Jubilación anticipada: un parche que no corrige el problema y puede agravarlo
Viernes 10 de julio de 2026. Lectura: 5'
 La prohibición de seguir trabajando no evitará los retiros tempranos: apenas empujará a muchos hacia la informalidad mientras aumenta el costo del sistema.
Por estos días el gobierno terminó de delinear uno de los compromisos más relevantes surgidos del denominado Diálogo Social: la creación de una nueva causal de jubilación anticipada para quienes cumplan 60 años de edad y acrediten 30 años de aportes. La edad legal de retiro seguirá siendo de 65 años, pero se abrirá una puerta para que determinados trabajadores puedan retirarse cinco años antes.
Como era previsible, apareció rápidamente un problema. Si una persona puede jubilarse a los 60 años y, al mismo tiempo, continuar trabajando, el incentivo económico para abandonar prematuramente el mercado laboral formal aumenta considerablemente, con el consiguiente impacto sobre las finanzas del Banco de Previsión Social.
La solución que ahora maneja el Poder Ejecutivo es impedir justamente esa compatibilidad. Quien opte por esta jubilación anticipada no podría continuar desarrollando actividad laboral remunerada hasta alcanzar la edad normal de retiro. Según explicó la presidenta del BPS, Jimena Pardo, esa limitación constituye uno de los mecanismos destinados a “mitigar su utilización”.
La lógica es sencilla: si jubilarse anticipadamente implica renunciar al salario durante cinco años, menos personas elegirán ese camino.
El problema es que la realidad suele ser bastante más compleja que los diseños teóricos.
Ya el pasado 8 de mayo, en CORREO advertimos sobre un dato que debería haber encendido todas las alarmas: según las propias estimaciones que manejaba el gobierno, al menos un tercio de los trabajadores —especialmente los de menores ingresos— podría jubilarse desde los 60 años en condiciones iguales o incluso mejores que las existentes antes de la reforma previsional de 2023.
Aquella conclusión surgía del funcionamiento combinado del denominado suplemento solidario y de la nueva causal jubilatoria, que neutralizaba en buena medida el efecto de la elevación de la edad de retiro para los sectores de menores salarios.
Ese diagnóstico no ha cambiado.
Lo único que ahora se agrega es una restricción para intentar desalentar que esas personas ejerzan el derecho que el propio gobierno pretende crear.
Un incentivo hacia la informalidad
Sin embargo, la prohibición de seguir trabajando difícilmente constituya un verdadero dique de contención.
Por el contrario, corre el riesgo de transformarse en un poderoso incentivo para la informalidad laboral.
Es particularmente evidente en aquellos sectores donde el trabajo no registrado ya existe o donde el control estatal resulta escaso.
Un trabajador que acceda a una jubilación a los 60 años puede encontrarse frente a una decisión muy simple: mantener un empleo formal y renunciar a la jubilación anticipada, o jubilarse y continuar trabajando de manera informal.
Desde el punto de vista económico, la segunda alternativa puede resultar mucho más atractiva.
En ese escenario el Estado no sólo comenzaría a pagar una pasividad cinco años antes de lo previsto, sino que además dejaría de percibir los aportes a la seguridad social y buena parte de la tributación asociada a ese empleo.
Es decir, la medida podría generar exactamente el efecto contrario al que se pretende evitar.
El problema no es meramente teórico.
Suponer que la simple prohibición legal impedirá que alguien continúe generando ingresos equivale a desconocer cómo funciona realmente el mercado laboral.
Una contradicción difícil de explicar
Existe además otra contradicción.
La reforma previsional aprobada en 2023 incorporó precisamente mecanismos destinados a flexibilizar la compatibilidad entre jubilación y trabajo, buscando prolongar la permanencia de quienes desearan seguir activos y aprovechar la mayor expectativa de vida de la población. El propio BPS desarrolló nuevos regímenes y modalidades para hacer posible esa compatibilidad en distintas situaciones.
Ahora, para una nueva causal jubilatoria, el gobierno propone exactamente lo contrario: impedir trabajar como forma de desalentar el retiro anticipado.
Es una admisión implícita de que el nuevo beneficio genera incentivos difíciles de controlar.
Si la única manera de que una política resulte financieramente viable consiste en prohibir que sus beneficiarios trabajen, probablemente el problema no sea la conducta de los trabajadores sino el diseño mismo de la política.
El costo del voluntarismo
La creación de esta nueva causal responde, en buena medida, a un compromiso político asumido durante la campaña electoral y luego reafirmado en el Diálogo Social.
Pero las restricciones que ahora se intentan incorporar muestran que el gobierno también es consciente de sus costos.
Por eso aparecen mecanismos destinados a limitar el acceso efectivo o reducir el atractivo del beneficio.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma que formulábamos hace dos meses.
Si un tercio de los trabajadores puede retirarse a los 60 años en condiciones semejantes a las existentes antes de la reforma de 2023, ¿qué efecto tendrá eso sobre un sistema previsional que enfrenta crecientes presiones demográficas y financieras?
La respuesta difícilmente pueda encontrarse prohibiendo que esas personas sigan trabajando.
Porque las leyes pueden impedir la compatibilidad formal entre empleo y jubilación.
Lo que no pueden impedir es que una parte importante de esos trabajadores encuentre en la economía informal el camino para mantener sus ingresos.
Y cuando una política pública termina estimulando precisamente aquello que el Estado debería combatir, deja de ser una solución para convertirse en un nuevo problema.
En definitiva, la idea sigue siendo un dislate. No porque habilite una jubilación anticipada —que puede ser razonable en situaciones excepcionales y debidamente financiadas—, sino porque intenta corregir con prohibiciones los efectos de un diseño que, desde su origen, genera incentivos equivocados. El resultado puede ser una combinación particularmente costosa: más jubilaciones anticipadas, menos aportes y un crecimiento de la informalidad laboral, exactamente el escenario que cualquier reforma previsional responsable debería procurar evitar.
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