Una pésima idea
Viernes 20 de marzo de 2026. Lectura: 3'
 El planteo de la ministra Fernanda Cardona para que las intendencias compren portland de ANCAP revela una lógica conocida: trasladar ineficiencias estructurales al contribuyente. La adhesión del intendente Nicolás Olivera confirma que, bajo el argumento de “sostener la actividad”, se propone un mecanismo que posterga la única solución de fondo.
La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, fue explícita. Según consignaron diversos medios, planteó que “sería muy bueno alcanzar un acuerdo para que todas las intendencias le compren portland a ANCAP”. La idea, reiterada en distintas intervenciones públicas, apunta a generar una demanda asegurada para la producción de la división Portland, hoy crónicamente deficitaria.
No se trata de un matiz técnico ni de una sugerencia lateral: es una definición de política. El gobierno propone, en los hechos, coordinar compras públicas departamentales para sostener una línea de negocio que no logra ser competitiva en el mercado. El objetivo declarado es “fortalecer el sector” y preservar actividad industrial. El objetivo real, menos confesado, es evitar el costo político de asumir el fracaso estructural de esa unidad.
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, recogió el guante. Tras reunirse con la ministra, se mostró dispuesto a avanzar en un acuerdo de estas características, en línea con la preocupación por el impacto laboral y productivo que tendría una eventual caída de la actividad en su departamento. Su postura es comprensible desde la lógica territorial y político-electoral: defender empleo y movimiento económico en su departamento. Pero esa racionalidad local, cuando se proyecta como política nacional, produce distorsiones difíciles de justificar.
Porque aquí conviene despejar la niebla retórica. No estamos ante una política de desarrollo industrial ni ante un instrumento de transición productiva. Estamos ante un esquema de subsidio cruzado, opaco y regresivo: las intendencias —es decir, los contribuyentes de cada departamento— pagarían un portland más caro para sostener una operación que, por sí misma, no cierra.
El problema no es nuevo. La división Portland de ANCAP arrastra pérdidas desde hace años, producto de ineficiencias productivas, escalas inadecuadas y una inserción competitiva fallida. Nada de eso se corrige obligando a organismos públicos a comprarle. Por el contrario, se consolida la artificialidad: se reemplaza el veredicto del mercado por una demanda cautiva financiada con impuestos.
Se dirá que el Estado puede y debe intervenir para sostener sectores estratégicos. Es cierto, pero con una condición básica: que esa intervención apunte a corregir fallas y construir viabilidad, no a eternizar déficits. Aquí no hay un plan de reconversión, ni de mejora sustantiva de productividad, ni de redefinición del negocio. Hay, en cambio, una transferencia de costos.
Además, el mecanismo propuesto introduce un problema institucional relevante. Las intendencias tienen autonomía y responsabilidades propias. Convertirlas en clientes forzados de una empresa pública nacional desdibuja esa autonomía y las transforma en instrumentos de una política que no diseñaron y cuyos costos deberán explicar a sus propios contribuyentes.
El argumento del empleo, por su parte, merece ser tratado con seriedad. Proteger a los trabajadores no implica sostener indefinidamente estructuras inviables. Implica, justamente, lo contrario: asumir la realidad y diseñar mecanismos de transición. Capacitación, reconversión, seguros de desempleo robustos, incentivos a nuevas actividades. Todo eso requiere recursos, sí, pero son recursos bien orientados, que miran al futuro en lugar de congelar el pasado.
Persistir en la lógica actual —o profundizarla mediante acuerdos de compra obligada— solo agranda el problema. Cada bolsa de portland adquirida a precio político es un recordatorio de que la solución se sigue postergando.
La conclusión es incómoda pero inevitable. No hay atajos virtuosos para sostener lo que no funciona. La división Portland de ANCAP no necesita más clientes cautivos; necesita una decisión. Cerrar esa área de negocios, detener la sangría de recursos y destinar fondos, ahora sí de manera transparente y justificada, a la reconversión de los trabajadores afectados.
Todo lo demás es, en el mejor de los casos, una ilusión costosa. En el peor, una forma de cargarle a la ciudadanía —una vez más— el precio de no resolver lo que hace años ya debería haberse resuelto.
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