Correo de los Viernes - ¿Un país llamado Montevideo?

¿Un país llamado Montevideo?

Edición Nº 1106 - Viernes 13 de noviembre de 2026. Lectura: 4'

Por Reinaldo Alonso

Reinaldo Alonso plantea la necesidad de revisar la histórica concentración de decisiones, recursos y oportunidades en Montevideo, y propone abrir un debate sobre la organización territorial del país, incluida la eventual redistribución de funciones del Estado.

A nadie sorprende que Egipto, Indonesia y Uzbekistán sean países muy diferentes. Sin embargo, tienen algo en común. Los tres impulsan grandes proyectos urbanos destinados a transformar su organización administrativa. Sus nuevas capitales parten de una premisa que, por obvia, suele pasarse por alto: la planificación territorial es una decisión estratégica clave para el desarrollo económico, social y político de largo aliento.

En América del Sur contamos con experiencias del mismo signo. Brasil construyó Brasilia para reemplazar a Río de Janeiro como capital y favorecer su integración territorial. Argentina, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, impulsó el proyecto de trasladar la capital federal a Viedma, y así contribuir a una distribución más equilibrada de la población y la actividad económica, históricamente concentradas en Buenos Aires.

La experiencia histórica demuestra que la concentración excesiva de población, recursos y decisiones en una única ciudad puede convertirse en obstáculo para el desarrollo de un país. Porque, cuando las oportunidades se acumulan en un mismo territorio, las regiones periféricas pierden capacidad de atraer inversiones, retener talento y desarrollar mercados propios. Si estas asimetrías se perpetúan, las consecuencias pueden trascender lo económico, poniendo en jaque la cohesión social y territorial de la nación.

¿Por qué, entonces, Uruguay rara vez se plantea seriamente esta discusión?

La centralidad de Montevideo es tan profunda que se manifiesta incluso en el lenguaje cotidiano. La dicotomía “ciudad y campo” invisibiliza la importancia de las demás ciudades del país, mientras que expresiones como “el interior” o “la campaña” engloban realidades muy diferentes bajo una misma categoría, asociada a la distancia respecto de la capital.

La concentración de población, actividad económica y funciones institucionales ha convertido a Montevideo en el principal polo de oportunidades del país. Allí convergen prácticamente todas las decisiones políticas, la administración pública, el grueso de la oferta educativa y cultural, y el principal mercado laboral.

No está de más resaltar que el problema no reside en el desarrollo de Montevideo, cuyo valor histórico, económico y cultural es indiscutible, sino en la notoria dificultad que el país ha tenido para consolidar otros centros urbanos capaces de ofrecer oportunidades comparables y funcionar como motores autónomos de crecimiento.

Las consecuencias de esta realidad son múltiples. A las diferencias en el acceso a servicios, educación, cultura y posibilidades de movilidad social se suman los costos logísticos derivados de la distancia entre los centros productivos (dispersos a lo largo y ancho del territorio) y el principal mercado de consumo, distribución y exportación. Esto debilita los incentivos para desarrollar mercados regionales, atraer inversiones fuera del área metropolitana e incluso retener a los profesionales, que encuentran en la capital mayores oportunidades de crecimiento.

A lo anterior se añade la cuestión fiscal: ¿cómo se distribuyen territorialmente los recursos públicos?, ¿quiénes contribuyen a generarlos y dónde se concentran los beneficios del gasto estatal?

En una economía en la que el sector agroexportador desempeña un papel clave en la generación de divisas, resulta pertinente preguntarse si los mecanismos actuales de asignación de recursos contribuyen a reducir las desigualdades territoriales o si, por el contrario, acaban reproduciéndolas, apuntalando el monopolio montevideano como polo de decisión y desarrollo.

Abrir el debate sobre una eventual redistribución territorial de las funciones del Estado, incluida la posibilidad de trasladar la capital, permitiría explorar alternativas que hoy quedan fuera de discusión. Se trata, en definitiva, de preguntarnos si Uruguay podría beneficiarse de una organización territorial más equilibrada, con una o varias ciudades capaces de actuar como contrapesos económicos, administrativos y culturales de la actual capital.

La relocalización de determinados poderes del Estado, organismos públicos, empresas estatales o representaciones institucionales (nacionales y extranjeras) podría contribuir a dinamizar otras ciudades, siempre que estuviera acompañada de inversiones en infraestructura, conectividad, educación, vivienda y servicios.

¿El objetivo? Generar ecosistemas urbanos capaces de atraer empresas, talento y capital, acercando los centros de producción a los mercados, ampliando así las oportunidades de desarrollo en todo el territorio.

Una estrategia de esta naturaleza podría tener cuantiosos efectos benéficos, que van desde mejorar la conectividad y la logística hasta diversificar las oportunidades laborales y ampliar las alternativas de residencia y desarrollo profesional.

Por supuesto, trasladar la capital no garantiza, por sí solo, una distribución equitativa de la riqueza ni un crecimiento sostenido. Pero la cautela no debería ser excusa para eludir la discusión. Uruguay necesita pensar su futuro más allá de los ciclos electorales y las urgencias coyunturales. Eso implica revisar no solo qué país queremos construir, sino también cómo organizamos su territorio para hacerlo posible.

Es indudable que Montevideo seguirá siendo una pieza fundamental de nuestra identidad nacional. La cuestión es si debe continuar concentrando, en proporción tan elevada, las decisiones, recursos y oportunidades del país.

Quizá haya llegado el momento de plantearnos una pregunta clave de cara al futuro: ¿estamos aprovechando todo el potencial de Uruguay o hemos terminado por confundir el desarrollo de su capital con el desarrollo de la nación?