Venezuela frente a su futuro: diplomacia, economía y gobernabilidad
Viernes 6 de febrero de 2026. Lectura: 5'
Por Alvaro Valverde Urrutia
La reapertura de canales diplomáticos entre Venezuela y Estados Unidos marca el inicio de un proceso que busca estabilizar el país, recuperar su economía y sentar las bases para una eventual transición política. La llegada de Laura Dogu y la ejecución de un plan de tres fases reflejan un escenario donde las decisiones ya no se toman solo en Caracas, sino en un contexto internacional complejo que involucra a China, Rusia y a los principales países de la región.
La dinámica política venezolana atraviesa una etapa inédita tras la reapertura de canales diplomáticos con Estados Unidos y la presentación formal de un plan de tres fases por parte de la administración de Donald Trump. La llegada a Caracas de Laura Dogu, como encargada de negocios, y sus reuniones con las principales autoridades del Poder Ejecutivo marcaron el inicio de una fase de interlocución directa que había estado suspendida durante años. Más allá del gesto diplomático, el mensaje fue claro: existe una hoja de ruta definida y en ejecución.
En este nuevo escenario, el poder efectivo en Venezuela se ejerce desde una estructura institucional que mantiene continuidad administrativa, encabezada por Delcy Rodríguez, pero condicionada por factores internos y externos.
La presidencia de facto conserva el control del aparato estatal y la capacidad de gestión cotidiana, aunque sus márgenes de decisión están estrechamente vinculados a la evolución del diálogo con Estados Unidos y a la respuesta de los núcleos de poder que sobreviven dentro del sistema político. Figuras como Diosdado Cabello y sectores asociados al área de seguridad y defensa siguen siendo actores relevantes, no necesariamente visibles en la negociación externa, pero con capacidad de influir en la viabilidad de cualquier proceso de apertura sostenida.
El plan estadounidense se articula en tres etapas secuenciales: estabilización, recuperación económica y transición política. Su lógica responde a un enfoque gradual, que prioriza reducir la incertidumbre antes de avanzar hacia cambios estructurales. En esa línea se inscriben la liberación paulatina de presos políticos, la flexibilización de ciertas restricciones económicas y la reconstrucción de vínculos diplomáticos. Estas medidas cumplen una doble función: enviar señales de distensión al plano internacional y, al mismo tiempo, administrar tensiones internas sin alterar de forma abrupta el equilibrio de poder existente.
El papel de Estados Unidos no se presenta como el de un mediador neutral, sino como el de un actor con intereses definidos que busca ordenar el proceso y condicionar sus tiempos. La figura de Laura Dogu refleja ese enfoque: una diplomacia directa, con objetivos explícitos y escaso margen para ambigüedades. La reapertura de la misión diplomática no implica un reconocimiento pleno ni automático del gobierno de facto, sino la instalación de un canal permanente de supervisión política y negociación.
En el plano internacional, el plan de tres fases impulsado por Estados Unidos es seguido con atención tanto por actores internacionales como por los principales países de la región. China observa el proceso desde una lógica de resguardo de intereses económicos y estabilidad, evitando una confrontación directa y evaluando cómo la fase de recuperación podría afectar su presencia en sectores estratégicos. Rusia, con una capacidad de incidencia más limitada, utiliza el caso venezolano como referencia en el debate sobre soberanía y equilibrio internacional, priorizando el plano diplomático.
En América Latina, las posiciones son diversas y responden a intereses concretos: Colombia ocupa un lugar central por su condición de país vecino, directamente impactado por los flujos migratorios, la seguridad fronteriza y el narcotráfico, lo que la lleva a privilegiar una estabilización funcional de Venezuela y a coordinar acciones diplomáticas y de cooperación con otros actores. Argentina acompaña una salida que reduzca la incertidumbre regional y facilite la normalización económica, mientras que Brasil mantiene una postura cautelosa, interesada en la estabilidad venezolana, pero atenta a preservar márgenes de autonomía regional y un enfoque no excluyente. En conjunto, ninguno de estos países define por sí solo el rumbo del proceso, pero todos influyen en sus tiempos, alcances y límites.
El entendimiento entre Estados Unidos y Colombia, reforzado por el diálogo directo entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, encaja en este marco más amplio. La cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico apunta a reducir factores de inestabilidad que trascienden a Venezuela y afectan al conjunto de la región. Sin embargo, este alineamiento no implica una delegación automática de decisiones políticas, sino una convergencia pragmática en áreas donde los intereses coinciden.
El principal desafío del proceso se concentra en su fase final. La transición política requiere redefinir reglas institucionales, clarificar legitimidades y establecer mecanismos de gobernabilidad para los actores que mantienen influencia significativa. Si la estabilización y la recuperación económica no generan incentivos claros para una apertura política sostenida, el proceso podría quedar estancado en la gestión prolongada de la crisis, sin una resolución institucional profunda.
Lejos de una transición lineal, el contexto venezolano se caracteriza por la interacción entre dinámicas internas y la influencia de actores externos. Los planes internacionales, que suelen priorizar primero la estabilidad y luego la recuperación económica antes de abordar cambios políticos, no garantizan una solución definitiva a la crisis, pero sí establecen un marco de prioridades que condiciona las decisiones de los distintos actores.
El desenlace dependerá de la capacidad de los actores internos y regionales para coordinar acciones que respondan a las necesidades del país, respetando los principios de gobernabilidad y legitimidad institucional. Cada decisión tendrá implicaciones sobre los márgenes de autonomía y la estabilidad política, y la efectividad del proceso estará vinculada tanto a factores internos como al contexto internacional en el que se desarrollen estas interacciones.
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