Ética en jaque en el MTSS
Viernes 6 de febrero de 2026. Lectura: 3'
Por Santiago Torres
La conducta del director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, revela no solo desprecio por la legalidad y la responsabilidad institucional sino una falta de ética superlativa.
La reciente polémica en torno a la aprobación de una partida de $131.520 destinada a directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), cargo que por ley debe ser honorario, no puede leerse solo como un desliz técnico o una mala lectura jurídica. Detrás de la decisión que derivó en renuncias y contradicciones públicas, hay una trama de presiones, desinformación y falta de ética que señala directamente al director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico y deja en entredicho la conducta del Ministro Castillo.
La saga comenzó cuando el directorio de la Caja aprobó —en votación dividida— una compensación mensual para sus integrantes, contraria a lo que establece la ley de reforma de la seguridad social, que exige el carácter honorario de esos cargos. Los dos representantes del Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez, votaron a favor de esa partida y, ante la inmediata reacción política y mediática, presentaron sus renuncias, que fueron aceptadas por el gobierno.
Lo singular del episodio no es solo la ilegalidad evidente de la medida, sino que los propios delegados renunciantes atribuían su voto no a una iniciativa personal, sino a un mandato recibido desde el MTSS, con una referencia que apunta a Di Doménico como quien trasladó la directiva para votar favorablemente. Concretamente, en su carta de renuncia, Ma. Noel Sanguinetti expresó que su actuación en el directorio de la Caja “se realizó en cumplimiento de un mandato recibido bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de las competencias y orientaciones impartidas por esa secretaría de Estado”. Y ello fue ratificado en la nota que al respecto publicara ayer “El País”, titulada “Caja de Profesionales: director del MTSS fue el que dio la directiva a delegados para votar partida ilegal”.
Ante la comisión parlamentaria convocada para explicar lo sucedido, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, contradijo esa versión, asegurando que desde su cartera no surgió ni un monto ni directivas para aprobar la partida, lo que obliga a una de dos lecturas igualmente graves: o bien Di Doménico mintió deliberadamente al ministro y lo indujo a error en su comparecencia ante los legisladores, o Castillo también falta a la verdad.
Si lo primero, Castillo debió pedirle a explicaciones y luego la renuncia inmediata a Di Doménico. Evidentemente no lo hizo...
Más allá de la anécdota administrativa, el caso revela una falta de ética preocupante en la alta administración pública. Un director nacional de Seguridad Social, cuya función principal debería ser velar por la legalidad y la coherencia institucional, actuó de forma tal que obligó a directores a votar una partida contraria a la ley, los expuso a un escándalo público y luego eludió responsabilidades cuando el asunto estalló. No se trata solo de un error técnico: es un fallo de carácter, responsabilidad y transparencia que impacta en la confianza pública.
En democracia, la responsabilidad política y administrativa debe ejercerse con rigor. Un funcionario de alta jerarquía que impulsa decisiones que contravienen la normativa vigente, que genera renuncias forzadas a funcionarios que no hicieron otra cosa que segur sus propias directivas y que luego tiene el desparpajo de negar públicamente lo que ordenó, responsabilizando a los funcionarios renunciantes, no puede quedar impune.
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