Correo de los Viernes - Una jueza contra la libertad de prensa

Una jueza contra la libertad de prensa

Edición Nº 1106 - Viernes 13 de noviembre de 2026. Lectura: 6'

La insólita sentencia que censuró una investigación periodística sobre un hogar del INAU y prohibió a sus autores contactar a testigos constituye un gravísimo atropello a las libertades fundamentales. La reacción corporativa de la Asociación de Magistrados agrava todavía más el episodio.

Lo ocurrido con el programa Todo se sabe (TSS), conducido por Ignacio «Nacho» Álvarez, constituye uno de los episodios más graves y preocupantes para la libertad de prensa en el Uruguay de los últimos tiempos. La jueza María Andrea Lapaz Camacho, del Juzgado Letrado de Las Piedras de 2.º Turno, dictó una sentencia tan desmesurada, tan ostensiblemente desproporcionada y tan contraria al ejercicio del periodismo que cuesta creer que haya sido pronunciada en un país con nuestra tradición democrática.

Todo comenzó con una investigación de la periodista Patricia Martín sobre el hogar Tulipanes, vinculado al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en Las Piedras. El punto de partida fue un siniestro de tránsito en el que un militar, que llevaba en su automóvil a tres adolescentes del establecimiento, atropelló y mató a una motociclista. A partir de ese episodio, Martín investigó las condiciones de funcionamiento del hogar y recogió testimonios de vecinos, familiares y funcionarios sobre presuntas irregularidades: salidas sin autorización, consumo de drogas, prostitución, episodios de violencia, deficiencias alimentarias y graves problemas de atención y supervisión.

Era, naturalmente, una investigación de incuestionable interés público. Se trataba de averiguar qué estaba ocurriendo con adolescentes confiados a una institución que debía protegerlos.

Sin embargo, a raíz de una denuncia del propio establecimiento y del INAU, la jueza Lapaz Camacho dispuso el retiro, en un plazo de 24 horas, de todo el material audiovisual relacionado con el programa emitido el 15 de octubre, bajo amenaza de sanciones económicas. No ordenó simplemente suprimir imágenes que pudieran comprometer la identidad de algún adolescente. Su decisión tuvo un alcance muchísimo mayor, afectando la difusión de la emisión periodística.

Pero lo verdaderamente escandaloso vino después. La magistrada mantuvo una prohibición de contacto, comunicación y entrevistas, durante 180 días, para Patricia Martín y los demás integrantes del equipo periodístico, no solamente respecto de los adolescentes institucionalizados, sino también de los testigos y denunciantes de los hechos. Estableció, además, un radio de exclusión de 500 metros respecto de las personas involucradas y de los establecimientos del INAU donde pudieran encontrarse los adolescentes.

Es difícil imaginar una intromisión más grosera en la actividad periodística. Una jueza que le prohíbe a una periodista hablar con testigos adultos que voluntariamente desean proporcionar información está interfiriendo directamente en el derecho a investigar. No está protegiendo la intimidad de un menor: está impidiendo que se conozcan hechos de interés público.

La sentencia invoca la protección de los derechos de los adolescentes, un objetivo absolutamente legítimo. La magistrada sostiene que la difusión de imágenes y sonidos permitió identificarlos y lesionó su intimidad, dignidad e integridad. Esa afirmación debe ser examinada, particularmente porque Álvarez asegura que no se entrevistó a ninguno de ellos.

Pero aun suponiendo que existieran elementos identificatorios inconvenientes, había respuestas mucho menos restrictivas: eliminar determinados fragmentos, distorsionar imágenes o voces, preservar identidades. Lo que resulta inadmisible es convertir una eventual afectación puntual de derechos en una prohibición general de informar y continuar investigando.

Más insólito todavía es que la jueza haya considerado relevante que Patricia Martín se presentara en la puerta del establecimiento sin cumplir el protocolo previsto para solicitar una entrevista formal. ¿Desde cuándo los protocolos administrativos de una institución pueden convertirse en una barrera para el trabajo periodístico realizado desde la vía pública?

El periodista Leonardo Haberkorn fue particularmente terminante. En Desayunos Informales calificó el fallo de «aberrante» y comparó sus restricciones con las prácticas de censura de la dictadura. Posteriormente, publicó en su blog El Informante el texto íntegro de la sentencia, permitiendo conocer el alcance de una decisión que no debería pasar inadvertida.

Y tiene razón en lo esencial. Prohibirle a un periodista que hable con testigos constituye una mordaza incompatible con las libertades propias de una democracia.

El artículo 29 de nuestra Constitución consagra expresamente la libertad de comunicación del pensamiento sin necesidad de censura previa y establece las responsabilidades posteriores por los abusos que pudieran cometerse. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege, además, el derecho a buscar, recibir y difundir información. La libertad de prensa no es una concesión graciosa de los jueces: es una garantía constitucional que ellos tienen la obligación de respetar.

Por si faltara algo, la Asociación de Magistrados del Uruguay difundió un comunicado de solidaridad con la jueza, denunciando supuestos ataques personales y llegando a calificar de violencia las conductas dirigidas contra ella.

Es una reacción corporativa tan desmesurada como preocupante. Es cierto que Álvarez utilizó una expresión personal descalificadora, que puede considerarse impropia. Pero una expresión ofensiva no equivale, por sí misma, a una amenaza ni a una persecución. Y mucho menos convierte en violencia las durísimas críticas públicas a una decisión judicial. No se han presentado elementos que acrediten que los periodistas hayan amenazado o perseguido a la magistrada.

Los jueces merecen respeto institucional, pero sus sentencias no son dogmas intocables. Cuanto mayor es el poder que ejercen, mayor debe ser su disposición a aceptar el escrutinio público. Confundir una crítica vehemente con una agresión constituye una peligrosa pretensión de inmunidad frente a la opinión ciudadana.

Hubiera sido bastante más saludable que la Asociación de Magistrados se preocupara por las consecuencias de una sentencia que limita derechos fundamentales, en lugar de apresurarse a cerrar filas en defensa de una colega.

Hay, además, una paradoja que vuelve especialmente indignante este asunto: mientras se denunciaban hechos gravísimos que podían estar afectando a adolescentes bajo responsabilidad institucional, la respuesta judicial terminó restringiendo la difusión de esas denuncias y la posibilidad de seguir investigándolas. En lugar de facilitar el esclarecimiento de los hechos, la resolución obstaculiza el trabajo de quienes procuraban hacerlos públicos.

Ignacio Álvarez anunció que apelará la sentencia. Cabe esperar que el Tribunal de Apelaciones corrija este atropello y restablezca plenamente las garantías comprometidas.

Porque aquí no está en juego la simpatía o antipatía que pueda despertar un conductor de televisión, ni la valoración que cada uno tenga de su estilo periodístico. Está en juego algo infinitamente más importante: el derecho de todos los uruguayos a investigar, informar y conocer lo que sucede en instituciones que funcionan bajo responsabilidad del Estado.

La sentencia de la jueza Lapaz Camacho merece la más categórica condena pública. Es un fallo jurídicamente cuestionable, institucionalmente alarmante y democráticamente intolerable. Que una decisión de esta naturaleza pueda dictarse en el Uruguay constituye una señal de alarma que nadie comprometido con la libertad debería minimizar.