Una crisis silenciosa en el INISA que arrastra a los más vulnerables
Edición Nº 1044 - Viernes 18 de julio de 2025. Lectura: 2'
Mientras el país debate sobre asuntos urgentes y visibles, una crisis institucional se cuece en silencio dentro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), con consecuencias gravísimas para los jóvenes infractores que allí cumplen sus medidas. Lo que debería ser una entidad dedicada a la rehabilitación y el cuidado responsable de menores en conflicto con la ley, hoy se encuentra completamente paralizada, rehén de una disputa política intestina entre sectores del Frente Amplio. Y lo más grave: el presidente Yamandú Orsi sigue sin tomar una decisión.
En cualquier país serio, una entidad encargada de la reeducación de adolescentes no puede estar atravesada por una guerra de poder entre grupos radicalizados. Pero en el Uruguay del Frente Amplio, sí. Jaime Saavedra y Eugenio Acosta, ambos designados por el actual gobierno, protagonizan una disputa que ha dejado al INISA sin rumbo. La escena inicial fue patética: una ceremonia de asunción cancelada a último momento, rumores de renuncias, un presidente que “se entera por la prensa” y una institución que no toma decisiones porque su directorio está fracturado.
La historia no es nueva, pero se agrava día a día. Saavedra, respaldado por la cúpula del MPP y por su experiencia en la Dinali y como asesor en cárceles, venía con una agenda de profesionalización, con concursos y reglas claras. Acosta, un policía con un prontuario más opaco, fue impulsado por sectores vinculados al MLN y cargaba con denuncias de vieja data: desaparición de comida para perros, tala y venta de leña, ascensos a dedo. Increíblemente, fue nombrado igual.
Yamandú Orsi, como en tantos otros temas, optó por la tibieza. En vez de tomar decisiones firmes, pidió “tiempo para resolver las diferencias”. ¿Qué más necesita para darse cuenta de que esto no tiene arreglo? ¿Cuántos adolescentes más deben quedar a la deriva? ¿Cuántas medidas más sin ejecutarse? En un área tan sensible, no se puede apostar a que dos personas que no se hablan logren “convivir”.
El Frente Amplio ya vivió algo parecido en 2011. Mujica, ante un conflicto institucional, tomó una decisión política: descabezó a ambos involucrados. Hoy, Orsi elude el conflicto y lo prolonga. Pero con cada día que pasa, la gobernabilidad del INISA se desintegra, y con ella se diluye la ya frágil esperanza de reinserción de los adolescentes en custodia del Estado.
Esto no es una interna más. Es un bochorno institucional. Y los que pagan el precio son los más vulnerables.
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