Correo de los Viernes - Un año más importa

Un año más importa

Edición Nº 1068 - Viernes 13 de febrero de 2026. Lectura: 6'

Por Julio María Sanguinetti

El “febrero amargo” no fue un accidente: fue la culminación de decisiones, apoyos y omisiones que aún merecen ser examinadas con rigor. Porque el verdadero golpe de estado se produjo el 9 de febrero de 1973, cuando los militares se alzaron contra el Poder Ejecutivo y desconocieron su autoridad. La disolución del parlamento, el 27 de junio, fue una consecuencia de ese movimiento insurreccional que fue apoyado por el Frente Amplio y por la central sindical ante los cantos de sirenas populistas que se divulgaron en los comunicados 4 y 7. Contra ese atropello, se levantaron varias voces y conductas de protesta, como las del senador Amílcar Vasconcellos y la del vicealmirante Juan Zorrilla.

En esta semana estamos viviendo el 53.º aniversario del “febrero amargo” de 1973, o sea, el golpe de Estado militar que gobernaría de facto hasta el 1.º de marzo de 1985.

Esta simple afirmación no merecería cuestionamiento alguno si entendemos por golpe de Estado la subordinación del poder democrático legítimo a la fuerza militar. No se cerró el Parlamento, lo que ocurriría el 27 de junio, pero esa fue la culminación de lo que ya estaba proclamado e iniciado.

Los hechos, escuetos, nos dicen que se venían dando una serie de avances abusivos de un sector del Ejército que, al vencer a los tupamaros en pocos meses, durante 1972, se sentía llamado a “salvar” al país de los demagogos políticos y del riesgo universal del comunismo. Esos episodios incluyeron en octubre de 1972 hechos tan graves como la prisión de Jorge Batlle, procesado por la Justicia militar por “ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas”.

Recordemos que desde 1963 el país sufría la presencia de una guerrilla que, en la inspiración de la revolución cubana, pretendía la caída del sistema democrático liberal, despreciativamente llamado “burgués” y “oligárquico”. Se le combatió con la policía y ella tuvo éxito, tanto que en agosto de 1971 estaban presos en Punta Carretas todos los dirigentes del movimiento tupamaro. Allí ocurre el episodio increíble de la fuga, que el 7 de septiembre de ese año, a dos meses de la elección, pone al país en vilo. Ante lo que parecía ser la impotencia del Estado, el presidente Pacheco Areco se ve obligado a encargar a las Fuerzas Armadas la represión. Viene la elección, gana la tendencia presidencial y llega al gobierno el presidente Bordaberry. Recomienzan las actividades sediciosas con varios asesinatos y las Fuerzas Armadas las derrotan en pocos meses. En septiembre de 1972 cae preso el líder, Raúl Sendic. El movimiento estaba liquidado, pero era usado de estandarte para justificar una presencia militar en el ámbito de las decisiones políticas.

A partir de ese momento recrudecen esos episodios de presión militar a los que aludimos. El 1.º de febrero el senador batllista Amílcar Vasconcellos denuncia que hay un complot antidemocrático en marcha y desata una crisis porque los mandos militares pretenden enjuiciarlo. El presidente Bordaberry intenta reaccionar y nombra ministro de Defensa Nacional a un intachable militar retirado, el general Antonio Francese, que ya había sido ministro en el gobierno anterior. Era un demócrata. Los golpistas del Ejército se sentían desautorizados; sacaron entonces los tanques a la calle y se sublevaron contra el gobierno. Solo se resistió la Armada, al mando del vicealmirante Juan José Zorrilla, que sería luego nuestro compañero en las elecciones internas de 1982 y en el Senado de la República. Zorrilla bloqueó la Ciudad Vieja en apoyo al presidente. Este, cercado, pactó en Boiso Lanza con los sublevados y aceptó no solo la caída de su ministro, sino la presencia militar en un Consejo de Seguridad que actuaría junto al gobierno.

En todo este proceso, el Partido Colorado se puso del lado de la institucionalidad. No todo el Partido Nacional, desgraciadamente, que en su furiosa oposición al gobierno pretendía la renuncia del presidente. El Frente Amplio, por el contrario, creyó llegada la hora de sumarse al golpe y apoyar los Comunicados 4 y 7 de los golpistas. Se suponía que había un movimiento “peruanista” en el Ejército y que, en la inspiración del general Velasco Alvarado del Perú, formaría un gobierno “nacional y popular”. Hoy parece surrealista, pero la verdad es que muchos veían en el general Gregorio Álvarez el líder de esa orientación. Como consecuencia, clara e inequívocamente todas las fuerzas de izquierda dijeron que la dicotomía no era “poder civil o poder militar”, sino “pueblo u oligarquía”. Hasta la Universidad bajó el viejo lema artiguista de “la cuestión es entre la libertad y el despotismo”.

El editorial del 10 de febrero de El Popular, el vocero del Partido Comunista, así lo dice con claridad y concluye que dentro de ese pueblo “caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo, para terminar con el dominio de la rosca oligárquica”. Esa conclusión partía de que, analizando los Comunicados golpistas, “casi todos estos puntos forman parte de la conciencia nacional de un cambio que, como dice el comunicado público, solo puede posibilitarse con la participación honesta de todos los sectores del pueblo uruguayo, a fin de hacer realidad lo que el comunicado llama el reencuentro de los orientales”. No fueron solo los comunistas: “Lo de antes se ha derrumbado, esta es nuestra hora”, dijo el líder demócrata cristiano Juan Pablo Terra. Solo Carlos Quijano, en Marcha, advirtió lo que significaba apartarse de la legalidad democrática, aun frágil e imperfecta, para caer en el imperio de la fuerza.

Lo que pasó después es notorio. Las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder, desalojaron al mismo presidente Bordaberry y desataron una represión en que, paradójicamente, el Partido Comunista fue la principal víctima. Eso ha facilitado la tergiversación del relato histórico. Como la víctima se supone que siempre tiene razón, el comunismo y la izquierda toda que le acompañaba en su apoyo a los Comunicados golpistas aparecen exculpados de su responsabilidad de haberlos apoyado.

Hoy no estamos para pasar cuentas del pasado, pero sí para que se conozcan los hechos. Porque ellos explican algo muy notorio: la mayoría de nuestra izquierda no es demócrata. Y así como hace 53 años no tenía problema en sumarse a un golpe de Estado si se le daba lugar, por eso ha podido sostener sin ruborizarse que la dictadura venezolana no lo era y que el triste esperpento de la Cuba destruida por el comunismo todavía es un faro orientador. No son casuales esas definiciones ideológicas, sino la consecuencia de que sobrevive un pensamiento vagamente marxista y románticamente revolucionario que no incluye el dogma democrático.

Por cierto, no generalizamos. Sabemos que no todos opinan así, como es notorio en algunos ministros y el propio presidente de la República. Pero también es evidente que, por ejemplo, la ideología proclamada por el PIT-CNT una y otra vez abreva en esa fuente.

Estuvieron con los Comunicados 4 y 7 de los golpistas. Como han estado, y están aún, defendiendo la dictadura venezolana o el fracaso del totalitarismo cubano.

¿Pretenden hoy implantarlo en Uruguay? No, porque es inviable. Pero como piensan de ese modo, interpretan mal, muy mal, la realidad, la internacional y la nacional. Condenan a Trump por echar al dictador, pero no juzgan su dictadura. Y así todo.