Correo de los Viernes - Una vida no tiene precio

Una vida no tiene precio

Viernes 23 de octubre de 2026. Lectura: 4'

Por Angelina Rios

La condena al Estado por el femicidio de Daiana Laguna vuelve a poner en discusión la eficacia de los mecanismos de protección frente a la violencia de género. Uruguay ha desarrollado instrumentos legales y tecnológicos, pero el desafío sigue siendo que la respuesta llegue a tiempo.

Hay daños que ninguna sentencia puede reparar plenamente. El asesinato de Daiana Laguna, ocurrido en agosto de 2022, es uno de ellos. Según los antecedentes del fallo difundidos por El País y otros medios de prensa, en los 58 días anteriores a su muerte había presentado cinco denuncias y solicitado expresamente la colocación de una tobillera electrónica a su agresor. Sin embargo, la protección que reclamaba no llegó.

Una sentencia de primera instancia, todavía no firme, condenó al Estado a indemnizar a su familia. El juez identificó 22 errores u omisiones en las actuaciones del Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial. La trascendencia del fallo supera los más de 200.000 dólares establecidos como reparación. Plantea una responsabilidad institucional que no debería agotarse en el pago de una indemnización.

Uruguay no carece de instrumentos para enfrentar estas situaciones. Desde 2013 funciona el programa de tobilleras electrónicas destinado a proteger a víctimas de violencia doméstica y de género en situaciones de alto riesgo. La Ley 19.580, aprobada en 2017, fortaleció el marco jurídico de prevención, atención y protección. Son políticas construidas a lo largo de distintas administraciones, cuya continuidad y perfeccionamiento resultan indispensables.

Según el Ministerio del Interior, más de 22.500 víctimas han recibido protección mediante el programa de monitoreo electrónico desde su creación. En julio de 2026 había 2.534 casos activos y más de 5.000 personas monitoreadas. Son cifras significativas que reflejan el alcance de una herramienta de protección cuya importancia corresponde reconocer.

También se han incorporado nuevos recursos. La aplicación Élida 360, presentada en 2025, permite solicitar auxilio y ampliar denuncias sin necesidad de concurrir personalmente a una dependencia policial. Su desarrollo constituye otro avance, aunque será necesario evaluar sus resultados y su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan.

Pero la disponibilidad de herramientas no garantiza, por sí sola, una protección efectiva. Antes de colocar una tobillera o activar un mecanismo de alerta, es necesario identificar el peligro, evaluar su gravedad, adoptar las medidas correspondientes y asegurar su cumplimiento. Una falla en cualquiera de esas etapas puede comprometer la respuesta del sistema.

Un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, publicado en 2024, identificó dificultades en la aplicación judicial de la Ley 19.580. Entre los expedientes examinados con información suficiente, menos de la mitad registraba una pericia técnica efectivamente realizada. La investigación también señaló problemas para mantener el contacto con las víctimas y recomendó fortalecer la coordinación institucional.

Estas observaciones adquieren particular relevancia frente a una sentencia que cuestiona precisamente la actuación de los organismos encargados de proteger a una mujer que había advertido reiteradamente sobre el peligro que enfrentaba. No significa que todos los casos presenten las mismas deficiencias, pero sí que existen aspectos del funcionamiento institucional que merecen una revisión permanente.

El propio programa de tobilleras parte del reconocimiento de que, en determinadas circunstancias, una orden de prohibición de acercamiento resulta insuficiente. Por eso, la evaluación del riesgo y el seguimiento de las medidas no pueden convertirse en simples trámites administrativos. Son decisiones de las que puede depender una vida.

La respuesta tampoco puede reducirse a señalar responsabilidades de determinada administración. El Estado tiene obligaciones que trascienden los períodos de gobierno y requieren coordinación entre la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y los servicios de atención. Reconocer lo que se ha avanzado no impide exigir que se corrijan las deficiencias.

El Ministerio del Interior ha incluido entre sus compromisos para este año el desarrollo de una herramienta de valoración del riesgo de revictimización, destinada a los integrantes del sistema de justicia. Es una iniciativa relevante, cuya implementación y resultados deberán ser examinados. La sentencia del caso Daiana Laguna vuelve especialmente urgente esa tarea.
La reparación económica reconoce un daño que ya ocurrió. La responsabilidad pública debe proyectarse también hacia las vidas que todavía pueden protegerse.

Porque una vida no tiene precio. Y cuando una mujer denuncia que está en peligro, la respuesta del Estado no puede llegar demasiado tarde.