El dato no admite maquillaje: el propio diseño surgido del llamado “Diálogo Social” reconoce que al menos un tercio de los trabajadores —en particular de menores ingresos— podría jubilarse desde los 60 años con condiciones iguales o incluso mejores que las previas a la reforma de 2023.

 

Ese número —30%— es el corazón del problema.

 

Porque no describe un ajuste marginal. Describe un traslado masivo desde el “pool” de aportantes al “pool” de beneficiarios. Es decir: menos gente financiando el sistema y más gente cobrándolo. En cualquier sistema previsional de reparto —como el que administra el Banco de Previsión Social— esa ecuación tiene una única consecuencia posible: estrés financiero creciente.

 

 

El argumento oficial es conocido: no se obliga a jubilarse a los 60; se habilita. Pero esa defensa es, en el mejor de los casos, ingenua.

 

Cuando el propio diseño garantiza prestaciones “iguales o superiores” para ese segmento, el incentivo económico deja de ser neutro y pasa a ser decisivo. No se trata de libertad de elección. Se trata de un empuje institucional hacia la salida anticipada del mercado laboral.

 

Y aquí aparece el primer punto crítico: cada trabajador que se retira cinco años antes no solo cobra más tiempo, sino que deja de aportar durante cinco años. Multiplique eso por un tercio de la fuerza laboral. El resultado no es una reforma: es una presión sistémica.

 

 

Todo esto ocurre en un contexto que el propio documento reconoce: envejecimiento poblacional y aumento de la esperanza de vida. Es decir, Uruguay enfrenta exactamente el problema contrario al que esta medida agrava:

En ese escenario, adelantar masivamente la edad efectiva de retiro no es una corrección social: es una aceleración del desequilibrio.

 

 

Hay además un elemento político que no puede soslayarse. En 2024, la ciudadanía rechazó en plebiscito una reforma que incluía, entre otras cosas, la jubilación desde los 60 años como regla general.

 

Hoy, por la vía del “Diálogo Social”, se reintroduce parcialmente esa lógica —aunque segmentada— sin el mismo filtro democrático directo. No es un detalle menor: es una forma indirecta de reinstalar una política que ya fue objetada en las urnas.

 

 

El sistema previsional uruguayo no parte de una situación holgada. Es un esquema mixto —reparto más capitalización— que depende críticamente de la relación activos/pasivos y esa relación viene deteriorándose hace décadas.

 

Por eso, cualquier reforma responsable en el mundo desarrollado apunta en dirección opuesta:

Aquí se propone lo contrario para un universo potencial del 30%.

 

 

El “Diálogo Social” se presenta como una síntesis de consensos. Pero en materia previsional, lo que emerge es otra cosa: una decisión políticamente seductora (preacordada tras bambalinas entre los miembros de “la familia) y actuarialmente desastrosa porque promete:

Pero omite lo central: quién paga la cuenta cuando un tercio de los aportantes deja de serlo.

 

La respuesta, inevitablemente, es una combinación de tres factores:

 

Se puede discutir la equidad, la fatiga laboral o las trayectorias desiguales. Todo eso es legítimo, pero hay un límite que no es ideológico ni político: la aritmética.

 

Si el 30% de los trabajadores pasa antes al lado de los pasivos, el sistema no se vuelve más justo: se vuelve más frágil y, en seguridad social, la fragilidad no es un concepto abstracto. Es, siempre, una promesa incumplida en el futuro.