Correo de los Viernes - Una denuncia que exige respuestas inmediatas

Una denuncia que exige respuestas inmediatas

Viernes 11 de setiembre de 2026. Lectura: 7'

Dos expolicías uruguayos denunciaron ante las autoridades de Estados Unidos la existencia de vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales, un trato privilegiado a narcotraficantes y una persecución que habría alcanzado a sus familias. Las acusaciones no pueden darse por probadas, pero su extrema gravedad obliga al Ministerio del Interior a ofrecer explicaciones inmediatas, precisas y documentadas.

Un informe de Daniel Castro publicado por El Observador revela que dos exintegrantes de la Guardia Republicana solicitaron asilo en Estados Unidos luego de denunciar presuntas irregularidades dentro de la Policía uruguaya, vínculos entre funcionarios y bandas delictivas, tratamientos especiales concedidos a narcotraficantes y represalias sufridas después de poner esos hechos en conocimiento de sus superiores. Uno de los solicitantes ya obtuvo el asilo estadounidense, según la documentación consultada por el periodista.

La necesaria cautela jurídica no puede confundirse con indiferencia política. Lo narrado es de una gravedad extrema. No se trata de una denuncia anónima, de una versión difundida irresponsablemente en las redes sociales ni de un relato formulado desde el exterior por alguien ajeno a la institución. Quienes hablan son dos antiguos policías de la Guardia Republicana. Uno de ellos asegura haber servido durante veinte años y sostiene que debió abandonar Uruguay junto con su familia porque temía por su vida.

Las afirmaciones presentadas en Estados Unidos todavía deben ser investigadas y comprobadas. Pero existe un dato que impide despacharlas como una invención interesada: parte del relato tiene respaldo en documentación oficial del propio Ministerio del Interior. De acuerdo con El Observador, un expediente de la Dirección de Asuntos Internos confirma que uno de los funcionarios efectivamente presentó denuncias, que se abrió una investigación administrativa y que fueron interrogados numerosos policías y jerarcas, incluido el entonces director de la Guardia Republicana, Robert Yroa.

Por tanto, las denuncias existieron. Las autoridades las conocieron. Hubo actuaciones internas. Lo que Uruguay necesita saber ahora es qué se investigó, qué se comprobó, qué se descartó, quiénes fueron interrogados, cuáles fueron las conclusiones y por qué, pese al tiempo transcurrido, dos policías terminaron huyendo del país y buscando protección en el extranjero.

El Ministerio del Interior respondió a El Observador que “todos esos casos fueron investigados judicial y administrativamente”. Es una respuesta insuficiente. Precisamente porque habrían sido investigados, el Ministerio debe explicar sus resultados. No alcanza con comunicar que existieron expedientes. Debe informar si fueron archivados, por qué razones, mediante qué pruebas se descartaron las acusaciones y si se determinó qué ocurrió con quienes las formularon.

Narcotraficantes, jerarcas y amenazas

Uno de los episodios denunciados refiere a Gerardo González Valencia, integrante de la organización criminal mexicana Los Cuinis, quien permaneció recluido en Uruguay antes de ser extraditado a Estados Unidos. El expolicía afirma que, mientras se desempeñaba como encargado de turno en una unidad que custodiaba el perímetro de su lugar de reclusión, detectó “situaciones extrañas” y un supuesto “trato especial” concedido al narcotraficante.

También aparecen referencias a Rocco Morabito, jefe de la organización mafiosa calabresa ’Ndrangheta, cuya fuga de la antigua Cárcel Central, en 2019, constituyó uno de los episodios más bochornosos sufridos por el sistema de seguridad uruguayo. El denunciante aclara que no fue él quien presentó las acusaciones vinculadas directamente con Morabito, aunque sostiene que poseía información y pruebas sobre otras irregularidades.

Pero el aspecto más inquietante es que el relato no se limita a funcionarios de menor rango. En la declaración presentada ante las autoridades estadounidenses se menciona a Alfredo Clavijo, antiguo director de la Guardia Republicana y actual jefe de Policía de Montevideo. El exfuncionario afirma que informó a Clavijo acerca de lo que estaba ocurriendo, sin que su situación cambiara, y el documento utilizado para solicitar asilo contiene además una acusación directa vinculada a González Valencia.

Es indispensable insistir: que esa afirmación figure en una solicitud de asilo no demuestra por sí mismo que sea verdadera. Tampoco corresponde convertir una declaración unilateral en una condena anticipada. Pero estamos hablando del actual jefe de Policía de la capital del país. Una imputación de semejante magnitud no puede quedar flotando en el aire, sin una respuesta institucional explícita y circunstanciada.

Clavijo debe contar con todas las garantías para defender su nombre y explicar qué conocimiento tuvo de las denuncias. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior tiene la obligación de informar si existió alguna investigación sobre su actuación, cuál fue su alcance y a qué conclusiones llegó. El silencio, en este caso, perjudica tanto al jerarca mencionado como a la credibilidad de toda la Policía Nacional.

Una familia que dice haber huido

El relato adquiere una dimensión todavía más alarmante cuando se describen las supuestas represalias. El expolicía asegura que fue seguido, investigado, allanado y acusado de tráfico de armas y municiones, sin que se consiguiera probar su participación en delito alguno. Otro jerarca policial, según su testimonio, le habría reprochado ser “soplón”.

Las amenazas, siempre de acuerdo con la declaración presentada en Estados Unidos, alcanzaron a sus hijos, quienes habrían sido abordados en la calle por personas armadas. Una de las advertencias habría sido inequívoca: “La próxima vez que no se callara, todos moriríamos”.

Finalmente, la familia resolvió abandonar Uruguay. Para no despertar sospechas dentro de la propia institución, dijo que viajaría de vacaciones a Disney. El exfuncionario lo explicó así: “Ahorramos dinero y, temiendo por nuestras vidas, decidimos viajar a los Estados Unidos, mintiendo en nuestra unidad que íbamos de vacaciones a Disney”.

La imagen es devastadora: un policía con dos décadas de servicio sosteniendo que debió engañar a sus propios compañeros para escapar del país y proteger a su familia. Si el relato es cierto, estaríamos ante una penetración criminal de sectores policiales y ante el fracaso de los mecanismos internos destinados a proteger a quienes denuncian la corrupción. Si no lo es, el Estado debe demostrarlo con hechos y explicar por qué las autoridades estadounidenses entendieron que al menos uno de los denunciantes merecía protección.

Uruguay queda bajo sospecha

Uruguay ha construido durante décadas una reputación internacional basada en la solidez de sus instituciones, el respeto por la ley y la relativa confiabilidad de sus organismos de seguridad. Esa imagen queda muy mal parada cuando dos antiguos policías declaran ante otro Estado que no encontraron protección en su propio país y que debieron huir porque temían ser asesinados.

El otorgamiento de asilo no constituye una sentencia sobre cada una de las acusaciones formuladas. Pero tampoco es un detalle menor. Significa que un Estado extranjero consideró suficientemente atendible la situación de uno de los solicitantes como para brindarle protección. Para Uruguay representa una señal institucional extraordinariamente incómoda.

El Ministerio del Interior debe comparecer cuanto antes y proporcionar una explicación completa. Debe informar qué expedientes administrativos y judiciales existieron, qué autoridades intervinieron, cuáles fueron sus conclusiones, si se investigaron las amenazas contra la familia y qué medidas se adoptaron para proteger a los denunciantes. También debe aclarar específicamente la situación del actual jefe de Policía de Montevideo.

No corresponde condenar a nadie mediante titulares. Pero menos aceptable todavía sería cerrar filas, refugiarse en fórmulas burocráticas o esperar que el episodio desaparezca de la agenda pública. Lo denunciado afecta el corazón mismo de la autoridad estatal: la posibilidad de que quienes debían combatir al crimen hayan colaborado con él y de que quienes intentaron denunciarlo terminaran perseguidos.

Ante una acusación de esta magnitud, la carga política de ofrecer respuestas recae enteramente sobre el Ministerio del Interior. Uruguay necesita saber si dos policías huyeron de delincuentes o si, como ellos sostienen, tuvieron que huir también de una parte de la propia Policía. No existe interrogante más grave para una democracia ni silencio más peligroso que el que pudiera intentar cubrirlo.