Correo de los Viernes - La CSI vuelve a confundir protección con empleo

La CSI vuelve a confundir protección con empleo

Viernes 21 de agosto de 2026. Lectura: 5'

La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) insiste en presentar el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico como una amenaza para el trabajo nacional. Sin embargo, las medidas que propone no apuntan a crear empresas competitivas y empleos sostenibles, sino a conservar puestos artificialmente mediante barreras, reservas de mercado y compras públicas dirigidas. Es la misma receta que durante décadas no evitó el retroceso industrial del país.

La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) volvió a manifestar su rechazo al ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (CPTPP). Esta vez lo hizo luego de una reunión con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que, según relató el dirigente Luis Echevarría a la diaria, se les informó que el proceso de adhesión “va viento en popa” y que ya se está analizando el acuerdo capítulo por capítulo para adecuarlo a la legislación nacional.

La reacción de la CSI fue, desafortunadamente, la previsible. Echevarría sostuvo que el tratado terminará perjudicando a las pequeñas y medianas empresas, afectará la soberanía de las empresas públicas e impedirá reservar una parte de las compras estatales para proveedores nacionales. También afirmó que la adhesión “se da de cara” con la Estrategia Nacional de Desarrollo impulsada por el propio gobierno.

El planteo vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que Correo de los Viernes ya abordó en dos oportunidades. El 22 de mayo, en La CSI insiste en recetas que destruyen empleo, advertimos que la CSI volvía sobre fórmulas proteccionistas y, apenas tres semanas después, en Y dale Juana con la palangana, señalamos que sus nuevas objeciones al CPTPP repetían los mismos argumentos de siempre. La expresión popular elegida entonces como título conserva toda su vigencia.

La preocupación por los trabajadores industriales es legítima. Uruguay ha perdido plantas, capacidades productivas y puestos de trabajo que no siempre pueden sustituirse con facilidad. Cuando una fábrica cierra, detrás de las cifras existen personas, familias y comunidades afectadas. Pero reconocer esa realidad no obliga a aceptar cualquier medida presentada bajo la etiqueta de la “defensa del empleo”.

El problema central es que la CSI no propone una estrategia destinada a generar empleo genuino. Propone conservar artificialmente el empleo existente mediante la intervención estatal, aunque las empresas protegidas no sean competitivas, sus productos resulten más caros o su supervivencia dependa indefinidamente de mercados cautivos.

En mayo, la confederación había reclamado una moratoria regulatoria de entre 36 y 60 meses para los capítulos del acuerdo vinculados con las compras públicas y las empresas estatales. También proponía reservar obligatoriamente el 20% de las adquisiciones del Estado para pymes nacionales y negociar períodos de desgravación arancelaria de entre 15 y 20 años para determinadas ramas manufactureras. A ello sumaba el pretendido “blindaje” de empresas públicas como Ancap, UTE y Antel frente a las obligaciones de competencia.

El denominador común es evidente: postergar la competencia, reservar mercados y utilizar el poder de compra del Estado para sostener actividades que no necesariamente pueden mantenerse por sus propios medios. Puede conservarse así una determinada cantidad de puestos durante cierto tiempo, pero no se crea empleo genuino. Se genera empleo dependiente de una protección política, financiado directa o indirectamente por consumidores y contribuyentes.

Las compras públicas pueden ser utilizadas legítimamente como un instrumento de desarrollo productivo. También es razonable establecer transiciones para sectores que necesiten adaptarse a nuevas condiciones comerciales. Pero esas políticas sólo tienen sentido si son temporales, están sujetas a objetivos verificables y conducen a aumentos de productividad, inversión, innovación y capacidad exportadora. Cuando la excepción se transforma en regla y la transición pretende durar dos décadas, ya no se está promoviendo una industria competitiva: se está administrando su dependencia.

La reserva obligatoria de compras estatales tampoco es gratuita. Si el Estado debe adquirir determinados bienes a proveedores nacionales con independencia de su precio, calidad o eficiencia, la diferencia la termina pagando toda la sociedad. El empleo que se preserva en una empresa protegida puede tener como contrapartida mayores costos para organismos públicos, tarifas más altas, más impuestos o menos recursos disponibles para otras políticas.

La contradicción de la CSI se vuelve todavía más notoria cuando sus dirigentes invocan ejemplos como Singapur, Alemania o Francia. Ninguno de esos países desarrolló una industria avanzada mediante el aislamiento. Lo hicieron invirtiendo en tecnología, formación, infraestructura y productividad, mientras sus empresas competían en mercados internacionales y participaban en cadenas globales de valor. La exposición a la competencia no destruyó necesariamente sus industrias: las obligó a innovar y les permitió alcanzar una escala que sus mercados internos jamás les habrían proporcionado.

Uruguay, con poco más de tres millones de habitantes, difícilmente pueda construir una industria moderna dependiendo de su reducido mercado interno y de las compras del Estado. Necesita acceder en condiciones preferenciales a consumidores del exterior, atraer inversiones y formar parte de cadenas internacionales de producción. El CPTPP no garantiza por sí mismo ese resultado, pero puede proporcionar una plataforma mucho más amplia para intentarlo.

La alternativa a la propuesta sindical no es abrir la economía de un día para otro y abandonar a su suerte a empresas y trabajadores. Uruguay necesita políticas de capacitación y reconversión laboral, crédito para la incorporación de tecnología, mejor infraestructura, menores costos logísticos, reglas estables y apoyo efectivo para que las pymes puedan exportar. Lo que no necesita es convertir la protección en un fin en sí mismo.

La CSI pretende presentar el debate como una elección entre la industria nacional y el libre comercio. Esa es una falsa oposición. La verdadera elección es entre una industria que sobreviva artificialmente detrás de barreras y otra capaz de crecer, exportar, invertir y crear puestos de trabajo sostenibles.

Proteger indefinidamente una actividad no equivale a defender el empleo. En muchos casos significa aplazar su desaparición mientras se acumulan ineficiencias, se desalienta la inversión y se transfieren sus costos al resto de la economía. El empleo genuino no nace de una cuota en las compras públicas ni de un arancel mantenido durante veinte años. Nace de empresas capaces de producir bienes y servicios que alguien, dentro o fuera del país, elija comprar sin estar obligado a hacerlo.

Por tercera vez en pocos meses, la CSI insiste en las mismas fórmulas. Y por tercera vez corresponde señalarlo: preservar artificialmente puestos de trabajo no es una política de generación de empleo. Es apenas una manera costosa de postergar los cambios que Uruguay necesita para crear trabajo genuino, productivo y sostenible.