La definición tiene interés: durante décadas, la fuerza política ha sido mucho más explícita al condenar las sanciones estadounidenses que al cuestionar el régimen de partido único, la represión de la disidencia, los privilegios de su élite o las decisiones económicas que contribuyeron a llevar a la isla a su actual estado de postración.

Ya sabemos cuál es la «preocupación número uno» del Frente Amplio en materia internacional. No es Ucrania, no es Oriente Medio, no es Nicaragua ni ninguna otra de las varias tragedias que ofrece el mundo contemporáneo. Según su presidente, Fernando Pereira, es Cuba.

Más concretamente, el «bloqueo» contra Cuba.

Pereira llevó el asunto a la reunión que el Frente Amplio mantuvo con Yamandú Orsi antes del viaje presidencial a Estados Unidos. Según declaró después en Caras y Caretas TV, los cubanos llegan a padecer hasta 48 horas sin electricidad por unas pocas horas de suministro y a la isla «no llega nada de alimentos y medicamentos», ni petróleo. Y concluyó: «Esa circunstancia que vive el pueblo cubano es la preocupación número uno del Frente Amplio».

La preocupación por los padecimientos de los cubanos es perfectamente atendible. Lo curioso es que parezca comenzar y terminar en Washington.

Porque Cuba es desde hace más de seis décadas un Estado de partido único, sin alternancia política ni elecciones competitivas, donde el gobierno controla los medios de comunicación y los organismos de seguridad detienen, hostigan y vigilan a opositores, periodistas y activistas. Human Rights Watch informó que en octubre de 2025 permanecían encarcelados cerca de 700 presos políticos y que centenares de participantes de las protestas de julio de 2021 continuaban sometidos a prisión u otras restricciones.

Sobre eso, la preocupación frenteamplista ha resultado históricamente bastante menos estridente.

Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio de 2021, la declaración oficial del Frente Amplio reconoció genéricamente el derecho a manifestarse, pero dedicó el grueso de su pronunciamiento a rechazar la «injerencia internacional», condenar el bloqueo y reafirmar su «solidaridad histórica e inquebrantable» con Cuba. No hubo allí una condena expresa a la represión ejercida por el gobierno cubano.

Tampoco resulta sencillo explicar la pobreza actual de Cuba mirando exclusivamente hacia Miami.

Cuba no publica indicadores de pobreza compatibles con los que permiten comparar regularmente a otros países, por lo cual sería impropio inventar porcentajes. Pero los indicadores disponibles son suficientemente elocuentes. El Programa Mundial de Alimentos asistió durante 2025 a 1,5 millones de cubanos y señala que el país sufrió una contracción del PIB del 15% en seis años, con crecientes problemas de seguridad alimentaria y dificultades en la distribución de la canasta básica.

Human Rights Watch recoge, además, una encuesta de 2025 según la cual siete de cada diez cubanos se saltaban alguna comida diaria y más de la mitad tenía dificultades para adquirir productos esenciales. La escasez de medicamentos es severa y los apagones alcanzan en algunas zonas hasta 20 horas diarias.

Esos apagones existen y son brutales. En eso Pereira no exagera.

Lo que resulta mucho más discutible es atribuirlos simplemente al «bloqueo».

La crisis energética cubana precede al último endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Reuters ya describía en 2024 una red envejecida y deficientemente mantenida, con plantas termoeléctricas fuera de servicio por averías y cortes de 14 horas o más en buena parte del país. En diciembre de aquel año volvió a colapsar la red nacional.

Y durante décadas Cuba tuvo quien pagara buena parte de la cuenta.

En los últimos años de la Unión Soviética recibió un promedio anual de unos US$ 4.300 millones entre subsidios y créditos, aproximadamente un 15% de su PIB calculado al tipo de cambio oficial. Moscú compraba azúcar en condiciones privilegiadas y suministraba petróleo subsidiado, incluso en volúmenes que permitían a Cuba revender una parte en el mercado internacional.

Después apareció Venezuela. El acuerdo firmado con Hugo Chávez llegó a suministrar del orden de 90.000 a 100.000 barriles diarios de petróleo en condiciones preferenciales, cubriendo durante años una parte sustancial del consumo energético cubano.

Hubo, por tanto, décadas en las que el régimen dispuso de una extraordinaria asistencia exterior. Sin embargo, no construyó una infraestructura energética capaz de sostener al país cuando esos benefactores desaparecieran o redujeran su ayuda. El resultado está ahora a oscuras.

Y hay otro capítulo que tampoco cabe cómodamente dentro de la palabra «bloqueo»: la corrupción, la opacidad y los privilegios de la élite.

El caso más significativo es GAESA, el gigantesco conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas que controla hoteles, puertos, bancos, comercios, estaciones de servicio, remesas y otros sectores generadores de divisas. Distintas estimaciones sitúan los activos bajo su órbita en magnitudes equivalentes a alrededor del 40% del PIB cubano. Sus balances no son públicos y permanece fuera de los mecanismos ordinarios de fiscalización civil. El propio Correo de los Viernes analizó esa estructura en mayo pasado en El pulpo militar que devora a Cuba.

La austeridad revolucionaria tampoco parece repartirse siempre con absoluta equidad.

Sandro Castro, nieto de Fidel, ha exhibido públicamente autos de alta gama, fiestas privadas y una holgada vida nocturna, además de ser propietario de un bar en El Vedado. Su tío Antonio Castro, hijo del líder revolucionario, fue fotografiado años atrás navegando en yate por las islas griegas.

Las sanciones estadounidenses, desde luego, existen y agravan la situación. Dificultan el financiamiento, el comercio y el acceso a determinadas importaciones. Sería tan simplista negar ese efecto como atribuirles todos los males de Cuba.

Pero incluso el lenguaje importa. Estados Unidos no mantiene un bloqueo naval que impida físicamente entrar mercancías en la isla. Mantiene un entramado de embargo y sanciones económicas y financieras, con excepciones y licencias para determinadas operaciones humanitarias. Sus efectos pueden ser muy graves sin necesidad de llamarlos algo que no son.

La pregunta relevante es otra: ¿explican esas sanciones seis décadas de baja productividad, centralización económica, dependencia sucesiva de benefactores extranjeros, falta de inversión suficiente en infraestructura, emigración masiva y deterioro de los servicios?

Atribuir todos los problemas al capitalismo tampoco parece convencer ya del todo a quienes administran el socialismo cubano. A lo largo de los años, el propio gobierno ha debido ampliar el trabajo privado, autorizar pequeñas y medianas empresas, permitir formas de mercado y ensayar sucesivas reformas para introducir incentivos allí donde la planificación centralizada no los producía.

El «bloqueo» no explica GAESA. No explica los presos políticos. No explica por qué la red eléctrica envejeció durante décadas. No explica qué se hizo con la formidable asistencia soviética ni con los años de petróleo venezolano barato. No explica las decisiones internas de inversión. Y ciertamente tampoco explica por qué algunos descendientes de la familia que predicó durante seis décadas el sacrificio revolucionario pueden disfrutar de una vida inaccesible para el cubano común.

Fernando Pereira ha aportado, de todos modos, una información política muy clara.

Cuba es «la preocupación número uno» del Frente Amplio.

Ahora sabemos también qué parte de Cuba preocupa.