Correo de los Viernes - Trump y la tentación de castigar al periodismo

Trump y la tentación de castigar al periodismo

Viernes 4 de setiembre de 2026. Lectura: 6'

Donald Trump volvió a mostrar una concepción inquietante de los límites del poder presidencial. Molesto porque la periodista Kristen Welker describió como “mixtos” los resultados de sus respaldos electorales, el presidente anunció que la denunciará ante la Comisión Federal de Comunicaciones para que reciba una “reprimenda o castigo”. El episodio sería apenas otro encontronazo con la prensa si no fuera porque Trump pretende convertir a un organismo regulador del Estado en instrumento para disciplinar a quienes publican opiniones o informaciones que le disgustan.

Donald Trump tiene todo el derecho del mundo a considerar que Kristen Welker se equivoca. Puede responderle, discutir sus números, acusarla de parcialidad e incluso sostener que NBC hace mal periodismo. Lo que un presidente de los Estados Unidos no debería hacer es preguntarse cómo puede permitirse que una periodista diga algo semejante y reclamar a un organismo del Estado que la castigue por haberlo dicho.

Y eso es exactamente lo que hizo.

El domingo 30 de agosto, Trump reaccionó en Truth Social a una intervención de Welker, conductora de Meet the Press, en la filial de NBC de Washington. La periodista había señalado que el presidente tendría un papel importante en las elecciones legislativas de noviembre y agregó que los candidatos respaldados por él habían obtenido “algunos resultados mixtos”. Inmediatamente mencionó, por otra parte, una victoria reciente de Darline Graham, candidata apoyada por Trump al Senado por Carolina del Sur.

Trump replicó que su porcentaje de éxito alcanzaba el 100% entre sus candidatos al Senado y el 98% entre los aspirantes a la Cámara de Representantes. Y formuló la pregunta que desnuda el problema mucho mejor que cualquier interpretación posterior: “¿Cómo se puede permitir que alguien diga esto, trabajando en ondas públicas que se conceden gratuitamente?” Luego anunció: “Por esta inexactitud deliberada, será denunciada ante la FCC para que reciba una reprimenda o castigo”.

El asunto no consiste, por tanto, en determinar si Trump tiene un excelente récord de apoyos electorales. Lo tiene. Tampoco en negar que pueda cuestionar la caracterización empleada por Welker. Pero hablar de resultados “mixtos” no carecía de sustento: candidatos respaldados por el presidente habían sufrido derrotas recientes en primarias de Iowa, Georgia, Wyoming y Minnesota, entre otros Estados. NBC había contabilizado seis derrotas durante agosto.

Aun suponiendo que Welker hubiese estado completamente equivocada, la respuesta democrática es refutarla. No castigarla.

Ahí aparece nuevamente un rasgo preocupante de Trump: su dificultad para distinguir entre combatir una opinión y emplear el poder público contra quien la expresa.

Una periodista difícil de presentar como improvisada

Kristen Welker no es precisamente una comentarista llegada ayer al periodismo político estadounidense.

Nacida en Filadelfia en 1976, se graduó en Historia estadounidense en Harvard en 1998. Había comenzado a acercarse al periodismo televisivo durante sus años universitarios, cuando realizó una pasantía en Today. Después recorrió el camino tradicional del periodismo estadounidense: trabajó en emisoras locales de California y Rhode Island y, desde 2005, en WCAU, la filial de NBC en su ciudad natal. En 2010 pasó a NBC News como corresponsal nacional y en diciembre de 2011 fue destinada a la Casa Blanca.

Desde allí cubrió las presidencias de Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, además de varias campañas electorales. Llegó a ser corresponsal jefa de la Casa Blanca de NBC y en 2020 se incorporó como copresentadora de la edición sabatina de Today. Ese mismo año recibió uno de los encargos periodísticos más delicados de la campaña presidencial: moderar el último debate entre Trump y Biden, el 22 de octubre en Nashville. Su desempeño fue ampliamente elogiado.

En setiembre de 2023 sucedió a Chuck Todd como decimotercera moderadora de Meet the Press, el programa televisivo más antiguo de Estados Unidos todavía en emisión. Se convirtió en la segunda mujer en conducirlo y en la primera periodista negra al frente del histórico espacio dominical. A lo largo de su carrera recibió además un Emmy nacional por la cobertura de la tragedia del vuelo MH17 de Malaysia Airlines.

Trump la conoce perfectamente. Y sus choques tampoco comenzaron esta semana.

En junio pasado, durante una entrevista de Meet the Press, Welker insistió en pedirle pruebas de sus acusaciones sobre supuestos fraudes electorales. Trump terminó llamándola “corrupta” y le dijo que era “o corrupta o estúpida” antes de dar por terminada abruptamente la entrevista. También acusó de “corruptos” a NBC, ABC, CBS y CNN.

Dos meses después, el conflicto dio un salto cualitativo. Ya no se trata únicamente del insulto.

Del enojo presidencial al poder del Estado

La Comisión Federal de Comunicaciones —FCC por sus siglas en inglés— regula, entre otras cosas, las licencias mediante las cuales las estaciones de radio y televisión utilizan el espectro radioeléctrico. Precisamente por eso, cualquier insinuación presidencial de utilizar esas facultades para premiar o castigar contenidos periodísticos resulta particularmente delicada.

La propia doctrina de la FCC establece que su intervención frente a denuncias de parcialidad o inexactitud periodística es extremadamente limitada, porque sustituir el criterio editorial de las emisoras por el del gobierno sería incompatible con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. La Comisión distingue además entre una falsificación deliberada de noticias y una simple discusión sobre interpretaciones, exactitud o puntos de vista.

Trump, sin embargo, lleva tiempo reclamando que la FCC actúe contra medios que lo disgustan. Ha pedido revisar o revocar licencias vinculadas a ABC, mientras el presidente de la Comisión, Brendan Carr —designado por Trump— ordenó este año revisiones anticipadas de licencias de emisoras de esa cadena, algo que no ocurría desde hacía más de medio siglo. La FCC también mantiene investigaciones que afectan a Comcast, propietaria de NBC.

Por eso sería equivocado reducir el episodio Welker a otra salida temperamental del presidente.

Trump no se limitó a decir que una periodista mintió. Preguntó cómo podía “permitirse” que dijera aquello y reclamó que el organismo público encargado de regular las emisoras la sometiera a “reprimenda o castigo”.

La palabra importante es precisamente esa: permitirse.

En una democracia liberal, al gobierno no le corresponde decidir qué puede permitirse decir un periodista sobre el desempeño político del presidente. Puede existir información falsa, periodismo malo, sesgo, hostilidad y hasta irresponsabilidad profesional. Para todo eso existen la réplica, el debate público, la competencia entre medios, las rectificaciones y, cuando corresponda, los tribunales.

Lo que no debería existir es el castigo administrativo del poder político.

Criticar duramente a la prensa no convierte a nadie en autoritario. Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden tuvieron relaciones conflictivas con distintos medios y periodistas. Un presidente conserva también su libertad de expresión.

La frontera se cruza cuando quien dispone del aparato estatal pretende utilizarlo para disciplinar a quien lo critica.

Trump todavía gobierna dentro de un sistema de contrapesos institucionales robusto. Eso importa y evita exageraciones fáciles. Pero precisamente porque las instituciones cuentan, tampoco conviene minimizar cada intento de empujarlas un poco más hacia la función de servir al gobernante.

El episodio con Kristen Welker es pequeño en sus dimensiones inmediatas. En lo que revela sobre la concepción del poder presidencial, no lo es en absoluto.