Correo de los Viernes - Veinte años de trazabilidad individual obligatoria: entre el relato oficial y la historia completa

Veinte años de trazabilidad individual obligatoria: entre el relato oficial y la historia completa

Viernes 11 de setiembre de 2026. Lectura: 8'

Por Tomás Laguna

El mes pasado nuestro país, y en particular la ganadería vacuna, celebró los 20 años de la sanción de la Ley 17.997, que declaró de interés nacional el Sistema de Identificación y Registro Animal y estableció la obligatoriedad de la identificación individual de los bovinos. El relato oficial centra los hechos en aquella fecha, durante el primer gobierno de la coalición de izquierda, y olvida, en beneficio propio, el largo y trabajoso proceso iniciado durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle, que permitió que la trazabilidad individual obligatoria se transformara en una de las políticas de Estado más sólidas e indiscutidas, más allá de los sucesivos cambios de gobierno.

En la última década del siglo pasado surgió en Europa una gran preocupación por instrumentar sistemas que permitieran certificar la procedencia, sistemas de producción y calidad de los alimentos de origen animal, en particular la carne. Hubo un hecho detonador, la llamada “Vaca Loca” (Encefalopatía Espongiforme Bovina) patología neurodegenerativa progresiva y mortal que afecta al sistema nervioso central del ganado bovino. Su origen refiere al intento de máxima intensificación productivista, de origen británico, por el cual se pretendió transformar a los vacunos de su condición de herbívoros a omnívoros, alimentándolos con desechos de origen animal. El primer caso de EEB data de 1986 en la misma Gran Bretaña, pero fue en 1996 la primera oportunidad en que se constató la afectación a los consumidores. Las personas que consumen tejidos nerviosos de animales infectados pueden contagiarse exponiéndose a sufrir la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, trastorno cerebral grave y fatal.

Es decir que, en su origen, el sistema de trazabilidad y la necesaria identificación individual, desarrollados por los propios británicos, tuvieron un objetivo primordialmente sanitario. De esta manera se procuraba recuperar la confianza del consumidor europeo, fuertemente afectada por la crisis sanitaria y su impacto sobre el consumo de carne. En los Estados Unidos hubo un argumento parecido: ante una disminución del consumo de carnes rojas, se procuró atender las mayores exigencias de los consumidores mediante la certificación de procesos.

Ya en 1996 la inquietud había anidado en nuestro país, luego del congreso regional sobre la carne convocado en Buenos Aires por la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC, IMS por su sigla en inglés). Aquella instancia es recordada por el encendido debate sobre el uso de hormonas en la producción entre las delegaciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Fue a partir de aquel encuentro que el Instituto Plan Agropecuario identificó el valor estratégico de la trazabilidad como sistema que permitiría diferenciar nuestra ganadería vacuna. Por entonces nuestro país ya llevaba dos años sin vacunar contra la aftosa, condición necesaria para ser declarado libre de la enfermedad sin vacunación.

Pero fue recién a partir del 12.º Congreso Mundial de Carnes —celebrado por la OPIC en mayo de 1999, en Dublín, Irlanda—, cuyo eje central fue precisamente la trazabilidad, cuando se activaron las conciencias y voluntades en torno al tema en nuestro país. El impulso surgió de la concurrencia de una nutrida delegación uruguaya integrada por representantes del INAC, el INIA, el SUL y la Facultad de Agronomía, así como por delegados de las gremiales rurales y de la industria frigorífica. También participaron el Instituto Plan Agropecuario, organizador del viaje, y el IICA, que financió las publicaciones surgidas de aquella experiencia. Como invitado especial concurrió el presidente de la Comisión de Ganadería del Senado, Dr. Jorge Batlle, candidato en aquel año electoral a la Presidencia de la República por el partido de don Frutos Rivera y don José Batlle y Ordóñez.

Vale la siguiente anécdota. Luego de participar en el congreso, la delegación uruguaya visitó la fábrica de identificadores Allflex en Francia. Por entonces las caravanas electrónicas eran aún una tecnología en desarrollo. Fue allí donde el Dr. Batlle le manifestó resueltamente al funcionario de la empresa que oficiaba como anfitrión: “Para mi país quiero identificación electrónica”, descartando de plano las caravanas visuales. Faltaban aún siete años para la promulgación de la ley cuyos 20 años de vigencia se celebran hoy. Hubo, como corresponde, un informe final de esta gira, en el cual se expresó: “Si la trazabilidad no existiera, Uruguay debería inventarla”.

El Dr. Jorge Batlle fue electo presidente de la República en las elecciones de aquel mismo año. Ya en el ejercicio de la Presidencia, no dudó en nombrar ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca al Ing. Agr. Gonzalo González, integrante de aquella delegación a Dublín en su calidad de decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. La instrumentación de un sistema de trazabilidad para la ganadería uruguaya ya estaba incorporada a la agenda de su mandato, cuando aún existía optimismo acerca de la posibilidad de que el país fuera declarado libre de aftosa sin vacunación. De hecho, en 2000 Uruguay exportaba el 44% de su volumen de carne a los mercados no aftósicos, aquellos que ofrecían las mejores cotizaciones para el producto. No se preveía por entonces la tormenta en ciernes: la crisis sanitaria de 2001 y el cierre de nuestros mercados de ultramar, que, en todo caso, operaron como aceleradores de un proceso políticamente ya previsto. En otras palabras, con o sin la crisis de la aftosa, la trazabilidad habría sido, antes o después, un hecho consumado.

Un segundo capítulo en esta historia lo constituye el dramático brote de aftosa del año 2001, cuando la ganadería nacional demostró su vulnerabilidad sanitaria, no por las condiciones existentes dentro de fronteras, sino por su exposición a una región sanitariamente poco confiable. Ante el dramático cierre de mercados, el gobierno reaccionó de inmediato con transparencia ante el mundo y con convicción acerca de los caminos que debían emprenderse fronteras adentro.

Fue así que, cuando se registró el último foco, el 21 de agosto, ya se había efectuado la primera adquisición de dispositivos para la identificación individual. Pero instrumentar un sistema de trazabilidad individual era infinitamente más exigente que “caravanear” ganado. La identificación individual no es, por sí sola, trazabilidad: el sistema requiere una base de datos especialmente diseñada y la determinación de las formas y los medios para recolectar los datos en el campo. A su vez, la identificación debe cumplir con la condición de ser única y durar toda la vida del animal. Pero, por encima de todo, se hacía necesario contar con el convencimiento y el compromiso de los productores ganaderos y de la propia industria para instrumentar el sistema.

Por entonces fue necesario superar el punto muerto de 2002, cuando se produjo la mayor crisis bancaria de la historia. Luego, durante los años 2003 y 2004, y con financiación del Banco Mundial, a través del programa PRENADER —originalmente previsto para el desarrollo del riego— y de la unidad PAEFA —Proyecto de Asistencia a la Emergencia de la Fiebre Aftosa—, se emprendió el muy trabajoso proceso de dar forma al sistema. Los cinco factores que determinaron su éxito fueron: una idea consolidada, el apoyo político que recibió, la obtención del financiamiento necesario —US$ 18 millones aportados por el Banco Mundial—, un preciso e inteligente pliego de condiciones para el llamado a interesados y, finalmente, la oportuna y muy adecuada propuesta de un consorcio integrado por tres empresas, una chilena y dos uruguayas. Basta decir que, hasta la fecha, este consorcio sigue gestionando el sistema.

Quedaba aún por delante la etapa de convencer a los productores ganaderos de la necesidad de incorporar este novedoso sistema a la gestión de sus establecimientos, por encima de la trazabilidad grupal de DICOSE, habitual desde 1973. Se realizaron múltiples giras a lo largo y ancho del territorio, con jornadas intensas en las que participaron las autoridades del MGAP, acompañadas por técnicos aportados por la institucionalidad del agro. Por cierto, encontraron en su camino duros detractores que actuaron con particular insidia, desacreditando la propuesta en los mismos ámbitos en los que el novedoso y exigente sistema era presentado. En particular, es necesario recordar el virulento y cerril discurso contra el sistema de trazabilidad individual del Dr. Luis Fratti, dedicado entonces a recorrer el país con tal fin. Era por aquel tiempo dirigente de la Federación Rural; hoy es ministro de Ganadería. En su favor, cabe destacar que, ya siendo presidente del INAC durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, revisó su iracunda aversión y se convirtió en impulsor del sistema.

Cuando desde el actual Poder Ejecutivo se echan las campanas al vuelo para resaltar la aprobación de la ley de trazabilidad individual obligatoria, es necesario recordar que fue el gobierno del Dr. Batlle, luego de sufrir la peor crisis sanitaria ganadera de la historia del país, el que dejó los mercados nuevamente abiertos y un riguroso sistema, reconocido internacionalmente, que permitía certificar la seguridad sanitaria de nuestra producción ganadera. Nuestros vecinos de la región nunca fueron capaces de instrumentar un sistema semejante, aun cuando manifestaron interés en hacerlo.

Una última consideración merece ser resaltada en este virtuoso proceso: la institucionalidad agropecuaria, tantas veces cuestionada, constituyó una de las fortalezas de nuestro país mientras transitaba por estos escarpados caminos.

Finalmente, fueron numerosas las voluntades de jerarcas, profesionales y técnicos que tuvieron un reconocido protagonismo e hicieron posible alcanzar los logros comentados en esta historia. Hemos omitido expresamente su mención, atendiendo a las limitaciones de espacio de esta columna.