Verdades sobre la historia reciente
Edición Nº 1085 - Viernes 19 de junio de 2026. Lectura: 4'
Por Luis Hierro López
Ante una publicación de «la diaria» sobre el pasado reciente, envié a ese diario una respuesta o carta de lector. Dos días después me dijeron que no iban a publicarla, por lo que reitero acá ese texto tal cual fue remitido al periódico.
El 12 de junio, la diaria publicó un reportaje a la historiadora Magdalena Broquetas, directora del Departamento de Historia de la Universidad de la República, en el que sostiene que la historia reciente debe enfocarse desde “un piso mínimo de verdad” y acusa a dirigentes colorados y blancos de tergiversar los hechos.
Indicó la docente que la negación de que en la dictadura desaparecieron niños, así como la insistencia en que en Uruguay desaparecieron en total 30 personas, son demostraciones de esas “mentiras o relatos falsos”.
Como entiendo que la señora Broquetas no contribuye a restituir la verdad con sus expresiones, haré algunas consideraciones, sin ánimo de polémica menor.
Cualquier análisis que se haga sobre los juicios a los militares debe partir del reconocimiento de un proceso quizás único en el mundo: la amnistía o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue ratificada por el cuerpo electoral en dos oportunidades, en 1989 y en 2009. Ninguna otra ley tiene esa fuerza representativa y moral. Y no se aplica ahora por una ley posterior, a contramano de la voluntad popular. No mencionar ese rotundo antecedente no contribuye a la reconstrucción de la verdad.
La historiadora dice después que dirigentes colorados y blancos atacan a la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. Se olvida nada menos de que la exvicepresidente Lucía Topolansky afirmó que hubo testigos que “mintieron” ante la justicia para lograr la condena de los militares. El propio Mujica avaló posteriormente esa afirmación. Luego de publicado el libro con ese terminante testimonio, Topolansky se negó a dar información sobre los testigos mentirosos, pero no porque no hayan existido, sino para no ser tratada de “buchona”.
Con eso alcanzaría para dudar de la Fiscalía, pero si le agregamos las disquisiciones poco convincentes de su titular, Dr. Perciballe, sobre por qué acusa sin pruebas y lo hace por indicios y convicciones, el escepticismo sobre su funcionamiento se multiplica.
Dice la profesora que colorados y blancos negamos la desaparición de menores durante la dictadura. No sé a qué se refiere. Sanguinetti encomendó al entonces Consejo del Niño la búsqueda de menores. Juan Miguel Petit es digno protagonista y testigo de esa noble tarea. Fue durante la presidencia de Jorge Batlle que se ubicó a Macarena, la nieta del poeta Juan Gelman.
No hubo un mínimo reconocimiento en el reportaje a la Comisión para la Paz, instituida por Jorge Batlle con representación de todos los sectores involucrados, incluidos Familiares entre ellos. Se estableció por unanimidad que el número de compatriotas muertos en los cuarteles fue de 31. El Estado reconoció esa condición y se depuró la lista, confirmándose que algunas denuncias eran infundadas porque las personas mencionadas estaban vivas.
La versión de “cientos de desaparecidos” uruguayos refiere a Argentina, donde el panorama fue más oscuro y confuso. Se quiso imponer en ese país la cifra de 30.000 desaparecidos, pero luego se supo que ese fue un número inventado y la investigación oficial llegó a contabilizar 8.500 casos, una cuantía horrible pero muy distinta de la que se manejó propagandísticamente. La responsabilidad de los mandos castrenses uruguayos en esos hechos es de muy difícil confirmación.
Lo curioso sobre este punto, y a lo que la señora Broquetas no hace referencia, es que el gobierno de Lacalle Pou promovió y aprobó la Ley 20.280, de 2024, resolviendo el procedimiento para publicar los archivos militares. Hubo dirigentes frenteamplistas que se opusieron a esa ley, sosteniendo que se podían divulgar las declaraciones de los guerrilleros obtenidas por tortura. Y ahora el gobierno de Orsi ha demorado demasiado en revelar la información.
La divulgación completa y objetiva de esas fuentes puede arrojar mucha luz sobre esa pesada historia reciente.
Sobre las demoras en las investigaciones, algo ya había insinuado el antropólogo López Mazz cuando explicó por qué hace unos años se detuvo la búsqueda de los restos de los desaparecidos, sugiriendo que alguno de los integrantes de Familiares actuaba por motivos espurios.
La directora del Departamento de Historia de la Udelar nada dice sobre estos temas y, en cambio, ataca políticamente y al bulto a “colorados y blancos”. Nos hubiera gustado que, proviniendo de una historiadora, sus opiniones hubieran estado realmente dirigidas a contribuir a la verdad y no a servir a la militancia. De ambos lados debemos actuar y responder con probidad y humanismo, si es que queremos que Uruguay no siga enredándose en su pasado.
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