Correo de los Viernes - Contra las urnas: el atajo permanente

Contra las urnas: el atajo permanente

Edición Nº 1078 - Viernes 24 de abril de 2026. Lectura: 5'

Tras una derrota contundente en las urnas, el oficialismo y su entramado sindical ensayan un atajo para reescribir lo que la ciudadanía rechazó: bajo el pretexto de “mejorar” el sistema, avanzan sobre la libertad de elección, debilitan la seguridad jurídica y relativizan el valor del voto popular como límite efectivo del poder. Nada de eso sale gratis.

Hay una constante en la conducta política del Frente Amplio, del PIT-CNT y, de manera particularmente nítida, del Partido Comunista del Uruguay (PCU): la democracia directa es válida solo cuando el resultado les es favorable. Cuando no lo es, se convierte en un obstáculo a sortear, un trámite incómodo que debe ser corregido por otros medios.

No es nuevo. Ocurrió con la Ley de Caducidad, donde dos pronunciamientos populares fueron sistemáticamente relativizados hasta vaciarlos de contenido. Viene ocurriendo con el voto en el exterior y con la LUC. Y vuelve a ocurrir, de forma categórica, con la reforma de la seguridad social de 2023: el plebiscito de 2024 fue inequívoco, 38,77% contra 61,23%. Una derrota clara, sin matices ni zonas grises.

Sin embargo, lejos de aceptar el veredicto, el oficialismo y su constelación sindical y partidaria optan por lo de siempre: “ganar en la liga lo que perdieron en la cancha”.

El senador Eduardo Brenta ensayó una justificación elegante: “los plebiscitos no dejan leyes grabadas en piedra”. Es cierto, en abstracto. Las normas pueden revisarse cuando cambian las circunstancias. Pero aquí no cambiaron. No han pasado ni dos años. La reforma ni siquiera ha desplegado sus efectos más sustantivos. No hay evidencia empírica que la deslegitime ni hechos nuevos que ameriten revisarla.

Lo que hay es otra cosa: la persistencia de un reflejo ideológico. Un reflejo que revela que, para sectores relevantes de la izquierda, la democracia liberal sigue siendo un instrumento táctico, no una convicción profunda. Se la utiliza cuando sirve; se la bordea cuando estorba.

En ese contexto se inscribe la ofensiva contra las AFAP. Disfrazada de tecnicismo —“mejorar la eficiencia”, “ordenar la relación con los afiliados”— lo que se propone es despojar al trabajador del vínculo directo con la administración de su ahorro individual.

Se pretende instalar la ficción de que se trata de un asunto meramente “comercial”. Es exactamente lo contrario.

Ese vínculo es lo que permite cierto control: comparar comisiones, evaluar rentabilidad, cambiar de administradora. Introduce competencia, y con ella, disciplina. Romper esa relación y sustituirla por una agencia estatal es trasladar esa decisión —y ese poder— a un ente sin incentivos competitivos.

Las preguntas se acumulan y nadie las responde con seriedad:

¿Será esa agencia la que decida qué AFAP “conviene” a cada trabajador?
¿Quién asume la responsabilidad si esa decisión es equivocada?
¿Desaparecen los costos o simplemente se ocultan, trasladados a Rentas Generales?
¿Qué incentivo tendrá esa agencia para ser eficiente si no compite con nadie?

La experiencia es contundente: donde no hay competencia, la eficiencia se degrada. Y donde el Estado monopoliza, los costos crecen y la transparencia se diluye.

Además, hay un dato incómodo para el relato oficial: quien quiere que el Estado administre su ahorro ya puede hacerlo a través de República AFAP. Y aun así, una proporción significativa de trabajadores opta por administradoras privadas. ¿Por qué entonces restringir esa libertad de elección?

La respuesta no es técnica. Es ideológica.

El problema trasciende la discusión previsional. Uruguay está enviando una señal inquietante hacia afuera y hacia adentro.

Hacia afuera, porque instala la idea de que reglas aprobadas por ley, refrendadas por la ciudadanía y aún no implementadas pueden ser reescritas por presión política. La previsibilidad —activo central de cualquier economía— queda en entredicho.

No es casual que el propio ministro Gabriel Oddone haya debido salir a hacer equilibrio discursivo, asegurando que no hay estatización, que las AFAP seguirán existiendo, que se trata solo de ajustes operativos. Cuando un gobierno necesita explicar tanto que “nada es lo que parece”, es porque el problema no es de comunicación: es de sustancia.

Hacia adentro, la señal es aún más preocupante: el voto popular pierde jerarquía. Se transforma en una instancia provisional, sujeta a revisión si no coincide con la voluntad de los actores más organizados.

Nada de esto es improvisado. Es la continuidad de una lógica que ya había sido advertida por CORREO tempranamente, en febrero de 2025: el “diálogo social” como atajo para reescribir lo que las urnas resolvieron. No convencer a la ciudadanía, sino rodearla. No disputar en el terreno democrático, sino compensar la derrota mediante ingeniería política.

Ese es el verdadero debate.

No se trata solo de AFAP, ni de eficiencia, ni de modelos previsionales. Se trata de algo más profundo: si en Uruguay las reglas del juego son estables o contingentes; si el voto popular es un límite o una sugerencia; si la democracia es un sistema de convicciones o un repertorio de herramientas.

Porque cuando una fuerza política acepta las reglas solo cuando gana, deja de ser plenamente democrática. Y cuando además intenta alterar, por vías indirectas, lo que la ciudadanía rechazó de forma expresa, no está corrigiendo una política pública: está erosionando el principio mismo de soberanía popular.

El Uruguay que construyó su prestigio sobre la estabilidad institucional, la previsibilidad y el respeto irrestricto a la voluntad ciudadana no puede naturalizar este desvío.

No es un debate técnico. Es una línea roja.

Y cruzarla tiene consecuencias.