Correo de los Viernes - Un ministerio innecesario y peligroso

Un ministerio innecesario y peligroso

Viernes 6 de noviembre de 2026. Lectura: 4'

El gobierno de Yamandú Orsi se dispone a enviar al Parlamento el proyecto de creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pese a la fuerte resistencia política y jurídica que despierta la iniciativa. Bajo el argumento de mejorar la coordinación institucional, se propone una reorganización de competencias que plantea serios interrogantes sobre la independencia de la Justicia y las prioridades nacionales.

Después de ocho meses de anuncios y postergaciones, el gobierno parece decidido a avanzar con la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según informó ayer El País, el Poder Ejecutivo prevé remitir el proyecto al Parlamento la próxima semana.

La iniciativa fue anunciada por el presidente Yamandú Orsi el 2 de marzo. Entonces prometió enviarla «en las próximas semanas». Sin embargo, todavía no se conoce públicamente el articulado definitivo.

Su principal impulsor es el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien aseguró recientemente que «el proyecto está pronto», aunque su discusión parlamentaria probablemente quedará para 2027.

Las intenciones oficiales

El gobierno sostiene que el ministerio permitirá coordinar competencias dispersas, mejorar la gestión penitenciaria y fortalecer las políticas de acceso a la justicia y derechos humanos.

Entre los cambios anunciados figura el traslado del Instituto Nacional de Rehabilitación, actualmente dependiente del Ministerio del Interior, así como una reorganización que involucraría a la Fiscalía General de la Nación y a las Defensorías Públicas.

Díaz recuerda que la creación del ministerio figuraba tanto en el programa del Frente Amplio como en el acuerdo electoral de la Coalición Republicana. Sin embargo, un compromiso electoral no constituye un cheque en blanco, particularmente cuando se desconocen las atribuciones definitivas del organismo.

Una oposición contundente

El senador nacionalista Javier García calificó la iniciativa como «un profundo error» y advirtió sobre sus consecuencias institucionales: «La opción es clara. Poder Judicial independiente o Ministerio de Justicia».

Desde el Partido Colorado, Andrés Ojeda denunció que el anuncio constituye una «cortina de humo». Aunque reconoció haber promovido anteriormente la idea, fue categórico: «Este gobierno claramente no da las garantías para crearlo».

Pedro Bordaberry recordó su oposición histórica y sentenció: «A nosotros no nos miren para hacer esta barbaridad».

Pablo Mieres, del Partido Independiente, también revisó su posición favorable a la creación de esta cartera. Advirtió que, «puesto en manos equivocadas, puede generar graves afectaciones al equilibrio de los poderes del Estado».

Cabildo Abierto tampoco acompaña. Guido Manini Ríos rechazó una nueva expansión burocrática, mientras que el diputado Álvaro Perrone resumió una objeción elemental: «No sabemos lo que hay adentro».

Las advertencias jurídicas

La resistencia excede los límites partidarios. Como informó Correo de los Viernes el 17 de abril, destacados especialistas reunidos por la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay formularon severas objeciones.

Eduardo Lust advirtió sobre una posible «injerencia directa en la fiscalía». Gonzalo Fernández sostuvo que la propuesta «tiene mal pedigree», mientras Juan Fagúndez describió el riesgo como «la política entrando por la puerta y la justicia saliendo despavorida por la ventana».

Leonardo Guzmán la calificó como «absolutamente inútil» y «perniciosa». Jorge Barrera recordó que «Uruguay vivió como República democrática sin ese ministerio».

Una reforma que el país no necesita

Es cierto que numerosas democracias cuentan con ministerios semejantes. Pero sus competencias y tradiciones constitucionales son diferentes. Su existencia en otros países no demuestra que resulte conveniente trasladarlos al Uruguay.

La autonomía de la Fiscalía General de la Nación constituye una garantía fundamental. Aunque el gobierno asegura que no pretende afectar la independencia judicial, resulta indispensable examinar las atribuciones concretas del nuevo ministerio y sus eventuales facultades administrativas y presupuestales.

La independencia de la Justicia no se protege solamente impidiendo órdenes directas a los jueces. También exige evitar mecanismos indirectos de condicionamiento político.

A ello se agrega el costo de otra estructura ministerial, difícil de justificar cuando el país necesita mejorar la eficiencia del gasto público.

Pero hay una pregunta todavía más importante: ¿qué problema concreto resolverá este ministerio? ¿Mejorará la seguridad pública? ¿Reducirá la reincidencia delictiva? ¿Agilizará los procesos judiciales?

Hasta ahora, el gobierno no ha demostrado convincentemente que resulte indispensable crear otra cartera para alcanzar esos objetivos. Ni siquiera existe unanimidad dentro del propio Frente Amplio.

Uruguay necesita mejorar la seguridad, la rehabilitación penitenciaria y el funcionamiento del sistema penal. Lo que no necesita es abrir una nueva puerta para la intervención del poder político en un ámbito particularmente sensible.

La República no se fortalece multiplicando ministerios, sino preservando la separación de poderes y haciendo funcionar mejor las instituciones existentes.

Antes que crear un Ministerio de Justicia, el gobierno debería demostrar que sabe mejorar la Justicia que ya tenemos.