Un jefe policial sin mesura: la decisión correcta del ministro Negro
Viernes 29 de agosto de 2025. Lectura: 3'
 La seguridad pública exige equilibrio, responsabilidad y prudencia. Ninguna de estas virtudes se advirtió en la conducta del jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, cuya permanencia en el cargo se había tornado insostenible, no ya por aspectos legales, sino por un motivo más elemental: la falta de mesura y el agravio político directo hacia uno de los principales partidos del país.
Lo que comenzó como una polémica por su presencia en una actividad de la Departamental del Frente Amplio de Río Negro escaló rápidamente a un escándalo nacional. Solé decidió abandonar toda reserva y lanzó cuestionamientos al Partido Nacional con expresiones impropias de quien ostenta una jerarquía policial. No se trató de simples opiniones: acusó a los blancos de “mentir al Parlamento” en el caso Marset, los vinculó con la destrucción de documentos en Torre Ejecutiva y remató con afirmaciones despectivas como que “se robaron la mitad de Artigas” o que “se metieron 30 ediles en Salto Grande”.
¿Puede un jefe policial actuar como un militante político? ¿Puede agraviar a un partido que, al igual que el suyo, forma parte del sistema democrático y de los diálogos institucionales? La respuesta es obvia: no. Pero Solé pareció olvidar que su cargo no es para polemizar ni para ajustar cuentas políticas, sino para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, sin banderas.
Estas expresiones resultaban todavía más graves en el contexto actual: el Ministerio del Interior impulsa un diálogo nacional por la seguridad, que requiere confianza, respeto y equilibrio entre todas las partes. ¿Qué credibilidad puede tener ese ámbito si un jerarca del propio sistema policial ataca públicamente a un partido político? No hay diálogo posible cuando la autoridad encargada de la seguridad degrada su rol y se coloca en el barro de la disputa partidaria.
Ante esta situación, el ministro del Interior, Carlos Negro, actuó con la firmeza y la sensibilidad institucional que el momento requería. No se dejó llevar por presiones inmediatas ni por el cálculo político: evaluó, escuchó y tomó una decisión clara y necesaria. El cese de Sergio Solé fue un mensaje contundente en defensa de la neutralidad policial, la ecuanimidad democrática y la credibilidad del diálogo nacional por la seguridad.
Que Solé estuviera jubilado y reingresado como cargo de confianza no lo eximía de su deber de imparcialidad. Su investidura exigía un comportamiento irreprochable, y lo que demostró en sus declaraciones fue exactamente lo contrario: un jefe policial convertido en actor político, incapaz de dar garantías a buena parte de la ciudadanía.
El Partido Nacional había advertido que esto no era compatible con el llamado al diálogo. Y tenía razón. La credibilidad del proceso estaba en juego. No se trataba de un reclamo partidario, sino de la salud institucional de la República. Un jefe policial que se dedica a agraviar públicamente a una colectividad política cruza una línea que el país no puede permitirse.
Por eso, la determinación del ministro Negro merece reconocimiento. Su decisión no solo evitó que la situación siguiera erosionando la confianza, sino que reafirmó un principio esencial: en Uruguay, la Policía no es instrumento de lucha partidaria, sino garante de la convivencia democrática. En tiempos de tensiones, ese gesto de responsabilidad es una señal que fortalece la institucionalidad y el respeto republicano.
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