La diosa Temis era la diosa de la justicia o de la ley, segunda esposa de Zeus. Muchas veces se sentaba al lado de él para darle "sabios consejos". Era la personificación de la justicia moral, la imparcialidad, la probidad, la buena fe y el respeto a la ley. Estos son los principios básicos que dieron origen a nuestros derechos, que luego fueron evolucionando, donde el respeto al individuo es un derecho inalienable consagrado en lo que se conoce como derecho natural, superior a cualquier derecho, incluso al derecho de los colectivos, las mayorías o el interés general.

Si mañana se sancionara una ley en el parlamento por unanimidad o se plebiscitara, que obligara a las madres a entregar a sus hijos e institucionalizarlos, porque se cree que así estarían mejor y más igualitariamente criados, esa ley violaría el derecho que tienen la madre, el padre y el niño de estar juntos. Violaría ese derecho natural intrínseco a cada uno de nosotros de tener la libertad de estar donde queremos estar y amar a quien queremos amar. Constituye nuestra intimidad más amplia y profunda.

Este ejemplo, que es un dislate hoy (porque otrora existieron algunos intentos de reclutamiento e institucionalización de menores, de hecho hoy se sigue reclutando sobre todo en lugares de guerra), lo único que pretende es explicar por qué es muy importante defender y entender que los seres humanos, independientemente de las decisiones políticas del momento, tenemos derechos independientes de los demás sujetos y del poder o filosofía de turno.

Por dicho motivo, cuando se violan derechos de las personas, se violan los derechos de cada uno de los que conformamos esta sociedad. El derecho a la vida, a la privacidad, a la libertad de pensamiento y a la intimidad es la consagración de la libertad y derechos de las personas para actuar en el marco de su voluntad, siendo el único límite el derecho del otro.

Lo que está sucediendo en el tan mentado caso del ex senador Gustavo Penadés, donde el semanario Brecha, el viernes 31 pasado, filtra otros chats del teléfono del imputado, realmente es un horror, una absurda y desmedida violación a la intimidad del imputado o formalizado, que aún ni siquiera se ha probado nada. Sin embargo, la opinión pública, la política y los medios condenan impúdicamente a alguien que formalmente al menos es inocente, enmarcado claramente en una operación política y de prensa para atacar al gobierno.

Las filtraciones son ilegales, se está violando el secreto profesional, artículo 302 del Código Penal. Pero además, el valor de prueba de las mismas es nulo, dado que claramente se exhiben descontextualizadamente. Cuando uno habla con amigos o clientes (como abogada lo he hecho) muchas veces tratamos de atemperar las verdades o de dar ánimo a quien sabe que está por enfrentar una situación judicial difícil. Es muy humano dar ánimos o intentar imaginar algunos salvoconductos. Es un dislate tomar una conversación privada y darle efecto público, porque claramente el alcance y contexto es diferente. Las conversaciones privadas deben ser evaluadas por la justicia, en los contextos precisos y cargas emocionales exactas, ya que de lo contrario no son prueba de nada, sino que todo lo contrario, desdibujan la realidad.

Es más, cuando leí los chats filtrados por una supuesta persona adulta, que pedía trabajo, plata al ex senador, me di cuenta claramente de que sin las debidas declaraciones de cada una de las partes, no se podrían adelantar afirmaciones certeras de ningún tipo, porque incluso pudo haber existido extorsiones veladas o acoso para la obtención de dinero. Pero nada de eso oí en la prensa. Todo se descontextualizaba y volvimos a la inquisición: hay que tirar a la hoguera al imputado, con o sin pruebas, ya es culpable.

Esto es lo que se logra con las filtraciones: terminan con la imparcialidad debida, contaminan la verdad, generan a todos un aire de presión y confusión, lo cual no necesariamente es la realidad o verdad que implica el hacer justicia.

Por ese motivo, defender el secreto profesional y la intimidad de los imputados es defender los derechos más básicos de justicia. El caso se ha transformado en un "bulevar" y lo peor que como sociedad nos debería interpelar es aceptar que se pueda violar nuestra intimidad sin ninguna consecuencia, exponiéndonos a las peores vejaciones.

También vemos la disparidad de criterios de la fiscalía. El mismo día que se filtraron unas conversaciones privadísimas entre el ex senador y el Dr. Pablo Iturralde, que fueron realizadas en un marco de intimidad propio de la amistad de muchos años, en la audiencia del caso del ex senador, cuando se pedía conocer los chats de Romina Celeste y Mastropierro, la fiscal Ghione se opuso a ello (sin mérito ninguno en mi concepto) y la justicia solo los deja conocer, pero sin que se saquen copias y con muchos procedimientos de seguridad a efectos de evitar todo tipo de posibles filtraciones. Esto me parece muy correcto, pero sin duda desnuda la disparidad de criterios.

Entiendo que la fiscalía tiene la acción de perseguir los delitos y el deber de actuar con imparcialidad tratando de llegar a la verdad. Negar a la defensa pruebas no es querer llegar a la verdad, no es actuar con imparcialidad. Hay una contradicción inmensa cuando se admiten las filtraciones con cierta pasividad y se opone fervientemente a que el imputado conozca otro tipo de comunicaciones que podrían exculparlo y sin duda constituyen prueba.

A partir de las últimas filtraciones, se va a realizar una investigación administrativa. Esperemos que se condene a quienes entregan la información con fines absolutamente espurios, viciándose el debido proceso y generando un ambiente de inquisición contra todos quienes se atrevan a desalinearse del discurso.

Lo peor es que las filtraciones y su aceptación básicamente marcan la pérdida del respeto a la defensa de nuestros derechos básicos. Si no se respetan los derechos ajenos, poco podemos exigir luego por los derechos propios. El fin que se persigue con las revelaciones es prejuzgar, anticipar condenas y contaminar un caso judicial que sin duda tiene impacto público.

Quienes violan el secreto profesional generando presiones contra la imparcialidad destruyen las garantías básicas inherentes a nuestros derechos, que es exigir una justicia justa e imparcial. Se debe condenar a quienes utilizan estos espurios mecanismos con fines políticos, porque de lo contrario, estamos habilitando que mañana no podamos implorar por el cumplimiento de nuestras garantías, porque la turba irrefrenable va a juzgar sin pruebas y será tarde.