Una debilidad estructural de la democracia uruguaya
Viernes 5 de diciembre de 2025. Lectura: 4'
Por Juan Carlos Nogueira
Una institucionalidad que pide más de abajo que de arriba.
En Uruguay, el ingreso como funcionario de la Administración Pública requiere un determinado nivel de educación. Un llamado reciente del Poder Legislativo para el cargo de Administrativo II requería Bachillerato completo; la Corte Electoral, para Administrativo IV, exige Ciclo Básico aprobado; y OSE, para Asistente Administrativo I, también demanda Bachillerato o su equivalente.
El requisito de educación mínima se sustenta en la obvia necesidad de poder desempeñar adecuadamente el cargo. En algunos casos, incluso se deben superar pruebas de oposición.
Sin embargo, esta lógica se invierte —o directamente desaparece— cuando se trata de los cargos más altos del Estado. Presidente, legisladores, ministros, directores de entes y cargos de confianza no necesitan acreditar ningún nivel educativo, ni pasar por exámenes, evaluaciones o certificaciones de idoneidad. La paradoja es evidente: para archivar documentos se exigen estudios; para gobernar el país, no.
La idea de que cualquier ciudadano puede acceder a los cargos más altos suele celebrarse como un principio esencial de la democracia liberal. Pero numerosos pensadores —desde la Antigüedad hasta la política contemporánea— han advertido que llevar esta premisa al extremo puede convertirse en una vulnerabilidad institucional.
Ya Platón, en La República, defendía que quienes gobiernan deben atravesar rigurosas etapas de formación filosófica y práctica, convencido de que “el Estado sólo será feliz cuando los filósofos sean reyes”. Aunque su modelo no es aplicable a las democracias actuales, su intuición persiste: gobernar requiere competencia y preparación.
Aristóteles, más moderado, valoró la figura del phronimos, la persona formada en la prudencia, cuya capacidad de deliberar se cultiva mediante educación y experiencia cívica.
En la modernidad, Rousseau sostuvo que las instituciones debían “elevar” al gobernante por encima de sus opiniones privadas; y Montesquieu insistió en que quienes administran el Estado deben conocer las leyes y la naturaleza del poder.
En el siglo XIX, John Stuart Mill fue aún más explícito: para evitar que la manipulación electoral o el azar promovieran la incompetencia, propuso que los legisladores estuvieran sujetos a exámenes básicos de calificación. “Una asamblea de ignorantes no es menos peligrosa que un déspota ignorante”, advertía en Consideraciones sobre el gobierno representativo.
Max Weber analizó la profesionalización del Estado moderno y sostuvo que su eficacia depende de cuadros competentes y formados técnicamente. Aunque distinguió entre la “política como vocación” y la “administración como profesión”, reconoció que la conducción política sin conocimientos mínimos puede desembocar en arbitrariedad, ineficiencia o dependencia excesiva de técnicos no electos.
En la teoría contemporánea, autores como Pierre Rosanvallon, Daniel Bell o Jason Brennan cuestionan la premisa de que todos los ciudadanos están igualmente calificados para gobernar. Brennan, en Against Democracy, habla incluso del riesgo del rule of the ignorant.
Sin embargo, la realidad uruguaya nos muestra datos que interpelan.
Según un informe de El País (febrero de 2025), la formación de los legisladores muestra importantes disparidades:
Senado: 22 senadores tienen educación terciaria completa; 7 sólo secundaria. Diputados: 62 cuentan con estudios terciarios, 27 con secundaria, 8 con ciclo básico y 1 con primaria.
En síntesis: 7 senadores y 36 diputados no cumplirían los requisitos mínimos para desempeñar un cargo administrativo junior en el propio Estado.
Otro dato relevante: en nuestro Parlamento, cuya función principal es legislar, sólo 8 de 30 senadores y 15 de 99 diputados son abogados, pese a que su trabajo cotidiano gira en torno a la elaboración de normas.
El gabinete ministerial, donde se impondría formación superior acorde al área específica de cada cartera, tampoco presenta un panorama alentador.
Según El Observador, más de la mitad de los ministros no completó una carrera universitaria. Además, varios perfiles profesionales parecen poco vinculados al área que les toca dirigir: un canciller periodista, una ministra de Defensa cantante de tango, una ministra de Obras Públicas asistente social, un ministro de Trabajo tornero y una ministra de Vivienda cuya formación se limita a haber “cursado estudios de sociología”, sin precisar titulación.
Con un Parlamento y un Gabinete así conformados, ¿qué podría salir mal?
Si el Estado fuera una empresa y usted su dueño, ¿contrataría gerentes sin formación mínima para conducir áreas estratégicas? ¿Dejaría la planificación, la política exterior o la seguridad pública en manos de personas sin preparación específica?
La democracia uruguaya, sólida en muchos aspectos, arrastra una debilidad estructural: permite que cargos de altísima responsabilidad carezcan de requisitos básicos de idoneidad profesional. La igualdad de oportunidades no debería ser incompatible con la exigencia de un estándar mínimo para quienes toman decisiones que afectan a toda la sociedad.
Va siendo hora de discutir y legislar estándares educativos y profesionales para el acceso a los cargos de gobierno. No se trata de restringir la democracia, sino de fortalecerla.
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