La reapertura del caso "Antel Arena" es una nueva oportunidad para dilucidar responsabilidades. Pese al archivo de la causa en primera instancia, las revelaciones de imprevisiones y gastos excesivos plantean interrogantes que aún esperan respuestas. La ausencia de un plan de negocios y la falta de procesos competitivos en las contrataciones son solo algunas de las sombras que persisten sobre este malogrado proyecto frentista.

El informe de la empresa auditora Ecovis, respaldado por la Jutep, pone de manifiesto una serie de irregularidades que no pueden pasarse por alto. El costo final de la obra, tres veces superior al presupuesto inicialmente, revela una clara falta de control en la ejecución del proyecto. Además, la ausencia de documentación de respaldo en las compras realizadas por excepción plantea serias dudas sobre la legalidad de dichos procedimientos.

A pesar del archivo de las actuaciones, el fiscal Machado no pasó por alto estas deficiencias. En su dictamen, que analizamos en su momento aquí en CORREO reconoce la falta de controles adecuados y la evidencia de desprolijidades administrativas, aunque él no encuentre fundamentos para imputar un delito. Es evidente que hubo una falta de planificación y una gestión cuestionable de los recursos públicos, aspectos que exigen una explicación por parte de las autoridades de la época.

Ahora, con el fiscal Enrique Rodríguez al frente de la investigación, se abre un nuevo capítulo. Su responsabilidad es seguir las pistas dejadas por su predecesor y, al mismo tiempo, explorar todas las vías posibles para llegar a la verdad, sin importar a quién pueda incomodar. Las opciones que se presentan son diversas, pero todas convergen en la necesidad de esclarecer lo sucedido. Ya sea a través de nuevas pericias, testimonios adicionales o la búsqueda de pruebas faltantes, deben agotarse todos los caminos.

En última instancia, más allá de las decisiones judiciales, queda pendiente una explicación política sobre lo ocurrido. La ciudadanía tiene derecho a conocer los motivos detrás de estas irregularidades y a exigir responsabilidades a aquellos que estuvieron a cargo del proyecto. No se trata solo de resolver un enigma legal, sino de enviar un mensaje claro de que en nuestro país, la rendición de cuentas es fundamental y nadie está por encima de la ley.