Correo de los Viernes - Un ómnibus secuestrado durante 40 minutos y una Policía que nunca llegó

Un ómnibus secuestrado durante 40 minutos y una Policía que nunca llegó

Edición Nº 1093 - Viernes 14 de agosto de 2026. Lectura: 7'

Unos 50 hinchas tomaron a punta de pistola un ómnibus de UCOT con pasajeros a bordo y obligaron al conductor a atravesar Montevideo durante unos 40 minutos. Pese a que el 911 fue alertado y llegó a comunicarse con el chofer, la Policía nunca interceptó el vehículo. El insólito episodio desató medidas de seguridad, una investigación penal y una auditoría interna, mientras el presidente Orsi sorprendió al afirmar que “sabemos que a veces pueden pasar esas cosas”.

Lo ocurrido el domingo de mañana en Montevideo parece más propio de una escena cinematográfica que de una ciudad en la que, supuestamente, funcionan los mecanismos elementales de seguridad pública. Unos 50 individuos identificados como hinchas del Club Atlético Cerro tomaron un ómnibus de la línea 306 de UCOT, amenazaron con armas de fuego a su conductor y lo obligaron a atravesar buena parte de la ciudad mientras varios pasajeros permanecían a bordo. Durante aproximadamente 40 minutos, no apareció un solo policía.

El episodio comenzó en la Terminal del Cerro. El 306 cubre el recorrido entre Casabó y Parque Roosevelt y llevaba pasajeros comunes cuando subió el numeroso grupo, que se dirigía hacia la zona de Jardines del Hipódromo, donde Cerro debía enfrentar a Danubio a las 11 de la mañana.

No se trató simplemente de una patota que subió sin pagar o provocó desórdenes. El relato del conductor, Carlos, describe una operación organizada. Según contó, le anunciaron que viajaría escoltado por dos motos adelante y tres o cuatro automóviles detrás, que no debía levantar más pasajeros y que uno de los hombres permanecería junto a él armado. También le advirtieron que cruzaría los semáforos en rojo mientras integrantes del grupo cortarían el tránsito para permitir el paso del ómnibus.

Dos hombres lo amenazaron directamente con armas de fuego. El propio chofer resumió crudamente su situación: “Con una persona apuntando detrás y otro adelante, no tenés mucho para hacer”. Una moto abría paso y, según la denuncia sindical, también desde ella se apuntaba al conductor.

El ómnibus quedó así convertido en vehículo de transporte privado de una manada que decidió, armas mediante, apropiarse de un servicio público, alterar su recorrido y utilizar las calles de Montevideo como si estuvieran bajo su jurisdicción.

Pero había algo todavía más grave: dentro del coche seguían viajando pasajeros completamente ajenos a la barra. Las distintas fuentes hablan de entre seis y diez personas. Fueron descendiendo durante el recorrido y ninguna resultó físicamente lesionada. Que nadie haya sido herido, sin embargo, no disminuye la gravedad de haber quedado atrapados dentro de un vehículo cuyo conductor manejaba bajo amenaza de muerte.

Y allí aparece el aspecto quizá más inquietante de toda la historia: durante los aproximadamente 40 minutos que duró el recorrido, la Policía no logró interceptar el ómnibus.

No fue porque nadie hubiese dado aviso.

Carlos consiguió comunicar discretamente a UCOT, mediante la vincha, que se encontraba “en una situación complicada”. La empresa llamó al 911. La Policía llegó incluso a comunicarse telefónicamente con el conductor mientras este manejaba encañonado. Como obviamente no podía explicar en voz alta lo que ocurría, dejó abierta la comunicación procurando que del otro lado escucharan lo que estaba sucediendo dentro del coche. La funcionaria le dijo que no lo escuchaba. El chofer respondió que no podía hablar más alto. La comunicación terminó cortándose.

Y no hubo después una segunda llamada.

Tampoco apareció un patrullero.

Tampoco fue interceptada una caravana bastante difícil de confundir: un ómnibus urbano circulando sin detenerse, atravesando semáforos en rojo, precedido por motos que le abrían paso y acompañado por varios automóviles.

Cuando finalmente llegó al Intercambiador Belloni, aproximadamente a las 10:20, los integrantes de la barra descendieron tranquilamente y se retiraron. El propio conductor fue terminante: “No había ningún policía, nadie esperando”. Y agregó que desde el 911 no volvieron a llamarlo ni a preguntarle qué estaba ocurriendo.

La Policía llegó después.

Es difícil encontrar una demostración más preocupante de falla en la capacidad de respuesta. El Centro de Comando Unificado había sido alertado y existía una comunicación directa con el conductor, pero una caravana encabezada por un ómnibus secuestrado consiguió atravesar Montevideo durante unos 40 minutos sin ser interceptada. El senador Javier García calificó lo ocurrido como “uno de los hechos más graves que se conozca en Uruguay en materia de inseguridad” y presentó un pedido de informes sobre la actuación policial.

La reacción del presidente Yamandú Orsi tampoco estuvo a la altura de la excepcional gravedad del episodio. Consultado sobre lo ocurrido, declaró: “Sí, vinculados al fútbol y no vinculados al fútbol. Pero en este caso, un caso que lamentablemente se ha repetido, no de esta característica, pero sabemos que a veces pueden pasar esas cosas”.

Y agregó: “Y bueno, hay que seguir afinando con los clubes, con la Asociación Uruguaya de Fútbol y por supuesto el propio Ministerio del Interior. Son cosas que las tenemos que evitar”. Preguntado específicamente por las armas utilizadas, añadió: “Por supuesto, por supuesto, Uruguay está con muchas armas de fuego en la vuelta”.

Que ante el secuestro a mano armada de un ómnibus de transporte público con pasajeros a bordo el presidente de la República concluya que “sabemos que a veces pueden pasar esas cosas” y que hay que “seguir afinando” la coordinación resulta, cuanto menos, sorprendente. No estamos ante un desborde menor a la salida de un estadio ni ante una pelea entre parciales. Un grupo organizado se apoderó mediante armas de fuego de un vehículo de transporte colectivo y lo hizo circular durante casi una hora por la capital. ¿A veces pueden pasar esas cosas? ¿Esa es la reacción de un presidente de la República?

La reacción de los trabajadores fue inmediata. ASCOT-UCOT dispuso un paro y posteriormente los trabajadores se movilizaron bajo consignas tan elementales como dramáticas: “Queremos volver a casa” y “Sin seguridad no hay transporte”. Una delegación de la Unott se reunió con el ministro del Interior, Carlos Negro, y jerarcas policiales.

De esas reuniones surgieron algunas medidas. La Intendencia de Montevideo pidió a las empresas revisar el funcionamiento de las cámaras instaladas en todos los ómnibus y planteó la incorporación generalizada de botones de pánico. Interior analiza, además, que esos botones y las cámaras tengan conexión y respuesta inmediata del Centro de Comando Unificado. También se propuso que representantes sindicales participen de las reuniones semanales entre la Policía y la AUF en las que se planifican los operativos de seguridad para los partidos.

Pero quizá la medida más reveladora sea otra: el Ministerio del Interior ordenó una auditoría de las comunicaciones del 911 para determinar qué ocurrió con la llamada del conductor y por qué, después de haberse establecido contacto con un hombre que estaba conduciendo bajo amenaza de muerte, la comunicación terminó cortándose sin que aparentemente se produjera una respuesta policial eficaz.

Queda, finalmente, la cuestión penal.

La investigación está a cargo del Departamento de Operaciones de la Dirección General de Seguridad en el Deporte, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 13.º Turno. Policía y Fiscalía trabajan en la identificación de los responsables y en la recolección de las pruebas disponibles.

Y existe aquí una precisión jurídica importante. Aunque trabajadores, medios y opinión pública han denominado naturalmente al episodio “secuestro”, Fiscalía todavía no ha establecido definitivamente cuál será la calificación jurídica. Fuentes del Ministerio Público señalaron que esa definición se realizará una vez reunida toda la evidencia y que deberá determinarse, precisamente, si corresponde jurídicamente hablar de secuestro u otras figuras penales derivadas de las amenazas, la utilización de armas y la privación de libertad sufrida por el conductor.
Ese proceso deberá individualizar responsabilidades. No alcanza con identificar genéricamente a “hinchas de Cerro”: habrá que determinar quiénes portaban las armas, quiénes amenazaron al conductor, quiénes participaron de la organización —porque está claro que este fue un operativo cuidadosamente planificado— y qué responsabilidad penal corresponde a cada uno.

Pero el episodio deja además una pregunta que ninguna futura eventual condena podrá borrar.

Durante unos 40 minutos, en plena mañana de un domingo, una banda armada pudo apropiarse de un ómnibus del transporte público, mantener bajo amenaza a su conductor, trasladar pasajeros ajenos al grupo, atravesar semáforos en rojo y recorrer Montevideo escoltada por motos y automóviles.

El 911 estaba avisado.

La Policía incluso habló con el chofer.

Y, sin embargo, durante todo ese recorrido, el Estado no apareció.