Una estupidez con perspectiva de género
Viernes 28 de agosto de 2026. Lectura: 5'
El Frente Amplio decidió convertir las críticas por el frustrado “artículo Goyeneche” en un episodio de “violencia política basada en género”. El argumento no solamente resulta insostenible: roza el absurdo cuando se recuerda que los propios diputados oficialistas votaron en contra de la norma que había enviado el gobierno.
Hay declaraciones políticas discutibles, otras desafortunadas y algunas que simplemente constituyen una estupidez. La emitida este jueves por la Presidencia del Frente Amplio en respaldo a Fabiana Goyeneche pertenece, lamentablemente, a esta última categoría.
La fuerza política expresó su preocupación por la “exposición, los señalamientos y los ataques” recibidos por la dirigente de Casa Grande después de que trascendiera el ya célebre artículo de la Rendición de Cuentas que habilitaba el pago de una partida a determinados funcionarios de Cancillería y que, entre otros, podía beneficiar precisamente a Goyeneche. Hasta allí, nada especialmente sorprendente: es natural que un partido político respalde a uno de sus dirigentes cuando entiende que ha sido tratado injustamente.
El problema comienza cuando el Frente Amplio decide introducir en el asunto la categoría de “violencia política basada en género”. Según su declaración, esta podría manifestarse mediante mecanismos de “exposición, descrédito y señalamiento” destinados a erosionar la legitimidad de las mujeres que ocupan responsabilidades públicas.
Es difícil imaginar un modo más eficaz de banalizar un concepto que debería reservarse para situaciones reales de discriminación, acoso o agresión contra una mujer por el hecho de ser mujer.
Porque en toda esta controversia hubo críticas, ciertamente. Hubo cuestionamientos políticos duros. Hubo dirigentes de la oposición que hablaron de una disposición “con nombre y apellido”. Y hubo una enorme exposición pública de Goyeneche.
Pero, ¿dónde estuvo el componente de género?
Nadie cuestionó que Goyeneche ocupara un cargo por ser mujer. Nadie sostuvo que una mujer no debiera cobrar determinada remuneración. Nadie formuló —al menos en el centro de la discusión política que motivó la polémica— un argumento basado en su sexo.
Lo que se cuestionó fue algo bastante más sencillo: que el Poder Ejecutivo hubiera incluido en una Rendición de Cuentas una norma cuya génesis estaba vinculada a una situación administrativa que involucraba a una dirigente política oficialista.
El Frente Amplio procura ahora precisar que Goyeneche no redactó el artículo, no solicitó que se elaborara una norma ni pidió la creación de un beneficio particular. Según la declaración partidaria, ella solamente efectuó una consulta administrativa ante respuestas contradictorias sobre el cobro de un rubro salarial y fue la propia administración la que posteriormente impulsó una solución de alcance general.
Perfecto. Esa aclaración puede y debe incorporarse al debate.
Pero aclarar los hechos no convierte las críticas en violencia de género.
Y existe, además, un pequeño detalle que vuelve todavía más disparatada la declaración frenteamplista: cuando llegó el momento de votar el controvertido artículo en la Cámara de Diputados, hubo 99 votos en contra y ninguno a favor. Ningún diputado del Frente Amplio lo votó. La bancada oficialista rechazó una disposición enviada al Parlamento por el propio Poder Ejecutivo.
Entonces la pregunta se vuelve inevitable.
¿También incurrieron los diputados del Frente Amplio en violencia política basada en género contra Fabiana Goyeneche?
Si la disposición era perfectamente razonable y todo el cuestionamiento que la rodeaba constituía una maniobra de hostigamiento contra una mujer, ¿por qué ninguno de ellos levantó la mano para aprobarla?
Y todavía cabe formular otra pregunta más elemental: ¿alguien en el Frente Amplio cree seriamente que, si el funcionario involucrado hubiera sido un hombre, los 99 diputados habrían votado a favor del artículo?
La sola formulación de la pregunta permite advertir el absurdo.
Los legisladores no rechazaron la disposición porque Fabiana Goyeneche sea mujer. La rechazaron porque, una vez que el asunto tomó estado público y adquirió las características políticas que adquirió, nadie quiso hacerse cargo de aprobarla. Ni blancos, ni colorados, ni cabildantes, ni frenteamplistas.
Eso se llama política. No violencia de género.
Hay además un problema más profundo. Cuando se emplean conceptos graves para defender a cualquier dirigente partidario que atraviesa una controversia, esos conceptos terminan perdiendo significado. La violencia política contra las mujeres existe. El hostigamiento específicamente dirigido a ellas por su condición de mujeres existe. La discriminación existe. Precisamente por eso resulta irresponsable convertir esas categorías en un comodín retórico para neutralizar críticas incómodas.
Una dirigente política tiene exactamente el mismo derecho que un dirigente hombre a defenderse, explicar sus actos y exigir que no se le atribuyan hechos que no realizó. Pero también debe soportar exactamente el mismo escrutinio público que soportaría un hombre colocado en idéntica situación.
Eso es igualdad.
Lo contrario sería reclamar para las mujeres que ejercen funciones políticas una suerte de inmunidad frente a la crítica, porque cualquier cuestionamiento suficientemente intenso podría ser reinterpretado como violencia de género.
Fabiana Goyeneche tiene todo el derecho del mundo a explicar que nunca pidió que se redactara aquel artículo y a reclamar que se rectifique cualquier información incorrecta acerca de su actuación. El Frente Amplio tiene idéntico derecho a respaldarla.
Lo que resulta una verdadera estupidez es pretender que la polémica política desatada por una norma cuestionable —tan cuestionable que ni un solo diputado del propio Frente Amplio estuvo dispuesto a votarla— constituye violencia política basada en género.
A veces una crítica es simplemente una crítica.
Y una mala explicación, simplemente una mala explicación.
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