¿Una investigación paralela?
Viernes 7 de noviembre de 2025. Lectura: 2'
 Según informó El Observador, la fiscal de Delitos Económicos denunció ante la JUTEP maniobras administrativas que interferirían en el caso Carrera, lo que podría configurar una intromisión del Ejecutivo en competencias judiciales.
Según informó ayer El Observador, la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) una denuncia en la que advierte la existencia de una "investigación paralela" al proceso penal por el caso del exsenador frenteamplista Charles Carrera.
En su presentación, la fiscal sostiene que desde la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) se habrían realizado interrogatorios administrativos a testigos y denunciantes que ya estaban comprendidos en la causa penal, sin conocimiento ni autorización del Ministerio Público.
El informe de El Observador precisa que Fleitas considera este proceder de "una gravedad institucional significativa" , por cuanto implica que un órgano estatal esté recopilando evidencias o declaraciones que pertenecen al ámbito exclusivo de una investigación judicial en curso. En sus términos, tal accionar constituye una "investigación paralela disfrazada de administrativa" , que vulnera la independencia funcional de la Fiscalía y compromete garantías básicas del proceso penal.
La fiscal subraya en su denuncia que este tipo de prácticas "afectan la democracia y el Estado de Derecho" , ya que erosionan la separación de funciones entre los poderes del Estado y abren la puerta a eventuales presiones o manipulaciones sobre testigos y funcionarios. Detrás del planteo se proyecta un problema mayor: la posible conformación de un esquema donde organismos dependientes del Poder Ejecutivo interfieran en investigaciones penales activas, particularmente aquellas con relevancia política o institucional.
El caso Carrera —que ya ha generado fuertes tensiones entre el Ministerio Público y sectores del oficialismo— adquiere así una nueva dimensión. La advertencia de Fleitas apunta a preservar la integridad del sistema acusatorio y el principio de que solo la Fiscalía General de la Nación puede conducir las investigaciones penales en el país. Si la denuncia prospera, podría abrir una investigación sobre eventuales responsabilidades administrativas o incluso penales dentro de la ONSC.
Más allá de los nombres y los expedientes, lo que se discute aquí es la solidez del entramado institucional uruguayo. Que una fiscal del Ministerio Público deba recurrir a la JUTEP para advertir sobre actos de otro órgano del Estado revela tensiones internas y desconfianzas que, si no se encauzan con transparencia, pueden dañar el equilibrio de poderes que distingue a Uruguay en la región.
La denuncia de Sandra Fleitas no solo interpela al Poder Ejecutivo: constituye un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar los límites entre las potestades administrativas y las competencias de los actores judiciales. La democraciano se erosiona de golpe, sino en los pliegues de pequeñas interferencias institucionales que, de ser toleradas, pueden volverse sistémicas.
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