Correo de los Viernes - Una acusación explosiva contra el fiscal general de Bolivia

Una acusación explosiva contra el fiscal general de Bolivia

Viernes 2 de octubre de 2026. Lectura: 6'

La acusación de Estados Unidos contra Roger Mariaca por presuntos sobornos vinculados al narcotráfico tuvo en pocas horas consecuencias impensadas. El fiscal general boliviano fue detenido, apartado de hecho de su cargo y acusado ahora por el propio gobierno de Bolivia de encabezar una organización criminal enquistada en el Ministerio Público para proteger al narcotráfico.

Lo que el lunes parecía el comienzo de una grave controversia diplomática se convirtió, apenas dos días después, en una crisis institucional de enormes proporciones. Roger Mariaca, hasta ayer fiscal general de Bolivia, fue detenido en la noche del miércoles en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, en el marco de un amplio operativo que alcanzó también a otras autoridades del Ministerio Público.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó este jueves que Mariaca es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. Junto con él fue detenido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, así como otro fiscal y un oficial de Policía. En total, las autoridades informaron de 14 aprehensiones.

La acusación formulada por el gobierno boliviano es demoledora. Oviedo sostuvo que durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves se había desarticulado una organización criminal instalada en la Justicia y en el Ministerio Público, supuestamente encabezada por Mariaca y destinada a proteger e incentivar lo que calificó como “narcoterrorismo”. Según el ministro, la estructura no se limitaba a brindar protección, sino que participaba y se enriquecía mediante actividades vinculadas con sustancias controladas. Son, por ahora, acusaciones del Poder Ejecutivo que deberán ser probadas ante la Justicia.

La velocidad de los acontecimientos resulta extraordinaria.

El lunes, Estados Unidos había acusado públicamente a Mariaca de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades del narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a eludir la acción de la Justicia. Washington lo incluyó en una designación por “corrupción significativa” y le prohibió, junto con integrantes de su familia inmediata, el ingreso a territorio estadounidense.

Mariaca rechazó entonces las acusaciones. Reivindicó la soberanía boliviana, denunció una supuesta “injerencia” y “presión política” de Estados Unidos y aseguró que no retrocedería en las investigaciones que llevaba adelante el Ministerio Público. El gobierno boliviano reaccionó inicialmente con mayor cautela y solicitó a Washington los antecedentes que sustentaban semejantes señalamientos.

Cuarenta y ocho horas después, el escenario había cambiado por completo.

Mariaca fue detenido en Viru Viru junto con Zeballos, quien también había sido sancionado por Estados Unidos. Paralelamente, efectivos policiales intervinieron dependencias de la Fiscalía en Sucre y Santa Cruz. Funcionarios del Ministerio Público denunciaron inicialmente que la actuación era ilegal y llegaron a calificar la aprehensión del fiscal general como un “secuestro”.

La investigación produjo además episodios que, de confirmarse en todos sus extremos, agregan elementos particularmente llamativos. El Ministerio de Gobierno informó que cuatro personas fueron interceptadas cuando trasladaban dinero en una ambulancia que había salido del condominio donde reside Mariaca, mientras otras seis fueron detenidas cuando presuntamente intentaban retirar documentación del lugar.

La caída de Mariaca tuvo consecuencias institucionales inmediatas. La Fiscalía General comunicó su “ausencia definitiva” y Luis Montaño Morales, fiscal superior de mayor antigüedad, anunció que asumía interinamente la conducción del Ministerio Público conforme al mecanismo de prelación. La designación definitiva de un nuevo fiscal general corresponde a la Asamblea Legislativa.

Todo esto adquiere especial significación por la función que desempeñaba Mariaca. Elegido por la Asamblea Legislativa en octubre de 2024 para un período de seis años, era la máxima autoridad del organismo encargado precisamente de perseguir los delitos y ejercer la acción penal pública en Bolivia.

También vuelve inevitablemente al primer plano el nombre de Sebastián Marset y, con él, aparece una conexión directa con Uruguay. La Policía boliviana difundió, después de la detención de Mariaca, un video grabado tras la captura del narcotraficante uruguayo en Santa Cruz, en marzo pasado. En las imágenes, un agente advierte que Mariaca está llamando por teléfono y le pregunta a Marset por qué lo hace. La respuesta es inequívoca: “Porque Mariaca es mi amigo”. Preguntado si hablaba con él, Marset contesta: “Sí, hablo con él”.

Lo que sigue resulta todavía más comprometedor. Cuando le preguntan de qué hablaban, Marset niega que se tratara de negocios y agrega: “Supuestamente él controla la Fiscalía. Avisa”. Interrogado acerca de qué le avisaba Mariaca, responde: “Lo que tiene que avisar”. Y ante la pregunta concreta de si ese día había recibido alguna advertencia, dice: “Hoy no me avisó nada”. La grabación no demuestra por sí misma que Mariaca haya protegido al narcotraficante ni permite establecer qué información habría recibido Marset, pero sí documenta que este afirmaba mantener una relación personal y conversaciones con quien encabezaba la Fiscalía General y, sobre todo, que le atribuía la función de “avisar”.

El dato adquiere especial relevancia porque Mariaca había sido fiscal departamental de Santa Cruz entre 2020 y 2024 y bajo su órbita estuvieron importantes investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado. Marset, uno de los narcotraficantes uruguayos de mayor proyección internacional, había conseguido escapar de un gigantesco operativo policial realizado en Santa Cruz en julio de 2023, precisamente durante la gestión de Mariaca al frente de la Fiscalía departamental. Capturado finalmente en marzo de este año y extraditado posteriormente a Estados Unidos, sus afirmaciones abren ahora un interrogante inevitable sobre qué clase de vínculo mantuvo con quien debía perseguirlo.

Hasta hace apenas unas horas podía sostenerse que existía una acusación estadounidense extraordinariamente grave, pero que Washington no había exhibido públicamente las pruebas que decía poseer. Ese señalamiento sigue siendo válido. La acusación estadounidense no constituye una sentencia, como tampoco lo constituye ahora la imputación formulada por las autoridades bolivianas.

Pero la situación ha cambiado radicalmente. Ya no estamos solamente ante una sanción adoptada por un gobierno extranjero. Es el propio gobierno de Bolivia el que sostiene ahora que quien hasta ayer encabezaba su Ministerio Público dirigía una organización criminal que operaba desde dentro del sistema de Justicia para proteger actividades relacionadas con el narcotráfico. Y no se trata únicamente de Mariaca: cayeron con él fiscales, un oficial policial y otras personas presuntamente vinculadas con esa estructura.

Habrá que esperar a que la investigación avance, conocer las pruebas y garantizar a los acusados el debido proceso. Las acusaciones de Estados Unidos, las formuladas ahora por el gobierno boliviano y las propias palabras de Marset son elementos de naturaleza diferente y ninguno sustituye la prueba que deberá producirse ante la Justicia.

Pero hay algo que ya resulta difícil de discutir: una acusación que hace apenas tres días parecía explosiva efectivamente estalló. Y lo hizo en el corazón mismo del organismo que tiene a su cargo la persecución del delito en Bolivia, mientras desde Uruguay resuena ahora una frase pronunciada por uno de los narcotraficantes más buscados de la región: “Mariaca es mi amigo”.