Vivienda y gestión: del legado histórico a la innovación integral
Viernes 6 de febrero de 2026. Lectura: 5'
Por Alicia Quagliata
Entre la tradición institucional y las nuevas herramientas financieras, la vivienda vuelve a plantearse como política de desarrollo y no de emergencia.
Detrás de cada estadística de déficit habitacional hay una familia uruguaya cuyo proyecto de vida se posterga entre la inercia administrativa y la ausencia de opciones reales. En mi entrega anterior, exploramos el “dolor social” y las fallas estructurales en la función del suelo; hoy, entiendo que ese diagnóstico solo cobra sentido si se convierte en la llave que abre puertas tangibles, como el acceso a viviendas mediante la modalidad de alquiler con opción a compra. En un país que aspira a la equidad, el acceso al hogar no puede ser un laberinto de exclusión, sino un camino diáfano que recupere la escala y la audacia ejecutiva que una vez nos definieron como nación.
Un legado de certezas y estabilidad
La política habitacional en Uruguay no es producto de la improvisación, sino de una arquitectura institucional de largo aliento donde el Partido Colorado ha sido el principal proyectista. No concebimos la construcción de paredes sin el marco legal que faculte al ciudadano a ser dueño de su destino. Este camino de vanguardia, iniciado en 1912 con la creación del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) bajo el impulso batllista, transformó el crédito en la gran palanca de ascenso social para el trabajador.
Esta visión de Estado alcanzó su mayor contundencia operativa durante la segunda presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti. En dicho período se concretaron 55.000 soluciones habitacionales, logrando un hito histórico: el 67% de la población alcanzó la tenencia de vivienda propia. No fue una casualidad estadística, sino el resultado de priorizar el arraigo mediante leyes fundamentales como la de Propiedad Horizontal (1946) y la Ley Nacional de Vivienda (1968). Incluso en la historia reciente, esta trayectoria se consolidó con la creación del Plan CAIF (1988), el PIAI (hoy PMB, 1999) y, fundamentalmente, la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) en el pasado gobierno, hito que contó con el respaldo técnico y político de nuestra colectividad para jerarquizar la respuesta a la precariedad urbana.
La visión desde el territorio y el análisis técnico
Mi perspectiva se nutre de la observación directa y el análisis de la ejecución en el territorio. Mi labor profesional como arquitecta en programas como el Plan de Mejoramiento del Hábitat, el Plan de Mitigación (Mides) y el sistema de Autoconstrucción (MVOTMA), sumada a la gestión reciente como Gerente Técnico General del PMB (MVOT), me ha permitido identificar los cuellos de botella que hoy impiden que las soluciones escalen. El hábitat integral trasciende la unidad física; involucra infraestructura, saneamiento y una seguridad jurídica que hoy parece fragmentada por la falta de una convergencia institucional real.
Para revertir las carencias estructurales, resulta imperativa una sinergia que conecte la operatividad técnica con la labor de los parlamentarios, generando instrumentos normativos que no queden en el papel, sino que se traduzcan en obras sostenibles y de calidad para el ciudadano.
El pendiente estructural: superar la “casuística”
Si mi entrega anterior se centraba en la emergencia, esta busca destacar una omisión crítica hacia la clase media trabajadora. La política vigente, reflejada en los lineamientos del presupuesto actual, parece replegarse hacia la “gestión de la casuística”, priorizando intervenciones puntuales de alto impacto comunicacional en detrimento de un sistema de acceso masivo. Mientras el foco se agota en la regularización paliativa, se descuida el desarrollo de stock habitacional para el sector formal.
Hoy, el trabajador que reside en áreas consolidadas de la capital o del interior del país destina un porcentaje desproporcionado de sus ingresos a alquileres que no capitalizan su patrimonio. De no mediar cambios profundos en la aplicación de la ley, la Vivienda Promovida seguirá funcionando principalmente como un beneficio impositivo para el inversor, en lugar de ser un derecho efectivo que amplíe las opciones de acceso a través de la modalidad de alquiler con opción a compra. Necesitamos herramientas que aseguren que cada hogar, desde la urgencia del asentamiento hasta el joven profesional y los trabajadores que alquilan por no tener otra opción ni capacidad de ahorro, encuentre una ruta clara hacia su propiedad.
Propuestas para una reforma integral
Basada en el análisis de los procedimientos y la realidad administrativa, entiendo prioritario impulsar cuatro ejes de acción:
- Fideicomisos de Alquiler Social (FAS): Estructurar vehículos financieros liderados por el Estado para edificar en predios públicos, permitiendo que el canon mensual se acredite parcialmente como ahorro. Al finalizar un período de cumplimiento, este capital facilitará la escritura definitiva sin requerir un ahorro previo inalcanzable.
- Seguro de Garantía de Ahorro Estatal: El Estado debe actuar como garante soberano del ahorro inicial ante la banca. Esto permitiría el ingreso inmediato al inmueble mediante préstamos de cuota blanda destinados al depósito de garantía, eliminando la principal barrera de entrada para familias solventes pero sin capacidad de acumulación previa.
- Reforma de la Vivienda Promovida: Vincular las exoneraciones fiscales a la obligatoriedad de destinar un porcentaje de unidades a modalidades de alquiler con opción a compra gestionadas por la ANV. Para los sorteos proyectados en el próximo quinquenio, es imperativo que esta modalidad sea el eje motor del sistema.
- Función social del suelo: Activar efectivamente las herramientas de captación de plusvalías y los impuestos a inmuebles ociosos, combatiendo la especulación que encarece la tierra y expulsa a las familias de los centros urbanos consolidados.
Conclusión
La política habitacional no puede reducirse a una respuesta ante la emergencia; debe ser el motor de un desarrollo con justicia social. Mi aporte busca reorientar la gestión hacia un marco que garantice el acceso a todos los estratos de nuestra sociedad, articulando ministerios e instituciones con un norte común. Uruguay posee el conocimiento técnico y la tradición institucional para que el techo propio deje de ser un privilegio del azar y vuelva a ser la gran certeza republicana que nos permita, a todos, construir un futuro con dignidad.
|
|
 |
De Sanguinetti a Orsi: China como política de Estado, no como gesto
|
Derecho en pausa, política cruda y moral incierta
Julio María Sanguinetti
|
INISA, militares y el reflejo automático: cuando el debate se sustituye por antimilitarismo infantil
|
Sanguinetti en “Punto Rojo” con Plar Rahola
|
El fallo que equilibra reglas, despeja fantasmas y preserva la seguridad jurídica
|
Interrogatorios policiales a periodistas y la sensatez del Ministro Carlos Negro
|
Oddone, el agro y una economía que sigue esperando el rebote
|
Robert Silva advierte retrocesos educativos
|
Caen relatos y muros, pero...
Luis Hierro López
|
Ética en jaque en el MTSS
Santiago Torres
|
Enero calentito, pero no por el clima
Tomás Laguna
|
Cuando cambia el emisor, cambia el juicio político
Laura Méndez
|
Uruguay ante el mundo fragmentado: el arte de no elegir mal
Juan Carlos Nogueira
|
Elogio a los ricos
Jonás Bergstein
|
Las SS de Jamenei
Eduardo Zalovich
|
Vivienda y gestión: del legado histórico a la innovación integral
Alicia Quagliata
|
Venezuela frente a su futuro: diplomacia, economía y gobernabilidad
Alvaro Valverde Urrutia
|
Cuando las normas ya no protegen
|
La transición tutelada, el chavismo funcional y los intereses de Washington en Venezuela
|
La cúpula comunista negocia su supervivencia: el régimen teme un destino al estilo de Venezuela
|
El crimen de Alex Pretti y el temblor en el ICE
|
Frases Célebres 1067
|
Así si, Así no
|
Pedro Sánchez en el ojo de la tormenta
|
|
