Correo de los Viernes - “Xenofobia” corporativa en el mar uruguayo

“Xenofobia” corporativa en el mar uruguayo

Viernes 26 de junio de 2026. Lectura: 4'

La ofensiva del Centro de Maquinistas Navales contra la contratación de trabajadores extranjeros reabre un viejo debate: dónde termina la legítima defensa del empleo nacional y dónde comienza una forma de exclusión basada en intereses corporativos más que en la protección de derechos laborales.

Por momentos, el conflicto que enfrenta al Centro de Maquinistas Navales con empresas pesqueras, armadores y autoridades marítimas parece una discusión técnica sobre habilitaciones profesionales, cumplimiento normativo y condiciones laborales. Sin embargo, detrás de los expedientes, denuncias y comunicados emerge una cuestión más profunda: hasta qué punto la defensa legítima del trabajo nacional puede transformarse en una forma de exclusión que termina pareciéndose peligrosamente a la xenofobia. No por razones raciales o culturales, sino por el más descarnado corporativismo.

La reciente decisión del sindicato de denunciar a la Prefectura Nacional Naval por supuestas irregularidades en la habilitación de trabajadores migrantes constituye el último episodio de una larga secuencia. Antes fueron las denuncias contra empresas extranjeras contratadas para el dragado del puerto de Montevideo. Más atrás, las acusaciones contra armadores pesqueros por la contratación de tripulaciones extranjeras. El denominador común es siempre el mismo: la resistencia a la incorporación de trabajadores no uruguayos en actividades donde el sindicato considera que existe una reserva natural de empleo para sus afiliados.

Por supuesto, nadie discute que el Estado tenga derecho a exigir el cumplimiento de la legislación laboral o que los sindicatos defiendan oportunidades de empleo para los trabajadores nacionales. El problema aparece cuando esa reivindicación deja de estar orientada a proteger derechos y pasa a convertirse en un mecanismo destinado a impedir la competencia.

La diferencia es sustancial.

Cuando el argumento central deja de ser la capacitación, la seguridad o las condiciones de trabajo y pasa a ser simplemente la nacionalidad de quien ocupa el puesto, el debate abandona el terreno laboral para ingresar en una lógica excluyente. Una lógica según la cual un trabajador extranjero es visto no como una persona que busca ganarse la vida, sino como un intruso cuya sola presencia constituye una amenaza.

La situación resulta particularmente llamativa en un país construido por sucesivas olas migratorias. Uruguay no sólo recibió durante décadas trabajadores europeos, latinoamericanos y de otras regiones del mundo. También ha visto partir a cientos de miles de compatriotas que encontraron oportunidades laborales en el exterior y que difícilmente hubieran aceptado ser rechazados por el mero hecho de haber nacido en otro país.

Lo paradójico es que esta actitud no parece surgir de un nacionalismo genuino ni de preocupaciones estratégicas sobre la soberanía marítima. Se trata más bien de una manifestación clásica de corporativismo sindical: reducir la oferta de mano de obra para preservar cuotas de poder, influencia y capacidad de negociación.

Cuando un sindicato convierte la nacionalidad en un criterio determinante para acceder a una actividad, corre el riesgo de sustituir la defensa de derechos por la administración de privilegios. Y cuando la protección de un colectivo se ejerce mediante la exclusión sistemática de otros trabajadores, la frontera entre la reivindicación laboral y la discriminación comienza a difuminarse.

Naturalmente, el Centro de Maquinistas Navales sostiene que actúa en defensa de normas vigentes y del empleo nacional. Es un argumento atendible. Sin embargo, el contexto general muestra una insistencia recurrente en cuestionar la participación de trabajadores extranjeros, ya sea en el dragado, en la pesca o en otras actividades marítimas.

El resultado es una imagen preocupante: la de un sindicato que parece percibir al trabajador migrante no como un colega sujeto a los mismos derechos y obligaciones, sino como un adversario cuya presencia debe ser limitada.

Uruguay tiene derecho a proteger su empleo nacional. Lo que no debería hacer es confundir esa protección con el cierre corporativo de los mercados laborales. Porque cuando la nacionalidad se transforma en una barrera para trabajar, y cuando esa barrera es impulsada principalmente para preservar intereses sectoriales, el discurso deja de parecer una defensa del trabajador uruguayo y empieza a asemejarse a una forma de xenofobia económica.

Una xenofobia sin componente racial, pero no por ello menos cuestionable. Una xenofobia nacida del corporativismo, donde el extranjero no es rechazado por quién es, sino por competir por un puesto de trabajo que ciertos grupos consideran exclusivamente suyo.