Correo de los Viernes - La irresponsabilidad previsional tiene nombre: demagogia

La irresponsabilidad previsional tiene nombre: demagogia

Edición Nº 1102 - Viernes 16 de octubre de 2026. Lectura: 4'

El gobierno anuncia la jubilación a los 60 años como una conquista social, pero intenta demostrar su sostenibilidad mediante incentivos para que pocos la utilicen. Mientras tanto, relativiza la reforma de 2023, el pronunciamiento ciudadano de 2024 y las dificultades reales de los trabajadores con menos aportes.

El gobierno de Yamandú Orsi propone una nueva causal jubilatoria desde los 60 años, con 30 de aportes, y la presenta como un avance social. Sin embargo, el diseño anunciado contiene una contradicción fundamental: mientras se celebra el derecho al retiro anticipado, se establecen incentivos económicos para que los trabajadores permanezcan activos hasta los 65 años.

La pregunta resulta inevitable: ¿se busca resolver un problema previsional o exhibir una conquista política que pocos encontrarán conveniente utilizar? Si muchos adelantan su retiro, habrá que financiar sus consecuencias. Si casi nadie lo hace, habrá que explicar para qué se modifica una reforma estructural aprobada apenas tres años atrás.

El problema que no desaparece

Uruguay envejece, registra una natalidad persistentemente baja y deberá financiar jubilaciones durante períodos cada vez más prolongados. Esa realidad impulsó la reforma de 2023 y la transición gradual hacia los 65 años. Un retiro anterior significa, en principio, menos años de aportación y más años de prestaciones, salvo que existan ajustes compensatorios suficientes. Y tales ajustes implican beneficios menores para quien se jubila anticipadamente.

El gobierno sostiene que sus proyecciones actuariales preservan la sostenibilidad del sistema. Pero ha reconocido un costo máximo anual de 0,16% del PIB entre 2040 y 2045. No se trata, pues, de una reforma gratuita. Corresponde conocer las hipótesis sobre cantidad de beneficiarios, edad efectiva de retiro, prestaciones y escenarios alternativos. Que un costo resulte financiable tampoco demuestra que sea necesario ni prioritario.

Una ley para la tribuna

Aquí aparece el elemento político decisivo. El Frente Amplio combatió la reforma previsional anterior y algunos de sus sectores mantuvieron la reivindicación del retorno a los 60 años. La nueva causal les permite proclamar una victoria. Entretanto, el equipo económico procura limitar su utilización mediante incentivos para postergar el retiro, especialmente entre los trabajadores de ingresos medios y altos.

Así, unos pueden celebrar la conquista y otros tranquilizar sobre su costo. Pero la seguridad social no puede legislarse para satisfacer disputas internas del oficialismo. Y existe otro riesgo: si la causal resulta poco atractiva, mañana podrían reclamarse mejores prestaciones, menos restricciones o menores años de aportación. Entonces cambiarían también los cálculos sobre los que hoy descansa su supuesta inocuidad financiera.

Los que podrían quedar afuera

El gobierno invoca a los trabajadores de menores ingresos y a quienes desempeñan tareas exigentes. Sin embargo, para acogerse a esta causal no basta con tener 60 años: hay que acreditar 30 de aportes. Precisamente los trabajadores con empleos precarios, interrupciones e informalidad suelen encontrar mayores dificultades para reunirlos.

Una nota técnica de Nicolás Bene, elaborada para la Comisión de Expertos en Seguridad Social y publicada por el BPS en 2021, mostró que la densidad de cotización del quintil de menores ingresos era de apenas 48,2%, frente al 84,3% del quintil superior. Son datos de 2019 y no permiten determinar cuántos accederán a la nueva causal, pero muestran una desigualdad contributiva difícil de ignorar. La justicia social debe juzgarse por los beneficiarios efectivos, no por la espectacularidad del anuncio.

Una voluntad popular a conveniencia

En octubre de 2024, los uruguayos rechazaron una reforma constitucional que incluía el retorno general de la jubilación a los 60 años. El nuevo proyecto no es idéntico al plebiscitado, pero comparte ese objetivo. La contradicción oficialista se vuelve aún más evidente al recordar lo dicho por Alejandro Sánchez sobre los allanamientos nocturnos, rechazados en otra consulta de aquel mismo día: «La ciudadanía ya se expidió sobre ese instrumento».

¿Por qué aquel pronunciamiento serviría para cerrar una discusión y el rechazo de la reforma previsional podría relativizarse? Un plebiscito rechazado no impide jurídicamente legislar después, pero ese criterio debe valer para ambos asuntos. Para la izquierda, pareciera que la voluntad ciudadana queda grabada en piedra cuando coincide con sus posiciones y pierde todo valor orientativo cuando las contradice.

La contradicción final

La iniciativa se apoya, además, en incentivos vinculados con el suplemento solidario introducido por la reforma de 2023, aquella que el Frente Amplio tanto cuestionó. Es una paradoja elocuente: se utiliza parte de la arquitectura de la reforma anterior para desalentar el uso de la nueva causal que se presenta como una gran conquista.

La conclusión es sencilla. Si el retiro anticipado se utiliza ampliamente, el gobierno deberá demostrar cómo solventará sus efectos. Si las condiciones hacen que pocos lo elijan, deberá explicar qué problema real resuelve. Y si quienes más lo necesitan no reúnen los aportes, deberá reconocer los límites de su proclamada justicia social.

La seguridad social compromete recursos y derechos durante generaciones. No admite improvisaciones, concesiones ideológicas ni triunfos meramente simbólicos. No se gobierna el futuro previsional de un país legislando para la tribuna.