Traumas del pasado
Edición Nº 1086 - Viernes 26 de junio de 2026. Lectura: 4'
Por Julio María Sanguinetti
La controversia por el uso de vehículos militares en tareas de apoyo a la seguridad pública volvió a exponer una vieja contradicción de la izquierda uruguaya. Mientras la creciente preocupación ciudadana por la delincuencia empuja a reclamar medidas más firmes, sectores del oficialismo reaccionan todavía condicionados por las heridas políticas e ideológicas del pasado. Para el expresidente Julio María Sanguinetti, el debate no gira en torno a riesgos para la democracia, sino a la dificultad de algunos dirigentes para adaptarse a una realidad que exige respuestas eficaces frente al avance de la inseguridad.
Ya lo vimos cuando el Presidente se subió al portaviones norteamericano. Parecía que estaban en el velorio de los padres. La escena tenía algo de parricidio, es verdad, en un momento en que la fuerza militar del gigante del Norte se despliega por el mundo entero. Infantil era, en cambio, la reacción. Pereira, el declarante más al uso, ensayó una explicación farragosa y confusa; el presidente del PIT-CNT, el compañero Abdala, no podía ni hablar. Estaba “consternado”, así lo dijo.
Ahora el tema es doble: vehículos de origen estadounidense del ejército uruguayo en tareas de patrullaje en los barrios pobres de Montevideo. Una “donación” del imperialismo simbólicamente sumada a las tareas de seguridad ciudadana. Uniformes militares en la calle...
Por supuesto, no hay nada extraño. Hace muchos años que el ejército ayuda en tareas de apoyo a la gestión policial, sin sustituirla. Por ejemplo, el patrullaje de la frontera o bien el cuidado perimetral de las cárceles. En su tiempo, hacían guardia en embajadas y otros lugares institucionales, para descargar de tareas a la policía.
No estamos entonces ante ninguna extravagancia ni sometimiento a ninguna presión militar. Lo que sí vivimos es un gigantesco clamor popular que nos reclama al sistema político medidas eficaces.
No nos engañemos: nos guste o no nos guste, todo indica que a la mayoría hoy le parecería muy bien el patrullar militar, que las paradas de ómnibus en ciertos barrios tengan amparo de soldados, que se saquen de los portales compulsivamente a todos los durmientes callejeros y que se metan presos a los enchastradores de fachadas con los estúpidos signos que ponen hasta en los muros de los cementerios.
Ya no deberíamos extrañarnos de que Bukele aparezca como el mejor presidente latinoamericano en las encuestas de este Uruguay liberal, moderado y pacífico.
Por suerte, todavía no hay reclamos de pena de muerte, pero no estamos lejos de que aparezca el demagogo que lo sostenga.
Hay que entender que cada país tiene la sensibilidad propia de su tradición y realidad. El Uruguay no es El Salvador ni ha vivido lo que ha vivido este dinámico país centroamericano que padeció una década de guerra civil con 70 mil muertos. No ha tenido guerrilleros desmovilizados volcados al delito común, organizados en las famosas “maras”. Aquí los que dejaron la metralleta llegaron hasta la Presidencia de la República. No es el mismo contexto y, si Bukele es algo esperable en El Salvador, no lo debería ser entre nosotros. Pero basta sufrir lo que sufrimos para que nazca el reclamo y esto no puede ignorarse.
El tema es que en su tiempo los frentistas tanto hablaron contra la represión, con tanta vehemencia impugnaban a los gobiernos de los partidos tradicionales, con tanta irresponsabilidad le inculcaron a una generación el odio a la autoridad, con tanta demagogia han mantenido el cuestionamiento a una dictadura que terminó hace cuarenta años, que ahora todo se les vuelve en contra. Se les hace dramático.
Viven enredándose en declaraciones, cuando el tema es razonablemente manejable. Hay que dictar una resolución en que quede claro cuál es la responsabilidad militar y cuál la policial. La mera lógica dice que, si el vehículo es del ejército, lo debería manejar el personal del ejército, que ya los tiene a su orden y que estaría desarmado. Nada más. Por su parte, los policías que tripulen el vehículo actuarán dentro de los protocolos de actuación policial con las armas imprescindibles para actuar cuando corresponda.
No debería haber mucho misterio, pero se revuelven haciendo tantas contorsiones que al final lo lógico parece extraño. Lo peor sería que por estas confusiones terminen desgastando una operativa que puede ser eficaz.
El Estado democrático no puede ser débil en la aplicación de la ley. Su fragilidad o ineficacia solo alentará a sus enemigos. El riesgo va creciendo para todos, los frentistas por frentistas y aun para nosotros, liberales, a quienes la ciudadanía también nos reclama mano firme.
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