Correo de los Viernes - Unos sí, otros no…

Unos sí, otros no…

Viernes 9 de mayo de 2025. Lectura: 3'

El caso del economista Rodrigo Arim —actual director de la OPP y ex rector de la Universidad de la República— no es una anécdota ni un malentendido técnico. Es un acto de evasión tributaria. Puro y simple. Pero, sobre todo, es un test para saber si el discurso de la “honestidad en el gobierno” fue una promesa sincera o apenas una frase marketinera de campaña.

El caso, ya ampliamente documentado, revela que Arim construyó una casa de veraneo en el balneario Solís —no una tapera, sino una vivienda de más de 120 metros cuadrados— que no declaró ante Catastro. En consecuencia, pagó durante años un valor de impuestos ridículamente bajo, como si se tratara de una construcción de 24 m². ¿El resultado? Una subvaluación fiscal que lo hizo evadir el Impuesto de Primaria, entre otros tributos. Y no se trata de un tecnicismo contable ni de una discusión sobre finales de obra: es un ocultamiento de información que redujo su carga impositiva de forma deliberada, como subrayó el senador colorado Andrés Ojeda, quien con firmeza advirtió que este caso no puede cerrarse así nomás. Y tiene razón.

Porque lo que está en juego no es una cuestión catastral, sino la confianza en la igualdad ante la ley. Mientras miles de uruguayos hacen malabares para pagar impuestos y cumplir con sus obligaciones fiscales —en una economía exigente y con un Estado siempre voraz—, los jerarcas del Frente Amplio que predican con superioridad moral parecen vivir en un régimen paralelo, en el que se permite construir, disfrutar, alquilar y hasta exhibir públicamente una propiedad sin asumir los costos legales que eso conlleva. ¿Dónde está la tan declamada coherencia entre valores y conducta?

La evasión del Impuesto de Primaria no es una falta menor. Como bien lo ha recordado la prensa en estas semanas escandalosas, ese tributo no va a rentas generales ni financia burocracia: va directo a sostener la enseñanza primaria pública y la alimentación escolar. Lo que Arim eludió pagar durante años fue el dinero que podría haber servido para que un niño comiera mejor, para que una escuela tuviera mejores materiales, o para que un maestro recibiera apoyo. Eso no es una omisión, es una infamia.

Y es además una actitud planificada. Arim no es un ciudadano desinformado, ni un vecino común atrapado en trámites confusos. Es un economista formado, un ex rector universitario, un hombre que ha diseñado políticas públicas y que conoce el sistema tributario al dedillo. Lo suyo no fue un desliz burocrático: fue una maniobra consciente. Tanto es así que, cuando fue consultado, defendió su posición con un tecnicismo falaz, afirmando que sin final de obra no corresponde pagar Primaria. Eso es cierto solo a medias. Y las medias verdades, cuando se usan para justificar una ventaja indebida, son mentiras completas.

La comparación con la exministra Cecilia Cairo es inevitable. Ella también había regularizado mal su vivienda, había evadido pagos durante años, y cuando se supo, el Frente Amplio terminó aceptando su renuncia. Con pesar, sí, pero con claridad. Ahora, ¿por qué Arim merece un tratamiento diferente? ¿Porque el Frente Amplio teme admitir que su gobierno está plagado de dirigentes que predican la solidaridad mientras defraudan al fisco?

La impunidad nunca es gratis. Y en este caso, se paga con algo más que dinero: se paga con la credibilidad. Porque un país donde algunos pagan todo y otros viven del privilegio es un país injusto. Y porque un jerarca que evade es un símbolo. Pero un presidente que lo permite, es un problema.