Vaya novedad: operadores señalan que la prohibición de monoambientes elevaría los alquileres un 25%
Viernes 13 de marzo de 2026. Lectura: 4'
 La propuesta de prohibir los monoambientes promete mejorar la calidad de la vivienda, pero podría generar exactamente lo contrario: menos oferta y alquileres más caros para quienes buscan opciones accesibles.
Un proyecto legislativo impulsado por el senador socialista Gustavo González propone eliminar en los hechos los apartamentos tipo monoambiente en las nuevas construcciones. La iniciativa obliga a que toda unidad habitacional tenga un dormitorio separado del resto de la vivienda, lo que en la práctica implica prohibir el modelo de ambiente único que hoy existe en buena parte del mercado inmobiliario.
Según informó El Observador, la propuesta establece que toda vivienda deberá contar con al menos 35 metros cuadrados y, además, disponer de una división física obligatoria que separe el área de descanso del resto del espacio habitacional. Esto significa que el proyecto no solo fija un tamaño mínimo sino que directamente elimina la posibilidad de construir monoambientes.
El legislador socialista confirmó que el proyecto ya fue planteado dentro de la bancada del Frente Amplio y que varios senadores manifestaron su acuerdo con la iniciativa, por lo que espera que próximamente sea tratado en la Comisión de Vivienda del Senado.
Más allá de la intención declarada de mejorar las condiciones de habitabilidad, el sector inmobiliario advirtió que una medida de este tipo podría tener efectos muy concretos —y negativos— sobre el mercado de alquileres.
Un informe elaborado por el portal inmobiliario InfoCasas, citado por El Observador, señala que eliminar los monoambientes generaría un aumento inmediato en el costo de acceso al alquiler. Actualmente, el alquiler promedio de un monoambiente en Montevideo ronda los $22.000, mientras que el de un apartamento de un dormitorio se ubica en torno a $27.500.
“Si la oferta de estas unidades desaparece y el piso de entrada pasa a ser el de un apartamento de un dormitorio, se produce un incremento automático del 25% en el costo de acceso a la vivienda”, indica el informe.
Javier Ache, gerente comercial de InfoCasas, agregó que el impacto puede ser incluso mayor si se consideran los gastos comunes, que también tienden a aumentar en unidades de mayor tamaño.
Desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, su vicepresidente Matías Medina coincidió en que la eliminación de los monoambientes elevaría el piso mínimo de acceso al mercado. Hoy, explicó, existen unidades desde $16.500 más gastos comunes, utilizadas principalmente por estudiantes y trabajadores jóvenes.
En ese sentido advirtió que “la eliminación de esta tipología podría afectar especialmente a quienes necesitan opciones de menor costo”.
El problema, según los especialistas del sector, responde a una lógica económica básica: cuando la oferta se restringe y la demanda se mantiene, los precios tienden a subir.
“Si se eliminan unidades de menor tamaño, parte de esa demanda se trasladará a unidades de un dormitorio, lo que podría incrementar la presión sobre esa tipología”, señaló Medina.
En la misma línea, Fabián Kopel, cofundador de la desarrolladora Kopel Sánchez, explicó que los monoambientes cumplen una función específica dentro del mercado inmobiliario. Estas unidades permiten ampliar la oferta y aliviar la presión sobre los apartamentos de un dormitorio.
Eliminar esa alternativa, sostuvo, generaría “un aumento innecesario del valor del alquiler” y podría incluso tener efectos indirectos en otros segmentos del mercado.
Frente a la preocupación por las condiciones de habitabilidad, los propios actores del sector inmobiliario proponen alternativas regulatorias más razonables: revisar superficies mínimas, mejorar los estándares de iluminación y ventilación o promover espacios comunes de calidad en los edificios. Medidas que buscan mejorar la calidad de vida sin eliminar opciones del mercado.
La lógica detrás de estas propuestas es sencilla: las ciudades modernas necesitan diversidad de soluciones habitacionales para distintos perfiles de hogares.
El proyecto impulsado por el senador González, en cambio, parte de una premisa distinta: que el Estado debe decidir qué tipo de vivienda es aceptable y cuál no.
El resultado previsible de esa intervención es exactamente el contrario del que se proclama. Al eliminar la tipología más accesible del mercado, se encarecerá el acceso a la vivienda precisamente para quienes hoy dependen de esas opciones más económicas.
Convertir un problema complejo como el acceso a la vivienda en una prohibición normativa puede sonar atractivo en el plano político. Pero cuando las leyes ignoran cómo funcionan los mercados, las consecuencias suelen ser claras: menos oferta, precios más altos y más dificultades para quienes buscan alquilar.
Por eso, más que una solución habitacional, la propuesta aparece como lo que en realidad es: una iniciativa disparatada y profundamente populista, que sólo perjudicaría a quienes supuestamente pretende defender. Lo de siempre.
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