Mayo no es un buen mes para los frentistas. El Tribunal de Apelaciones, que interviene en el caso Cendoya, le dio la razón al fiscal del caso, que solicita condenar al frentista imputado por tres delitos. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por su parte, confirmó sanción que el gobierno le impuso a Miguel Ángel Toma por irregularidades en misiones oficiales, mientras gobernaba el Frete Amplio. Finalmente, una fiscal canaria confirmó que el funcionario de la Intendencia de Canelones, Casaravilla, que ejercía como director de la Agencia Tributaria de Canelones, actuó irregularmente para ayudar al Senador comunista Andrade que había construido su casa sin pagar impuestos.

La primera noticia se conoció el pasado lunes 13. El caso Cendoya entra en etapas definitorias. Mientras el exdirector frentista de la Ursec, enfrenta una investigación por tres delitos de abusos de funciones, sus abogados hacen hasta lo imposible por salvarle el pellejo, cuestión que les terminará resultando imposible. Según surge de un conjunto de sentencias a las que accedió El Observador, el Tribunal de Apelaciones Penal de Tercer Turno, que interviene en este caso, le dio la razón al Fiscal Pérez en la mayoría de sus planteos.

El punto de discusión continúa girando en torno a la declaración de la actual presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, quien, horas después de asumir su cargo en 2020, denunció que Cendoya había ordenado a su personal de confianza a triturar documentación pública que se encontró posteriormente en una bolsa. Mientras el fiscal Diego Pérez sostiene que esta bolsa es una "prueba lícita", las defensas de los imputados, encabezadas por los abogados Diego Camaño y Rodrigo Martínez, buscan desacreditarla con tecnicismos. Aunque les es imposible negar que el hecho ocurrió, argumentan que la prueba "no fue preservada correctamente", insinuando que la misma está "contaminada".

Todo indica que Cendoya correrá con la misma suerte que el exsecretario general del organismo, Oscar Mecol, y quien fuera su asistente, la abogada Luján Varela, a quienes el Tribunal de Apelaciones les confirmó la condena por tres hechos irregulares: la destrucción de documentación de la Ursec, el procedimiento por el que se habilitó el funcionamiento de la radio Palmitas FM (Soriano), y el otorgamiento de la radio comunitaria Bemba en Salto que operó con una potencia mayor a la habilitada.

De Cendoya pasamos a Andrade. Al día siguiente de conocida la noticia anterior, el martes 14 del presente, El Observador informó que la Justicia archivó denuncia del exjerarca de Canelones, que pretendía denunciar por difamación a sus jefes en la Intendencia debido a que fue cesado del cargo que ostentaba por ayudar a Andrade de forma irregular.

Todo comenzó cuando la deuda de contribución de Óscar Andrade salió a la luz pública. Su casa en San Luis, construida de manera irregular y sin ser registrada en el Banco de Previsión Social, acumulaba una deuda de casi $100 mil desde 2012. Este hecho fue expuesto por el programa Santo y Seña, desencadenando una serie de eventos que pondrían en el ojo del huracán a Casaravilla, entonces director de la Agencia Tributaria de Canelones.

El 3 de agosto de 2021, Casaravilla envió un correo a la Dirección de Ingresos solicitando incluir el padrón de la casa de Andrade en la cartera de cobranza, para establecer un convenio "ese mismo día". A pesar de que la deuda de Andrade no alcanzaba el umbral de $200 mil necesario para ser gestionada por la Agencia Tributaria, Casaravilla asumió el control del trámite, organizando un plan de pago en 12 cuotas con suspensión de recargos, reduciendo la deuda a $58.957.

La maniobra en beneficio de Andrade -que accedió a beneficios de quita de deuda y financiación que no se le hacen al público en general- fue tan irregular que las autoridades de la Intendencia de Canelones, encabezadas por el entonces intendente Orsi, destituyeron a Casaravilla. Mientras Casaravilla enfrentaba las consecuencias de su acción, el foco mediático y judicial rara vez apuntó al verdadero responsable de la situación: Óscar Andrade. El senador comunista no solo tenía una construcción irregular, sino que había eludido sus obligaciones fiscales durante casi una década. Su intento de regularizar la situación solo se concretó bajo un procedimiento irregular, del cual él era beneficiario directo.

Finalmente, de Andrade pasamos a Miguel Ángel Toma. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo confirmó la sanción impuesta por el Poder Ejecutivo a Toma, exsecretario de Presidencia durante el último gobierno frentista. Esta decisión, informada por el semanario Búsqueda el lunes 20, mantiene la suspensión de seis meses con pérdida total de haberes que había sido decretada por el actual gobierno tras una investigación sobre sus misiones oficiales al exterior.

El foco de la controversia se centra en los viajes que Toma realizó a Italia y Estados Unidos. Estos desplazamientos estaban relacionados con los juicios internacionales de Aratirí y el Plan Cóndor. La polémica surgió porque Toma no viajó solo: lo acompañaba Giuliana Pérez, miembro de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. La presencia de Pérez en estas misiones generó interrogantes sobre la necesidad y justificación de su inclusión en la delegación.

Miguel Ángel Toma, buscando anular la sanción, llevó el caso ante el Tribunal referido. Sin embargo, el mismo no encontró razones para revertir la medida. Según fuentes judiciales citadas por Búsqueda, el Tribunal determinó que la conducta de Toma fue "cuestionable", subrayando que el exsecretario debía haber explicado por qué era necesario realizar la misión acompañado y justificar la idoneidad técnica de las personas que formaban parte de la delegación oficial. El fallo del TCA fue unánime y preciso en su crítica. No se reprochó a Toma por las personas elegidas per se, sino por haber omitido informar las razones de su selección.

En fin, tres perlas del mismo collar...