Un caso absurdo y revanchista
Edición Nº 1009 - Viernes 27 de setiembre de 2024. Lectura: 2'
 El caso del capitán retirado Héctor Corbo, reportado por el periodista Leonardo Haberkorn en El Observador, es un reflejo claro de lo absurdo que puede ser un sistema judicial contaminado por revanchismos. La fiscal Sabrina Flores busca procesarlo y encarcelarlo basándose en el testimonio vago de que Corbo “estaba” en el Fusna durante la dictadura. La simple presencia en una unidad militar ahora parece ser suficiente para condenar a un hombre que, además de haber sido víctima de la dictadura —su hermana fue brutalmente asesinada—, fue perseguido por negarse a torturar prisioneros.
Lo que resulta aún más surrealista es que el acto de valentía de Corbo al negarse públicamente a torturar se haya convertido en el motivo central de la acusación. La fiscal Flores interpreta que su negativa a torturar lo convierte en cómplice por “encubrimiento”. Este razonamiento no solo es ilógico, sino que distorsiona completamente la realidad de un contexto dictatorial que Flores parece ignorar.
Es aún más desconcertante que este hecho haya pasado casi desapercibido en la opinión pública. Corbo, quien no solo ha cargado con la tragedia de su familia, sino que también ha luchado activamente por la verdad, ahora enfrenta una injusta persecución. Haberkorn, en su artículo, que se puede leer completo aquí, muestra cómo el caso de Corbo pone de relieve los peligros de un revisionismo extremo y una justicia que parece más interesada en castigar indiscriminadamente que en honrar los hechos históricos con integridad.
Lamentablemente, el caso de Corbo no es un hecho aislado. Hace unos años, la exjueza penal Mariana Motta llegó a decir que el principio de inocencia estaba “obsoleto”. Es decir, que ya no se aplicaba a ciertos individuos, como si hubiera un grupo de ciudadanos que no mereciera las garantías básicas del sistema judicial. Esto nos retrotrae a las peores épocas de persecución, donde la justicia se aplicaba según a qué bando pertenecieras.
Este tipo de justicia selectiva ha sido cuestionada en varias ocasiones aquí en CORREO. Recordemos los casos de Juan Carlos Gómez y otros oficiales que fueron procesados basándose en testimonios aislados, fabricaciones, o meras sospechas, solo para que más tarde esos procesamientos fueran revocados por tribunales superiores.
Lo que está en juego no es solo el destino de militares como Corbo, sino el propio Estado de Derecho. Si permitimos que se sigan violando principios fundamentales como el de presunción de inocencia o el debido proceso, todos estamos en peligro. Hoy puede ser Corbo, pero mañana puede ser cualquier ciudadano cuyo único “delito” sea haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Este caso expone un sistema donde lo absurdo parece imponerse sobre la justicia.
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