Correo de los Viernes - Blindados sí. Improvisación no.

Blindados sí. Improvisación no.

Edición Nº 1086 - Viernes 26 de junio de 2026. Lectura: 7'

La utilización de los blindados Mamba MK7 del Ejército para apoyar operativos policiales contra el crimen organizado puede constituir, sin duda, una herramienta útil frente a una realidad cada vez más violenta. Sin embargo, para variar, el gobierno volvió a anunciar una medida antes de resolver sus aspectos jurídicos, operativos y políticos, exponiendo nuevamente la falta de conducción y coordinación que caracteriza a la administración Orsi.

Hay decisiones que, por sí mismas, merecen ser analizadas sin prejuicios ideológicos. La eventual utilización de vehículos blindados Mamba MK7 del Ejército para apoyar los operativos policiales contra el crimen organizado es una de ellas. En un país donde el narcotráfico controla territorios, dispone de armamento de guerra y desafía cotidianamente la autoridad del Estado, resulta perfectamente legítimo preguntarse si todos los recursos públicos disponibles están siendo utilizados de la manera más eficaz.

Desde esa perspectiva, la iniciativa merece ser saludada.

No porque implique una militarización de la seguridad pública —como algunos apresuradamente sostuvieron—, sino porque reconoce una realidad que durante demasiado tiempo se prefirió ignorar: el crimen organizado dejó hace años de ser un fenómeno estrictamente policial para convertirse en un problema de seguridad nacional.

El expresidente Julio María Sanguinetti lo expresó con claridad al recordar que el Ejército hace décadas colabora con la Policía en diversas tareas de apoyo sin que ello haya supuesto amenaza alguna para el régimen democrático. Custodia fronteras, protege los perímetros carcelarios y durante años vigiló embajadas y edificios públicos. No hay, pues, ninguna herejía institucional en utilizar personal militar para conducir vehículos blindados bajo mando policial, siempre que sus funciones queden claramente delimitadas.

El problema, sin embargo, no es la decisión. El problema es que el gobierno volvió a hacer exactamente lo mismo que viene haciendo desde el comienzo del período: anunciar primero y pensar después.

Porque apenas transcurrieron unas horas desde que el ministro Carlos Negro comunicó la iniciativa comenzaron a aparecer interrogantes que ningún gobierno mínimamente ordenado debería dejar librados a la improvisación.

El primero de ellos es jurídico.

Si los Mamba serán conducidos por militares, ¿bajo qué régimen actuarán esos efectivos?, ¿qué normas regularán su actuación?, ¿quién responderá por ellos si el vehículo resulta atacado por delincuentes fuertemente armados?, ¿podrán responder la agresión?, ¿con qué armamento?, ¿con qué reglas de uso de la fuerza?, ¿qué ocurrirá si un militar termina imputado por un hecho ocurrido durante un patrullaje?

No son preguntas académicas. Son exactamente las preguntas que deberían haber estado respondidas antes de que el gobierno anunciara la medida.

No por casualidad el exministro de Defensa Javier García advirtió inmediatamente que “es necesaria una norma legal que proteja a los soldados penalmente”, incluso si actúan únicamente como choferes. También alertó sobre un problema adicional: la alteración de la cadena de mando que supondría colocar militares subordinados operacionalmente a mandos policiales, una situación que —advirtió— puede generar conflictos interinstitucionales si no se encuentra adecuadamente regulada.

Como si ello fuera poco, rápidamente apareció un segundo obstáculo que tampoco parecía haber sido contemplado.

Los Mamba MK7 fueron donados por Estados Unidos para fortalecer la participación uruguaya en las misiones de paz de Naciones Unidas. Las condiciones de esa donación restringen su utilización a ese tipo de operaciones. El Poder Ejecutivo necesitará una autorización de Washington para emplearlos en patrullajes urbanos.

En otras palabras: el gobierno anunció una política cuya ejecución depende de un permiso que todavía no posee.

Y allí aparece un patrón que ya comienza a repetirse.

Primero el anuncio. Después las aclaraciones. Luego los problemas. Más tarde las soluciones. Como si el proceso de elaboración de las políticas públicas se realizara delante de la opinión pública.

Pero el episodio adquirió una dimensión todavía mayor cuando comenzaron las discrepancias dentro del propio oficialismo.

Las objeciones de la senadora Constanza Moreira eran previsibles. Expresan una visión histórica de un sector del Frente Amplio que, en su sempiterna hostilidad hacia las FFAA, considera que “la militarización de un conflicto implica pasar a una lógica de guerra” y que entiende que la seguridad pública debe permanecer exclusivamente en la órbita civil. La legisladora sostuvo que “se subestimó la valoración negativa que una medida como esta iba a tener” y llegó a afirmar que “una tanqueta en un barrio es la imagen de una zona de guerra”. Incluso señaló que muchos militares “no quieren participar” en este tipo de tareas.

Más significativo todavía fue escuchar al ministro de Trabajo, Juan Castillo. Porque ya no se trató de una senadora expresando una opinión personal. Se trató —nada menos— de un integrante del Consejo de Ministros.

En Arriba Gente (Canal 10), Castillo reconoció que la noticia le resultó “bastante shockeante”, afirmó que “me impactó la noticia cómo se trasladó” y sostuvo que “para el conjunto de la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa”. Más aún, admitió públicamente que el asunto todavía debía discutirse dentro del propio gobierno para determinar si “es de recibo o no”.

Es difícil imaginar una demostración más clara de la falta de coordinación política.

Un presidente anuncia una decisión. Un ministro dice que todavía hay que discutir si corresponde adoptarla.

No sorprende, entonces, que diversas informaciones periodísticas hayan dado cuenta del malestar existente en Presidencia por estas contradicciones públicas.

Mientras tanto, desde la oposición llegaron reacciones de signo muy distinto.

Andrés Ojeda saludó el cambio como “un giro de 180 grados en la política de seguridad del gobierno” y sostuvo que finalmente el oficialismo comenzaba a recorrer un camino que durante años había rechazado. Pero, al mismo tiempo, presentó un extenso pedido de informes preguntando exactamente aquello que el propio gobierno todavía no había explicado: cuáles serán los objetivos concretos, qué barrios serán incluidos, quién ejercerá el mando operativo, qué facultades tendrán los militares, cuáles serán los protocolos de actuación, cuál es el fundamento jurídico de la medida, cuánto costará y cómo se evaluarán sus resultados.

El contraste resulta elocuente: quien apoya la iniciativa también exige saber cómo piensa ejecutarse, porque precisamente allí reside el verdadero problema.

Los Mamba no van a resolver por sí solos la crisis de seguridad.

Pueden ofrecer mayor protección a los efectivos policiales que ingresen a zonas particularmente peligrosas. Pueden facilitar determinadas operaciones contra organizaciones criminales. Pueden convertirse en una herramienta útil.

Nada más.

No sustituyen inteligencia criminal. No reemplazan investigaciones complejas. No fortalecen la capacidad operativa de la Policía. No desarticulan bandas narcotraficantes.

Y, sobre todo, no alcanzan para ocultar el visible desgaste que atraviesa la política de seguridad del ministro Carlos Negro.

Resulta difícil no interpretar este anuncio como un intento de transmitir una imagen de mayor firmeza frente a una opinión pública cada vez más preocupada por la expansión del crimen organizado.

Pero las políticas públicas no pueden construirse sobre anuncios. Necesitan planificación, respaldo jurídico, coordinación política y claridad institucional.

Desde hace meses venimos escuchando que el gobierno sufre “fallas de comunicación”. La explicación ya no alcanza.

Una falla de comunicación supone que existe una política correctamente diseñada que fue mal explicada.

Aquí ocurre exactamente lo contrario.

Primero se comunica. Después se diseña.

Y esa inversión del proceso revela un problema mucho más profundo que una deficiente estrategia comunicacional. Revela la ausencia de una dirección política clara, consistente y capaz de ordenar al propio gobierno antes de hablarle al país.

Los Mamba MK7 podrán terminar circulando por las calles de Montevideo. O quizá no (¿chi lo sa?). Lo verdaderamente preocupante es que, cualquiera sea el desenlace, el episodio volvió a mostrar un gobierno que sigue gobernando por aproximaciones, anunciando decisiones antes de haber resuelto los aspectos esenciales de su implementación.

Y ese sí es un problema que ningún vehículo blindado podrá solucionar.