Un récord de homicidios en el horizonte
Viernes 2 de octubre de 2026. Lectura: 3'
 La comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, ante el Senado desató un fuerte enfrentamiento con la oposición por el incremento de los homicidios. Los legisladores de la Coalición Republicana advierten que 2026 podría convertirse en el año más violento desde que existen registros comparables y reclaman medidas más contundentes contra el narcotráfico.
La seguridad pública volvió al centro de la controversia política tras la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, este martes ante la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado. La oposición cuestionó el aumento de los homicidios, la expansión del crimen organizado y lo que considera una insuficiente respuesta gubernamental.
Los datos oficiales indican que durante el primer semestre se registraron 195 homicidios, frente a los 183 del mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 6,6%. Sin embargo, las cifras presentadas por el senador nacionalista Javier García, que atribuyó a fuentes policiales, muestran un deterioro considerablemente mayor: entre enero y agosto se habrían producido 289 asesinatos, frente a los 242 del año anterior, un aumento del 19,4%. En Montevideo y Canelones, el incremento rondaría el 35%.
García calificó la situación de gravísima y sostuvo que existen barrios en los que las organizaciones criminales ejercen un dominio territorial que compromete la autoridad del Estado. También cuestionó la conducción del Ministerio del Interior y la ausencia de respuestas eficaces frente al avance del narcotráfico.
El senador colorado Andrés Ojeda fue igualmente categórico. Señaló que los homicidios de julio y agosto prácticamente duplicaron los de los mismos meses de 2025 y advirtió que, de mantenerse la tendencia, Uruguay podría terminar el año con un récord histórico de asesinatos, superando incluso los registros de 2018, durante la gestión de Eduardo Bonomi.
Ojeda reclamó que el gobierno reconozca la gravedad de la situación y propuso desplegar permanentemente a la Guardia Republicana en las zonas más afectadas por la violencia criminal, tomando como referencia algunos aspectos de la estrategia aplicada en la ciudad argentina de Rosario para combatir el narcotráfico.
Negro rechazó las cifras presentadas por García, afirmando que no coinciden con los registros del Ministerio del Interior, y cuestionó la utilización de períodos parciales para evaluar la evolución de la criminalidad.
El ministro destacó que durante setiembre los homicidios disminuyeron casi un 30% respecto de agosto, aunque reconoció que tampoco esa reducción permite establecer una tendencia definitiva. Negó, además, que existan territorios controlados por el narcotráfico y defendió las medidas gubernamentales, entre ellas el fortalecimiento del patrullaje, la incorporación de tecnología y un mayor control de las armas de fuego.
Desde el oficialismo, el senador Eduardo Brenta ensayó otra explicación: una parte importante de los homicidios estaría vinculada a las disputas internas de las organizaciones criminales, provocadas por la captura de sus principales dirigentes. Según esta interpretación, el propio combate al narcotráfico habría contribuido a desencadenar nuevos episodios de violencia.
El debate se produce en un contexto en el que otros indicadores delictivos presentan una evolución favorable. Durante el primer semestre, las rapiñas disminuyeron un 4% y los hurtos un 7,5%. Sin embargo, la reducción de los delitos contra la propiedad no modifica la gravedad del aumento de los homicidios, particularmente de aquellos cometidos con armas de fuego, cuya proporción pasó del 63,9% al 74,9%.
La controversia deja planteadas diferencias que van más allá de las estadísticas. La oposición —con razón— reclama una intervención policial más intensa, una estrategia específica contra el crimen organizado y un reconocimiento explícito de la gravedad de la situación. El gobierno defiende las medidas adoptadas y sostiene que sus resultados deben evaluarse en períodos más prolongados.
Mientras tanto, el aumento de la violencia letal constituye una realidad que las propias cifras oficiales confirman. La evolución de los próximos meses determinará si el Ministerio del Interior consigue revertirla o si se materializa el escenario que advierte la oposición.
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