Correo de los Viernes - Una interpelación esclarecedora

Una interpelación esclarecedora

Edición Nº 1106 - Viernes 13 de noviembre de 2026. Lectura: 4'

Por Julio María Sanguinetti

El diputado colorado Adrián Juri interpeló al ministro de Trabajo por los problemas laborales que ha vivido el país, especialmente en el ámbito portuario, tanto en el puerto propiamente dicho como en la pesca.

El llamado a sala se decidió cuando aún no se había resuelto el conflicto de la Terminal de Contenedores, pero más que se justificaba hacerlo igual porque, hecho el balance de lo actuado por el gobierno, es evidente que el país ha sufrido serios daños, algunos ya evaluables y otros que el tiempo dirá cuánto nos han herido. Ello ocurrió no sólo por los paros, sino por la indefinición del gobierno a la hora de encarar esas paralizaciones y prolongar indefinidamente los diálogos.

El interpelante recordó que, no bien comenzó este gobierno, la pesca sufrió 80 días de paralización en plena zafra. Lo que no se pescó se perdió para siempre, los salarios que no se devengaron faltaron en la mesa de los trabajadores. A la industria le costó una cifra no menor a 27 millones de dólares, que algunos cálculos llevan hasta 40 millones.

Ya en octubre de 2025 se vivió el primer conflicto de la terminal de contenedores. Es la única gran terminal especializada. Se llegó a un preacuerdo, que luego fue violado, y posteriormente a otro preacuerdo. Se viviría un calvario de 8 meses, entrando y saliendo de los conflictos. Las pérdidas se estiman entre 400 y 500 mil dólares diarios. A tal punto llegó la situación que en setiembre de este año, las cinco empresas navieras más importantes que operan en el país, encabezadas por la gigantesca Maersk, enviaron una nota a seis ministros del gobierno expresando su “profunda preocupación” por una prolongación de paros que acumulaban 35 días a esa altura del año y provocaban “una extrema incertidumbre”.

Nunca se había vivido algo así. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo decía que no había conflicto en el puerto, solo en una empresa. Parecía no saber que el puerto de Itapoá venía creciendo a un ritmo de 25% y que Paranaguá superaba todas sus cifras anteriores, a expensas de las cancelaciones que sufría nuestro puerto.

Paralelamente, se estaban viviendo situaciones críticas en los frigoríficos Tacuarembó y Casablanca, mientras cerraba un conjunto muy relevante de empresas. La única ocurrencia había sido proyectar una ley de preaviso que imponía a las empresas otra carga más: la de comunicar anticipadamente cualquier envío al seguro de paro o paralización de actividades.

Después del fortísimo reclamo de las empresas navieras, el gobierno volvió a eludir lo que ya era un clamor generalizado: aplicar la declaración de esencialidad que todos los gobiernos anteriores, incluidos los del Dr. Vázquez, habían empleado. La razón eran los antecedentes gremiales del ministro de Trabajo y la oposición histórica del anacrónico comunismo local a esa norma establecida para manejar situaciones excepcionales. Acorralado, inventó entonces un circunloquio jurídico: la declaración de “servicios mínimos”. Era una declaración acotada de esencialidad, sin las garantías de la ley.

El interpelante insistió en que el ministro realizara una evaluación de los daños sufridos. No lo hizo. No lo pudo hacer porque sería su acto de condena. Lo que todos sabemos es que nuestro puerto está disminuido, luego de años de expansión y que ahora tiene una sombra de incertidumbre que costará mucho tiempo disipar.

La credibilidad se construye con el tiempo. Se puede perder en una tarde. Y aquí se dañó durante esos ocho largos meses, a los que se sumó lo sufrido por la pesca. Tanto los exportadores como los importadores (muchos de ellos de insumos imprescindibles para la producción) vivieron horas de zozobra y, repetimos, una incertidumbre constante.

Todo esto ha ocurrido en un país desesperado por inversiones generadoras de crecimiento y empleo. Es notorio que el país ha crecido poco y que sólo con inversión podrá mantener su nivel de empleo. El ministro Oddone lo dice todos los días, de mañana y de tarde. Y tiene razón. No hay que ser economista para saber que el primer factor de la evaluación de un eventual inversor es la confianza, la credibilidad en las reglas de juego. De ello se ha vanagloriado el país con razón en cuanto a sus equilibrios macroeconómicos, pero es muy evidente que por esa vía se terminará deteriorando ese crédito construido en años.

No es despreciable tampoco lo que está pasando en materia de empleo. La tasa ronda el 7% de la población activa. Entre los jóvenes de hasta 24 años, supera el 23%, tres veces más que el promedio general. Son empleos en finanzas, tecnología y servicios globales, como los de las empresas BASF, UKG o Sabre, que han despedido gente. O sea las que refieren a la nueva economía que el país precisa desarrollar para crecer. Ahí es donde la credibilidad empieza a pesar, donde la confianza es el factor determinante.

La Cámara de Diputados finalmente declaró insatisfactorias las explicaciones del ministro. En otras épocas, cuando eso ocurría, los ministros renunciaban. Ahora ya esas sensibilidades políticas están olvidadas.

Aunque así sea, por lo menos el país ha tomado más cabal conciencia de los daños de las demoras, de las volteretas del gobierno para no declarar esencial lo que es esencial, del permanente recurso al diálogo por el diálogo mismo. No es poca cosa.