Correo de los Viernes - Vehículos militares todoterreno... frenados por un trámite

Vehículos militares todoterreno... frenados por un trámite

Viernes 29 de mayo de 2026. Lectura: 3'

El gobierno descarta liberar mediante excepción ambiental los 89 vehículos militares todoterreno adquiridos por el Ejército durante la administración anterior. La decisión resulta difícil de explicar: en 2025 ya se habían otorgado flexibilizaciones similares y los vehículos estaban destinados a tareas logísticas, sanitarias y operativas clave para las Fuerzas Armadas.

El episodio raya en el absurdo burocrático. Mientras Uruguay enfrenta crecientes desafíos logísticos en fronteras, emergencias climáticas y misiones internacionales, 89 vehículos militares especialmente adquiridos para operaciones tácticas permanecen inmovilizados en Aduanas porque no cumplen una normativa ambiental que el propio Estado flexibilizó varias veces en 2025. La pregunta es inevitable: si hubo excepciones antes, ¿por qué no ahora? ¿Se pretende devolver la compra al fabricante brasileño después de haber gastado más de nueve millones de dólares?

Los vehículos retenidos corresponden a una compra realizada por el Ejército Nacional durante la administración de Luis Lacalle Pou mediante una licitación pública concretada en febrero de 2025. El lote incluye 84 unidades tácticas Agrale Marruá AM11 4x4 y cinco ambulancias militares especialmente adaptadas. La adquisición fue firmada por el entonces ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, y el presidente Lacalle Pou, por un monto superior a los US$ 9 millones calculados a valores de 2024.

Los Marruá no son simples camionetas. Se trata de vehículos diseñados para escenarios militares exigentes: terrenos inundados, barro, caminos destruidos, traslado de tropas, evacuación sanitaria y despliegues rápidos. Son utilizados por distintos ejércitos de América Latina y están preparados para operar en condiciones donde un vehículo convencional simplemente no resiste.

Según la información divulgada, los AM11 cuentan con motor Cummins ISF 3.8 de 167 caballos de fuerza, torque de 600 Nm, transmisión Eaton de cinco velocidades y tracción integral 4x4. Esa configuración les permite atravesar terrenos difíciles y cumplir funciones logísticas en operaciones militares, apoyo a la población y misiones de paz de Naciones Unidas.

Precisamente ahí aparece otra contradicción relevante. Uruguay participa desde hace décadas en operaciones internacionales donde la movilidad táctica resulta esencial. Los Marruá estaban destinados, entre otras funciones, a reforzar capacidades operativas y sanitarias en ese tipo de despliegues. Mantenerlos inmovilizados no solo genera un perjuicio económico: también implica un deterioro operativo para las Fuerzas Armadas.

El obstáculo formal es un decreto ambiental aprobado en mayo de 2021 sobre estándares de emisiones y calidad del aire. La norma fue prorrogándose sucesivamente porque seguaban ingresando vehículos que no cumplían totalmente esos parámetros. El propio decreto contempla la posibilidad de excepciones temporales decididas por el Poder Ejecutivo.

Y ahí está el núcleo político del problema.

Fuentes del gobierno reconocieron a El Observador que en 2025 sí se concedieron autorizaciones especiales para otros casos similares. Sin embargo, ahora el Poder Ejecutivo descarta emitir un nuevo decreto de excepción para liberar los vehículos. La posición resulta difícil de explicar: si el mecanismo excepcional ya fue utilizado anteriormente, ¿por qué se niega específicamente para una compra estatal destinada a funciones estratégicas?

Más aún cuando no se trata de vehículos de lujo ni de importaciones comerciales privadas. Son unidades militares adquiridas por el propio Estado uruguayo para funciones de defensa, apoyo logístico y emergencias. La rigidez administrativa, en este caso, parece imponerse sobre cualquier criterio práctico.

La situación también abre interrogantes sobre las responsabilidades políticas y técnicas. Resulta llamativo que una compra de esta magnitud haya avanzado sin que el problema normativo quedara plenamente resuelto antes de la adjudicación. Pero igualmente llamativo es que el actual gobierno, teniendo herramientas legales para destrabar el asunto, decida mantener los vehículos detenidos.

El desenlace todavía es incierto. Algunas versiones manejan modificaciones normativas futuras, mientras otras indican que el tema continúa “trancado” dentro del gobierno. Entretanto, decenas de vehículos preparados para operar en terrenos extremos siguen estacionados en depósitos aduaneros.

La imagen termina siendo simbólica de una vieja patología estatal: un país capaz de comprar equipamiento militar especializado, pero incapaz de hacerlo circular por una maraña regulatoria que el propio Estado flexibilizó cuando le convenía.