Una invitación que agravia al Parlamento
Viernes 23 de octubre de 2026. Lectura: 7'
 La celebración del Día de la Mujer Palestina en el Palacio Legislativo revela una solidaridad selectiva que encuentra víctimas dignas de homenaje cuando puede responsabilizar a Israel, pero guarda silencio ante las atrocidades cometidas contra otras mujeres. La participación de Majida al-Masri, alta dirigente de una organización involucrada en los ataques del 7 de octubre de 2023, agrava una iniciativa que compromete el prestigio de la institución democrática por excelencia de nuestro país.
El próximo lunes 26 de octubre se celebrará en el Palacio Legislativo el denominado Día de la Mujer Palestina, en una actividad promovida por la Embajada de Palestina y auspiciada por el senador frenteamplista Gustavo González. Participarán, entre otras, Mónica Xavier y Lilián Abracinskas, así como, mediante una intervención virtual, la dirigente palestina Majida al-Masri.
La iniciativa merece un doble rechazo. Primero, por la selectividad de una solidaridad política que solo parece conmoverse ante determinadas víctimas. Segundo, y con mayor razón, por la participación de una dirigente cuyo historial resulta incompatible con los valores que deberían distinguir al Parlamento de una república democrática.
Las mujeres que no merecen homenajes
¿Por qué la mujer palestina? ¿Por qué no la mujer keniana, víctima de la violencia yihadista contra comunidades cristianas? ¿Por qué no la mujer kurda, perseguida durante décadas por distintos Estados y organizaciones armadas? ¿Por qué no las mujeres asirias o yazidíes, masacradas, secuestradas y esclavizadas por los terroristas de Daesh? ¿O las mujeres uigures, sometidas a las políticas represivas de la dictadura comunista china?
¿Dónde están los homenajes parlamentarios a estas mujeres? ¿Dónde las movilizaciones multitudinarias y los pronunciamientos indignados de quienes se presentan como custodios universales de los derechos humanos?
La respuesta parece evidente: en esos escenarios no hay judíos a quienes responsabilizar.
He aquí el componente más inquietante de esta solidaridad selectiva: el germen antisemita que asoma detrás de una preocupación que se enciende cuando el adversario es Israel y se apaga cuando los victimarios son islamistas, dictaduras árabes, el régimen chino o cualquier otro poder político.
No se trata de negar el sufrimiento de las mujeres palestinas, que es real y merece consideración. Se trata de denunciar su utilización como instrumento de una militancia que no aplica los mismos principios ante tragedias semejantes.
Para esa izquierda, la mujer palestina parece importar menos como persona que como símbolo. La causa palestina se convierte en un tótem ideológico, útil para condenar a Israel y, con demasiada frecuencia, extender esa condena al pueblo judío.
Cabe preguntarse si, desaparecido mañana Israel y expulsados todos los judíos de Medio Oriente, persistiría semejante fervor solidario. Tenemos buenas razones para sospechar que buena parte de esa preocupación se desvanecería por arte de birlibirloque.
Y hay una paradoja adicional: quienes se proclaman defensores de las mujeres palestinas suelen mostrarse mucho menos dispuestos a denunciar las restricciones que padecen bajo el autoritarismo de Hamás, su represión política y la imposición de normas religiosas incompatibles con las libertades que la izquierda occidental dice defender.
La solidaridad genuina no debería depender de quién dispara ni de la religión del victimario. Cuando depende de ello, deja de ser una defensa universal de los derechos humanos para convertirse en propaganda.
Una invitada con un pasado que no puede esconderse
Si la conmemoración ya plantea estas objeciones, la participación de Majida al-Masri convierte el episodio en algo mucho más grave.
La invitada es presentada como exministra de Asuntos Sociales de Palestina, cargo que efectivamente ocupó entre 2009 y 2013. Pero esa presentación omite lo más significativo de su trayectoria.
Nacida en Haifa en 1947, inició su militancia en el Movimiento de Nacionalistas Árabes y posteriormente integró el Frente Popular para la Liberación de Palestina, organización marxista-leninista responsable de secuestros de aviones y atentados terroristas. Durante aquella etapa recibió entrenamiento en campamentos de la organización en Jordania.
En 1972 se incorporó al Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), otra organización marxista revolucionaria, de la que actualmente es vicesecretaria general.
El FDLP fue responsable de atentados contra civiles israelíes, entre ellos la masacre de Ma’alot, perpetrada el 15 de mayo de 1974, cuando fueron asesinadas 25 personas, muchas de ellas escolares.
Pero no estamos hablando solamente de acontecimientos ocurridos hace medio siglo. Su brazo armado, las Brigadas de la Resistencia Nacional, participó en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, junto con Hamás y otras organizaciones terroristas.
No es una acusación del gobierno israelí. Lo confirmó expresamente Human Rights Watch mediante una investigación independiente basada en abundante documentación, incluidos videos difundidos por los propios atacantes.
Tampoco pueden ignorarse las declaraciones posteriores de al-Masri, quien reivindicó las consecuencias políticas de la operación denominada Diluvio de Al-Aqsa, a la que atribuyó haber devuelto la cuestión palestina al centro de la atención mundial. También defendió la resistencia y una estrategia de unidad nacional que incluya a Hamás y la Yihad Islámica.
¿Es esta la clase de personalidad extranjera a la que corresponde ofrecer una tribuna en el Parlamento uruguayo?
La increíble defensa de lo indefendible
El senador Gustavo González, promotor de la actividad, sostuvo que el FDLP no integra la lista estadounidense de organizaciones terroristas y aseguró que jamás había cometido atentados ni secuestros.
La primera afirmación es correcta respecto de su situación actual, aunque omite que la organización estuvo incluida en esa lista hasta 1999. La segunda es sencillamente falsa: los antecedentes históricos del FDLP y su participación en los ataques del 7 de octubre están documentados.
Más preocupante todavía ha sido la reacción de la vicepresidenta Carolina Cosse, quien respondió al reclamo de legisladores de la Coalición Republicana afirmando que el Parlamento «es la casa de la democracia uruguaya» y que sus puertas están abiertas a «las más diversas formas de ver y entender el mundo».
Agregó que no existe un reglamento específico para el uso de las salas y que cada legislador asume la responsabilidad por las actividades que solicita.
Es una respuesta insatisfactoria.
Nadie discute las libertades de reunión y expresión. Lo que se discute es si esas libertades generan un derecho irrestricto a utilizar la sede del Poder Legislativo para difundir cualquier mensaje y prestigiar a cualquier dirigente político extranjero.
El Palacio Legislativo no es un salón de actos cualquiera. Es la sede de la representación popular, expresión máxima de nuestra democracia y símbolo de una tradición republicana construida sobre la libertad, la tolerancia y el rechazo a la violencia política.
Sus autoridades no solamente administran instalaciones. También tienen la obligación de preservar la dignidad institucional de la casa que representan.
¿Sería aceptable que un legislador invitara a un dictador extranjero a intervenir, aunque fuera virtualmente, en una actividad desarrollada en el Palacio Legislativo? ¿Bastaría invocar la libertad de expresión para justificarlo? ¿Y por qué habría de aceptarse la presencia de una alta dirigente de una organización responsable de atentados terroristas contra civiles?
La democracia no está obligada a convertir sus instituciones en tribunas para dirigentes vinculados a organizaciones que han atentado contra sus principios fundamentales.
La libertad de hablar no supone el derecho a ser recibido y prestigiado en la sede de la representación nacional.
La ausencia de un reglamento específico tampoco resuelve la cuestión. Si existe un vacío normativo que permite situaciones como esta, corresponde corregirlo, no utilizarlo como excusa para desentenderse de las consecuencias institucionales.
Una democracia que debe hacerse respetar
Los legisladores de la Coalición Republicana rechazaron la participación de al-Masri, aunque aclararon que no cuestionan la conmemoración del Día de la Mujer Palestina. Es una distinción legítima, pero insuficiente desde nuestra perspectiva.
Porque el problema empieza antes de la intervención de esa dirigente. Empieza con una selección política de las víctimas cuya falta de ecuanimidad merece ser denunciada, así como el sesgo antiisraelí que la anima.
Y se agrava extraordinariamente cuando, bajo la apariencia de una actividad dedicada a los derechos de las mujeres, se incorpora a una alta dirigente de una organización con antecedentes terroristas y participación documentada en los ataques del 7 de octubre.
Uruguay ha construido su identidad democrática sobre la defensa de las libertades, la dignidad humana y el rechazo a los totalitarismos. Son principios que no deberían admitir excepciones dictadas por afinidades ideológicas.
El Parlamento no tiene obligación de recibir a cualquiera. Tiene, en cambio, el deber de hacerse respetar.
Y abrir sus puertas indiscriminadamente no siempre es una demostración de pluralismo. A veces puede convertirse en una inadmisible concesión a la intolerancia.
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