Uruguay de nuevo en la lista negra de la OIT
Viernes 5 de junio de 2026. Lectura: 6'
 Mientras el gobierno relativiza, la OIT vuelve a poner a Uruguay bajo la lupa. El ingreso del país a la denominada «lista corta» —conocida internacionalmente como la «lista negra» del organismo— marca un retroceso respecto de los avances logrados en años anteriores y reabre cuestionamientos sobre la excesiva intervención estatal en la negociación colectiva. Más que una discusión técnica, el episodio expone una concepción del mundo laboral donde las garantías que la OIT reconoce a empleadores y trabajadores parecen aplicarse con distinto rigor según quién sea el destinatario.
Por años, Uruguay se enorgulleció de exhibirse ante el mundo como un modelo de diálogo social, negociación colectiva y respeto por las normas laborales internacionales. Sin embargo, esa imagen acaba de sufrir un nuevo golpe. El país volvió a ingresar en la denominada “lista corta” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un selecto grupo de casos que la Comisión de Aplicación de Normas examina durante la Conferencia Internacional del Trabajo por presuntos incumplimientos de convenios ratificados.
Aunque algunos jerarcas han intentado minimizar el episodio presentándolo como una mera discusión técnica o incluso una “minucia”, la realidad es que la inclusión en esa nómina constituye un severo llamado de atención internacional. En el lenguaje diplomático de la OIT se la denomina “lista corta”, pero en la práctica es conocida desde hace décadas como la “lista negra” del organismo, precisamente porque reúne a los casos considerados más problemáticos o persistentes en materia de cumplimiento de normas laborales.
Qué es la “lista corta”
Cada año, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT selecciona un número limitado de países cuyos casos serán examinados públicamente durante la Conferencia Internacional del Trabajo. El objetivo es analizar situaciones donde existen observaciones reiteradas sobre el cumplimiento de convenios internacionales ratificados por los Estados.
La inclusión no implica sanciones económicas ni jurídicas. La OIT carece de un mecanismo coercitivo de esa naturaleza. Sin embargo, sí tiene consecuencias reputacionales. Los países incluidos quedan sometidos a un escrutinio internacional especial y pueden recibir nuevas recomendaciones o exigencias de adecuación normativa.
Por eso resulta difícil sostener que se trata de un asunto menor. Ningún gobierno celebra aparecer junto a países cuestionados por incumplimientos de convenios internacionales.
El viejo conflicto que nunca se resolvió
Lo llamativo es que el problema no es nuevo. El caso uruguayo se remonta a 2009, cuando las principales cámaras empresariales —junto con la Organización Internacional de Empleadores— denunciaron ante la OIT diversos aspectos de la Ley de Negociación Colectiva (18.566). Desde entonces, distintos órganos de la organización han formulado observaciones y recomendaciones para adecuar la normativa nacional al Convenio 98 sobre derecho de sindicación y negociación colectiva.
La objeción central de la OIT apunta a la intervención estatal en ámbitos que deberían quedar reservados a la negociación libre y voluntaria entre empleadores y trabajadores. En particular, se han cuestionado la capacidad del Estado para influir en los niveles de negociación, la ultraactividad de los convenios y la posibilidad de que los Consejos de Salarios intervengan en condiciones de trabajo más allá de la fijación de salarios mínimos.
En otras palabras, la discusión no gira en torno a la existencia de negociación colectiva —que la OIT promueve y defiende— sino a los límites de la intervención gubernamental dentro de ese proceso.
Un problema que había sido contenido
La reincorporación a la lista corta adquiere una dimensión política adicional porque Uruguay había logrado evitar esa situación durante los últimos años.
Durante la administración anterior, se impulsaron negociaciones, envío de información y propuestas de ajuste normativo que permitieron mantener a Uruguay fuera de la nómina más comprometida del organismo.
En 2021, específicamente, Uruguay evitó integrar la lista corta tras remitir información y promover modificaciones vinculadas a las observaciones formuladas por la OIT.
Ahora, apenas iniciado el nuevo gobierno, el país vuelve a quedar expuesto.
La paradoja de Ginebra
La situación tiene además un componente simbólico particularmente incómodo.
La decisión de incluir a Uruguay en la lista corta se conoció prácticamente al mismo tiempo que el ministro de Trabajo, Juan Castillo, presidía la apertura de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra.
La imagen resulta difícil de ignorar: el representante uruguayo encabezando la principal reunión mundial sobre trabajo mientras su propio país es señalado por incumplimientos vinculados a uno de los convenios fundamentales de la organización.
Una visión unilateral de la negociación colectiva
El trasfondo político del episodio parece más profundo que una mera discrepancia técnica.
La OIT es una organización esencialmente tripartita. Su arquitectura institucional descansa sobre un equilibrio entre gobiernos, trabajadores y empleadores. Los convenios internacionales no buscan favorecer exclusivamente a una de las partes, sino garantizar reglas de juego compatibles con la libertad sindical y la negociación colectiva voluntaria.
Sin embargo, la actitud adoptada por las actuales autoridades del Ministerio de Trabajo transmite una impresión diferente. Desde el comienzo de la administración encabezada políticamente por dirigentes del Partido Comunista, la reacción frente a las observaciones empresariales y a los cuestionamientos de la OIT ha tendido a descalificar las críticas más que a considerar seriamente los problemas señalados.
El mensaje implícito parece ser que la negociación colectiva debe protegerse cuando fortalece la posición sindical, pero que las garantías de autonomía empresarial previstas por el mismo Convenio 98 pueden relativizarse o interpretarse como obstáculos secundarios.
Esa visión resulta difícilmente compatible con la filosofía de la propia OIT. El Convenio 98 no protege únicamente a los sindicatos; protege el derecho de ambas partes a negociar libremente, sin imposiciones indebidas y con márgenes suficientes de autonomía.
Un retroceso para la imagen del país
La inclusión en la lista corta no convierte a Uruguay en una dictadura laboral ni lo equipara con países donde existen violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. Pero tampoco puede ignorarse el significado institucional del episodio.
Después de más de quince años de observaciones reiteradas, recomendaciones incumplidas y discusiones inconclusas, Uruguay vuelve a aparecer bajo la lupa de la OIT por exactamente el mismo problema: la incompatibilidad entre ciertos aspectos de su sistema de negociación colectiva y los estándares internacionales que el propio país se comprometió a respetar.
La señal hacia el exterior es inequívoca. Mientras otros países buscan demostrar capacidad de adaptación a las observaciones de los organismos internacionales, Uruguay vuelve a ser examinado por resistirse a corregir aspectos cuestionados desde hace más de una década.
Y lo más preocupante es que, lejos de asumir el problema como una oportunidad para corregir desajustes, las actuales autoridades parecen empeñadas en negar que exista. Cuando un país termina nuevamente en la lista corta de la OIT por los mismos motivos que arrastra desde hace años, la explicación ya no puede atribuirse únicamente a la obstinación de los denunciantes. También obliga a preguntarse si quienes gobiernan están realmente dispuestos a aceptar que los principios de la negociación colectiva valen para todos los actores por igual, y no solamente para aquellos con los que comparten afinidades ideológicas.
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